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Nacionales - 16-10-2021 / 07:10
LE RECONOCIÓ A LAS DISTRIBUIDORAS PRIVADAS COSTOS MAYORES A LOS REALES

La AGN determinó que Macri benefició a las empresas en detrimento de los usuarios

La AGN determinó que Macri benefició a las empresas en detrimento de los usuarios
Que la gestión de Mauricio Macri benefició a las distribuidoras eléctricas privadas Edenor y Edesur lo supimos siempre. Ahora lo confirmó un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN). En una investigación referida a la Revisión Tarifaria Integral, la AGN revela que la gestión cambiemos aprobó "costos operativos mayores a los reales", que impactó en la tarifa final que pagaron los usuarios, y que ello produjo, sin causa, "una mayor rentabilidad para las empresas".
Que la gestión de Mauricio Macri benefició a las distribuidoras eléctricas privadas Edenor y Edesur se supo siempre. Ahora lo confirmó un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN). En una investigación referida a la Revisión Tarifaria Integral, la AGN revela que la gestión cambiemos aprobó "costos operativos mayores a los reales", que impactó en la tarifa final que pagaron los usuarios, y que ello produjo, sin causa, "una mayor rentabilidad para las empresas".
 
Y más: entre el 28 de enero de 2016 y el 1 de febrero de 2018 el Ente Nacional Regulador de la Electricidad no cumplió con su tarea de controlar a las concesionarias de Edenor y Edesur empresas que prestan el servicio en el Área Metropolitana Buenos Aires
 
En su auditoria, la AGN detectó que resultaron "mayores a los costos reales de las distribuidoras, lo que implicó una sobreestimación de los mismos y un mayor reconocimiento a incluir en el Costo Propio de Distribución para el cálculo del cuadro tarifario".
 
Comparando los costos presentados por las empresas con sus Estados Contables, se determinó que "el Enre aprobó costos operativos un 54% superiores para Edenor y un 61% para Edesur". Estas sobreestimaciones representaron montos adicionales para las distribuidoras equivalentes a 2.200 millones de pesos para Edenor y 2.000 millones de pesos para Edesur, solventados por los usuarios en sus tarifas.
 
El relevamiento fue aprobado por los auditores generales María Graciela de la Rosa, Javier Fernández, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada, Miguel Ángel Pichetto y Alejandro Nieva y el titular del organismo Jesús Rodríguez.
 
Tal un pasaje textual del informe "estos sobre costos derivaron en una tarifa final mayor para los usuarios". Y agrega: "La fórmula para determinar las bonificaciones que debía otorgarse a los usuarios por cortes de suministro perjudicaron a los mismos con respecto a la situación previa".
 
La Auditoría también descubrió "desvíos de los planes de inversión comprometidos por parte de las distribuidoras, lo que llevó a que en los primeros dos años del quinquenio persistan los cortes de suministro".
 
Conclusión: "La Revisión Tarifaria Integral benefició a las distribuidoras en detrimento de los usuarios ya que se aprobaron costos operativos mayores a los reales, lo que impactó en la tarifa final que pagaron los usuarios y en una mayor rentabilidad para las empresas".
 
La Opinión Popular
 

 
EN UN INFORME DE 165 PÁGINAS
 
La AGN cuestionó el tarifazo de Macri
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) dictaminó que la Revisión Tarifaria Integral que firmó el gobierno de Mauricio Macri con Edenor y Edesur «benefició a las distribuidoras en detrimento de los usuarios ya que se aprobaron costos operativos mayores a los reales». El organismo precisó que los costos que avaló el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), cuando Juan José Aranguren era ministro de Energía, fueron un 54 por ciento superiores a los reales en Edenor y 61 por ciento mayores en Edesur, lo que derivó en ingresos adicionales para esas empresas equivalentes a 2193,9 millones y 2027,21 millones de pesos, respectivamente.
 
El informe también detalla que la fórmula para determinar las bonificaciones que debían otorgarse a los usuarios por cortes de suministro los perjudicaron con respecto a la situación previa y agrega que se detectaron desvíos de los planes de inversión comprometidos por parte de las distribuidoras, lo que llevó a que en los dos primeros años del quinquenio persistan esos cortes.
 
 
Seis miembros
  
La AGN está compuesta por seis miembros, propuestos por el Senado y Diputados, y por un presidente del cuerpo que postula el partido opositor con mayor presencia en el Congreso, es decir, la Unión Cívica Radical, que designó al ex diputado nacional, Jesús Rodríguez. De esos siete miembros, los cuatro que responden al oficialismo avalaron el informe (María Graciela De la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada y Francisco Javier Fernández), mientras que los tres que representan a la oposición votaron en contra (Miguel Ángel Pichetto, Alejandro Nieva y el propio Jesús Rodríguez).
 
 
Informe
  
El informe completo, de unas 165 páginas, fue girado el jueves a la Oficina de Actuaciones Colegiadas y luego de que todos lo firmen estará disponible en la página web de la AGN. «La AGN no tiene poder de Policía. Es un organismo técnico que asesora al Congreso. También hace recomendaciones al Poder Ejecutivo Nacional para que mejore la gestión. Si hay una causa judicial, creo que en este caso no la hay, se envía el informe a la Justicia y si se encuentra un presunto delito, también se denuncia», aclararon fuentes del organismo consultadas por PáginaI12 sobre si las conclusiones de esta auditoría podrían derivar en algún tipo de sanción contra las empresas.
 
 
Conclusiones
  
Comparando los costos presentados por las empresas con sus Estados Contables, el equipo auditor de la AGN determinó que el ENRE aprobó costos operativos un 54 por ciento superiores a los reales para Edenor y un 61 por ciento para Edesur lo que representó montos adicionales para las distribuidoras equivalentes a 2.193,91 millones de pesos para Edenor y 2.027,21 millones de pesos para Edesur a ser solventados por los usuarios en sus tarifas.
 
Uno de los componentes que impacta en el valor de la tarifa de electricidad está dado por los denominados «costos propios de distribución». Por lo tanto, cuanto mayor sean estos costos, mayor es la tarifa final que debe pagar el usuario.
 
Por otra parte, a partir de la documentación suministrada por el ENRE, la AGN aclaró que no pudo constatar que la tasa de rentabilidad aprobada guardara relación con el grado de eficiencia y eficacia operativa de las empresas.
 
A su vez, el informe sostiene que los derechos de los usuarios no fueron atendidos de manera prioritaria por el ENRE ya que el monto y la temporalidad de los incrementos tarifarios, que llegaron al 2300 por ciento en agosto de 2018, se contrapone con la exigencia de metas de reducción de cortes de suministro eléctrico. Según la AGN, el criterio utilizado por el ENRE para definir los senderos de calidad fue en dirección opuesta a lo establecido por la Ley 24.065.
 
Fuente: La Arena 
 

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09-08-2026 / 17:08
08-08-2026 / 09:08
El naufragio de la ley de propiedad privada dejó al descubierto la incompetencia política oficialista, las internas feroces en la Casa Rosada y un estruendoso choque contra el límite de sus propios aliados, en medio de una profunda crisis económica y un acelerado desencanto de la sociedad y de sus propios votantes. Un escenario agravado luego de que la cuestión Malvinas alrededor de la selección de fútbol generara un clima nacionalista que colisionó de frente contra el cipayismo libertario y expuso su escaso arraigo popular.
 
El bochornoso traspié de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado representa el síntoma terminal de un oficialismo cegado por el dogmatismo y desprovisto de oficio político. Lo que el Ejecutivo pretendía vender como un triunfo terminó convertido en un cascarón vaciado: acorralada por la falta de apoyo de los bloques dialoguistas, la Casa Rosada debió capitular y retirar apresuradamente los capítulos centrales de extranjerización de tierras y la flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego. El dictamen final fue aprobado desflecado y reducido a menos de un tercio de sus ambiciones originales, dejando al desnudo que las mayorías parlamentarias no se edifican con bravuconadas de redes sociales ni con intervenciones torpes como las del senador Joaquín Benegas Lynch, cuyos insultos a los senadores aliados terminaron de dinamitar los puentes de negociación.
 
Fiel a su matriz refractaria a la autocrítica, la reacción de la conducción libertaria ante semejante derrumbe consistió en desatar una inmediata cacería interna de chivos expiatorios. En lugar de asumir los errores de cálculo de la gestión, la Casa Rosada liderada por Javier y Karina Milei optó por aislar y "freezar" al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, amagando con congelar el resto de sus proyectos en carpeta tras convertirlo en un yunque político. Al mismo tiempo, el enojo oficialista apuntó directamente contra Patricia Bullrich, a quien responsabilizan por fallar en la contabilidad de los votos y perder el control de la sesión. Este pase de facturas expone un gabinete frágil y fracturado, donde los propios arquitectos del programa gubernamental son arrojados a los leones ante la primera turbulencia institucional.
 
 
En última instancia, la mutilación de este proyecto emblemático expone el techo del modelo libertario: una administración que chocó de frente contra el límite de sus aliados e incapaz de sostener consensos duraderos. La incapacidad para articular mayorías y la constante tendencia a refugiarse en la intransigencia demuestran que el dogmatismo autoritario se vuelve impotente ante la dinámica republicana. Con Sturzenegger desautorizado y Bullrich golpeada políticamente, el gobierno ingresa en una peligrosa fase de insularidad y parálisis parlamentaria, donde la falta de muñeca política condena al oficialismo a multiplicar derrotas mientras la gestión cotidiana se consume entre internas feroces e improvisación.
 
De la redacción de La Opinión Popular

06-08-2026 / 14:08
31-07-2026 / 21:07
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