está más cerca de afrontar su segundo juicio oral. Esta vez podría sentarse junto a él en el banquillo Carlos Stornelli, fiscal federal macrista de los tribunales de Comodoro Py. En los últimos días, los querellantes le pidieron al juez Martín Bava, que subroga en Dolores, que los eleve a juicio por la organización criminal dedicada al espionaje que se investiga en esa jurisdicción.
 
Las revelaciones sobre la maquinaria de espionaje ilegal que se montó en el Estado, contra dirigentes y empresarios detenidos sin condena durante el gobierno de Mauricio Macri, agrava el cuadro de violaciones a la institucionalidad que sufrió el país en aquel oscuro cuatrienio neoliberal. Recordemos que, en otra causa, Macri fue citado a declaración indagatoria por el juez que investiga el espionaje a los familiares de los submarinistas muertos en el ARA San Juan. Los macristas Gustavo Arribas y Silvia Majdalani ya están procesados en esta causa y el magistrado quiere saber si Macri les dio la orden de proceder al seguimiento ilegal. A la primera citación no concurrió, por ello deberá hacerlo el 20 de octubre.
 
En una vuelta de tuerca sobre una práctica violatoria de la Constitución y las leyes argentinas que se extendió en nuestro país como nunca antes bajo un gobierno electo por el voto popular, se destapó el espionaje a una cincuentena de abogados que defendían en aquellos años a los dirigentes K encarcelados en el penal de Ezeiza por aplicación de la llamada "doctrina Irurzun", un engendro jurídico que dejó de aplicarse apenas el macrismo abandonó la Casa Rosada.
 
No solo se interceptaron centenares de llamadas telefónicas de los defensores con sus clientes, por parte de la Agencia Federal de Investigaciones que conducían entonces Arribas y Majdalani, sino que esas escuchas fueron luego transcriptas en su totalidad y convertidas en archivos de texto. Como lo sabe cualquier estudiante de derecho, las conversaciones entre un imputado en una causa judicial y su abogado defensor son privadas, están resguardadas bajo las más estrictas normas de confidencialidad, y cuentan con las máximas garantías de protección, tanto en nuestro país como en todos los países del mundo con sistemas políticos democráticos.
 
Varios jueces y fiscales de Comodoro Py estaban al tanto de estas operaciones de espionaje como se determinó en la causa que investiga al espía macrista D'Alessio. Esos jueces y fiscales habrían estado en conocimiento, por esta vía ilegal, de las estrategias de las defensas de varios de los juicios que tenían a su cargo contra los detenidos en Ezeiza. Ello es tan grave que el Colegio Público de Abogados de Buenos Aires y el Ministerio Público de la Defensa plantearon fuertes reservas sobre el futuro de las causas involucradas ante la magnitud de las violaciones a la garantía constitucional de defensa en juicio.
 
La gran prensa porteña de derecha sigue intentando blindar a Macri escondiendo o manipulando la información sobre estas y muchas otras "cosas feas". Pero son tantas las evidencias que solo no ve el que no quiere ver.
 
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Nacionales - 13-10-2021 / 10:10
ESPIONAJE MACRISTA: MÁS GRAVE DE LO QUE SE CREÍA

Stornelli y D'Alessio: A juicio por espionaje, extorsión, persecución de opositores y venganzas personales

Stornelli y D'Alessio: A juicio por espionaje, extorsión, persecución de opositores y venganzas personales
El falso abogado macrista Marcelo Sebastián D’Alessio está más cerca de afrontar su segundo juicio oral. Esta vez podría sentarse junto a él en el banquillo Carlos Stornelli, fiscal federal macrista de los tribunales de Comodoro Py. En los últimos días, los querellantes le pidieron al juez Martín Bava, que subroga en Dolores, que los eleve a juicio por la organización criminal dedicada al espionaje que se investiga en esa jurisdicción.
El falso abogado macrista Marcelo Sebastián D'Alessio está más cerca de afrontar su segundo juicio oral. Esta vez podría sentarse junto a él en el banquillo Carlos Stornelli, fiscal federal macrista de los tribunales de Comodoro Py. En los últimos días, los querellantes le pidieron al juez Martín Bava, que subroga en Dolores, que los eleve a juicio por la organización criminal dedicada al espionaje que se investiga en esa jurisdicción.
 
Las revelaciones sobre la maquinaria de espionaje ilegal que se montó en el Estado, contra dirigentes y empresarios detenidos sin condena durante el gobierno de Mauricio Macri, agrava el cuadro de violaciones a la institucionalidad que sufrió el país en aquel oscuro cuatrienio neoliberal. Recordemos que, en otra causa, Macri fue citado a declaración indagatoria por el juez que investiga el espionaje a los familiares de los submarinistas muertos en el ARA San Juan. Los macristas Gustavo Arribas y Silvia Majdalani ya están procesados en esta causa y el magistrado quiere saber si Macri les dio la orden de proceder al seguimiento ilegal. A la primera citación no concurrió, por ello deberá hacerlo el 20 de octubre.
 
En una vuelta de tuerca sobre una práctica violatoria de la Constitución y las leyes argentinas que se extendió en nuestro país como nunca antes bajo un gobierno electo por el voto popular, se destapó el espionaje a una cincuentena de abogados que defendían en aquellos años a los dirigentes K encarcelados en el penal de Ezeiza por aplicación de la llamada "doctrina Irurzun", un engendro jurídico que dejó de aplicarse apenas el macrismo abandonó la Casa Rosada.
 
No solo se interceptaron centenares de llamadas telefónicas de los defensores con sus clientes, por parte de la Agencia Federal de Investigaciones que conducían entonces Arribas y Majdalani, sino que esas escuchas fueron luego transcriptas en su totalidad y convertidas en archivos de texto. Como lo sabe cualquier estudiante de derecho, las conversaciones entre un imputado en una causa judicial y su abogado defensor son privadas, están resguardadas bajo las más estrictas normas de confidencialidad, y cuentan con las máximas garantías de protección, tanto en nuestro país como en todos los países del mundo con sistemas políticos democráticos.
 
Varios jueces y fiscales de Comodoro Py estaban al tanto de estas operaciones de espionaje como se determinó en la causa que investiga al espía macrista D'Alessio. Esos jueces y fiscales habrían estado en conocimiento, por esta vía ilegal, de las estrategias de las defensas de varios de los juicios que tenían a su cargo contra los detenidos en Ezeiza. Ello es tan grave que el Colegio Público de Abogados de Buenos Aires y el Ministerio Público de la Defensa plantearon fuertes reservas sobre el futuro de las causas involucradas ante la magnitud de las violaciones a la garantía constitucional de defensa en juicio.
 
La gran prensa porteña de derecha sigue intentando blindar a Macri escondiendo o manipulando la información sobre estas y muchas otras "cosas feas". Pero son tantas las evidencias que solo no ve el que no quiere ver.
 
La Opinión Popular
 

 
LA INVESTIGACIÓN EN EL JUZGADO DE DOLORES POR OPERATIVOS DE INTELIGENCIA Y EXTORSIÓN
 
Espionaje ilegal: Marcelo D'Alessio y Carlos Stornelli quedaron a un paso del juicio oral
 
El juez Martín Bava le solicitó a la fiscalía que opine si puede elevar a juicio el primer tramo de la pesquisa que reveló cómo agentes de la AFI y de las fuerzas de seguridad, operadores e incluso magistrados usaban causas judiciales para extorsionar y lavar dinero durante el gobierno de Mauricio Macri. Las querellas pidieron que se realice el proceso oral.
 
Este martes, además, el juez Bava le corrió vista al fiscal Juan Pablo Curi para que opine si el primer tramo de la investigación que destapó cómo servicios, operadores, integrantes de fuerzas de seguridad e incluso magistrados usaban causas judiciales a su antojo durante la gestión de Cambiemos está lista para ser ventilada ante un tribunal oral.
 
Hace exactamente un mes, Bava comenzó los trámites para elevar a juicio la investigación que inició su colega Alejo Ramos Padilla el 28 de enero de 2019 tras la denuncia del empresario Pedro Etchbest, que declaró que D'Alessio y Stornelli querían extorsionarlo para no involucrarlo en la causa de los cuadernos, que llevaban adelante el fiscal y el juez Claudio Bonadio desde agosto del año anterior. Después de los allanamientos al country Saint Thomas donde vivía D'Alessio y con el secuestro de sus computadoras y celulares, Ramos Padilla empezó a reconstruir cómo funcionaba una organización con terminales en la propia Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en ministerios y en la Justicia.
 
Pese a que la situación de Stornelli aún está para ser revisada en la Cámara Federal de Casación Penal, Bava les pidió a las querellas que opinaran si el expediente podía empezar su camino hacia el juicio oral. La Unidad de Información Financiera (UIF), Maximiliano Rusconi, Gabriel Palmeiro y José Manuel Ubeira, entre otros, pidieron que se avance con el juicio oral. Por la magnitud de la causa, el expediente se encamina a ser elevado en tramos --como sucede con las megainvestigaciones, por ejemplo, en delitos de lesa humanidad--.
 
Entre otros, los querellantes pidieron que se eleve a D'Alessio, Stornelli, al expolicía y exintegrante de la AFI Ricardo Bogoliuk, al exprefecto Franco Pini y otros integrantes de la banda por los siguientes hechos:
 
·         La extorsión al empresario Mario Cifuentes, que tuvo lugar entre el 28 de febrero y el 5 de abril de 2018. D'Alessio le pidió 1.200.000 dólares para arreglar lo que definía como una "causa negra" en la que lo único que se buscaba era perseguirlo. Según decía el falso abogado, 1 millón sería para el juez Bonadio y 200 mil dólares para la AFI. Para amedrentarlo, le exhibió los registros de sus comunicaciones, que consiguió a través del fiscal provincial Juan Ignacio Bidone. D'Alessio llamó en dos ocasiones a Cifuentes para decirle que viera Animales Sueltos y en dos oportunidades el periodista Daniel Santoro mencionó a OPS, la firma de Cifuentes, cuando en realidad estaba hablando de OAS. En este caso, D'Alessio hizo ostentación de armas cuando llevó al empresario en su auto con sirenas y sin parar en los semáforos. También le dijo que su hijo podría terminar preso si le encontraban 5 kilos de drogas en el auto.
·          
·         Operación Porcaro: las investigaciones, que incluían fotografías del lugar donde vivía e incluso de las casas de sus vecinos y el uso de drones para conseguir información sobre Roberto Porcaro, a quien D'Alessio mencionaba como un "operador K".
·          
·         La intrusión en las bases de Migraciones: esa operatoria se hacía a través del prefecto Franco Pini, quien revisó los viajes de, entre otros, el juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y su exsocio Gabriel Bouzat, el extitular de la Aduana Juan José Gómez Centurión, la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, el despachante Gabriel Traficante (por cuyo caso ya fueron condenados D'Alessio, Bidone y el exAFI Rolando Barreiro) y el intendente de Merlo Gustavo Menéndez.
·          
·         La "cama" al exmarido de la actual pareja de Stornelli. En enero de 2019, el fiscal le pidió a D'Alessio que investigara a Jorge Castañón Distefano, un piloto que había estado casado con su actual esposa. El falso abogado le pasó información y le sugirió "ponerle algo en la valija".
·          
·         Una cámara oculta al abogado Ubeira: Stornelli pidió el auxilio de D'Alessio para que le hicieran una filmación clandestina al abogado. Esa operación se habría terminado de planificar el 8 de enero de 2019, cuando D'Alessio visitó al fiscal en el balneario de Pinamar. Sin embargo, quedó en la nada cuando, veinte días después, Etchebest presentara la denuncia en el Juzgado Federal de Dolores. Pese a que la Cámara Federal de Mar del Plata alivió mucho la situación de Stornelli, ese tribunal confirmó su procesamiento por los casos de Castañón y Ubeira.
·          
·         Las transacciones millonarias del Grupo Buenos Aires: D'Alessio compartió entre marzo y diciembre de 2018 un grupo de WhatsApp con Bogoliuk, Pablo Bloise, Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti y Aldo Sánchez que estaba dedicado a mover divisas que se sabía que tenían un origen ilegal. Por esos hechos, la UIF pidió que sean elevados a juicio por lavado de activos.
·          
A partir de este martes, el fiscal Curi tendrá seis días para formular el pedido de elevación a juicio. Curi ya había pedido en abril del año pasado que se elevara un tramo, pero Ramos Padilla prefirió esperar para que no llegara a juicio oral una asociación ilícita desmembrada. Después de que se pronuncie el fiscal, Bava podrá clausurar la instrucción y enviarla a Mar del Plata para que los hechos sean tratados por el tribunal oral.
 
Bava subroga en Dolores desde marzo, cuando Ramos Padilla asumió al frente del Juzgado Federal 1 de La Plata con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Desde Dolores continuó con las investigaciones de espionaje que arrancó su colega, dictó nuevos procesamientos en la causa del D'Alessiogate, en la del "Proyecto AMBA" de la AFI y en la del espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan. En los últimos diez días sacudió el tablero al citar a indagatoria al expresidente Mauricio Macri por haberle ordenado presuntamente a la AFI seguir a las familias de los submarinistas entre finales de 2017 y finales de 2018. Desde el macrismo, acusan a Dolores de ser un "juzgado anti-PRO".
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuentes: Página12 y La Arena
 

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13-02-2026 / 10:02
Con un discurso que es música para los oídos de los ricos empresarios, el gobierno ultra derechista de Javier "el Loco" Milei aprobó en la Cámara Alta el proyecto de Reforma Laboral esclavista que es la continuidad de la Motosierra aplicada desde su asunción. Empezó con el DNU 70/2023, siguió con la Ley Bases y otros engendros como el desfinanciamiento en Educación y en Discapacidad; y ahora remata con el recorte y hasta la eliminación de conquistas históricas de justicia social obtenidas tras décadas de lucha obrera y resistencia popular, que costó muchas vidas.
 
La reforma laboral del Gobierno ultra derechista de Milei destruye el derecho de las y los trabajadores por tres grandes vías. Ataca el contrato individual -con la creación del banco de horas, el fraccionamiento de las vacaciones o el recorte a las licencias por enfermedad-, debilita la acción sindical -con los límites al derecho a huelga, o la prohibición de las asambleas- y por último, también ataca a la justicia laboral -con, por ejemplo, el traspaso a los tribunales a la Ciudad de Buenos Aires-.
 
Una encerrona a la que la administración del fascista Milei pretende llevar a los empleados formales, pero también a los informales, a los que deja tanto o más desprotegidos de lo que estaban hasta ahora. Ni trabajadores de aplicaciones ni monotributistas, el proyecto libertario no tiene beneficiarios entre la masa trabajadora.
 
"Si te lastimaste jugando al fútbol, tu jefe no tiene nada que ver". La frase del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, resume el argumento libertario para romper con un derecho histórico: las licencias por enfermedad. Si la ley se sanciona, aquella persona que tenga una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de las tareas laborales cobrará solo el 50 por ciento del sueldo que percibía al momento del accidente durante 3 meses o 6 si tiene personas a cargo.
 
Los libertarios fueron un poco más generosos con aquellos que padezcan "enfermedades no voluntarias", es decir, que no sean consecuencia de actividades voluntarias riesgosas. En ese caso, el empleado tendrá derecho a percibir el 75 por ciento del salario. Una situación a la que la senadora de Fuerza Patria Cristina López calificó como "esclavitud laboral". "Si te enfermás, perdés. Si tu cuerpo no da más perdés, igual que en el siglo XIX", dijo.
 
El proyecto que Bullrich logró sancionar en el Senado habla de una "negociación dinámica" del salario, es decir, que los gremios o los trabajadores particulares pueden acordar con las empresas extras como bonos o compensaciones que estén vinculados a niveles de productividad o de objetivos. También habilita el "banco de horas", que hace que el empleado sume las extras y acumule una especie de saldo para después canjear por días libres o jornadas de trabajo reducidas.
 
Es decir, pone a trabajadores y empresarios en igualdad de condiciones para poder negociar en una relación que es desigual, en la que las fuerzas son distintas. Para el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matías Cremonte, "la ley lo que hace es volver a desequilibrar la balanza en favor de los empresarios". Al modificar la Ley de Contrato de Trabajo, el Gobierno busca que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de 7 días (antes eran por 15) y que el trabajador tenga, al menos, un período de vacaciones en verano cada 3 años. Una complicación a la hora de combinar con el ritmo escolar en los casos de quienes tienen hijos.
 
Su aprobación es una dura derrota para el movimiento obrero y los trabajadores precarizados, no se crearán más puestos de trabajo, sino que habrá más precarización laboral y superexplotación, generando más riquezas para los empresarios y más penurias para quienes no tienen más que su fuerza de trabajo.
 
La Opinión Popular
 

12-02-2026 / 10:02
El aire pica, arde, lastima la garganta. No se puede respirar. Lágrimas y ojos rojos. Corridas. Un rato antes de las cuatro de la tarde, la calma tensa de la Plaza del Congreso estalló en pedazos. A mansalva, el pelotón de gendarmes dispara sus escopetas desde la avenida Entre Ríos mientras los camiones hidrantes escupen agua para despejar lo que la política no pudo convencer. Llueven las bombas lacrimógenas sobre una plaza que, apenas una hora antes, era un hervidero de trabajadores protestando contra una reforma laboral que se dice moderna pero es esclavista y decimonónica: un viaje sin escalas al siglo XIX.
 
Otra vez el panic show mileísta: un despliegue de detenciones y balas de goma para vaciar la calle mientras adentro, en el palacio legislativo de mármol, se ejecuta el remate de la dignidad de los laburantes. La jornada había comenzado con un blanco nuclear. No era el sol de la justicia, sino el resplandor de una subasta que no admite ofertas en pesos, solo se liquida con el lomo del que labura. Obreros, docentes, judiciales, bancarios, jubilados...
 
A las dos de la tarde, las columnas de los gremios empezaron a ganar la calle, y para las tres, la Plaza ya era un mar de banderas y espanto bajo un sol tremendo. Los gendarmes, alineados con una simetría maníaca, exhiben botas con un brillo obsceno, casi un espejo donde podés peinarte antes de que te partan el alma. Estaban agazapados tras las vallas, custodiando un Congreso enjaulado como pajarera de lujo.
 
En el corralito antes del Palacio, el ingenio popular intentó ganarle al cinismo: un cartel gritaba "Saluden a las horas extras que se van", mientras otro advertía: "Con el banco de horas despedite de tu familia". Hay carteles más directos que se agitan sobre las cabezas: "Quitar derechos laborales viola la Constitución Nacional".
 
Bajo un celeste furioso, los paraguas de los ferroviarios servían para taparse del sol mientras una señora repartía estampitas de la Virgen de Luján "para que nos salve". Luis, operario metalúrgico de Quilmes, buscaba un resto de sombra bajo un ombú: "Si te pueden pagar el sueldo con fideos o fraccionarte las vacaciones, lo único que liberan es la mano del patrón para apretarnos más fuerte". Gabriel Espósito, delegado de ATE en Atucha, miraba las vallas con preocupación: "Estamos peleando para tirar atrás esta reforma que nos regresa cien años en el tiempo. Es un capítulo más de un proyecto que quiere ver a los sectores populares de rodillas".
 
Mientras en la calle se ponía el cuerpo, en los pasillos del Senado se pulía el desguace. El clan Caputo y los Menem cerraron el canje de Ganancias por la Reforma Laboral. La perversión es quirúrgica: se derogan estatutos y se liquida la indemnización plena. Pablo Luna, jubilado de YPF, no lo podía creer: "Se están pasando el 14 bis por las pelotas. ¡Qué futuro les espera a los chicos!".
 
Antes de que el gas lo cubriera todo, un solo grito unificaba las columnas: "¡Paro, paro, paro... paro general!". Era el reclamo de la calle que el Parlamento se negaba a escuchar. Pasadas las cuatro, el escenario mutó en pesadilla. Un grupo de encapuchados protagonizó incidentes contra el vallado, la excusa perfecta para que la represión se volviera cacería. El avance de la Gendarmería y de los cosacos de la Ciudad convirtió la Plaza en un territorio ocupado. El "modelo Milei" consiguió su victoria de papel entre nubes de tóxicos.
 
En el asfalto caliente, donde todavía flota el ácido del gas pimienta, el aire se volvió irrespirable. Adentro del Congreso brinda la casta mileísta; afuera, el pueblo mastica el polvo de una traición. La patria no se vende, se defiende, y esta tarde la defensa se escribió con el cuero aguantando el fuego del amo. Pero no seremos su esclavo: sean eternos los derechos que supimos conseguir.
 
La Opinión Popular
 

11-02-2026 / 11:02
La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.
 
Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.
 
Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.
 
Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.
 
Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.
 
Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.
 
La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.
 
Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".
 

10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

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