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Entre Ríos - 07-10-2021 / 11:10
PARITARIA: LA PROVINCIA OFRECIÓ UN 10% PARA OCTUBRE

Estatales piden que el aumento se calcule sobre los sueldos de septiembre

Estatales piden que el aumento se calcule sobre los sueldos de septiembre
En representación de las y los trabajadores estatales estuvieron el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Oscar Muntes, y el secretario adjunto de la entidad, Víctor Sartori; junto con la secretaria Gremial de la Unión del Personal Civil de la Nación, Carina Domínguez, y la vocal, Cristina Melgarejo.
 
"Una cosa es que se liquide a los valores de febrero como se propuso y otra, es hacerlo a los valores de septiembre", dijo Oscar Muntes (ATE). Además, valoraron "que el Gobierno, venga con una propuesta", afirmó Cristina Melgarejo (UPCN).
 
En la Secretaría de Trabajo se reinició la paritaria salarial estatal. El gobierno provincial, representado por el secretario de Hacienda, Gustavo Labriola, expresó una propuesta de aumento del 10 por ciento para todo el escalafón, a pagar con los haberes de octubre, con esto en el acumulado anual se llega a un 35% de recomposición en lo que va del año tomando como base el salario del mes de febrero del 2021.
 
"Lo hemos planteado con mucha claridad de que hay que hacer más esfuerzos, sobre todo, en el cuándo se liquida, es decir, desde cuál mes se toma la base de cálculo", dijo Oscar Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos, al finalizar la reunión en la Secretaría de Trabajo.
 
Al respecto, agregó: "una cosa es que se liquide a los valores de febrero como se propuso y otra, es hacerlo a los valores de septiembre", dijo y agregó que "para ir en coincidencia, respecto a no perder frente a la inflación, con el Gobierno Nacional, otras provincias y muchos municipios", señaló.
 
El 35% acumulado a los primeros días del mes de noviembre, que es cuando se percibe el 10% del mes de octubre ofrecido, queda por debajo de la inflación. La propuesta se analizará en los cuerpos orgánicos y se definirán los pasos a seguir. Durante el reunión  también se convino realizar un nuevo encuentro antes de que termine el año para analizar la evolución de los índices inflacionarios. La reunión pasó a un cuarto intermedio.
 
La Opinión Popular
 
 
Los gremios buscan que el aumento del 10% se liquide con valores de septiembre
 
"Recomponer el salario para poder ganarle a la inflación" es la expectativa que manifestó a EL DIARIO el secretario General de ATE, Oscar Muntes, luego de la reunión de la mesa paritaria de ayer donde ATE y UPCN escucharon la propuesta del gobierno estrictamente en materia salarial. Si bien la atención de los paritarios se centra en ese punto, las demandas son numerosas y también fueron planteadas en ese ámbito.
 
Precisamente, Oscar Muntes brindó a EL DIARIO detalles de los reclamos sobre los cuales esperan respuestas. Asimismo, el debate quedó instalado con relación a la base de cálculo del ofrecimiento, que a criterio de esta organización debe tomar los salarios de septiembre, en tanto que el gobierno pretendería que fuera sobre los ingresos de febrero.
 
"Cambia muchísimo la realidad" según se adopte uno u otro criterio advirtió el dirigente. Recordó que el básico que se percibía en febrero se fue modificando a través de tres recomposiciones salariales: dos del 8% y una, del 9%. "A partir de ese movimiento, los básicos se fueron aumentando. Todos esos porcentaje -recordó- fueron a valores de febrero. Ahora, si al 10% lo aplicamos sobre los valores de septiembre la recomposición salarial (del 10%) va a ser genuina; de lo contrario, sería del 6%", diferenció.
 
Aclaró que con ese porcentaje "todavía falta para llegar a lo que los trabajadores necesitamos para vivir dignamente", y agregó que "sabiendo la realidad de los otros gremios, hemos definido que ningún trabajador perciba este año de extrema crisis, por debajo de la inflación".
 
Muntes adelantó que para el jueves próximo, cuando se retome la reunión, el gobierno debe tener la repuesta a la demanda gremial con relación a la base de cálculo del aumento. Pero además, señaló que "debe constituir una propuesta mucho más integral" que incluya "una respuesta sobre el pase a planta y estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras; una contestación para quienes están bajo la modalidad de contrato de obra; para los que cobran el bono Covid que -sostuvo- tiene que quedar definitivamente incorporado al sueldo porque eliminarlo implicaría una pérdida del poder adquisitivo muy grande en salarios muy bajos". Respecto de ese tema, ATE pidió "que se tome lo que planteamos en la paritaria sectorial de Salud, para saltar definitivamente en esa escala salarial a haberes medianamente dignos, que sea integral para todos los trabajadores del sector, criterio que es compartido por el Ministerio". Otro de los pedidos estuvo referido al "régimen especial de Niñez para que definitivamente, en el Copnaf puedan tener su carrera propia".
 
-¿Esperan tener todas estas respuesta para el jueves próximo?
 
-Fundamental es tener la respuesta sobre la aplicación del 10% y además, cómo abrimos un trabajo con todos los otros puntos que hemos planteado.
 
-ATE se ha sentado a mesas paritarias sectoriales este año. ¿En materia salarial, se tomó alguna resolución en esos ámbitos?
 
-Ahí está el quid de la cuestión, lo fundamental. El gobierno plantea que en las paritaria sectoriales no se puede discutir salario. Entonces lo vamos a discutir en la paritaria general. Ahora, si en la paritaria general nos dicen que ´no´ porque distorsiona, la pregunta es ¿dónde lo discutimos? Por eso, (ayer) llevamos a la mesa, la propuesta de los trabajadores y trabajadoras de Salud, pidiendo una respuesta integral para todos y una propuesta para el régimen especial de Niñez.
 
 
 
CONTEXTO. El martes próximo se reunirá la Comisión directiva de ATE; el miércoles, habrá reunión de delegados. El jueves esperan recibir las respuestas del gobierno y luego, seguramente se convocará al plenario de secretarios generales y Consejo Directivo Central, adelantó el dirigente.
 
Muntes comentó que "hay mucha angustia, mucha bronca en los trabajadores y trabajadoras y sabiendo que toda propuesta no alcanza porque la inflación va comiendo constantemente el salario". A propósito, insistió con que "somos consciente que este 10% si no es a los valores de septiembre, va a caer muy mal y seguramente, será rechazado de plano, aunque la resolución será de los cuerpos orgánicos".
 
El gobierno ofreció un aumento del 10 %
 
Ayer, miércoles 6 de octubre, el gobierno provincial reabrió la paritaria salarial estatal y propuso a ATE y UPCN un aumento del 10 % a pagar con los salarios de octubre. También ofreció evaluar antes de fin de año la marcha de los índices inflacionarios. La reunión, realizada en la Secretaría de Trabajo, pasó a cuarto intermedio hasta el jueves próximo, cuando los gremios esperan precisiones sobre la oferta.
 
El gobierno provincial, representado por el secretario de Hacienda, Gustavo Labriola, expresó una propuesta de aumento del 10 % para todo el escalafón, a pagar con los haberes de octubre. Durante el encuentro también se convino realizar un nuevo encuentro antes de que termine el año para analizar la evolución de los índices inflacionarios, se informó oficialmente.
 
"Nuestro norte es proponer propuestas beneficiosas para las y los trabajadores, dentro del marco de posibilidades de la provincia, y mantener el diálogo con todos los sectores para encontrar caminos de acuerdos", explicó Labriola. Mencionó además el trabajo conjunto que se viene llevando a cabo con los gremios para concluir con la resolución del instructivo de los pases a planta, donde dijo: "Es inminente la resolución del instructivo".
 
En ese marco, remarcó la vigencia de las paritarias sectoriales, como la de las y los trabajadores de comedores escolares, del Copnaf y de Salud. "El trabajo permanente en ámbitos de encuentro y diálogo que impulsa el gobernador Bordet, es lo que nos ha posibilitado año tras año consensuar con los gremios para mejorar la situación del personal de la administración pública", agregó.
 
Encabezó la reunión el secretario de Trabajo, Ángel Zacarias, junto a la subsecretaria de Empleo Municipal, Mercedes Maslein, y el coordinador, Armando Ferrary. Además de Labriola, participaron la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, Sandra Varas; el director general del Servicio Administrativo Contable del Ministerio de Gobierno, Guillermo Castiglioni, y el director de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Miguel Arrúa Gobo.
 
En representación de las y los trabajadores estatales estuvieron el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Oscar Muntes, y el secretario adjunto de la entidad, Víctor Sartori; junto con la secretaria Gremial de la Unión del Personal Civil de la Nación, Carina Domínguez, y la vocal, Cristina Melgarejo.
 
Fuente: El Diario
 
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Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. 
Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en  la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.


El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.


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