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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 08-10-2021 / 10:10
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

La Argentina offshore sigue bien oculta en su caja de Pandora

La Argentina offshore sigue bien oculta en su caja de Pandora
De no mediar un milagro, todo parece dado para que la Argentina offshore siga creciendo hasta bloquear cualquier intento de devolverle al sistema tributario su progresividad perdida. Algo indispensable para que el Estado pueda financiar las crecientes demandas que enfrenta sin desplumar a los contribuyentes que sí pagan y sin abusar del endeudamiento ni de la emisión monetaria.
Tal vez haya que rezar para que Dios nos ayude, como propuso Juan Manzur a pocos días de asumir. O como les encargó el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz a sus colaboradores aquel fatídico jueves de la carta de Cristina Fernández de Kirchner, orden que acataron sin chistar en la mismísima Casa Rosada.
 
De no mediar un milagro, todo parece dado para que la Argentina offshore siga creciendo hasta bloquear cualquier intento de devolverle al sistema tributario su progresividad perdida. Algo indispensable para que el Estado pueda financiar las crecientes demandas que enfrenta sin desplumar a los contribuyentes que sí pagan y sin abusar del endeudamiento ni de la emisión monetaria.
 
La nueva difusión de documentos secretos de guaridas fiscales por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) puso de manifiesto que, lejos de haberse amilanado por las tres grandes revelaciones previas (Panama Papers, Bahamas Leaks y Paradise Papers), los multimillonarios argentinos simplemente cambiaron de plaza para sus negocios opacos.
 
Que un país tan alejado del podio de las mayores economías del mundo figure tercero en cantidad de beneficiarios finales de esas firmas no declaradas (2.521), solo superado por Rusia (4.437) y el Reino Unido (3.506), da cuenta de la vigencia de su vocación por lo oculto. Que eso no sea un escándalo, por otra parte, refleja lo socialmente tolerada que está la evasión VIP.
 
Los medios afiliados a ICIJ posaron nuevamente su lupa sobre las figuras políticas, que según datos de la ONG estadounidense Global Financial Integrity solo explican el 5% del dinero oculto en esas guaridas. Pero el mismo think tank estima que un 30% proviene del delito común (contrabando, trata, tráfico de armas), que en los últimos años empezó a migrar hacia las criptomonedas, y que el 65% restante es producto de maniobras de evasión y elusión de multinacionales e individuos de altos patrimonios.
 

 
El botín que esa super-élite les sustrajo a los Estados en menos de 30 años es el que procura recuperar ahora Joe Biden con su ambiciosa reforma tributaria y Janet Yellen con su propuesta de un "impuesto mínimo global" que revierta la "carrera hacia el fondo", como se denomina a la competencia entre países que pugnan por rebajarles impuestos a los dueños del capital para evitar que se muden a Bahamas o a las Islas Vírgenes.
 
Según el cálculo más conservador de la Red de Justicia Tributaria (TJN), por el sistema extraterritorial que conforman esos distritos se escurren cada año U$S 427.000 millones en recaudación, principalmente de las naciones más ricas.
 
 
Ya colaboré
  
Probablemente Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos sacarían provecho de tomar clases en Buenos Aires o contratar directamente a los estudios jurídico-contables que ofrecen desvergonzadamente sus servicios de planificación fiscal al mejor postor.
 
El uso y abuso de las mamushkas y las guaridas por parte de esos estudios ya está documentado en la AFIP desde mucho antes de los Pandora Papers. De hecho, los primeros argentinos cuyos activos aparecieron en la revelación (Hugo Sigman, Mauricio Pochettino y Ángel Di María) no son residentes fiscales locales, como sí lo son los casi 3 mil investigaciones que se abrieron el año pasado solo con los datos que entregó la OCDE en 2016 y 2017. Bajo las gestiones de Alberto Abad y Leonardo Cuccioli, esos datos habían permanecido sin analizar.
 
Tan difundido está el uso de estos artilugios financieros que ya quedan pocos grandes grupos empresarios que no estén controlados al menos parcialmente desde una guarida fiscal. Uno de los últimos en construir su red offshore fue Vicentin, que empezó a deslocalizar la propiedad de sus activos en el año 2000 y que completó su obra casi dos décadas después, justo cuando el Banco Nación de Javier González Fraga le entregó el crédito por U$S 300 millones que poco después defaulteó.
 
Pasa en las mejores familias. Lo prueba el fallo del Tribunal Fiscal de la Nación del 11 de noviembre de 2019 contra Inversora Juramento, piedra basal del imperio extra-bancario de los Brito, dueños del Macro pero con intereses muy diversificados en la energía, la ganadería y el fútbol.
 
Ese fallo, firmado por los jueces Daniel Martin, Edith Gomez y Agustina O'Donell, obligó a la familia a hacerse cargo de los impuestos que pretendían no pagar por un giro proveniente de Valdax Investerings Financieringsmaatschappij, una firma radicada en Holanda. El fallo dio por probado que entre el 5 de julio de 1999 y el 29 de diciembre de 2003, Hacofin lnvestments NV, establecida en las Antillas Holandesas, fue la única dueña de Valdax, y que lo que se presentaba ante el fisco como un préstamo holandés no era más que una maniobra simulada para evadirlo.
 
Algo parecido, más recientemente, encontró el mismo Tribunal Fiscal entre los accionistas del diario La Nación. En medio del escándalo en torno a la herencia de Bartolomé Mitre, con su hija Esmeralda como epicentro, los jueces Viviana Marmillon, Juan Carlos Vicchi y Claudio Esteban Luis concluyeron el 27 de abril pasado que la familia Saguier debía hacerse cargo de punitorios y costas por los impuestos que habían dejado impagos entre los años 1997 y 2000.
 
El fallo recorre en 24 páginas jugosísimas todo el entramado societario mediante el cual cambió de manos el diario más tradicional de la Argentina. Expone cómo la madre de sus dos ejecutivos más encumbrados hoy, Matilde Ana María Noble Mitre de Saguier, sobrina a la vez de Roberto Noble, se convirtió en pocos años en una especie de pulpo con tentáculos desde las islas Vírgenes británicas ("Matilde Saguier Corp") hasta Buenos Aires ("MNMS Holding").
 
Lo que más llamó la atención de los jueces fueron sus contratos en Zurich con Barton Corp, radicada en la isla Grand Cayman y propiedad a su vez de otra offshore, la Kron Corp AVV, de dueños desconocidos, quienes aportaron los fondos frescos para reembolsar un crédito de U$S 20 millones al polémico Clariden Bank, clave en el desembarco de los Saguier al frente del matutino.
 
 
Estoy Verde
  
Lo que también exhibió la revelación de los Pandora Papers es que el delito de guante blanco cada vez se perfecciona más. Ya no alcanza con la pantomima de "conozca a su cliente", que eximió durante muchos años a los bancos de hacer preguntas incómodas a los más ricos y poderosos de quienes les confiaban sus capitales.
 
Hasta hace unos años, el banco se exponía a pedir menos papeles de los recomendados por la OCDE o la GAFI y después pagaba las multas. Ahora la opacidad exige la complicidad de escribanos y registros de la propiedad de los países donde están los activos. Es decir, no los de Cayman o Bahamas sino los de Londres, París o Buenos Aires, porque las propiedades están ahí.
 
Esto no implica que muchos argentinos ricos no estén preocupados por el momento en que los Pandora Papers se abran de modo completo, como pasó con las anteriores revelaciones en www.offshoreleaks.icij.org. Dicen que eso ocurriría en noviembre y dispararía nuevas investigaciones de oficio de la AFIP y del Banco Central. Pero el debilitamiento del Frente de Todos en las elecciones y su intento posterior de recomponer relaciones con el establishment puede frenar ese ímpetu.
 
Por las buenas es poco lo que se logra. Lo supo Miguel Pesce cuando conversó semanas atrás por teléfono con Luis Betnaza, el lobista en jefe de Techint, para pedirle que el holding siderúrgico (controlado desde Luxemburgo y Países Bajos por la familia Rocca) no abusara de la línea automática de venta de dólares para el pago de adelantos de bienes de capital.
 
El Central venía vendiendo esos dólares a las empresas que los pedían sin mediar trámite, para no obstaculizar inversiones en la economía real, pero las compras empezaron a empinarse en los últimos tres meses y directamente volaron en septiembre, de la mano del recrudecimiento de las expectativas de devaluación.
 
El economista Pedro Martínez Gerber lo mostró nítido en un informe de la consultora PxQ. Aunque en agosto las exportaciones de bienes fueron récord desde que se publica la serie y el saldo comercial registrado por Aduana alcanzó U$S 2.339 millones, el superávit comercial que efectivamente se registró en ingreso de divisas fue de U$S 608 millones.
 
"La diferencia entre las exportaciones devengadas y los cobros por exportaciones fue negativo en U$S 1.287 millones en el mes y el diferencial entre las importaciones y los pagos por importaciones fue positivo en U$S 444 millones", compara el informe.
 
Después de las restricciones que impuso (solo vender los dólares a quienes tuvieran las importaciones ya despachadas a plaza local), el Central dio vuelta la cuenta. El jueves compró U$S 70 millones y anteayer otros 100 millones. Así redujo a menos de U$S 50 millones la venta neta del mes. Ventajas de conocer al cliente.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
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