14:22 | Viernes 27 de Febrero de 2013 | Entre Ríos
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Nacionales - 13-10-2021 / 10:10
ESPIONAJE MACRISTA: MÁS GRAVE DE LO QUE SE CREÍA
Stornelli y D'Alessio: A juicio por espionaje, extorsión, persecución de opositores y venganzas personales
El falso abogado macrista Marcelo Sebastián D’Alessio está más cerca de afrontar su segundo juicio oral. Esta vez podría sentarse junto a él en el banquillo Carlos Stornelli, fiscal federal macrista de los tribunales de Comodoro Py. En los últimos días, los querellantes le pidieron al juez Martín Bava, que subroga en Dolores, que los eleve a juicio por la organización criminal dedicada al espionaje que se investiga en esa jurisdicción.
El falso abogado macrista Marcelo Sebastián D'Alessio está más cerca de afrontar su segundo juicio oral. Esta vez podría sentarse junto a él en el banquillo Carlos Stornelli, fiscal federal macrista de los tribunales de Comodoro Py. En los últimos días, los querellantes le pidieron al juez Martín Bava, que subroga en Dolores, que los eleve a juicio por la organización criminal dedicada al espionaje que se investiga en esa jurisdicción.
Las revelaciones sobre la maquinaria de espionaje ilegal que se montó en el Estado, contra dirigentes y empresarios detenidos sin condena durante el gobierno de Mauricio Macri, agrava el cuadro de violaciones a la institucionalidad que sufrió el país en aquel oscuro cuatrienio neoliberal. Recordemos que, en otra causa, Macri fue citado a declaración indagatoria por el juez que investiga el espionaje a los familiares de los submarinistas muertos en el ARA San Juan. Los macristas Gustavo Arribas y Silvia Majdalani ya están procesados en esta causa y el magistrado quiere saber si Macri les dio la orden de proceder al seguimiento ilegal. A la primera citación no concurrió, por ello deberá hacerlo el 20 de octubre.
En una vuelta de tuerca sobre una práctica violatoria de la Constitución y las leyes argentinas que se extendió en nuestro país como nunca antes bajo un gobierno electo por el voto popular, se destapó el espionaje a una cincuentena de abogados que defendían en aquellos años a los dirigentes K encarcelados en el penal de Ezeiza por aplicación de la llamada "doctrina Irurzun", un engendro jurídico que dejó de aplicarse apenas el macrismo abandonó la Casa Rosada.
No solo se interceptaron centenares de llamadas telefónicas de los defensores con sus clientes, por parte de la Agencia Federal de Investigaciones que conducían entonces Arribas y Majdalani, sino que esas escuchas fueron luego transcriptas en su totalidad y convertidas en archivos de texto. Como lo sabe cualquier estudiante de derecho, las conversaciones entre un imputado en una causa judicial y su abogado defensor son privadas, están resguardadas bajo las más estrictas normas de confidencialidad, y cuentan con las máximas garantías de protección, tanto en nuestro país como en todos los países del mundo con sistemas políticos democráticos.
Varios jueces y fiscales de Comodoro Py estaban al tanto de estas operaciones de espionaje como se determinó en la causa que investiga al espía macrista D'Alessio. Esos jueces y fiscales habrían estado en conocimiento, por esta vía ilegal, de las estrategias de las defensas de varios de los juicios que tenían a su cargo contra los detenidos en Ezeiza. Ello es tan grave que el Colegio Público de Abogados de Buenos Aires y el Ministerio Público de la Defensa plantearon fuertes reservas sobre el futuro de las causas involucradas ante la magnitud de las violaciones a la garantía constitucional de defensa en juicio.
La gran prensa porteña de derecha sigue intentando blindar a Macri escondiendo o manipulando la información sobre estas y muchas otras "cosas feas". Pero son tantas las evidencias que solo no ve el que no quiere ver.
La Opinión Popular
Las revelaciones sobre la maquinaria de espionaje ilegal que se montó en el Estado, contra dirigentes y empresarios detenidos sin condena durante el gobierno de Mauricio Macri, agrava el cuadro de violaciones a la institucionalidad que sufrió el país en aquel oscuro cuatrienio neoliberal. Recordemos que, en otra causa, Macri fue citado a declaración indagatoria por el juez que investiga el espionaje a los familiares de los submarinistas muertos en el ARA San Juan. Los macristas Gustavo Arribas y Silvia Majdalani ya están procesados en esta causa y el magistrado quiere saber si Macri les dio la orden de proceder al seguimiento ilegal. A la primera citación no concurrió, por ello deberá hacerlo el 20 de octubre.
En una vuelta de tuerca sobre una práctica violatoria de la Constitución y las leyes argentinas que se extendió en nuestro país como nunca antes bajo un gobierno electo por el voto popular, se destapó el espionaje a una cincuentena de abogados que defendían en aquellos años a los dirigentes K encarcelados en el penal de Ezeiza por aplicación de la llamada "doctrina Irurzun", un engendro jurídico que dejó de aplicarse apenas el macrismo abandonó la Casa Rosada.
No solo se interceptaron centenares de llamadas telefónicas de los defensores con sus clientes, por parte de la Agencia Federal de Investigaciones que conducían entonces Arribas y Majdalani, sino que esas escuchas fueron luego transcriptas en su totalidad y convertidas en archivos de texto. Como lo sabe cualquier estudiante de derecho, las conversaciones entre un imputado en una causa judicial y su abogado defensor son privadas, están resguardadas bajo las más estrictas normas de confidencialidad, y cuentan con las máximas garantías de protección, tanto en nuestro país como en todos los países del mundo con sistemas políticos democráticos.
Varios jueces y fiscales de Comodoro Py estaban al tanto de estas operaciones de espionaje como se determinó en la causa que investiga al espía macrista D'Alessio. Esos jueces y fiscales habrían estado en conocimiento, por esta vía ilegal, de las estrategias de las defensas de varios de los juicios que tenían a su cargo contra los detenidos en Ezeiza. Ello es tan grave que el Colegio Público de Abogados de Buenos Aires y el Ministerio Público de la Defensa plantearon fuertes reservas sobre el futuro de las causas involucradas ante la magnitud de las violaciones a la garantía constitucional de defensa en juicio.
La gran prensa porteña de derecha sigue intentando blindar a Macri escondiendo o manipulando la información sobre estas y muchas otras "cosas feas". Pero son tantas las evidencias que solo no ve el que no quiere ver.
La Opinión Popular
LA INVESTIGACIÓN EN EL JUZGADO DE DOLORES POR OPERATIVOS DE INTELIGENCIA Y EXTORSIÓN
Espionaje ilegal: Marcelo D'Alessio y Carlos Stornelli quedaron a un paso del juicio oral
El juez Martín Bava le solicitó a la fiscalía que opine si puede elevar a juicio el primer tramo de la pesquisa que reveló cómo agentes de la AFI y de las fuerzas de seguridad, operadores e incluso magistrados usaban causas judiciales para extorsionar y lavar dinero durante el gobierno de Mauricio Macri. Las querellas pidieron que se realice el proceso oral.
Este martes, además, el juez Bava le corrió vista al fiscal Juan Pablo Curi para que opine si el primer tramo de la investigación que destapó cómo servicios, operadores, integrantes de fuerzas de seguridad e incluso magistrados usaban causas judiciales a su antojo durante la gestión de Cambiemos está lista para ser ventilada ante un tribunal oral.
Hace exactamente un mes, Bava comenzó los trámites para elevar a juicio la investigación que inició su colega Alejo Ramos Padilla el 28 de enero de 2019 tras la denuncia del empresario Pedro Etchbest, que declaró que D'Alessio y Stornelli querían extorsionarlo para no involucrarlo en la causa de los cuadernos, que llevaban adelante el fiscal y el juez Claudio Bonadio desde agosto del año anterior. Después de los allanamientos al country Saint Thomas donde vivía D'Alessio y con el secuestro de sus computadoras y celulares, Ramos Padilla empezó a reconstruir cómo funcionaba una organización con terminales en la propia Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en ministerios y en la Justicia.
Pese a que la situación de Stornelli aún está para ser revisada en la Cámara Federal de Casación Penal, Bava les pidió a las querellas que opinaran si el expediente podía empezar su camino hacia el juicio oral. La Unidad de Información Financiera (UIF), Maximiliano Rusconi, Gabriel Palmeiro y José Manuel Ubeira, entre otros, pidieron que se avance con el juicio oral. Por la magnitud de la causa, el expediente se encamina a ser elevado en tramos --como sucede con las megainvestigaciones, por ejemplo, en delitos de lesa humanidad--.
Entre otros, los querellantes pidieron que se eleve a D'Alessio, Stornelli, al expolicía y exintegrante de la AFI Ricardo Bogoliuk, al exprefecto Franco Pini y otros integrantes de la banda por los siguientes hechos:
· La extorsión al empresario Mario Cifuentes, que tuvo lugar entre el 28 de febrero y el 5 de abril de 2018. D'Alessio le pidió 1.200.000 dólares para arreglar lo que definía como una "causa negra" en la que lo único que se buscaba era perseguirlo. Según decía el falso abogado, 1 millón sería para el juez Bonadio y 200 mil dólares para la AFI. Para amedrentarlo, le exhibió los registros de sus comunicaciones, que consiguió a través del fiscal provincial Juan Ignacio Bidone. D'Alessio llamó en dos ocasiones a Cifuentes para decirle que viera Animales Sueltos y en dos oportunidades el periodista Daniel Santoro mencionó a OPS, la firma de Cifuentes, cuando en realidad estaba hablando de OAS. En este caso, D'Alessio hizo ostentación de armas cuando llevó al empresario en su auto con sirenas y sin parar en los semáforos. También le dijo que su hijo podría terminar preso si le encontraban 5 kilos de drogas en el auto.
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· Operación Porcaro: las investigaciones, que incluían fotografías del lugar donde vivía e incluso de las casas de sus vecinos y el uso de drones para conseguir información sobre Roberto Porcaro, a quien D'Alessio mencionaba como un "operador K".
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· La intrusión en las bases de Migraciones: esa operatoria se hacía a través del prefecto Franco Pini, quien revisó los viajes de, entre otros, el juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y su exsocio Gabriel Bouzat, el extitular de la Aduana Juan José Gómez Centurión, la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, el despachante Gabriel Traficante (por cuyo caso ya fueron condenados D'Alessio, Bidone y el exAFI Rolando Barreiro) y el intendente de Merlo Gustavo Menéndez.
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· La "cama" al exmarido de la actual pareja de Stornelli. En enero de 2019, el fiscal le pidió a D'Alessio que investigara a Jorge Castañón Distefano, un piloto que había estado casado con su actual esposa. El falso abogado le pasó información y le sugirió "ponerle algo en la valija".
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· Una cámara oculta al abogado Ubeira: Stornelli pidió el auxilio de D'Alessio para que le hicieran una filmación clandestina al abogado. Esa operación se habría terminado de planificar el 8 de enero de 2019, cuando D'Alessio visitó al fiscal en el balneario de Pinamar. Sin embargo, quedó en la nada cuando, veinte días después, Etchebest presentara la denuncia en el Juzgado Federal de Dolores. Pese a que la Cámara Federal de Mar del Plata alivió mucho la situación de Stornelli, ese tribunal confirmó su procesamiento por los casos de Castañón y Ubeira.
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· Las transacciones millonarias del Grupo Buenos Aires: D'Alessio compartió entre marzo y diciembre de 2018 un grupo de WhatsApp con Bogoliuk, Pablo Bloise, Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti y Aldo Sánchez que estaba dedicado a mover divisas que se sabía que tenían un origen ilegal. Por esos hechos, la UIF pidió que sean elevados a juicio por lavado de activos.
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A partir de este martes, el fiscal Curi tendrá seis días para formular el pedido de elevación a juicio. Curi ya había pedido en abril del año pasado que se elevara un tramo, pero Ramos Padilla prefirió esperar para que no llegara a juicio oral una asociación ilícita desmembrada. Después de que se pronuncie el fiscal, Bava podrá clausurar la instrucción y enviarla a Mar del Plata para que los hechos sean tratados por el tribunal oral.
Bava subroga en Dolores desde marzo, cuando Ramos Padilla asumió al frente del Juzgado Federal 1 de La Plata con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Desde Dolores continuó con las investigaciones de espionaje que arrancó su colega, dictó nuevos procesamientos en la causa del D'Alessiogate, en la del "Proyecto AMBA" de la AFI y en la del espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan. En los últimos diez días sacudió el tablero al citar a indagatoria al expresidente Mauricio Macri por haberle ordenado presuntamente a la AFI seguir a las familias de los submarinistas entre finales de 2017 y finales de 2018. Desde el macrismo, acusan a Dolores de ser un "juzgado anti-PRO".
Por Luciana Bertoia
Fuentes: Página12 y La Arena
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