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Nacionales - 16-10-2021 / 07:10
NEGOCIACIÓN CON EL FMI

La fórmula del macrismo: endeudarse a lo pavote y que pague Magoya

La fórmula del macrismo: endeudarse a lo pavote y que pague Magoya
“Tendríamos que haber pagado cinco mil millones de dólares este año y 19 mil millones en el 2022 ¿qué hubieran hecho ustedes si estuvieran en el gobierno?”, preguntó Leandro Santoro. “Fácil –respondió María Eugenia Vidal-- tendríamos la confianza de los organismos internacionales y hubiéramos conseguido más crédito”. Endeudarse más, según la candidata de Cambiemos.
"Tendríamos que haber pagado cinco mil millones de dólares este año y 19 mil millones en el 2022 ¿qué hubieran hecho ustedes si estuvieran en el gobierno?", preguntó Leandro Santoro. "Fácil -respondió María Eugenia Vidal-- tendríamos la confianza de los organismos internacionales y hubiéramos conseguido más crédito". Endeudarse más, según la candidata de Cambiemos. La respuesta resbaló por el éter hacia algún agujero negro.
 
Vidal lo soluciona todo fácil: Nos endeudamos más y que pague Magoya a costa de la educación, la salud y la seguridad de los pobres. Así. lo único que queda de esos debates son gestos, como el de Myriam Bregman de negarse a saludar a Javier Milei, o la sonrisa escenográfica de falsa ama de casa de Vidal cuando respondía barrabasadas o afirmaciones falsas sobre sus propuestas para un tema como educación que nunca fue prioridad en los gobiernos del macrismo.
 
Al revés del discurso de falsa sonrisa, el macrismo siempre bajó los presupuestos en educación y salud, no construyó ninguna escuela cuando fue gobernadora y hasta le explotó una por falta de mantenimiento. Y en CABA con Rodríguez Larreta siempre hay déficit de vacantes en las escuelas. "CABA tiene un héroe de la pandemia que se llama Fermán Quirós", afirmó Vidal, cuando Quirós no hubiera podido vacunar a nadie si no fuera por el enorme esfuerzo del gobierno nacional para conseguir las vacunas a pesar de los obstáculos y las críticas permanentes del macrismo.
 
Eso fue el debate estelar de esta semana durante el cual Leandro Santoro, el candidato del Frente de Todos, se mantuvo sobrio y con más consistencia que Vidal. Bregman sobresalió por su gesto con un Milei que está formateado para gritar solo, pero hace agua en un debate. Imposible que el debate haya aclarado algo a los porteños o que haya movido el amperímetro.
 
Un acto de exposición de ideas entre los candidatos --que tiene un fundamento democrático-- está tan intermediado por la lógica mediática que se convierte en un festival guionado donde los contenidos pasan a un lugar muy secundario.
 

 
La respuesta irrisoria (y aterradora) de Vidal sobre la deuda se produjo en una semana cuando el alma le volvió al cuerpo al gobierno después de varios días de caminar al filo de la cornisa. La emboscada que sufrió la titular del FMI, Kristalina Georgieva, a mediados de septiembre, había paralizado toda la actividad del Fondo, incluida la negociación con Argentina.
 
Los medios hegemónicos que en su momento respaldaron al tomador de deuda serial, ahora se apresuraron a anunciar el fracaso de las negociaciones que encabeza el ministro Martín Guzmán. En un momento parecía decidida la suerte de Georgieva, quien era acusada de haber presionado a técnicos del Banco Mundial para favorecer a China en un informe.
 
Los sectores más ortodoxos del neoliberalismo, en el que se enrola la mayoría de los periodistas de economía de los medios hegemónicos locales, no simpatizan con las posiciones más flexibles de la economista búlgara y le armaron una cama, sobre la base de una fake news o noticia falsa. Un estudio de abogados investigó el informe y sugirió que había sido manipulado.
 
En ese momento Japón y Estados Unidos parecían decididos a remover a Georgieva. Los gobiernos europeos y los representantes de los países menos desarrollados la respaldaron en bloque, junto con economistas de renombre mundial como Joseph Stiglitz, un referente importante de Guzmán y quien tiene cierta influencia también en los estamentos técnicos del equipo de Joe Biden.
 
Los medios hegemónicos en Argentina leyeron que al salir Georgieva, que había sintonizado en forma positiva con el ministro Guzmán, se caerían las negociaciones por la monstruosa e impagable deuda contraída por el gobierno de Cambiemos.
 
Recordaron que el principal asesor de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, David Lipton, fue el número dos del FMI durante los gobiernos de Barak Obama y Donald Trump y que se alineaba con la línea dura de la ortodoxia. La lectura fue que Lipton operaba contra Georgieva con el respaldo de Yellen. 
 
La agencia Bloomberg se encargó de hacer circular una fake news sobre una supuesta reunión informal de los directores del FMI, en medio de la crisis con Georgieva, y que se había decidido no dar tratamiento preferencial a la deuda argentina. 
 
La falsa versión de Bloomberg fue tomada rápidamente por los medios macristas. Si la negociación se caía, Argentina tendría que haber pagado cerca de cinco mil millones de dólares este año, y cerca de 19 mil millones en 2022, y otro tanto en 2023, como señaló Santoro en el debate.
 
Pero en realidad, cuando el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, solicitó el préstamo para intervenir en el mercado del dólar, el que se opuso en forma cerrada fue Lipton. Y, según dicen en el Fondo, el crédito se concedió por la intervención directa de Donald Trump que salteó a su funcionario.
 
Pese a los festejos adelantados del macrismo por el inminente fracaso del gobierno de Alberto Fernández, el presidente estadounidense Joe Biden sostuvo que la investigación no tenía pruebas sobre el supuesto favoritismo prochino de Georgieva y le devolvió el respaldo que fue corroborado en bloque por los demás directores. Georgieva salió fortalecida, por lo menos en lo inmediato.
 
Esta semana el Fondo distribuyó sus estimaciones para el 2021 y subió el cálculo del crecimiento del PBI argentino en más de un punto, de 6,4 por ciento, a 7,5. La cifra acercó las cifras del FMI a las del gobierno, que proyectó un crecimiento del 8 por ciento, con lo cual, además recuperaría lo que se perdió en el primer año de la pandemia. El crecimiento de la economía argentina, según el FMI estará por encima del promedio de la región y en general por encima de la mayoría.
 
Desde septiembre hasta esta semana en que fue confirmada Georgieva al frente del FMI, el gobierno tenía frenado también el proyecto de presupuesto, en el que no se contemplan pagos de esta deuda. La oposición insistió en que el gobierno debía presentar el proyecto aunque después tuviera que modificarlo.
 
Los medios macristas, a su vez, anunciaban que el famoso acuerdo con el Fondo por la deuda no estaría hasta el año próximo y se frotaban las manos sabiendo que no hay de dónde sacar 19 mil millones de dólares para pagar la cuota que el gobierno de Cambiemos había acordado en forma irresponsable.
 
Cuando Georgieva fue respaldada por el directorio del Fondo, trascendió que el acuerdo estaría firmado en diciembre. Porque al mismo tiempo se realizó en Washington la reunión del G-20, la mayoría de cuyos países forman parte del directorio del FMI. El documento final de los ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales de las principales economías del mundo respaldó propuestas del ministro Guzmán para que el FMI avance en la revisión de las políticas de sobrecargas que aplica el Fondo así como el acuerdo para cobrar un impuesto global a las corporaciones multinacionales.
 
De aplicarse, el impuesto de sobrecarga que le correspondería a Argentina sería de 900 millones de dólares más por año. El impuesto a las multinacionales apunta a terminar con la evasión fiscal de estas corporaciones.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
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