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Nacionales - 22-10-2021 / 11:10
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Guerra de guerrillas y polvorín social, el escenario optimista para 2022

Guerra de guerrillas y polvorín social, el escenario optimista para 2022
El Frente de Izquierda promete engrosar su bancada. Y aunque no sean decisivos dentro del recinto, lo son afuera. Con el temido diciembre cada vez más cerca. Se palpó en el Puente Pueyrredón durante toda la semana.
Todos y todas creen que la inflación volvió al superar en septiembre el 50% interanual (marcó 52,5%, apenas por debajo del 53,8% con el que se despidió Mauricio Macri) por tres razones:
 
1) La violenta disparada global post-pandemia de los fletes y de insumos difundidos como aluminio, vidrio, plástico, papel y cartón, que empujó incluso la inflación mayorista de Alemania hasta el 14,2%, su récord desde 1974.
2) La emisión de pesos para financiar el gasto, que según el diagnóstico oficial alimenta la brecha cambiaria y con ella las expectativas de devaluación.
3) La recomposición de márgenes de ganancia por parte de grandes fabricantes y comercializadores de alimentos, que aprovechan el repunte del consumo y su poder de mercado para recuperar lo perdido durante la recesión.
 

 
Anteayer, a su regreso de Washington, Martin Guzmán almorzó con Roberto Feletti. El ministro de Economía y el nuevo secretario de Comercio conversaron durante más de dos horas sobre el congelamiento por 90 días de 1.430 productos de la canasta básica que había ordenado la tarde anterior el recién llegado, tras una semana de negociaciones infructuosas para anunciarlo junto a supermercadistas y fabricantes de alimentos.
 
Ni Guzmán ni Feletti son entusiastas defensores del instrumento, pero ambos confían en que la tregua puede bloquear al menos uno de los tres motores que hoy empujan la inflación casi hasta el récord en 28 años que dejó el tándem Dujovne-Sandleris-Lacunza en 2019.
 
El diagnóstico es compartido en el equipo económico, aun en medio de las internas paralizantes que lo cruzan desde el bofetón de las PASO. Opinan parecido tanto los dos comensales del miércoles como Matías Kulfas y su archienemiga Débora Giorgi, a quien el ministro de Desarrollo Productivo debió tolerar que Feletti trajera consigo, mezcla de venganza del tercer kirchnerismo con confirmación de los rumores de que Daniel Scioli lo reemplazará después de noviembre.
 
Todos y todas creen que la inflación volvió al superar en septiembre el 50% interanual (marcó 52,5%, apenas por debajo del 53,8% con el que se despidió Mauricio Macri) por tres razones:
 
1) La violenta disparada global post-pandemia de los fletes y de insumos difundidos como aluminio, vidrio, plástico, papel y cartón, que empujó incluso la inflación mayorista de Alemania hasta el 14,2%, su récord desde 1974.
 
2) La emisión de pesos para financiar el gasto, que según el diagnóstico oficial alimenta la brecha cambiaria y con ella las expectativas de devaluación.
 
3) La recomposición de márgenes de ganancia por parte de grandes fabricantes y comercializadores de alimentos, que aprovechan el repunte del consumo y su poder de mercado para recuperar lo perdido durante la recesión.
 
La tregua por 90 días, consideran, no reemplaza a una estrategia integral contra la inflación pero puede emparchar el tercer agujero de la manguera por el que no dejan de perder poder adquisitivo los salarios. El problema es que precisamente ahí se dirime la puja distributiva cuando la economía crece y nadie va a renunciar sin pelear a los márgenes recuperados.
 
Menos ante una gestión que todos perciben grogui y con una oposición que promete otro giro de 180 grados si vuelve al poder en 2023. Es lo que explica las airadas negativas de la Coordinadora de Industrias Alimenticias (COPAL) y de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) ante algo que todos los gobiernos piden -y que incluso pidió el anterior- cuando suena la alarma de las góndolas.
 
 
Terroristas y conspiradores
  
El platense José Sbattella, patriarca de los economistas heterodoxos en la universidad donde estudiaron Guzmán y los Kirchner, reclama modales más rudos. Ayer, por radio, el antiguo militante de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) dijo que "desabastecer es un acto de terrorismo" y que "la lucha de los gobiernos populares contra el autoritarismo empresario" requiere que se apliquen las leyes de modo más taxativo.
 
Su voz remite a épocas más audaces del kirchnerismo, en la primera década del siglo, aunque tampoco entonces se imponía con nitidez ante otras más conservadoras. En el cuartel general del grupo Clarín, por ejemplo, todavía recuerdan que Sbattella había vetado como jefe del ente antimonopolios la fusión Cablevisión-Multicanal, apoyado en investigaciones de la entonces fiscal Alejandra Gils Carbó. Un veto que finalmente consiguieron revertir, el último día de la presidencia de Néstor Kirchner, gracias a los buenos oficios de Guillermo Moreno.
 
La situación hoy es muy diferente. La derrota de las PASO fue tan sorpresiva y violenta que redefinió roles y equilibrios dentro del Frente De Todos. El trasvasamiento del poder recién empezó a insinuarse con el aterrizaje en la Casa Rosada de Juan Manzur, que se le coló a Sergio Massa en la carrera hacia el sillón de Rivadavia con un claim de marca parecido al suyo, y con la resignación de Axel Kicillof de tres sillas en su gabinete para que los intendentes no lleguen a 2023 "conspirando con la oposición", como cuchichean en La Plata.
 
Si la derrota es todavía peor el 14 de noviembre, como sugieren las mismas encuestas que erraron en septiembre, todos saben que son fusibles. Lo que habrá en juego en ese caso es mucho más un cambio de nombres en el gabinete.
 
Pero si el oficialismo logra recortar la diferencia, parte del equipo económico confía en su propia continuidad. A Guzmán, por ejemplo, todos lo imaginan en su puesto hasta la firma del acuerdo con el Fondo Monetario para renegociar la deuda que dejó como herencia Macri. Lo que está en debate es si también va a pilotear la negociación permanente que sobrevendrá con Washington después, en caso de que se firme.
 
El peronismo prefigura una especie de guerra de guerrillas, con choques cada tres meses con los hombres de negro que envíe Georgieva para supervisar el cumplimiento de las metas del programa que se pacten antes de marzo, fecha del primer vencimiento impagable.
 
Alberto Fernández sabe que le van a exigir un ajuste fiscal adicional al ya ejecutado este año sobre partidas presupuestarias sensibles como las de jubilaciones, salarios públicos o prestaciones del PAMI. También que le van a plantear una flexibilización laboral, un tarifazo para achicar la cuenta de subsidios y un control más estricto de la emisión de pesos. Es lo que incluyó el staff del Fondo en todos los acuerdos firmados bajo la gestión de Kristalina Georgieva, apenas distinguibles de los de Christine Lagarde.
 
En la Rosada, no obstante, aseguran que no tienen por qué seguir esa hoja de ruta. "Ellos nos van a amenazar con que no desembolsan y nosotros les diremos que entonces no les pagamos. Ahí está nuestra ventaja frente a la situación de Macri, que necesitaba los fondos frescos para sostener la fuga de divisas, o frente a la de (Fernando) De la Rúa, que los pedía para poder ejecutar el presupuesto. Nosotros los necesitamos solo para pagarles a ellos mismos", distinguió ante BAE Negocios uno de sus estrategas.
 
 
Bajo el puente
 
La amenaza de patear el tablero, indispensable en cualquier negociación donde se procure correr los límites que marca la contraparte, luce poco creíble luego de las promesas de acuerdo "sí o sí" que se oyeron de boca de Manzur en Wall Street y en el almuerzo de la semana pasada con un puñado de empresarios top. Y sin embargo, es algo que puede ocurrir incluso sin que lo decida el Presidente.
 
¿Quién garantiza que el oficialismo vaya a reunir los votos para aprobar el acuerdo en el Congreso, como se comprometió a hacerlo Fernández apenas asumió? ¿Y si algunos de los propios le retacean los votos y tiene que apoyarse en los de la oposición de derecha para avalar el pacto? ¿Qué clase de cogobierno surgiría de un contubernio así?
 
No es La Cámpora la que amaga con ejercer ese veto al ajuste del FMI en el Congreso sino las organizaciones sociales, que contienen en los barrios el polvorín de la pobreza extrema. A Juan Grabois, por ejemplo, le responderán tres diputados después del 10 de diciembre. También el Frente de Izquierda promete engrosar su bancada. Aún marginales, son votos que pueden inclinar la balanza en un contexto de atomización. Y aunque no sean decisivos dentro del recinto, lo son afuera. Con el temido diciembre cada vez más cerca.
 
Se palpó en el Puente Pueyrredón durante toda la semana. Lo aterroriza a Juan Zabaleta, que se vio forzado a recibir ayer a los grupos piqueteros más duros después de que amenazaran con acampar y dormir en la puerta de Desarrollo Social, sobre la 9 de Julio. No es para menos. Como se vio hace 20 años, no hay volumen político que alcance cuando estalla el recipiente que lo contiene.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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08-11-2025 / 09:11
La destrucción del peronismo-kirchnerismo y del movimiento obrero constituyen el principal objetivo del gobierno, según confirmaron esta semana Javier "el Cipayo" Milei, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger. Pero los dos agrupamientos en la mira del oficialismo están más enfocados en resolver sus heridas internas.
 
En Bolivia, tras la victoria electoral de la derecha, la liberación de la expresidenta de facto Jeanine Añez, condenada por el golpe contra Evo Morales, recordó a la decisión de la Corte de confirmar el sobreseimiento de Mauricio Macri por el espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. La Justicia se alinea según los resultados electorales.
 
Dos días después del resultado electoral, la Corte confirmó el sobreseimiento de Macri y rechazó 20 recursos interpuestos por Cristina Kirchner y otros acusados en la causa Cuadernos, cuyo juicio comenzó este jueves.
 
Se trata de una causa armada con una fotocopia con miles de adulteraciones y que fue escrita por dos personas diferentes; con testimonios obtenidos en forma extorsiva, y montada por el fiscal Carlos Stornelli, involucrado en otras causas paralelas por extorsión junto con su colaborador, el condenado Marcelo DAlessio, y por el fallecido juez Claudio Bonadio.
 
Antes de convertirse en Inquisidor oficial del macrismo, Bonadio tenía nueve pedidos de juicio político -algunos de mucha gravedad- que nunca tuvieron tratamiento en la Magistratura con mayoría macrista.
 
La campaña tan polarizada quedó reflejada en las consignas. Fuerza Patria planteó el eje de "hay que frenar a Milei". El oficialismo convocó a "acabar con el kirchnerismo" o "hay que poner el último clavo en el cajón del kirchnerismo". En el primer caso, habla de dos fuerzas que compiten. En cambio, el oficialismo habla de exterminio, lo que tiene cierta similitud con la dictadura cívico-militar.
 
Para el sector corporativo del capital concentrado, el movimiento nacional y popular es un obstáculo para su proyecto de país altamente desigual, con grandes niveles de pobreza y baja ocupación, desindustrializado, subordinado a Estados Unidos, proveedor de hidrocarburos, minerales, carnes y granos, un país que no requiere educación ni salud pública. Este proyecto se expresó antes a través de Macri y ahora con Milei.
 
Los dos objetivos que planteó Milei el jueves en su enésima visita a Estados Unidos, fueron barrer al peronismo-kirchnerismo y desmantelar la estructura sindical. La campaña de Patricia Bullrich fue "te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre". Federico Sturzenegger reconoció el lunes en una reunión con empresarios españoles que el corazón de la reforma laboral que propondrán al Congreso es desarticular la fuerza del movimiento obrero al abrir la negociación por empresa.
 
El proyecto de la derecha no acepta voces discordantes porque plantea situaciones extremas en el país, con ganancias enormes para un puñado y la pobreza para la inmensa mayoría. El problema es que el oficialismo con sus aliados representa el 40 por ciento del 67 por ciento que votó, que es menos del 30 por ciento del padrón.
 
El resultado es un país de tres tercios: el oficialismo y sus aliados, un poco menos el peronismo-kirchnerismo y sus aliados y un poco más el ausentismo. No es una ecuación que permita eliminar el diálogo como ejercicio democrático. Pero el diálogo no figura en la caja de herramientas del oficialismo. Su objetivo es la destrucción del que no consiente. 
 

06-11-2025 / 09:11
La CGT eligió una conducción unificada para enfrentar la amenaza oficial de destruir los derechos laborales, los convenios y la organización sindical. El nuevo triunvirato muestra dos caras nuevas, Cristian Jerónimo (Vidrio) y Jorge Sola (Seguros), y repite el camionero Octavio Argüello. Los gremios más combativos mantienen sus lugares en un segundo plano y se retiró la estratégica UTA (colectiveros).
 
La CGT ya tiene nueva conducción que se impuso tras una larga negociación y una contundente votación. El desafío que enfrentan no es menor. El gobierno de Javier "el Loco" Milei ya avisó que va por la precarización del empleo, la destrucción de los derechos de los trabajadores y el fin de los sindicatos, un combo que estará dentro de lo que denominaron "reforma laboral".
 
Los triunviros, de fuertes vínculos con el sector más dialoguista de la CGT, aseguraron que están dispuestos a rechazar y resistir este ataque del gobierno libertario nacional. "El crecimiento de este país se ha hecho con los derechos de los trabajadores y este país ha crecido porque los trabajadores tenemos derechos y los llevamos adelante", indicó Sola.
 
A su turno, Argüello que ya venía siendo triunviro, advirtió que "con los trabajadores no se jode. Estamos unidos para enfrentar cualquier situación que nos quiera llevar a que nos quiten los derechos". Por último, Jerónimo, el más joven de los tres aseguró que "la CGT, no va a permitir, ni va a retroceder un solo paso en las conquistas y los derechos adquiridos".
 
Uno de los argumentos del gobierno para justificar la reforma laboral es la supuesta vejez de los convenios colectivos de trabajo y la necesidad de modernizarlos a través de esta ley que se proponen debatir en los meses de verano.
 
En ese sentido, cuando Sola hizo su discurso dijo que "no somos necios. Sabemos que el mundo del trabajo ha cambiado y que las actualizaciones con la tecnología y la robótica son necesarias, pero tenemos una herramienta fenomenal que son los convenios colectivos de trabajo". Una referencia clara a que son las negociaciones que se hacen todos los años, donde se acuerda lo salarial, pero también se adapta el texto a los avances tecnológicos.
 
Sola dijo además que "hay un sector de la política que pretende que se debilite el movimiento obrero, que se atomice, que ya no se discutan convenios colectivos por actividad y se discutan por empresa. El crecimiento de este país se ha hecho con los derechos de los trabajadores y ha crecido porque los trabajadores tenemos derechos y los llevamos adelante", afirmó.

El triunvirato fue ratificado por el voto secreto de 1604 congresales que votaron a favor y solo 35 lo hicieron en blanco. El nuevo consejo directivo tiene mandato hasta el 2029 pero sobre todo tiene, cuesta arriba, estos dos años que todavía quedan del gobierno de Milei. ¿Sorprenderá la "nueva conducción" con la convocatoria a medidas contra la reforma laboral? ¿O volverá a pedir un diálogo en el que nadie cree? 
 

05-11-2025 / 09:11
La Comisión Investigadora del caso $LIBRA en el Congreso reveló que encontró dos movimientos de fondos por 550.000 dólares hacia una billetera virtual atribuida a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los dos cómplices de Javier "el Loco" Milei en la estafa cripto. Las transacciones fueron realizadas justo cuando el empresario Hayden Davis festejó que el Presidente le había "firmado todo" para su desembarco en Argentina. La comisión podría denunciar a funcionarios de la Casa Rosada como Cuneo Libarona, al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y a Paulo Stark.
 
En el tramo final del trabajo de la Comisión Investigadora sobre la la causa por la estafa con la criptomoneda $LIBRA, la oposición incorporó más pruebas que coinciden con presuntos pagos para monetizar la imagen del presidente Milei. Se estima que el informe final se presentará la semana del 17 de noviembre.
 
Durante el encuentro presidido por el diputado de la Coalición cívica, Maximiliano Ferraro, se votó la reserva para formular denuncia a funcionarios de la Casa Rosada: el Ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona; Florencia Zicavo, ex titular de la Unidad de Tareas Investigativas (UTI) que se creó para averiguar si hubo un ilícito detrás de la difusión de la criptomoneda; al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y a Paulo Stark, quien preside la Unidad de Información Financiera (UIF). También, para presentar denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Y finalmente, ante el Procurador General de la Nación contra el fiscal Eduardo Taiano.
 
En cuanto a las nuevas pruebas, surgen de un conjunto de transferencias de criptomonedas reveladas por el periodista Hugo Alconada Mon que coinciden en montos y fechas con los pagos reportados en un "acuerdo de cooperación" para monetizar la imagen del mandatario nacional. Según se informó en el encuentro, el reporte periodístico mencionaba un borrador de acuerdo que estipulaba un pago inicial de 300.000 dólares y pagos mensuales de 250.000 dólares a cambio de la representación exclusiva del Estado Argentino en asuntos de blockchain.
 
A raíz de un oficio enviado por la Comisión, Binance confirmó la existencia de una billetera perteneciente a Novelli y entregó sus movimientos. El análisis de estos datos, realizado con especialistas, permitió identificar una billetera que recibió aproximadamente 300 mil dólares entre el 19 y 30 de noviembre de 2024. También, 250 mil dólares el 17 de enero de 2025.
 
Estas transacciones se correlacionan directamente con los montos y el cronograma del acuerdo reportado. Los diputados que integran la comisión pudieron verificar que Novelli recibió al menos 30.897 dólares de esos fondos, por parte de esa billetera, el 26 de noviembre de 2024. Esa billetera que había recibido los 550.000 dólares distribuyó el resto de los fondos a billeteras radicadas en múltiples exchanges internacionales, incluyendo OKX, Bybit, Bitget y Binance.
 
Durante el encuentro, se resolvió librar nuevos oficios a estos exchanges para identificar a los destinatarios finales de los fondos y continuar con la trazabilidad del dinero, teniendo en cuenta que estas transferencias podrían corresponder a los pagos realizados por Hayden Davis (CEO de Kelsier Ventures) en virtud de dicho acuerdo.
 
Esto suma, aunque no dé resultados inmediatos. Al establishment le viene como anillo al dedo que este tema se abra, así cuando Milei termine de hacer el "trabajo sucio" lo transforman en chivo expiatorio y lo mandan a guardar en EEUU como al narco Fred Machado.
 
La Opinión Popular
 

04-11-2025 / 09:11
El Gobierno de Javier "el Loco" Milei pide tiempo. Tiempo para reestructurar el Gabinete, tiempo para ordenar su interna y tiempo, fundamentalmente, para que cambie la composición del Congreso y el poder vuelva a manos de La Libertad Avanza. Milei pretende patear el Presupuesto y las grandes reformas para el verano, cuando planea convocar a sesiones extraordinarias, pero se enfrenta a un problema: una mayoría opositora con fecha de vencimiento que resiste y que pretende, este martes, dictaminar el Presupuesto 2026.
 
Es una puja aritmética con final abierto. Este martes vence el plazo dictado por la Cámara de Diputados para dictaminar el Presupuesto, y el peronismo y el pichettismo están a la caza de las firmas necesarias para poder asegurarse que tendrán el número para presentar sus dictámenes. Cada sector redactó su propia propuesta, pero solo podrán presentarlos si consiguen que haya quórum en la comisión de Presupuesto. Esto es: el mágico número de 25 firmas.
 
El Gobierno, mientras tanto, quiere patear el tema para después de diciembre, cuando el Congreso se tiña de violeta y Milei pueda, con apoyo de los gobernadores, hacerse del control de la agenda legislativa. En el oficialismo confían en que tendrán una base de 111 aliados firmes -entre los que se incluyen a los libertarios, bullrichistas, PRO y radicales mileístas- y que, junto al apoyo de los gobernadores, podrán avanzar con todas las reformas que el presidente tiene planeadas para la segunda etapa de su gobierno. Incluido el Presupuesto.
 
Para resistir hasta diciembre, sin embargo, el Gobierno necesita boicotear el quórum de la oposición en la reunión de comisión del martes. Es la última gran amenaza de una oposición que, dentro de un mes, verá flaquear su poder de fuego y deberá resignarse a correr detrás de la agenda del presidente.
 
Una vez más, Martín Menem convocó al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, a calmar las ansiedades de sus aliados. La última reunión que había organizado en su despacho, hace dos semanas, no había salido bien: Nicolás Massot y Eduardo Falcone le habían reclamado que incluyera la emergencia pediátrica, la ley de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, y Guberman se negó. "No hay plata", afirmó, como toda respuesta.
 
Esta vez, la cumbre en el despacho de Menem fue más privada. El riojano solo invitó a los aliados más cercanos. Ni pichettistas de Encuentro Federal ni peronistas de Unión por la Patria ni ex libertarios del MID: solo los representantes de los gobernadores aliados y sus amigos, que el Gobierno cuenta como propios. Fueron la mendocina Pamela Verasay, el misionero Carlos Fernández, el radical "con peluca" Martín Arjol, la sanjuanina Nancy Picón, la lilita Paula Oliveto y el santacruceño José Luis Garrido. También fue la diputada del PRO, Daiana Fernández Molero.
 
Hubo reclamos, pero predominó la concordia: todos los presentes coincidieron en que lo que más convenía era que el Gobierno pudiera tener su Presupuesto. La diputada del PRO pidió por la deuda que la Nación tiene con la Ciudad de Buenos Aires en materia de coparticipación.
 
Los provinciales pidieron volver a aplicar los descuentos por "zonas frías" en las tarifas, que el proyecto de Presupuesto había eliminado. Todos pusieron sobre la mesa el problema de la obra pública, y algunos aprovecharon para pedirle los avales al Gobierno para poder endeudarse y conseguir financiamiento extranjero. Guberman se negó a todo, excepto a conceder los avales (que no le generan ningún costo). 
 

03-11-2025 / 10:11
El 26 de octubre el electorado porteño eligió a Patricia Bullrich como senadora. De las más de 2.520.000 personas empadronadas en CABA, la votaron 840 mil. Es decir, un 33,3 % del total. Como se cuenta sólo a quienes efectivamente depositaron la boleta en la urna (1.735.000 en este caso), la ministra de "Seguridad Nacional" cree que la votó más de la mitad de los porteños. Y así se siente habilitada a hacer lo que se le cante.

En solo 24 horas, Bullrich fue la principal oradora de la Derecha Fest, junto a la defensora de genocidas, Cecilia Pando, y le devolvió a la escuela de policías el nombre de Alberto Villar, recordado torturador y jefe de la Triple A. También renombró a la escuela de cadetes como Ramón Falcón, el responsable del asesinato de docenas de obreros en la represión del 1º de mayo de 1909. Todo un mensaje a quienes se forman como represores. Dos genocidas que mataron obreros, indígenas, estudiantes y luchadores sociales. Uno hace más de cien años y el otro en los 70. Es lo que Bullrich busca de la Policía Federal.

Desde el atril, y envalentonada con el resultado de las elecciones, a la derecha de la ultra derecha, la ex montonera Bullrich ensalzó a Milei, a quien definió como "un presidente pro Policía Federal Argentina", y los diferenció de otros gobiernos que consideraban a la fuerza una adversaria del Estado.

La ex peronista panqueque Bullrich dedicó su gestión a mostrarse como antítesis del peronismo. Lo primero que hizo fue derogar la resolución de Nilda Garré que regulaba la actuación de las fuerzas de seguridad frente a la protesta social. Una de sus últimas medidas será dar marcha atrás con otra resolución de Garré, la 167/2011, que había ordenado que las escuelas donde se forman los aspirantes a la fuerza no llevaran nombres de represores.

Hasta abril de 2011, la escuela de cadetes llevaba el nombre de Falcón. Garré decidió que se lo reemplazara por el de Juan Pirker, el jefe de la PFA de Raúl Alfonsín que murió en febrero de 1989 mientras estaba en funciones. La escuela de suboficiales llevaba desde diciembre de 1974 el de Villar y fue modificado por el de Enrique OGorman, que había conducido la fuerza entre 1867 y 1874. OGorman había prohibido que a los detenidos se los sujetara a barras y cepos por considerarlos instrumentos de tortura.

Este viernes, usando como excusa el 204° aniversario de la creación de la Policía Federal, Bullrich aprovechó para darle un mensaje a la sociedad: habrá represión brutal contra quienes luchen por sus derechos, es política de Estado, aún si eso implicara sobrepasar la legalidad y violar derechos humanos.

La "competencia" entre los libertarios por ver quién reivindica más y mejor a los represores de antaño y de la última dictadura militar debe ser denunciada y combatida por quienes defendemos la Memoria, la Verdad y la Justicia. Esas reivindicaciones con lo más reaccionario de nuestra historia son un golpe artero a las causas de lesa humanidad del presente. Ni olvido, ni perdón, justicia.

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