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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 02-10-2021 / 09:10
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

El experimento flexibilizador que proponen los opositores para el mercado laboral

El experimento flexibilizador que proponen los opositores para el mercado laboral
Martín Lousteau promueve generalizar el sistema de la “libreta de desempleo”, como lo conocen los albañiles, a toda la economía. Aduce que al abaratar los despidos (la indemnización no la paga el empleador sino el propio empleado mediante un fondo que nutre mensualmente), también se favorecerían las contrataciones. Es la misma lógica que la “mochila austríaca” que propone adaptar a la Argentina el hilandero Teddy Karagozian. O que el “comer y descomer” que proponía acelerar Miguel Ponte, el ex Techint que ocupó la Secretaría de Empleo hasta 2017.
Lo que desde Washington luce inviable políticamente es la flexibilización que proponen los opositores para el mercado laboral. No tanto por la resistencia que puedan ejercer dirigentes sindicales, que en muchos casos ya prestaron su apoyo a reformas "modernizadoras" de contenido similar a la que acaba de presentar Martín Lousteau para eliminar la indemnización por despido y reemplazarla por un fondo de desempleo del estilo del de la UOCRA. Sobre todo porque el salario real ya viene de un ajuste inédito, por lo que esas dirigencias podrían verse sobrepasadas.
 
Lousteau promueve generalizar el sistema de la "libreta de desempleo", como lo conocen los albañiles, a toda la economía. Aduce que al abaratar los despidos (la indemnización no la paga el empleador sino el propio empleado mediante un fondo que nutre mensualmente), también se favorecerían las contrataciones. Es la misma lógica que la "mochila austríaca" que propone adaptar a la Argentina el hilandero Teddy Karagozian. O que el "comer y descomer" que proponía acelerar Miguel Ponte, el ex Techint que ocupó la Secretaría de Empleo hasta 2017.
 
Curiosamente, la pandemia permitió evaluar el funcionamiento de la libreta como si se hubiera hecho un experimento con variables controladas. Fue justo en el sector gasífero, donde hay empresas tercerizadas que tienen empleados bajo ambos regímenes. Los resultados son demoledores. En Cosugas SA, solo durante la pandemia fueron cesanteados 200 operarios bajo convenio de la UOCRA y ninguno de los amparados por el convenio del STIGAS. En Exgadet SA fue 55 a cero. La indemnización disuadió a los patrones del despido de algunos y la libreta empujó a otros a la calle. Y las empresas no quebraron por sostener a los primeros.
 
Hay algo más interesante todavía: a tareas similares, los empleados bajo el sistema de la UOCRA ganan la mitad que sus compañeros bajo el convenio tradicional. Es algo lógico desde la teoría si el empleador puede deshacerse sin costo de cualquier empleado que le reclame un aumento, pero que se corrobora en la práctica en estas dos contratistas donde conviven ambos regímenes. El oficial de apoyo bajo convenio del STIGAS en esas firmas percibirá este mes $104.685 de bolsillo, mientras que el oficial especializado de UOCRA, que hace un trabajo parecido pero en las obras civiles del gas, ganará $51.841.
 

 
El péndulo argentino siembra dudas en Washington
 
La derrota del oficialismo en las PASO, la feroz crisis interna que explotó al día siguiente y el envalentonamiento opositor de los últimos días dibujó un nuevo signo de interrogación en el porvenir que imaginan en Estados Unidos para Argentina. La administración Biden, que tiene en sus manos refinanciar o no la deuda que mantiene al país en un limbo económico insostenible más allá de fin de año, incorporó a sus escenarios posibles el regreso del macrismo al poder en 2023 o incluso antes.
 
Lo que no tienen claro todavía en el Departamento de Estado es si esa eventual aceleración del típico péndulo criollo devolvería al país al rumbo que pretendieron fijarle algunos de esos mismos burócratas en la era Trump o si, en cambio, lo empujaría a una deriva explosiva como la del resto de América latina.
 
Es una pregunta válida a la luz de los fogonazos que alumbran por momentos el país que imaginan en Juntos. La campaña de Martín Tetaz, por caso, y su reivindicación de la "emisión cero" que se autoimpusieron Nicolás Dujovne y Guido Sandleris durante el último año de Mauricio Macri, luce impracticable fuera del laboratorio ahora que aquella caída violenta en la entrada de capitales se convirtió en una crisis social solo comparable al crac de 2001/2002.
 
¿Podría sostenerse Horacio Rodríguez Larreta en el sillón de Rivadavia si no tuviera a la mano recursos para atender urgencias como la que ayer reprimió en el desalojo de Retiro? ¿Acaso aceptaría el aspirante opositor con más chances de dirigir la orquesta ejecutar esa partitura a la que el propio Macri anticipó que solo le aceleraría el tempo? ¿Qué viabilidad política tendría ese bis sin la red de contención que tejió en su momento Carolina Stanley y con el peronismo enfrente, a la intemperie del poder?
 
La crisis del gas que estalló en todo el hemisferio norte también revivió al fantasma de Juan José Aranguren, tan irritante para el electorado como útil para aquel Frente de Todos que funcionaba tanto mejor por la negativa. Si las tarifas energéticas se rigieran por el esquema que diseñó el exCEO de Shell cuando fue ministro, la disparada del gas mayorista del 250% en Europa y del 100% en Estados Unidos ya habrían tenido un eco fuerte en las facturas de estas pampas.
 
El neuquino Darío Martínez aprovechó para inflar el pecho por el plan Gas.Ar, que permitió al Estado congelar en U$S 3,50 el millón de BTU por los próximos tres años, bien por debajo de los U$S 30 que hoy paga el mundo rico. Es una apuesta que le salió bien, con un precio sostén que lucía caro el año pasado y que ahora parece una ganga. Pero tampoco es un blindaje frente al descalabro que generó en el mundo la combinación del fuerte rebote de la demanda post-pandemia con las magras inversiones en hidrocarburos por el calentamiento global y una serie de eventos inesperados.
 
De hecho, las petroleras argentinas ya empezaron a cuotificar sus entregas de combustible a las estaciones de servicio. Si alguna quiere comprar más gasoil que el mes pasado no le venden.
 
 
De la autocrítica al harakiri
 
El Fondo Monetario no parece especialmente interesado en apurar flexibilizaciones laborales, al menos en los acuerdos stand-by que firmó Kristalina Georgieva desde marzo de 2020. En todos ellos, sin embargo (Egipto, Ucrania, Senegal, Armenia y Honduras), hubo condiciones muy estrictas de ajuste presupuestario y acumulación de reservas.
 
Egipto, por ejemplo, fue forzado a mantener superávit fiscal durante toda la pandemia, mientras el planeta íntegro entraba en déficits históricos para alimentar a sus poblaciones en cuarentena y reforzar sus sistemas de salud. Nada que ver con la generosidad ecologista que adjudicó esta semana a la búlgara el Nobel Joe Stiglitz, padrino académico y político del sobreviviente Martín Guzmán.
 
La timidez fiscal de los primeros anuncios (todavía no suman ni la décima parte del ya famoso punto del PBI que mencionó Cristina Kirchner en su explosiva carta post-PASO) sugiere que las negociaciones secretas de Guzmán con Julie Kozack siguen apuntando a un pacto después del 14 de noviembre, a 10 años, con seis de gracia y la cláusula "pari passu" para estirarlo si se aprueban nuevas líneas que lo permitan.
 
Por lo pronto, justo un mes antes de las elecciones va a haber una foto del equipo económico en pleno en la sede del Fondo en la calle 19. Miguel Pesce también reservó pasaje.
 
¿Sobrevivirá Georgieva al fuego a mansalva que se desató en su contra desde que una auditoría la acusó de haber manipulado un ranking cuando trabajaba en el Banco Mundial? ¿Será una conspiración de los halcones de Washington con los buitres de Wall Street, como claman Stiglitz y Guzmán, o simplemente un límite que le quiere imponer el Tío Sam a la injerencia del Papa Francisco sobre un ente clave como el Fondo?
 
El contenido del acuerdo, obviamente, no será el mismo si el Frente de Todos consigue remontar la derrota de las PASO. Para lograrlo, tanto los heridos de la purga kirchnerista como sus propios ejecutores procuran que cese la autocrítica.
 
"Ya parece un harakiri", dijo uno de ellos a BAE Negocios. En realidad también dependerá de que se active el aparato. En un municipio del Conurbano que solía pagar 1.600 viajes en remís cada día de elección solo se pagaron veinte. Y no porque hubiera un mandato de austeridad como los del Fondo.
 
También falta ver si prospera el Fondo de Resiliencia que se debate en el G-20. Una especie de reciclado de los DEG que repartió Georgieva para la recuperación post-pandemia y que les tocaron a países ricos que no los necesitan, dado que se distribuyeron en función del capital de cada uno en el propio Fondo y no de la población. Argentina y México insisten para que a ese fondo le puedan pedir prestado no solo los países más pobres sino también naciones de ingreso medio.
 
Guzmán y Georgieva se juegan sus pellejos en esa ciénaga. Es el riesgo que suelen enfrentar los emisarios cuando las contrapartes se desconfían y lo que hay en juego es mucho. En algún momento, siempre, un ruido en la línea dispara la pregunta más incómoda entre los que mandan. ¿Y éste al final para quién juega?
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
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