17:39 | Martes 15 de Julio de 2013 | Entre Ríos

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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona

Nacionales - 07-10-2021 / 09:10

REPUDIO A LA LEY QUE HABILITA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PORTEÑO A APELAR FALLOS NACIONALES

Multitudinaria marcha en rechazo al intento de Larreta para manipular la justicia y favorecer a Macri

Asociaciones de magistrados y abogados, sindicatos judiciales y un amplio abanico político y sindical protestaron frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño por la reciente ley que lo habilita a revisar las sentencias dictadas por la Justicia Nacional, en un evidente intento de proteger a Mauricio Macri y sus allegados y avanzar sobre los derechos de los trabajadores. La medida inconstitucional aprobada en la Legislatura por Juntos por el Cambio habilita a la justicia porteña a revisar, modificar y rectificar fallos de la justicia nacional.

Es un escándalo, están desesperados por dar impunidad judicial a Macri, en las múltiples causas relacionadas con el ex presidente. Pero esto es solo la parte más visible del problema. Horacio Rodríguez Larreta va mucho más allá. Quiere responder a un reclamo de las grandes empresas de este país, muchas de las cuales tienen su sede en la Ciudad de Buenos Aires y quieren una instancia favorable de revisión para los juicios laborales.

Los cinco miembros del TSJ responden mayoritariamente e incondicionalmente a Macri y a Larreta. Su presidenta, Inés Weinberg de Roca, fue la candidata fallida del ex presidente para la Procuración General de la Nación. Santiago Otamendi, el ex viceministro de Justicia de Germán Garavano. A Marcela de Langhe también la nombró el macrismo en el Instituto Superior de Seguridad Pública porteño. Estos tres magistrados conforman una mayoría automática, junto a la que votan Luis Lozano y Alicia Ruiz.

Así lo entendieron las organizaciones políticas, sindicales y sociales, de abogados laboralistas y gran parte de los gremios que se movilizaron este miércoles al TSJ denunciando que el oficialismo larretista porteño busca garantizar la impunidad de Macri con la nueva ley. La movilización a la sede del Tribunal Superior de Justicia alertó también sobre la reforma laboral y la eliminación de las indemnizaciones que impulsan desde Juntos por el Cambio.

"Defender la Constitución". "Suspender este disparate jurídico". "Frenar este atropello al ciudadano". "Luchar contra la colonización de la justicia". "Volver a poner la justicia al servicio de los trabajadores y los más débiles, y no de los empresarios poderosos". "Dejar de hacerle la corte a Macri y su curreo". "Decir No a la 'República de Morondanga'", fueron algunas de las frases que se escucharon ayer en contra de la ley que esconde la intención de garantizar impunidad para Macri y la destrucción de los derechos de los trabajadores. Porque nadie puede imaginar que un derecho de un trabajador pueda ser respetado en un tribunal "puesto a dedo" por el macrismo.

La Opinión Popular

GRAN MOVILIZACIÓN EN RECHAZO A LA LEY QUE HABILITA AL TSJ PORTEÑO A APELAR FALLOS NACIONALES

CABA: Marcha contra "el sueño de la justicia propia"

Organizaciones sociales y gremiales, asociaciones de abogados y legisladores, advirtieron frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia que la norma "es anticonstitucional". En una muy convocante movilización que se realizó frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, para reclamar en contra de la ley que sancionó recientemente la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y que habilita a esta instancia local a revisar sentencias dictadas por la Justicia Nacional, en cualquiera de sus fueros con sede en el distrito.

Representantes y columnas de un gran arco político, social y gremial, asociaciones de magistrados y abogados, legisladores, trabajadores de distintas dependencias municipales y nacionales, ciudadanos "comunes pero alertas", según se leyó en uno de los tantos carteles hechos a mano, se concentraron con este reclamo común frente a la sede del TSJ, en Cerrito 760, a una cuadra del teatro Colón y a pocas del obelisco. La policía de la Ciudad, por su parte, se encargó de hacer y mostrar un despliegue inusual, dadas las circunstancias: gran cantidad de efectivos y un par de cuadras de carros de asalto, y hasta un camión de bomberos, recibieron a los manifestantes.

La convocatoria exigió que se vuelva atrás con la ley que votó el jueves pasado --sin debate previo y "colado" en un proyecto sobre audiencias y notificaciones digitales-- la mayoría automática de la Legislatura (38 votos a favor de los bloques Vamos Juntos, UCR-Evolución, Partido Socialista y GEN, y 20 en contra del Frente de Todos y la Izquierda), que subvierte las competencias jurídicas, priorizando una de orden local por sobre la nacional. También sumó el rechazo a las propuestas de reforma laboral y de eliminación de las indemnizaciones, una de las "promesas de campaña" que agita por estos días Juntos por el Cambio.

Legisladores y referentes como Héctor Recalde, Leopoldo Moreau, Walter Correa, Lucía Cámpora (cuyo discurso en la legislatura al momento de oponerse a esta ley tuvo gran impacto), Claudia Neira, Myrian Bregman, Sergio Palazzo, Juan Ramos Padilla estuvieron en la marcha; algunos de ellos hablaron en el escenario que se montó frente al TSJ. Entre los muchos gremios representados se vio y oyó a integrantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju), la Asociación Bancaria, UTE-Ctera, ATE, los Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp), el gremio de prensa Sipreba, el de docentes bonaerense Suteba y el Frente Barrial, entre otras organizaciones nucleadas en la Central de Trabajadores de la Argentinos (CTA). También estaban los que, echando mano al humor, se identificaron con carteles caseros como el de "Anti-Republicanos de Morondanga".

El sueño de la justicia propia

"Estamos manifestando contra la monarquía judicial al servicio de la derecha, por ende el peligro latente de que cualquier causa judicial de un trabajador o trabajadora sea resuelta por esa monarquía al servicio de Larreta", definió en diálogo con Página/12 el diputado y secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores Walter Correa. "Esto se para, y en este momento se para con los votos. Hay que tomar conciencia de que estamos a siete diputados de perder la indemnización y las conquistas de los trabajadores y las trabajadoras", advirtió.

"Además de un dislate jurídico, lo que sucede acá es lo que dijo la legisladora Lucía Cámpora en su exposición: el blindaje de impunidad a la familia Macri por un lado, y la destrucción de los derechos laborales por otro. Si esto hubiera sucedido en Formosa o Tucumán, estarían diciendo que vamos a Cuba o Venezuela aquellos que se dicen defensores de las instituciones. Pero como lo hacen ellos, está bien", marcó el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo.

"Esto de pensar que modificando leyes se genera empleo es falso, porque entre 2003 y 2015 se generaron 230 mil pymes nuevas, y casi 3 millones de trabajos registrados, y no se perdieron derechos laborales. Este 14 de noviembre no nos olvidemos de esto", pidió.

"Esta ley cumple el sueño de Macri de tener una justicia propia", opinó Héctor Recalde. Para Leopoldo Moreau, "el gobierno de la Ciudad quiere crear un búnker o una guarida para el clan Macri. Y además quiere aprovechar la circunstancia para apropiarse del fuero laboral, de los derechos de los trabajadores". "No es casual que la semana pasada el senador (Martín) Lousteau haya presentado un proyecto en el Congreso para terminar con las indemnizaciones por despido sin causa justa, y en paralelo la Legislatura haya intentado esto", observó el diputado.

La mayoría automática

"Este tribunal le niega las vacantes escolares a nuestros pibes en la Ciudad y guarda silencio en el remate de las tierras públicas. Qué podemos esperar de este tribunal, si para ellos estos derechos son cargas prescindibles", planteó la legisladora porteña Lucía Cámpora.

"Estamos diciendo no a este atropello y es muy importante porque quieren hacerle ganar tiempo a los más poderosos", sumó su compañera de bloque, Claudia Neira. "El oficialismo bastardea la autonomía de la Ciudad, usándola como pretexto para proteger los intereses económicos de Macri, Socma, y los que quieren ir por las indemnizaciones".

También el secretario adjunto del sindicato docente porteño UTE, Eduardo López, tuvo palabras para el TSJ: "Este tribunal no va a poder dar vuelta la pirámide de jerarquía constitucional, porque hay un pueblo en la calle que va a defender sus derechos. Weimber de Roca, Otamendi, Langhe, ¿alguien los conoce? Los maestros sí, estamos pidiendo juicio político para ellos, porque le quieren sacar las vacantes a nuestros alumnos. Y a juzgar por sus fallos no saben ni Formación Cívica de primer año".

Una cuestión de sentido común

Beatriz Ferreiro es una de las que se convocaron "como ciudadana anónima, en contra de esto que es un atropello evidente. Un tribunal local no puede estar por sobre una instancia nacional, ¡es de sentido común!", expone.

"Vine porque no se puede permitir una ley que es absolutamente inconstitucional, se la mire por donde se la mire. Quieren violentar el espíritu de la Constitución nacional y eso es muy grave", suma Marcelo, trabajador del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad.

La abogada del organismo de derechos humanos Liberpueblo Verónica Quinteros destaca como positivo el amplio arco judicial, sindical y social que se congregó, la cantidad de organizaciones "que vinieron a repudiar el copamiento del macrismo a la justicia". "Hay que garantizar que la justicia quede en la instancia nacional y se enfoque en la defensa de los trabajadores, de los más débiles, porque para eso está la ley, para impartir un equilibrio. No para responder a un sector del poder", marcó ante la consulta de Página/12.

Para Regina Santinelli, abogada penalista que trabaja en el Ministerio Público de la Defensa, "esta maniobra del Gobierno de la Ciudad y sus legisladores se desentiende del proceso de autonomía de la Ciudad mediante convenios de tranferencia y acomoda las normas procesales a gusto y piacere, para responder a sus intereses políticos". "Quienes luchamos por transformar la justicia, y trabajamos día a día para que esté al servicio de quienes más lo necesitan, nos sentimos muy afectados. Sentimos que todo vale, que no hay un límite", lamenta.

Oscar Adolfo Depaoli es abogado, trabaja en Parques Nacionales. "Vengo a apoyar la lucha de los compañeros y del pueblo argentino en contra de este tribunal supremo de injusticia", define nombrando especialmente a Santiago Otamendi, Inés Weinberg de Roca, Marcela de Langhe. "Es gente que trabaja directamente para Macri, si uno repasa los fallos la complicidad es tan directa que es obscena", analiza.

A días de cumplir 83 años y en plena actividad, la doctora Marisa Donadío recita su matrícula y repasa toda la jurisprudencia contra la cual avanza la flamante ley, desde la Carta Magna de 1215, pasando por los Derechos de la Comisión de Virgina de 1776, los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, hasta "toda la doctrina que surge a partir de hombres como Arturo Sampay, que es el glorioso autor del anteproyecto de la Constitución del 49, que fue derogada por una junta consultiva siniestra presidida en 1956 por Alicia Moreau de Justo", ilustra. "Por todo eso, por lo que me enseñó Perón, que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, estoy acá", se planta.

Pero a pesar de toda esa jurisprudencia, la Legislatura avanzó, se le observa. La doctora responde con lógica lega: "Pienso, con un poco de ilusión, que si cayó el imperio romano, si cayeron Hitler y Mussolini, si los norteamericanos se tuvieron que ir de Vietnam como ratas... ¿Por qué esta runfla de garcas se va a quedar en el país, si no nos representa?".

Por Karina Micheletto

Fuente: Página12

15-07-2025 / 08:07

La jueza yanqui Loretta Preska rechazó el pedido del gobierno de Milei en la causa YPF

Una vez más, el sistema judicial yanqui avanza como ariete de los fondos buitre contra la soberanía de nuestro país. La jueza Loretta Preska, que es incapaz de distinguir entre países y empresas, rechazó este lunes el pedido del gobierno de Javier Milei para frenar la ejecución de una sentencia que ordena la entrega del 51 por ciento de las acciones de YPF a los especuladores.

El fallo responde a una demanda impulsada por los fondos buitre: Burford Capital y Eton Park, quienes no son en realidad los "damnificados" por la expropiación de la petrolera estatal en 2012, sino capitales especulativos que "compraron" el derecho a litigar de los dueños originales. El cipayo Milei les dio la razón a los buitres.

La sentencia de Preska, quien durante todo el proceso ha mostrado sus vínculos con los buitres sin tapujo y que no ha tenido la menor consideración sobre el derecho de soberanía argentino, representa un ataque directo a la independencia política, jurídica y económica de nuestro país. Aunque el Gobierno de Milei ya presentó una apelación ante la Cámara del Segundo Circuito y se prepara para llegar, si es necesario, a la Corte Suprema de Estados Unidos, Preska dejó en claro que la presión económica no dará tregua.

Su decisión de no suspender el fallo permite avanzar con medidas que, en los hechos, significarían un vaciamiento del control estatal sobre la principal empresa energética del país. Todo esto, en nombre de una exorbitante "compensación" de más de 16 mil millones de dólares por una decisión soberana tomada por el Congreso argentino en 2012 con amplio respaldo legislativo.

La defensa argentina argumentó que se trata de un caso excepcional, sin antecedentes jurídicos claros, donde incluso el propio gobierno de Estados Unidos expresó reparos a la interpretación del tribunal. El temor en Washington no es menor: que una jurisprudencia tan agresiva siente un precedente peligroso, que habilite a otros países a embargar activos yanquis en futuros litigios. El fallo de Preska podría volverse un búmeran para el propio imperio que lo impulsa.

Además, los representantes legales de la Argentina advirtieron que ejecutar la sentencia implicaría violar la legislación nacional, ya que, según la ley de expropiación aprobada en 2012, las acciones de YPF no pueden transferirse sin una ley del Congreso votada por dos tercios. Preska estaría ordenando al Estado argentino a quebrantar su propio marco legal para cumplir con una orden foránea. Es una intromisión inadmisible en los asuntos internos de un país soberano.

A todo esto, se suma el hecho de que los demandantes no demostrarían un perjuicio inmediato si se posterga la ejecución, mientras que la afectación al interés público argentino sería mayúscula: pérdida de control estratégico sobre recursos energéticos, impacto en provincias accionistas y en bonistas internacionales, y la posibilidad de activar cláusulas contractuales perjudiciales para YPF.

Es evidente que la sentencia de Preska, lejos de hacer justicia, profundiza una lógica de subordinación colonial a los intereses del capital financiero internacional. En juego no está solo la propiedad de una empresa. Está la soberanía energética, el respeto a las decisiones democráticas y la dignidad de un país frente a tribunales que actúan como garantes del saqueo imperialista.

La Opinión Popular

14-07-2025 / 08:07

Las “Fuerzas del Cielo” de los Hermanos Milei se encontraron con algunos límites

El presidente Javier "el Loco" Milei está preso de que un proyecto sin sustentos y eso quedó más que claro durante la semana que pasó. El entusiasmo mileísta, de a poco, abre paso a la resignación. Ahora resta saber si ese vacío de entusiasmo podrá ser llenado por un nuevo Nosotros.

No tiene mayor sentido detenerse en los aspectos técnicos, o de cálculos transeros, acerca de lo sucedido en el Congreso. Sí lo tiene comprender que la presunta aplanadora de las Fuerzas del Cielo comenzó a encontrar algunos límites.

Podrá acontecer que algunos favores presidenciales, a algunas provincias y aliados solícitos, alleguen votos para sostener vetos. Podrá ocurrir que nunca faltará un Kueider por acá, un símil por allá, dispuestos al qué pretende usted de mí. Podrán ofertar todas las Banelco de época que se quieran.

Pero ya no habría retorno, nodal, de que al Gobierno empezaron a entrarle las balas (propias). A uno no le gusta esa figura, y sobre todo cuando las guerrillas digitales del neofascismo convocan a la violencia. Se acepta por razones de imagen expresiva.

Es impactante la sucesión de errores y horrores ejecutivos que cometieron los adolescentes de Casa Rosada, tal vez porque se acumularon en una misma semana.

Puede admitirse, cómo no, que el capital de Javier Milei es permanecer como un intransigente disruptivo a toda costa. Pero de ahí a carecer de todo rasgo de inteligencia política, siquiera para tener fusibles que lo amparen, hay mucha distancia.

Podría mantener al personaje y dejar que por abajo negocien lo que fuere, a fines de salvar las papas en instancias determinadas. Por ejemplo, para haber evitado una derrota parlamentaria que se transformó -él transformó- en crisis de alcances inciertos.

Hubiera bastado con que no se sometiera al papelón de refugiarse en la niebla, para justificar su ausencia en Tucumán. Juntaba dos, tres, cuatro gobernadores, con algún caramelito de liberar fondos básicos, y prácticamente listo.

Pero Milei no sabe. No quiere. No entiende nada, porque siente que le sobra con que todo es cuestión de ganar en las redes, de que su hermana se cargue a quien viniere y de que un coro de bufones corporativos lo aplauda sin percibir que da vergüenza ajena.

Sin embargo, eso podría llevar a la conclusión de que el Presidente está preso de sí mismo. No. Eso es una mirada psicologista, que antes de válida es insuficiente. Está preso de que lo que encarna no tiene ni pies ni cabeza como proyecto sustentable. Y como incumbe a la Argentina, con su cultura bimonetaria, le saltó la ficha desde las perspectivas con el dólar.

El domingo pasado, bajo la pregunta de si se puede sostener el modelo cambiario, Hernán Letcher describe el panorama de los próximos meses con precisión quirúrgica. Comienza por la canchereada de Caputo Toto ("Si creés que está barato, agarrá los pesos y comprá dólares, campeón"). Fue apenas unos días antes de que el mismo Toto, con imagen desvencijada, apareciera de urgencia en uno de los programas de la televisión oficial.

13-07-2025 / 11:07

Milei avanza contra la democracia misma, vacía las instituciones y amenaza con cerrar el Congreso si no logra imponer su voluntad

El presidente Javier "el Loco" Milei avanza contra el Congreso nacional y la democracia misma, opera para vaciar las instituciones y amenaza con cerrar el Legislativo si no logra imponer su voluntad; lejos de moderarse, su estrategia es profundizar la confrontación y tensar el sistema hasta forzar una ruptura o afianzarse en el poder absoluto.

Nadie podrá decir que no estaba prevenido. Milei avisó en campaña que las convicciones democráticas no eran parte de su repertorio. Una burda lectura del teorema de la imposibilidad de Arrow era la excusa en la que se refugiaba para no decir, con todas las letras, que su anarcocapitalismo ideal requiere de otras formas de gobierno, menos sensibles a las necesidades de las mayorías.

Para el presidente, el Poder Legislativo es un objetivo estratégico desde el primer día. Pero no a partir de la búsqueda de construcción de consensos para consolidar sus decisiones ejecutivas sino como un obstáculo a su poder que debía ser corrido o anulado. Esa escalada recrudeció este jueves, luego de sufrir una histórica paliza en el Senado, pero no es nueva, ni es casual, ni está fuera de libreto.

El 10 de diciembre de 2023 Milei asumió su cargo de espaldas al Congreso, rompiendo la tradición centenaria de inaugurar el mandato con una asamblea legislativa. Todavía era el presidente que venía a prender fuego el Banco Central y terminar con la casta. Hoy la imagen es muy distinta: el Central mantiene el dólar planchado y la casta finge demencia y se enriquece en medio de la destrucción.

Días más tarde anunciaba el DNU 70/23, con el que se adjudicó facultades legislativas en un espectro muy amplio, usurpando, de facto, el rol del Congreso. La ley de Bases, en tanto, con cientos de artículos, se trató en despachos exprés de sólo cuatro comisiones y, en el recinto, se votó por bloques para evitar que se cayeran los aspectos más escandalosos de la letra chica.

Durante el tratamiento de esa ley, que duró varios meses, Milei trató de ratas y de corruptos a los diputados y senadores mientras era el oficialismo el que cambiaba el sentido de algunos votos clave a partir de mecanismos nunca aclarados. Uno de ellos, el senador Eduardo Kueider, está detenido en Paraguay desde el año pasado. Lo encontraron tratando de cruzar la frontera con 200 mil dólares.

Cuando los aprietes y la corrupción no alcanzaban para frenar iniciativas contrarias a los intereses del gobierno, el presidente recurrió al veto. Para sostenerlo necesita un tercio de los votos en una de los dos cámaras. En el Senado siempre estuvo lejos. En la cámara baja pudo reunir 87 "héroes", con aliados radicales, del PRO y de algunas provincias, que le permitieron imponerse. Lo celebraron con un gran asado.

Esa pólvora está mojada. En la Casa Rosada admiten que no pueden garantizar el tercio que blinda las decisiones de Milei. Por eso recurren a otro recurso: bloquear el funcionamiento del Congreso, incluso mediante la violencia. Clausuran las comisiones para evitar dictámenes en proyectos que no quieren tratar e intentan levantar las sesiones por escándalo (esto es literal) para ahorrarse derrotas. Era una táctica con patas cortas.

12-07-2025 / 09:07

Neblina mental: Las insólitas anomalías del Loco Milei

Desde el "no fui por la neblina" de Javier "el Loco" Milei, hasta el hurto de fusibles del tablero del Senado, más tuiteros rentados, empleados por el gobierno, pidiendo que "saquen los tanques a la calle" y que "dinamiten el Congreso", todo fue mugriento y tosco. Fantino y JP Morgan empezaron la escalada que aisló al gobierno en sus limitaciones y vilezas destinadas a ahogar a las provincias, saquear a los jubilados y abandonar a enfermos, discapacitados y a víctimas de la tragedia de Bahía Blanca.

El desquiciado Milei decidió no concurrir al acto central por el 9 de Julio en Tucumán cuando se enteró que no irían los gobernadores. Pero como no podía confesarlo, dijo que no iba por la neblina. Hizo un día espectacular y para que se notara más, la vicepresidenta se tomó un avión y llegó con pleno sol.

Victoria Villarruel puso en evidencia a Milei -quien la considera una "traidora"- y puso en un aprieto al ubicuo gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, interesado en reclamar lo que incumplió el gobierno nacional, pero poco dispuesto a intervenir en la interna entre el presidente y su vice.

Lejos quedó la imagen de la doble fila de gobernadores serviciales que recibió a Milei en la Casa Histórica de Tucumán el año pasado. Le votaron poderes especiales, una inconstitucional ley bases y el RIGI que entrega riquezas. A cambio recibieron promesas de financiamientos e inversiones que nunca llegaron.

La rebelión de los gobernadores un año después de aquel acto de sumisión demostró la explosión de la crisis en sus provincias con descalabros en las economías regionales, en las rutas, la educación o la seguridad. Pero también fue un indicio de que las expectativas de la sociedad en el gobierno se redujeron con respecto al 2024.

Tras ganar las elecciones, las expectativas de la sociedad en el gobierno de Milei crecieron más que los votos con los que había ganado. Los gobernadores miden esos climas y por eso se sumaron al circo del año pasado. Ahora le dijeron que sin ellos no puede ganar porque esas ilusiones están a la baja.

Pero, horror, los gobernadores radicales y del PRO iban a coincidir con sus colegas del kirchnerismo, que resistieron desde el primer día el saqueo a los jubilados y la crueldad de desfinanciar el sistema de atención a la discapacidad o abandonar a las víctimas de tragedias como la de Bahía Blanca.

El acuerdo era dar quórum para iniciar la sesión. Los senadores kirchneristas informaron que además de la devolución de los ATN y de lo que les corresponde del impuesto a las naftas, iban a plantear el aumento a los jubilados, la declaración de emergencia en discapacidad y el rechazo del veto presidencial a la asistencia de las víctimas en Bahía Blanca. La noche previa, los gobernadores radicales y los del PRO dijeron que solamente aprobarían la devolución de los fondos a las provincias.

Como los puntos que le interesaban a estos gobernadores quedaron al final de la agenda porque serían tratados sobre tablas, sin pasar por comisión, los senadores que les respondían se quedaron hasta el final y algunos de ellos, incluso, votaron junto al kirchnerismo los temas sobre Bahía Blanca, jubilaciones y discapacidad. Este gobierno jugó al borde del precipicio desde que asumió. Zafó al principio con una devaluación que demolió salarios, después con un blanqueo exitoso y luego con la ayuda esclavizante del FMI.

11-07-2025 / 09:07

El Loco Milei perdió por paliza: en el Senado aprobaron jubilaciones, moratoria previsional, discapacidad y fondos para provincias

Por paliza, Javier "el Loco" Milei sufrió una seguidilla de derrotas en el Congreso. Pese a las amenazas y las operaciones sucias, el Senado convirtió en ley por unanimidad el aumento a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad y por amplia mayoría la moratoria previsional. Además, rechazó el veto al Fondo para Bahía Blanca, defendió las acciones de YPF y votó los proyectos impulsados por los gobernadores. Los oficialistas abandonaron la sesión y el Presidente, acorralado, ya adelantó que vetará las leyes sancionadas, en una nueva muestra de su autoritarismo y de su fanatismo con el ajuste fiscal a costa del hambre de los jubilados y la motosierra contra los sectores más vulnerables.

Enemistado con casi todos los espacios (en las últimas semanas se sumaron los gobernadores), Milei sufrió una derrota tras otra y su gobierno vivió una jornada negra en el Senado. El aumento para los jubilados y la emergencia en discapacidad se aprobaron por unanimidad. La moratoria, con amplia mayoría. Los mandatarios provinciales lograron darle media sanción a la modificación en el reparto de los ATN y en la coparticipación el Impuesto a los Combustibles.

La primera de las leyes aprobadas (contaba ya con media sanción en Diputados) fue el aumento de las jubilaciones y del bono para quienes cobran un haber mínimo, que está congelado en $70 mil desde marzo del 2024. De esta manera, la jubilación mínima pasa de $309 mil a $331 mil, y el bono escala a $110 mil. El aval del dictamen contó con 42 votos a favor, 17 en contra y tres abstenciones, mientras que para su aprobación final sumó 52 votos a favor y 4 abstenciones.

De acuerdo con el Gobierno, este proyecto rompe el equilibrio fiscal. Sin embargo, según la Oficina del Presupuesto del Congreso, el impacto durante este año será de 0,37% del PBI y en 2026 del 0,71%, número inferior al 0,41% que representó la baja de Bienes Personales a los más ricos. Además, la nueva norma prevé cubrir el impacto fiscal mediante la eliminación de exenciones impositivas, la reasignación de partidas de la SIDE, y utilización de recursos provenientes de registros automotores.

La segunda de las leyes que aprobó el Senado es el retorno de la moratoria previsional, con 39 votos afirmativos, 14 negativos y una abstención. De esta forma, se restablece el mecanismo, que venció en marzo de este año, que permite el acceso a una jubilación para quienes no alcanzaron los 30 años de aportes. En tercer lugar, el Senado convirtió en ley por unanimidad la declaración de emergencia para la discapacidad. La propuesta establece la emergencia para el sector hasta diciembre del 2027, que garantiza partidas presupuestarias para incrementar el pago a los prestadores de servicios y saldar la deuda para enfermeros, acompañantes y transportistas. En simultáneo a su tratamiento, diferentes agrupaciones movilizaron al Congreso para presionar su aprobación.

Por otra parte, el Senado rechazó por unanimidad el veto de Milei a una ley que creaba un fondo de $200 millones para la restauración de Bahía Blanca tras la trágica inundación de marzo. Ahora dependerá de la Cámara de Diputados, que en su momento dio media sanción a la ley con 153 votos a favor y la única oposición de LLA. Otra de las derrotas del Gobierno fue la media sanción a los proyectos presentados por los 24 gobernadores, que plantean un nuevo reparto a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles.

La Opinión Popular