00:29 | Jueves 01 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 07-10-2021 / 09:10

REPUDIO A LA LEY QUE HABILITA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PORTEÑO A APELAR FALLOS NACIONALES

Multitudinaria marcha en rechazo al intento de Larreta para manipular la justicia y favorecer a Macri

Asociaciones de magistrados y abogados, sindicatos judiciales y un amplio abanico político y sindical protestaron frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño por la reciente ley que lo habilita a revisar las sentencias dictadas por la Justicia Nacional, en un evidente intento de proteger a Mauricio Macri y sus allegados y avanzar sobre los derechos de los trabajadores. La medida inconstitucional aprobada en la Legislatura por Juntos por el Cambio habilita a la justicia porteña a revisar, modificar y rectificar fallos de la justicia nacional.

Es un escándalo, están desesperados por dar impunidad judicial a Macri, en las múltiples causas relacionadas con el ex presidente. Pero esto es solo la parte más visible del problema. Horacio Rodríguez Larreta va mucho más allá. Quiere responder a un reclamo de las grandes empresas de este país, muchas de las cuales tienen su sede en la Ciudad de Buenos Aires y quieren una instancia favorable de revisión para los juicios laborales.

Los cinco miembros del TSJ responden mayoritariamente e incondicionalmente a Macri y a Larreta. Su presidenta, Inés Weinberg de Roca, fue la candidata fallida del ex presidente para la Procuración General de la Nación. Santiago Otamendi, el ex viceministro de Justicia de Germán Garavano. A Marcela de Langhe también la nombró el macrismo en el Instituto Superior de Seguridad Pública porteño. Estos tres magistrados conforman una mayoría automática, junto a la que votan Luis Lozano y Alicia Ruiz.

Así lo entendieron las organizaciones políticas, sindicales y sociales, de abogados laboralistas y gran parte de los gremios que se movilizaron este miércoles al TSJ denunciando que el oficialismo larretista porteño busca garantizar la impunidad de Macri con la nueva ley. La movilización a la sede del Tribunal Superior de Justicia alertó también sobre la reforma laboral y la eliminación de las indemnizaciones que impulsan desde Juntos por el Cambio.

"Defender la Constitución". "Suspender este disparate jurídico". "Frenar este atropello al ciudadano". "Luchar contra la colonización de la justicia". "Volver a poner la justicia al servicio de los trabajadores y los más débiles, y no de los empresarios poderosos". "Dejar de hacerle la corte a Macri y su curreo". "Decir No a la 'República de Morondanga'", fueron algunas de las frases que se escucharon ayer en contra de la ley que esconde la intención de garantizar impunidad para Macri y la destrucción de los derechos de los trabajadores. Porque nadie puede imaginar que un derecho de un trabajador pueda ser respetado en un tribunal "puesto a dedo" por el macrismo.

La Opinión Popular

GRAN MOVILIZACIÓN EN RECHAZO A LA LEY QUE HABILITA AL TSJ PORTEÑO A APELAR FALLOS NACIONALES

CABA: Marcha contra "el sueño de la justicia propia"

Organizaciones sociales y gremiales, asociaciones de abogados y legisladores, advirtieron frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia que la norma "es anticonstitucional". En una muy convocante movilización que se realizó frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, para reclamar en contra de la ley que sancionó recientemente la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y que habilita a esta instancia local a revisar sentencias dictadas por la Justicia Nacional, en cualquiera de sus fueros con sede en el distrito.

Representantes y columnas de un gran arco político, social y gremial, asociaciones de magistrados y abogados, legisladores, trabajadores de distintas dependencias municipales y nacionales, ciudadanos "comunes pero alertas", según se leyó en uno de los tantos carteles hechos a mano, se concentraron con este reclamo común frente a la sede del TSJ, en Cerrito 760, a una cuadra del teatro Colón y a pocas del obelisco. La policía de la Ciudad, por su parte, se encargó de hacer y mostrar un despliegue inusual, dadas las circunstancias: gran cantidad de efectivos y un par de cuadras de carros de asalto, y hasta un camión de bomberos, recibieron a los manifestantes.

La convocatoria exigió que se vuelva atrás con la ley que votó el jueves pasado --sin debate previo y "colado" en un proyecto sobre audiencias y notificaciones digitales-- la mayoría automática de la Legislatura (38 votos a favor de los bloques Vamos Juntos, UCR-Evolución, Partido Socialista y GEN, y 20 en contra del Frente de Todos y la Izquierda), que subvierte las competencias jurídicas, priorizando una de orden local por sobre la nacional. También sumó el rechazo a las propuestas de reforma laboral y de eliminación de las indemnizaciones, una de las "promesas de campaña" que agita por estos días Juntos por el Cambio.

Legisladores y referentes como Héctor Recalde, Leopoldo Moreau, Walter Correa, Lucía Cámpora (cuyo discurso en la legislatura al momento de oponerse a esta ley tuvo gran impacto), Claudia Neira, Myrian Bregman, Sergio Palazzo, Juan Ramos Padilla estuvieron en la marcha; algunos de ellos hablaron en el escenario que se montó frente al TSJ. Entre los muchos gremios representados se vio y oyó a integrantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju), la Asociación Bancaria, UTE-Ctera, ATE, los Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp), el gremio de prensa Sipreba, el de docentes bonaerense Suteba y el Frente Barrial, entre otras organizaciones nucleadas en la Central de Trabajadores de la Argentinos (CTA). También estaban los que, echando mano al humor, se identificaron con carteles caseros como el de "Anti-Republicanos de Morondanga".

El sueño de la justicia propia

"Estamos manifestando contra la monarquía judicial al servicio de la derecha, por ende el peligro latente de que cualquier causa judicial de un trabajador o trabajadora sea resuelta por esa monarquía al servicio de Larreta", definió en diálogo con Página/12 el diputado y secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores Walter Correa. "Esto se para, y en este momento se para con los votos. Hay que tomar conciencia de que estamos a siete diputados de perder la indemnización y las conquistas de los trabajadores y las trabajadoras", advirtió.

"Además de un dislate jurídico, lo que sucede acá es lo que dijo la legisladora Lucía Cámpora en su exposición: el blindaje de impunidad a la familia Macri por un lado, y la destrucción de los derechos laborales por otro. Si esto hubiera sucedido en Formosa o Tucumán, estarían diciendo que vamos a Cuba o Venezuela aquellos que se dicen defensores de las instituciones. Pero como lo hacen ellos, está bien", marcó el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo.

"Esto de pensar que modificando leyes se genera empleo es falso, porque entre 2003 y 2015 se generaron 230 mil pymes nuevas, y casi 3 millones de trabajos registrados, y no se perdieron derechos laborales. Este 14 de noviembre no nos olvidemos de esto", pidió.

"Esta ley cumple el sueño de Macri de tener una justicia propia", opinó Héctor Recalde. Para Leopoldo Moreau, "el gobierno de la Ciudad quiere crear un búnker o una guarida para el clan Macri. Y además quiere aprovechar la circunstancia para apropiarse del fuero laboral, de los derechos de los trabajadores". "No es casual que la semana pasada el senador (Martín) Lousteau haya presentado un proyecto en el Congreso para terminar con las indemnizaciones por despido sin causa justa, y en paralelo la Legislatura haya intentado esto", observó el diputado.

La mayoría automática

"Este tribunal le niega las vacantes escolares a nuestros pibes en la Ciudad y guarda silencio en el remate de las tierras públicas. Qué podemos esperar de este tribunal, si para ellos estos derechos son cargas prescindibles", planteó la legisladora porteña Lucía Cámpora.

"Estamos diciendo no a este atropello y es muy importante porque quieren hacerle ganar tiempo a los más poderosos", sumó su compañera de bloque, Claudia Neira. "El oficialismo bastardea la autonomía de la Ciudad, usándola como pretexto para proteger los intereses económicos de Macri, Socma, y los que quieren ir por las indemnizaciones".

También el secretario adjunto del sindicato docente porteño UTE, Eduardo López, tuvo palabras para el TSJ: "Este tribunal no va a poder dar vuelta la pirámide de jerarquía constitucional, porque hay un pueblo en la calle que va a defender sus derechos. Weimber de Roca, Otamendi, Langhe, ¿alguien los conoce? Los maestros sí, estamos pidiendo juicio político para ellos, porque le quieren sacar las vacantes a nuestros alumnos. Y a juzgar por sus fallos no saben ni Formación Cívica de primer año".

Una cuestión de sentido común

Beatriz Ferreiro es una de las que se convocaron "como ciudadana anónima, en contra de esto que es un atropello evidente. Un tribunal local no puede estar por sobre una instancia nacional, ¡es de sentido común!", expone.

"Vine porque no se puede permitir una ley que es absolutamente inconstitucional, se la mire por donde se la mire. Quieren violentar el espíritu de la Constitución nacional y eso es muy grave", suma Marcelo, trabajador del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad.

La abogada del organismo de derechos humanos Liberpueblo Verónica Quinteros destaca como positivo el amplio arco judicial, sindical y social que se congregó, la cantidad de organizaciones "que vinieron a repudiar el copamiento del macrismo a la justicia". "Hay que garantizar que la justicia quede en la instancia nacional y se enfoque en la defensa de los trabajadores, de los más débiles, porque para eso está la ley, para impartir un equilibrio. No para responder a un sector del poder", marcó ante la consulta de Página/12.

Para Regina Santinelli, abogada penalista que trabaja en el Ministerio Público de la Defensa, "esta maniobra del Gobierno de la Ciudad y sus legisladores se desentiende del proceso de autonomía de la Ciudad mediante convenios de tranferencia y acomoda las normas procesales a gusto y piacere, para responder a sus intereses políticos". "Quienes luchamos por transformar la justicia, y trabajamos día a día para que esté al servicio de quienes más lo necesitan, nos sentimos muy afectados. Sentimos que todo vale, que no hay un límite", lamenta.

Oscar Adolfo Depaoli es abogado, trabaja en Parques Nacionales. "Vengo a apoyar la lucha de los compañeros y del pueblo argentino en contra de este tribunal supremo de injusticia", define nombrando especialmente a Santiago Otamendi, Inés Weinberg de Roca, Marcela de Langhe. "Es gente que trabaja directamente para Macri, si uno repasa los fallos la complicidad es tan directa que es obscena", analiza.

A días de cumplir 83 años y en plena actividad, la doctora Marisa Donadío recita su matrícula y repasa toda la jurisprudencia contra la cual avanza la flamante ley, desde la Carta Magna de 1215, pasando por los Derechos de la Comisión de Virgina de 1776, los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, hasta "toda la doctrina que surge a partir de hombres como Arturo Sampay, que es el glorioso autor del anteproyecto de la Constitución del 49, que fue derogada por una junta consultiva siniestra presidida en 1956 por Alicia Moreau de Justo", ilustra. "Por todo eso, por lo que me enseñó Perón, que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, estoy acá", se planta.

Pero a pesar de toda esa jurisprudencia, la Legislatura avanzó, se le observa. La doctora responde con lógica lega: "Pienso, con un poco de ilusión, que si cayó el imperio romano, si cayeron Hitler y Mussolini, si los norteamericanos se tuvieron que ir de Vietnam como ratas... ¿Por qué esta runfla de garcas se va a quedar en el país, si no nos representa?".

Por Karina Micheletto

Fuente: Página12

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".

28-12-2025 / 12:12

Al revés de lo que pretende Milei, las empresas remarcan para amortiguar caída de ventas y pérdidas millonarias

Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.

Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.

Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.

Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.

Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.

Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.

PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.

Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.

En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.

Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.

27-12-2025 / 09:12

Defendiendo lo indefendible: El apoyo a Milei fue contra los intereses de la mayoría que lo votó, aunque ellos se ilusionan con lo contrario

Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.

Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.

El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.

Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.

En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.

Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.

Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.

Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.

En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza.