describió el juez.
 
"Por ello, el aporte de vehículos de la empresa habría sido determinante para contar con transporte suficiente para hacer frente a las privaciones ilegales de la libertad colectivas ocurridas durante un breve lapso de tiempo y que perjudicaron a las 20 víctimas de las 'Noches de los Apagones'", añadió.
 
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Nacionales - 15-10-2021 / 08:10
POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS DURANTE LA DICTADURA CÍVICO-MILITAR

El empresario Carlos Blaquier a juicio oral por las causas de La Noche del Apagón

El empresario Carlos Blaquier a juicio oral por las causas de La Noche del Apagón
Cuarenta y cinco años después de La noche del Apagón, cuando la dictadura organizó una ola de secuestros en Jujuy con apoyo de la azucarera Ledesma, su dueño, Carlos Blaquier, fue elevado a juicio oral por su participación en esos hechos, dando fin a las dilaciones otorgadas por la Justicia. En la imagen: Desde hace más de 30 años se realizan marchas en reclamo de justicia para las víctimas del Apagón de Ledesma.
Cuarenta y cinco años después de La noche del Apagón, cuando la dictadura organizó una ola de secuestros en Jujuy con apoyo de la azucarera Ledesma, su dueño, Carlos Blaquier, fue elevado a juicio oral por su participación en esos hechos, dando fin a las dilaciones otorgadas por la Justicia. Es uno de los casos más emblemáticos de la responsabilidad empresaria con los crímenes de lesa humanidad.
 
La noche se volvió más oscura en julio de 1976 en la zona de influencia del ingenio Ledesma en Libertador General San Martín, Jujuy, cuando integrantes de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas salieron a secuestrar personas a bordo de camionetas de la empresa y en pleno apagón. Cuarenta y cinco años después de los secuestros de esas noches del terror y con dilaciones conseguidas en los tribunales, esa oscuridad empezó a disiparse.
 
El dueño de Ledesma SAAI Carlos Pedro Tadeo Blaquier fue elevado a juicio oral por estos hechos junto con el ex administrador general Alberto Enrique Lemos para responder en uno de los casos más emblemáticos de responsabilidad empresarial con crímenes de lesa humanidad.
 
El juez Esteban Hansen envió a Blaquier y a Lemos a juicio por los secuestros perpetrados entre el 20 y el 27 de julio de 1976 en Calilegua, Ledesma y Libertador General San Martín, y reconoció que la empresa --una de las más importantes del país-- hizo un aporte fundamental para la represión en esa provincia norteña del país.
 
"Las detenciones ilegales ocurridas durante las 'Noches del Apagón' fueron masivas y se llevaron a cabo prácticamente al mismo tiempo. Todo ello involucró y demandó un número de vehículos superior al escaso parque automotor del que disponían las fuerzas de seguridad locales", describió el juez.
 
"Por ello, el aporte de vehículos de la empresa habría sido determinante para contar con transporte suficiente para hacer frente a las privaciones ilegales de la libertad colectivas ocurridas durante un breve lapso de tiempo y que perjudicaron a las 20 víctimas de las 'Noches de los Apagones'", añadió.
 

 
LOS CRÍMENES POR EL APAGÓN DE LEDESMA
 
Carlos Blaquier a juicio oral por su colaboración con los secuestros de 1976
 
"Es reparador", dijo Eva Arroyo, referente de HIJOS Jujuy a Página/12. "Es fundamental para las víctimas, que tantos años pusieron el cuerpo y construyeron la condena social hacia Ledesma, que el Estado --a través del Poder Judicial-- reconozca que lo que denunciaron es la verdad histórica", añadió.
 
La causa por la responsabilidad de Blaquier y Lemos en los secuestros recién se reactivó en julio de este año, cuando la Corte por fin dejó sin efecto la falta de mérito con la que la Cámara Federal de Casación Penal había beneficiado a los dos empresarios. Ambos habían sido procesados en noviembre de 2012 por el juez Fernando Poviña por 26 secuestros.
 
Al año siguiente, la Cámara Federal de Salta confirmó los procesamientos en 20 casos. En marzo de 2015, cuando soplaban vientos de cambios políticos, los casadores Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi revocaron los procesamientos. El expediente estuvo seis años en la Corte.
 
El tribunal oral federal de Jujuy deberá poner ahora la fecha para el juicio contra los dos jerarcas de Ledesma y se espera que unifique esta causa con la de los tres secuestros ocurridos el día del golpe y los días siguientes.
 
Antes deberá quedar conformado porque dos de sus integrantes se apartaron y los otros dos jueces que designó la Cámara Federal de Casación aún no se sabe si aceptarán afrontar el proceso. Para el miércoles próximo está fijada una evaluación médica a Blaquier, cuya defensa dice que a sus 94 años no está en condiciones de afrontar el proceso.
 
 
Un pequeño Estado
  
En su indagatoria, Blaquier habló de Ledesma como un "pequeño Estado" que se aseguraba de la bonanza de la población de la zona, pero ese rol iba mucho más allá.
 
"La empresa ejercía entonces sobre la mayoría de los habitantes de estas localidades un control dominante en la relación empleado-empleador, lo que sin dudas debió hacer muy difícil cualquier oposición o reclamo a la patronal, que pudiera poner en juego sus intereses económicos", escribió Hansen.
 
En su papel de pequeño Estado, Ledesma también garantizaba otras cuestiones: les daba vivienda a las fuerzas de seguridad y les proporcionaba vehículos.
 
Con esos vehículos, la Policía Federal, el Ejército, la Gendarmería y la policía provincial --que dependían, en última instancia del Tercer Cuerpo de Ejército, a cargo de Luciano Benjamín Menéndez-- salieron de cacería en julio de 1976. Contaron con los cortes de corriente eléctrica, que no pudo determinarse judicialmente que hubieran sido provocados por Ledesma, para moverse en la penumbra.
 
Las personas que fueron privadas ilegalmente de la libertad entre el 20 y el 27 de julio de ese año pasaron por distintas unidades policiales o de la Gendarmería y, en todos los casos, fueron conducidas al centro clandestino de detención que funcionó en la hostería de Guerrero. Algunas de estas personas fueron desaparecidas y otras enviadas a la Unidad 9 de La Plata o a la cárcel de Villa Devoto.
 
Durante los años, la defensa de Blaquier y Lemos mutó. Al principio, negaron haber facilitado los vehículos para los secuestros. Después dijeron que los habían entregado antes al Estado, a la Gendarmería o al hospital.
 
Los defensores --encabezados por el exjuez del juicio a las Juntas Jorge Valerga Aráoz-- incluso dijeron que las fuerzas no necesitaban de las camionetas de Ledesma para llevar adelante los secuestros y que era imposible decir que la empresa hubiera estado interesada en que se llevara adelante la represión porque solo cinco de las 20 víctimas eran, al momento de los hechos, empleados del ingenio.
 
 
Los responsables empresariales
  
Blaquier es quizá el empresario nacional más reconocido por su ligazón con la dictadura. Sus defensores no desmienten su amistad con quien fuera el ministro de Economía del régimen de facto, José Martínez de Hoz. Lemos le dijo a la Madre de Plaza de Mayor, Olga Márquez de Aredez que había que "limpiar a los indeseables". Lejos de ser un caso aislado, son muestra de cómo actuó una parte importante del empresariado durante el terrorismo de Estado.
 
Según estimaciones de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, hay una treintena de causas sobre los responsables empresariales, que empezaron a registrar avances en los últimos tiempos. Uno de esos logros fue la confirmación reciente de la condena a dos exdirectivos de la automotriz Ford que tuvo impacto a nivel internacional, pero falta mucho todavía.
 
"La elevación a juicio de la causa Blaquier es muy importante, aunque viene muy demorada por decisiones judiciales irregulares", evaluó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti. "Por eso, desde la Secretaría estamos impulsando todos y cada uno de los casos, denunciando cada demora y exigiendo a los tribunales que resuelvan rápido, teniendo en cuenta que cuando hay responsabilidad empresarial de por medio las resistencias son aún mayores".
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página12
 

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28-03-2026 / 07:03
La historia, caprichosa pero justa, suele poner las cosas en su lugar. El reciente fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que rechaza de plano la demanda de los fondos buitres contra la República Argentina por la recuperación de YPF, no es solo un alivio para las cuentas públicas; es la partida de nacimiento de una verdad que el relato libertario intentó asfixiar: la soberanía nacional no fue un error, sino el acierto estratégico más importante del siglo XXI.


Este veredicto no constituye únicamente una victoria jurídica, sino que representa una reivindicación política total para Axel Kicillof. En 2012, el entonces ministro de Economía comprendió que un país sin el control de su propia energía es un país sin destino. El tiempo, ese juez implacable, terminó por darle la razón: hoy, Vaca Muerta no es una entelequia, sino una realidad que bate récords de producción y sostiene el andamiaje de una Argentina que, de otro modo, estaría de rodillas.

 
En este escenario, es imperativo apelar a la memoria y desenmascarar el cinismo. El hoy presidente no fue un observador neutral en esta disputa; fue un militante activo y un lobbista desfachatado del bando buitre. Javier Milei, el mismo hombre que ahora intenta "caranchear" miserablemente un triunfo judicial ajeno, construyó su carrera mediática descalificando sistemáticamente la recuperación de YPF como un "robo" y un "atropello a la propiedad privada". Su alineamiento con el capital especulativo fue tan obsceno que llegó a proponer la creación de un humillante "Impuesto Kicillof": una tasa destinada a esquilmar al pueblo argentino para pagarle a los fondos buitres una deuda que, hoy lo sabemos, era ilegítima. Como bien señaló el gobernador bonaerense ante la contundencia del fallo: "Es lamentable que el presidente de la Nación haya defendido a los fondos buitres en lugar de defender los intereses del país".

 
La contundencia de la sentencia dictada en Nueva York se traduce en una victoria multidimensional. En el plano fiscal, la Argentina logra un alivio monumental al evitar el desembolso de una cifra astronómica fabricada por la voracidad especuladora. En lo estratégico, el fallo ratifica la legalidad internacional de la expropiación, blindando la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Finalmente, en el terreno político, el veredicto desmantela el relato de la "mala praxis" esgrimido por Milei, validando la solvencia técnica y el coraje de una defensa que priorizó el patrimonio nacional por sobre los dictados de los mercados financieros internacionales.


De la redacción de La Opinión Popular
27-03-2026 / 19:03
24-03-2026 / 13:03
24-03-2026 / 13:03
24-03-2026 / 12:03
Mientras la mayor parte de los argentinos dormían, en la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976, me desperté sobresaltado por los golpes en la puerta de mi casa. El "Chueco", un viejo compañero de militancia, me vino a comunicar que las Fuerzas Armadas habían derrocado al gobierno constitucional del peronismo.
 
Me vestí apresuradamente, me cambié el peinado, me afeite los bigotes y salí inmediatamente a alertar a otros compañeros. La primera casa a la que llegué, la de Rodolfo "Rody" Vittar, no existía más. Horas antes un comando paramilitar había llegado para detenerlo, y como no lo encontró, instaló explosivos y voló la vivienda hasta los cimientos.
 
La represión en Córdoba fue muy dura, igual que en muchos otros lugares del país. Este proceso desembocó en una sangrienta y larga noche de males, que dejó como saldo miles desaparecidos, una guerra perdida a manos de Gran Bretaña y un país económicamente quebrado, entre otras cosas.
 
Por eso, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, en este nuevo aniversario del golpe militar genocida, quiero recordar y rendir un recóndito homenaje a tres queridos compañeros y amigos, asesinados ese siniestro 24 de marzo.

Ellos son: Víctor Lorenzo, Concejal en Córdoba Capital por la Juventud Revolucionaria Peronista, quien fuera ejecutado, el día del golpe, de un tiro en la cabeza en la cárcel local; don Luis Carnevale, Senador Nacional por la misma provincia, secuestrado y desaparecido ese mismo día; y el mayor Bernardo Alberte, ex Delegado Personal de Juan Perón, quien fuera arrojado a través de la ventana de su departamento, en un sexto piso, por una patrulla militar, la madrugada del siniestro Golpe de Estado.

Hay muertes, que por ser las primeras, son todo un símbolo. Los militares asesinos los eligieron primero porque eran peronistas. Y no se lo perdonaron. Pero, a pesar de las cárceles y los fusilamientos, de los compañeros muertos y los desaparecidos, nunca fuimos vencidos. Continuamos invariablemente las luchas que emprendieron Eva y Juan Perón.

Compañeros Víctor Lorenzo, Luis Carnevale y Bernardo Alberte, Presentes. Hasta la victoria, siempre.

Por Blas García para La Opinión Popular 

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