dijo Carreras.
 
Después de que Bava fijara una nueva fecha para la indagatoria, la estrategia de Macri fue estirar los tiempos. Sus asesores buscan evitar una entrada a los tribunales antes de las elecciones. Macri recién designó abogados el 14 de octubre y recién este martes su abogado, Pablo Lanusse, fue hasta Dolores a revisar la causa, que, por contener información de inteligencia, tiene legajos reservados.
 
"El imputado Macri fue notificado, fue beneficiado con la primer prórroga y nueva fecha, utilizó los plazos al límite para estirar el trámite de la causa, que a pesar de las declaraciones públicas propias como las de su defensor, no realizó ninguna presentación espontánea para dar señales de su voluntad de ponerse a derecho, de su voluntad de cumplir con sus obligaciones", agrega Carreras para fundar el pedido de que detengan a Macri a fin de tomarle declaración indagatoria.
 
En la misma línea, el abogado Luis Tagliapietra, que representa a otro grupo de querellantes, dijo pedirán la detención si Macri no se presenta, como anunció. "Cuando cualquier ciudadano incumple una orden judicial tiene que ser llevado por la fuerza pública", sostuvo. "Que le dieran una nueva fecha de indagatoria a Macri ya fue un gesto que no se lo dan a cualquiera".
 
Abogados que trabajan en la estrategia legal de Macri dijeron que este hará una serie de presentaciones, planteando nulidades pero sobre todo diciendo que no está resuelta la competencia. Lo que buscan es que la causa pase a una zona más cómoda, los tribunales de Comodoro Py. Es probable que Macri recuse al juez Bava al tiempo de que, desde el PRO, reflotaron, en el Consejo de la Magistratura, una denuncia de ex represores contra el magistrado.
 
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Nacionales - 20-10-2021 / 10:10
SE BURLA DE LA JUSTICIA Y LA QUERELLA SOLICITÓ SU DETENCIÓN

Macri se victimizó y no irá a declarar en causa de espionaje a familiares del ARA San Juan

Macri se victimizó y no irá a declarar en causa de espionaje a familiares del ARA San Juan
Piden la detención de Mauricio Macri por no presentarse a declarar en la causa de espionaje a las víctimas del Ara San Juan. "Si Macri no es conducido por la fuerza pública, si no se hace efectiva la previsión de detención prevista en el artículo 288 del Código Procesal Penal de la Nación, estaremos frente a una nueva ofensa no sólo a los familiares sino al pueblo argentino todo, que no pide cárcel ni sangre, sólo pide justicia”, dice el escrito que presentó la abogada Valeria Carreras en representación de familias de los submarinistas.
Querellantes pidieron al juez Martín Bava que declare en rebeldía y detenga a Mauricio Macri por su reticencia a presentarse a la indagatoria que estaba prevista este miércoles por el espionaje que desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desplegaron sobre los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017. A través de sus redes sociales, Macri anunció que no iría al juzgado federal de Dolores, atacó al juez y sostuvo que no era competente para juzgarlo.
 
"Si Macri no es conducido por la fuerza pública, si no se hace efectiva la previsión de detención prevista en el artículo 288 del Código Procesal Penal de la Nación, estaremos frente a una nueva ofensa no solo a los familiares sino al pueblo argentino todo, que no pide cárcel ni sangre, solo pide justicia", dice el escrito que presentó la abogada Valeria Carreras en representación de familias de los submarinistas.
 
Macri fue llamado a indagatoria el 1 de octubre pasado mientras se encontraba de paseo por Miami Beach, presentando su libro Primer Tiempo. La policía intentó sin éxito notificarlo hasta que finalmente el 6 de octubre pudieron avisarle a su secretario privado, Darío Nieto, y a Juliana Awada. Ese mismo día, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, envió un mail al juzgado para decir que Macri estaba de viaje y que se presentaría a su regreso. "La líder del PRO fue mendaz pues el reo no cumplió la promesa de 'la enviada'", dijo Carreras.
 
Después de que Bava fijara una nueva fecha para la indagatoria, la estrategia de Macri fue estirar los tiempos. Sus asesores buscan evitar una entrada a los tribunales antes de las elecciones. Macri recién designó abogados el 14 de octubre y recién este martes su abogado, Pablo Lanusse, fue hasta Dolores a revisar la causa, que, por contener información de inteligencia, tiene legajos reservados.
 
"El imputado Macri fue notificado, fue beneficiado con la primer prórroga y nueva fecha, utilizó los plazos al límite para estirar el trámite de la causa, que a pesar de las declaraciones públicas propias como las de su defensor, no realizó ninguna presentación espontánea para dar señales de su voluntad de ponerse a derecho, de su voluntad de cumplir con sus obligaciones", agrega Carreras para fundar el pedido de que detengan a Macri a fin de tomarle declaración indagatoria.
 
En la misma línea, el abogado Luis Tagliapietra, que representa a otro grupo de querellantes, dijo pedirán la detención si Macri no se presenta, como anunció. "Cuando cualquier ciudadano incumple una orden judicial tiene que ser llevado por la fuerza pública", sostuvo. "Que le dieran una nueva fecha de indagatoria a Macri ya fue un gesto que no se lo dan a cualquiera".
 
Abogados que trabajan en la estrategia legal de Macri dijeron que este hará una serie de presentaciones, planteando nulidades pero sobre todo diciendo que no está resuelta la competencia. Lo que buscan es que la causa pase a una zona más cómoda, los tribunales de Comodoro Py. Es probable que Macri recuse al juez Bava al tiempo de que, desde el PRO, reflotaron, en el Consejo de la Magistratura, una denuncia de ex represores contra el magistrado.
 
La Opinión Popular
 

 
Espionaje al ARA San Juan: las preguntas que Mauricio Macri se niega a responder
 
El expresidente Mauricio Macri evade a la Justicia. Este miércoles debía prestar declaración indagatoria por las tareas ilegales de inteligencia que la AFI macrista ejecutó sobre familiares del ARA San Juan. El exmandatario adelantó que no concurrirá y dijo ser un "perseguido". Así, esquivó las preguntas incómodas que le iba a realizar el juez Martín Bava en los tribunales federales de Dolores.
 
Los familiares de las víctimas que fallecieron en el hundimiento del submarino esperaban que Macri se presentara este miércoles y brindara explicaciones. Se mostraron indignados. Querían respuestas sobre el espionaje ilegal que sufrieron. Pero el exmandatario adelantó el martes a la tarde-noche vía Twitter: "No me presentaré mañana hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio". El expresidente cuestiona la competencia del juez Bava. Pretende llevar el caso a los "amigables" tribunales de Comodoro Py.
 
Con esta nueva dilación -primero esquivó las notificaciones judiciales, luego demoró la designación de su abogado en el caso-, Macri gana tiempo. Evidentemente no quiere responder las preguntas del magistrado, que lo acusa de organizar y posibilitar el espionaje ilegal contra familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan y también de los buques "El Repunte" y "Rigel".
 
Según se desprende de los hechos que se le imputan, hubo seguimientos ilegales para "prever cuestiones de agenda" y así anticiparse a los reclamos que los familiares le iban a plantear a Macri en una reunión que se haría 3 días después de ese espionaje. También hubo tareas ilegales de inteligencia sobre familiares donde se dio cuenta que querían darle una carta a Macri en Chapadmalal o cuando buscaban entrevistarlo en el Golf Club Mar del Plata. ¿Macri no estaba al tanto de esos hechos? Es muy difícil sostener que el entonces Presidente desconocía esos sucesos. La AFI depende de Presidencia de la Nación y estaba dirigida por su íntimo amigo, el escribano Gustavo Arribas, quien cuenta con 129 ingresos a Casa de Gobierno entre diciembre de 2015 y 2019.
 
No obstante, Macri juega la carta del desconocimiento. Poco le importan, parece, las pruebas que surgen en las diversas causas abiertas, que evidencian que el espionaje ilegal fue moneda corriente en la exSIDE durante el macrismo. "El juez Bava vulneró mis garantías desde el primer minuto y me involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores y en la que no tengo nada que ver. Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme", escribió Macri en Twitter. "Quiero ser claro: no tengo nada que ver con esta causa. Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia del ARA San Juan", afirmó en redes sociales, lejos de los tribunales. Y habló de "falsas acusaciones". Lo cierto es que los hechos lo comprometen.
 
Para el juez federal Martín Bava "es claro" que las "acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri". Por tal motivo, el exjefe de Estado fue convocado a sede judicial primero para el 7 de octubre y luego para este miércoles y se le dispuso la prohibición de salida del país. En la misma resolución en la que lo citó a indagatoria, el magistrado dictó un nuevo procesamiento de los exjefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y de otros siete agentes, entre los que se cuentan quien estaba al frente de la base AFI en Mar del Plata, donde se realizaron los hechos.
 
¿Qué se le achaca a Macri? Que "desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018 ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas" por la Ley de Inteligencia Nacional . Se le adjudica "haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan". Sobre eso iban a interrogarlo.
 
De acuerdo al juez Bava, "esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes".
 
En pos de encuadrar la imputación, el magistrado añadió: "En este contexto, el Presidente de la Nación no solo ordenó la realización constante de acciones ilegales sobre los familiares de los marinos mencionados, sino que recibió el análisis de esa información efectuado por la Agencia Federal de Inteligencia, acorde al lugar que le correspondía al imputado en el ciclo de inteligencia como máximo responsable político en la determinación de los lineamientos y objetivos estratégicos". Sobre todo esto debía responder Macri este miércoles.
 
Consultado por El Destape, el abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, una de las víctimas del ARA San Juan, afirmó: "Estamos atentos a esta causa como a la causa principal. Vamos a seguir avanzando. No nos podemos guiar por los tuits o por cuestiones mediáticas. Lo único que vale es lo que está en el expediente. La chicana y embarrada de cancha no la vamos a permitir. Se equivoca terriblemente el expresidente diciendo que hacemos política".
 
Tagliapietra añadió: "La indagatoria es el primer acto de defensa de un acusado. Si es inocente tal como tuitea, en lugar de tuitear debería presentarse, declarar y presentar su prueba que lo exonere de una acusación falsa como él refiere. Eso es lo que debe hacer alguien que respeta las instituciones y se ajusta a Derecho y que de algún modo pretende llegar a la verdad y a la justicia. No se ve esa intención en el expresidente en ninguna de las causas donde está involucrado. Nosotros haremos las presentaciones que correspondan según la ley". El letrado y familiar de uno de los submarinistas que perdió la vida en el hundimiento del ARA San Juan adelantó que estará en Dolores este miércoles a la espera de Macri.
 
Por su parte, la otra querella que tiene el caso y que representa la abogada Valeria Carreras,  emitió un comunicado en el que afirmó: "No nos sorprende el nuevo faltazo del ex presidente Macri pero nos indigna". "Indigna que frente a este puñado de mujeres familiares de tripulantes sepultados a 900 metros de profundidad, haga uso del poder que detenta. No solo presionando al juez a través de medios hegemónicos sino a través del desarchivo de una denuncia ante el consejo de la magistratura. Nos indigna saber que su único argumento es pedir la incompetencia para forzar una remisión a los tribunales donde tiene a su mesa judicial y compañeros de pádel", se agregó en el documento. Este miércoles, esta parte querellante solicitó al juez la detención del expresidente.
 
Por Franco Mizrahi
 
Fuente: El Destape
 

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18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

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