dijo Carreras.
 
Después de que Bava fijara una nueva fecha para la indagatoria, la estrategia de Macri fue estirar los tiempos. Sus asesores buscan evitar una entrada a los tribunales antes de las elecciones. Macri recién designó abogados el 14 de octubre y recién este martes su abogado, Pablo Lanusse, fue hasta Dolores a revisar la causa, que, por contener información de inteligencia, tiene legajos reservados.
 
"El imputado Macri fue notificado, fue beneficiado con la primer prórroga y nueva fecha, utilizó los plazos al límite para estirar el trámite de la causa, que a pesar de las declaraciones públicas propias como las de su defensor, no realizó ninguna presentación espontánea para dar señales de su voluntad de ponerse a derecho, de su voluntad de cumplir con sus obligaciones", agrega Carreras para fundar el pedido de que detengan a Macri a fin de tomarle declaración indagatoria.
 
En la misma línea, el abogado Luis Tagliapietra, que representa a otro grupo de querellantes, dijo pedirán la detención si Macri no se presenta, como anunció. "Cuando cualquier ciudadano incumple una orden judicial tiene que ser llevado por la fuerza pública", sostuvo. "Que le dieran una nueva fecha de indagatoria a Macri ya fue un gesto que no se lo dan a cualquiera".
 
Abogados que trabajan en la estrategia legal de Macri dijeron que este hará una serie de presentaciones, planteando nulidades pero sobre todo diciendo que no está resuelta la competencia. Lo que buscan es que la causa pase a una zona más cómoda, los tribunales de Comodoro Py. Es probable que Macri recuse al juez Bava al tiempo de que, desde el PRO, reflotaron, en el Consejo de la Magistratura, una denuncia de ex represores contra el magistrado.
 
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Nacionales - 20-10-2021 / 10:10
SE BURLA DE LA JUSTICIA Y LA QUERELLA SOLICITÓ SU DETENCIÓN

Macri se victimizó y no irá a declarar en causa de espionaje a familiares del ARA San Juan

Macri se victimizó y no irá a declarar en causa de espionaje a familiares del ARA San Juan
Piden la detención de Mauricio Macri por no presentarse a declarar en la causa de espionaje a las víctimas del Ara San Juan. "Si Macri no es conducido por la fuerza pública, si no se hace efectiva la previsión de detención prevista en el artículo 288 del Código Procesal Penal de la Nación, estaremos frente a una nueva ofensa no sólo a los familiares sino al pueblo argentino todo, que no pide cárcel ni sangre, sólo pide justicia”, dice el escrito que presentó la abogada Valeria Carreras en representación de familias de los submarinistas.
Querellantes pidieron al juez Martín Bava que declare en rebeldía y detenga a Mauricio Macri por su reticencia a presentarse a la indagatoria que estaba prevista este miércoles por el espionaje que desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desplegaron sobre los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017. A través de sus redes sociales, Macri anunció que no iría al juzgado federal de Dolores, atacó al juez y sostuvo que no era competente para juzgarlo.
 
"Si Macri no es conducido por la fuerza pública, si no se hace efectiva la previsión de detención prevista en el artículo 288 del Código Procesal Penal de la Nación, estaremos frente a una nueva ofensa no solo a los familiares sino al pueblo argentino todo, que no pide cárcel ni sangre, solo pide justicia", dice el escrito que presentó la abogada Valeria Carreras en representación de familias de los submarinistas.
 
Macri fue llamado a indagatoria el 1 de octubre pasado mientras se encontraba de paseo por Miami Beach, presentando su libro Primer Tiempo. La policía intentó sin éxito notificarlo hasta que finalmente el 6 de octubre pudieron avisarle a su secretario privado, Darío Nieto, y a Juliana Awada. Ese mismo día, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, envió un mail al juzgado para decir que Macri estaba de viaje y que se presentaría a su regreso. "La líder del PRO fue mendaz pues el reo no cumplió la promesa de 'la enviada'", dijo Carreras.
 
Después de que Bava fijara una nueva fecha para la indagatoria, la estrategia de Macri fue estirar los tiempos. Sus asesores buscan evitar una entrada a los tribunales antes de las elecciones. Macri recién designó abogados el 14 de octubre y recién este martes su abogado, Pablo Lanusse, fue hasta Dolores a revisar la causa, que, por contener información de inteligencia, tiene legajos reservados.
 
"El imputado Macri fue notificado, fue beneficiado con la primer prórroga y nueva fecha, utilizó los plazos al límite para estirar el trámite de la causa, que a pesar de las declaraciones públicas propias como las de su defensor, no realizó ninguna presentación espontánea para dar señales de su voluntad de ponerse a derecho, de su voluntad de cumplir con sus obligaciones", agrega Carreras para fundar el pedido de que detengan a Macri a fin de tomarle declaración indagatoria.
 
En la misma línea, el abogado Luis Tagliapietra, que representa a otro grupo de querellantes, dijo pedirán la detención si Macri no se presenta, como anunció. "Cuando cualquier ciudadano incumple una orden judicial tiene que ser llevado por la fuerza pública", sostuvo. "Que le dieran una nueva fecha de indagatoria a Macri ya fue un gesto que no se lo dan a cualquiera".
 
Abogados que trabajan en la estrategia legal de Macri dijeron que este hará una serie de presentaciones, planteando nulidades pero sobre todo diciendo que no está resuelta la competencia. Lo que buscan es que la causa pase a una zona más cómoda, los tribunales de Comodoro Py. Es probable que Macri recuse al juez Bava al tiempo de que, desde el PRO, reflotaron, en el Consejo de la Magistratura, una denuncia de ex represores contra el magistrado.
 
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Espionaje al ARA San Juan: las preguntas que Mauricio Macri se niega a responder
 
El expresidente Mauricio Macri evade a la Justicia. Este miércoles debía prestar declaración indagatoria por las tareas ilegales de inteligencia que la AFI macrista ejecutó sobre familiares del ARA San Juan. El exmandatario adelantó que no concurrirá y dijo ser un "perseguido". Así, esquivó las preguntas incómodas que le iba a realizar el juez Martín Bava en los tribunales federales de Dolores.
 
Los familiares de las víctimas que fallecieron en el hundimiento del submarino esperaban que Macri se presentara este miércoles y brindara explicaciones. Se mostraron indignados. Querían respuestas sobre el espionaje ilegal que sufrieron. Pero el exmandatario adelantó el martes a la tarde-noche vía Twitter: "No me presentaré mañana hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio". El expresidente cuestiona la competencia del juez Bava. Pretende llevar el caso a los "amigables" tribunales de Comodoro Py.
 
Con esta nueva dilación -primero esquivó las notificaciones judiciales, luego demoró la designación de su abogado en el caso-, Macri gana tiempo. Evidentemente no quiere responder las preguntas del magistrado, que lo acusa de organizar y posibilitar el espionaje ilegal contra familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan y también de los buques "El Repunte" y "Rigel".
 
Según se desprende de los hechos que se le imputan, hubo seguimientos ilegales para "prever cuestiones de agenda" y así anticiparse a los reclamos que los familiares le iban a plantear a Macri en una reunión que se haría 3 días después de ese espionaje. También hubo tareas ilegales de inteligencia sobre familiares donde se dio cuenta que querían darle una carta a Macri en Chapadmalal o cuando buscaban entrevistarlo en el Golf Club Mar del Plata. ¿Macri no estaba al tanto de esos hechos? Es muy difícil sostener que el entonces Presidente desconocía esos sucesos. La AFI depende de Presidencia de la Nación y estaba dirigida por su íntimo amigo, el escribano Gustavo Arribas, quien cuenta con 129 ingresos a Casa de Gobierno entre diciembre de 2015 y 2019.
 
No obstante, Macri juega la carta del desconocimiento. Poco le importan, parece, las pruebas que surgen en las diversas causas abiertas, que evidencian que el espionaje ilegal fue moneda corriente en la exSIDE durante el macrismo. "El juez Bava vulneró mis garantías desde el primer minuto y me involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores y en la que no tengo nada que ver. Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme", escribió Macri en Twitter. "Quiero ser claro: no tengo nada que ver con esta causa. Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia del ARA San Juan", afirmó en redes sociales, lejos de los tribunales. Y habló de "falsas acusaciones". Lo cierto es que los hechos lo comprometen.
 
Para el juez federal Martín Bava "es claro" que las "acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri". Por tal motivo, el exjefe de Estado fue convocado a sede judicial primero para el 7 de octubre y luego para este miércoles y se le dispuso la prohibición de salida del país. En la misma resolución en la que lo citó a indagatoria, el magistrado dictó un nuevo procesamiento de los exjefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y de otros siete agentes, entre los que se cuentan quien estaba al frente de la base AFI en Mar del Plata, donde se realizaron los hechos.
 
¿Qué se le achaca a Macri? Que "desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018 ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas" por la Ley de Inteligencia Nacional . Se le adjudica "haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan". Sobre eso iban a interrogarlo.
 
De acuerdo al juez Bava, "esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes".
 
En pos de encuadrar la imputación, el magistrado añadió: "En este contexto, el Presidente de la Nación no solo ordenó la realización constante de acciones ilegales sobre los familiares de los marinos mencionados, sino que recibió el análisis de esa información efectuado por la Agencia Federal de Inteligencia, acorde al lugar que le correspondía al imputado en el ciclo de inteligencia como máximo responsable político en la determinación de los lineamientos y objetivos estratégicos". Sobre todo esto debía responder Macri este miércoles.
 
Consultado por El Destape, el abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, una de las víctimas del ARA San Juan, afirmó: "Estamos atentos a esta causa como a la causa principal. Vamos a seguir avanzando. No nos podemos guiar por los tuits o por cuestiones mediáticas. Lo único que vale es lo que está en el expediente. La chicana y embarrada de cancha no la vamos a permitir. Se equivoca terriblemente el expresidente diciendo que hacemos política".
 
Tagliapietra añadió: "La indagatoria es el primer acto de defensa de un acusado. Si es inocente tal como tuitea, en lugar de tuitear debería presentarse, declarar y presentar su prueba que lo exonere de una acusación falsa como él refiere. Eso es lo que debe hacer alguien que respeta las instituciones y se ajusta a Derecho y que de algún modo pretende llegar a la verdad y a la justicia. No se ve esa intención en el expresidente en ninguna de las causas donde está involucrado. Nosotros haremos las presentaciones que correspondan según la ley". El letrado y familiar de uno de los submarinistas que perdió la vida en el hundimiento del ARA San Juan adelantó que estará en Dolores este miércoles a la espera de Macri.
 
Por su parte, la otra querella que tiene el caso y que representa la abogada Valeria Carreras,  emitió un comunicado en el que afirmó: "No nos sorprende el nuevo faltazo del ex presidente Macri pero nos indigna". "Indigna que frente a este puñado de mujeres familiares de tripulantes sepultados a 900 metros de profundidad, haga uso del poder que detenta. No solo presionando al juez a través de medios hegemónicos sino a través del desarchivo de una denuncia ante el consejo de la magistratura. Nos indigna saber que su único argumento es pedir la incompetencia para forzar una remisión a los tribunales donde tiene a su mesa judicial y compañeros de pádel", se agregó en el documento. Este miércoles, esta parte querellante solicitó al juez la detención del expresidente.
 
Por Franco Mizrahi
 
Fuente: El Destape
 

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20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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