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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 17-10-2021 / 10:10
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Un 17 de octubre en defensa propia

Un 17 de octubre en defensa propia
Se trata de un escenario óptimo para que el peronismo vuelva a la calle después de dos años de pandemia y en medio de una feroz avanzada de la derecha, que en el peor momento económico y social del país en dos décadas pretende imponer una agenda de ajuste ortodoxo, flexibilización laboral y devaluación del poder adquisitivo. No serán, el domingo ni el lunes, manifestaciones de apoyo al gobierno, sino más bien marchas en defensa propia.
El pronóstico indica que este domingo el cielo estará mayormente despejado en todo el territorio argentino, con temperaturas agradables (excepto en las zonas más australes) y sin probabilidad de lluvia. Meteorológicamente hablando será lo que el maestro Osvaldo Soriano inmortalizó en las últimas líneas de su novela No habrá más penas ni olvidos como "un día peronista". El lunes, de acuerdo a las previsiones, va a pasar lo mismo.
 
Se trata de un escenario óptimo para que el peronismo vuelva a la calle después de dos años de pandemia y en medio de una feroz avanzada de la derecha, que en el peor momento económico y social del país en dos décadas pretende imponer una agenda de ajuste ortodoxo, flexibilización laboral y devaluación del poder adquisitivo. No serán, el domingo ni el lunes, manifestaciones de apoyo al gobierno, sino más bien marchas en defensa propia.
 
Decimos "en defensa propia" en dos sentidos. Social, porque un nuevo shock como el que promueve la oposición, después de tres años de recesión y una década de estancamiento y partiendo de un 40 por ciento de pobreza hundiría a la Argentina en una crisis peor que la de comienzos de siglo. Según los números que maneja el gobierno, una devaluación del 20 por ciento del tipo de cambio oficial arrojaría dos millones de personas más a la pobreza.
 
Político, por otro lado, porque todos los dirigentes y militantes peronistas son potenciales víctimas de la persecución que anuncia la derecha si vuelve al poder. Los mecanismos del lawfare siguen intactos. Lo demostró Casación esta semana, dictaminando que Gustavo Hornos es imparcial para juzgar a Mauricio Macri luego de que el propio juez confesara ser su amigo para no explicar las asiduas visitas a Casa Rosada y Olivos.
 
Sigue siendo un misterio la predisposición del empresariado argentino para apostar a una salida consensuada de la crisis a costa de postergar por un tiempo la recomposición de sus márgenes de ganancia. Si sigue primando, en cambio, la postura de insistir en reformas laborales inviables o en la salida del cepo vía devaluación, el gobierno deberá encontrar en las calles llenas de gente este 17 y 18 de octubre el valor para hacer lo que sea necesario.
 

 
La unidad ratificada tras la derrota en las PASO es un mecanismo de defensa ante ese doble avance, pero no disimula las tensiones internas, que quedaron en evidencia por las idas y vueltas respecto a la convocatoria del 17 y 18 de octubre. Finalmente, aunque no es un juego de suma cero y habrá figuritas repetidas, las dos movilizaciones representarán a los dos continentes que están tomando forma al interior de este nuevo Frente de Todos.
 
Hoy domingo marchará aquello que históricamente se caracterizó como kirchnerismo, incluyendo a su base de movilización silvestre, La Cámpora, las organizaciones de derechos humanos y otros espacios políticos que se encuadran ante la conducción que tiene su epicentro entre el Instituto Patria y el Congreso de la Nación. Será parte de la convocatoria la CTA y los sectores de la CGT que fueron excluidos de la marcha del lunes.
 
Esa movilización, convocada tradicionalmente por la central obrera y que tiene epicentro a pocos metros del edificio de la calle Azopardo, incluirá a las organizaciones sociales pero ejerció derecho de asistencia contra otros sectores del sindicalismo. Se trata del polo alrededor del que intentará organizarse el peronismo no kirchnerista con la intención de plantar bandera en una eventual interna de cara al 2023.
 
Si se consolidan esos dos bloques y se logra institucionalizar la gestión de las diferencias que existen entre ambos, el peronismo tendrá posibilidades de dejar atrás la crisis y reinventarse para ofrecer, en las próximas elecciones presidenciales, una opción competitiva. Caso contrario, se corre el riesgo de que el esfuerzo de sostener la unidad se vuelva cotidiano y le quite energías y recursos de lo verdaderamente importante y prioritario.
 
Ordenar el frente externo y apurar la recuperación del poder adquisitivo de los salarios en la Argentina no sólo son las dos prioridades que el gobierno debe resolver de manera urgente si quiere desactivar la bomba de tiempo económica que hace tic tac en manos del ministro Martín Guzmán. Son, si se quiere, el mínimo denominador común de las demandas del que llevó al Frente de Todos a la presidencia en el año 2019.
 
El presidente Alberto Fernández confirmó en la semana que espera cerrar la negociación con el Fondo Monetario Internacional antes de fin de año, como había anticipado El Destape en este espacio hace quince días. Las reuniones que tuvieron los equipos técnicos de Martín Guzmán con funcionarios de ese organismo esta semana en Washington se manejaron en el marco de esa línea de tiempo. Todo apunta a alcanzar un preacuerdo en diciembre.
 
Aunque algunos de los que van a marchar a Plaza de Mayo llevarán como consigna un rechazo al acuerdo con el FMI, eso no pone en riesgo las conversaciones en curso, apoyadas por toda la cúpula del oficialismo. No se trata de una aprobación moral de la deuda adquirida irregularmente por Macri sino de un cálculo sencillo de costos y beneficios: las consecuencias sociales y económicas del default son peores que las de acordar.
 
De su semana en Washington Guzmán se trae buenas noticias que fueron reflejadas oportunamente por los medios locales, como la continuidad de Kristalina Georgieva y el apoyo del G20 a la posición argentina para recortar las sobretasas. También dejó salgo positivo la reunión que mantuvo, junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el economista Emmanuel Alvarez Agis, con inversionistas en Nueva York.
 
Menos repercusión tuvo su bilateral más relevante, con el ministro de Finanzas alemán Olaf Scholz, que será en pocas semanas el sucesor de Angela Merkel si prosperan las negociaciones del Partido Socialdemócrata, el más votado en las últimas elecciones alemanas, para formar una coalición de gobierno. Mientras seguía a distancia las novedades en Berlín, Scholz recibió a Guzmán durante casi una hora.
 
Eso da cuenta de la importancia que tiene el caso argentino en el mundo, lo que significa al mismo tiempo una oportunidad y una maldición. Cuando las reglas financieras globales se encuentran en cuestión, su solución será un hito político, bien para los que buscan una arquitectura alternativa como para los que quieren dar una lección que consolide el status quo. Se juegan cosas mucho más grandes, en mesas donde no estamos convidados.
 
Una resolución satisfactoria del frente externo es indispensable para contar con las divisas que permitan ordenar la macroeconomía sin recurrir a una devaluación abrupta del peso que profundice la crisis social. En el largo plazo, no existe respuesta al problema de la inflación mientras no haya un flujo positivo de dólares que garantice la estabilidad, condición necesaria para expandir la inversión privada, tanto extranjera como local.
 
En el corto plazo, sin embargo, la suba del IPC en septiembre, muy por encima de los cálculos más pesimistas, y la aceleración del aumento de precios que detectó el gobierno durante la primera quincena de octubre forzaron la llegada de Roberto Feletti a la secretaría de Comercio para implementar un congelamiento de precios de más de 1200 productos de la canasta básica hasta fin de año. Un freno de mano al borde del precipicio.
 
En el tiempo ganado se deberá avanzar con un pacto para acomodar y estabilizar precios y salarios. Ante la negativa de la oposición a sentarse a la mesa de diálogo, el gobierno decidió saltar intermediaciones y hablar directo con el círculo rojo. Un almuerzo en Casa Rosada y la visita de Fernández al coloquio de IDEA fueron los contornos visibles de una agenda en común bastante más frondosa que se activó esta semana.
 
Se trata, después de todo, del intento número N de establecer una alianza entre el peronismo y un sector del capital nacional, que Cristina Fernández de Kirchner plantea desde que comenzó a pensar qué características debería tener un gobierno peronista a partir de 2019 y que fue la premisa por la que eligió en ese entonces proponer como candidato a presidente a Fernández y, más cerca en el tiempo, como jefe de Gabinete a Manzur.
 
En la presentación de su libro en la rural, a comienzos de 2019, habló de "un nuevo pacto social". En octubre del 2020 escribió que el problema de la economía bimonetaria "es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina". Y ayer, en la ESMA, insistió en "una refundación en la argentina de aquel pacto entre los trabajadores y el capital".
 
Según explican esos mismos empresarios, la inflación se debe a que hay demasiados pesos en la calle. Pero basta con caminar un poco, no digo el conurbano profundo ni una ciudad del interior, sino cualquier barrio porteño, para notar que para la mayoría de los argentinos el dinero no abunda. No hace falta un doctorado en Economía para darse cuenta de cuál es el problema y cuál la solución si en un lugar sobra tanto lo que tanto falta en otro.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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