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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 17-10-2021 / 10:10
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Un 17 de octubre en defensa propia

Un 17 de octubre en defensa propia
Se trata de un escenario óptimo para que el peronismo vuelva a la calle después de dos años de pandemia y en medio de una feroz avanzada de la derecha, que en el peor momento económico y social del país en dos décadas pretende imponer una agenda de ajuste ortodoxo, flexibilización laboral y devaluación del poder adquisitivo. No serán, el domingo ni el lunes, manifestaciones de apoyo al gobierno, sino más bien marchas en defensa propia.
El pronóstico indica que este domingo el cielo estará mayormente despejado en todo el territorio argentino, con temperaturas agradables (excepto en las zonas más australes) y sin probabilidad de lluvia. Meteorológicamente hablando será lo que el maestro Osvaldo Soriano inmortalizó en las últimas líneas de su novela No habrá más penas ni olvidos como "un día peronista". El lunes, de acuerdo a las previsiones, va a pasar lo mismo.
 
Se trata de un escenario óptimo para que el peronismo vuelva a la calle después de dos años de pandemia y en medio de una feroz avanzada de la derecha, que en el peor momento económico y social del país en dos décadas pretende imponer una agenda de ajuste ortodoxo, flexibilización laboral y devaluación del poder adquisitivo. No serán, el domingo ni el lunes, manifestaciones de apoyo al gobierno, sino más bien marchas en defensa propia.
 
Decimos "en defensa propia" en dos sentidos. Social, porque un nuevo shock como el que promueve la oposición, después de tres años de recesión y una década de estancamiento y partiendo de un 40 por ciento de pobreza hundiría a la Argentina en una crisis peor que la de comienzos de siglo. Según los números que maneja el gobierno, una devaluación del 20 por ciento del tipo de cambio oficial arrojaría dos millones de personas más a la pobreza.
 
Político, por otro lado, porque todos los dirigentes y militantes peronistas son potenciales víctimas de la persecución que anuncia la derecha si vuelve al poder. Los mecanismos del lawfare siguen intactos. Lo demostró Casación esta semana, dictaminando que Gustavo Hornos es imparcial para juzgar a Mauricio Macri luego de que el propio juez confesara ser su amigo para no explicar las asiduas visitas a Casa Rosada y Olivos.
 
Sigue siendo un misterio la predisposición del empresariado argentino para apostar a una salida consensuada de la crisis a costa de postergar por un tiempo la recomposición de sus márgenes de ganancia. Si sigue primando, en cambio, la postura de insistir en reformas laborales inviables o en la salida del cepo vía devaluación, el gobierno deberá encontrar en las calles llenas de gente este 17 y 18 de octubre el valor para hacer lo que sea necesario.
 

 
La unidad ratificada tras la derrota en las PASO es un mecanismo de defensa ante ese doble avance, pero no disimula las tensiones internas, que quedaron en evidencia por las idas y vueltas respecto a la convocatoria del 17 y 18 de octubre. Finalmente, aunque no es un juego de suma cero y habrá figuritas repetidas, las dos movilizaciones representarán a los dos continentes que están tomando forma al interior de este nuevo Frente de Todos.
 
Hoy domingo marchará aquello que históricamente se caracterizó como kirchnerismo, incluyendo a su base de movilización silvestre, La Cámpora, las organizaciones de derechos humanos y otros espacios políticos que se encuadran ante la conducción que tiene su epicentro entre el Instituto Patria y el Congreso de la Nación. Será parte de la convocatoria la CTA y los sectores de la CGT que fueron excluidos de la marcha del lunes.
 
Esa movilización, convocada tradicionalmente por la central obrera y que tiene epicentro a pocos metros del edificio de la calle Azopardo, incluirá a las organizaciones sociales pero ejerció derecho de asistencia contra otros sectores del sindicalismo. Se trata del polo alrededor del que intentará organizarse el peronismo no kirchnerista con la intención de plantar bandera en una eventual interna de cara al 2023.
 
Si se consolidan esos dos bloques y se logra institucionalizar la gestión de las diferencias que existen entre ambos, el peronismo tendrá posibilidades de dejar atrás la crisis y reinventarse para ofrecer, en las próximas elecciones presidenciales, una opción competitiva. Caso contrario, se corre el riesgo de que el esfuerzo de sostener la unidad se vuelva cotidiano y le quite energías y recursos de lo verdaderamente importante y prioritario.
 
Ordenar el frente externo y apurar la recuperación del poder adquisitivo de los salarios en la Argentina no sólo son las dos prioridades que el gobierno debe resolver de manera urgente si quiere desactivar la bomba de tiempo económica que hace tic tac en manos del ministro Martín Guzmán. Son, si se quiere, el mínimo denominador común de las demandas del que llevó al Frente de Todos a la presidencia en el año 2019.
 
El presidente Alberto Fernández confirmó en la semana que espera cerrar la negociación con el Fondo Monetario Internacional antes de fin de año, como había anticipado El Destape en este espacio hace quince días. Las reuniones que tuvieron los equipos técnicos de Martín Guzmán con funcionarios de ese organismo esta semana en Washington se manejaron en el marco de esa línea de tiempo. Todo apunta a alcanzar un preacuerdo en diciembre.
 
Aunque algunos de los que van a marchar a Plaza de Mayo llevarán como consigna un rechazo al acuerdo con el FMI, eso no pone en riesgo las conversaciones en curso, apoyadas por toda la cúpula del oficialismo. No se trata de una aprobación moral de la deuda adquirida irregularmente por Macri sino de un cálculo sencillo de costos y beneficios: las consecuencias sociales y económicas del default son peores que las de acordar.
 
De su semana en Washington Guzmán se trae buenas noticias que fueron reflejadas oportunamente por los medios locales, como la continuidad de Kristalina Georgieva y el apoyo del G20 a la posición argentina para recortar las sobretasas. También dejó salgo positivo la reunión que mantuvo, junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el economista Emmanuel Alvarez Agis, con inversionistas en Nueva York.
 
Menos repercusión tuvo su bilateral más relevante, con el ministro de Finanzas alemán Olaf Scholz, que será en pocas semanas el sucesor de Angela Merkel si prosperan las negociaciones del Partido Socialdemócrata, el más votado en las últimas elecciones alemanas, para formar una coalición de gobierno. Mientras seguía a distancia las novedades en Berlín, Scholz recibió a Guzmán durante casi una hora.
 
Eso da cuenta de la importancia que tiene el caso argentino en el mundo, lo que significa al mismo tiempo una oportunidad y una maldición. Cuando las reglas financieras globales se encuentran en cuestión, su solución será un hito político, bien para los que buscan una arquitectura alternativa como para los que quieren dar una lección que consolide el status quo. Se juegan cosas mucho más grandes, en mesas donde no estamos convidados.
 
Una resolución satisfactoria del frente externo es indispensable para contar con las divisas que permitan ordenar la macroeconomía sin recurrir a una devaluación abrupta del peso que profundice la crisis social. En el largo plazo, no existe respuesta al problema de la inflación mientras no haya un flujo positivo de dólares que garantice la estabilidad, condición necesaria para expandir la inversión privada, tanto extranjera como local.
 
En el corto plazo, sin embargo, la suba del IPC en septiembre, muy por encima de los cálculos más pesimistas, y la aceleración del aumento de precios que detectó el gobierno durante la primera quincena de octubre forzaron la llegada de Roberto Feletti a la secretaría de Comercio para implementar un congelamiento de precios de más de 1200 productos de la canasta básica hasta fin de año. Un freno de mano al borde del precipicio.
 
En el tiempo ganado se deberá avanzar con un pacto para acomodar y estabilizar precios y salarios. Ante la negativa de la oposición a sentarse a la mesa de diálogo, el gobierno decidió saltar intermediaciones y hablar directo con el círculo rojo. Un almuerzo en Casa Rosada y la visita de Fernández al coloquio de IDEA fueron los contornos visibles de una agenda en común bastante más frondosa que se activó esta semana.
 
Se trata, después de todo, del intento número N de establecer una alianza entre el peronismo y un sector del capital nacional, que Cristina Fernández de Kirchner plantea desde que comenzó a pensar qué características debería tener un gobierno peronista a partir de 2019 y que fue la premisa por la que eligió en ese entonces proponer como candidato a presidente a Fernández y, más cerca en el tiempo, como jefe de Gabinete a Manzur.
 
En la presentación de su libro en la rural, a comienzos de 2019, habló de "un nuevo pacto social". En octubre del 2020 escribió que el problema de la economía bimonetaria "es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina". Y ayer, en la ESMA, insistió en "una refundación en la argentina de aquel pacto entre los trabajadores y el capital".
 
Según explican esos mismos empresarios, la inflación se debe a que hay demasiados pesos en la calle. Pero basta con caminar un poco, no digo el conurbano profundo ni una ciudad del interior, sino cualquier barrio porteño, para notar que para la mayoría de los argentinos el dinero no abunda. No hace falta un doctorado en Economía para darse cuenta de cuál es el problema y cuál la solución si en un lugar sobra tanto lo que tanto falta en otro.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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