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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
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Nacionales - 02-10-2021 / 09:10
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

El experimento flexibilizador que proponen los opositores para el mercado laboral

El experimento flexibilizador que proponen los opositores para el mercado laboral
Martín Lousteau promueve generalizar el sistema de la “libreta de desempleo”, como lo conocen los albañiles, a toda la economía. Aduce que al abaratar los despidos (la indemnización no la paga el empleador sino el propio empleado mediante un fondo que nutre mensualmente), también se favorecerían las contrataciones. Es la misma lógica que la “mochila austríaca” que propone adaptar a la Argentina el hilandero Teddy Karagozian. O que el “comer y descomer” que proponía acelerar Miguel Ponte, el ex Techint que ocupó la Secretaría de Empleo hasta 2017.
Lo que desde Washington luce inviable políticamente es la flexibilización que proponen los opositores para el mercado laboral. No tanto por la resistencia que puedan ejercer dirigentes sindicales, que en muchos casos ya prestaron su apoyo a reformas "modernizadoras" de contenido similar a la que acaba de presentar Martín Lousteau para eliminar la indemnización por despido y reemplazarla por un fondo de desempleo del estilo del de la UOCRA. Sobre todo porque el salario real ya viene de un ajuste inédito, por lo que esas dirigencias podrían verse sobrepasadas.
 
Lousteau promueve generalizar el sistema de la "libreta de desempleo", como lo conocen los albañiles, a toda la economía. Aduce que al abaratar los despidos (la indemnización no la paga el empleador sino el propio empleado mediante un fondo que nutre mensualmente), también se favorecerían las contrataciones. Es la misma lógica que la "mochila austríaca" que propone adaptar a la Argentina el hilandero Teddy Karagozian. O que el "comer y descomer" que proponía acelerar Miguel Ponte, el ex Techint que ocupó la Secretaría de Empleo hasta 2017.
 
Curiosamente, la pandemia permitió evaluar el funcionamiento de la libreta como si se hubiera hecho un experimento con variables controladas. Fue justo en el sector gasífero, donde hay empresas tercerizadas que tienen empleados bajo ambos regímenes. Los resultados son demoledores. En Cosugas SA, solo durante la pandemia fueron cesanteados 200 operarios bajo convenio de la UOCRA y ninguno de los amparados por el convenio del STIGAS. En Exgadet SA fue 55 a cero. La indemnización disuadió a los patrones del despido de algunos y la libreta empujó a otros a la calle. Y las empresas no quebraron por sostener a los primeros.
 
Hay algo más interesante todavía: a tareas similares, los empleados bajo el sistema de la UOCRA ganan la mitad que sus compañeros bajo el convenio tradicional. Es algo lógico desde la teoría si el empleador puede deshacerse sin costo de cualquier empleado que le reclame un aumento, pero que se corrobora en la práctica en estas dos contratistas donde conviven ambos regímenes. El oficial de apoyo bajo convenio del STIGAS en esas firmas percibirá este mes $104.685 de bolsillo, mientras que el oficial especializado de UOCRA, que hace un trabajo parecido pero en las obras civiles del gas, ganará $51.841.
 

 
El péndulo argentino siembra dudas en Washington
 
La derrota del oficialismo en las PASO, la feroz crisis interna que explotó al día siguiente y el envalentonamiento opositor de los últimos días dibujó un nuevo signo de interrogación en el porvenir que imaginan en Estados Unidos para Argentina. La administración Biden, que tiene en sus manos refinanciar o no la deuda que mantiene al país en un limbo económico insostenible más allá de fin de año, incorporó a sus escenarios posibles el regreso del macrismo al poder en 2023 o incluso antes.
 
Lo que no tienen claro todavía en el Departamento de Estado es si esa eventual aceleración del típico péndulo criollo devolvería al país al rumbo que pretendieron fijarle algunos de esos mismos burócratas en la era Trump o si, en cambio, lo empujaría a una deriva explosiva como la del resto de América latina.
 
Es una pregunta válida a la luz de los fogonazos que alumbran por momentos el país que imaginan en Juntos. La campaña de Martín Tetaz, por caso, y su reivindicación de la "emisión cero" que se autoimpusieron Nicolás Dujovne y Guido Sandleris durante el último año de Mauricio Macri, luce impracticable fuera del laboratorio ahora que aquella caída violenta en la entrada de capitales se convirtió en una crisis social solo comparable al crac de 2001/2002.
 
¿Podría sostenerse Horacio Rodríguez Larreta en el sillón de Rivadavia si no tuviera a la mano recursos para atender urgencias como la que ayer reprimió en el desalojo de Retiro? ¿Acaso aceptaría el aspirante opositor con más chances de dirigir la orquesta ejecutar esa partitura a la que el propio Macri anticipó que solo le aceleraría el tempo? ¿Qué viabilidad política tendría ese bis sin la red de contención que tejió en su momento Carolina Stanley y con el peronismo enfrente, a la intemperie del poder?
 
La crisis del gas que estalló en todo el hemisferio norte también revivió al fantasma de Juan José Aranguren, tan irritante para el electorado como útil para aquel Frente de Todos que funcionaba tanto mejor por la negativa. Si las tarifas energéticas se rigieran por el esquema que diseñó el exCEO de Shell cuando fue ministro, la disparada del gas mayorista del 250% en Europa y del 100% en Estados Unidos ya habrían tenido un eco fuerte en las facturas de estas pampas.
 
El neuquino Darío Martínez aprovechó para inflar el pecho por el plan Gas.Ar, que permitió al Estado congelar en U$S 3,50 el millón de BTU por los próximos tres años, bien por debajo de los U$S 30 que hoy paga el mundo rico. Es una apuesta que le salió bien, con un precio sostén que lucía caro el año pasado y que ahora parece una ganga. Pero tampoco es un blindaje frente al descalabro que generó en el mundo la combinación del fuerte rebote de la demanda post-pandemia con las magras inversiones en hidrocarburos por el calentamiento global y una serie de eventos inesperados.
 
De hecho, las petroleras argentinas ya empezaron a cuotificar sus entregas de combustible a las estaciones de servicio. Si alguna quiere comprar más gasoil que el mes pasado no le venden.
 
 
De la autocrítica al harakiri
 
El Fondo Monetario no parece especialmente interesado en apurar flexibilizaciones laborales, al menos en los acuerdos stand-by que firmó Kristalina Georgieva desde marzo de 2020. En todos ellos, sin embargo (Egipto, Ucrania, Senegal, Armenia y Honduras), hubo condiciones muy estrictas de ajuste presupuestario y acumulación de reservas.
 
Egipto, por ejemplo, fue forzado a mantener superávit fiscal durante toda la pandemia, mientras el planeta íntegro entraba en déficits históricos para alimentar a sus poblaciones en cuarentena y reforzar sus sistemas de salud. Nada que ver con la generosidad ecologista que adjudicó esta semana a la búlgara el Nobel Joe Stiglitz, padrino académico y político del sobreviviente Martín Guzmán.
 
La timidez fiscal de los primeros anuncios (todavía no suman ni la décima parte del ya famoso punto del PBI que mencionó Cristina Kirchner en su explosiva carta post-PASO) sugiere que las negociaciones secretas de Guzmán con Julie Kozack siguen apuntando a un pacto después del 14 de noviembre, a 10 años, con seis de gracia y la cláusula "pari passu" para estirarlo si se aprueban nuevas líneas que lo permitan.
 
Por lo pronto, justo un mes antes de las elecciones va a haber una foto del equipo económico en pleno en la sede del Fondo en la calle 19. Miguel Pesce también reservó pasaje.
 
¿Sobrevivirá Georgieva al fuego a mansalva que se desató en su contra desde que una auditoría la acusó de haber manipulado un ranking cuando trabajaba en el Banco Mundial? ¿Será una conspiración de los halcones de Washington con los buitres de Wall Street, como claman Stiglitz y Guzmán, o simplemente un límite que le quiere imponer el Tío Sam a la injerencia del Papa Francisco sobre un ente clave como el Fondo?
 
El contenido del acuerdo, obviamente, no será el mismo si el Frente de Todos consigue remontar la derrota de las PASO. Para lograrlo, tanto los heridos de la purga kirchnerista como sus propios ejecutores procuran que cese la autocrítica.
 
"Ya parece un harakiri", dijo uno de ellos a BAE Negocios. En realidad también dependerá de que se active el aparato. En un municipio del Conurbano que solía pagar 1.600 viajes en remís cada día de elección solo se pagaron veinte. Y no porque hubiera un mandato de austeridad como los del Fondo.
 
También falta ver si prospera el Fondo de Resiliencia que se debate en el G-20. Una especie de reciclado de los DEG que repartió Georgieva para la recuperación post-pandemia y que les tocaron a países ricos que no los necesitan, dado que se distribuyeron en función del capital de cada uno en el propio Fondo y no de la población. Argentina y México insisten para que a ese fondo le puedan pedir prestado no solo los países más pobres sino también naciones de ingreso medio.
 
Guzmán y Georgieva se juegan sus pellejos en esa ciénaga. Es el riesgo que suelen enfrentar los emisarios cuando las contrapartes se desconfían y lo que hay en juego es mucho. En algún momento, siempre, un ruido en la línea dispara la pregunta más incómoda entre los que mandan. ¿Y éste al final para quién juega?
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
La Opinión Popular
 

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