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Nacionales - 01-10-2021 / 09:10
ABERRACIÓN JURÍDICA PARA LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN

La legislatura porteña aprobó una ley hecha a medida para encubrir a Mauricio Macri

La legislatura porteña aprobó una ley hecha a medida para encubrir a Mauricio Macri
El Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta completó su maniobra para dejar en manos de tribunales “amigos” las causas que afectan a Mauricio Macri y sus allegados, empezando por la del Correo Argentino. De manera irregular, hizo aprobar a la Legislatura una ley que le permite al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad revisar las sentencias dictadas por la justicia nacional.
El Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta completó su maniobra para dejar en manos de tribunales "amigos" las causas que afectan a Mauricio Macri y sus allegados, empezando por la del Correo Argentino. De manera irregular, hizo aprobar a la Legislatura una ley que le permite al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad revisar las sentencias dictadas por la justicia nacional.
 
El ex Presidente consiguió la impunidad que necesitaba ya que gracias a una ley aprobada por la legislatura, ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad podrá revisar causas que tramitan en la justicia nacional. No hay que ser un genio para darse cuenta que el principal beneficiado con esta aberración jurídica es el ex mandatario ya que ahora el tribunal superior de la Ciudad podrá revisar causas nacionales que involucran a Macri. Y el TSJ porteño responde a Macri.
 
Sin debate previo, la mayoría del PRO y sus aliados en la Legislatura porteña aprobó otorgar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad facultades sobre las sentencias nacionales. La reforma es un calco de la estrategia que sigue el Grupo Macri en la causa del Correo para evitar pagar su multimillonaria deuda con el Estado. Fueron 38 los votos a favor, contando con los de Vamos Juntos y sus aliados y 20 en contra pertenecientes al Frente de Todos y la Izquierda.
 
La Ciudad de Buenos Aires no es una Provincia sino un Municipio autónomo. No pueden, mediante una ley atribuir a su más alto Tribunal de Justicia la facultad de revisar decisiones de los tribunales nacionales, porque es inconstitucional. En cuanto ese Alto Tribunal intervenga y dicte una sentencia que suponga revisar fallos de fueros nacionales se habrá infringido la Constitución Nacional. ¿Por qué lo hacen? Para demorar ad aeternum las causas contra Macri.
 
En lo formal, el disparate que llegó al recinto por la autora del proyecto, la diputada macrista María Luisa González Estevarena aseguró que se buscó "consolidar cambios que fueron impulsados por la pandemia, pero que también hicieron una justicia más ágil".  Lucía Cámpora del Frente de Todos fue una de las voces que se enfrentó al proyecto al asegurar que el debate sobre la transferencia de competencias de la Justicia nacional a la Ciudad "no puede resolverse en la legislatura porteña, sino en el Congreso nacional". Cámpora mencionó una apelación de la empresa Repartos Ya contra un fallo de la justicia nacional en el fuero laboral que había reconocido derechos de los trabajadores de la aplicación Pedidos Ya.
 
Además mencionó las apelaciones contra resoluciones de la justicia nacional, en este caso en el fuero comercial, por las causas Correo Argentino y Socma Americana, que involucran a Marcri. "Sincérense y no bastardeen la autonomía de la Ciudad, este proyecto tiene nombre y apellido: Mauricio Macri, que nos viene estafando hace más de 20 años y quiere ser juzgado en el TSJ porteño, donde puso a todos sus amigos", afirmó. Y después los macristas hablan de República y división de poderes...
 
La Opinión Popular
 

 
LA LEGISLATURA PORTEÑA APROBÓ QUE EL MÁXIMO TRIBUNAL DE CABA PUEDA REVISAR FALLOS DE LA JUSTICIA NACIONAL
 
Una ley a medida de los intereses de la familia Macri
 
Entre chicanas e ironías, el oficialismo porteño aprobó en la Legislatura una ley que le otorga al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) la facultad de revisar sentencias dictadas por la Justicia nacional en cualquiera de sus fueros (civil, comercial, penal, contencioso administrativo, laboral o de la seguridad social). El tema llegó al recinto de prepo, sin debate previo, colado en un proyecto sobre audiencias y notificaciones digitales. Lo que implica, en realidad, es una reforma a medida de las necesidades de Mauricio Macri en la causa comercial del Correo Argentino, como anticipó Página/12.
 
De hecho, es un calco de la estrategia judicial que ya utilizó la empresa al pedir rescate a lxs supremxs porteñxs para apartar a la jueza Marta Cirulli, que ordenó la quiebra, igual que a la fiscala Gabriela Boquin, quien reveló un sinfín de irregularidades. A la vez habilita una institucionalización del fórum shopping, es decir, la posibilidad de elegir un tribunal amigo o afín. La norma obtuvo 38 votos a favor y 20 en contra.
 
La Corte Suprema tiene dos planteos pendientes sobre la cuestión. Mientras tanto, se avizoran conflictos en expedientes y organizaciones de abogadxs y magistradxs que analizan planteos de inconstitucionalidad y acciones a adoptar.
 
Justo en la semana posterior a las PASO, lxs legisladorxs que responden a Horacio Rodríguez Larreta y sus aliadxs  aprovecharon el contexto que llevaba la atención al gobierno nacional, y en un proyecto de ley sobre audiencias administrativas y judiciales virtuales que se había consensuado con el Frente de Todos, hicieron un agregado que cambiaba radicalmente el sentido de la propuesta: "Otorgarle al Tribunal Superior de Justicia las competencias que le corresponden por sobre la Justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires".
 
Esto, traducido, implica habilitar que un tribunal local se meta en las decisiones de la Justicia nacional, cuyos proyectos de reforma siempre tramitan en el Congreso de la Nación. Pero ayer desembarcó el tema para ser votado en el recinto de la Legislatura, donde el larretismo domina.
 
El TSJ, que tiene cinco miembros, responde mayoritariamente a Macri, y también a Larreta. Su presidenta, Inés Weinberg de Roca, fue la candidata fallida del expresidente para la Procuración General de la Nación. Santiago Otamendi es el exviceministro de Justicia de Germán Garavano. Marcela de Langhe fue nombrada también por el macrismo en el Instituto Superior de Seguridad Pública porteño. Luis Lozano tiene posiciones más oscilantes. Alicia Ruiz suele votar en disidencia.
 
 
La polémica
  
La autora del proyecto, María Luisa González Estevarena, se explayó sobre los cambios que trajo la pandemia para sostener el servicio de Justicia en forma remota y cuando llegó al punto crítico de la cuestión del TSJ se escudó en el argumento ya anunciado de "la autonomía" porteña.
 
Entre las voces críticas que comenzaron a llover, la legisladora Lucía Cámpora (Frente de Todos) retrucó que "bajo ningún punto de vista una discusión sobre las normas procesales de la Justicia nacional puede resolverse en el ámbito de la Legislatura porteña porque claramente es el Congreso de la Nación el que tiene la facultad" para eso. Cámpora contó que se había puesto a revisar casos donde se haya intentando la intervención del TSJ, para ver qué se busca.
 
Dijo que se encontró con: "Pedidos Ya apelando un fallo de la Justicia nacional que reconoce derechos laborales de trabajadores y trabajadoras de esa empresa. La (propia) Legislatura recurre al TSJ para contrariar una condena por discriminación laboral. ¡Con razón los laboralistas están preocupados!", exclamó.
 
Luego agregó que "la verdad de la milanesa está en el fuero comercial": "La causa Correo Argentino, y ahí es donde nos damos cuenta que este proyecto tiene nombre y apellido. Es Mauricio Macri, Socma, Correo Argentino, y garantizar la impunidad de Mauricio Macri; y cómo no va a querer que lo juzgue el TSJ si ahí puso a todos sus amigos".
 
En la misma línea, Claudia Neira (FdT) señaló: "Sólo se está creando un pantano judicial para que se hunda la causa del Correo Argentino (...) Esta norma no resuelve nada (...) ¿Qué va a suceder? Esto se dilata en el tiempo, Macri ganó tiempo. ¡Gracias diputados que le dieron un elemento más!". Pablo Almeida (FIT) sostuvo que se trata de un "artilugio" para darle atribuciones sobre la Justicia nacional a un tribunal que, recordó, "es un órgano que, con el Poder Ejecutivo de la Ciudad, ha dicho que para acceder a una vacante en la escuela pública una familia tiene que demostrar pobreza".
 
Amanda Martín (FIT) coincidió y dijo que todo se trata de "cubrir un sistema judicial que garantiza el poder del poder político" y es un "blindaje para aquellas causas que están en el limbo hace mas de 20 años, sobre estafas ligadas al expresidente". "Es un atropello que no vamos a acompañar", alegó.
 
Del lado del oficialismo, Martín Ocampo (UCR-Evolución), exministro de Seguridad porteño, intentó presentar la propuesta como una "ampliación de derechos" en supuesto beneficio de la ciudadanía y el "principio de igualdad ante la ley".
 
"Los que viven en la Ciudad de Buenos Aires, los que ejercen el comercio en la ciudad, no tienen las posibilidad de acceder a las mismas instancias judiciales que los que viven trabajan o ejercen el comercio en otras provincias", señaló. "¿Desde cuándo es una cuestión de intervención federal el divorcio de una señora o un señor de la Ciudad de Buenos Aires?", simplificó.
 
Gastón Blanchetière (Vamos Juntos) salió a respaldar esa postura con un discurso burlón, donde trataba a la oposición como si se hubiera quedado en el pasado. "Vengo del futuro", empezó su discurso. Lxs legisladorxs se interrumpían entre sí. Alguno, como Sergio Abrevaya (Gen), admitió tácitamente el favor a Macri pero dijo que "porque se sospeche de un caso no voy a dejar de votar".
 
Ocampo volvió a la carga con un argumento sorprendente: para "los trabajadores", dijo, sería una ley beneficiosa. Hasta la Cámara de Apelaciones del Trabajo había firmado una resolución, antes de la sesión, donde expresaba su "preocupación" y advertía a la Legislatura que estaría actuando "fuera de sus prerrogativas constitucionales".
 
Desde hace días, abogadas y abogados laboralistas advierten su preocupación particular. La Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio sostuvo que más allá del caso Correo, la ley votada "abre el camino para revisar los fallos de todos los fueros de la Justicia nacional que afecten a los grandes grupos económicos y, especialmente, para desarticular a la Justicia Nacional del Trabajo y dejar sin efecto los fallos de ésta que reconozcan derechos a los/as trabajadores/as".
 
En sentido similar, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas apuntó la "sospecha de crear un 'fórum shopping'" y el efecto concreto de generar "una nueva instancia para la Justicia Nacional del Trabajo, con la dilación que ello significa", para procesos que ya son extensísimos. Es una ley "contra las personas que trabajan", marcó.
 
La legisladora Cámpora detalló la lista de rechazos de asociaciones y organizaciones que comenzaron a circular desde los días previos, que incluye al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, el Frente de Abogados Populares, la lista celeste de la Asociación de Magistrados, el Sindicato de Trabajadores Judiciales, la Unión del Empleados Judiciales de la Nación, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación.
 
Esta última, por ejemplo, convocó a una reunión extraordinaria para hoy. Ya habían sacado un comunicado donde rechazaban "enfáticamente" el proyecto de Vamos Juntos que concede al TSJ atribuciones que no tiene y decían que la Legislatura no es competente.
 
"El único efecto real será prolongar indefinidamente procesos judiciales que de por sí resultan bastante extensos, generar una situación de incertidumbre general respecto de los organismos competentes para finiquitar los recursos ordinarios y dar lugar a un conflicto institucional sin precedentes", dijeron. Es posible que judicialicen el tema y planteen la inconstitucionalidad de la norma.
 
 
A imagen y semejanza
  
La ley aprobada es una herramienta que intenta dar respaldo legal a lo que ya hizo el Correo-Socma de los Macri en tribunales para seguir eludiendo la deuda millonaria que arrastran hace dos décadas. Es lo mismo con forma de ley de la Ciudad. Cuando se veían venir la declaración de quiebra del Correo --que se produjo en julio último--, le fueron a pedir al TSJ que aparte a la jueza del expediente comercial, Cirulli, y a la fiscala Boquin, la que reveló en 2017 el acuerdo "ruinoso" y "abusivo" con Macri de los dos lados del mostrador para licuar la deuda.
 
Lxs supremxs porteños aceptaron intervenir e inmiscuirse así en la Justicia nacional comercial. La Cámara Comercial rechazó esa intervención y hasta el procurador interino Eduardo Casal dictaminó que el TSJ no es competente sobre los tribunales nacionales. La discusión en este y otro expediente está pendiente en la Corte Suprema, que hoy cambia de presidente.
 
La estrategia desplegada en la Legislatura es una arista más de una forma de colonizar la Justicia que comenzó con Macri como jefe de gobierno --entre otras cosas multiplicó juzgados porteños para tener jueces y juezas propios-- y que adquirió su máxima expresión durante sus años en la Presidencia, donde el armado de tribunales propios se complementó con la persecución de rivales y un papel central de su "mesa judicial". El oficialismo porteño ha decidido darle continuidad a esa política.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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17-10-2021 / 11:10
El regreso a cierta normalidad revitalizará los encuentros por el Día de la Madre. La Selección dio alegría a muchos corazones, la presencia del público "cambió el aire". Embelleció las victorias, consagró para siempre a Messi, hizo ídolo al Dibu Martínez, reivindicó al Fideo di María.
 
Las movilizaciones de hoy y de mañana fueron precedidas por idas y vueltas difíciles de explicar y hasta de comprender. En una de esas los cambios atendieron a reclamos de militantes y adherentes, de gente de a pie que quería expresarse. Pudieron incidir divergencias internas, que sobreviven y cuya real magnitud se medirá después de las elecciones.
 
Como fuera, el sistema político argentino es incompleto y hasta inconcebible sin la activa y multicolor movilización popular. La movida callejera protagoniza, influye, a menudo cambia la realidad. Como mínimo, da cuenta de los reclamos, las protestas y las emociones colectivas. Jamás una marcha o un acto expresan a la totalidad pero ésta es menos inteligible sin el termómetro callejero.
 
¿Hace falta decir, lectora o lector, que este reconocimiento-elegía no equivale a endiosar específicamente las movilizaciones antes de que se concreten? Miles o millones de protagonistas le darán sentido, demarcarán rumbos, cantarán o gritarán. Harán camino al andar.
 
Como es regla, las Madres y las Abuelas dieron el primer ejemplo al suspender los actos del 24 de marzo, dos años seguidos. Ahora, la comunidad pugna por recuperar pedacitos de vida, gestos de afecto, abrazos, compañía.
 
Las convocatorias de hoy y mañana reabren una puerta. No es serio predecir qué hay "del otro lado". Seguro que es mejor, más apegado a las tradiciones populares que las restricciones que impuso la pandemia. El resto, el futuro se irá re-construyendo.
 

17-10-2021 / 10:10
El pronóstico indica que este domingo el cielo estará mayormente despejado en todo el territorio argentino, con temperaturas agradables (excepto en las zonas más australes) y sin probabilidad de lluvia. Meteorológicamente hablando será lo que el maestro Osvaldo Soriano inmortalizó en las últimas líneas de su novela No habrá más penas ni olvidos como "un día peronista". El lunes, de acuerdo a las previsiones, va a pasar lo mismo.
 
Se trata de un escenario óptimo para que el peronismo vuelva a la calle después de dos años de pandemia y en medio de una feroz avanzada de la derecha, que en el peor momento económico y social del país en dos décadas pretende imponer una agenda de ajuste ortodoxo, flexibilización laboral y devaluación del poder adquisitivo. No serán, el domingo ni el lunes, manifestaciones de apoyo al gobierno, sino más bien marchas en defensa propia.
 
Decimos "en defensa propia" en dos sentidos. Social, porque un nuevo shock como el que promueve la oposición, después de tres años de recesión y una década de estancamiento y partiendo de un 40 por ciento de pobreza hundiría a la Argentina en una crisis peor que la de comienzos de siglo. Según los números que maneja el gobierno, una devaluación del 20 por ciento del tipo de cambio oficial arrojaría dos millones de personas más a la pobreza.
 
Político, por otro lado, porque todos los dirigentes y militantes peronistas son potenciales víctimas de la persecución que anuncia la derecha si vuelve al poder. Los mecanismos del lawfare siguen intactos. Lo demostró Casación esta semana, dictaminando que Gustavo Hornos es imparcial para juzgar a Mauricio Macri luego de que el propio juez confesara ser su amigo para no explicar las asiduas visitas a Casa Rosada y Olivos.
 
Sigue siendo un misterio la predisposición del empresariado argentino para apostar a una salida consensuada de la crisis a costa de postergar por un tiempo la recomposición de sus márgenes de ganancia. Si sigue primando, en cambio, la postura de insistir en reformas laborales inviables o en la salida del cepo vía devaluación, el gobierno deberá encontrar en las calles llenas de gente este 17 y 18 de octubre el valor para hacer lo que sea necesario.
 

16-10-2021 / 07:10
Que la gestión de Mauricio Macri benefició a las distribuidoras eléctricas privadas Edenor y Edesur se supo siempre. Ahora lo confirmó un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN). En una investigación referida a la Revisión Tarifaria Integral, la AGN revela que la gestión cambiemos aprobó "costos operativos mayores a los reales", que impactó en la tarifa final que pagaron los usuarios, y que ello produjo, sin causa, "una mayor rentabilidad para las empresas".
 
Y más: entre el 28 de enero de 2016 y el 1 de febrero de 2018 el Ente Nacional Regulador de la Electricidad no cumplió con su tarea de controlar a las concesionarias de Edenor y Edesur empresas que prestan el servicio en el Área Metropolitana Buenos Aires
 
En su auditoria, la AGN detectó que resultaron "mayores a los costos reales de las distribuidoras, lo que implicó una sobreestimación de los mismos y un mayor reconocimiento a incluir en el Costo Propio de Distribución para el cálculo del cuadro tarifario".
 
Comparando los costos presentados por las empresas con sus Estados Contables, se determinó que "el Enre aprobó costos operativos un 54% superiores para Edenor y un 61% para Edesur". Estas sobreestimaciones representaron montos adicionales para las distribuidoras equivalentes a 2.200 millones de pesos para Edenor y 2.000 millones de pesos para Edesur, solventados por los usuarios en sus tarifas.
 
El relevamiento fue aprobado por los auditores generales María Graciela de la Rosa, Javier Fernández, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada, Miguel Ángel Pichetto y Alejandro Nieva y el titular del organismo Jesús Rodríguez.
 
Tal un pasaje textual del informe "estos sobre costos derivaron en una tarifa final mayor para los usuarios". Y agrega: "La fórmula para determinar las bonificaciones que debía otorgarse a los usuarios por cortes de suministro perjudicaron a los mismos con respecto a la situación previa".
 
La Auditoría también descubrió "desvíos de los planes de inversión comprometidos por parte de las distribuidoras, lo que llevó a que en los primeros dos años del quinquenio persistan los cortes de suministro".
 
Conclusión: "La Revisión Tarifaria Integral benefició a las distribuidoras en detrimento de los usuarios ya que se aprobaron costos operativos mayores a los reales, lo que impactó en la tarifa final que pagaron los usuarios y en una mayor rentabilidad para las empresas".
 
La Opinión Popular
 

16-10-2021 / 07:10
"Tendríamos que haber pagado cinco mil millones de dólares este año y 19 mil millones en el 2022 ¿qué hubieran hecho ustedes si estuvieran en el gobierno?", preguntó Leandro Santoro. "Fácil -respondió María Eugenia Vidal-- tendríamos la confianza de los organismos internacionales y hubiéramos conseguido más crédito". Endeudarse más, según la candidata de Cambiemos. La respuesta resbaló por el éter hacia algún agujero negro.
 
Vidal lo soluciona todo fácil: Nos endeudamos más y que pague Magoya a costa de la educación, la salud y la seguridad de los pobres. Así. lo único que queda de esos debates son gestos, como el de Myriam Bregman de negarse a saludar a Javier Milei, o la sonrisa escenográfica de falsa ama de casa de Vidal cuando respondía barrabasadas o afirmaciones falsas sobre sus propuestas para un tema como educación que nunca fue prioridad en los gobiernos del macrismo.
 
Al revés del discurso de falsa sonrisa, el macrismo siempre bajó los presupuestos en educación y salud, no construyó ninguna escuela cuando fue gobernadora y hasta le explotó una por falta de mantenimiento. Y en CABA con Rodríguez Larreta siempre hay déficit de vacantes en las escuelas. "CABA tiene un héroe de la pandemia que se llama Fermán Quirós", afirmó Vidal, cuando Quirós no hubiera podido vacunar a nadie si no fuera por el enorme esfuerzo del gobierno nacional para conseguir las vacunas a pesar de los obstáculos y las críticas permanentes del macrismo.
 
Eso fue el debate estelar de esta semana durante el cual Leandro Santoro, el candidato del Frente de Todos, se mantuvo sobrio y con más consistencia que Vidal. Bregman sobresalió por su gesto con un Milei que está formateado para gritar solo, pero hace agua en un debate. Imposible que el debate haya aclarado algo a los porteños o que haya movido el amperímetro.
 
Un acto de exposición de ideas entre los candidatos --que tiene un fundamento democrático-- está tan intermediado por la lógica mediática que se convierte en un festival guionado donde los contenidos pasan a un lugar muy secundario.
 

15-10-2021 / 10:10
Superada la etapa "fiscalista" a la que el kirchnerismo adjudica la derrota en las PASO, y luego de los anuncios que volcarán casi medio punto del PBI a los bolsillos de la clase media y baja, lo que determinará ahora el carácter progresivo o regresivo del rebote post-pandemia es el éxito que tenga el Gobierno en el combate contra la inflación.
 
Si sigue como en septiembre, de vuelta arriba del 50% interanual, se va a hacer realidad el peor vaticinio de Cristina Fernández en aquel discurso platense de fines del año pasado: que el crecimiento "se lo queden tres o cuatro vivos nada más". Para evitarlo, la vicepresidenta dijo aquella vez que había que "alinear salarios y jubilaciones, obviamente, precios, sobre todo los de los alimentos y tarifas". Por ahora no lo logró.
 
Es la misión que le encomendaron al flamante secretario de Comercio, Roberto Feletti, quien ayer avisó a supermercadistas que el mecanismo de seguimiento va a cambiar respecto del que llevaba adelante Paula Español.
 
La guardiana eyectada no pudo resistir la presión del 3,5% de inflación de septiembre, por encima de los peores pronósticos. En las últimas semanas venía hablando pestes de su jefe en los papeles, Matías Kulfas, quien de todos modos tampoco festejó su desplazamiento porque con su sucesor aterrizó la exministra Débora Giorgi, con quien nunca congenió.
 
La negociación con el FMI, donde se juega el futuro inmediato del país, la llevará adelante durante los próximos tres meses ese oficialismo lastimado en su legitimidad, urgido por los vencimientos, presionado por el empresariado y sin unanimidad respecto de qué es aceptable socialmente firmar.
 
Todo va a acelerar después de las elecciones de noviembre. Pero si lo que se firma es lo que está en los borradores, en 2026 va a haber vencimientos por más de la mitad de las reservas brutas del Banco Central.
 
Es algo que el Guzmán académico difícilmente podría definir como sostenible. Hasta ese momento, sin embargo, un sector del establishment coincide con parte del oficialismo y parte de la oposición en que puede recrearse un modelo de alto crecimiento con inversión alta y salarios modestos. Parecido al de Néstor Kirchner. El obstáculo es que hay mucho menos para repartir. Y una deuda mucho más cuantiosa.
 

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