está más cerca de afrontar su segundo juicio oral. Esta vez podría sentarse junto a él en el banquillo Carlos Stornelli, fiscal federal macrista de los tribunales de Comodoro Py. En los últimos días, los querellantes le pidieron al juez Martín Bava, que subroga en Dolores, que los eleve a juicio por la organización criminal dedicada al espionaje que se investiga en esa jurisdicción.
 
Las revelaciones sobre la maquinaria de espionaje ilegal que se montó en el Estado, contra dirigentes y empresarios detenidos sin condena durante el gobierno de Mauricio Macri, agrava el cuadro de violaciones a la institucionalidad que sufrió el país en aquel oscuro cuatrienio neoliberal. Recordemos que, en otra causa, Macri fue citado a declaración indagatoria por el juez que investiga el espionaje a los familiares de los submarinistas muertos en el ARA San Juan. Los macristas Gustavo Arribas y Silvia Majdalani ya están procesados en esta causa y el magistrado quiere saber si Macri les dio la orden de proceder al seguimiento ilegal. A la primera citación no concurrió, por ello deberá hacerlo el 20 de octubre.
 
En una vuelta de tuerca sobre una práctica violatoria de la Constitución y las leyes argentinas que se extendió en nuestro país como nunca antes bajo un gobierno electo por el voto popular, se destapó el espionaje a una cincuentena de abogados que defendían en aquellos años a los dirigentes K encarcelados en el penal de Ezeiza por aplicación de la llamada "doctrina Irurzun", un engendro jurídico que dejó de aplicarse apenas el macrismo abandonó la Casa Rosada.
 
No solo se interceptaron centenares de llamadas telefónicas de los defensores con sus clientes, por parte de la Agencia Federal de Investigaciones que conducían entonces Arribas y Majdalani, sino que esas escuchas fueron luego transcriptas en su totalidad y convertidas en archivos de texto. Como lo sabe cualquier estudiante de derecho, las conversaciones entre un imputado en una causa judicial y su abogado defensor son privadas, están resguardadas bajo las más estrictas normas de confidencialidad, y cuentan con las máximas garantías de protección, tanto en nuestro país como en todos los países del mundo con sistemas políticos democráticos.
 
Varios jueces y fiscales de Comodoro Py estaban al tanto de estas operaciones de espionaje como se determinó en la causa que investiga al espía macrista D'Alessio. Esos jueces y fiscales habrían estado en conocimiento, por esta vía ilegal, de las estrategias de las defensas de varios de los juicios que tenían a su cargo contra los detenidos en Ezeiza. Ello es tan grave que el Colegio Público de Abogados de Buenos Aires y el Ministerio Público de la Defensa plantearon fuertes reservas sobre el futuro de las causas involucradas ante la magnitud de las violaciones a la garantía constitucional de defensa en juicio.
 
La gran prensa porteña de derecha sigue intentando blindar a Macri escondiendo o manipulando la información sobre estas y muchas otras "cosas feas". Pero son tantas las evidencias que solo no ve el que no quiere ver.
 
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Nacionales - 13-10-2021 / 10:10
ESPIONAJE MACRISTA: MÁS GRAVE DE LO QUE SE CREÍA

Stornelli y D'Alessio: A juicio por espionaje, extorsión, persecución de opositores y venganzas personales

Stornelli y D'Alessio: A juicio por espionaje, extorsión, persecución de opositores y venganzas personales
El falso abogado macrista Marcelo Sebastián D’Alessio está más cerca de afrontar su segundo juicio oral. Esta vez podría sentarse junto a él en el banquillo Carlos Stornelli, fiscal federal macrista de los tribunales de Comodoro Py. En los últimos días, los querellantes le pidieron al juez Martín Bava, que subroga en Dolores, que los eleve a juicio por la organización criminal dedicada al espionaje que se investiga en esa jurisdicción.
El falso abogado macrista Marcelo Sebastián D'Alessio está más cerca de afrontar su segundo juicio oral. Esta vez podría sentarse junto a él en el banquillo Carlos Stornelli, fiscal federal macrista de los tribunales de Comodoro Py. En los últimos días, los querellantes le pidieron al juez Martín Bava, que subroga en Dolores, que los eleve a juicio por la organización criminal dedicada al espionaje que se investiga en esa jurisdicción.
 
Las revelaciones sobre la maquinaria de espionaje ilegal que se montó en el Estado, contra dirigentes y empresarios detenidos sin condena durante el gobierno de Mauricio Macri, agrava el cuadro de violaciones a la institucionalidad que sufrió el país en aquel oscuro cuatrienio neoliberal. Recordemos que, en otra causa, Macri fue citado a declaración indagatoria por el juez que investiga el espionaje a los familiares de los submarinistas muertos en el ARA San Juan. Los macristas Gustavo Arribas y Silvia Majdalani ya están procesados en esta causa y el magistrado quiere saber si Macri les dio la orden de proceder al seguimiento ilegal. A la primera citación no concurrió, por ello deberá hacerlo el 20 de octubre.
 
En una vuelta de tuerca sobre una práctica violatoria de la Constitución y las leyes argentinas que se extendió en nuestro país como nunca antes bajo un gobierno electo por el voto popular, se destapó el espionaje a una cincuentena de abogados que defendían en aquellos años a los dirigentes K encarcelados en el penal de Ezeiza por aplicación de la llamada "doctrina Irurzun", un engendro jurídico que dejó de aplicarse apenas el macrismo abandonó la Casa Rosada.
 
No solo se interceptaron centenares de llamadas telefónicas de los defensores con sus clientes, por parte de la Agencia Federal de Investigaciones que conducían entonces Arribas y Majdalani, sino que esas escuchas fueron luego transcriptas en su totalidad y convertidas en archivos de texto. Como lo sabe cualquier estudiante de derecho, las conversaciones entre un imputado en una causa judicial y su abogado defensor son privadas, están resguardadas bajo las más estrictas normas de confidencialidad, y cuentan con las máximas garantías de protección, tanto en nuestro país como en todos los países del mundo con sistemas políticos democráticos.
 
Varios jueces y fiscales de Comodoro Py estaban al tanto de estas operaciones de espionaje como se determinó en la causa que investiga al espía macrista D'Alessio. Esos jueces y fiscales habrían estado en conocimiento, por esta vía ilegal, de las estrategias de las defensas de varios de los juicios que tenían a su cargo contra los detenidos en Ezeiza. Ello es tan grave que el Colegio Público de Abogados de Buenos Aires y el Ministerio Público de la Defensa plantearon fuertes reservas sobre el futuro de las causas involucradas ante la magnitud de las violaciones a la garantía constitucional de defensa en juicio.
 
La gran prensa porteña de derecha sigue intentando blindar a Macri escondiendo o manipulando la información sobre estas y muchas otras "cosas feas". Pero son tantas las evidencias que solo no ve el que no quiere ver.
 
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LA INVESTIGACIÓN EN EL JUZGADO DE DOLORES POR OPERATIVOS DE INTELIGENCIA Y EXTORSIÓN
 
Espionaje ilegal: Marcelo D'Alessio y Carlos Stornelli quedaron a un paso del juicio oral
 
El juez Martín Bava le solicitó a la fiscalía que opine si puede elevar a juicio el primer tramo de la pesquisa que reveló cómo agentes de la AFI y de las fuerzas de seguridad, operadores e incluso magistrados usaban causas judiciales para extorsionar y lavar dinero durante el gobierno de Mauricio Macri. Las querellas pidieron que se realice el proceso oral.
 
Este martes, además, el juez Bava le corrió vista al fiscal Juan Pablo Curi para que opine si el primer tramo de la investigación que destapó cómo servicios, operadores, integrantes de fuerzas de seguridad e incluso magistrados usaban causas judiciales a su antojo durante la gestión de Cambiemos está lista para ser ventilada ante un tribunal oral.
 
Hace exactamente un mes, Bava comenzó los trámites para elevar a juicio la investigación que inició su colega Alejo Ramos Padilla el 28 de enero de 2019 tras la denuncia del empresario Pedro Etchbest, que declaró que D'Alessio y Stornelli querían extorsionarlo para no involucrarlo en la causa de los cuadernos, que llevaban adelante el fiscal y el juez Claudio Bonadio desde agosto del año anterior. Después de los allanamientos al country Saint Thomas donde vivía D'Alessio y con el secuestro de sus computadoras y celulares, Ramos Padilla empezó a reconstruir cómo funcionaba una organización con terminales en la propia Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en ministerios y en la Justicia.
 
Pese a que la situación de Stornelli aún está para ser revisada en la Cámara Federal de Casación Penal, Bava les pidió a las querellas que opinaran si el expediente podía empezar su camino hacia el juicio oral. La Unidad de Información Financiera (UIF), Maximiliano Rusconi, Gabriel Palmeiro y José Manuel Ubeira, entre otros, pidieron que se avance con el juicio oral. Por la magnitud de la causa, el expediente se encamina a ser elevado en tramos --como sucede con las megainvestigaciones, por ejemplo, en delitos de lesa humanidad--.
 
Entre otros, los querellantes pidieron que se eleve a D'Alessio, Stornelli, al expolicía y exintegrante de la AFI Ricardo Bogoliuk, al exprefecto Franco Pini y otros integrantes de la banda por los siguientes hechos:
 
·         La extorsión al empresario Mario Cifuentes, que tuvo lugar entre el 28 de febrero y el 5 de abril de 2018. D'Alessio le pidió 1.200.000 dólares para arreglar lo que definía como una "causa negra" en la que lo único que se buscaba era perseguirlo. Según decía el falso abogado, 1 millón sería para el juez Bonadio y 200 mil dólares para la AFI. Para amedrentarlo, le exhibió los registros de sus comunicaciones, que consiguió a través del fiscal provincial Juan Ignacio Bidone. D'Alessio llamó en dos ocasiones a Cifuentes para decirle que viera Animales Sueltos y en dos oportunidades el periodista Daniel Santoro mencionó a OPS, la firma de Cifuentes, cuando en realidad estaba hablando de OAS. En este caso, D'Alessio hizo ostentación de armas cuando llevó al empresario en su auto con sirenas y sin parar en los semáforos. También le dijo que su hijo podría terminar preso si le encontraban 5 kilos de drogas en el auto.
·          
·         Operación Porcaro: las investigaciones, que incluían fotografías del lugar donde vivía e incluso de las casas de sus vecinos y el uso de drones para conseguir información sobre Roberto Porcaro, a quien D'Alessio mencionaba como un "operador K".
·          
·         La intrusión en las bases de Migraciones: esa operatoria se hacía a través del prefecto Franco Pini, quien revisó los viajes de, entre otros, el juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y su exsocio Gabriel Bouzat, el extitular de la Aduana Juan José Gómez Centurión, la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, el despachante Gabriel Traficante (por cuyo caso ya fueron condenados D'Alessio, Bidone y el exAFI Rolando Barreiro) y el intendente de Merlo Gustavo Menéndez.
·          
·         La "cama" al exmarido de la actual pareja de Stornelli. En enero de 2019, el fiscal le pidió a D'Alessio que investigara a Jorge Castañón Distefano, un piloto que había estado casado con su actual esposa. El falso abogado le pasó información y le sugirió "ponerle algo en la valija".
·          
·         Una cámara oculta al abogado Ubeira: Stornelli pidió el auxilio de D'Alessio para que le hicieran una filmación clandestina al abogado. Esa operación se habría terminado de planificar el 8 de enero de 2019, cuando D'Alessio visitó al fiscal en el balneario de Pinamar. Sin embargo, quedó en la nada cuando, veinte días después, Etchebest presentara la denuncia en el Juzgado Federal de Dolores. Pese a que la Cámara Federal de Mar del Plata alivió mucho la situación de Stornelli, ese tribunal confirmó su procesamiento por los casos de Castañón y Ubeira.
·          
·         Las transacciones millonarias del Grupo Buenos Aires: D'Alessio compartió entre marzo y diciembre de 2018 un grupo de WhatsApp con Bogoliuk, Pablo Bloise, Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti y Aldo Sánchez que estaba dedicado a mover divisas que se sabía que tenían un origen ilegal. Por esos hechos, la UIF pidió que sean elevados a juicio por lavado de activos.
·          
A partir de este martes, el fiscal Curi tendrá seis días para formular el pedido de elevación a juicio. Curi ya había pedido en abril del año pasado que se elevara un tramo, pero Ramos Padilla prefirió esperar para que no llegara a juicio oral una asociación ilícita desmembrada. Después de que se pronuncie el fiscal, Bava podrá clausurar la instrucción y enviarla a Mar del Plata para que los hechos sean tratados por el tribunal oral.
 
Bava subroga en Dolores desde marzo, cuando Ramos Padilla asumió al frente del Juzgado Federal 1 de La Plata con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Desde Dolores continuó con las investigaciones de espionaje que arrancó su colega, dictó nuevos procesamientos en la causa del D'Alessiogate, en la del "Proyecto AMBA" de la AFI y en la del espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan. En los últimos diez días sacudió el tablero al citar a indagatoria al expresidente Mauricio Macri por haberle ordenado presuntamente a la AFI seguir a las familias de los submarinistas entre finales de 2017 y finales de 2018. Desde el macrismo, acusan a Dolores de ser un "juzgado anti-PRO".
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuentes: Página12 y La Arena
 

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29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
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