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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 02-10-2021 / 09:10
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

El experimento flexibilizador que proponen los opositores para el mercado laboral

El experimento flexibilizador que proponen los opositores para el mercado laboral
Martín Lousteau promueve generalizar el sistema de la “libreta de desempleo”, como lo conocen los albañiles, a toda la economía. Aduce que al abaratar los despidos (la indemnización no la paga el empleador sino el propio empleado mediante un fondo que nutre mensualmente), también se favorecerían las contrataciones. Es la misma lógica que la “mochila austríaca” que propone adaptar a la Argentina el hilandero Teddy Karagozian. O que el “comer y descomer” que proponía acelerar Miguel Ponte, el ex Techint que ocupó la Secretaría de Empleo hasta 2017.
Lo que desde Washington luce inviable políticamente es la flexibilización que proponen los opositores para el mercado laboral. No tanto por la resistencia que puedan ejercer dirigentes sindicales, que en muchos casos ya prestaron su apoyo a reformas "modernizadoras" de contenido similar a la que acaba de presentar Martín Lousteau para eliminar la indemnización por despido y reemplazarla por un fondo de desempleo del estilo del de la UOCRA. Sobre todo porque el salario real ya viene de un ajuste inédito, por lo que esas dirigencias podrían verse sobrepasadas.
 
Lousteau promueve generalizar el sistema de la "libreta de desempleo", como lo conocen los albañiles, a toda la economía. Aduce que al abaratar los despidos (la indemnización no la paga el empleador sino el propio empleado mediante un fondo que nutre mensualmente), también se favorecerían las contrataciones. Es la misma lógica que la "mochila austríaca" que propone adaptar a la Argentina el hilandero Teddy Karagozian. O que el "comer y descomer" que proponía acelerar Miguel Ponte, el ex Techint que ocupó la Secretaría de Empleo hasta 2017.
 
Curiosamente, la pandemia permitió evaluar el funcionamiento de la libreta como si se hubiera hecho un experimento con variables controladas. Fue justo en el sector gasífero, donde hay empresas tercerizadas que tienen empleados bajo ambos regímenes. Los resultados son demoledores. En Cosugas SA, solo durante la pandemia fueron cesanteados 200 operarios bajo convenio de la UOCRA y ninguno de los amparados por el convenio del STIGAS. En Exgadet SA fue 55 a cero. La indemnización disuadió a los patrones del despido de algunos y la libreta empujó a otros a la calle. Y las empresas no quebraron por sostener a los primeros.
 
Hay algo más interesante todavía: a tareas similares, los empleados bajo el sistema de la UOCRA ganan la mitad que sus compañeros bajo el convenio tradicional. Es algo lógico desde la teoría si el empleador puede deshacerse sin costo de cualquier empleado que le reclame un aumento, pero que se corrobora en la práctica en estas dos contratistas donde conviven ambos regímenes. El oficial de apoyo bajo convenio del STIGAS en esas firmas percibirá este mes $104.685 de bolsillo, mientras que el oficial especializado de UOCRA, que hace un trabajo parecido pero en las obras civiles del gas, ganará $51.841.
 

 
El péndulo argentino siembra dudas en Washington
 
La derrota del oficialismo en las PASO, la feroz crisis interna que explotó al día siguiente y el envalentonamiento opositor de los últimos días dibujó un nuevo signo de interrogación en el porvenir que imaginan en Estados Unidos para Argentina. La administración Biden, que tiene en sus manos refinanciar o no la deuda que mantiene al país en un limbo económico insostenible más allá de fin de año, incorporó a sus escenarios posibles el regreso del macrismo al poder en 2023 o incluso antes.
 
Lo que no tienen claro todavía en el Departamento de Estado es si esa eventual aceleración del típico péndulo criollo devolvería al país al rumbo que pretendieron fijarle algunos de esos mismos burócratas en la era Trump o si, en cambio, lo empujaría a una deriva explosiva como la del resto de América latina.
 
Es una pregunta válida a la luz de los fogonazos que alumbran por momentos el país que imaginan en Juntos. La campaña de Martín Tetaz, por caso, y su reivindicación de la "emisión cero" que se autoimpusieron Nicolás Dujovne y Guido Sandleris durante el último año de Mauricio Macri, luce impracticable fuera del laboratorio ahora que aquella caída violenta en la entrada de capitales se convirtió en una crisis social solo comparable al crac de 2001/2002.
 
¿Podría sostenerse Horacio Rodríguez Larreta en el sillón de Rivadavia si no tuviera a la mano recursos para atender urgencias como la que ayer reprimió en el desalojo de Retiro? ¿Acaso aceptaría el aspirante opositor con más chances de dirigir la orquesta ejecutar esa partitura a la que el propio Macri anticipó que solo le aceleraría el tempo? ¿Qué viabilidad política tendría ese bis sin la red de contención que tejió en su momento Carolina Stanley y con el peronismo enfrente, a la intemperie del poder?
 
La crisis del gas que estalló en todo el hemisferio norte también revivió al fantasma de Juan José Aranguren, tan irritante para el electorado como útil para aquel Frente de Todos que funcionaba tanto mejor por la negativa. Si las tarifas energéticas se rigieran por el esquema que diseñó el exCEO de Shell cuando fue ministro, la disparada del gas mayorista del 250% en Europa y del 100% en Estados Unidos ya habrían tenido un eco fuerte en las facturas de estas pampas.
 
El neuquino Darío Martínez aprovechó para inflar el pecho por el plan Gas.Ar, que permitió al Estado congelar en U$S 3,50 el millón de BTU por los próximos tres años, bien por debajo de los U$S 30 que hoy paga el mundo rico. Es una apuesta que le salió bien, con un precio sostén que lucía caro el año pasado y que ahora parece una ganga. Pero tampoco es un blindaje frente al descalabro que generó en el mundo la combinación del fuerte rebote de la demanda post-pandemia con las magras inversiones en hidrocarburos por el calentamiento global y una serie de eventos inesperados.
 
De hecho, las petroleras argentinas ya empezaron a cuotificar sus entregas de combustible a las estaciones de servicio. Si alguna quiere comprar más gasoil que el mes pasado no le venden.
 
 
De la autocrítica al harakiri
 
El Fondo Monetario no parece especialmente interesado en apurar flexibilizaciones laborales, al menos en los acuerdos stand-by que firmó Kristalina Georgieva desde marzo de 2020. En todos ellos, sin embargo (Egipto, Ucrania, Senegal, Armenia y Honduras), hubo condiciones muy estrictas de ajuste presupuestario y acumulación de reservas.
 
Egipto, por ejemplo, fue forzado a mantener superávit fiscal durante toda la pandemia, mientras el planeta íntegro entraba en déficits históricos para alimentar a sus poblaciones en cuarentena y reforzar sus sistemas de salud. Nada que ver con la generosidad ecologista que adjudicó esta semana a la búlgara el Nobel Joe Stiglitz, padrino académico y político del sobreviviente Martín Guzmán.
 
La timidez fiscal de los primeros anuncios (todavía no suman ni la décima parte del ya famoso punto del PBI que mencionó Cristina Kirchner en su explosiva carta post-PASO) sugiere que las negociaciones secretas de Guzmán con Julie Kozack siguen apuntando a un pacto después del 14 de noviembre, a 10 años, con seis de gracia y la cláusula "pari passu" para estirarlo si se aprueban nuevas líneas que lo permitan.
 
Por lo pronto, justo un mes antes de las elecciones va a haber una foto del equipo económico en pleno en la sede del Fondo en la calle 19. Miguel Pesce también reservó pasaje.
 
¿Sobrevivirá Georgieva al fuego a mansalva que se desató en su contra desde que una auditoría la acusó de haber manipulado un ranking cuando trabajaba en el Banco Mundial? ¿Será una conspiración de los halcones de Washington con los buitres de Wall Street, como claman Stiglitz y Guzmán, o simplemente un límite que le quiere imponer el Tío Sam a la injerencia del Papa Francisco sobre un ente clave como el Fondo?
 
El contenido del acuerdo, obviamente, no será el mismo si el Frente de Todos consigue remontar la derrota de las PASO. Para lograrlo, tanto los heridos de la purga kirchnerista como sus propios ejecutores procuran que cese la autocrítica.
 
"Ya parece un harakiri", dijo uno de ellos a BAE Negocios. En realidad también dependerá de que se active el aparato. En un municipio del Conurbano que solía pagar 1.600 viajes en remís cada día de elección solo se pagaron veinte. Y no porque hubiera un mandato de austeridad como los del Fondo.
 
También falta ver si prospera el Fondo de Resiliencia que se debate en el G-20. Una especie de reciclado de los DEG que repartió Georgieva para la recuperación post-pandemia y que les tocaron a países ricos que no los necesitan, dado que se distribuyeron en función del capital de cada uno en el propio Fondo y no de la población. Argentina y México insisten para que a ese fondo le puedan pedir prestado no solo los países más pobres sino también naciones de ingreso medio.
 
Guzmán y Georgieva se juegan sus pellejos en esa ciénaga. Es el riesgo que suelen enfrentar los emisarios cuando las contrapartes se desconfían y lo que hay en juego es mucho. En algún momento, siempre, un ruido en la línea dispara la pregunta más incómoda entre los que mandan. ¿Y éste al final para quién juega?
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

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