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Nacionales - 01-10-2021 / 09:10
ABERRACIÓN JURÍDICA PARA LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN

La legislatura porteña aprobó una ley hecha a medida para encubrir a Mauricio Macri

La legislatura porteña aprobó una ley hecha a medida para encubrir a Mauricio Macri
El Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta completó su maniobra para dejar en manos de tribunales “amigos” las causas que afectan a Mauricio Macri y sus allegados, empezando por la del Correo Argentino. De manera irregular, hizo aprobar a la Legislatura una ley que le permite al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad revisar las sentencias dictadas por la justicia nacional.
El Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta completó su maniobra para dejar en manos de tribunales "amigos" las causas que afectan a Mauricio Macri y sus allegados, empezando por la del Correo Argentino. De manera irregular, hizo aprobar a la Legislatura una ley que le permite al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad revisar las sentencias dictadas por la justicia nacional.
 
El ex Presidente consiguió la impunidad que necesitaba ya que gracias a una ley aprobada por la legislatura, ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad podrá revisar causas que tramitan en la justicia nacional. No hay que ser un genio para darse cuenta que el principal beneficiado con esta aberración jurídica es el ex mandatario ya que ahora el tribunal superior de la Ciudad podrá revisar causas nacionales que involucran a Macri. Y el TSJ porteño responde a Macri.
 
Sin debate previo, la mayoría del PRO y sus aliados en la Legislatura porteña aprobó otorgar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad facultades sobre las sentencias nacionales. La reforma es un calco de la estrategia que sigue el Grupo Macri en la causa del Correo para evitar pagar su multimillonaria deuda con el Estado. Fueron 38 los votos a favor, contando con los de Vamos Juntos y sus aliados y 20 en contra pertenecientes al Frente de Todos y la Izquierda.
 
La Ciudad de Buenos Aires no es una Provincia sino un Municipio autónomo. No pueden, mediante una ley atribuir a su más alto Tribunal de Justicia la facultad de revisar decisiones de los tribunales nacionales, porque es inconstitucional. En cuanto ese Alto Tribunal intervenga y dicte una sentencia que suponga revisar fallos de fueros nacionales se habrá infringido la Constitución Nacional. ¿Por qué lo hacen? Para demorar ad aeternum las causas contra Macri.
 
En lo formal, el disparate que llegó al recinto por la autora del proyecto, la diputada macrista María Luisa González Estevarena aseguró que se buscó "consolidar cambios que fueron impulsados por la pandemia, pero que también hicieron una justicia más ágil".  Lucía Cámpora del Frente de Todos fue una de las voces que se enfrentó al proyecto al asegurar que el debate sobre la transferencia de competencias de la Justicia nacional a la Ciudad "no puede resolverse en la legislatura porteña, sino en el Congreso nacional". Cámpora mencionó una apelación de la empresa Repartos Ya contra un fallo de la justicia nacional en el fuero laboral que había reconocido derechos de los trabajadores de la aplicación Pedidos Ya.
 
Además mencionó las apelaciones contra resoluciones de la justicia nacional, en este caso en el fuero comercial, por las causas Correo Argentino y Socma Americana, que involucran a Marcri. "Sincérense y no bastardeen la autonomía de la Ciudad, este proyecto tiene nombre y apellido: Mauricio Macri, que nos viene estafando hace más de 20 años y quiere ser juzgado en el TSJ porteño, donde puso a todos sus amigos", afirmó. Y después los macristas hablan de República y división de poderes...
 
La Opinión Popular
 

 
LA LEGISLATURA PORTEÑA APROBÓ QUE EL MÁXIMO TRIBUNAL DE CABA PUEDA REVISAR FALLOS DE LA JUSTICIA NACIONAL
 
Una ley a medida de los intereses de la familia Macri
 
Entre chicanas e ironías, el oficialismo porteño aprobó en la Legislatura una ley que le otorga al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) la facultad de revisar sentencias dictadas por la Justicia nacional en cualquiera de sus fueros (civil, comercial, penal, contencioso administrativo, laboral o de la seguridad social). El tema llegó al recinto de prepo, sin debate previo, colado en un proyecto sobre audiencias y notificaciones digitales. Lo que implica, en realidad, es una reforma a medida de las necesidades de Mauricio Macri en la causa comercial del Correo Argentino, como anticipó Página/12.
 
De hecho, es un calco de la estrategia judicial que ya utilizó la empresa al pedir rescate a lxs supremxs porteñxs para apartar a la jueza Marta Cirulli, que ordenó la quiebra, igual que a la fiscala Gabriela Boquin, quien reveló un sinfín de irregularidades. A la vez habilita una institucionalización del fórum shopping, es decir, la posibilidad de elegir un tribunal amigo o afín. La norma obtuvo 38 votos a favor y 20 en contra.
 
La Corte Suprema tiene dos planteos pendientes sobre la cuestión. Mientras tanto, se avizoran conflictos en expedientes y organizaciones de abogadxs y magistradxs que analizan planteos de inconstitucionalidad y acciones a adoptar.
 
Justo en la semana posterior a las PASO, lxs legisladorxs que responden a Horacio Rodríguez Larreta y sus aliadxs  aprovecharon el contexto que llevaba la atención al gobierno nacional, y en un proyecto de ley sobre audiencias administrativas y judiciales virtuales que se había consensuado con el Frente de Todos, hicieron un agregado que cambiaba radicalmente el sentido de la propuesta: "Otorgarle al Tribunal Superior de Justicia las competencias que le corresponden por sobre la Justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires".
 
Esto, traducido, implica habilitar que un tribunal local se meta en las decisiones de la Justicia nacional, cuyos proyectos de reforma siempre tramitan en el Congreso de la Nación. Pero ayer desembarcó el tema para ser votado en el recinto de la Legislatura, donde el larretismo domina.
 
El TSJ, que tiene cinco miembros, responde mayoritariamente a Macri, y también a Larreta. Su presidenta, Inés Weinberg de Roca, fue la candidata fallida del expresidente para la Procuración General de la Nación. Santiago Otamendi es el exviceministro de Justicia de Germán Garavano. Marcela de Langhe fue nombrada también por el macrismo en el Instituto Superior de Seguridad Pública porteño. Luis Lozano tiene posiciones más oscilantes. Alicia Ruiz suele votar en disidencia.
 
 
La polémica
  
La autora del proyecto, María Luisa González Estevarena, se explayó sobre los cambios que trajo la pandemia para sostener el servicio de Justicia en forma remota y cuando llegó al punto crítico de la cuestión del TSJ se escudó en el argumento ya anunciado de "la autonomía" porteña.
 
Entre las voces críticas que comenzaron a llover, la legisladora Lucía Cámpora (Frente de Todos) retrucó que "bajo ningún punto de vista una discusión sobre las normas procesales de la Justicia nacional puede resolverse en el ámbito de la Legislatura porteña porque claramente es el Congreso de la Nación el que tiene la facultad" para eso. Cámpora contó que se había puesto a revisar casos donde se haya intentando la intervención del TSJ, para ver qué se busca.
 
Dijo que se encontró con: "Pedidos Ya apelando un fallo de la Justicia nacional que reconoce derechos laborales de trabajadores y trabajadoras de esa empresa. La (propia) Legislatura recurre al TSJ para contrariar una condena por discriminación laboral. ¡Con razón los laboralistas están preocupados!", exclamó.
 
Luego agregó que "la verdad de la milanesa está en el fuero comercial": "La causa Correo Argentino, y ahí es donde nos damos cuenta que este proyecto tiene nombre y apellido. Es Mauricio Macri, Socma, Correo Argentino, y garantizar la impunidad de Mauricio Macri; y cómo no va a querer que lo juzgue el TSJ si ahí puso a todos sus amigos".
 
En la misma línea, Claudia Neira (FdT) señaló: "Sólo se está creando un pantano judicial para que se hunda la causa del Correo Argentino (...) Esta norma no resuelve nada (...) ¿Qué va a suceder? Esto se dilata en el tiempo, Macri ganó tiempo. ¡Gracias diputados que le dieron un elemento más!". Pablo Almeida (FIT) sostuvo que se trata de un "artilugio" para darle atribuciones sobre la Justicia nacional a un tribunal que, recordó, "es un órgano que, con el Poder Ejecutivo de la Ciudad, ha dicho que para acceder a una vacante en la escuela pública una familia tiene que demostrar pobreza".
 
Amanda Martín (FIT) coincidió y dijo que todo se trata de "cubrir un sistema judicial que garantiza el poder del poder político" y es un "blindaje para aquellas causas que están en el limbo hace mas de 20 años, sobre estafas ligadas al expresidente". "Es un atropello que no vamos a acompañar", alegó.
 
Del lado del oficialismo, Martín Ocampo (UCR-Evolución), exministro de Seguridad porteño, intentó presentar la propuesta como una "ampliación de derechos" en supuesto beneficio de la ciudadanía y el "principio de igualdad ante la ley".
 
"Los que viven en la Ciudad de Buenos Aires, los que ejercen el comercio en la ciudad, no tienen las posibilidad de acceder a las mismas instancias judiciales que los que viven trabajan o ejercen el comercio en otras provincias", señaló. "¿Desde cuándo es una cuestión de intervención federal el divorcio de una señora o un señor de la Ciudad de Buenos Aires?", simplificó.
 
Gastón Blanchetière (Vamos Juntos) salió a respaldar esa postura con un discurso burlón, donde trataba a la oposición como si se hubiera quedado en el pasado. "Vengo del futuro", empezó su discurso. Lxs legisladorxs se interrumpían entre sí. Alguno, como Sergio Abrevaya (Gen), admitió tácitamente el favor a Macri pero dijo que "porque se sospeche de un caso no voy a dejar de votar".
 
Ocampo volvió a la carga con un argumento sorprendente: para "los trabajadores", dijo, sería una ley beneficiosa. Hasta la Cámara de Apelaciones del Trabajo había firmado una resolución, antes de la sesión, donde expresaba su "preocupación" y advertía a la Legislatura que estaría actuando "fuera de sus prerrogativas constitucionales".
 
Desde hace días, abogadas y abogados laboralistas advierten su preocupación particular. La Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio sostuvo que más allá del caso Correo, la ley votada "abre el camino para revisar los fallos de todos los fueros de la Justicia nacional que afecten a los grandes grupos económicos y, especialmente, para desarticular a la Justicia Nacional del Trabajo y dejar sin efecto los fallos de ésta que reconozcan derechos a los/as trabajadores/as".
 
En sentido similar, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas apuntó la "sospecha de crear un 'fórum shopping'" y el efecto concreto de generar "una nueva instancia para la Justicia Nacional del Trabajo, con la dilación que ello significa", para procesos que ya son extensísimos. Es una ley "contra las personas que trabajan", marcó.
 
La legisladora Cámpora detalló la lista de rechazos de asociaciones y organizaciones que comenzaron a circular desde los días previos, que incluye al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, el Frente de Abogados Populares, la lista celeste de la Asociación de Magistrados, el Sindicato de Trabajadores Judiciales, la Unión del Empleados Judiciales de la Nación, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación.
 
Esta última, por ejemplo, convocó a una reunión extraordinaria para hoy. Ya habían sacado un comunicado donde rechazaban "enfáticamente" el proyecto de Vamos Juntos que concede al TSJ atribuciones que no tiene y decían que la Legislatura no es competente.
 
"El único efecto real será prolongar indefinidamente procesos judiciales que de por sí resultan bastante extensos, generar una situación de incertidumbre general respecto de los organismos competentes para finiquitar los recursos ordinarios y dar lugar a un conflicto institucional sin precedentes", dijeron. Es posible que judicialicen el tema y planteen la inconstitucionalidad de la norma.
 
 
A imagen y semejanza
  
La ley aprobada es una herramienta que intenta dar respaldo legal a lo que ya hizo el Correo-Socma de los Macri en tribunales para seguir eludiendo la deuda millonaria que arrastran hace dos décadas. Es lo mismo con forma de ley de la Ciudad. Cuando se veían venir la declaración de quiebra del Correo --que se produjo en julio último--, le fueron a pedir al TSJ que aparte a la jueza del expediente comercial, Cirulli, y a la fiscala Boquin, la que reveló en 2017 el acuerdo "ruinoso" y "abusivo" con Macri de los dos lados del mostrador para licuar la deuda.
 
Lxs supremxs porteños aceptaron intervenir e inmiscuirse así en la Justicia nacional comercial. La Cámara Comercial rechazó esa intervención y hasta el procurador interino Eduardo Casal dictaminó que el TSJ no es competente sobre los tribunales nacionales. La discusión en este y otro expediente está pendiente en la Corte Suprema, que hoy cambia de presidente.
 
La estrategia desplegada en la Legislatura es una arista más de una forma de colonizar la Justicia que comenzó con Macri como jefe de gobierno --entre otras cosas multiplicó juzgados porteños para tener jueces y juezas propios-- y que adquirió su máxima expresión durante sus años en la Presidencia, donde el armado de tribunales propios se complementó con la persecución de rivales y un papel central de su "mesa judicial". El oficialismo porteño ha decidido darle continuidad a esa política.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
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18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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