fueron algunas de las frases que se escucharon ayer en contra de la ley que esconde la intención de garantizar impunidad para Macri y la destrucción de los derechos de los trabajadores. Porque nadie puede imaginar que un derecho de un trabajador pueda ser respetado en un tribunal "puesto a dedo" por el macrismo.
 
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Nacionales - 07-10-2021 / 09:10
REPUDIO A LA LEY QUE HABILITA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PORTEÑO A APELAR FALLOS NACIONALES

Multitudinaria marcha en rechazo al intento de Larreta para manipular la justicia y favorecer a Macri

Multitudinaria marcha en rechazo al intento de Larreta para manipular la justicia y favorecer a Macri
Asociaciones de magistrados y abogados, sindicatos judiciales y un amplio abanico político y sindical protestaron frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño por la reciente ley que lo habilita a revisar las sentencias dictadas por la Justicia Nacional, en un evidente intento de proteger a Mauricio Macri y sus allegados y avanzar sobre los derechos de los trabajadores. La medida inconstitucional aprobada en la Legislatura por Juntos por el Cambio habilita a la justicia porteña a revisar, modificar y rectificar fallos de la justicia nacional.
Asociaciones de magistrados y abogados, sindicatos judiciales y un amplio abanico político y sindical protestaron frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño por la reciente ley que lo habilita a revisar las sentencias dictadas por la Justicia Nacional, en un evidente intento de proteger a Mauricio Macri y sus allegados y avanzar sobre los derechos de los trabajadores. La medida inconstitucional aprobada en la Legislatura por Juntos por el Cambio habilita a la justicia porteña a revisar, modificar y rectificar fallos de la justicia nacional.
 
Es un escándalo, están desesperados por dar impunidad judicial a Macri, en las múltiples causas relacionadas con el ex presidente. Pero esto es solo la parte más visible del problema. Horacio Rodríguez Larreta va mucho más allá. Quiere responder a un reclamo de las grandes empresas de este país, muchas de las cuales tienen su sede en la Ciudad de Buenos Aires y quieren una instancia favorable de revisión para los juicios laborales.
 
Los cinco miembros del TSJ responden mayoritariamente e incondicionalmente a Macri y a Larreta. Su presidenta, Inés Weinberg de Roca, fue la candidata fallida del ex presidente para la Procuración General de la Nación. Santiago Otamendi, el ex viceministro de Justicia de Germán Garavano. A Marcela de Langhe también la nombró el macrismo en el Instituto Superior de Seguridad Pública porteño. Estos tres magistrados conforman una mayoría automática, junto a la que votan Luis Lozano y Alicia Ruiz.
 
Así lo entendieron las organizaciones políticas, sindicales y sociales, de abogados laboralistas y gran parte de los gremios que se movilizaron este miércoles al TSJ denunciando que el oficialismo larretista porteño busca garantizar la impunidad de Macri con la nueva ley. La movilización a la sede del Tribunal Superior de Justicia alertó también sobre la reforma laboral y la eliminación de las indemnizaciones que impulsan desde Juntos por el Cambio.
 
"Defender la Constitución". "Suspender este disparate jurídico". "Frenar este atropello al ciudadano". "Luchar contra la colonización de la justicia". "Volver a poner la justicia al servicio de los trabajadores y los más débiles, y no de los empresarios poderosos". "Dejar de hacerle la corte a Macri y su curreo". "Decir No a la 'República de Morondanga'", fueron algunas de las frases que se escucharon ayer en contra de la ley que esconde la intención de garantizar impunidad para Macri y la destrucción de los derechos de los trabajadores. Porque nadie puede imaginar que un derecho de un trabajador pueda ser respetado en un tribunal "puesto a dedo" por el macrismo.
 
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GRAN MOVILIZACIÓN EN RECHAZO A LA LEY QUE HABILITA AL TSJ PORTEÑO A APELAR FALLOS NACIONALES
 
CABA: Marcha contra "el sueño de la justicia propia"
  
Organizaciones sociales y gremiales, asociaciones de abogados y legisladores, advirtieron frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia que la norma "es anticonstitucional". En una muy convocante movilización que se realizó frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, para reclamar en contra de la ley que sancionó recientemente la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y que habilita a esta instancia local a revisar sentencias dictadas por la Justicia Nacional, en cualquiera de sus fueros con sede en el distrito.
 
Representantes y columnas de un gran arco político, social y gremial, asociaciones de magistrados y abogados, legisladores, trabajadores de distintas dependencias municipales y nacionales, ciudadanos "comunes pero alertas", según se leyó en uno de los tantos carteles hechos a mano, se concentraron con este reclamo común frente a la sede del TSJ, en Cerrito 760, a una cuadra del teatro Colón y a pocas del obelisco. La policía de la Ciudad, por su parte, se encargó de hacer y mostrar un despliegue inusual, dadas las circunstancias: gran cantidad de efectivos y un par de cuadras de carros de asalto, y hasta un camión de bomberos, recibieron a los manifestantes.  
 
La convocatoria exigió que se vuelva atrás con la ley que votó el jueves pasado --sin debate previo y "colado" en un proyecto sobre audiencias y notificaciones digitales-- la mayoría automática de la Legislatura (38 votos a favor de los bloques Vamos Juntos, UCR-Evolución, Partido Socialista y GEN, y 20 en contra del Frente de Todos y la Izquierda), que subvierte las competencias jurídicas, priorizando una de orden local por sobre la nacional. También sumó el rechazo a las propuestas de reforma laboral y de eliminación de las indemnizaciones, una de las "promesas de campaña" que agita por estos días Juntos por el Cambio.
 
Legisladores y referentes como Héctor Recalde, Leopoldo Moreau, Walter Correa, Lucía Cámpora (cuyo discurso en la legislatura al momento de oponerse a esta ley tuvo gran impacto), Claudia Neira, Myrian Bregman, Sergio Palazzo, Juan Ramos Padilla estuvieron en la marcha; algunos de ellos hablaron en el escenario que se montó frente al TSJ. Entre los muchos gremios representados se vio y oyó a integrantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju), la Asociación Bancaria, UTE-Ctera, ATE, los Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp), el gremio de prensa Sipreba, el de docentes bonaerense Suteba y el Frente Barrial, entre otras organizaciones nucleadas en la Central de Trabajadores de la Argentinos (CTA). También estaban los que, echando mano al humor, se identificaron con carteles caseros como el de "Anti-Republicanos de Morondanga".
 
 
El sueño de la justicia propia
  
"Estamos manifestando contra la monarquía judicial al servicio de la derecha, por ende el peligro latente de que cualquier causa judicial de un trabajador o trabajadora sea resuelta por esa monarquía al servicio de Larreta", definió en diálogo con Página/12 el diputado y secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores Walter Correa. "Esto se para, y en este momento se para con los votos. Hay que tomar conciencia de que estamos a siete diputados de perder la indemnización y las conquistas de los trabajadores y las trabajadoras", advirtió.
 
"Además de un dislate jurídico, lo que sucede acá es lo que dijo la legisladora Lucía Cámpora en su exposición: el blindaje de impunidad a la familia Macri por un lado, y la destrucción de los derechos laborales por otro. Si esto hubiera sucedido en Formosa o Tucumán, estarían diciendo que vamos a Cuba o Venezuela aquellos que se dicen defensores de las instituciones. Pero como lo hacen ellos, está bien", marcó el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo.
 
"Esto de pensar que modificando leyes se genera empleo es falso, porque entre 2003 y 2015 se generaron 230 mil pymes nuevas, y casi 3 millones de trabajos registrados, y no se perdieron derechos laborales. Este 14 de noviembre no nos olvidemos de esto", pidió.
 
"Esta ley cumple el sueño de Macri de tener una justicia propia", opinó Héctor Recalde. Para Leopoldo Moreau, "el gobierno de la Ciudad quiere crear un búnker o una guarida para el clan Macri. Y además quiere aprovechar la circunstancia para apropiarse del fuero laboral, de los derechos de los trabajadores". "No es casual que la semana pasada el senador (Martín) Lousteau haya presentado un proyecto en el Congreso para terminar con las indemnizaciones por despido sin causa justa, y en paralelo la Legislatura haya intentado esto", observó el diputado.  
 
 
La mayoría automática
 
"Este tribunal le niega las vacantes escolares a nuestros pibes en la Ciudad y guarda silencio en el remate de las tierras públicas. Qué podemos esperar de este tribunal, si para ellos estos derechos son cargas prescindibles", planteó la legisladora porteña Lucía Cámpora.
 
"Estamos diciendo no a este atropello y es muy importante porque quieren hacerle ganar tiempo a los más poderosos", sumó su compañera de bloque, Claudia Neira. "El oficialismo bastardea la autonomía de la Ciudad, usándola como pretexto para proteger los intereses económicos de Macri, Socma, y los que quieren ir por las indemnizaciones".
 
También el secretario adjunto del sindicato docente porteño UTE, Eduardo López, tuvo palabras para el TSJ: "Este tribunal no va a poder dar vuelta la pirámide de jerarquía constitucional, porque hay un pueblo en la calle que va a defender sus derechos. Weimber de Roca, Otamendi, Langhe, ¿alguien los conoce? Los maestros sí, estamos pidiendo juicio político para ellos, porque le quieren sacar las vacantes a nuestros alumnos. Y a juzgar por sus fallos no saben ni Formación Cívica de primer año".
 
 
Una cuestión de sentido común
  
Beatriz Ferreiro es una de las que se convocaron "como ciudadana anónima, en contra de esto que es un atropello evidente. Un tribunal local no puede estar por sobre una instancia nacional, ¡es de sentido común!", expone.
 
"Vine porque no se puede permitir una ley que es absolutamente inconstitucional, se la mire por donde se la mire. Quieren violentar el espíritu de la Constitución nacional y eso es muy grave", suma Marcelo, trabajador del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad.
 
La abogada del organismo de derechos humanos Liberpueblo Verónica Quinteros destaca como positivo el amplio arco judicial, sindical y social que se congregó, la cantidad de organizaciones "que vinieron a repudiar el copamiento del macrismo a la justicia". "Hay que garantizar que la justicia quede en la instancia nacional y se enfoque en la defensa de los trabajadores, de los más débiles, porque para eso está la ley, para impartir un equilibrio. No para responder a un sector del poder", marcó ante la consulta de Página/12.
 
Para Regina Santinelli, abogada penalista que trabaja en el Ministerio Público de la Defensa, "esta maniobra del Gobierno de la Ciudad y sus legisladores se desentiende del proceso de autonomía de la Ciudad mediante convenios de tranferencia y acomoda las normas procesales a gusto y piacere, para responder a sus intereses políticos". "Quienes luchamos por transformar la justicia, y trabajamos día a día para que esté al servicio de quienes más lo necesitan, nos sentimos muy afectados. Sentimos que todo vale, que no hay un límite", lamenta.
 
Oscar Adolfo Depaoli es abogado, trabaja en Parques Nacionales. "Vengo a apoyar la lucha de los compañeros y del pueblo argentino en contra de este tribunal supremo de injusticia", define nombrando especialmente a Santiago Otamendi, Inés Weinberg de Roca, Marcela de Langhe. "Es gente que trabaja directamente para Macri, si uno repasa los fallos la complicidad es tan directa que es obscena", analiza.
 
A días de cumplir 83 años y en plena actividad, la doctora Marisa Donadío recita su matrícula y repasa toda la jurisprudencia contra la cual avanza la flamante ley, desde la Carta Magna de 1215, pasando por los Derechos de la Comisión de Virgina de 1776, los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, hasta "toda la doctrina que surge a partir de hombres como Arturo Sampay, que es el glorioso autor del anteproyecto de la Constitución del 49, que fue derogada por una junta consultiva siniestra presidida en 1956 por Alicia Moreau de Justo", ilustra. "Por todo eso, por lo que me enseñó Perón, que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, estoy acá", se planta.
 
Pero a pesar de toda esa jurisprudencia, la Legislatura avanzó, se le observa. La doctora responde con lógica lega: "Pienso, con un poco de ilusión, que si cayó el imperio romano, si cayeron Hitler y Mussolini, si los norteamericanos se tuvieron que ir de Vietnam como ratas...  ¿Por qué esta runfla de garcas se va a quedar en el país, si no nos representa?".
 
Por Karina Micheletto
 
Fuente: Página12
 

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21-01-2026 / 08:01
A pesar de la cerrada negativa oficial, la Justicia ordenó que el Gobierno de Javier "el Loco" Milei deberá poner en plena vigencia la Ley de Emergencia en Discapacidad. Si el 4 de febrero no está implementada toda la normativa aprobada por el Congreso Nacional, que hasta rechazó el veto de Milei, "comienzan a regir las multas diarias a funcionarios". Si en diez días hábiles no está implementada toda la normativa comenzaran a regir multas diarias a funcionarios como Manuel Adorni y Sandra Pettovello.
 
El Gobierno libertario había promulgado la ley, pero la había suspendido al mismo tiempo con la excusa de no tener fondos. Una mentira escandalosa. Este fallo de la Justicia le da la razón a quienes pelearon por su sanción. Milei, fiel a su política de motosierra y recorte sobre los sectores más vulnerables, la había suspendido mediante veto con la excusa de no tener fondos, dejando a miles de personas a la intemperie y a cientos de instituciones al borde del cierre. Aun así, con la movilización popular, el Congreso había rechazado el veto a la ley.
 
En plena feria judicial, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, hizo ejecutar una sentencia que había dictado a fines de diciembre e intimó al Poder Ejecutivo a poner la ley en funcionamiento dentro de las próximas dos semanas. En la misma resolución, además, ordenó al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad que, en un plazo de cinco días, "informen y acrediten con la documentación correspondiente el avance de los trámites destinados al cumplimiento de la sentencia, todo ello bajo apercibimiento de sanciones". De no cumplirse, tanto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, podrían enfrentar multas económicas y represalias judiciales.
 
"La Justicia le puso un ultimátum al Gobierno: el 4 de febrero la ley tiene que estar funcionando sí o sí, al cien por ciento. Ya llevamos más de 130 días desde que está vigente y no se cumple", manifestó la actriz Lola Berthet, referente del colectivo, y exigió al Ejecutivo que ponga fin a las "dilaciones y las excusas". "Ya no se aceptan más informes técnicos, como los que venían presentando hasta ahora. Esta es una intimación final", celebró la actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con trastorno del espectro autista.
 
El argumento de Milei, de la "sostenibilidad fiscal" es una excusa escandalosa. Mientras recortan a quienes más lo necesitan, el Gobierno sigue garantizando ganancias a los sectores empresarios, la fuga de capitales y los negocios de las patronales del campo. Como señala el fallo, el Gobierno realizó más de 19 modificaciones presupuestarias desde diciembre de 2023, demostrando que cuando se trata de beneficiar a los ricos siempre hay fondos. Pero para la discapacidad, la motosierra.
 
Desde las organizaciones, sin embargo, ponen en duda que Milei vaya a respetar los fallos judiciales. "Va a dilatar su implementación todo lo que pueda", advierte Lorena Aguirre, abogada y referente de la Asamblea Discas en Lucha, y anticipa que están evaluando presentar amparos colectivos en cada jurisdicción del país. "Necesitamos que todos los jueces federales cumplan con sus funciones, se expidan y sancionen al Gobierno, porque no se están respetando los compromisos internacionales. Existe un principio de no regresividad y de no discriminación que está siendo tolerado", añade Aguirre y solicita una mayor participación de la dirigencia opositora.
 
La experiencia de estos meses demuestra que no hay salida individual ni respuesta estatal si no es con la organización y la movilización popular.
 
La Opinión Popular
 

20-01-2026 / 09:01
"El proyecto de reforma laboral del Ejecutivo es extremadamente regresivo y nuestra oposición es total", declaró la diputada nacional de Fuerza Patria Kelly Olmos, en relación a una de las leyes que el Gobierno tratará de impulsar en las sesiones extraordinarias de febrero. Ante esto, el peronismo prepara una serie de propuestas para presentar una reforma laboral alternativa, que amplíe los derechos de las y los trabajadores. "Nosotros queremos alimentar el debate público y mostrar que lo que el Gobierno hace no moderniza sino que, por el contrario, precariza", sostuvo Olmos.
 
Por su parte, el senador Mariano Recalde aseguró que avanzaron en varios sentidos. "Trabajamos en ocho ideas fuerza que están plasmadas en muchos y diversos proyectos ya presentados en el congreso durante años". Por su parte, Olmos destacó que: "La modernización se asienta en otras regulaciones como las que nosotros promovemos", dijo la diputada.
 
El Peronismo avanza con una propuesta laboral diferente a la del oficialismo. Apunta a promover una recomposición salarial para que los ciudadanos recuperen su poder adquisitivo. También marca que los salarios deberán ser abonados íntegramente en dinero, a diferencia de la Reforma Laboral mileísta que abre la posibilidad de otorgar pagos en especie (bienes o servicios). "Lo que hace el Gobierno en su propuesta es congelar la situación actual, que es una de mucha precariedad y falta de derechos", dijo la diputada, y afirmó que la sociedad necesita de regulaciones para que todos sus actores puedan de verdad ejercer sus derechos, porque sin regulación no hay más libertad, como pregonan los libertarios, sino que hay más injusticia y concentración de poder.
 
La propuesta peronista podría incluir una reducción de la jornada laboral, con un máximo de 7 horas por día y 42 horas semanales, en contraste con la Reforma de Milei que busca conseguir jornadas de hasta 12 horas diarias. La reforma libertaria no busca modernizar sino flexibilizar y destruir derechos de los trabajadores. Olmos sostuvo que buscan una concepción más moderna para encarar las regulaciones laborales de los argentinos. "Para nosotros una concepción moderna es la que amplía derechos", aseguró.
 
Para el peronismo, la Ley de "Modernización Laboral" con la que insiste el Gobierno comprende dos grandes mentiras. La primera es la pretendida modernización que no es tal, ya que la ley propone aumentar la jornada laboral mientras el mundo busca reducirla, no protege a los trabajadores de las nuevas plataformas, la licencia por paternidad se mantiene en 2 días, y pretende derogar normas modernas como la ley de teletrabajo y restablecer artículos que tienen un siglo de antigüedad. La segunda mentira es que creará empleo, cuando en realidad desde que asumió Milei se destruyen puestos de trabajo todos los días, y esta ley no promueve la creación de empleo sino la reducción de indemnizaciones por despido.
 
Entre las propuestas del Partido Justicialista también resaltan las licencias parentales igualitarias, con licencias por maternidad de 120 días, por paternidad de 90 días, y también por adopción, lo que distribuye de manera más equitativa las tareas de cuidado y protege las oportunidades laborales de ambas partes. También contemplan un resguardo digital, para proteger los límites de la jornada laboral al garantizar el derecho de no contestar comunicaciones fuera de horario y, de ser así, compensar con tiempo y dinero.
 
En términos generales, el peronismo apunta al fortalecimiento de la negociación colectiva, para que el empleador y los empleados puedan dialogar de forma equilibrada. Olmos afirmó que la idea es "emparejar la cancha, donde los empleadores van de un modo organizado pero los trabajadores también, porque si el trabajador va sólo el desequilibrio hace que no haya negociación sino solo la posibilidad de adherir a la imposición del empleador". El concepto que se enarbola en términos de libertad, en realidad más que libertad es prepotencia: muchos invocan la libertad sólo para ejercer la prepotencia, la unilateralidad del empleador sobre las y los trabajadores. La reforma laboral es una ley muy regresiva y, por el bien de las y los trabajadores, en el Congreso debería ser rechazada.
 
La Opinión Popular
 

19-01-2026 / 18:01
Meses antes de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca, Javier Milei ya había jugado todas sus fichas por el magnate republicano, incluso cuando Joe Biden todavía gobernaba Estados Unidos. Hoy, con Trump cumpliendo su primer año de mandato, esa apuesta se tradujo en una subordinación personal y política cada vez más obsecuente, con consecuencias directas para la política exterior argentina y un alineamiento automático con las decisiones de Washington.
 
La sintonía entre Milei y Trump se consolidó rápidamente. El presidente argentino convirtió a Estados Unidos en su principal destino internacional, con 15 viajes en lo que va de su gestión, y definió a ese país, junto con el gobierno genocida de Israel, como socios prioritarios. En paralelo, la Argentina comenzó a votar en bloque con Estados Unidos en los organismos internacionales y a respaldar su estrategia en Medio Oriente, dejando de lado cualquier margen de autonomía diplomática.
 
Desde la Casa Blanca llegaron gestos políticos y financieros de alto impacto. Trump recibió a Milei en Washington, impulsó señales públicas de respaldo a su programa económico neoliberal y apoyó a la Argentina en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
 
Además, el Tesoro yanqui desembolsó cerca de 20.000 millones de dólares para apuntalar la situación financiera del país en la antesala de las elecciones legislativas de octubre, una decisión que generó fuertes críticas internas en Estados Unidos, especialmente entre productores agropecuarios y sectores de la oposición. Ese rescate financiero no fue gratuito. Para Trump, el auxilio económico funcionó como una forma de asegurar lealtad política neocolonial en un momento en el que busca recuperar influencia del Imperio en el continente.
 
Para Milei, el respaldo tuvo un carácter vital, tanto para sostener su programa económico anarco capitalista en crisis como para reforzar su posición interna. La contracara fue una política exterior cada vez más subordinada, con gestos concretos de alineamiento estratégico y escasa distancia frente a las decisiones más agresivas de Washington.
 
En el plano económico y geopolítico, la relación también se inscribe en la disputa global entre Estados Unidos y China. Las reservas de hidrocarburos y de minerales estratégicos de la Argentina se volvieron un factor central para la Casa Blanca, que busca garantizar que esos recursos queden bajo el control de gobiernos políticamente afines. Al mismo tiempo, el éxito o fracaso del modelo económico de Milei es observado como una pieza clave para frenar la expansión de proyectos alternativos en América latina.
 
Sin embargo, no todo el impacto de esta sociedad es positivo para la Argentina. Las tarifas impuestas por Estados Unidos al acero y al aluminio afectan directamente a sectores industriales locales, y la dependencia del respaldo financiero externo deja al país expuesto a cambios bruscos en el humor político de Trump. La relación es marcadamente asimétrica: mientras Milei necesita imperiosamente el apoyo de Trump para sostener su gestión, para el presidente yanqui la alianza es útil, pero no determinante.
 
Pero el vínculo entre dos líderes de perfil confrontativo y decisiones imprevisibles deja abierto un interrogante central: qué ocurrirá cuando aparezcan los primeros desacuerdos de fondo y hasta dónde está dispuesta la Argentina a ceder autonomía para sostener una alianza que, en los hechos, favorece mucho más a la estrategia global de Estados Unidos que al desarrollo soberano del país. Este miércoles, Milei volverá a disertar en el foro internacional de Davos. Buscará mostrarse como el mejor alcahuete de Trump.
 
La Opinión Popular
 

17-01-2026 / 21:01
En una semana, los incendios se dieron la mano con la inflación sostenidos por un fenómeno de la época como la desinformación sumada al negacionismo ambiental. Inesperado en un mundo caótico, el informe sobre riesgo global para el Foro de Davos que comienza este lunes, advirtió que dos de los problemas centrales que afronta el planeta son la desinformación y el cambio climático.
 
Los incendios que asolaron sobre todo a la provincia de Chubut se produjeron 20 días después de que el vocero presidencial Manuel Adorni anunciara la intención de derogar las leyes de Tierras y la de Manejo del Fuego. La primera limitó la extranjerización de la tierra y la segunda trata de evitar los incendios intencionales de bosques nativos.
 
Durante la semana se habló mucho de los incendios y la destrucción que provocaron. El tema sumó negacionismo ambiental y desinformación como forma de manipulación política. Primero fue el intento bizarro de responsabilizar a la comunidad mapuche, lo que fue desmentido por el fiscal general de la provincia, Carlos Díaz Mayer.
 
La Constitución protege al bosque nativo, pero no habla de lo que sucede una vez que deja de existir porque lo incendian. Y allí empiezan desde proyectos mineros, turísticos, inmobiliarios o siembra de soja.
 
La Ley de Manejo del Fuego dice que a esas tierras no se les puede dar otro uso hasta 50 o 60 años después del incendio. Y con relación a la extranjerización, la ley delimita ese principio por departamento y por provincia, en cambio la Constitución habla en general de todo el país. Decir que con la Constitución alcanza, es otra forma de mentir.
 
El presidente Milei no fue a la zona de desastre para apoyar a los bomberos y acompañar a las víctimas. Colgó en sus redes una imagen como si estuviera en medio de las llamas saludando a un bombero y rodeado de pobladores que lo aplauden. No aclaró que se trataba de inteligencia artificial.
 
Milei tiene millones de seguidores en las redes que verán esa imagen y creerán que el presidente estuvo en la zona de desastre. La norma de este gobierno es abandonar las víctimas a su suerte. En Bahía Blanca hizo eso pero igual lo volvieron a votar. En Chubut también ganó a pesar del desinterés que demostró.
 
El informe sobre riesgo global de Davos 2026 señaló que el peligro de la desinformación es crítico cuando la sociedad ya no puede distinguir la ficción de lo real. Es interesante que el planteo haya sido presentado en Davos porque plantea un debate en el interior de un sector supuestamente favorecido por la desinformación.
 
Los incendios forestales demuelen el negacionismo ambiental, pero también revelan la forma como la manipulación de la información encubre la acción de priorizar el negocio sobre el cuidado ambiental, porque efectivamente se detectó que uno de los focos del incendio fue intencional.
 

15-01-2026 / 10:01
Desde que Javier "el Loco" Milei llegó a la Casa Rosada, cada 24 horas desaparecieron 30 empresas y se perdieron 400 empleos formales. Semejante carnicería productiva, 21.046 empresas y 272.607 puestos de trabajo menos en dos años, es resultado directo de las políticas oficiales, anarco capitalistas, que cerraron la Secretaría Pyme en el Ministerio de Economía y desfinanciaron todos los organismos destinados a impulsar la producción.
 
La destrucción del entramado productivo avanza a un ritmo sostenido en la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei y no aparece como un efecto colateral inesperado, sino como una consecuencia directa del rumbo elegido. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 desaparecieron 21.046 empleadores con trabajadores registrados, lo que equivale a un promedio de 30 empresas menos por día.
 
En paralelo, se perdieron 272.607 puestos de trabajo formales en unidades productivas, una caída del 2,77 por ciento que implica la eliminación de casi 400 empleos registrados diarios desde el inicio de la gestión libertaria, según los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo procesados por el Centro de Economía Política Argentina.
 
Lejos de tratarse de una anomalía transitoria, el retroceso del empleo y de los empleadores se inscribe en una definición política explícita del Gobierno nacional. Desde el inicio de la administración neoliberal de Milei, la política industrial fue descartada como herramienta de desarrollo.
 
"La mejor política industrial consiste simplemente en tener buenas políticas fiscales y monetarias", repiten los libertontos una consigna que se tradujo en el desmantelamiento de áreas específicas del Estado orientadas a sostener la producción, el entramado Pyme y el empleo formal.
 
En esa línea se inscribe el cierre de la Secretaría Pyme dentro del Ministerio de Economía, la eliminación de programas públicos de crédito productivo y el vaciamiento de instrumentos que históricamente apuntaban a sostener a las pequeñas y medianas empresas frente a los ciclos recesivos.
 
La contracción del Estado como actor de coordinación productiva dejó a miles de firmas expuestas a un contexto macroeconómico adverso, sin amortiguadores ni políticas contracíclicas que atenúen el impacto del ajuste.
 
Los números muestran que el deterioro no distingue rubros ni regiones. La cantidad total de empleadores cayó de 512.357 en noviembre de 2023 a 492.223 en octubre de 2025. El sector más afectado fue transporte y almacenamiento, con 5.042 empleadores menos, seguido por comercio, servicios inmobiliarios, servicios profesionales e industria manufacturera.
 
También la construcción y las actividades agropecuarias registraron caídas significativas, reflejando el efecto combinado de la paralización de la obra pública, la caída del consumo interno y el encarecimiento del financiamiento.
 
Mientras las empresas se cierran y crece la desocupación, Milei se va de joda a Jesús María y a Davos como si el país anduviera bárbaro. Este industricidio aberrante solo se puede hacer con una sociedad completamente desmovilizada, una CGT que parece un club de viejas jugando a la canasta y una juventud idiotizada por internet con toda esa mierda rentada de youtubers e influencers. Esto es tierra fértil para la canalla fascista criolla.
 
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