07:23 | Sabado 06 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

Por

“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 01-10-2021 / 09:10

ABERRACIÓN JURÍDICA PARA LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN

La legislatura porteña aprobó una ley hecha a medida para encubrir a Mauricio Macri

El Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta completó su maniobra para dejar en manos de tribunales “amigos” las causas que afectan a Mauricio Macri y sus allegados, empezando por la del Correo Argentino. De manera irregular, hizo aprobar a la Legislatura una ley que le permite al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad revisar las sentencias dictadas por la justicia nacional.

El Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta completó su maniobra para dejar en manos de tribunales "amigos" las causas que afectan a Mauricio Macri y sus allegados, empezando por la del Correo Argentino. De manera irregular, hizo aprobar a la Legislatura una ley que le permite al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad revisar las sentencias dictadas por la justicia nacional.

El ex Presidente consiguió la impunidad que necesitaba ya que gracias a una ley aprobada por la legislatura, ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad podrá revisar causas que tramitan en la justicia nacional. No hay que ser un genio para darse cuenta que el principal beneficiado con esta aberración jurídica es el ex mandatario ya que ahora el tribunal superior de la Ciudad podrá revisar causas nacionales que involucran a Macri. Y el TSJ porteño responde a Macri.

Sin debate previo, la mayoría del PRO y sus aliados en la Legislatura porteña aprobó otorgar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad facultades sobre las sentencias nacionales. La reforma es un calco de la estrategia que sigue el Grupo Macri en la causa del Correo para evitar pagar su multimillonaria deuda con el Estado. Fueron 38 los votos a favor, contando con los de Vamos Juntos y sus aliados y 20 en contra pertenecientes al Frente de Todos y la Izquierda.

La Ciudad de Buenos Aires no es una Provincia sino un Municipio autónomo. No pueden, mediante una ley atribuir a su más alto Tribunal de Justicia la facultad de revisar decisiones de los tribunales nacionales, porque es inconstitucional. En cuanto ese Alto Tribunal intervenga y dicte una sentencia que suponga revisar fallos de fueros nacionales se habrá infringido la Constitución Nacional. ¿Por qué lo hacen? Para demorar ad aeternum las causas contra Macri.

En lo formal, el disparate que llegó al recinto por la autora del proyecto, la diputada macrista María Luisa González Estevarena aseguró que se buscó "consolidar cambios que fueron impulsados por la pandemia, pero que también hicieron una justicia más ágil". Lucía Cámpora del Frente de Todos fue una de las voces que se enfrentó al proyecto al asegurar que el debate sobre la transferencia de competencias de la Justicia nacional a la Ciudad "no puede resolverse en la legislatura porteña, sino en el Congreso nacional". Cámpora mencionó una apelación de la empresa Repartos Ya contra un fallo de la justicia nacional en el fuero laboral que había reconocido derechos de los trabajadores de la aplicación Pedidos Ya.

Además mencionó las apelaciones contra resoluciones de la justicia nacional, en este caso en el fuero comercial, por las causas Correo Argentino y Socma Americana, que involucran a Marcri. "Sincérense y no bastardeen la autonomía de la Ciudad, este proyecto tiene nombre y apellido: Mauricio Macri, que nos viene estafando hace más de 20 años y quiere ser juzgado en el TSJ porteño, donde puso a todos sus amigos", afirmó. Y después los macristas hablan de República y división de poderes...

La Opinión Popular

LA LEGISLATURA PORTEÑA APROBÓ QUE EL MÁXIMO TRIBUNAL DE CABA PUEDA REVISAR FALLOS DE LA JUSTICIA NACIONAL

Una ley a medida de los intereses de la familia Macri

Entre chicanas e ironías, el oficialismo porteño aprobó en la Legislatura una ley que le otorga al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) la facultad de revisar sentencias dictadas por la Justicia nacional en cualquiera de sus fueros (civil, comercial, penal, contencioso administrativo, laboral o de la seguridad social). El tema llegó al recinto de prepo, sin debate previo, colado en un proyecto sobre audiencias y notificaciones digitales. Lo que implica, en realidad, es una reforma a medida de las necesidades de Mauricio Macri en la causa comercial del Correo Argentino, como anticipó Página/12.

De hecho, es un calco de la estrategia judicial que ya utilizó la empresa al pedir rescate a lxs supremxs porteñxs para apartar a la jueza Marta Cirulli, que ordenó la quiebra, igual que a la fiscala Gabriela Boquin, quien reveló un sinfín de irregularidades. A la vez habilita una institucionalización del fórum shopping, es decir, la posibilidad de elegir un tribunal amigo o afín. La norma obtuvo 38 votos a favor y 20 en contra.

La Corte Suprema tiene dos planteos pendientes sobre la cuestión. Mientras tanto, se avizoran conflictos en expedientes y organizaciones de abogadxs y magistradxs que analizan planteos de inconstitucionalidad y acciones a adoptar.

Justo en la semana posterior a las PASO, lxs legisladorxs que responden a Horacio Rodríguez Larreta y sus aliadxs aprovecharon el contexto que llevaba la atención al gobierno nacional, y en un proyecto de ley sobre audiencias administrativas y judiciales virtuales que se había consensuado con el Frente de Todos, hicieron un agregado que cambiaba radicalmente el sentido de la propuesta: "Otorgarle al Tribunal Superior de Justicia las competencias que le corresponden por sobre la Justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires".

Esto, traducido, implica habilitar que un tribunal local se meta en las decisiones de la Justicia nacional, cuyos proyectos de reforma siempre tramitan en el Congreso de la Nación. Pero ayer desembarcó el tema para ser votado en el recinto de la Legislatura, donde el larretismo domina.

El TSJ, que tiene cinco miembros, responde mayoritariamente a Macri, y también a Larreta. Su presidenta, Inés Weinberg de Roca, fue la candidata fallida del expresidente para la Procuración General de la Nación. Santiago Otamendi es el exviceministro de Justicia de Germán Garavano. Marcela de Langhe fue nombrada también por el macrismo en el Instituto Superior de Seguridad Pública porteño. Luis Lozano tiene posiciones más oscilantes. Alicia Ruiz suele votar en disidencia.

La polémica

La autora del proyecto, María Luisa González Estevarena, se explayó sobre los cambios que trajo la pandemia para sostener el servicio de Justicia en forma remota y cuando llegó al punto crítico de la cuestión del TSJ se escudó en el argumento ya anunciado de "la autonomía" porteña.

Entre las voces críticas que comenzaron a llover, la legisladora Lucía Cámpora (Frente de Todos) retrucó que "bajo ningún punto de vista una discusión sobre las normas procesales de la Justicia nacional puede resolverse en el ámbito de la Legislatura porteña porque claramente es el Congreso de la Nación el que tiene la facultad" para eso. Cámpora contó que se había puesto a revisar casos donde se haya intentando la intervención del TSJ, para ver qué se busca.

Dijo que se encontró con: "Pedidos Ya apelando un fallo de la Justicia nacional que reconoce derechos laborales de trabajadores y trabajadoras de esa empresa. La (propia) Legislatura recurre al TSJ para contrariar una condena por discriminación laboral. ¡Con razón los laboralistas están preocupados!", exclamó.

Luego agregó que "la verdad de la milanesa está en el fuero comercial": "La causa Correo Argentino, y ahí es donde nos damos cuenta que este proyecto tiene nombre y apellido. Es Mauricio Macri, Socma, Correo Argentino, y garantizar la impunidad de Mauricio Macri; y cómo no va a querer que lo juzgue el TSJ si ahí puso a todos sus amigos".

En la misma línea, Claudia Neira (FdT) señaló: "Sólo se está creando un pantano judicial para que se hunda la causa del Correo Argentino (...) Esta norma no resuelve nada (...) ¿Qué va a suceder? Esto se dilata en el tiempo, Macri ganó tiempo. ¡Gracias diputados que le dieron un elemento más!". Pablo Almeida (FIT) sostuvo que se trata de un "artilugio" para darle atribuciones sobre la Justicia nacional a un tribunal que, recordó, "es un órgano que, con el Poder Ejecutivo de la Ciudad, ha dicho que para acceder a una vacante en la escuela pública una familia tiene que demostrar pobreza".

Amanda Martín (FIT) coincidió y dijo que todo se trata de "cubrir un sistema judicial que garantiza el poder del poder político" y es un "blindaje para aquellas causas que están en el limbo hace mas de 20 años, sobre estafas ligadas al expresidente". "Es un atropello que no vamos a acompañar", alegó.

Del lado del oficialismo, Martín Ocampo (UCR-Evolución), exministro de Seguridad porteño, intentó presentar la propuesta como una "ampliación de derechos" en supuesto beneficio de la ciudadanía y el "principio de igualdad ante la ley".

"Los que viven en la Ciudad de Buenos Aires, los que ejercen el comercio en la ciudad, no tienen las posibilidad de acceder a las mismas instancias judiciales que los que viven trabajan o ejercen el comercio en otras provincias", señaló. "¿Desde cuándo es una cuestión de intervención federal el divorcio de una señora o un señor de la Ciudad de Buenos Aires?", simplificó.

Gastón Blanchetière (Vamos Juntos) salió a respaldar esa postura con un discurso burlón, donde trataba a la oposición como si se hubiera quedado en el pasado. "Vengo del futuro", empezó su discurso. Lxs legisladorxs se interrumpían entre sí. Alguno, como Sergio Abrevaya (Gen), admitió tácitamente el favor a Macri pero dijo que "porque se sospeche de un caso no voy a dejar de votar".

Ocampo volvió a la carga con un argumento sorprendente: para "los trabajadores", dijo, sería una ley beneficiosa. Hasta la Cámara de Apelaciones del Trabajo había firmado una resolución, antes de la sesión, donde expresaba su "preocupación" y advertía a la Legislatura que estaría actuando "fuera de sus prerrogativas constitucionales".

Desde hace días, abogadas y abogados laboralistas advierten su preocupación particular. La Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio sostuvo que más allá del caso Correo, la ley votada "abre el camino para revisar los fallos de todos los fueros de la Justicia nacional que afecten a los grandes grupos económicos y, especialmente, para desarticular a la Justicia Nacional del Trabajo y dejar sin efecto los fallos de ésta que reconozcan derechos a los/as trabajadores/as".

En sentido similar, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas apuntó la "sospecha de crear un 'fórum shopping'" y el efecto concreto de generar "una nueva instancia para la Justicia Nacional del Trabajo, con la dilación que ello significa", para procesos que ya son extensísimos. Es una ley "contra las personas que trabajan", marcó.

La legisladora Cámpora detalló la lista de rechazos de asociaciones y organizaciones que comenzaron a circular desde los días previos, que incluye al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, el Frente de Abogados Populares, la lista celeste de la Asociación de Magistrados, el Sindicato de Trabajadores Judiciales, la Unión del Empleados Judiciales de la Nación, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación.

Esta última, por ejemplo, convocó a una reunión extraordinaria para hoy. Ya habían sacado un comunicado donde rechazaban "enfáticamente" el proyecto de Vamos Juntos que concede al TSJ atribuciones que no tiene y decían que la Legislatura no es competente.

"El único efecto real será prolongar indefinidamente procesos judiciales que de por sí resultan bastante extensos, generar una situación de incertidumbre general respecto de los organismos competentes para finiquitar los recursos ordinarios y dar lugar a un conflicto institucional sin precedentes", dijeron. Es posible que judicialicen el tema y planteen la inconstitucionalidad de la norma.

A imagen y semejanza

La ley aprobada es una herramienta que intenta dar respaldo legal a lo que ya hizo el Correo-Socma de los Macri en tribunales para seguir eludiendo la deuda millonaria que arrastran hace dos décadas. Es lo mismo con forma de ley de la Ciudad. Cuando se veían venir la declaración de quiebra del Correo --que se produjo en julio último--, le fueron a pedir al TSJ que aparte a la jueza del expediente comercial, Cirulli, y a la fiscala Boquin, la que reveló en 2017 el acuerdo "ruinoso" y "abusivo" con Macri de los dos lados del mostrador para licuar la deuda.

Lxs supremxs porteños aceptaron intervenir e inmiscuirse así en la Justicia nacional comercial. La Cámara Comercial rechazó esa intervención y hasta el procurador interino Eduardo Casal dictaminó que el TSJ no es competente sobre los tribunales nacionales. La discusión en este y otro expediente está pendiente en la Corte Suprema, que hoy cambia de presidente.

La estrategia desplegada en la Legislatura es una arista más de una forma de colonizar la Justicia que comenzó con Macri como jefe de gobierno --entre otras cosas multiplicó juzgados porteños para tener jueces y juezas propios-- y que adquirió su máxima expresión durante sus años en la Presidencia, donde el armado de tribunales propios se complementó con la persecución de rivales y un papel central de su "mesa judicial". El oficialismo porteño ha decidido darle continuidad a esa política.

Por Irina Hauser

Fuente: Página12

05-12-2025 / 12:12

Toto Caputo aplica su vieja receta: endeudamiento y más endeudamiento

El experimento anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei vuelve a aplicar una receta tristemente conocida: emite nueva deuda para pagar una anterior. Así lo confirmó este viernes el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, quien confirmó esta mañana que la Argentina volverá al mercado internacional de capitales, con un bono a cuatro años. Con un dólar bajo que impide exportar e importaciones abiertas indiscriminadamente, es imposible acumular reservas en dólares y el futuro es la miseria.

Las reservas netas, excluyendo los desembolsos del FMI, son hoy más bajas que cuando Milei asumió y no hay señales claras de que el Gobierno tenga intención de revertir esa fragilidad externa. "No es deuda nueva. Es para pagar deuda vieja. Al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular. No sale desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local", afirmó el ministro.

Como no podía ser de otro modo, la medida fue celebrada por Milei. "VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!! Volvimos al mercado de capitales con un bono al 2029 con cupón del 6,5% bajo ley Local. El mejor de todos los tiempos...!!! LA LIBERTAD AVANZA", posteó entusiasmado el desquiciado mandatario.

Tras este anuncio, la Secretaría de Finanzas confirmó el llamado a licitación del Bono del Tesoro Nacional (BONAR 2029N - nuevo) que, segun detalló, será "en dólares estadounidenses 6,50% con vencimiento el 30 de noviembre de 2029″.

"En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA", explicaron desde la Secretaría.

En este sentido, señalaron que "habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta".

Asimismo, se resaltó que "el resultado de la licitación, irá a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9/1/2026″. El desempeño débil de las reservas no ocurrió porque se haya reducido la deuda pública en moneda extranjera. Los Bopreales y los repos con bancos agregan USD 12 mil millones en deuda denominada en dólares que no existía en 2023.

Desde Finanzas informaron que la recepción de ofertas de este instrumento comenzará a las 10 horas y finalizará a las 15 horas del miércoles 10 de diciembre de 2025, mientras que la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el 12 de diciembre de 2025. La suscripción deberá realizarse únicamente en dólares.

La Opinión Popular

04-12-2025 / 08:12

Las 11 muertes del peronismo

Martillar el último clavo en el ataúd que encierra el cadáver del peronismo es una causa nacional que pronto cumplirá 80 años. Ahí, en 1946, radica la "cifra redonda", el año fundacional, tanto del peronismo como movimiento de masas como del antiperonismo como irrenunciable leit motiv de buena parte de la sociedad argentina. Y así venimos desde hace décadas, matando al peronismo, dándolo por finiquitado, y asistiendo a sus múltiples y polifacéticas resurrecciones.

Como un destino nacional inexorable; "el hecho maldito del país burgués" que definió John William Cooke. En ese itinerario pueden indentificarse 11 muertes del peronismo, 11 episodios que el antiperonismo festejó como un Mundial para, poco después, volver a empezar.

Pero, ¿qué sería del antiperonismo, buceando ya en profundidades ontológicas, si el peronismo realmente muriera? Si combatir al peronismo en todas sus formas -rechazarlo, denostarlo y condenarlo- es la razón de ser de tantos argentinos, ¿qué vendría después? ¿Qué verían al asomarse a ese abismo nietzscheano que nos habita y nos acecha cuando el monstruo de afuera ya no esté?

La flamante victoria de La Libertad Avanza generó todo tipo de conjeturas sobre el futuro de un peronismo enredado en la miseria de sus internas y carente de una propuesta alternativa, capaz de seducir a una ciudadanía desencantada. Lo llamativo es que este contexto crítico se replicó en varias ocasiones desde los años 50 a la fecha y generó los mismos efectos.

"Ahora sí, este es el fin del peronismo", es un título redactado en numerosas ocasiones, siempre listo y nunca definitivo. Será porque los intentos por "matar" al peronismo han adoptado distintas formas: la proscripción, la represión, la fragmentación interna, la debacle económica, la derrota electoral. Cada uno de esos embates reforzó, de una manera u otra, su condición de fenómeno político persistente.

Los siguientes 11 episodios -las 11 muertes- lo ejemplifican.

1) 26 de julio 1952. La que fallece es Eva Duarte, "Jefa Espiritual de la Nación" y estandarte del "primer peronismo", cuando el país -al decir de Félix Luna- era una fiesta. Después de Evita, ¿qué?, era la pregunta. Las pintadas celebratorias repartidas por Buenos Aires ("viva el cáncer") expresaban el anhelo de que esa muerte de carne y hueso fuera el simbólico inicio de otra muerte, la de Perón, la de su gobierno y la de todo lo que el peronismo representaba. Muchos lo creyeron así.

2) 16 de septiembre de 1955. Golpe de Estado. Revolución Libertadora (para los peronistas, la "fusiladora"). Es el comienzo de una gigantesca operación cultural: la desperonización de la Argentina. La proscripción del peronismo y el exilio de 18 años de su líder son la punta del iceberg. Se demuelen estatuas, se destruyen bustos, se queman cuadros, se borra todo vestigio de peronismo al punto de prohibir, por ley, que se lo nombre en público. Pero en lugar de matarlo, lo que lograron fue fortalecer la identidad, al punto de que el sólo hecho de ser peronista se convirtió en un acto de resistencia.

03-12-2025 / 10:12

Donald Trump, el genocida Benjamín Netanyahu y Javier Milei avalan la tortura

No fue solo un giro diplomático: por primera vez desde el retorno de la democracia, Argentina votó en esta materia junto con EEUU e Israel, dos países cuestionados por graves violaciones a los derechos humanos y hasta genocidio, posicionándose, así como los tres únicos Estados en el mundo que se niegan a condenar el uso de la tortura.

El posicionamiento argentino desnuda la verdadera esencia del gobierno de Javier "el Loco" Milei, al cual la calificación de fascista no resulta exagerada, pues hubo incluso gobiernos de extrema derecha, que por vergüenza o compromiso, votaron afirmativamente condenando la tortura.

La resolución rechazada por Argentina fue promovida por el Comité contra la Tortura (CAT), órgano que días antes había publicado un informe crítico sobre la situación del país. Ese informe expresó su "profunda preocupación" por la persistencia de detenciones prolongadas en comisarías, prácticas policiales violentas, falta de controles judiciales efectivos y condiciones inhumanas en lugares de encierro.

El Comité recordó que los jueces y juezas penales son garantes últimos de la legalidad y dignidad de toda detención, y que el Estado argentino viola sus obligaciones cuando tolera celdas sin ventilación, superpobladas, sin colchones, sin agua potable, o cuando naturaliza golpizas, hostigamientos y traslados arbitrarios.

Nada de esto es nuevo: hace décadas que organismos de DDHH como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) o la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, entre otros, advierten y condenan las prácticas sistemáticas que se dan en los contextos de encierro, que encuadran dentro de los "Tratos crueles, inhumanos o degradantes" tal como se define en el derecho internacional en materia de DDHH.

Sin embargo, lejos de reconocer la legitimidad de estas observaciones, el gobierno argentino reaccionó con un ataque político. El mismo día que se conoció el informe del CAT, se publicó en el sitio "Argentina.gob" la respuesta oficial, calificando al informe como "sesgado", bajo la acusación de haber omitido "graves abusos ocurridos durante el gobierno de Alberto Fernández".

Para el gobierno de Milei, el documento emitido por el CAT está "abiertamente influido por grupos militantes y organizaciones con marcada orientación kirchnerista" y "exhibe un sesgo ideológico incompatible con la imparcialidad que exige el sistema internacional de derechos humanos".

Resultaría gracioso, si no fuera tan trágico, que se etiquete de esa forma a un organismo técnico en el ámbito de las Naciones Unidas. Pero esa es la lógica del gobierno de La Libertad Avanza: quien denuncia abusos policiales o defiende garantías constitucionales es automáticamente sospechado de "zurdo" o "kuka".

03-12-2025 / 10:12

La coimera Karina quiere que Milei la elija sucesora como hizo Néstor con Cristina

Karina "la Coimera" Milei sueña con que su hermano la elija como sucesora como hizo Néstor Kirchner con Cristina en 2007 en una maniobra que le permitió al kirchnerismo quedarse en el poder durante 12 años. "Hay que ir por la reelección de Javier Milei", aclaró en Mar del Plata, en el congreso libertario que encabezó frente a 300 personas, pese a que esperaban más de 700. Pero lo que no dijo es que ella se plantea como sucesora de su hermano, en el 2027 o en el siguiente turno electoral.

"Ella quiere que Milei la elija como sucesora, como hizo Néstor con Cristina", explicó un dirigente libertario al tanto de los planes de la hermana presidencial. En el mismo acto se difundió la creación de un "comité de disciplina" de La Libertad Avanza, que tendrá tolerancia cero a las individualidades. Entre los libertarios dijeron que el comité servirá como una suerte de Mazorca de Karina para tener a raya a todo el partido, en especial a los influencers como el Gordo Dan, el cabecilla de Las Fuerzas del Cielo que agrupa a los seguidores de Santiago Caputo.

Justamente el Gordo Dan ofició durante los primeros dos años de mandato de Milei como un guardián de la pureza libertaria y fue quien hizo echar a varios funcionarios que se corrieron de la línea. Karina quiere ser la única en detentar ese poder. Además, no quiere que los ministros, diputados y senadores vayan a la televisión sin su supervisión previa.

La visión policial de la política que despliega Karina ya es motivo de preocupación entre importantes dirigentes libertarios y llegó a impactar en el Congreso. "Patricia Bullrich le tiene terror a Karina", afirmó un importante dirigente libertario.

La hermana de Milei ahora tiene en mira el ministerio de Justicia como el próximo lugar para colonizar. Karina le pidió a Mariano Cúneo Libarona que se quedara en el ministerio luego de las elecciones pese a que ya había presentado una carta con su renuncia. El objetivo era darse un tiempo para definir su sucesor.

Ahora, Karina quiere que el puesto de Cúneo lo ocupe Santiago Viola. Viola es el apoderado de La Libertad Avanza y era su candidato para la secretaría Legal y Técnica antes de que Santiago Caputo acercara a María Ibarzábal Murphy, quien se ganó la confianza de Milei y es una pieza clave del gabinete. Pero los tiempos cambiaron y la obsesión de Karina por la Justicia creció desde el caso Libra y las coimas de la Andis, que la tienen en el centro de las investigaciones de la justicia federal.

Estos movimientos forman parte, según los libertarios, de un objetivo mayor para Karina, que es el de entrar a la fórmula presidencial en el futuro. Milei repite que su jefe es su hermana y por eso en el gobierno no descartan que Karina pida dar el salto en 2027.

La semana pasada, Karina se apersonó en el Senado para dar una demostración de poder en la Cámara en la que acaba de entrar Patricia Bullrich, otra de las figuras del gobierno con aspiraciones a entrar en la fórmula presidencial, pero que teme a la hermana de Milei.

Karina es la persona de este gobierno que tiene peor imagen, se la asocia a la corrupción. Su figura, cada vez más central dentro de la estructura de poder, es parte del debate sobre quién toma las decisiones en la gestión nacional. De hecho, las encuestas ya están evaluando la percepción sobre quién gobierna realmente: Javier Milei o su hermana, la secretaria general de la Presidencia.

La Opinión Popular

01-12-2025 / 09:12

Un escenario bizarro: La macrista Marilú Quiroz, el Congreso y la chatura del debate público

En Diputados, con una impunidad ante la que vale detenerse, la legisladora macrista Marilú Quiroz organizó una jornada de seis horas contra "la obligatoriedad y compulsividad" de las vacunas, abarcando relacionarlas con el autismo. Vimos a un tipo que, a torso descubierto, se mostró imantado por efecto de la inoculación. En 2014 ya habían montado el mismo circo, en una actuación televisiva y con otro protagonista, y adjudicándoselo a otros factores. Los objetos metálicos "se le pegan al cuerpo", ratificaron esta vez tras varios intentos fallidos.

Lo más parecido a esto que se vio el jueves debe ser el conjunto de infradotados, vestidos de búfalo, que tomaron el Capitolio el 6 de enero de 2021. El acto, el de acá, fue autorizado por la presidencia de la Cámara de Diputados.

Al margen del espanto y las denuncias de toda autoridad científica, ya con siete niños muertos de sarampión y tos convulsa por no estar vacunados, se desconocen presentaciones judiciales o procederes de oficio. Hubo un delito. Un atentado contra la salud pública.

¿Hecho menor, por haberse tratado de un grupo de delirantes bien que ocupando parte del edificio parlamentario? ¿O símbolo gigantesco?

Basta recorrer por encima los temas dominantes de la agenda publicada para advertir el momento prácticamente bizarro de nuestra política. Es el accionar gubernamental, es la plancha desconcertante en que está sumida la oposición y son las consecuencias de ese estadio. ¿Será la calma o desviación temática que preceden a alguna tormenta o, acaso, un clima destinado a permanecer durante largo rato?

La guerra entre la AFA, el Gobierno y los medios oficialistas, operada desde el efectismo de un campeonato de escritorio y una formación de pasillo dando la espalda a los campeones, se lleva por varios cuerpos el conversatorio periodístico, digital y vaya a saberse si, también, masivo. Es de esos disparadores que invitan a la básica y poderosa pregunta de si no pasa nada más importante en el país.

Los títulos de casi toda la prensa ametrallan sin parar, incluso a través de "noticias" y variantes fragmentadas -sobre el mismo tópico- que se suceden una tras otra. Pocas veces se vio algo semejante, tan desembozado.

Hasta un imberbe percibiría que no destrozan a la AFA por sus desaguisados ni por arbitrajes escandalosos, que desde ya sobran. El centro indesmentible es privatizar la actividad futbolística hasta el extremo que sea posible, pero eso ni siquiera es mencionado de refilón por la militancia independiente de los bufones oficiales.

Desde el Presidente de la Nación hasta su ministra de Seguridad instalaron el asunto con rango de gravedad nacional. Se supone que una cosa es la pasión desenfrenada que el fútbol desata en Argentina. Y que otra, completamente distinta, es llevar el caso a una cuestión de Estado ligada a negociados formidables. Sólo se supone.