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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
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Nacionales - 17-10-2021 / 10:10
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Un 17 de octubre en defensa propia

Un 17 de octubre en defensa propia
Se trata de un escenario óptimo para que el peronismo vuelva a la calle después de dos años de pandemia y en medio de una feroz avanzada de la derecha, que en el peor momento económico y social del país en dos décadas pretende imponer una agenda de ajuste ortodoxo, flexibilización laboral y devaluación del poder adquisitivo. No serán, el domingo ni el lunes, manifestaciones de apoyo al gobierno, sino más bien marchas en defensa propia.
El pronóstico indica que este domingo el cielo estará mayormente despejado en todo el territorio argentino, con temperaturas agradables (excepto en las zonas más australes) y sin probabilidad de lluvia. Meteorológicamente hablando será lo que el maestro Osvaldo Soriano inmortalizó en las últimas líneas de su novela No habrá más penas ni olvidos como "un día peronista". El lunes, de acuerdo a las previsiones, va a pasar lo mismo.
 
Se trata de un escenario óptimo para que el peronismo vuelva a la calle después de dos años de pandemia y en medio de una feroz avanzada de la derecha, que en el peor momento económico y social del país en dos décadas pretende imponer una agenda de ajuste ortodoxo, flexibilización laboral y devaluación del poder adquisitivo. No serán, el domingo ni el lunes, manifestaciones de apoyo al gobierno, sino más bien marchas en defensa propia.
 
Decimos "en defensa propia" en dos sentidos. Social, porque un nuevo shock como el que promueve la oposición, después de tres años de recesión y una década de estancamiento y partiendo de un 40 por ciento de pobreza hundiría a la Argentina en una crisis peor que la de comienzos de siglo. Según los números que maneja el gobierno, una devaluación del 20 por ciento del tipo de cambio oficial arrojaría dos millones de personas más a la pobreza.
 
Político, por otro lado, porque todos los dirigentes y militantes peronistas son potenciales víctimas de la persecución que anuncia la derecha si vuelve al poder. Los mecanismos del lawfare siguen intactos. Lo demostró Casación esta semana, dictaminando que Gustavo Hornos es imparcial para juzgar a Mauricio Macri luego de que el propio juez confesara ser su amigo para no explicar las asiduas visitas a Casa Rosada y Olivos.
 
Sigue siendo un misterio la predisposición del empresariado argentino para apostar a una salida consensuada de la crisis a costa de postergar por un tiempo la recomposición de sus márgenes de ganancia. Si sigue primando, en cambio, la postura de insistir en reformas laborales inviables o en la salida del cepo vía devaluación, el gobierno deberá encontrar en las calles llenas de gente este 17 y 18 de octubre el valor para hacer lo que sea necesario.
 

 
La unidad ratificada tras la derrota en las PASO es un mecanismo de defensa ante ese doble avance, pero no disimula las tensiones internas, que quedaron en evidencia por las idas y vueltas respecto a la convocatoria del 17 y 18 de octubre. Finalmente, aunque no es un juego de suma cero y habrá figuritas repetidas, las dos movilizaciones representarán a los dos continentes que están tomando forma al interior de este nuevo Frente de Todos.
 
Hoy domingo marchará aquello que históricamente se caracterizó como kirchnerismo, incluyendo a su base de movilización silvestre, La Cámpora, las organizaciones de derechos humanos y otros espacios políticos que se encuadran ante la conducción que tiene su epicentro entre el Instituto Patria y el Congreso de la Nación. Será parte de la convocatoria la CTA y los sectores de la CGT que fueron excluidos de la marcha del lunes.
 
Esa movilización, convocada tradicionalmente por la central obrera y que tiene epicentro a pocos metros del edificio de la calle Azopardo, incluirá a las organizaciones sociales pero ejerció derecho de asistencia contra otros sectores del sindicalismo. Se trata del polo alrededor del que intentará organizarse el peronismo no kirchnerista con la intención de plantar bandera en una eventual interna de cara al 2023.
 
Si se consolidan esos dos bloques y se logra institucionalizar la gestión de las diferencias que existen entre ambos, el peronismo tendrá posibilidades de dejar atrás la crisis y reinventarse para ofrecer, en las próximas elecciones presidenciales, una opción competitiva. Caso contrario, se corre el riesgo de que el esfuerzo de sostener la unidad se vuelva cotidiano y le quite energías y recursos de lo verdaderamente importante y prioritario.
 
Ordenar el frente externo y apurar la recuperación del poder adquisitivo de los salarios en la Argentina no sólo son las dos prioridades que el gobierno debe resolver de manera urgente si quiere desactivar la bomba de tiempo económica que hace tic tac en manos del ministro Martín Guzmán. Son, si se quiere, el mínimo denominador común de las demandas del que llevó al Frente de Todos a la presidencia en el año 2019.
 
El presidente Alberto Fernández confirmó en la semana que espera cerrar la negociación con el Fondo Monetario Internacional antes de fin de año, como había anticipado El Destape en este espacio hace quince días. Las reuniones que tuvieron los equipos técnicos de Martín Guzmán con funcionarios de ese organismo esta semana en Washington se manejaron en el marco de esa línea de tiempo. Todo apunta a alcanzar un preacuerdo en diciembre.
 
Aunque algunos de los que van a marchar a Plaza de Mayo llevarán como consigna un rechazo al acuerdo con el FMI, eso no pone en riesgo las conversaciones en curso, apoyadas por toda la cúpula del oficialismo. No se trata de una aprobación moral de la deuda adquirida irregularmente por Macri sino de un cálculo sencillo de costos y beneficios: las consecuencias sociales y económicas del default son peores que las de acordar.
 
De su semana en Washington Guzmán se trae buenas noticias que fueron reflejadas oportunamente por los medios locales, como la continuidad de Kristalina Georgieva y el apoyo del G20 a la posición argentina para recortar las sobretasas. También dejó salgo positivo la reunión que mantuvo, junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el economista Emmanuel Alvarez Agis, con inversionistas en Nueva York.
 
Menos repercusión tuvo su bilateral más relevante, con el ministro de Finanzas alemán Olaf Scholz, que será en pocas semanas el sucesor de Angela Merkel si prosperan las negociaciones del Partido Socialdemócrata, el más votado en las últimas elecciones alemanas, para formar una coalición de gobierno. Mientras seguía a distancia las novedades en Berlín, Scholz recibió a Guzmán durante casi una hora.
 
Eso da cuenta de la importancia que tiene el caso argentino en el mundo, lo que significa al mismo tiempo una oportunidad y una maldición. Cuando las reglas financieras globales se encuentran en cuestión, su solución será un hito político, bien para los que buscan una arquitectura alternativa como para los que quieren dar una lección que consolide el status quo. Se juegan cosas mucho más grandes, en mesas donde no estamos convidados.
 
Una resolución satisfactoria del frente externo es indispensable para contar con las divisas que permitan ordenar la macroeconomía sin recurrir a una devaluación abrupta del peso que profundice la crisis social. En el largo plazo, no existe respuesta al problema de la inflación mientras no haya un flujo positivo de dólares que garantice la estabilidad, condición necesaria para expandir la inversión privada, tanto extranjera como local.
 
En el corto plazo, sin embargo, la suba del IPC en septiembre, muy por encima de los cálculos más pesimistas, y la aceleración del aumento de precios que detectó el gobierno durante la primera quincena de octubre forzaron la llegada de Roberto Feletti a la secretaría de Comercio para implementar un congelamiento de precios de más de 1200 productos de la canasta básica hasta fin de año. Un freno de mano al borde del precipicio.
 
En el tiempo ganado se deberá avanzar con un pacto para acomodar y estabilizar precios y salarios. Ante la negativa de la oposición a sentarse a la mesa de diálogo, el gobierno decidió saltar intermediaciones y hablar directo con el círculo rojo. Un almuerzo en Casa Rosada y la visita de Fernández al coloquio de IDEA fueron los contornos visibles de una agenda en común bastante más frondosa que se activó esta semana.
 
Se trata, después de todo, del intento número N de establecer una alianza entre el peronismo y un sector del capital nacional, que Cristina Fernández de Kirchner plantea desde que comenzó a pensar qué características debería tener un gobierno peronista a partir de 2019 y que fue la premisa por la que eligió en ese entonces proponer como candidato a presidente a Fernández y, más cerca en el tiempo, como jefe de Gabinete a Manzur.
 
En la presentación de su libro en la rural, a comienzos de 2019, habló de "un nuevo pacto social". En octubre del 2020 escribió que el problema de la economía bimonetaria "es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina". Y ayer, en la ESMA, insistió en "una refundación en la argentina de aquel pacto entre los trabajadores y el capital".
 
Según explican esos mismos empresarios, la inflación se debe a que hay demasiados pesos en la calle. Pero basta con caminar un poco, no digo el conurbano profundo ni una ciudad del interior, sino cualquier barrio porteño, para notar que para la mayoría de los argentinos el dinero no abunda. No hace falta un doctorado en Economía para darse cuenta de cuál es el problema y cuál la solución si en un lugar sobra tanto lo que tanto falta en otro.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
La Opinión Popular
 

12-11-2025 / 11:11
Gobierno libertario solo para la casta de los más ricos. Los "héroes" del Presidente. Marcos Galperín, ferviente defensor de que el Estado no intervenga en la economía, recibe millonarias exenciones impositivas. En un contexto de ajuste fiscal y debates por la reforma tributaria, el Formulario 10-Q presentado por Mercado Libre ante la SEC de Estados Unidos expone una vez más los jugosos beneficios fiscales que el gobierno de Javier Milei le otorga al "unicornio" fundado por Galperín, el hombre más rico de la nación con un patrimonio de 8.300 millones de dólares, según Forbes.
 
La empresa, valorada en más de 106 mil millones de "verdes", reportó ingresos netos de 7.400 millones en el tercer trimestre, un 39 por ciento más que el año anterior, y ganancias de 421 millones de dólares. Sin embargo, detrás de estos números relucientes se esconde un "secreto a voces": exenciones impositivas que superan los 350 millones de dólares en los últimos cinco años.
 
Bajo el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, Mercado Libre accedió en los primeros nueve meses de 2025 a beneficios por 50 millones en Ganancias y 17 millones de dólares en aportes previsionales, un 52 por ciento más que en 2024. "Es un subsidio injusto a una multinacional que no lo necesita", critica el Observatorio del Trabajo Informático (OTI), vinculado a la Asociación Gremial de Computación.
 
A Galperín le perdonaron en 2021: US$ 59 millones, en 2022: US$ 81 millones, en 2023: US$ 109 millones, en 2024: US$ 57 millones, en 2025: US$ 67 millones. Total: US$ 373 millones de impuestos le perdonaron a Galperin en cinco años. Pero los sectores populares tienen que pagar el IVA de los fideos sin chistar.
 
Sectores gremiales y la industria financiera coinciden: con su tamaño colosal, Javier Milei abusa del esquema al encuadrar áreas menores bajo un solo CUIT, mientras evade contribuciones que podrían destinarse a pymes o servicios públicos en crisis. Galperín, exiliado fiscal en Uruguay, predica la libre competencia, pero no duda en alzar la voz contra rivales como Temu y Shein, las plataformas chinas que inundan el mercado con productos baratos.
 
En el Foro Abeceb, Juan Martín de la Serna, presidente de la filial argentina de Mercado Libre, exigió "reglas claras" para importaciones, advirtiendo que amenazan el 90 por ciento de ventas de pymes en la plataforma y el empleo local. "Abrir indiscriminadamente da trabajo a chinos, no a argentinos", sentenció.
 
Ironía pura: el defensor del no intervenciónismo estatal ahora pide regulaciones que protejan su imperio. El cruce en X con Miguel Ángel Pichetto lo desnuda todo. El diputado peronista instó a gravar a estas "economías de plataformas" para cuidar la industria nacional.

Galperín replicó con arrogancia: "No estoy preocupado, competimos exitosamente". Pichetto no se quedó atrás: "Mejor empezá a preocuparte, porque te van a pasar por arriba y ya impactan en empleos de distribución".

Mientras, el Gobierno de Milei discute bajar cargas patronales, pero calla sobre estos privilegios elitistas de los más ricos empresarios. Esta disparidad fiscal alimenta el descontento: ¿por qué el gobierno de Milei regala millones a un magnate mientras mientras los salarios deprimidos de jubilados y trabajadores pagan la crisis?

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