16:45 | Martes 30 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 15-10-2021 / 08:10

POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS DURANTE LA DICTADURA CÍVICO-MILITAR

El empresario Carlos Blaquier a juicio oral por las causas de La Noche del Apagón

Cuarenta y cinco años después de La noche del Apagón, cuando la dictadura organizó una ola de secuestros en Jujuy con apoyo de la azucarera Ledesma, su dueño, Carlos Blaquier, fue elevado a juicio oral por su participación en esos hechos, dando fin a las dilaciones otorgadas por la Justicia. En la imagen: Desde hace más de 30 años se realizan marchas en reclamo de justicia para las víctimas del Apagón de Ledesma.

Cuarenta y cinco años después de La noche del Apagón, cuando la dictadura organizó una ola de secuestros en Jujuy con apoyo de la azucarera Ledesma, su dueño, Carlos Blaquier, fue elevado a juicio oral por su participación en esos hechos, dando fin a las dilaciones otorgadas por la Justicia. Es uno de los casos más emblemáticos de la responsabilidad empresaria con los crímenes de lesa humanidad.

La noche se volvió más oscura en julio de 1976 en la zona de influencia del ingenio Ledesma en Libertador General San Martín, Jujuy, cuando integrantes de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas salieron a secuestrar personas a bordo de camionetas de la empresa y en pleno apagón. Cuarenta y cinco años después de los secuestros de esas noches del terror y con dilaciones conseguidas en los tribunales, esa oscuridad empezó a disiparse.

El dueño de Ledesma SAAI Carlos Pedro Tadeo Blaquier fue elevado a juicio oral por estos hechos junto con el ex administrador general Alberto Enrique Lemos para responder en uno de los casos más emblemáticos de responsabilidad empresarial con crímenes de lesa humanidad.

El juez Esteban Hansen envió a Blaquier y a Lemos a juicio por los secuestros perpetrados entre el 20 y el 27 de julio de 1976 en Calilegua, Ledesma y Libertador General San Martín, y reconoció que la empresa --una de las más importantes del país-- hizo un aporte fundamental para la represión en esa provincia norteña del país.

"Las detenciones ilegales ocurridas durante las 'Noches del Apagón' fueron masivas y se llevaron a cabo prácticamente al mismo tiempo. Todo ello involucró y demandó un número de vehículos superior al escaso parque automotor del que disponían las fuerzas de seguridad locales", describió el juez.

"Por ello, el aporte de vehículos de la empresa habría sido determinante para contar con transporte suficiente para hacer frente a las privaciones ilegales de la libertad colectivas ocurridas durante un breve lapso de tiempo y que perjudicaron a las 20 víctimas de las 'Noches de los Apagones'", añadió.

LOS CRÍMENES POR EL APAGÓN DE LEDESMA

Carlos Blaquier a juicio oral por su colaboración con los secuestros de 1976

"Es reparador", dijo Eva Arroyo, referente de HIJOS Jujuy a Página/12. "Es fundamental para las víctimas, que tantos años pusieron el cuerpo y construyeron la condena social hacia Ledesma, que el Estado --a través del Poder Judicial-- reconozca que lo que denunciaron es la verdad histórica", añadió.

La causa por la responsabilidad de Blaquier y Lemos en los secuestros recién se reactivó en julio de este año, cuando la Corte por fin dejó sin efecto la falta de mérito con la que la Cámara Federal de Casación Penal había beneficiado a los dos empresarios. Ambos habían sido procesados en noviembre de 2012 por el juez Fernando Poviña por 26 secuestros.

Al año siguiente, la Cámara Federal de Salta confirmó los procesamientos en 20 casos. En marzo de 2015, cuando soplaban vientos de cambios políticos, los casadores Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi revocaron los procesamientos. El expediente estuvo seis años en la Corte.

El tribunal oral federal de Jujuy deberá poner ahora la fecha para el juicio contra los dos jerarcas de Ledesma y se espera que unifique esta causa con la de los tres secuestros ocurridos el día del golpe y los días siguientes.

Antes deberá quedar conformado porque dos de sus integrantes se apartaron y los otros dos jueces que designó la Cámara Federal de Casación aún no se sabe si aceptarán afrontar el proceso. Para el miércoles próximo está fijada una evaluación médica a Blaquier, cuya defensa dice que a sus 94 años no está en condiciones de afrontar el proceso.

Un pequeño Estado

En su indagatoria, Blaquier habló de Ledesma como un "pequeño Estado" que se aseguraba de la bonanza de la población de la zona, pero ese rol iba mucho más allá.

"La empresa ejercía entonces sobre la mayoría de los habitantes de estas localidades un control dominante en la relación empleado-empleador, lo que sin dudas debió hacer muy difícil cualquier oposición o reclamo a la patronal, que pudiera poner en juego sus intereses económicos", escribió Hansen.

En su papel de pequeño Estado, Ledesma también garantizaba otras cuestiones: les daba vivienda a las fuerzas de seguridad y les proporcionaba vehículos.

Con esos vehículos, la Policía Federal, el Ejército, la Gendarmería y la policía provincial --que dependían, en última instancia del Tercer Cuerpo de Ejército, a cargo de Luciano Benjamín Menéndez-- salieron de cacería en julio de 1976. Contaron con los cortes de corriente eléctrica, que no pudo determinarse judicialmente que hubieran sido provocados por Ledesma, para moverse en la penumbra.

Las personas que fueron privadas ilegalmente de la libertad entre el 20 y el 27 de julio de ese año pasaron por distintas unidades policiales o de la Gendarmería y, en todos los casos, fueron conducidas al centro clandestino de detención que funcionó en la hostería de Guerrero. Algunas de estas personas fueron desaparecidas y otras enviadas a la Unidad 9 de La Plata o a la cárcel de Villa Devoto.

Durante los años, la defensa de Blaquier y Lemos mutó. Al principio, negaron haber facilitado los vehículos para los secuestros. Después dijeron que los habían entregado antes al Estado, a la Gendarmería o al hospital.

Los defensores --encabezados por el exjuez del juicio a las Juntas Jorge Valerga Aráoz-- incluso dijeron que las fuerzas no necesitaban de las camionetas de Ledesma para llevar adelante los secuestros y que era imposible decir que la empresa hubiera estado interesada en que se llevara adelante la represión porque solo cinco de las 20 víctimas eran, al momento de los hechos, empleados del ingenio.

Los responsables empresariales

Blaquier es quizá el empresario nacional más reconocido por su ligazón con la dictadura. Sus defensores no desmienten su amistad con quien fuera el ministro de Economía del régimen de facto, José Martínez de Hoz. Lemos le dijo a la Madre de Plaza de Mayor, Olga Márquez de Aredez que había que "limpiar a los indeseables". Lejos de ser un caso aislado, son muestra de cómo actuó una parte importante del empresariado durante el terrorismo de Estado.

Según estimaciones de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, hay una treintena de causas sobre los responsables empresariales, que empezaron a registrar avances en los últimos tiempos. Uno de esos logros fue la confirmación reciente de la condena a dos exdirectivos de la automotriz Ford que tuvo impacto a nivel internacional, pero falta mucho todavía.

"La elevación a juicio de la causa Blaquier es muy importante, aunque viene muy demorada por decisiones judiciales irregulares", evaluó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti. "Por eso, desde la Secretaría estamos impulsando todos y cada uno de los casos, denunciando cada demora y exigiendo a los tribunales que resuelvan rápido, teniendo en cuenta que cuando hay responsabilidad empresarial de por medio las resistencias son aún mayores".

Por Luciana Bertoia

Fuente: Página12

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".

28-12-2025 / 12:12

Al revés de lo que pretende Milei, las empresas remarcan para amortiguar caída de ventas y pérdidas millonarias

Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.

Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.

Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.

Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.

Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.

Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.

PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.

Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.

En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.

Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.

27-12-2025 / 09:12

Defendiendo lo indefendible: El apoyo a Milei fue contra los intereses de la mayoría que lo votó, aunque ellos se ilusionan con lo contrario

Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.

Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.

El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.

Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.

En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.

Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.

Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.

Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.

En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza.

26-12-2025 / 07:12

El Loco Milei contra la Iglesia Católica: Una relación que va de fría a congelada

Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.

Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.

Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".

Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".

Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.

El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.

El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).

A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.

"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.

La Opinión Popular