16:41 | Viernes 13 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 01-10-2021 / 09:10

ABERRACIÓN JURÍDICA PARA LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN

La legislatura porteña aprobó una ley hecha a medida para encubrir a Mauricio Macri

El Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta completó su maniobra para dejar en manos de tribunales “amigos” las causas que afectan a Mauricio Macri y sus allegados, empezando por la del Correo Argentino. De manera irregular, hizo aprobar a la Legislatura una ley que le permite al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad revisar las sentencias dictadas por la justicia nacional.

El Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta completó su maniobra para dejar en manos de tribunales "amigos" las causas que afectan a Mauricio Macri y sus allegados, empezando por la del Correo Argentino. De manera irregular, hizo aprobar a la Legislatura una ley que le permite al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad revisar las sentencias dictadas por la justicia nacional.

El ex Presidente consiguió la impunidad que necesitaba ya que gracias a una ley aprobada por la legislatura, ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad podrá revisar causas que tramitan en la justicia nacional. No hay que ser un genio para darse cuenta que el principal beneficiado con esta aberración jurídica es el ex mandatario ya que ahora el tribunal superior de la Ciudad podrá revisar causas nacionales que involucran a Macri. Y el TSJ porteño responde a Macri.

Sin debate previo, la mayoría del PRO y sus aliados en la Legislatura porteña aprobó otorgar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad facultades sobre las sentencias nacionales. La reforma es un calco de la estrategia que sigue el Grupo Macri en la causa del Correo para evitar pagar su multimillonaria deuda con el Estado. Fueron 38 los votos a favor, contando con los de Vamos Juntos y sus aliados y 20 en contra pertenecientes al Frente de Todos y la Izquierda.

La Ciudad de Buenos Aires no es una Provincia sino un Municipio autónomo. No pueden, mediante una ley atribuir a su más alto Tribunal de Justicia la facultad de revisar decisiones de los tribunales nacionales, porque es inconstitucional. En cuanto ese Alto Tribunal intervenga y dicte una sentencia que suponga revisar fallos de fueros nacionales se habrá infringido la Constitución Nacional. ¿Por qué lo hacen? Para demorar ad aeternum las causas contra Macri.

En lo formal, el disparate que llegó al recinto por la autora del proyecto, la diputada macrista María Luisa González Estevarena aseguró que se buscó "consolidar cambios que fueron impulsados por la pandemia, pero que también hicieron una justicia más ágil". Lucía Cámpora del Frente de Todos fue una de las voces que se enfrentó al proyecto al asegurar que el debate sobre la transferencia de competencias de la Justicia nacional a la Ciudad "no puede resolverse en la legislatura porteña, sino en el Congreso nacional". Cámpora mencionó una apelación de la empresa Repartos Ya contra un fallo de la justicia nacional en el fuero laboral que había reconocido derechos de los trabajadores de la aplicación Pedidos Ya.

Además mencionó las apelaciones contra resoluciones de la justicia nacional, en este caso en el fuero comercial, por las causas Correo Argentino y Socma Americana, que involucran a Marcri. "Sincérense y no bastardeen la autonomía de la Ciudad, este proyecto tiene nombre y apellido: Mauricio Macri, que nos viene estafando hace más de 20 años y quiere ser juzgado en el TSJ porteño, donde puso a todos sus amigos", afirmó. Y después los macristas hablan de República y división de poderes...

La Opinión Popular

LA LEGISLATURA PORTEÑA APROBÓ QUE EL MÁXIMO TRIBUNAL DE CABA PUEDA REVISAR FALLOS DE LA JUSTICIA NACIONAL

Una ley a medida de los intereses de la familia Macri

Entre chicanas e ironías, el oficialismo porteño aprobó en la Legislatura una ley que le otorga al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) la facultad de revisar sentencias dictadas por la Justicia nacional en cualquiera de sus fueros (civil, comercial, penal, contencioso administrativo, laboral o de la seguridad social). El tema llegó al recinto de prepo, sin debate previo, colado en un proyecto sobre audiencias y notificaciones digitales. Lo que implica, en realidad, es una reforma a medida de las necesidades de Mauricio Macri en la causa comercial del Correo Argentino, como anticipó Página/12.

De hecho, es un calco de la estrategia judicial que ya utilizó la empresa al pedir rescate a lxs supremxs porteñxs para apartar a la jueza Marta Cirulli, que ordenó la quiebra, igual que a la fiscala Gabriela Boquin, quien reveló un sinfín de irregularidades. A la vez habilita una institucionalización del fórum shopping, es decir, la posibilidad de elegir un tribunal amigo o afín. La norma obtuvo 38 votos a favor y 20 en contra.

La Corte Suprema tiene dos planteos pendientes sobre la cuestión. Mientras tanto, se avizoran conflictos en expedientes y organizaciones de abogadxs y magistradxs que analizan planteos de inconstitucionalidad y acciones a adoptar.

Justo en la semana posterior a las PASO, lxs legisladorxs que responden a Horacio Rodríguez Larreta y sus aliadxs aprovecharon el contexto que llevaba la atención al gobierno nacional, y en un proyecto de ley sobre audiencias administrativas y judiciales virtuales que se había consensuado con el Frente de Todos, hicieron un agregado que cambiaba radicalmente el sentido de la propuesta: "Otorgarle al Tribunal Superior de Justicia las competencias que le corresponden por sobre la Justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires".

Esto, traducido, implica habilitar que un tribunal local se meta en las decisiones de la Justicia nacional, cuyos proyectos de reforma siempre tramitan en el Congreso de la Nación. Pero ayer desembarcó el tema para ser votado en el recinto de la Legislatura, donde el larretismo domina.

El TSJ, que tiene cinco miembros, responde mayoritariamente a Macri, y también a Larreta. Su presidenta, Inés Weinberg de Roca, fue la candidata fallida del expresidente para la Procuración General de la Nación. Santiago Otamendi es el exviceministro de Justicia de Germán Garavano. Marcela de Langhe fue nombrada también por el macrismo en el Instituto Superior de Seguridad Pública porteño. Luis Lozano tiene posiciones más oscilantes. Alicia Ruiz suele votar en disidencia.

La polémica

La autora del proyecto, María Luisa González Estevarena, se explayó sobre los cambios que trajo la pandemia para sostener el servicio de Justicia en forma remota y cuando llegó al punto crítico de la cuestión del TSJ se escudó en el argumento ya anunciado de "la autonomía" porteña.

Entre las voces críticas que comenzaron a llover, la legisladora Lucía Cámpora (Frente de Todos) retrucó que "bajo ningún punto de vista una discusión sobre las normas procesales de la Justicia nacional puede resolverse en el ámbito de la Legislatura porteña porque claramente es el Congreso de la Nación el que tiene la facultad" para eso. Cámpora contó que se había puesto a revisar casos donde se haya intentando la intervención del TSJ, para ver qué se busca.

Dijo que se encontró con: "Pedidos Ya apelando un fallo de la Justicia nacional que reconoce derechos laborales de trabajadores y trabajadoras de esa empresa. La (propia) Legislatura recurre al TSJ para contrariar una condena por discriminación laboral. ¡Con razón los laboralistas están preocupados!", exclamó.

Luego agregó que "la verdad de la milanesa está en el fuero comercial": "La causa Correo Argentino, y ahí es donde nos damos cuenta que este proyecto tiene nombre y apellido. Es Mauricio Macri, Socma, Correo Argentino, y garantizar la impunidad de Mauricio Macri; y cómo no va a querer que lo juzgue el TSJ si ahí puso a todos sus amigos".

En la misma línea, Claudia Neira (FdT) señaló: "Sólo se está creando un pantano judicial para que se hunda la causa del Correo Argentino (...) Esta norma no resuelve nada (...) ¿Qué va a suceder? Esto se dilata en el tiempo, Macri ganó tiempo. ¡Gracias diputados que le dieron un elemento más!". Pablo Almeida (FIT) sostuvo que se trata de un "artilugio" para darle atribuciones sobre la Justicia nacional a un tribunal que, recordó, "es un órgano que, con el Poder Ejecutivo de la Ciudad, ha dicho que para acceder a una vacante en la escuela pública una familia tiene que demostrar pobreza".

Amanda Martín (FIT) coincidió y dijo que todo se trata de "cubrir un sistema judicial que garantiza el poder del poder político" y es un "blindaje para aquellas causas que están en el limbo hace mas de 20 años, sobre estafas ligadas al expresidente". "Es un atropello que no vamos a acompañar", alegó.

Del lado del oficialismo, Martín Ocampo (UCR-Evolución), exministro de Seguridad porteño, intentó presentar la propuesta como una "ampliación de derechos" en supuesto beneficio de la ciudadanía y el "principio de igualdad ante la ley".

"Los que viven en la Ciudad de Buenos Aires, los que ejercen el comercio en la ciudad, no tienen las posibilidad de acceder a las mismas instancias judiciales que los que viven trabajan o ejercen el comercio en otras provincias", señaló. "¿Desde cuándo es una cuestión de intervención federal el divorcio de una señora o un señor de la Ciudad de Buenos Aires?", simplificó.

Gastón Blanchetière (Vamos Juntos) salió a respaldar esa postura con un discurso burlón, donde trataba a la oposición como si se hubiera quedado en el pasado. "Vengo del futuro", empezó su discurso. Lxs legisladorxs se interrumpían entre sí. Alguno, como Sergio Abrevaya (Gen), admitió tácitamente el favor a Macri pero dijo que "porque se sospeche de un caso no voy a dejar de votar".

Ocampo volvió a la carga con un argumento sorprendente: para "los trabajadores", dijo, sería una ley beneficiosa. Hasta la Cámara de Apelaciones del Trabajo había firmado una resolución, antes de la sesión, donde expresaba su "preocupación" y advertía a la Legislatura que estaría actuando "fuera de sus prerrogativas constitucionales".

Desde hace días, abogadas y abogados laboralistas advierten su preocupación particular. La Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio sostuvo que más allá del caso Correo, la ley votada "abre el camino para revisar los fallos de todos los fueros de la Justicia nacional que afecten a los grandes grupos económicos y, especialmente, para desarticular a la Justicia Nacional del Trabajo y dejar sin efecto los fallos de ésta que reconozcan derechos a los/as trabajadores/as".

En sentido similar, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas apuntó la "sospecha de crear un 'fórum shopping'" y el efecto concreto de generar "una nueva instancia para la Justicia Nacional del Trabajo, con la dilación que ello significa", para procesos que ya son extensísimos. Es una ley "contra las personas que trabajan", marcó.

La legisladora Cámpora detalló la lista de rechazos de asociaciones y organizaciones que comenzaron a circular desde los días previos, que incluye al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, el Frente de Abogados Populares, la lista celeste de la Asociación de Magistrados, el Sindicato de Trabajadores Judiciales, la Unión del Empleados Judiciales de la Nación, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación.

Esta última, por ejemplo, convocó a una reunión extraordinaria para hoy. Ya habían sacado un comunicado donde rechazaban "enfáticamente" el proyecto de Vamos Juntos que concede al TSJ atribuciones que no tiene y decían que la Legislatura no es competente.

"El único efecto real será prolongar indefinidamente procesos judiciales que de por sí resultan bastante extensos, generar una situación de incertidumbre general respecto de los organismos competentes para finiquitar los recursos ordinarios y dar lugar a un conflicto institucional sin precedentes", dijeron. Es posible que judicialicen el tema y planteen la inconstitucionalidad de la norma.

A imagen y semejanza

La ley aprobada es una herramienta que intenta dar respaldo legal a lo que ya hizo el Correo-Socma de los Macri en tribunales para seguir eludiendo la deuda millonaria que arrastran hace dos décadas. Es lo mismo con forma de ley de la Ciudad. Cuando se veían venir la declaración de quiebra del Correo --que se produjo en julio último--, le fueron a pedir al TSJ que aparte a la jueza del expediente comercial, Cirulli, y a la fiscala Boquin, la que reveló en 2017 el acuerdo "ruinoso" y "abusivo" con Macri de los dos lados del mostrador para licuar la deuda.

Lxs supremxs porteños aceptaron intervenir e inmiscuirse así en la Justicia nacional comercial. La Cámara Comercial rechazó esa intervención y hasta el procurador interino Eduardo Casal dictaminó que el TSJ no es competente sobre los tribunales nacionales. La discusión en este y otro expediente está pendiente en la Corte Suprema, que hoy cambia de presidente.

La estrategia desplegada en la Legislatura es una arista más de una forma de colonizar la Justicia que comenzó con Macri como jefe de gobierno --entre otras cosas multiplicó juzgados porteños para tener jueces y juezas propios-- y que adquirió su máxima expresión durante sus años en la Presidencia, donde el armado de tribunales propios se complementó con la persecución de rivales y un papel central de su "mesa judicial". El oficialismo porteño ha decidido darle continuidad a esa política.

Por Irina Hauser

Fuente: Página12

13-02-2026 / 10:02

Los derechos con los que arrasa la miserable reforma laboral esclavista de Milei

Con un discurso que es música para los oídos de los ricos empresarios, el gobierno ultra derechista de Javier "el Loco" Milei aprobó en la Cámara Alta el proyecto de Reforma Laboral esclavista que es la continuidad de la Motosierra aplicada desde su asunción. Empezó con el DNU 70/2023, siguió con la Ley Bases y otros engendros como el desfinanciamiento en Educación y en Discapacidad; y ahora remata con el recorte y hasta la eliminación de conquistas históricas de justicia social obtenidas tras décadas de lucha obrera y resistencia popular, que costó muchas vidas.

La reforma laboral del Gobierno ultra derechista de Milei destruye el derecho de las y los trabajadores por tres grandes vías. Ataca el contrato individual -con la creación del banco de horas, el fraccionamiento de las vacaciones o el recorte a las licencias por enfermedad-, debilita la acción sindical -con los límites al derecho a huelga, o la prohibición de las asambleas- y por último, también ataca a la justicia laboral -con, por ejemplo, el traspaso a los tribunales a la Ciudad de Buenos Aires-.

Una encerrona a la que la administración del fascista Milei pretende llevar a los empleados formales, pero también a los informales, a los que deja tanto o más desprotegidos de lo que estaban hasta ahora. Ni trabajadores de aplicaciones ni monotributistas, el proyecto libertario no tiene beneficiarios entre la masa trabajadora.

"Si te lastimaste jugando al fútbol, tu jefe no tiene nada que ver". La frase del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, resume el argumento libertario para romper con un derecho histórico: las licencias por enfermedad. Si la ley se sanciona, aquella persona que tenga una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de las tareas laborales cobrará solo el 50 por ciento del sueldo que percibía al momento del accidente durante 3 meses o 6 si tiene personas a cargo.

Los libertarios fueron un poco más generosos con aquellos que padezcan "enfermedades no voluntarias", es decir, que no sean consecuencia de actividades voluntarias riesgosas. En ese caso, el empleado tendrá derecho a percibir el 75 por ciento del salario. Una situación a la que la senadora de Fuerza Patria Cristina López calificó como "esclavitud laboral". "Si te enfermás, perdés. Si tu cuerpo no da más perdés, igual que en el siglo XIX", dijo.

El proyecto que Bullrich logró sancionar en el Senado habla de una "negociación dinámica" del salario, es decir, que los gremios o los trabajadores particulares pueden acordar con las empresas extras como bonos o compensaciones que estén vinculados a niveles de productividad o de objetivos. También habilita el "banco de horas", que hace que el empleado sume las extras y acumule una especie de saldo para después canjear por días libres o jornadas de trabajo reducidas.

Es decir, pone a trabajadores y empresarios en igualdad de condiciones para poder negociar en una relación que es desigual, en la que las fuerzas son distintas. Para el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matías Cremonte, "la ley lo que hace es volver a desequilibrar la balanza en favor de los empresarios". Al modificar la Ley de Contrato de Trabajo, el Gobierno busca que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de 7 días (antes eran por 15) y que el trabajador tenga, al menos, un período de vacaciones en verano cada 3 años. Una complicación a la hora de combinar con el ritmo escolar en los casos de quienes tienen hijos.

Su aprobación es una dura derrota para el movimiento obrero y los trabajadores precarizados, no se crearán más puestos de trabajo, sino que habrá más precarización laboral y superexplotación, generando más riquezas para los empresarios y más penurias para quienes no tienen más que su fuerza de trabajo.

La Opinión Popular

12-02-2026 / 10:02

No es reforma, es esclavitud y represión: crónica del gas, las balas y la subasta de derechos

El aire pica, arde, lastima la garganta. No se puede respirar. Lágrimas y ojos rojos. Corridas. Un rato antes de las cuatro de la tarde, la calma tensa de la Plaza del Congreso estalló en pedazos. A mansalva, el pelotón de gendarmes dispara sus escopetas desde la avenida Entre Ríos mientras los camiones hidrantes escupen agua para despejar lo que la política no pudo convencer. Llueven las bombas lacrimógenas sobre una plaza que, apenas una hora antes, era un hervidero de trabajadores protestando contra una reforma laboral que se dice moderna pero es esclavista y decimonónica: un viaje sin escalas al siglo XIX.

Otra vez el panic show mileísta: un despliegue de detenciones y balas de goma para vaciar la calle mientras adentro, en el palacio legislativo de mármol, se ejecuta el remate de la dignidad de los laburantes. La jornada había comenzado con un blanco nuclear. No era el sol de la justicia, sino el resplandor de una subasta que no admite ofertas en pesos, solo se liquida con el lomo del que labura. Obreros, docentes, judiciales, bancarios, jubilados...

A las dos de la tarde, las columnas de los gremios empezaron a ganar la calle, y para las tres, la Plaza ya era un mar de banderas y espanto bajo un sol tremendo. Los gendarmes, alineados con una simetría maníaca, exhiben botas con un brillo obsceno, casi un espejo donde podés peinarte antes de que te partan el alma. Estaban agazapados tras las vallas, custodiando un Congreso enjaulado como pajarera de lujo.

En el corralito antes del Palacio, el ingenio popular intentó ganarle al cinismo: un cartel gritaba "Saluden a las horas extras que se van", mientras otro advertía: "Con el banco de horas despedite de tu familia". Hay carteles más directos que se agitan sobre las cabezas: "Quitar derechos laborales viola la Constitución Nacional".

Bajo un celeste furioso, los paraguas de los ferroviarios servían para taparse del sol mientras una señora repartía estampitas de la Virgen de Luján "para que nos salve". Luis, operario metalúrgico de Quilmes, buscaba un resto de sombra bajo un ombú: "Si te pueden pagar el sueldo con fideos o fraccionarte las vacaciones, lo único que liberan es la mano del patrón para apretarnos más fuerte". Gabriel Espósito, delegado de ATE en Atucha, miraba las vallas con preocupación: "Estamos peleando para tirar atrás esta reforma que nos regresa cien años en el tiempo. Es un capítulo más de un proyecto que quiere ver a los sectores populares de rodillas".

Mientras en la calle se ponía el cuerpo, en los pasillos del Senado se pulía el desguace. El clan Caputo y los Menem cerraron el canje de Ganancias por la Reforma Laboral. La perversión es quirúrgica: se derogan estatutos y se liquida la indemnización plena. Pablo Luna, jubilado de YPF, no lo podía creer: "Se están pasando el 14 bis por las pelotas. ¡Qué futuro les espera a los chicos!".

Antes de que el gas lo cubriera todo, un solo grito unificaba las columnas: "¡Paro, paro, paro... paro general!". Era el reclamo de la calle que el Parlamento se negaba a escuchar. Pasadas las cuatro, el escenario mutó en pesadilla. Un grupo de encapuchados protagonizó incidentes contra el vallado, la excusa perfecta para que la represión se volviera cacería. El avance de la Gendarmería y de los cosacos de la Ciudad convirtió la Plaza en un territorio ocupado. El "modelo Milei" consiguió su victoria de papel entre nubes de tóxicos.

En el asfalto caliente, donde todavía flota el ácido del gas pimienta, el aire se volvió irrespirable. Adentro del Congreso brinda la casta mileísta; afuera, el pueblo mastica el polvo de una traición. La patria no se vende, se defiende, y esta tarde la defensa se escribió con el cuero aguantando el fuego del amo. Pero no seremos su esclavo: sean eternos los derechos que supimos conseguir.

La Opinión Popular

11-02-2026 / 11:02

Rebelión policial en Santa Fe por salarios de miseria, corrupción y malos tratos

La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.

Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.

Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.

Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.

Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.

Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.

La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.

Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".

10-02-2026 / 11:02

Contra la Reforma laboral esclavista de Milei, los trabajadores marchan al Congreso para exigir por sus derechos

El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.

La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.

La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.

El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.

"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".

Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.

La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.

La Opinión Popular

09-02-2026 / 09:02

¿Quién la votó?: Karina quiere el control total del gobierno y tensiona con Javier Milei

Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.

Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.

Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.

"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.

Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.

La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.

Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.

De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.

La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.

"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.

Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".