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El clima en Paraná

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 23-10-2021 / 09:10
POSPANDEMIA Y ELECCIONES

El Gobierno impulsa la reactivación y la oposición trata de impedirla

El Gobierno impulsa la reactivación y la oposición trata de impedirla
La preocupación opositora se incuba en la idea, en este caso, de que la reactivación económica puede favorecer a los candidatos del oficialismo y cambiar los resultados de las PASO.
Una de las paradojas de cómo se votó en las PASO es que al debilitar al Gobierno hace más difícil la resolución de los problemas que impulsaron ese voto. Está en la concepción del oficialismo la idea de reactivar la economía con estas políticas que tienden a impulsar las actividades que fueron más castigadas por la crisis macrista y sobre todo por la pandemia, como la construcción, el turismo, la gastronomía, el transporte, las actividades culturales y otras.
 
La oposición prendió las luces rojas frente a estas iniciativas que tienden a favorecer el consumo y a sectores que fueron muy afectados. La preocupación de que estas iniciativas modificaran en noviembre los resultados de las PASO se plasmó en una estrategia de encuadrar todas como una acción demagógica y desesperada del Gobierno. El desprestigio de cursos de acción que puedan desfavorecer al macrismo, se vio en la destemplada reacción de grandes grupos empresarios a la fijación temporal de precios máximos.
 

 
Pospandemia y elecciones
 
Los mecanismos del Gobierno para impulsar la reactivación y los de la oposición para impedirla
 
 
Si los debates cambiaran los climas, el macrismo tendría que estar bajo cero. Su candidato bonaerense Diego Santilli basó su discurso en la seguridad. Y la candidata Victoria Tolosa Paz, del Frente de Todos, lo destruyó al recordarle que él inició un juicio para sacarle presupuesto de seguridad al distrito. Santilli criticaba algo que él quiere empeorar.
 
Y cuando le preguntaron a María Eugenia Vidal cómo haría para pagar la megadeuda que dejó Cambiemos con el FMI, respondió que tomaría más deuda. Empeora en vez de solucionar. Tendrían que haberse desintegrado con un ¡plop! frente a las cámaras. Pero lo más probable es que no haya cambiado un solo voto y es discutible si descubrir esas debilidades en las propuestas define algo en el público de estos debates.
 
Los dos debates se realizaron en una señal de cable del Grupo Clarín, notoriamente macrista, y en un programa cuya parcialidad a favor de la alianza conservadora es reconocida. Los candidatos del Frente de Todos no asistieron para ganar un debate, sino para hacerse conocer por un público tan formateado del espacio opositor que ni debe saber sus nombres.
 
El rating del último debate osciló entre los cinco y los siete puntos, cifras interesantes para una señal de cable, pero que están muy por debajo de los programas más vistos en los canales de aire.
 
Los temas de economía casi no figuran en la agenda electoral de los candidatos de Juntos por el Cambio. Casi todo el discurso del "yo decido" es una mezcla de frases que parecen de un libro de autoayuda: yo decido que los políticos no nos falten el respeto, yo decido que no les falten el respeto a los que trabajan, yo decido que se respete a los que dan trabajo, y así.  
  
La campaña del "Sí" del Frente de Todos también se basa en frases genéricas, pero aluden a cuestiones materiales, más concretas. En los debates, los candidatos del Frente de Todos se explayaron sobre temas de la economía, a diferencia del macrismo que es un tema en el que hace agua.
 
Cualquiera pensaría que esos temas como la carestía de la vida o la inflación son los que más preocupan a la sociedad. Por lo menos, esa es la lectura que hizo el Gobierno sobre los resultados de las PASO. La oposición bautizó como "Plan Platita" a los múltiples programas que anunció el Gobierno para producir un impacto en la demanda que reactive el consumo y la economía. 
 
Se anunciaron bonos para jubilados, aumentos en las asignaciones familiares, jubilación anticipada y programas para facilitar la jubilación de las trabajadoras de casas particulares, otros para financiar los viajes de egresados bonaerenses y el previaje, que devuelve la mitad de lo que se gaste en turismo.
 
Si el Gobierno hace esa lectura sobre la problemática que está en la preocupación de los ciudadanos, es su responsabilidad actuar en consecuencia.
 
Además, está en la concepción del oficialismo la idea de reactivar la economía con estas políticas que tienden a impulsar las actividades que fueron más castigadas por la crisis macrista y sobre todo por la pandemia, como la construcción, el turismo, la gastronomía, el transporte, las actividades culturales y otras.
 
Seguramente hay un cálculo electoral, pero en una situación crítica como la que dejó la pandemia, el Gobierno no puede esperar que pasen las elecciones para empezar a gobernar.
 
La oposición prendió las luces rojas frente a estas iniciativas que tienden a favorecer el consumo y a sectores que fueron muy afectados. La preocupación de que estas iniciativas modificaran en noviembre los resultados de las PASO se plasmó en una estrategia de encuadrar todas como una acción demagógica y desesperada del Gobierno.
 
Así, frenaron judicialmente el programa del Ministerio de Cultura "Más cultura", que otorgaba a jóvenes de bajos recursos un bono de cinco mil pesos para invertir en talleres, seminarios y cursos o en la asistencia a teatros, cines o demás actividades culturales que fueron muy golpeadas por la pandemia.
 
El ministro Tristán Bauer lanzó el programa antes de la veda que rige en los 25 días previos al acto electoral, pero el macrismo lo denunció como parte de la estrategia de encuadrar a todos estos programas como si fueran puro electoralismo. Los bautizaron despectivamente como "Plan Platita", una designación que amplifican los medios que le son afines y respaldan su campaña.
 
El desprestigio de cursos de acción que puedan desfavorecer al macrismo es similar a la estrategia que usaron cuando el juez Alejo Ramos Padilla inició la causa contra Marcelo D'Alessio y Carlos Stornelli por extorsión de testigos. Elisa Carrió y su staff denuncista la bautizaron como "Operación Puf-puf". Dijeron que había sido planificada para desviar la atención de la causa de los cuadernos fotocopiados, en la que el espía y el fiscal tuvieron un protagonismo decisivo.
 
"Plan Platita" u "Operación Puf-puf" son designaciones sintomáticas de la preocupación que producen determinados cursos de acción en el macrismo. La preocupación se incuba en la idea, en este caso, de que la reactivación económica puede favorecer a los candidatos del oficialismo y cambiar los resultados de las PASO.
 
Más allá del resultado de noviembre, que difícilmente podrá ser muy diferentes al de las primarias, el escenario de crisis que dejó la pandemia en todo el mundo y aquí exige acciones urgentes, aunque entre septiembre y noviembre no haya tiempo de modificar en forma drástica resultados electorales.
 
Es probable que los candidatos del Gobierno acorten distancia y, en algunos casos, puedan incluso ganar por poco. Pero es poco probable que haya un cambio rotundo y los que se produzcan tendrán más que ver con las características de estas legislativas de medio término, tan diferentes a una interna como las PASO. El impacto de las medidas económicas en el humor social se verificará a más largo plazo, si la recuperación es sostenida.
 
Un efecto paradojal de las PASO se vio en el intento frustrado de consensuar con las grandes corporaciones alimentarias el congelamiento de precios de 1500 productos. La inflación y el aumento desmedido de los precios fueron un factor determinante en el voto castigo de las PASO. Pero la consecuencia de ese voto fue debilitar al mismo Gobierno que tendría que negociar con las corporaciones.
 
Si el resultado de septiembre hubiera repetido el de las presidenciales, es difícil que Arcor, Ledesma y Molinos hubieran pateado el tablero. Y no hubieran emitido la proclama de amenazas a los clientes que no aceptaran los nuevos precios. Tantearon el debilitamiento por el resultado adverso de las primarias y actuaron de manera desafiante y prepotente. La paradoja es que el voto profundizó el problema que quería resolver.
 
De todas maneras ese mismo voto influyó en que el Gobierno decidiera congelar los precios aún sin el acuerdo con estas corporaciones. Pero ahora será indispensable la participación social, en especial de los protagonistas del voto castigo, en el control de los precios congelados y la presentación de los productos en las góndolas. Más allá de la resolución, el cumplimiento efectivo del congelamiento residirá en la participación activa y responsable.
 
Hay un punto donde el balance entre las necesidades urgentes y la búsqueda de consenso se tiene que inclinar por resolver esas necesidades. Y la búsqueda de consenso se hará más fácilmente con el respaldo que sumen las soluciones a esas necesidades.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

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