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Nacionales - 06-10-2021 / 09:10
¿SE CONSOLIDA UNA JUSTICIA MACRISTA?

Grave crisis en la Corte Suprema: renunció Elena Highton de Nolasco

Grave crisis en la Corte Suprema: renunció Elena Highton de Nolasco
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda conformaron una mayoría opositora que no se verá afectada con la salida de la jueza sino todo lo contrario. Ricardo Lorenzetti quedará aislado y ya sin su aliada circunstancial. Pero eso no quiere decir que reportará al Gobierno: fuentes de la justicia creen que el ex presidente del tribunal se terminará plegando al resto.
Envuelta en lo que algunos de sus miembros definen como "una gravísima crisis institucional", la Corte Suprema sufrió su primera baja: la jueza Elena Highton de Nolasco presentó su renuncia al cargo a parir del próximo 1º de noviembre.
 
Machirula y descangayada quedará la Corte Suprema a partir de la renuncia. Lástima porque la jueza fue una de las dos primeras mujeres integrantes del Tribunal designadas por un presidente democrático: Néstor Kirchner. Dos contra ninguna antes y ninguna después. Un salto de calidad que va a entrar en el pasado.
 
Aquella integración resultó ser la más estable de la historia argentina. Plural también, con altos desempeños en materia de Derechos Humanos y otras temáticas. Méritos del tribunal y del presidente que lo formó y no lo condicionó. Notable aporte de un peronista a la calidad institucional. Negado, para variar, por la narrativa hegemónica.
 
La dimisión de Highton de Nolasco deja al Tribunal con solo cuatro miembros tras una conventillera elección de autoridades. Highton, explicó, quiso excluirse de un nuevo ciclo de la Corte. Ciclo que pinta aciago: cuesta abajo, entropía o derrumbe. En ese sentido Su Señoría hizo bien pero el retiro llega tarde.
 
Es una mala noticia para el Gobierno de Alberto Fernández.  La renuncia de Highton consolida la mayoría macrista de la Corte. Era la jueza más cercana al oficialismo. Se fortalece triunvirato que maneja el tribunal. El Frente de Todos está lejos de los dos tercios para elegir el reemplazante.
 
Además del tema de salud, la jueza había planteado un rechazo muy fuerte a la elección de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como presidente y vice de la Corte, respectivamente, en la acordada realizada el pasado 23 de septiembre.
 
Rosatti, Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda conformaron una mayoría opositora que no se verá afectada con la salida de la jueza sino todo lo contrario. Ricardo Lorenzetti quedará aislado y ya sin su aliada circunstancial. Pero eso no quiere decir que reportará al Gobierno: fuentes de la justicia creen que el ex presidente del tribunal se terminará plegando al resto.
 
La peor noticia para el Gobierno es lo lejana que parece una alternativa para esta situación. Necesitan los dos tercios del Senado para nombrar a un nuevo miembro de la Corte y no los tienen. Después de las elecciones de noviembre, el escenario sería aún más complejo si se repiten los resultados de las primarias. Otra de las especulaciones que circulaban en torno a la renuncia es la posibilidad de que el Gobierno abra una negociación con los radicales para ampliar la Corte. Pero si el Tribunal, por caso, se ampliara en dos miembros, uno iría para la oposición y el Gobierno seguiría sin mayoría en la Corte.
 
En la Rosada lo único definido es que propondrán una mujer para reemplazar a Highton, si bien no están obligados por ley a cumplir con un cupo femenino. Por eso fuentes de la justicia aseguraron que se avecina un período caracterizado por una Corte macrista.
 
La Opinión Popular
 

 
Highton es hoy en día la única en la Corte que transitó peldaño por peldaño la carrera judicial. Fue, entre otros cargos, secretaria, jueza y camarista Nacional. Recorrido prolijo, ascensos correlativos con la experiencia y los méritos, fallos bien fundados.
 
Estuvo a la altura de la Corte desde su ingreso en el año 2004. Tal vez, opinamos, no tuvo los quilates del fallecido Enrique Petracchi o de Eugenio Raúl Zaffaroni, dos fuera de serie dentro del cuerpo, pero armonizó con sus colegas.
 
Nadie puede pegarla siempre, en ningún orden de la vida... menos que menos quien dicta centenares de sentencias o miles. Pero en los años dorados de la Corte Highton cumplió su deber con creces, formó parte de mayorías interesantes.
 
La caracterizaba una atenta mirada sobre el interés público. Era reacia a bartolear fallos contra el Estado, moda funesta que crece en nuestras pampas y en el mundo. Las inconstitucionalidades son excepcionales, "ultima ratio" en jerga latina. No un rebusque para quedar bien con ciertas vertientes antipolíticas, con los poderes fácticos y con los medios. Cultora del perfil mediático bajo, Highton eligió ser custodia de la legalidad y de la autocontención del más aristocrático de los poderes del Estado.
 
A comienzos de 2017 con alrededor de cincuenta años en tribunales una nota despidiéndola daría cuenta de esos desempeños. Que siguen existiendo, que dejaron huellas, resoluciones históricas. Pero la jueza se empacó en quedarse mediando contubernio con el poder político. Comenzó una decadencia que redondea su trayectoria. Y que tal vez promueva una valoración descompensada, severa en exceso. Cuando se evalúa a protagonistas poderosos suele otorgarse demasiada gravitación al final.
 
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Highton tenía que retirarse a los 75 años o conseguir un nuevo acuerdo del Senado. La regla es constitucional y razonable a la vez. Los años pasan y pesan, la eternización en los cargos no es muy republicana que digamos. La magistrada prefirió interponer un recurso de amparo, antes de tiempo, en el juzgado de un colega bien predispuesto. Obtuvo una decisión favorable, se la facultó a perpetuarse. Una sentencia de primera instancia no es cosa juzgada. Nunca, ni qué hablar en un asunto tan sensible. Los abogados del Estado tienen el deber de apelar en esas situaciones. El ministro de Justicia macrista Germán Garavano dio la orden: nadie apeló, se vulneró una regla de oro. La cortesana quedó atornillada al sillón.
 
Poco después Highton de Nolasco integró la mayoría de tres que sentenció la causa "Muiña", aquella que aplicaba el 2x1 a los terroristas de Estado. Un fallo inicuo, con consecuencias nefastas. El juez Carlos Rosenkrantz fue su mentor, Horacio Rosatti adhirió con voto propio. Highton de Nolasco completó el trío: todos le debían algo-bastante al entonces presidente Mauricio Macri. Los Ro-Ro los nombramientos, Highton la prórroga indebida. Le dieron un gustazo a Macri en su guerra contra "el curro de los Derechos Humanos".
 
Duró poco porque la reacción ciudadana inesperada, pacífica, súper masiva, conmovió al sistema político. El desprestigio de la terna escaló en cuestión de horas, en las calles, en el mundillo jurídico-académico. La revuelta ciudadana espabiló a los otros poderes estatales. Se dictó a toda velocidad una ley que posibilitaba la revisión del fallo por el mismo Tribunal. Antes que eso ocurriera, fiscales y jueces de todo el país produjeron dictámenes y sentencias contradiciendo el fallo "Muiña", subrayando la arbitrariedad de la Corte Suprema. Ahorramos detalles técnicos sobre el incomprensible sistema jurídico nacional que permitió ese recorrido. Subrayamos, apenas, que la movilización popular promovió la reparación de la injusticia.,
 
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Lo sucedido en jornadas vertiginosas, cuentan quienes la conocen, impactó emocionalmente en Su Señoría. Desde ese momento, no fue la misma. Perdió predicamento, se resintió la calidad técnica de sus resoluciones. Por años pareció ser una sombra de Rosenkrantz. Un personaje bien distinto a ella: un cuadro de la derecha convencido de su ideología, un cruzado sin matices, remordimientos ni pliegues. En estos días, en buena hora, Highton de Nolasco escogió diferenciarse del exabogado de Clarín.
 
Los dos sucedidos reseñados, una endeble producción jurídica resumen el aporte final de la jueza que se va.
 
Queda en el balance a su favor, lo realizado por la Secretaría de la violencia doméstica, la confección de estadísticas sobre femicidios. la incorporación de la problemática de género a la agenda de la Corte. Junto a la fallecida juez Carmen Argibay remozaron o, mejor dicho, recrearon el tribunal.
 
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Uno es reacio a hacer centro en el psicologismo para el ejercicio periodístico de contar la historia en vivo. Pero sería necio no darle un espacio cuando se habla de la cabeza de un poder público, desempeñada por cinco individualidades. Que interactúan poco o nada, que conversan apenas, que ya en prepandemia solo se veían una vez por semana, que ni salen a almorzar juntos en horario de trabajo. Que ganan fortunas y no pagan impuestos, que gozan de licencias amplísimas. Un organismo estatal exótico, tan distinto a los parlamentos. Una modalidad de trabajo arcaica, disfuncional a simple vista.
 
Pero con poder, atributos, honores...
 
Ha de ser difícil renunciar a eso aunque los años pesen, aunque los últimos hayan sido amargos. Zaffaroni lo hizo con clase, sin ruido, en tiempo y forma. Highton rumbeó por otro camino: contra lo legal y lo sensato. Lástima porque la imagen de salida sería más colorida que el sepia que pinta la actual.
 
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El futuro institucional luce brumoso, impredecible. El procurador general Eduardo Casal lleva años atornillado al sillón. Sin acuerdo ninguno, ni dos tercios ni simple mayoría. Ni su tía lo votó. En fin.
 
La Corte chiquita y devaluada tras el papelón electoral agrava el cuadro.
 
Las tensiones entre el oficialismo y la principal oposición dificultan imaginar una salida sistémica y razonada. Es lo que hay, no gran cosa.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

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