22:36 | Miercoles 11 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

Por

“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 07-10-2021 / 09:10

REPUDIO A LA LEY QUE HABILITA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PORTEÑO A APELAR FALLOS NACIONALES

Multitudinaria marcha en rechazo al intento de Larreta para manipular la justicia y favorecer a Macri

Asociaciones de magistrados y abogados, sindicatos judiciales y un amplio abanico político y sindical protestaron frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño por la reciente ley que lo habilita a revisar las sentencias dictadas por la Justicia Nacional, en un evidente intento de proteger a Mauricio Macri y sus allegados y avanzar sobre los derechos de los trabajadores. La medida inconstitucional aprobada en la Legislatura por Juntos por el Cambio habilita a la justicia porteña a revisar, modificar y rectificar fallos de la justicia nacional.

Es un escándalo, están desesperados por dar impunidad judicial a Macri, en las múltiples causas relacionadas con el ex presidente. Pero esto es solo la parte más visible del problema. Horacio Rodríguez Larreta va mucho más allá. Quiere responder a un reclamo de las grandes empresas de este país, muchas de las cuales tienen su sede en la Ciudad de Buenos Aires y quieren una instancia favorable de revisión para los juicios laborales.

Los cinco miembros del TSJ responden mayoritariamente e incondicionalmente a Macri y a Larreta. Su presidenta, Inés Weinberg de Roca, fue la candidata fallida del ex presidente para la Procuración General de la Nación. Santiago Otamendi, el ex viceministro de Justicia de Germán Garavano. A Marcela de Langhe también la nombró el macrismo en el Instituto Superior de Seguridad Pública porteño. Estos tres magistrados conforman una mayoría automática, junto a la que votan Luis Lozano y Alicia Ruiz.

Así lo entendieron las organizaciones políticas, sindicales y sociales, de abogados laboralistas y gran parte de los gremios que se movilizaron este miércoles al TSJ denunciando que el oficialismo larretista porteño busca garantizar la impunidad de Macri con la nueva ley. La movilización a la sede del Tribunal Superior de Justicia alertó también sobre la reforma laboral y la eliminación de las indemnizaciones que impulsan desde Juntos por el Cambio.

"Defender la Constitución". "Suspender este disparate jurídico". "Frenar este atropello al ciudadano". "Luchar contra la colonización de la justicia". "Volver a poner la justicia al servicio de los trabajadores y los más débiles, y no de los empresarios poderosos". "Dejar de hacerle la corte a Macri y su curreo". "Decir No a la 'República de Morondanga'", fueron algunas de las frases que se escucharon ayer en contra de la ley que esconde la intención de garantizar impunidad para Macri y la destrucción de los derechos de los trabajadores. Porque nadie puede imaginar que un derecho de un trabajador pueda ser respetado en un tribunal "puesto a dedo" por el macrismo.

La Opinión Popular

GRAN MOVILIZACIÓN EN RECHAZO A LA LEY QUE HABILITA AL TSJ PORTEÑO A APELAR FALLOS NACIONALES

CABA: Marcha contra "el sueño de la justicia propia"

Organizaciones sociales y gremiales, asociaciones de abogados y legisladores, advirtieron frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia que la norma "es anticonstitucional". En una muy convocante movilización que se realizó frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, para reclamar en contra de la ley que sancionó recientemente la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y que habilita a esta instancia local a revisar sentencias dictadas por la Justicia Nacional, en cualquiera de sus fueros con sede en el distrito.

Representantes y columnas de un gran arco político, social y gremial, asociaciones de magistrados y abogados, legisladores, trabajadores de distintas dependencias municipales y nacionales, ciudadanos "comunes pero alertas", según se leyó en uno de los tantos carteles hechos a mano, se concentraron con este reclamo común frente a la sede del TSJ, en Cerrito 760, a una cuadra del teatro Colón y a pocas del obelisco. La policía de la Ciudad, por su parte, se encargó de hacer y mostrar un despliegue inusual, dadas las circunstancias: gran cantidad de efectivos y un par de cuadras de carros de asalto, y hasta un camión de bomberos, recibieron a los manifestantes.

La convocatoria exigió que se vuelva atrás con la ley que votó el jueves pasado --sin debate previo y "colado" en un proyecto sobre audiencias y notificaciones digitales-- la mayoría automática de la Legislatura (38 votos a favor de los bloques Vamos Juntos, UCR-Evolución, Partido Socialista y GEN, y 20 en contra del Frente de Todos y la Izquierda), que subvierte las competencias jurídicas, priorizando una de orden local por sobre la nacional. También sumó el rechazo a las propuestas de reforma laboral y de eliminación de las indemnizaciones, una de las "promesas de campaña" que agita por estos días Juntos por el Cambio.

Legisladores y referentes como Héctor Recalde, Leopoldo Moreau, Walter Correa, Lucía Cámpora (cuyo discurso en la legislatura al momento de oponerse a esta ley tuvo gran impacto), Claudia Neira, Myrian Bregman, Sergio Palazzo, Juan Ramos Padilla estuvieron en la marcha; algunos de ellos hablaron en el escenario que se montó frente al TSJ. Entre los muchos gremios representados se vio y oyó a integrantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju), la Asociación Bancaria, UTE-Ctera, ATE, los Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp), el gremio de prensa Sipreba, el de docentes bonaerense Suteba y el Frente Barrial, entre otras organizaciones nucleadas en la Central de Trabajadores de la Argentinos (CTA). También estaban los que, echando mano al humor, se identificaron con carteles caseros como el de "Anti-Republicanos de Morondanga".

El sueño de la justicia propia

"Estamos manifestando contra la monarquía judicial al servicio de la derecha, por ende el peligro latente de que cualquier causa judicial de un trabajador o trabajadora sea resuelta por esa monarquía al servicio de Larreta", definió en diálogo con Página/12 el diputado y secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores Walter Correa. "Esto se para, y en este momento se para con los votos. Hay que tomar conciencia de que estamos a siete diputados de perder la indemnización y las conquistas de los trabajadores y las trabajadoras", advirtió.

"Además de un dislate jurídico, lo que sucede acá es lo que dijo la legisladora Lucía Cámpora en su exposición: el blindaje de impunidad a la familia Macri por un lado, y la destrucción de los derechos laborales por otro. Si esto hubiera sucedido en Formosa o Tucumán, estarían diciendo que vamos a Cuba o Venezuela aquellos que se dicen defensores de las instituciones. Pero como lo hacen ellos, está bien", marcó el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo.

"Esto de pensar que modificando leyes se genera empleo es falso, porque entre 2003 y 2015 se generaron 230 mil pymes nuevas, y casi 3 millones de trabajos registrados, y no se perdieron derechos laborales. Este 14 de noviembre no nos olvidemos de esto", pidió.

"Esta ley cumple el sueño de Macri de tener una justicia propia", opinó Héctor Recalde. Para Leopoldo Moreau, "el gobierno de la Ciudad quiere crear un búnker o una guarida para el clan Macri. Y además quiere aprovechar la circunstancia para apropiarse del fuero laboral, de los derechos de los trabajadores". "No es casual que la semana pasada el senador (Martín) Lousteau haya presentado un proyecto en el Congreso para terminar con las indemnizaciones por despido sin causa justa, y en paralelo la Legislatura haya intentado esto", observó el diputado.

La mayoría automática

"Este tribunal le niega las vacantes escolares a nuestros pibes en la Ciudad y guarda silencio en el remate de las tierras públicas. Qué podemos esperar de este tribunal, si para ellos estos derechos son cargas prescindibles", planteó la legisladora porteña Lucía Cámpora.

"Estamos diciendo no a este atropello y es muy importante porque quieren hacerle ganar tiempo a los más poderosos", sumó su compañera de bloque, Claudia Neira. "El oficialismo bastardea la autonomía de la Ciudad, usándola como pretexto para proteger los intereses económicos de Macri, Socma, y los que quieren ir por las indemnizaciones".

También el secretario adjunto del sindicato docente porteño UTE, Eduardo López, tuvo palabras para el TSJ: "Este tribunal no va a poder dar vuelta la pirámide de jerarquía constitucional, porque hay un pueblo en la calle que va a defender sus derechos. Weimber de Roca, Otamendi, Langhe, ¿alguien los conoce? Los maestros sí, estamos pidiendo juicio político para ellos, porque le quieren sacar las vacantes a nuestros alumnos. Y a juzgar por sus fallos no saben ni Formación Cívica de primer año".

Una cuestión de sentido común

Beatriz Ferreiro es una de las que se convocaron "como ciudadana anónima, en contra de esto que es un atropello evidente. Un tribunal local no puede estar por sobre una instancia nacional, ¡es de sentido común!", expone.

"Vine porque no se puede permitir una ley que es absolutamente inconstitucional, se la mire por donde se la mire. Quieren violentar el espíritu de la Constitución nacional y eso es muy grave", suma Marcelo, trabajador del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad.

La abogada del organismo de derechos humanos Liberpueblo Verónica Quinteros destaca como positivo el amplio arco judicial, sindical y social que se congregó, la cantidad de organizaciones "que vinieron a repudiar el copamiento del macrismo a la justicia". "Hay que garantizar que la justicia quede en la instancia nacional y se enfoque en la defensa de los trabajadores, de los más débiles, porque para eso está la ley, para impartir un equilibrio. No para responder a un sector del poder", marcó ante la consulta de Página/12.

Para Regina Santinelli, abogada penalista que trabaja en el Ministerio Público de la Defensa, "esta maniobra del Gobierno de la Ciudad y sus legisladores se desentiende del proceso de autonomía de la Ciudad mediante convenios de tranferencia y acomoda las normas procesales a gusto y piacere, para responder a sus intereses políticos". "Quienes luchamos por transformar la justicia, y trabajamos día a día para que esté al servicio de quienes más lo necesitan, nos sentimos muy afectados. Sentimos que todo vale, que no hay un límite", lamenta.

Oscar Adolfo Depaoli es abogado, trabaja en Parques Nacionales. "Vengo a apoyar la lucha de los compañeros y del pueblo argentino en contra de este tribunal supremo de injusticia", define nombrando especialmente a Santiago Otamendi, Inés Weinberg de Roca, Marcela de Langhe. "Es gente que trabaja directamente para Macri, si uno repasa los fallos la complicidad es tan directa que es obscena", analiza.

A días de cumplir 83 años y en plena actividad, la doctora Marisa Donadío recita su matrícula y repasa toda la jurisprudencia contra la cual avanza la flamante ley, desde la Carta Magna de 1215, pasando por los Derechos de la Comisión de Virgina de 1776, los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, hasta "toda la doctrina que surge a partir de hombres como Arturo Sampay, que es el glorioso autor del anteproyecto de la Constitución del 49, que fue derogada por una junta consultiva siniestra presidida en 1956 por Alicia Moreau de Justo", ilustra. "Por todo eso, por lo que me enseñó Perón, que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, estoy acá", se planta.

Pero a pesar de toda esa jurisprudencia, la Legislatura avanzó, se le observa. La doctora responde con lógica lega: "Pienso, con un poco de ilusión, que si cayó el imperio romano, si cayeron Hitler y Mussolini, si los norteamericanos se tuvieron que ir de Vietnam como ratas... ¿Por qué esta runfla de garcas se va a quedar en el país, si no nos representa?".

Por Karina Micheletto

Fuente: Página12

11-02-2026 / 11:02

Rebelión policial en Santa Fe por salarios de miseria, corrupción y malos tratos

La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.

Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.

Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.

Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.

Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.

Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.

La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.

Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".

10-02-2026 / 11:02

Contra la Reforma laboral esclavista de Milei, los trabajadores marchan al Congreso para exigir por sus derechos

El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.

La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.

La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.

El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.

"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".

Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.

La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.

La Opinión Popular

09-02-2026 / 09:02

¿Quién la votó?: Karina quiere el control total del gobierno y tensiona con Javier Milei

Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.

Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.

Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.

"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.

Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.

La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.

Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.

De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.

La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.

"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.

Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.