21:09 | Miercoles 04 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 07-10-2021 / 09:10

REPUDIO A LA LEY QUE HABILITA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PORTEÑO A APELAR FALLOS NACIONALES

Multitudinaria marcha en rechazo al intento de Larreta para manipular la justicia y favorecer a Macri

Asociaciones de magistrados y abogados, sindicatos judiciales y un amplio abanico político y sindical protestaron frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño por la reciente ley que lo habilita a revisar las sentencias dictadas por la Justicia Nacional, en un evidente intento de proteger a Mauricio Macri y sus allegados y avanzar sobre los derechos de los trabajadores. La medida inconstitucional aprobada en la Legislatura por Juntos por el Cambio habilita a la justicia porteña a revisar, modificar y rectificar fallos de la justicia nacional.

Es un escándalo, están desesperados por dar impunidad judicial a Macri, en las múltiples causas relacionadas con el ex presidente. Pero esto es solo la parte más visible del problema. Horacio Rodríguez Larreta va mucho más allá. Quiere responder a un reclamo de las grandes empresas de este país, muchas de las cuales tienen su sede en la Ciudad de Buenos Aires y quieren una instancia favorable de revisión para los juicios laborales.

Los cinco miembros del TSJ responden mayoritariamente e incondicionalmente a Macri y a Larreta. Su presidenta, Inés Weinberg de Roca, fue la candidata fallida del ex presidente para la Procuración General de la Nación. Santiago Otamendi, el ex viceministro de Justicia de Germán Garavano. A Marcela de Langhe también la nombró el macrismo en el Instituto Superior de Seguridad Pública porteño. Estos tres magistrados conforman una mayoría automática, junto a la que votan Luis Lozano y Alicia Ruiz.

Así lo entendieron las organizaciones políticas, sindicales y sociales, de abogados laboralistas y gran parte de los gremios que se movilizaron este miércoles al TSJ denunciando que el oficialismo larretista porteño busca garantizar la impunidad de Macri con la nueva ley. La movilización a la sede del Tribunal Superior de Justicia alertó también sobre la reforma laboral y la eliminación de las indemnizaciones que impulsan desde Juntos por el Cambio.

"Defender la Constitución". "Suspender este disparate jurídico". "Frenar este atropello al ciudadano". "Luchar contra la colonización de la justicia". "Volver a poner la justicia al servicio de los trabajadores y los más débiles, y no de los empresarios poderosos". "Dejar de hacerle la corte a Macri y su curreo". "Decir No a la 'República de Morondanga'", fueron algunas de las frases que se escucharon ayer en contra de la ley que esconde la intención de garantizar impunidad para Macri y la destrucción de los derechos de los trabajadores. Porque nadie puede imaginar que un derecho de un trabajador pueda ser respetado en un tribunal "puesto a dedo" por el macrismo.

La Opinión Popular

GRAN MOVILIZACIÓN EN RECHAZO A LA LEY QUE HABILITA AL TSJ PORTEÑO A APELAR FALLOS NACIONALES

CABA: Marcha contra "el sueño de la justicia propia"

Organizaciones sociales y gremiales, asociaciones de abogados y legisladores, advirtieron frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia que la norma "es anticonstitucional". En una muy convocante movilización que se realizó frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, para reclamar en contra de la ley que sancionó recientemente la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y que habilita a esta instancia local a revisar sentencias dictadas por la Justicia Nacional, en cualquiera de sus fueros con sede en el distrito.

Representantes y columnas de un gran arco político, social y gremial, asociaciones de magistrados y abogados, legisladores, trabajadores de distintas dependencias municipales y nacionales, ciudadanos "comunes pero alertas", según se leyó en uno de los tantos carteles hechos a mano, se concentraron con este reclamo común frente a la sede del TSJ, en Cerrito 760, a una cuadra del teatro Colón y a pocas del obelisco. La policía de la Ciudad, por su parte, se encargó de hacer y mostrar un despliegue inusual, dadas las circunstancias: gran cantidad de efectivos y un par de cuadras de carros de asalto, y hasta un camión de bomberos, recibieron a los manifestantes.

La convocatoria exigió que se vuelva atrás con la ley que votó el jueves pasado --sin debate previo y "colado" en un proyecto sobre audiencias y notificaciones digitales-- la mayoría automática de la Legislatura (38 votos a favor de los bloques Vamos Juntos, UCR-Evolución, Partido Socialista y GEN, y 20 en contra del Frente de Todos y la Izquierda), que subvierte las competencias jurídicas, priorizando una de orden local por sobre la nacional. También sumó el rechazo a las propuestas de reforma laboral y de eliminación de las indemnizaciones, una de las "promesas de campaña" que agita por estos días Juntos por el Cambio.

Legisladores y referentes como Héctor Recalde, Leopoldo Moreau, Walter Correa, Lucía Cámpora (cuyo discurso en la legislatura al momento de oponerse a esta ley tuvo gran impacto), Claudia Neira, Myrian Bregman, Sergio Palazzo, Juan Ramos Padilla estuvieron en la marcha; algunos de ellos hablaron en el escenario que se montó frente al TSJ. Entre los muchos gremios representados se vio y oyó a integrantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju), la Asociación Bancaria, UTE-Ctera, ATE, los Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp), el gremio de prensa Sipreba, el de docentes bonaerense Suteba y el Frente Barrial, entre otras organizaciones nucleadas en la Central de Trabajadores de la Argentinos (CTA). También estaban los que, echando mano al humor, se identificaron con carteles caseros como el de "Anti-Republicanos de Morondanga".

El sueño de la justicia propia

"Estamos manifestando contra la monarquía judicial al servicio de la derecha, por ende el peligro latente de que cualquier causa judicial de un trabajador o trabajadora sea resuelta por esa monarquía al servicio de Larreta", definió en diálogo con Página/12 el diputado y secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores Walter Correa. "Esto se para, y en este momento se para con los votos. Hay que tomar conciencia de que estamos a siete diputados de perder la indemnización y las conquistas de los trabajadores y las trabajadoras", advirtió.

"Además de un dislate jurídico, lo que sucede acá es lo que dijo la legisladora Lucía Cámpora en su exposición: el blindaje de impunidad a la familia Macri por un lado, y la destrucción de los derechos laborales por otro. Si esto hubiera sucedido en Formosa o Tucumán, estarían diciendo que vamos a Cuba o Venezuela aquellos que se dicen defensores de las instituciones. Pero como lo hacen ellos, está bien", marcó el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo.

"Esto de pensar que modificando leyes se genera empleo es falso, porque entre 2003 y 2015 se generaron 230 mil pymes nuevas, y casi 3 millones de trabajos registrados, y no se perdieron derechos laborales. Este 14 de noviembre no nos olvidemos de esto", pidió.

"Esta ley cumple el sueño de Macri de tener una justicia propia", opinó Héctor Recalde. Para Leopoldo Moreau, "el gobierno de la Ciudad quiere crear un búnker o una guarida para el clan Macri. Y además quiere aprovechar la circunstancia para apropiarse del fuero laboral, de los derechos de los trabajadores". "No es casual que la semana pasada el senador (Martín) Lousteau haya presentado un proyecto en el Congreso para terminar con las indemnizaciones por despido sin causa justa, y en paralelo la Legislatura haya intentado esto", observó el diputado.

La mayoría automática

"Este tribunal le niega las vacantes escolares a nuestros pibes en la Ciudad y guarda silencio en el remate de las tierras públicas. Qué podemos esperar de este tribunal, si para ellos estos derechos son cargas prescindibles", planteó la legisladora porteña Lucía Cámpora.

"Estamos diciendo no a este atropello y es muy importante porque quieren hacerle ganar tiempo a los más poderosos", sumó su compañera de bloque, Claudia Neira. "El oficialismo bastardea la autonomía de la Ciudad, usándola como pretexto para proteger los intereses económicos de Macri, Socma, y los que quieren ir por las indemnizaciones".

También el secretario adjunto del sindicato docente porteño UTE, Eduardo López, tuvo palabras para el TSJ: "Este tribunal no va a poder dar vuelta la pirámide de jerarquía constitucional, porque hay un pueblo en la calle que va a defender sus derechos. Weimber de Roca, Otamendi, Langhe, ¿alguien los conoce? Los maestros sí, estamos pidiendo juicio político para ellos, porque le quieren sacar las vacantes a nuestros alumnos. Y a juzgar por sus fallos no saben ni Formación Cívica de primer año".

Una cuestión de sentido común

Beatriz Ferreiro es una de las que se convocaron "como ciudadana anónima, en contra de esto que es un atropello evidente. Un tribunal local no puede estar por sobre una instancia nacional, ¡es de sentido común!", expone.

"Vine porque no se puede permitir una ley que es absolutamente inconstitucional, se la mire por donde se la mire. Quieren violentar el espíritu de la Constitución nacional y eso es muy grave", suma Marcelo, trabajador del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad.

La abogada del organismo de derechos humanos Liberpueblo Verónica Quinteros destaca como positivo el amplio arco judicial, sindical y social que se congregó, la cantidad de organizaciones "que vinieron a repudiar el copamiento del macrismo a la justicia". "Hay que garantizar que la justicia quede en la instancia nacional y se enfoque en la defensa de los trabajadores, de los más débiles, porque para eso está la ley, para impartir un equilibrio. No para responder a un sector del poder", marcó ante la consulta de Página/12.

Para Regina Santinelli, abogada penalista que trabaja en el Ministerio Público de la Defensa, "esta maniobra del Gobierno de la Ciudad y sus legisladores se desentiende del proceso de autonomía de la Ciudad mediante convenios de tranferencia y acomoda las normas procesales a gusto y piacere, para responder a sus intereses políticos". "Quienes luchamos por transformar la justicia, y trabajamos día a día para que esté al servicio de quienes más lo necesitan, nos sentimos muy afectados. Sentimos que todo vale, que no hay un límite", lamenta.

Oscar Adolfo Depaoli es abogado, trabaja en Parques Nacionales. "Vengo a apoyar la lucha de los compañeros y del pueblo argentino en contra de este tribunal supremo de injusticia", define nombrando especialmente a Santiago Otamendi, Inés Weinberg de Roca, Marcela de Langhe. "Es gente que trabaja directamente para Macri, si uno repasa los fallos la complicidad es tan directa que es obscena", analiza.

A días de cumplir 83 años y en plena actividad, la doctora Marisa Donadío recita su matrícula y repasa toda la jurisprudencia contra la cual avanza la flamante ley, desde la Carta Magna de 1215, pasando por los Derechos de la Comisión de Virgina de 1776, los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, hasta "toda la doctrina que surge a partir de hombres como Arturo Sampay, que es el glorioso autor del anteproyecto de la Constitución del 49, que fue derogada por una junta consultiva siniestra presidida en 1956 por Alicia Moreau de Justo", ilustra. "Por todo eso, por lo que me enseñó Perón, que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, estoy acá", se planta.

Pero a pesar de toda esa jurisprudencia, la Legislatura avanzó, se le observa. La doctora responde con lógica lega: "Pienso, con un poco de ilusión, que si cayó el imperio romano, si cayeron Hitler y Mussolini, si los norteamericanos se tuvieron que ir de Vietnam como ratas... ¿Por qué esta runfla de garcas se va a quedar en el país, si no nos representa?".

Por Karina Micheletto

Fuente: Página12

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular

03-02-2026 / 11:02

Lavagna renunció porque el nuevo índice de inflación le dio 3,4 por ciento y le pidieron que no lo difunda

Tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del Indec, porque Javier Milei se niega a medir bien la inflación, Luis "Toto" Caputo decidió postergar la publicación de la nueva canasta de medición de precios, que daría una inflación mucho mayor. "Con el Presidente siempre pensamos que había que cambiarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado", afirmó. O sea, nunca. El Gobierno libertario oculta así el fracaso económico mientras los trabajadores del organismo alertan por intervención.

La decisión de Milei y Caputo de suspender sin límites la actualización del IPC solo una semana antes de su puesta en marcha fue demasiado hasta para Lavagna, que había aceptado retrasarla hasta ahora, además de hacer magia con los índices de la inflación y la pobreza. Presentó la renuncia al Indec y fue reemplazado por su segundo, incondicional de Caputo.

No hay eufemismos ni figuras simuladas que tapen lo que realmente pasó, a sólo 8 días de que se conozca un IPC que debería estar actualizado, tal como lo había prometido el Gobierno: Lavagna confió internamente que salió del ente estadístico, precisamente, porque Milei y el ministro de Economía, Caputo, se negaban a implementar la nueva medición de inflación por la que él venía peleando hacía más de dos años. Horas más tarde, Caputo se vio obligado a salir a confirmar los dichos de Lavagna.

Los dichos de Caputo son escandalosos y abren dudas peligrosas respecto a los números, porque los técnicos del INDEC ya tenían medidos precios con el nuevo IPC y se había anunciado la aplicación de ese índice para el próximo martes 10, cuando se sepa la inflación de enero. Esa medición daba arriba del 3 por ciento, pero a Lavagna le pedían que esté en torno al 2 por ciento. Además, es polémico porque Caputo no le pone fecha a la nueva medición. Es decir, Milei y Caputo se niegan, sin fecha cierta, a medir la inflación con la Encuesta de Hogares del 2018, para seguir haciéndolo con la del 2004.

Una medición que no refleja el costo de vida de las familias. Lo que el Gobierno hace evitando actualizarlos, es que no se vean reflejados en enero los aumentos de tarifas, en un escenario donde además los alimentos vienen subiendo. En pocas palabras, Milei está midiendo la inflación con los mismos parámetros de gastos familiares que había 22 años atrás.

Lo que eran sospechas terminaron siendo confirmadas por el propio gobierno. El viernes pasado el Banco Central difundió el Informe de Política Monetaria donde se admite abiertamente que si se hubiese utilizado el nuevo IPC la inflación hubiese sido más alta en los últimos dos años por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec. El propio Banco Central confirmó la manipulación del índice de inflación.

Mientras la población siente que los salarios se pulverizan y el pluriempleo crece, los datos oficiales truchos muestran un aumento inflacionario "moderado", utilizado por el Gobierno anarco capitalista también para planchar paritarias y jubilaciones. Esta brecha entre la realidad social y las estadísticas alimenta la desconfianza generalizada, incluso entre especialistas.

La Opinión Popular

02-02-2026 / 11:02

Politica Comic Show: Javier “el Loco” Milei y el insulto como política de Estado

El secuestro de Nicolás Maduro se transmitió en tiempo real por televisión y redes sociales, en una estudiada coreografía que hacía parecer toda la escena como parte de la última mega producción de Hollywood. A eso se sumó luego una campaña virtual de Donald Trump en la que se presentaba al mandatario como una especie de dueño del continente entero, incluyendo -sobre todo- a Groenlandia. El spin-off local de Trump no se queda atrás. Javier Milei, otra figura nacida en un set de TV, mezcla su presidencia con recitales masivos, romances fogosos y una cultura memética permanente en redes sociales. En todo el planeta es el momento de la política comic show, un juego que, a la vez, es mucho más que eso.

Milei construyó su llegada al poder desde los paneles de televisión. Allí mezcló gritos violentos, peleas salvajes y un aporte original: la capacidad de discutir autores económicos en prime time desde una matriz libertaria extrema. Su figura se nutrió además de otros condimentos: obras de teatro durante los veranos, noviazgos mediáticos -en 2018 salió con Daniela Mori, exintegrante de la banda de cumbia Las Primas-, revelaciones perturbadoras sobre su sexualidad tántrica, covers de temas de rock y clásicos, apariciones disfrazado como superhéroe y, por supuesto, su marca registrada: su extraña cabellera.

Mientras por un lado agita la violencia con invitaciones permanentes a "odiar más" y compara a sus rivales con monos o cucarachas, por el otro ofrece circo: el recital en el Movistar Arena, su show en el festival de Jesús María, una aparición en un canal de streaming oficialista junto a su perro clonado, un beso fogoso con su entonces pareja en un teatro costero, cuadros en la Quinta de Olivos donde se compara con Wolverine y con un león, una bizarra cuenta en inglés presentada mediante un cómic donde aparece volando sobre Buenos Aires como superhéroe.

A esta lista se suma su escasa preocupación por la higiene y el recambio de vestuario -con el mameluco de YPF como emblema, incluso en Davos- y su llanto desconsolado en el Muro de los Lamentos, una postal inédita para un presidente argentino. Con matices, todos estos episodios -los extravagantes y los violentos- comparten algo en común: arrastran la atención popular, dominan redes sociales y colonizan la agenda mediática y política, mientras corren los límites de lo decible en la sociedad argentina. "La primera estrategia de esta derecha es polarizar a la sociedad", explica el historiador Steven Forti en Extrema derecha 2.0. "No se trata de excentricidades, sino de una estrategia bien pensada."

Ese manual fue adoptado por la administración libertaria desde su llegada al poder. Cuando no fue el cierre del INADI o de Télam, fue un ataque a la comunidad homosexual, al periodismo o a alguna artista musical. Y cuando no había escándalo político, lo había estético: cuatro camperas en pleno verano, intentos de ocultar la papada o defensas públicas de películas de Guillermo Francella. De una u otra forma, siempre provocaba bronca, perplejidad o fascinación, emociones ideales que premian lo ruidoso.

Lo explica Giuliano da Empoli en Los ingenieros del caos, libro de cabecera del asesor presidencial Santiago Caputo: "El megáfono de Trump era la indignación de los medios." Con Trump y Milei ocurre lo mismo: se los puede amar o detestar, pero no ignorar. Richard Nixon lo llamaba "la teoría del loco". Fingir irracionalidad para volverse imprevisible y, por eso mismo, temible. Trump lo dijo sin rodeos: "Xi Jinping sabe que estoy totalmente loco."

La pregunta es inevitable: ¿estamos ante líderes desbordados o ante personajes cuidadosamente construidos? "La banalidad de la locura", la llama el politólogo Brian Klaas: una saturación de exabruptos que termina anestesiando a la sociedad.

La Opinión Popular

01-02-2026 / 10:02

La política del engaño: Pinocho Milei gobierna en base de exageraciones y datos falsos

Desde su llegada a la Casa Rosada, Javier "Pinocho" Milei construyó un relato épico de gestión que, al ser contrastado con datos verificables, empieza a mostrar fisuras cada vez más profundas. Promesas infladas, cifras manipuladas, logros magnificados y afirmaciones directamente falsas forman parte de un patrón comunicacional que ya no puede explicarse como simples errores.

Se trata, cada vez más claramente, de una estrategia política basada en la distorsión sistemática de la realidad. Organizaciones especializadas en verificación de datos, como Chequeado, desmintieron en reiteradas oportunidades afirmaciones centrales del discurso presidencial. Uno de los ejemplos más notorios fue la declaración en la que Milei aseguró haber sacado a diez millones de argentinos de la pobreza.

El número, ampliamente difundido por el oficialismo, resultó ser metodológicamente incorrecto, engañoso y sin respaldo estadístico sólido. Si bien algunos indicadores mostraron leves mejoras, la magnitud del cambio real está muy lejos del relato triunfalista que el prescindente intenta instalar. Algo similar ocurrió con su afirmación de haber eliminado los piquetes en todo el país. Lejos de desaparecer, los cortes de calles continuaron registrándose, aunque con menor visibilidad y mayor intervención de las fuerzas de seguridad.

La reducción de protestas no equivale a su erradicación, pero Milei optó por presentar una victoria absoluta que los datos desmienten. La manipulación también alcanza el terreno histórico. En reiteradas ocasiones, el mandatario afirmó que la Argentina fue uno de los 3 países más ricos del mundo, una afirmación que no resiste el menor análisis serio de los registros económicos internacionales.

Esta construcción mítica, repetida hasta el cansancio, busca reforzar la narrativa del "paraíso perdido" arruinado por la política tradicional, aun cuando carece de sustento empírico. El uso irresponsable de información falsa no se limita a discursos oficiales. En redes sociales, Milei llegó a difundir encuestas inexistentes, atribuidas falsamente a la Fundación FOPEA, con el objetivo de desacreditar al periodismo.

La propia organización salió a desmentir públicamente la información, dejando al descubierto una práctica preocupante: la utilización deliberada de datos falsos para atacar a la prensa crítica. Este comportamiento no es aislado. Forma parte de una lógica de comunicación basada en la confrontación permanente, la exageración de logros, la victimización y la construcción de enemigos internos.

La distorsión de cifras y hechos se convierte así en una herramienta política para sostener un relato épico que muchas veces choca contra la realidad cotidiana de millones de argentinos. Mientras la inflación continúa afectando el poder adquisitivo, la recesión golpea al consumo y el ajuste impacta con fuerza en jubilados, trabajadores y sectores medios, el discurso presidencial insiste en mostrar una Argentina idealizada que pocos logran reconocer en su vida diaria.

En este contexto, la manipulación informativa no solo erosiona la credibilidad del Gobierno, sino que también debilita el debate democrático y el derecho ciudadano a estar informado con veracidad. Gobernar a base de datos falsos puede rendir frutos comunicacionales de corto plazo, pero tiene costos profundos. Cuando la mentira se convierte en política de Estado, la confianza pública se deteriora, la institucionalidad se debilita y el vínculo entre gobernantes y sociedad se vuelve cada vez más frágil. En definitiva, más que errores ocasionales, las distorsiones discursivas de Milei parecen responder a una estrategia clara: imponer un relato antes que explicar la realidad. Una apuesta peligrosa que, tarde o temprano, termina chocando contra los hechos.

La Opinión Popular

31-01-2026 / 09:01

La política del grotesco de Milei sin propuesta alguna para el conjunto del pueblo

Décadas de globalización con la lógica del mercado se desplomaron sobre los argentinos con Javier Milei gritando el Rock del Gato mientras cinco provincias se incendiaban fuera de control y la mayoría de los gobernadores se sometían a ser extorsionados para aprobar la reforma laboral.

Décadas de erosión de la democracia y el medio ambiente cayeron sobre los argentinos con el florecimiento del libertarismo autoritario, que es como decir silencio atronador o fuego helado. Las dos cosas no van juntas. El resultado es libertad para pocos y autoritarismo para los demás.

Rocca, Magnetto y Galperín fueron algunos de los creadores del Golem esquizofrénico. Lo construyeron para que los proteja, financiaron sus campañas, le dieron letra con leyes para proteger sus intereses y publicaron loas en los medios que controlan. Pero en este momento parte de sus intereses entraron en colisión con el rumbo aperturista total del gobierno y sus alianzas.

Las elecciones de medio término en una sociedad que perdió el sentido, fragmentada, extenuada por la inflación y la pandemia, le dieron un impulso que se multiplicó con el respaldo de la Casa Blanca.

Ese paralelismo crispado de un imperio en decadencia encontró un aliado incondicional en la subordinación total de Milei. No hay término medio en las Casas Blanca y Rosada. Una decisión absoluta de dominio se complementó con una decisión absoluta de sumisión.

Con la apertura que impulsaron los grandes empresarios, y que implementó este Gobierno, entró una avalancha de productos chinos. El capital concentrado creyó que tenía espalda para sobrevivir al exterminio de sus competidores de la pequeña y mediana industria y comercio y que podría deglutir esos espacios que quedaban libres.

Pero el ímpetu del comercio chino, ultra tecnológico, con cadenas de suministro ultra coordinadas y eficientes, se llevó puestos hasta los tubos de Techint y metió en problemas a la gran aplicación comercial de Marcos Galperín, el hombre más rico del país.

Galperín reside en Uruguay para no pagar impuestos en Argentina, donde creció su empresa, Mercado Libre. Impulsó con entusiasmo el discurso libertario contra los subsidios estatales y contra la regulación de los mercados.

Desde la pandemia, el campeón antisubsidios recibió subsidios por 370 millones de dólares. Y ahora, el también campeón de la apertura de las importaciones, le exigió al gobierno que regule a Temu, la aplicación de comercio china que le arrebató una porción de la torta.

Paolo Rocca, que colocó a su ex empleado Horacio Marín como CEO de YPF, recurrió a la Justicia por la licitación de tubos para un gasoducto que perdió ante una firma india que fabrica tubos con acero chino. Galperín hizo lo mismo con Temu. Y Magnetto afronta problemas parecidos con la compra de Telefónica por el Grupo Clarín.

Son contradicciones fuertes en el capital hegemónico, que el gobierno sobrelleva con enormes ofrendas, como la reforma laboral. El triunfalismo que invadió a la Casa Rosada por el resultado electoral se enfocó en su primera cosecha. La ley de trabajo propuesta incluyó un artículo sobre el impuesto a las ganancias que saca coparticipación a las provincias.

El Gobierno mandó a Diego Santilli a discutir con los gobernadores, pero le advirtió que no hará ninguna concesión. Y Santilli les prometió que los premios llegarían después de la aprobación en el Congreso.