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Nacionales - 22-10-2021 / 11:10
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Guerra de guerrillas y polvorín social, el escenario optimista para 2022

Guerra de guerrillas y polvorín social, el escenario optimista para 2022
El Frente de Izquierda promete engrosar su bancada. Y aunque no sean decisivos dentro del recinto, lo son afuera. Con el temido diciembre cada vez más cerca. Se palpó en el Puente Pueyrredón durante toda la semana.
Todos y todas creen que la inflación volvió al superar en septiembre el 50% interanual (marcó 52,5%, apenas por debajo del 53,8% con el que se despidió Mauricio Macri) por tres razones:
 
1) La violenta disparada global post-pandemia de los fletes y de insumos difundidos como aluminio, vidrio, plástico, papel y cartón, que empujó incluso la inflación mayorista de Alemania hasta el 14,2%, su récord desde 1974.
2) La emisión de pesos para financiar el gasto, que según el diagnóstico oficial alimenta la brecha cambiaria y con ella las expectativas de devaluación.
3) La recomposición de márgenes de ganancia por parte de grandes fabricantes y comercializadores de alimentos, que aprovechan el repunte del consumo y su poder de mercado para recuperar lo perdido durante la recesión.
 

 
Anteayer, a su regreso de Washington, Martin Guzmán almorzó con Roberto Feletti. El ministro de Economía y el nuevo secretario de Comercio conversaron durante más de dos horas sobre el congelamiento por 90 días de 1.430 productos de la canasta básica que había ordenado la tarde anterior el recién llegado, tras una semana de negociaciones infructuosas para anunciarlo junto a supermercadistas y fabricantes de alimentos.
 
Ni Guzmán ni Feletti son entusiastas defensores del instrumento, pero ambos confían en que la tregua puede bloquear al menos uno de los tres motores que hoy empujan la inflación casi hasta el récord en 28 años que dejó el tándem Dujovne-Sandleris-Lacunza en 2019.
 
El diagnóstico es compartido en el equipo económico, aun en medio de las internas paralizantes que lo cruzan desde el bofetón de las PASO. Opinan parecido tanto los dos comensales del miércoles como Matías Kulfas y su archienemiga Débora Giorgi, a quien el ministro de Desarrollo Productivo debió tolerar que Feletti trajera consigo, mezcla de venganza del tercer kirchnerismo con confirmación de los rumores de que Daniel Scioli lo reemplazará después de noviembre.
 
Todos y todas creen que la inflación volvió al superar en septiembre el 50% interanual (marcó 52,5%, apenas por debajo del 53,8% con el que se despidió Mauricio Macri) por tres razones:
 
1) La violenta disparada global post-pandemia de los fletes y de insumos difundidos como aluminio, vidrio, plástico, papel y cartón, que empujó incluso la inflación mayorista de Alemania hasta el 14,2%, su récord desde 1974.
 
2) La emisión de pesos para financiar el gasto, que según el diagnóstico oficial alimenta la brecha cambiaria y con ella las expectativas de devaluación.
 
3) La recomposición de márgenes de ganancia por parte de grandes fabricantes y comercializadores de alimentos, que aprovechan el repunte del consumo y su poder de mercado para recuperar lo perdido durante la recesión.
 
La tregua por 90 días, consideran, no reemplaza a una estrategia integral contra la inflación pero puede emparchar el tercer agujero de la manguera por el que no dejan de perder poder adquisitivo los salarios. El problema es que precisamente ahí se dirime la puja distributiva cuando la economía crece y nadie va a renunciar sin pelear a los márgenes recuperados.
 
Menos ante una gestión que todos perciben grogui y con una oposición que promete otro giro de 180 grados si vuelve al poder en 2023. Es lo que explica las airadas negativas de la Coordinadora de Industrias Alimenticias (COPAL) y de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) ante algo que todos los gobiernos piden -y que incluso pidió el anterior- cuando suena la alarma de las góndolas.
 
 
Terroristas y conspiradores
  
El platense José Sbattella, patriarca de los economistas heterodoxos en la universidad donde estudiaron Guzmán y los Kirchner, reclama modales más rudos. Ayer, por radio, el antiguo militante de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) dijo que "desabastecer es un acto de terrorismo" y que "la lucha de los gobiernos populares contra el autoritarismo empresario" requiere que se apliquen las leyes de modo más taxativo.
 
Su voz remite a épocas más audaces del kirchnerismo, en la primera década del siglo, aunque tampoco entonces se imponía con nitidez ante otras más conservadoras. En el cuartel general del grupo Clarín, por ejemplo, todavía recuerdan que Sbattella había vetado como jefe del ente antimonopolios la fusión Cablevisión-Multicanal, apoyado en investigaciones de la entonces fiscal Alejandra Gils Carbó. Un veto que finalmente consiguieron revertir, el último día de la presidencia de Néstor Kirchner, gracias a los buenos oficios de Guillermo Moreno.
 
La situación hoy es muy diferente. La derrota de las PASO fue tan sorpresiva y violenta que redefinió roles y equilibrios dentro del Frente De Todos. El trasvasamiento del poder recién empezó a insinuarse con el aterrizaje en la Casa Rosada de Juan Manzur, que se le coló a Sergio Massa en la carrera hacia el sillón de Rivadavia con un claim de marca parecido al suyo, y con la resignación de Axel Kicillof de tres sillas en su gabinete para que los intendentes no lleguen a 2023 "conspirando con la oposición", como cuchichean en La Plata.
 
Si la derrota es todavía peor el 14 de noviembre, como sugieren las mismas encuestas que erraron en septiembre, todos saben que son fusibles. Lo que habrá en juego en ese caso es mucho más un cambio de nombres en el gabinete.
 
Pero si el oficialismo logra recortar la diferencia, parte del equipo económico confía en su propia continuidad. A Guzmán, por ejemplo, todos lo imaginan en su puesto hasta la firma del acuerdo con el Fondo Monetario para renegociar la deuda que dejó como herencia Macri. Lo que está en debate es si también va a pilotear la negociación permanente que sobrevendrá con Washington después, en caso de que se firme.
 
El peronismo prefigura una especie de guerra de guerrillas, con choques cada tres meses con los hombres de negro que envíe Georgieva para supervisar el cumplimiento de las metas del programa que se pacten antes de marzo, fecha del primer vencimiento impagable.
 
Alberto Fernández sabe que le van a exigir un ajuste fiscal adicional al ya ejecutado este año sobre partidas presupuestarias sensibles como las de jubilaciones, salarios públicos o prestaciones del PAMI. También que le van a plantear una flexibilización laboral, un tarifazo para achicar la cuenta de subsidios y un control más estricto de la emisión de pesos. Es lo que incluyó el staff del Fondo en todos los acuerdos firmados bajo la gestión de Kristalina Georgieva, apenas distinguibles de los de Christine Lagarde.
 
En la Rosada, no obstante, aseguran que no tienen por qué seguir esa hoja de ruta. "Ellos nos van a amenazar con que no desembolsan y nosotros les diremos que entonces no les pagamos. Ahí está nuestra ventaja frente a la situación de Macri, que necesitaba los fondos frescos para sostener la fuga de divisas, o frente a la de (Fernando) De la Rúa, que los pedía para poder ejecutar el presupuesto. Nosotros los necesitamos solo para pagarles a ellos mismos", distinguió ante BAE Negocios uno de sus estrategas.
 
 
Bajo el puente
 
La amenaza de patear el tablero, indispensable en cualquier negociación donde se procure correr los límites que marca la contraparte, luce poco creíble luego de las promesas de acuerdo "sí o sí" que se oyeron de boca de Manzur en Wall Street y en el almuerzo de la semana pasada con un puñado de empresarios top. Y sin embargo, es algo que puede ocurrir incluso sin que lo decida el Presidente.
 
¿Quién garantiza que el oficialismo vaya a reunir los votos para aprobar el acuerdo en el Congreso, como se comprometió a hacerlo Fernández apenas asumió? ¿Y si algunos de los propios le retacean los votos y tiene que apoyarse en los de la oposición de derecha para avalar el pacto? ¿Qué clase de cogobierno surgiría de un contubernio así?
 
No es La Cámpora la que amaga con ejercer ese veto al ajuste del FMI en el Congreso sino las organizaciones sociales, que contienen en los barrios el polvorín de la pobreza extrema. A Juan Grabois, por ejemplo, le responderán tres diputados después del 10 de diciembre. También el Frente de Izquierda promete engrosar su bancada. Aún marginales, son votos que pueden inclinar la balanza en un contexto de atomización. Y aunque no sean decisivos dentro del recinto, lo son afuera. Con el temido diciembre cada vez más cerca.
 
Se palpó en el Puente Pueyrredón durante toda la semana. Lo aterroriza a Juan Zabaleta, que se vio forzado a recibir ayer a los grupos piqueteros más duros después de que amenazaran con acampar y dormir en la puerta de Desarrollo Social, sobre la 9 de Julio. No es para menos. Como se vio hace 20 años, no hay volumen político que alcance cuando estalla el recipiente que lo contiene.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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