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Nacionales - 06-10-2021 / 09:10
¿SE CONSOLIDA UNA JUSTICIA MACRISTA?

Grave crisis en la Corte Suprema: renunció Elena Highton de Nolasco

Grave crisis en la Corte Suprema: renunció Elena Highton de Nolasco
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda conformaron una mayoría opositora que no se verá afectada con la salida de la jueza sino todo lo contrario. Ricardo Lorenzetti quedará aislado y ya sin su aliada circunstancial. Pero eso no quiere decir que reportará al Gobierno: fuentes de la justicia creen que el ex presidente del tribunal se terminará plegando al resto.
Envuelta en lo que algunos de sus miembros definen como "una gravísima crisis institucional", la Corte Suprema sufrió su primera baja: la jueza Elena Highton de Nolasco presentó su renuncia al cargo a parir del próximo 1º de noviembre.
 
Machirula y descangayada quedará la Corte Suprema a partir de la renuncia. Lástima porque la jueza fue una de las dos primeras mujeres integrantes del Tribunal designadas por un presidente democrático: Néstor Kirchner. Dos contra ninguna antes y ninguna después. Un salto de calidad que va a entrar en el pasado.
 
Aquella integración resultó ser la más estable de la historia argentina. Plural también, con altos desempeños en materia de Derechos Humanos y otras temáticas. Méritos del tribunal y del presidente que lo formó y no lo condicionó. Notable aporte de un peronista a la calidad institucional. Negado, para variar, por la narrativa hegemónica.
 
La dimisión de Highton de Nolasco deja al Tribunal con solo cuatro miembros tras una conventillera elección de autoridades. Highton, explicó, quiso excluirse de un nuevo ciclo de la Corte. Ciclo que pinta aciago: cuesta abajo, entropía o derrumbe. En ese sentido Su Señoría hizo bien pero el retiro llega tarde.
 
Es una mala noticia para el Gobierno de Alberto Fernández.  La renuncia de Highton consolida la mayoría macrista de la Corte. Era la jueza más cercana al oficialismo. Se fortalece triunvirato que maneja el tribunal. El Frente de Todos está lejos de los dos tercios para elegir el reemplazante.
 
Además del tema de salud, la jueza había planteado un rechazo muy fuerte a la elección de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como presidente y vice de la Corte, respectivamente, en la acordada realizada el pasado 23 de septiembre.
 
Rosatti, Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda conformaron una mayoría opositora que no se verá afectada con la salida de la jueza sino todo lo contrario. Ricardo Lorenzetti quedará aislado y ya sin su aliada circunstancial. Pero eso no quiere decir que reportará al Gobierno: fuentes de la justicia creen que el ex presidente del tribunal se terminará plegando al resto.
 
La peor noticia para el Gobierno es lo lejana que parece una alternativa para esta situación. Necesitan los dos tercios del Senado para nombrar a un nuevo miembro de la Corte y no los tienen. Después de las elecciones de noviembre, el escenario sería aún más complejo si se repiten los resultados de las primarias. Otra de las especulaciones que circulaban en torno a la renuncia es la posibilidad de que el Gobierno abra una negociación con los radicales para ampliar la Corte. Pero si el Tribunal, por caso, se ampliara en dos miembros, uno iría para la oposición y el Gobierno seguiría sin mayoría en la Corte.
 
En la Rosada lo único definido es que propondrán una mujer para reemplazar a Highton, si bien no están obligados por ley a cumplir con un cupo femenino. Por eso fuentes de la justicia aseguraron que se avecina un período caracterizado por una Corte macrista.
 
La Opinión Popular
 

 
Highton es hoy en día la única en la Corte que transitó peldaño por peldaño la carrera judicial. Fue, entre otros cargos, secretaria, jueza y camarista Nacional. Recorrido prolijo, ascensos correlativos con la experiencia y los méritos, fallos bien fundados.
 
Estuvo a la altura de la Corte desde su ingreso en el año 2004. Tal vez, opinamos, no tuvo los quilates del fallecido Enrique Petracchi o de Eugenio Raúl Zaffaroni, dos fuera de serie dentro del cuerpo, pero armonizó con sus colegas.
 
Nadie puede pegarla siempre, en ningún orden de la vida... menos que menos quien dicta centenares de sentencias o miles. Pero en los años dorados de la Corte Highton cumplió su deber con creces, formó parte de mayorías interesantes.
 
La caracterizaba una atenta mirada sobre el interés público. Era reacia a bartolear fallos contra el Estado, moda funesta que crece en nuestras pampas y en el mundo. Las inconstitucionalidades son excepcionales, "ultima ratio" en jerga latina. No un rebusque para quedar bien con ciertas vertientes antipolíticas, con los poderes fácticos y con los medios. Cultora del perfil mediático bajo, Highton eligió ser custodia de la legalidad y de la autocontención del más aristocrático de los poderes del Estado.
 
A comienzos de 2017 con alrededor de cincuenta años en tribunales una nota despidiéndola daría cuenta de esos desempeños. Que siguen existiendo, que dejaron huellas, resoluciones históricas. Pero la jueza se empacó en quedarse mediando contubernio con el poder político. Comenzó una decadencia que redondea su trayectoria. Y que tal vez promueva una valoración descompensada, severa en exceso. Cuando se evalúa a protagonistas poderosos suele otorgarse demasiada gravitación al final.
 
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Highton tenía que retirarse a los 75 años o conseguir un nuevo acuerdo del Senado. La regla es constitucional y razonable a la vez. Los años pasan y pesan, la eternización en los cargos no es muy republicana que digamos. La magistrada prefirió interponer un recurso de amparo, antes de tiempo, en el juzgado de un colega bien predispuesto. Obtuvo una decisión favorable, se la facultó a perpetuarse. Una sentencia de primera instancia no es cosa juzgada. Nunca, ni qué hablar en un asunto tan sensible. Los abogados del Estado tienen el deber de apelar en esas situaciones. El ministro de Justicia macrista Germán Garavano dio la orden: nadie apeló, se vulneró una regla de oro. La cortesana quedó atornillada al sillón.
 
Poco después Highton de Nolasco integró la mayoría de tres que sentenció la causa "Muiña", aquella que aplicaba el 2x1 a los terroristas de Estado. Un fallo inicuo, con consecuencias nefastas. El juez Carlos Rosenkrantz fue su mentor, Horacio Rosatti adhirió con voto propio. Highton de Nolasco completó el trío: todos le debían algo-bastante al entonces presidente Mauricio Macri. Los Ro-Ro los nombramientos, Highton la prórroga indebida. Le dieron un gustazo a Macri en su guerra contra "el curro de los Derechos Humanos".
 
Duró poco porque la reacción ciudadana inesperada, pacífica, súper masiva, conmovió al sistema político. El desprestigio de la terna escaló en cuestión de horas, en las calles, en el mundillo jurídico-académico. La revuelta ciudadana espabiló a los otros poderes estatales. Se dictó a toda velocidad una ley que posibilitaba la revisión del fallo por el mismo Tribunal. Antes que eso ocurriera, fiscales y jueces de todo el país produjeron dictámenes y sentencias contradiciendo el fallo "Muiña", subrayando la arbitrariedad de la Corte Suprema. Ahorramos detalles técnicos sobre el incomprensible sistema jurídico nacional que permitió ese recorrido. Subrayamos, apenas, que la movilización popular promovió la reparación de la injusticia.,
 
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Lo sucedido en jornadas vertiginosas, cuentan quienes la conocen, impactó emocionalmente en Su Señoría. Desde ese momento, no fue la misma. Perdió predicamento, se resintió la calidad técnica de sus resoluciones. Por años pareció ser una sombra de Rosenkrantz. Un personaje bien distinto a ella: un cuadro de la derecha convencido de su ideología, un cruzado sin matices, remordimientos ni pliegues. En estos días, en buena hora, Highton de Nolasco escogió diferenciarse del exabogado de Clarín.
 
Los dos sucedidos reseñados, una endeble producción jurídica resumen el aporte final de la jueza que se va.
 
Queda en el balance a su favor, lo realizado por la Secretaría de la violencia doméstica, la confección de estadísticas sobre femicidios. la incorporación de la problemática de género a la agenda de la Corte. Junto a la fallecida juez Carmen Argibay remozaron o, mejor dicho, recrearon el tribunal.
 
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Uno es reacio a hacer centro en el psicologismo para el ejercicio periodístico de contar la historia en vivo. Pero sería necio no darle un espacio cuando se habla de la cabeza de un poder público, desempeñada por cinco individualidades. Que interactúan poco o nada, que conversan apenas, que ya en prepandemia solo se veían una vez por semana, que ni salen a almorzar juntos en horario de trabajo. Que ganan fortunas y no pagan impuestos, que gozan de licencias amplísimas. Un organismo estatal exótico, tan distinto a los parlamentos. Una modalidad de trabajo arcaica, disfuncional a simple vista.
 
Pero con poder, atributos, honores...
 
Ha de ser difícil renunciar a eso aunque los años pesen, aunque los últimos hayan sido amargos. Zaffaroni lo hizo con clase, sin ruido, en tiempo y forma. Highton rumbeó por otro camino: contra lo legal y lo sensato. Lástima porque la imagen de salida sería más colorida que el sepia que pinta la actual.
 
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El futuro institucional luce brumoso, impredecible. El procurador general Eduardo Casal lleva años atornillado al sillón. Sin acuerdo ninguno, ni dos tercios ni simple mayoría. Ni su tía lo votó. En fin.
 
La Corte chiquita y devaluada tras el papelón electoral agrava el cuadro.
 
Las tensiones entre el oficialismo y la principal oposición dificultan imaginar una salida sistémica y razonada. Es lo que hay, no gran cosa.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
La Opinión Popular
 

14-02-2026 / 10:02
Hace 12 meses, Javier "el Loco" Milei promocionó el lanzamiento de la memecoin $Libra: hizo perder decenas millones de dólares a inversores en distintos continentes. Quedan flotando en el aire al menos 20 preguntas distintas que el Jefe de Estado debería responder, pero en la causa $Libra, en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano quienes aún no han citado a ninguno de los sospechosos.
 
La inacción llegó a tal punto que la Sala I de la Cámara Federal que le imprimiera celeridad a una acción que tiene como imputados al norteamericano Hayden Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Por el escándalo están denunciados también el propio Jefe de Estado; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el empresario Julian Peh y Sergio Morales, ex funcionario de la Comisión Nacional de Valores.
 
1-¿Por qué dijo que consiguió el código alfa numérico para hacer la inversión desde internet si esa fuente de números y letras nunca había tomado estado público antes que él posteara? Ahora, se sabe que el mensaje exclusivo nació en Dallas y contenía un código de 44 dígitos que alternaba mayúsculas, minúsculas y números.
 
Servía como llave para comprar la recién creada criptomoneda $LIBRA. Sin ese mensaje, el precio del token no se hubiese disparado. - ¿Por qué el ex jefe de gabinete Guillermo Francos tampoco respondió cuando fue citado por el Congreso Nacional cómo accedió Milei al "contrato"? La respuesta del experimentado funcionario fue tan escueta como inverosímil: "No sé dónde estaba ese código".
 
2-Si $Libra se creó el 14 de febrero a las 18:38 horas. ¿Cómo puede ser que a las 19:00 horas (22 minutos más tarde) 74 billeteras compraron US$ 13 millones en cripto antes del tuit de Milei? ¿Tenían información privilegiada? Uno de los grandes ganadores del truco financiero embolsó US$ 8 millones en ganancias. Cabe recordar que el tuit del Jefe de Estado se produjo a las 19:01, apenas un minuto después que las posiciones estuvieron consolidadas.
 
3-¿Por qué borró su posteo a las 00.36 horas del sábado 15 de febrero si la baja estrepitosa de la cotización ya llevaba más de 4 horas "masacrando" inversores que confiaron en Milei a lo largo y ancho de todo el mundo? Alcanzó un monto de US$ 280 millones la recaudación en apenas 5 horas de la nueva cripto.
 
4-¿Por qué su posteo se materializó un viernes de San Valentín a una hora de la tarde/noche cuando los mercados estarían cerrados hasta las llegada del lunes 17 de febrero de 2025?
 
5-¿Por qué promocionó un producto de un "empresario" como Hayden Davis, quien ya tenía antecedentes negativos en el mercado cripto? Este pseudo financista, minutos después de la publicación de Milei en redes, hizo movimientos de blockchain: 2 transferencias por US$ 507.000 cada una enviadas a una billetera virtual perteneciente a un hombre de 75 años, señalado como intermediario en la conversión de criptos a moneda tradicional.
 
6-¿Tampoco conocía los antecedentes de Novelli y Terrones quienes estuvieron involucrados en "esquemas ponzi"?
 
7-¿Por qué no se pusieron los hermanos Milei a disposición inmediata de la justicia y la comisión parlamentaria investigadora del caso? ¿No hubiera ayudado su completa colaboración en lugar de plantear chicanas para evitar que Karina tuviera que comparecer en el Congreso Nacional?
 
8-¿No le llamó nunca la atención que todos los involucrados en $LIBRA haya escogido el silencio absoluto frente a los requerimientos de la Comisión Investigadora y todavía no fueron citados por la Justicia?
 

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