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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
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Nacionales - 22-10-2021 / 11:10
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Guerra de guerrillas y polvorín social, el escenario optimista para 2022

Guerra de guerrillas y polvorín social, el escenario optimista para 2022
El Frente de Izquierda promete engrosar su bancada. Y aunque no sean decisivos dentro del recinto, lo son afuera. Con el temido diciembre cada vez más cerca. Se palpó en el Puente Pueyrredón durante toda la semana.
Todos y todas creen que la inflación volvió al superar en septiembre el 50% interanual (marcó 52,5%, apenas por debajo del 53,8% con el que se despidió Mauricio Macri) por tres razones:
 
1) La violenta disparada global post-pandemia de los fletes y de insumos difundidos como aluminio, vidrio, plástico, papel y cartón, que empujó incluso la inflación mayorista de Alemania hasta el 14,2%, su récord desde 1974.
2) La emisión de pesos para financiar el gasto, que según el diagnóstico oficial alimenta la brecha cambiaria y con ella las expectativas de devaluación.
3) La recomposición de márgenes de ganancia por parte de grandes fabricantes y comercializadores de alimentos, que aprovechan el repunte del consumo y su poder de mercado para recuperar lo perdido durante la recesión.
 

 
Anteayer, a su regreso de Washington, Martin Guzmán almorzó con Roberto Feletti. El ministro de Economía y el nuevo secretario de Comercio conversaron durante más de dos horas sobre el congelamiento por 90 días de 1.430 productos de la canasta básica que había ordenado la tarde anterior el recién llegado, tras una semana de negociaciones infructuosas para anunciarlo junto a supermercadistas y fabricantes de alimentos.
 
Ni Guzmán ni Feletti son entusiastas defensores del instrumento, pero ambos confían en que la tregua puede bloquear al menos uno de los tres motores que hoy empujan la inflación casi hasta el récord en 28 años que dejó el tándem Dujovne-Sandleris-Lacunza en 2019.
 
El diagnóstico es compartido en el equipo económico, aun en medio de las internas paralizantes que lo cruzan desde el bofetón de las PASO. Opinan parecido tanto los dos comensales del miércoles como Matías Kulfas y su archienemiga Débora Giorgi, a quien el ministro de Desarrollo Productivo debió tolerar que Feletti trajera consigo, mezcla de venganza del tercer kirchnerismo con confirmación de los rumores de que Daniel Scioli lo reemplazará después de noviembre.
 
Todos y todas creen que la inflación volvió al superar en septiembre el 50% interanual (marcó 52,5%, apenas por debajo del 53,8% con el que se despidió Mauricio Macri) por tres razones:
 
1) La violenta disparada global post-pandemia de los fletes y de insumos difundidos como aluminio, vidrio, plástico, papel y cartón, que empujó incluso la inflación mayorista de Alemania hasta el 14,2%, su récord desde 1974.
 
2) La emisión de pesos para financiar el gasto, que según el diagnóstico oficial alimenta la brecha cambiaria y con ella las expectativas de devaluación.
 
3) La recomposición de márgenes de ganancia por parte de grandes fabricantes y comercializadores de alimentos, que aprovechan el repunte del consumo y su poder de mercado para recuperar lo perdido durante la recesión.
 
La tregua por 90 días, consideran, no reemplaza a una estrategia integral contra la inflación pero puede emparchar el tercer agujero de la manguera por el que no dejan de perder poder adquisitivo los salarios. El problema es que precisamente ahí se dirime la puja distributiva cuando la economía crece y nadie va a renunciar sin pelear a los márgenes recuperados.
 
Menos ante una gestión que todos perciben grogui y con una oposición que promete otro giro de 180 grados si vuelve al poder en 2023. Es lo que explica las airadas negativas de la Coordinadora de Industrias Alimenticias (COPAL) y de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) ante algo que todos los gobiernos piden -y que incluso pidió el anterior- cuando suena la alarma de las góndolas.
 
 
Terroristas y conspiradores
  
El platense José Sbattella, patriarca de los economistas heterodoxos en la universidad donde estudiaron Guzmán y los Kirchner, reclama modales más rudos. Ayer, por radio, el antiguo militante de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) dijo que "desabastecer es un acto de terrorismo" y que "la lucha de los gobiernos populares contra el autoritarismo empresario" requiere que se apliquen las leyes de modo más taxativo.
 
Su voz remite a épocas más audaces del kirchnerismo, en la primera década del siglo, aunque tampoco entonces se imponía con nitidez ante otras más conservadoras. En el cuartel general del grupo Clarín, por ejemplo, todavía recuerdan que Sbattella había vetado como jefe del ente antimonopolios la fusión Cablevisión-Multicanal, apoyado en investigaciones de la entonces fiscal Alejandra Gils Carbó. Un veto que finalmente consiguieron revertir, el último día de la presidencia de Néstor Kirchner, gracias a los buenos oficios de Guillermo Moreno.
 
La situación hoy es muy diferente. La derrota de las PASO fue tan sorpresiva y violenta que redefinió roles y equilibrios dentro del Frente De Todos. El trasvasamiento del poder recién empezó a insinuarse con el aterrizaje en la Casa Rosada de Juan Manzur, que se le coló a Sergio Massa en la carrera hacia el sillón de Rivadavia con un claim de marca parecido al suyo, y con la resignación de Axel Kicillof de tres sillas en su gabinete para que los intendentes no lleguen a 2023 "conspirando con la oposición", como cuchichean en La Plata.
 
Si la derrota es todavía peor el 14 de noviembre, como sugieren las mismas encuestas que erraron en septiembre, todos saben que son fusibles. Lo que habrá en juego en ese caso es mucho más un cambio de nombres en el gabinete.
 
Pero si el oficialismo logra recortar la diferencia, parte del equipo económico confía en su propia continuidad. A Guzmán, por ejemplo, todos lo imaginan en su puesto hasta la firma del acuerdo con el Fondo Monetario para renegociar la deuda que dejó como herencia Macri. Lo que está en debate es si también va a pilotear la negociación permanente que sobrevendrá con Washington después, en caso de que se firme.
 
El peronismo prefigura una especie de guerra de guerrillas, con choques cada tres meses con los hombres de negro que envíe Georgieva para supervisar el cumplimiento de las metas del programa que se pacten antes de marzo, fecha del primer vencimiento impagable.
 
Alberto Fernández sabe que le van a exigir un ajuste fiscal adicional al ya ejecutado este año sobre partidas presupuestarias sensibles como las de jubilaciones, salarios públicos o prestaciones del PAMI. También que le van a plantear una flexibilización laboral, un tarifazo para achicar la cuenta de subsidios y un control más estricto de la emisión de pesos. Es lo que incluyó el staff del Fondo en todos los acuerdos firmados bajo la gestión de Kristalina Georgieva, apenas distinguibles de los de Christine Lagarde.
 
En la Rosada, no obstante, aseguran que no tienen por qué seguir esa hoja de ruta. "Ellos nos van a amenazar con que no desembolsan y nosotros les diremos que entonces no les pagamos. Ahí está nuestra ventaja frente a la situación de Macri, que necesitaba los fondos frescos para sostener la fuga de divisas, o frente a la de (Fernando) De la Rúa, que los pedía para poder ejecutar el presupuesto. Nosotros los necesitamos solo para pagarles a ellos mismos", distinguió ante BAE Negocios uno de sus estrategas.
 
 
Bajo el puente
 
La amenaza de patear el tablero, indispensable en cualquier negociación donde se procure correr los límites que marca la contraparte, luce poco creíble luego de las promesas de acuerdo "sí o sí" que se oyeron de boca de Manzur en Wall Street y en el almuerzo de la semana pasada con un puñado de empresarios top. Y sin embargo, es algo que puede ocurrir incluso sin que lo decida el Presidente.
 
¿Quién garantiza que el oficialismo vaya a reunir los votos para aprobar el acuerdo en el Congreso, como se comprometió a hacerlo Fernández apenas asumió? ¿Y si algunos de los propios le retacean los votos y tiene que apoyarse en los de la oposición de derecha para avalar el pacto? ¿Qué clase de cogobierno surgiría de un contubernio así?
 
No es La Cámpora la que amaga con ejercer ese veto al ajuste del FMI en el Congreso sino las organizaciones sociales, que contienen en los barrios el polvorín de la pobreza extrema. A Juan Grabois, por ejemplo, le responderán tres diputados después del 10 de diciembre. También el Frente de Izquierda promete engrosar su bancada. Aún marginales, son votos que pueden inclinar la balanza en un contexto de atomización. Y aunque no sean decisivos dentro del recinto, lo son afuera. Con el temido diciembre cada vez más cerca.
 
Se palpó en el Puente Pueyrredón durante toda la semana. Lo aterroriza a Juan Zabaleta, que se vio forzado a recibir ayer a los grupos piqueteros más duros después de que amenazaran con acampar y dormir en la puerta de Desarrollo Social, sobre la 9 de Julio. No es para menos. Como se vio hace 20 años, no hay volumen político que alcance cuando estalla el recipiente que lo contiene.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
La Opinión Popular
 

12-11-2025 / 11:11
Gobierno libertario solo para la casta de los más ricos. Los "héroes" del Presidente. Marcos Galperín, ferviente defensor de que el Estado no intervenga en la economía, recibe millonarias exenciones impositivas. En un contexto de ajuste fiscal y debates por la reforma tributaria, el Formulario 10-Q presentado por Mercado Libre ante la SEC de Estados Unidos expone una vez más los jugosos beneficios fiscales que el gobierno de Javier Milei le otorga al "unicornio" fundado por Galperín, el hombre más rico de la nación con un patrimonio de 8.300 millones de dólares, según Forbes.
 
La empresa, valorada en más de 106 mil millones de "verdes", reportó ingresos netos de 7.400 millones en el tercer trimestre, un 39 por ciento más que el año anterior, y ganancias de 421 millones de dólares. Sin embargo, detrás de estos números relucientes se esconde un "secreto a voces": exenciones impositivas que superan los 350 millones de dólares en los últimos cinco años.
 
Bajo el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, Mercado Libre accedió en los primeros nueve meses de 2025 a beneficios por 50 millones en Ganancias y 17 millones de dólares en aportes previsionales, un 52 por ciento más que en 2024. "Es un subsidio injusto a una multinacional que no lo necesita", critica el Observatorio del Trabajo Informático (OTI), vinculado a la Asociación Gremial de Computación.
 
A Galperín le perdonaron en 2021: US$ 59 millones, en 2022: US$ 81 millones, en 2023: US$ 109 millones, en 2024: US$ 57 millones, en 2025: US$ 67 millones. Total: US$ 373 millones de impuestos le perdonaron a Galperin en cinco años. Pero los sectores populares tienen que pagar el IVA de los fideos sin chistar.
 
Sectores gremiales y la industria financiera coinciden: con su tamaño colosal, Javier Milei abusa del esquema al encuadrar áreas menores bajo un solo CUIT, mientras evade contribuciones que podrían destinarse a pymes o servicios públicos en crisis. Galperín, exiliado fiscal en Uruguay, predica la libre competencia, pero no duda en alzar la voz contra rivales como Temu y Shein, las plataformas chinas que inundan el mercado con productos baratos.
 
En el Foro Abeceb, Juan Martín de la Serna, presidente de la filial argentina de Mercado Libre, exigió "reglas claras" para importaciones, advirtiendo que amenazan el 90 por ciento de ventas de pymes en la plataforma y el empleo local. "Abrir indiscriminadamente da trabajo a chinos, no a argentinos", sentenció.
 
Ironía pura: el defensor del no intervenciónismo estatal ahora pide regulaciones que protejan su imperio. El cruce en X con Miguel Ángel Pichetto lo desnuda todo. El diputado peronista instó a gravar a estas "economías de plataformas" para cuidar la industria nacional.

Galperín replicó con arrogancia: "No estoy preocupado, competimos exitosamente". Pichetto no se quedó atrás: "Mejor empezá a preocuparte, porque te van a pasar por arriba y ya impactan en empleos de distribución".

Mientras, el Gobierno de Milei discute bajar cargas patronales, pero calla sobre estos privilegios elitistas de los más ricos empresarios. Esta disparidad fiscal alimenta el descontento: ¿por qué el gobierno de Milei regala millones a un magnate mientras mientras los salarios deprimidos de jubilados y trabajadores pagan la crisis?

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