dijo Carreras.
 
Después de que Bava fijara una nueva fecha para la indagatoria, la estrategia de Macri fue estirar los tiempos. Sus asesores buscan evitar una entrada a los tribunales antes de las elecciones. Macri recién designó abogados el 14 de octubre y recién este martes su abogado, Pablo Lanusse, fue hasta Dolores a revisar la causa, que, por contener información de inteligencia, tiene legajos reservados.
 
"El imputado Macri fue notificado, fue beneficiado con la primer prórroga y nueva fecha, utilizó los plazos al límite para estirar el trámite de la causa, que a pesar de las declaraciones públicas propias como las de su defensor, no realizó ninguna presentación espontánea para dar señales de su voluntad de ponerse a derecho, de su voluntad de cumplir con sus obligaciones", agrega Carreras para fundar el pedido de que detengan a Macri a fin de tomarle declaración indagatoria.
 
En la misma línea, el abogado Luis Tagliapietra, que representa a otro grupo de querellantes, dijo pedirán la detención si Macri no se presenta, como anunció. "Cuando cualquier ciudadano incumple una orden judicial tiene que ser llevado por la fuerza pública", sostuvo. "Que le dieran una nueva fecha de indagatoria a Macri ya fue un gesto que no se lo dan a cualquiera".
 
Abogados que trabajan en la estrategia legal de Macri dijeron que este hará una serie de presentaciones, planteando nulidades pero sobre todo diciendo que no está resuelta la competencia. Lo que buscan es que la causa pase a una zona más cómoda, los tribunales de Comodoro Py. Es probable que Macri recuse al juez Bava al tiempo de que, desde el PRO, reflotaron, en el Consejo de la Magistratura, una denuncia de ex represores contra el magistrado.
 
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Nacionales - 20-10-2021 / 10:10
SE BURLA DE LA JUSTICIA Y LA QUERELLA SOLICITÓ SU DETENCIÓN

Macri se victimizó y no irá a declarar en causa de espionaje a familiares del ARA San Juan

Macri se victimizó y no irá a declarar en causa de espionaje a familiares del ARA San Juan
Piden la detención de Mauricio Macri por no presentarse a declarar en la causa de espionaje a las víctimas del Ara San Juan. "Si Macri no es conducido por la fuerza pública, si no se hace efectiva la previsión de detención prevista en el artículo 288 del Código Procesal Penal de la Nación, estaremos frente a una nueva ofensa no sólo a los familiares sino al pueblo argentino todo, que no pide cárcel ni sangre, sólo pide justicia”, dice el escrito que presentó la abogada Valeria Carreras en representación de familias de los submarinistas.
Querellantes pidieron al juez Martín Bava que declare en rebeldía y detenga a Mauricio Macri por su reticencia a presentarse a la indagatoria que estaba prevista este miércoles por el espionaje que desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desplegaron sobre los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017. A través de sus redes sociales, Macri anunció que no iría al juzgado federal de Dolores, atacó al juez y sostuvo que no era competente para juzgarlo.
 
"Si Macri no es conducido por la fuerza pública, si no se hace efectiva la previsión de detención prevista en el artículo 288 del Código Procesal Penal de la Nación, estaremos frente a una nueva ofensa no solo a los familiares sino al pueblo argentino todo, que no pide cárcel ni sangre, solo pide justicia", dice el escrito que presentó la abogada Valeria Carreras en representación de familias de los submarinistas.
 
Macri fue llamado a indagatoria el 1 de octubre pasado mientras se encontraba de paseo por Miami Beach, presentando su libro Primer Tiempo. La policía intentó sin éxito notificarlo hasta que finalmente el 6 de octubre pudieron avisarle a su secretario privado, Darío Nieto, y a Juliana Awada. Ese mismo día, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, envió un mail al juzgado para decir que Macri estaba de viaje y que se presentaría a su regreso. "La líder del PRO fue mendaz pues el reo no cumplió la promesa de 'la enviada'", dijo Carreras.
 
Después de que Bava fijara una nueva fecha para la indagatoria, la estrategia de Macri fue estirar los tiempos. Sus asesores buscan evitar una entrada a los tribunales antes de las elecciones. Macri recién designó abogados el 14 de octubre y recién este martes su abogado, Pablo Lanusse, fue hasta Dolores a revisar la causa, que, por contener información de inteligencia, tiene legajos reservados.
 
"El imputado Macri fue notificado, fue beneficiado con la primer prórroga y nueva fecha, utilizó los plazos al límite para estirar el trámite de la causa, que a pesar de las declaraciones públicas propias como las de su defensor, no realizó ninguna presentación espontánea para dar señales de su voluntad de ponerse a derecho, de su voluntad de cumplir con sus obligaciones", agrega Carreras para fundar el pedido de que detengan a Macri a fin de tomarle declaración indagatoria.
 
En la misma línea, el abogado Luis Tagliapietra, que representa a otro grupo de querellantes, dijo pedirán la detención si Macri no se presenta, como anunció. "Cuando cualquier ciudadano incumple una orden judicial tiene que ser llevado por la fuerza pública", sostuvo. "Que le dieran una nueva fecha de indagatoria a Macri ya fue un gesto que no se lo dan a cualquiera".
 
Abogados que trabajan en la estrategia legal de Macri dijeron que este hará una serie de presentaciones, planteando nulidades pero sobre todo diciendo que no está resuelta la competencia. Lo que buscan es que la causa pase a una zona más cómoda, los tribunales de Comodoro Py. Es probable que Macri recuse al juez Bava al tiempo de que, desde el PRO, reflotaron, en el Consejo de la Magistratura, una denuncia de ex represores contra el magistrado.
 
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Espionaje al ARA San Juan: las preguntas que Mauricio Macri se niega a responder
 
El expresidente Mauricio Macri evade a la Justicia. Este miércoles debía prestar declaración indagatoria por las tareas ilegales de inteligencia que la AFI macrista ejecutó sobre familiares del ARA San Juan. El exmandatario adelantó que no concurrirá y dijo ser un "perseguido". Así, esquivó las preguntas incómodas que le iba a realizar el juez Martín Bava en los tribunales federales de Dolores.
 
Los familiares de las víctimas que fallecieron en el hundimiento del submarino esperaban que Macri se presentara este miércoles y brindara explicaciones. Se mostraron indignados. Querían respuestas sobre el espionaje ilegal que sufrieron. Pero el exmandatario adelantó el martes a la tarde-noche vía Twitter: "No me presentaré mañana hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio". El expresidente cuestiona la competencia del juez Bava. Pretende llevar el caso a los "amigables" tribunales de Comodoro Py.
 
Con esta nueva dilación -primero esquivó las notificaciones judiciales, luego demoró la designación de su abogado en el caso-, Macri gana tiempo. Evidentemente no quiere responder las preguntas del magistrado, que lo acusa de organizar y posibilitar el espionaje ilegal contra familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan y también de los buques "El Repunte" y "Rigel".
 
Según se desprende de los hechos que se le imputan, hubo seguimientos ilegales para "prever cuestiones de agenda" y así anticiparse a los reclamos que los familiares le iban a plantear a Macri en una reunión que se haría 3 días después de ese espionaje. También hubo tareas ilegales de inteligencia sobre familiares donde se dio cuenta que querían darle una carta a Macri en Chapadmalal o cuando buscaban entrevistarlo en el Golf Club Mar del Plata. ¿Macri no estaba al tanto de esos hechos? Es muy difícil sostener que el entonces Presidente desconocía esos sucesos. La AFI depende de Presidencia de la Nación y estaba dirigida por su íntimo amigo, el escribano Gustavo Arribas, quien cuenta con 129 ingresos a Casa de Gobierno entre diciembre de 2015 y 2019.
 
No obstante, Macri juega la carta del desconocimiento. Poco le importan, parece, las pruebas que surgen en las diversas causas abiertas, que evidencian que el espionaje ilegal fue moneda corriente en la exSIDE durante el macrismo. "El juez Bava vulneró mis garantías desde el primer minuto y me involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores y en la que no tengo nada que ver. Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme", escribió Macri en Twitter. "Quiero ser claro: no tengo nada que ver con esta causa. Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia del ARA San Juan", afirmó en redes sociales, lejos de los tribunales. Y habló de "falsas acusaciones". Lo cierto es que los hechos lo comprometen.
 
Para el juez federal Martín Bava "es claro" que las "acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri". Por tal motivo, el exjefe de Estado fue convocado a sede judicial primero para el 7 de octubre y luego para este miércoles y se le dispuso la prohibición de salida del país. En la misma resolución en la que lo citó a indagatoria, el magistrado dictó un nuevo procesamiento de los exjefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y de otros siete agentes, entre los que se cuentan quien estaba al frente de la base AFI en Mar del Plata, donde se realizaron los hechos.
 
¿Qué se le achaca a Macri? Que "desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018 ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas" por la Ley de Inteligencia Nacional . Se le adjudica "haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan". Sobre eso iban a interrogarlo.
 
De acuerdo al juez Bava, "esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes".
 
En pos de encuadrar la imputación, el magistrado añadió: "En este contexto, el Presidente de la Nación no solo ordenó la realización constante de acciones ilegales sobre los familiares de los marinos mencionados, sino que recibió el análisis de esa información efectuado por la Agencia Federal de Inteligencia, acorde al lugar que le correspondía al imputado en el ciclo de inteligencia como máximo responsable político en la determinación de los lineamientos y objetivos estratégicos". Sobre todo esto debía responder Macri este miércoles.
 
Consultado por El Destape, el abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, una de las víctimas del ARA San Juan, afirmó: "Estamos atentos a esta causa como a la causa principal. Vamos a seguir avanzando. No nos podemos guiar por los tuits o por cuestiones mediáticas. Lo único que vale es lo que está en el expediente. La chicana y embarrada de cancha no la vamos a permitir. Se equivoca terriblemente el expresidente diciendo que hacemos política".
 
Tagliapietra añadió: "La indagatoria es el primer acto de defensa de un acusado. Si es inocente tal como tuitea, en lugar de tuitear debería presentarse, declarar y presentar su prueba que lo exonere de una acusación falsa como él refiere. Eso es lo que debe hacer alguien que respeta las instituciones y se ajusta a Derecho y que de algún modo pretende llegar a la verdad y a la justicia. No se ve esa intención en el expresidente en ninguna de las causas donde está involucrado. Nosotros haremos las presentaciones que correspondan según la ley". El letrado y familiar de uno de los submarinistas que perdió la vida en el hundimiento del ARA San Juan adelantó que estará en Dolores este miércoles a la espera de Macri.
 
Por su parte, la otra querella que tiene el caso y que representa la abogada Valeria Carreras,  emitió un comunicado en el que afirmó: "No nos sorprende el nuevo faltazo del ex presidente Macri pero nos indigna". "Indigna que frente a este puñado de mujeres familiares de tripulantes sepultados a 900 metros de profundidad, haga uso del poder que detenta. No solo presionando al juez a través de medios hegemónicos sino a través del desarchivo de una denuncia ante el consejo de la magistratura. Nos indigna saber que su único argumento es pedir la incompetencia para forzar una remisión a los tribunales donde tiene a su mesa judicial y compañeros de pádel", se agregó en el documento. Este miércoles, esta parte querellante solicitó al juez la detención del expresidente.
 
Por Franco Mizrahi
 
Fuente: El Destape
 

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24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

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