describió el juez.
 
"Por ello, el aporte de vehículos de la empresa habría sido determinante para contar con transporte suficiente para hacer frente a las privaciones ilegales de la libertad colectivas ocurridas durante un breve lapso de tiempo y que perjudicaron a las 20 víctimas de las 'Noches de los Apagones'", añadió.
 
'/> El empresario Carlos Blaquier a juicio oral por las causas de La Noche del Apagón / La Opinión Popular
La Opinión Popular
                  04:19  |  Lunes 17 de Noviembre de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

Por
“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
Recomendar Imprimir
Nacionales - 15-10-2021 / 08:10
POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS DURANTE LA DICTADURA CÍVICO-MILITAR

El empresario Carlos Blaquier a juicio oral por las causas de La Noche del Apagón

El empresario Carlos Blaquier a juicio oral por las causas de La Noche del Apagón
Cuarenta y cinco años después de La noche del Apagón, cuando la dictadura organizó una ola de secuestros en Jujuy con apoyo de la azucarera Ledesma, su dueño, Carlos Blaquier, fue elevado a juicio oral por su participación en esos hechos, dando fin a las dilaciones otorgadas por la Justicia. En la imagen: Desde hace más de 30 años se realizan marchas en reclamo de justicia para las víctimas del Apagón de Ledesma.
Cuarenta y cinco años después de La noche del Apagón, cuando la dictadura organizó una ola de secuestros en Jujuy con apoyo de la azucarera Ledesma, su dueño, Carlos Blaquier, fue elevado a juicio oral por su participación en esos hechos, dando fin a las dilaciones otorgadas por la Justicia. Es uno de los casos más emblemáticos de la responsabilidad empresaria con los crímenes de lesa humanidad.
 
La noche se volvió más oscura en julio de 1976 en la zona de influencia del ingenio Ledesma en Libertador General San Martín, Jujuy, cuando integrantes de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas salieron a secuestrar personas a bordo de camionetas de la empresa y en pleno apagón. Cuarenta y cinco años después de los secuestros de esas noches del terror y con dilaciones conseguidas en los tribunales, esa oscuridad empezó a disiparse.
 
El dueño de Ledesma SAAI Carlos Pedro Tadeo Blaquier fue elevado a juicio oral por estos hechos junto con el ex administrador general Alberto Enrique Lemos para responder en uno de los casos más emblemáticos de responsabilidad empresarial con crímenes de lesa humanidad.
 
El juez Esteban Hansen envió a Blaquier y a Lemos a juicio por los secuestros perpetrados entre el 20 y el 27 de julio de 1976 en Calilegua, Ledesma y Libertador General San Martín, y reconoció que la empresa --una de las más importantes del país-- hizo un aporte fundamental para la represión en esa provincia norteña del país.
 
"Las detenciones ilegales ocurridas durante las 'Noches del Apagón' fueron masivas y se llevaron a cabo prácticamente al mismo tiempo. Todo ello involucró y demandó un número de vehículos superior al escaso parque automotor del que disponían las fuerzas de seguridad locales", describió el juez.
 
"Por ello, el aporte de vehículos de la empresa habría sido determinante para contar con transporte suficiente para hacer frente a las privaciones ilegales de la libertad colectivas ocurridas durante un breve lapso de tiempo y que perjudicaron a las 20 víctimas de las 'Noches de los Apagones'", añadió.
 

 
LOS CRÍMENES POR EL APAGÓN DE LEDESMA
 
Carlos Blaquier a juicio oral por su colaboración con los secuestros de 1976
 
"Es reparador", dijo Eva Arroyo, referente de HIJOS Jujuy a Página/12. "Es fundamental para las víctimas, que tantos años pusieron el cuerpo y construyeron la condena social hacia Ledesma, que el Estado --a través del Poder Judicial-- reconozca que lo que denunciaron es la verdad histórica", añadió.
 
La causa por la responsabilidad de Blaquier y Lemos en los secuestros recién se reactivó en julio de este año, cuando la Corte por fin dejó sin efecto la falta de mérito con la que la Cámara Federal de Casación Penal había beneficiado a los dos empresarios. Ambos habían sido procesados en noviembre de 2012 por el juez Fernando Poviña por 26 secuestros.
 
Al año siguiente, la Cámara Federal de Salta confirmó los procesamientos en 20 casos. En marzo de 2015, cuando soplaban vientos de cambios políticos, los casadores Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi revocaron los procesamientos. El expediente estuvo seis años en la Corte.
 
El tribunal oral federal de Jujuy deberá poner ahora la fecha para el juicio contra los dos jerarcas de Ledesma y se espera que unifique esta causa con la de los tres secuestros ocurridos el día del golpe y los días siguientes.
 
Antes deberá quedar conformado porque dos de sus integrantes se apartaron y los otros dos jueces que designó la Cámara Federal de Casación aún no se sabe si aceptarán afrontar el proceso. Para el miércoles próximo está fijada una evaluación médica a Blaquier, cuya defensa dice que a sus 94 años no está en condiciones de afrontar el proceso.
 
 
Un pequeño Estado
  
En su indagatoria, Blaquier habló de Ledesma como un "pequeño Estado" que se aseguraba de la bonanza de la población de la zona, pero ese rol iba mucho más allá.
 
"La empresa ejercía entonces sobre la mayoría de los habitantes de estas localidades un control dominante en la relación empleado-empleador, lo que sin dudas debió hacer muy difícil cualquier oposición o reclamo a la patronal, que pudiera poner en juego sus intereses económicos", escribió Hansen.
 
En su papel de pequeño Estado, Ledesma también garantizaba otras cuestiones: les daba vivienda a las fuerzas de seguridad y les proporcionaba vehículos.
 
Con esos vehículos, la Policía Federal, el Ejército, la Gendarmería y la policía provincial --que dependían, en última instancia del Tercer Cuerpo de Ejército, a cargo de Luciano Benjamín Menéndez-- salieron de cacería en julio de 1976. Contaron con los cortes de corriente eléctrica, que no pudo determinarse judicialmente que hubieran sido provocados por Ledesma, para moverse en la penumbra.
 
Las personas que fueron privadas ilegalmente de la libertad entre el 20 y el 27 de julio de ese año pasaron por distintas unidades policiales o de la Gendarmería y, en todos los casos, fueron conducidas al centro clandestino de detención que funcionó en la hostería de Guerrero. Algunas de estas personas fueron desaparecidas y otras enviadas a la Unidad 9 de La Plata o a la cárcel de Villa Devoto.
 
Durante los años, la defensa de Blaquier y Lemos mutó. Al principio, negaron haber facilitado los vehículos para los secuestros. Después dijeron que los habían entregado antes al Estado, a la Gendarmería o al hospital.
 
Los defensores --encabezados por el exjuez del juicio a las Juntas Jorge Valerga Aráoz-- incluso dijeron que las fuerzas no necesitaban de las camionetas de Ledesma para llevar adelante los secuestros y que era imposible decir que la empresa hubiera estado interesada en que se llevara adelante la represión porque solo cinco de las 20 víctimas eran, al momento de los hechos, empleados del ingenio.
 
 
Los responsables empresariales
  
Blaquier es quizá el empresario nacional más reconocido por su ligazón con la dictadura. Sus defensores no desmienten su amistad con quien fuera el ministro de Economía del régimen de facto, José Martínez de Hoz. Lemos le dijo a la Madre de Plaza de Mayor, Olga Márquez de Aredez que había que "limpiar a los indeseables". Lejos de ser un caso aislado, son muestra de cómo actuó una parte importante del empresariado durante el terrorismo de Estado.
 
Según estimaciones de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, hay una treintena de causas sobre los responsables empresariales, que empezaron a registrar avances en los últimos tiempos. Uno de esos logros fue la confirmación reciente de la condena a dos exdirectivos de la automotriz Ford que tuvo impacto a nivel internacional, pero falta mucho todavía.
 
"La elevación a juicio de la causa Blaquier es muy importante, aunque viene muy demorada por decisiones judiciales irregulares", evaluó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti. "Por eso, desde la Secretaría estamos impulsando todos y cada uno de los casos, denunciando cada demora y exigiendo a los tribunales que resuelvan rápido, teniendo en cuenta que cuando hay responsabilidad empresarial de por medio las resistencias son aún mayores".
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página12
 

Agreganos como amigo a Facebook
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
La Opinión Popular
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar