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Nacionales - 05-10-2021 / 10:10
LA AFIP ANALIZARÁ LA SITUACIÓN DE LOS ARGENTINOS INVOLUCRADOS

Pandora Papers: En la Argentina, los millonarios no pagan impuestos

Pandora Papers: En la Argentina, los millonarios no pagan impuestos
Así los ricos no pagan impuestos: los megaricos, incluyendo a 35 exjefes de Estado y 330 funcionarios en más de 90 países, y distintas celebridades componen el selecto club de una minoría que tiene a mano una ingeniería offshore para no pagar impuestos. El 99% de la gente paga impuestos y el 1% muy rico no paga ni un solo $1. Lo hace usando estas cuentas offshore. Es un mecanismo no solo para eludir impuestos sino para estafar a socios minoritarios, a inversores y a esposas engañadas.
Los Pandora Papers son una nueva iniciativa del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro con sede en Washington, que había sacado a la luz los Panamá Papers (2016), y Paradise Papers (2017), entre las más conocidas.
 
Las offshore son sociedades no tienen actividad comercial y sólo se utilizan para adquirir propiedades y abrir cuentas bancarias e inscribirlas a nombre de la compañía. La identidad de sus verdaderos dueños es confidencial, muchas veces no figuran ni en el directorio de las empresas ni como accionistas. Mediante este mecanismo empresarios, políticos y millonarios llevan sus ganancias fuera de sus países de residencia para evitar pagar impuestos a los Estados, aprovechando huecos legales o directamente de forma ilegal.
 
Así los ricos no pagan impuestos: los megaricos, incluyendo a 35 exjefes de Estado y 330 funcionarios en más de 90 países, y distintas celebridades componen el selecto club de una minoría que tiene a mano una ingeniería offshore para no pagar impuestos. El 99% de la gente paga impuestos y el 1% muy rico no paga ni un solo $1. Lo hace usando estas cuentas offshore. Es un mecanismo no solo para eludir impuestos sino para estafar a socios minoritarios, a inversores y a esposas engañadas.
 
Son exactamente 2.521 los argentinos que aparecen como beneficiarios finales entre todas las empresas offshore, revelados en la lista de Pandora. Esto hace que la Argentina se ubique tercera, sólo detrás de Rusia y Reino Unido. El 79% de ellos eligió como paraíso fiscal a las Islas Vírgenes Británicas, el resto optó por lugares como Belice y Panamá.
 
Esta riqueza no recaudada, tiene consecuencias sobre las amplias mayorías populares. Sólo con lo que evadieron en 2020 se podrían financiar 5,4 millones de IFE de $50.000. En el último año en Argentina se dejó de recaudar impuestos por US$ 2.600 millones anuales por empresas y personas que en forma legal o ilegal giran fondos a paraísos fiscales.
 
De esta manera quedan expuestas las mentiras vertidas por los defensores de bajar impuestos a los empresarios para aumentar el empleo o la inversión, como los liberales de Javier Milei o José Luis Espert, entre otros. Se ven sepultadas por las pruebas las afirmaciones de quienes sostienen que si a los empresarios les va bien habría algún efecto derrame.
 
En países como Argentina, la fuga de divisas es llevada a cabo por los millonarios para quienes la enorme riqueza acumulada sobre la base del trabajo asalariado no tiene perspectivas de valorización ni productiva ni financiera en el espacio nacional. La gran fuga para evadir y ocultar riquezas, es la vía de salida de dólares, junto al constante pago de la deuda externa. De esta forma, la Argentina no tiene futuro.
 
La Opinión Popular


 
AFIP analizará la situación de los argentinos involucrados en los Pandora Papers
 
La Argentina es el tercer país con mayor cantidad de involucrados en la nueva filtración de documentos sobre cuentas offshore. Entre ellos está la familia Macri.
 
Las áreas de fiscalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) analizarán la información sobre los entramados societarios reportados por distintos medios de comunicación que tendrían como beneficiarios finales a residentes argentinos, entre ellos la familia Macri, con el objetivo de evaluar si dichas estructuras fueron utilizadas como vehículos para eludir regulaciones, ocultar información y/o evadir el pago de impuestos.
 
Los contribuyentes argentinos en cuestión forman parte de la investigación bautizada Pandora Papers (Papeles de Pandora) sobre cuentas secretas en paraísos fiscales, que fue realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), en el que participaron 600 periodistas de 117 países.
 
El trabajo se basó en la filtración de 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur o Suiza.
 
La titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, advirtió que "la evasión y la elusión fiscal constituyen un problema sistémico que afecta con severidad a los países en desarrollo como Argentina".
 
La funcionaria también enfatizó que "los flujos financieros ilícitos limitan los márgenes de maniobra de nuestros países y, por eso, desde que asumimos la gestión implementamos instrumentos y regulaciones que permiten abordar esta problemática tan compleja".
 
Marcó del Pont recordó que el organismo estableció un registro de beneficiarios finales para sociedades y fideicomisos, creó un régimen de información sobre planificaciones fiscales, estableció pautas para explotar los datos provenientes del exterior y amplió la red de convenios de intercambio de información.
 
"Los datos generados a través del intercambio de información financiera y fiscal son una de las herramientas que tenemos los países en desarrollo para combatir mecanismos agresivos de planificación fiscal y los flujos financieros ilícitos que erosionan nuestra capacidad de recaudación", expresó Marcó del Pont en una nota de prensa.
 
En ese sentido, desde el organismo recordaron que como parte de las tareas de control y fiscalización realizadas por distintas áreas de la AFIP, contribuyentes a quienes se les detectaron inmuebles y activos no declarados en el exterior gracias a la explotación de la información recibida a través del intercambio automático previsto por la OCDE, perdieron los beneficios del blanqueo de 2016.
 
La pesquisa bautizada como Pandora Papers (Papeles de Pandora) sobre cuentas secretas en paraísos fiscales fue realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), en el que participaron 600 periodistas de 117 países.
 
El trabajo se basó en la filtración de 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur o Suiza.
 
Entre los argentinos mencionados figuran uno de los hermanos del expresidente Mauricio Macri, Mariano Macri; el fallecido Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado del presidente Néstor Kirchner; Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem; el futbolista Ángel Di María; y el exfutbolista Javier Mascherano; entre otros.
 
En el plano internacional aparecen los presidentes de Rusia y Chile, Vladimir Putin y Sebastián Piñera; el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, y los cantantes Julio Iglesias y Shakira, entre muchas otras personalidades de todo el mundo, a quienes se los acusa de haber ocultado activos en empresas offshore, lo que en algunos casos pudo tener fines de evasión fiscal.
 
En los registros figuran más de 330 altos funcionarios o exfuncionarios de 91 países. De ellos, 35 son jefes o exjefes de Estado, incluidos 14 de América latina, entre los que, además de Piñera, están los actuales presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, y la República Dominicana, Luis Abinader.
 
También parecen implicados el exprimer ministro británico Tony Blair, el antiguo director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, el rey Abdalá II de Jordania; la modelo Claudia Schiffer, y el entrenador de fútbol Josep Guardiola.
 
Fuentes: Ámbito Financiero y La Izquierda Diario
 

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17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
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