está más cerca de afrontar su segundo juicio oral. Esta vez podría sentarse junto a él en el banquillo Carlos Stornelli, fiscal federal macrista de los tribunales de Comodoro Py. En los últimos días, los querellantes le pidieron al juez Martín Bava, que subroga en Dolores, que los eleve a juicio por la organización criminal dedicada al espionaje que se investiga en esa jurisdicción.
 
Las revelaciones sobre la maquinaria de espionaje ilegal que se montó en el Estado, contra dirigentes y empresarios detenidos sin condena durante el gobierno de Mauricio Macri, agrava el cuadro de violaciones a la institucionalidad que sufrió el país en aquel oscuro cuatrienio neoliberal. Recordemos que, en otra causa, Macri fue citado a declaración indagatoria por el juez que investiga el espionaje a los familiares de los submarinistas muertos en el ARA San Juan. Los macristas Gustavo Arribas y Silvia Majdalani ya están procesados en esta causa y el magistrado quiere saber si Macri les dio la orden de proceder al seguimiento ilegal. A la primera citación no concurrió, por ello deberá hacerlo el 20 de octubre.
 
En una vuelta de tuerca sobre una práctica violatoria de la Constitución y las leyes argentinas que se extendió en nuestro país como nunca antes bajo un gobierno electo por el voto popular, se destapó el espionaje a una cincuentena de abogados que defendían en aquellos años a los dirigentes K encarcelados en el penal de Ezeiza por aplicación de la llamada "doctrina Irurzun", un engendro jurídico que dejó de aplicarse apenas el macrismo abandonó la Casa Rosada.
 
No solo se interceptaron centenares de llamadas telefónicas de los defensores con sus clientes, por parte de la Agencia Federal de Investigaciones que conducían entonces Arribas y Majdalani, sino que esas escuchas fueron luego transcriptas en su totalidad y convertidas en archivos de texto. Como lo sabe cualquier estudiante de derecho, las conversaciones entre un imputado en una causa judicial y su abogado defensor son privadas, están resguardadas bajo las más estrictas normas de confidencialidad, y cuentan con las máximas garantías de protección, tanto en nuestro país como en todos los países del mundo con sistemas políticos democráticos.
 
Varios jueces y fiscales de Comodoro Py estaban al tanto de estas operaciones de espionaje como se determinó en la causa que investiga al espía macrista D'Alessio. Esos jueces y fiscales habrían estado en conocimiento, por esta vía ilegal, de las estrategias de las defensas de varios de los juicios que tenían a su cargo contra los detenidos en Ezeiza. Ello es tan grave que el Colegio Público de Abogados de Buenos Aires y el Ministerio Público de la Defensa plantearon fuertes reservas sobre el futuro de las causas involucradas ante la magnitud de las violaciones a la garantía constitucional de defensa en juicio.
 
La gran prensa porteña de derecha sigue intentando blindar a Macri escondiendo o manipulando la información sobre estas y muchas otras "cosas feas". Pero son tantas las evidencias que solo no ve el que no quiere ver.
 
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'/> Stornelli y D'Alessio: A juicio por espionaje, extorsión, persecución de opositores y venganzas personales / La Opinión Popular
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Nacionales - 13-10-2021 / 10:10
ESPIONAJE MACRISTA: MÁS GRAVE DE LO QUE SE CREÍA

Stornelli y D'Alessio: A juicio por espionaje, extorsión, persecución de opositores y venganzas personales

Stornelli y D'Alessio: A juicio por espionaje, extorsión, persecución de opositores y venganzas personales
El falso abogado macrista Marcelo Sebastián D’Alessio está más cerca de afrontar su segundo juicio oral. Esta vez podría sentarse junto a él en el banquillo Carlos Stornelli, fiscal federal macrista de los tribunales de Comodoro Py. En los últimos días, los querellantes le pidieron al juez Martín Bava, que subroga en Dolores, que los eleve a juicio por la organización criminal dedicada al espionaje que se investiga en esa jurisdicción.
El falso abogado macrista Marcelo Sebastián D'Alessio está más cerca de afrontar su segundo juicio oral. Esta vez podría sentarse junto a él en el banquillo Carlos Stornelli, fiscal federal macrista de los tribunales de Comodoro Py. En los últimos días, los querellantes le pidieron al juez Martín Bava, que subroga en Dolores, que los eleve a juicio por la organización criminal dedicada al espionaje que se investiga en esa jurisdicción.
 
Las revelaciones sobre la maquinaria de espionaje ilegal que se montó en el Estado, contra dirigentes y empresarios detenidos sin condena durante el gobierno de Mauricio Macri, agrava el cuadro de violaciones a la institucionalidad que sufrió el país en aquel oscuro cuatrienio neoliberal. Recordemos que, en otra causa, Macri fue citado a declaración indagatoria por el juez que investiga el espionaje a los familiares de los submarinistas muertos en el ARA San Juan. Los macristas Gustavo Arribas y Silvia Majdalani ya están procesados en esta causa y el magistrado quiere saber si Macri les dio la orden de proceder al seguimiento ilegal. A la primera citación no concurrió, por ello deberá hacerlo el 20 de octubre.
 
En una vuelta de tuerca sobre una práctica violatoria de la Constitución y las leyes argentinas que se extendió en nuestro país como nunca antes bajo un gobierno electo por el voto popular, se destapó el espionaje a una cincuentena de abogados que defendían en aquellos años a los dirigentes K encarcelados en el penal de Ezeiza por aplicación de la llamada "doctrina Irurzun", un engendro jurídico que dejó de aplicarse apenas el macrismo abandonó la Casa Rosada.
 
No solo se interceptaron centenares de llamadas telefónicas de los defensores con sus clientes, por parte de la Agencia Federal de Investigaciones que conducían entonces Arribas y Majdalani, sino que esas escuchas fueron luego transcriptas en su totalidad y convertidas en archivos de texto. Como lo sabe cualquier estudiante de derecho, las conversaciones entre un imputado en una causa judicial y su abogado defensor son privadas, están resguardadas bajo las más estrictas normas de confidencialidad, y cuentan con las máximas garantías de protección, tanto en nuestro país como en todos los países del mundo con sistemas políticos democráticos.
 
Varios jueces y fiscales de Comodoro Py estaban al tanto de estas operaciones de espionaje como se determinó en la causa que investiga al espía macrista D'Alessio. Esos jueces y fiscales habrían estado en conocimiento, por esta vía ilegal, de las estrategias de las defensas de varios de los juicios que tenían a su cargo contra los detenidos en Ezeiza. Ello es tan grave que el Colegio Público de Abogados de Buenos Aires y el Ministerio Público de la Defensa plantearon fuertes reservas sobre el futuro de las causas involucradas ante la magnitud de las violaciones a la garantía constitucional de defensa en juicio.
 
La gran prensa porteña de derecha sigue intentando blindar a Macri escondiendo o manipulando la información sobre estas y muchas otras "cosas feas". Pero son tantas las evidencias que solo no ve el que no quiere ver.
 
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LA INVESTIGACIÓN EN EL JUZGADO DE DOLORES POR OPERATIVOS DE INTELIGENCIA Y EXTORSIÓN
 
Espionaje ilegal: Marcelo D'Alessio y Carlos Stornelli quedaron a un paso del juicio oral
 
El juez Martín Bava le solicitó a la fiscalía que opine si puede elevar a juicio el primer tramo de la pesquisa que reveló cómo agentes de la AFI y de las fuerzas de seguridad, operadores e incluso magistrados usaban causas judiciales para extorsionar y lavar dinero durante el gobierno de Mauricio Macri. Las querellas pidieron que se realice el proceso oral.
 
Este martes, además, el juez Bava le corrió vista al fiscal Juan Pablo Curi para que opine si el primer tramo de la investigación que destapó cómo servicios, operadores, integrantes de fuerzas de seguridad e incluso magistrados usaban causas judiciales a su antojo durante la gestión de Cambiemos está lista para ser ventilada ante un tribunal oral.
 
Hace exactamente un mes, Bava comenzó los trámites para elevar a juicio la investigación que inició su colega Alejo Ramos Padilla el 28 de enero de 2019 tras la denuncia del empresario Pedro Etchbest, que declaró que D'Alessio y Stornelli querían extorsionarlo para no involucrarlo en la causa de los cuadernos, que llevaban adelante el fiscal y el juez Claudio Bonadio desde agosto del año anterior. Después de los allanamientos al country Saint Thomas donde vivía D'Alessio y con el secuestro de sus computadoras y celulares, Ramos Padilla empezó a reconstruir cómo funcionaba una organización con terminales en la propia Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en ministerios y en la Justicia.
 
Pese a que la situación de Stornelli aún está para ser revisada en la Cámara Federal de Casación Penal, Bava les pidió a las querellas que opinaran si el expediente podía empezar su camino hacia el juicio oral. La Unidad de Información Financiera (UIF), Maximiliano Rusconi, Gabriel Palmeiro y José Manuel Ubeira, entre otros, pidieron que se avance con el juicio oral. Por la magnitud de la causa, el expediente se encamina a ser elevado en tramos --como sucede con las megainvestigaciones, por ejemplo, en delitos de lesa humanidad--.
 
Entre otros, los querellantes pidieron que se eleve a D'Alessio, Stornelli, al expolicía y exintegrante de la AFI Ricardo Bogoliuk, al exprefecto Franco Pini y otros integrantes de la banda por los siguientes hechos:
 
·         La extorsión al empresario Mario Cifuentes, que tuvo lugar entre el 28 de febrero y el 5 de abril de 2018. D'Alessio le pidió 1.200.000 dólares para arreglar lo que definía como una "causa negra" en la que lo único que se buscaba era perseguirlo. Según decía el falso abogado, 1 millón sería para el juez Bonadio y 200 mil dólares para la AFI. Para amedrentarlo, le exhibió los registros de sus comunicaciones, que consiguió a través del fiscal provincial Juan Ignacio Bidone. D'Alessio llamó en dos ocasiones a Cifuentes para decirle que viera Animales Sueltos y en dos oportunidades el periodista Daniel Santoro mencionó a OPS, la firma de Cifuentes, cuando en realidad estaba hablando de OAS. En este caso, D'Alessio hizo ostentación de armas cuando llevó al empresario en su auto con sirenas y sin parar en los semáforos. También le dijo que su hijo podría terminar preso si le encontraban 5 kilos de drogas en el auto.
·          
·         Operación Porcaro: las investigaciones, que incluían fotografías del lugar donde vivía e incluso de las casas de sus vecinos y el uso de drones para conseguir información sobre Roberto Porcaro, a quien D'Alessio mencionaba como un "operador K".
·          
·         La intrusión en las bases de Migraciones: esa operatoria se hacía a través del prefecto Franco Pini, quien revisó los viajes de, entre otros, el juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y su exsocio Gabriel Bouzat, el extitular de la Aduana Juan José Gómez Centurión, la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, el despachante Gabriel Traficante (por cuyo caso ya fueron condenados D'Alessio, Bidone y el exAFI Rolando Barreiro) y el intendente de Merlo Gustavo Menéndez.
·          
·         La "cama" al exmarido de la actual pareja de Stornelli. En enero de 2019, el fiscal le pidió a D'Alessio que investigara a Jorge Castañón Distefano, un piloto que había estado casado con su actual esposa. El falso abogado le pasó información y le sugirió "ponerle algo en la valija".
·          
·         Una cámara oculta al abogado Ubeira: Stornelli pidió el auxilio de D'Alessio para que le hicieran una filmación clandestina al abogado. Esa operación se habría terminado de planificar el 8 de enero de 2019, cuando D'Alessio visitó al fiscal en el balneario de Pinamar. Sin embargo, quedó en la nada cuando, veinte días después, Etchebest presentara la denuncia en el Juzgado Federal de Dolores. Pese a que la Cámara Federal de Mar del Plata alivió mucho la situación de Stornelli, ese tribunal confirmó su procesamiento por los casos de Castañón y Ubeira.
·          
·         Las transacciones millonarias del Grupo Buenos Aires: D'Alessio compartió entre marzo y diciembre de 2018 un grupo de WhatsApp con Bogoliuk, Pablo Bloise, Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti y Aldo Sánchez que estaba dedicado a mover divisas que se sabía que tenían un origen ilegal. Por esos hechos, la UIF pidió que sean elevados a juicio por lavado de activos.
·          
A partir de este martes, el fiscal Curi tendrá seis días para formular el pedido de elevación a juicio. Curi ya había pedido en abril del año pasado que se elevara un tramo, pero Ramos Padilla prefirió esperar para que no llegara a juicio oral una asociación ilícita desmembrada. Después de que se pronuncie el fiscal, Bava podrá clausurar la instrucción y enviarla a Mar del Plata para que los hechos sean tratados por el tribunal oral.
 
Bava subroga en Dolores desde marzo, cuando Ramos Padilla asumió al frente del Juzgado Federal 1 de La Plata con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Desde Dolores continuó con las investigaciones de espionaje que arrancó su colega, dictó nuevos procesamientos en la causa del D'Alessiogate, en la del "Proyecto AMBA" de la AFI y en la del espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan. En los últimos diez días sacudió el tablero al citar a indagatoria al expresidente Mauricio Macri por haberle ordenado presuntamente a la AFI seguir a las familias de los submarinistas entre finales de 2017 y finales de 2018. Desde el macrismo, acusan a Dolores de ser un "juzgado anti-PRO".
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuentes: Página12 y La Arena
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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