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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 02-10-2021 / 09:10
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

El experimento flexibilizador que proponen los opositores para el mercado laboral

El experimento flexibilizador que proponen los opositores para el mercado laboral
Martín Lousteau promueve generalizar el sistema de la “libreta de desempleo”, como lo conocen los albañiles, a toda la economía. Aduce que al abaratar los despidos (la indemnización no la paga el empleador sino el propio empleado mediante un fondo que nutre mensualmente), también se favorecerían las contrataciones. Es la misma lógica que la “mochila austríaca” que propone adaptar a la Argentina el hilandero Teddy Karagozian. O que el “comer y descomer” que proponía acelerar Miguel Ponte, el ex Techint que ocupó la Secretaría de Empleo hasta 2017.
Lo que desde Washington luce inviable políticamente es la flexibilización que proponen los opositores para el mercado laboral. No tanto por la resistencia que puedan ejercer dirigentes sindicales, que en muchos casos ya prestaron su apoyo a reformas "modernizadoras" de contenido similar a la que acaba de presentar Martín Lousteau para eliminar la indemnización por despido y reemplazarla por un fondo de desempleo del estilo del de la UOCRA. Sobre todo porque el salario real ya viene de un ajuste inédito, por lo que esas dirigencias podrían verse sobrepasadas.
 
Lousteau promueve generalizar el sistema de la "libreta de desempleo", como lo conocen los albañiles, a toda la economía. Aduce que al abaratar los despidos (la indemnización no la paga el empleador sino el propio empleado mediante un fondo que nutre mensualmente), también se favorecerían las contrataciones. Es la misma lógica que la "mochila austríaca" que propone adaptar a la Argentina el hilandero Teddy Karagozian. O que el "comer y descomer" que proponía acelerar Miguel Ponte, el ex Techint que ocupó la Secretaría de Empleo hasta 2017.
 
Curiosamente, la pandemia permitió evaluar el funcionamiento de la libreta como si se hubiera hecho un experimento con variables controladas. Fue justo en el sector gasífero, donde hay empresas tercerizadas que tienen empleados bajo ambos regímenes. Los resultados son demoledores. En Cosugas SA, solo durante la pandemia fueron cesanteados 200 operarios bajo convenio de la UOCRA y ninguno de los amparados por el convenio del STIGAS. En Exgadet SA fue 55 a cero. La indemnización disuadió a los patrones del despido de algunos y la libreta empujó a otros a la calle. Y las empresas no quebraron por sostener a los primeros.
 
Hay algo más interesante todavía: a tareas similares, los empleados bajo el sistema de la UOCRA ganan la mitad que sus compañeros bajo el convenio tradicional. Es algo lógico desde la teoría si el empleador puede deshacerse sin costo de cualquier empleado que le reclame un aumento, pero que se corrobora en la práctica en estas dos contratistas donde conviven ambos regímenes. El oficial de apoyo bajo convenio del STIGAS en esas firmas percibirá este mes $104.685 de bolsillo, mientras que el oficial especializado de UOCRA, que hace un trabajo parecido pero en las obras civiles del gas, ganará $51.841.
 

 
El péndulo argentino siembra dudas en Washington
 
La derrota del oficialismo en las PASO, la feroz crisis interna que explotó al día siguiente y el envalentonamiento opositor de los últimos días dibujó un nuevo signo de interrogación en el porvenir que imaginan en Estados Unidos para Argentina. La administración Biden, que tiene en sus manos refinanciar o no la deuda que mantiene al país en un limbo económico insostenible más allá de fin de año, incorporó a sus escenarios posibles el regreso del macrismo al poder en 2023 o incluso antes.
 
Lo que no tienen claro todavía en el Departamento de Estado es si esa eventual aceleración del típico péndulo criollo devolvería al país al rumbo que pretendieron fijarle algunos de esos mismos burócratas en la era Trump o si, en cambio, lo empujaría a una deriva explosiva como la del resto de América latina.
 
Es una pregunta válida a la luz de los fogonazos que alumbran por momentos el país que imaginan en Juntos. La campaña de Martín Tetaz, por caso, y su reivindicación de la "emisión cero" que se autoimpusieron Nicolás Dujovne y Guido Sandleris durante el último año de Mauricio Macri, luce impracticable fuera del laboratorio ahora que aquella caída violenta en la entrada de capitales se convirtió en una crisis social solo comparable al crac de 2001/2002.
 
¿Podría sostenerse Horacio Rodríguez Larreta en el sillón de Rivadavia si no tuviera a la mano recursos para atender urgencias como la que ayer reprimió en el desalojo de Retiro? ¿Acaso aceptaría el aspirante opositor con más chances de dirigir la orquesta ejecutar esa partitura a la que el propio Macri anticipó que solo le aceleraría el tempo? ¿Qué viabilidad política tendría ese bis sin la red de contención que tejió en su momento Carolina Stanley y con el peronismo enfrente, a la intemperie del poder?
 
La crisis del gas que estalló en todo el hemisferio norte también revivió al fantasma de Juan José Aranguren, tan irritante para el electorado como útil para aquel Frente de Todos que funcionaba tanto mejor por la negativa. Si las tarifas energéticas se rigieran por el esquema que diseñó el exCEO de Shell cuando fue ministro, la disparada del gas mayorista del 250% en Europa y del 100% en Estados Unidos ya habrían tenido un eco fuerte en las facturas de estas pampas.
 
El neuquino Darío Martínez aprovechó para inflar el pecho por el plan Gas.Ar, que permitió al Estado congelar en U$S 3,50 el millón de BTU por los próximos tres años, bien por debajo de los U$S 30 que hoy paga el mundo rico. Es una apuesta que le salió bien, con un precio sostén que lucía caro el año pasado y que ahora parece una ganga. Pero tampoco es un blindaje frente al descalabro que generó en el mundo la combinación del fuerte rebote de la demanda post-pandemia con las magras inversiones en hidrocarburos por el calentamiento global y una serie de eventos inesperados.
 
De hecho, las petroleras argentinas ya empezaron a cuotificar sus entregas de combustible a las estaciones de servicio. Si alguna quiere comprar más gasoil que el mes pasado no le venden.
 
 
De la autocrítica al harakiri
 
El Fondo Monetario no parece especialmente interesado en apurar flexibilizaciones laborales, al menos en los acuerdos stand-by que firmó Kristalina Georgieva desde marzo de 2020. En todos ellos, sin embargo (Egipto, Ucrania, Senegal, Armenia y Honduras), hubo condiciones muy estrictas de ajuste presupuestario y acumulación de reservas.
 
Egipto, por ejemplo, fue forzado a mantener superávit fiscal durante toda la pandemia, mientras el planeta íntegro entraba en déficits históricos para alimentar a sus poblaciones en cuarentena y reforzar sus sistemas de salud. Nada que ver con la generosidad ecologista que adjudicó esta semana a la búlgara el Nobel Joe Stiglitz, padrino académico y político del sobreviviente Martín Guzmán.
 
La timidez fiscal de los primeros anuncios (todavía no suman ni la décima parte del ya famoso punto del PBI que mencionó Cristina Kirchner en su explosiva carta post-PASO) sugiere que las negociaciones secretas de Guzmán con Julie Kozack siguen apuntando a un pacto después del 14 de noviembre, a 10 años, con seis de gracia y la cláusula "pari passu" para estirarlo si se aprueban nuevas líneas que lo permitan.
 
Por lo pronto, justo un mes antes de las elecciones va a haber una foto del equipo económico en pleno en la sede del Fondo en la calle 19. Miguel Pesce también reservó pasaje.
 
¿Sobrevivirá Georgieva al fuego a mansalva que se desató en su contra desde que una auditoría la acusó de haber manipulado un ranking cuando trabajaba en el Banco Mundial? ¿Será una conspiración de los halcones de Washington con los buitres de Wall Street, como claman Stiglitz y Guzmán, o simplemente un límite que le quiere imponer el Tío Sam a la injerencia del Papa Francisco sobre un ente clave como el Fondo?
 
El contenido del acuerdo, obviamente, no será el mismo si el Frente de Todos consigue remontar la derrota de las PASO. Para lograrlo, tanto los heridos de la purga kirchnerista como sus propios ejecutores procuran que cese la autocrítica.
 
"Ya parece un harakiri", dijo uno de ellos a BAE Negocios. En realidad también dependerá de que se active el aparato. En un municipio del Conurbano que solía pagar 1.600 viajes en remís cada día de elección solo se pagaron veinte. Y no porque hubiera un mandato de austeridad como los del Fondo.
 
También falta ver si prospera el Fondo de Resiliencia que se debate en el G-20. Una especie de reciclado de los DEG que repartió Georgieva para la recuperación post-pandemia y que les tocaron a países ricos que no los necesitan, dado que se distribuyeron en función del capital de cada uno en el propio Fondo y no de la población. Argentina y México insisten para que a ese fondo le puedan pedir prestado no solo los países más pobres sino también naciones de ingreso medio.
 
Guzmán y Georgieva se juegan sus pellejos en esa ciénaga. Es el riesgo que suelen enfrentar los emisarios cuando las contrapartes se desconfían y lo que hay en juego es mucho. En algún momento, siempre, un ruido en la línea dispara la pregunta más incómoda entre los que mandan. ¿Y éste al final para quién juega?
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
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