Macri, prohibido por la ley. El hermano de Mauricio, fraguó los requisitos contenidos en la ley de blanqueo de capitales sancionada por el Congreso en 2016 para declarar como propio un "trust" (equivalente a un fideicomiso) radicado en una guarida fiscal que en realidad pertenecía a la madre, quien estaba impedida por la ley de acceder a esa amnistía fiscal.
 
Según la investigación, Alicia Blanco Villegas era la principal beneficiaria de los fondos y las rentas de "Quiñel Trust", un fideicomiso creado a fines de 2000 de acuerdo a las leyes del Principado de Liechtenstein, considerado un paraíso fiscal de solo 160 kilómetros cuadrados ubicado entre Austria y Suiza.
 
El dato surge de documentación obrante en Liechtenstein y la propia viuda de Franco Macri lo terminó reconociendo al explicar que en 2020, cuando Gianfranco mudó su domicilio fiscal a Uruguay para evitar ser alcanzado por la AFIP cuando Mauricio dejó la presidencia, ella poseía la administración y los activos del "trust".
 
El problema central que explica la maniobra se encuentra en el Artículo 83 de la Ley que contenía la Reparación Histórica para jubilados. Quedaban expresamente excluidos de los beneficios los 'cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados' de los funcionarios. Esos son los motivos que llevaron a la familia a declarar ese fideicomiso como propiedad del hermano Gianfranco.
 
Según los investigadores de la causa que tramita en el fuero penal económico, el monto blanqueado rondaría los 25 millones de dólares, que representan casi un 60 por ciento del volumen total que Gianfranco declaró como propio en sus presentaciones para acogerse al blanqueo.
 
¿El clan Macri es una familia dedicada al delito? ¿Los 25 millones de dólares, que la madre de Mauricio tenía en negro, son producto de la evasión y el lavado? ¿Votaron la Reparación Jubilatoria solo para blanquear la plata negra de los Macri? ¿Por qué no dicen nada de esto los grandes medios porteños?
 
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Nacionales - 29-09-2021 / 11:09
UNA MANIOBRA PROHIBIDA POR LA LEY PERO PROTEGIDA POR EL BLINDAJE MEDIÁTICO PORTEÑO

Gianfranco y el blanqueo trucho de la familia Macri

Gianfranco y el blanqueo trucho de la familia Macri
La Justicia investiga al hermano del expresidente por el blanqueo de cuentas en el exterior cuya beneficiaria sería Alicia Blanco Villegas, madre de Mauricio, que se encontraba impedida de acceder a ese beneficio. En las imágenes: Alicia Blanco Villegas, Gianfranco y Mauricio Macri, acusados de evasión fiscal.
Gianfranco Macri 'blanqueó' un fideicomiso de la madre de Macri, prohibido por la ley. El hermano de Mauricio, fraguó los requisitos contenidos en la ley de blanqueo de capitales sancionada por el Congreso en 2016 para declarar como propio un "trust" (equivalente a un fideicomiso) radicado en una guarida fiscal que en realidad pertenecía a la madre, quien estaba impedida por la ley de acceder a esa amnistía fiscal.
 
Según la investigación, Alicia Blanco Villegas era la principal beneficiaria de los fondos y las rentas de "Quiñel Trust", un fideicomiso creado a fines de 2000 de acuerdo a las leyes del Principado de Liechtenstein, considerado un paraíso fiscal de solo 160 kilómetros cuadrados ubicado entre Austria y Suiza.
 
El dato surge de documentación obrante en Liechtenstein y la propia viuda de Franco Macri lo terminó reconociendo al explicar que en 2020, cuando Gianfranco mudó su domicilio fiscal a Uruguay para evitar ser alcanzado por la AFIP cuando Mauricio dejó la presidencia, ella poseía la administración y los activos del "trust".
 
El problema central que explica la maniobra se encuentra en el Artículo 83 de la Ley que contenía la Reparación Histórica para jubilados. Quedaban expresamente excluidos de los beneficios los 'cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados' de los funcionarios. Esos son los motivos que llevaron a la familia a declarar ese fideicomiso como propiedad del hermano Gianfranco.
 
Según los investigadores de la causa que tramita en el fuero penal económico, el monto blanqueado rondaría los 25 millones de dólares, que representan casi un 60 por ciento del volumen total que Gianfranco declaró como propio en sus presentaciones para acogerse al blanqueo.
 
¿El clan Macri es una familia dedicada al delito? ¿Los 25 millones de dólares, que la madre de Mauricio tenía en negro, son producto de la evasión y el lavado? ¿Votaron la Reparación Jubilatoria solo para blanquear la plata negra de los Macri? ¿Por qué no dicen nada de esto los grandes medios porteños?
 
La Opinión Popular
 

 
Quiñel Trust es el nombre del fideicomiso que fue creado el 29 de noviembre de 2000, de acuerdo a las leyes del Principado de Liechtenstein, un paraíso fiscal de solo 160 kilómetros cuadrados, ubicado entre Austria y Suiza. Quiñel posee el 100% de las acciones de Reata Pacific Ltd, BVI, que a su vez era titular de dos cuentas bancarias. Los derechos del fiduciante estaban administrados por el Credit Suisse Trust AG, en nombre de Alicia Beatriz Blanco Villegas, con quien figura un contrato firmado. La primera esposa de Franco Macri es la madre de Mauricio, Gianfranco y Mariano, y según su estatuto, la principal beneficiaria de los fondos y las rentas del mismo.
 
 
Artilugio
 
Pero no fue ella quien lo declaró sino uno de los denominados «segundos beneficiarios», que de acuerdo al reglamento, solo podría actuar en nombre de su madre en caso de fallecimiento o incapacidad. Nada de eso ocurrió, sino que se utilizó un artilugio para que, a través de una persona interpuesta, esos activos no declarados pudieran ingresar al patrimonio de los involucrados, sin levantar sospechas.
 
De acuerdo a la documentación, Blanco Villegas era la única e ilimitada beneficiaria del Trust, y en caso de su muerte, un 70% correspondía a sus hijos y el 30% restante a sus nietos.
 
Pero el dato saliente es que la propia Blanco Villegas lo terminó reconociendo, al explicar que cuando su hijo Gianfranco mudó su domicilio fiscal a Uruguay -para evitar ser alcanzado por la AFIP cuando su hermano dejó la presidencia- ella poseía la administración y control de los activos del Trust, los que fueron incorporados a su declaración de Ganancias y de Bienes Personales. Pero su incorporación, fue recién en 2020, tres años después de que Gianfranco los ingresara al blanqueo de la Ley 27.260 como propios.
 
La mujer, adujo que simplemente se trató de un «cambio» de contribuyente. Las autoridades solicitaron a Gianfranco que explique por qué incluyó esas cuentas en la exteriorización que hizo, amparado por la norma. Todavía no respondió.
 
 
Impedida
  
La ley que contenía la Reparación Histórica para jubilados excluía expresamente de los beneficios a «los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados» de los funcionarios. Blanco Villegas es la madre del entonces Presidente que impulsó el blanqueo.
 
Pero Gianfranco nunca pudo haber perfeccionado esa exteriorización de Quiñel Trust porque la propia ley especificaba que solo se podía declarar ante la AFIP las tenencias de moneda y bienes que figuraran como pertenecientes a las sociedades, fideicomisos en el exterior «cuya titularidad o beneficio les correspondiera al 31 de diciembre de 2015, inclusive». La operatoria tampoco encontraba justificación en el decreto con el que Macri trató de atemperar el ingreso de familiares al blanqueo.
 
Así planteado, la justicia investiga ahora si con estos hallazgos, Gianfranco Macri habría blanqueado cuentas en el exterior de un fideicomiso del cual Blanco Villegas era titular beneficiaria, que por ser la madre de Mauricio Macri se encontraba impedida de acceder al régimen de exteriorización.
 
Cuando Gianfranco abandonó la residencia fiscal argentina, los activos volvieron a ser declarados en el patrimonio de la madre del expresidente. Un escándalo que puede dar un giro a un expediente que venía aletargado desde que el nombre Macri irrumpió en Panamá Papers y parte de las pruebas de dinero no declarado y la creación de un entramado offshore con el cual el clan operaban sus negocios fue intentado cargar a la cuenta de un ya convaleciente Franco Macri.
 
 
Causas
  
Esta información se incorporó a un desprendimiento de la causa de Panamá Papers, a cargo del juez Diego Amarante. El descubrimiento de esta maniobra pone en crisis un intento de sobreseimiento prematuro que había sido intentado por el fiscal subrogante Germán Bincaz, que sostenía la extinción de la acción penal porque la AFIP había validado, a través de las formalidades de rigor, el ingreso el 23 de diciembre de 2016 de Gianfranco Macri al sinceramiento fiscal en los términos de la Ley 27.260.
 
Por esto, había dictaminado por el sobreseimiento de los imputados, sobre los que pesaba la sospecha de no ser los titulares de las empresas que habían sido «blanqueadas». La sociedad bajo sospecha ante infracciones a la Ley Penal Tributaria era BF Corporation SA, con activos en el Banco Safra de Suiza.
 
Tanto Gianfranco como su hermano Mariano estaban investigados por evasión fiscal a partir de la radicación de empresas off shore en extrañas jurisdicciones con sistemas de intercambio de información restrictivos. Por todos los medios, el hermano del expresidente había intentado clausurar la pesquisa.
 
En hechos que eran conocidos, no solo BF estaba en la mira, sino EQT SA, radicada en Uruguay. Para el fiscal Bincaz no está corroborado que ambas compañías operaran para Socma bajo el control de Franco Macri, quien a 2012 había cedido el paquete accionario de la controlante y la cuenta bancaria sospechosa abierta en Alemania a fines de ese año con transferencias al banco suizo en 2015.
 
Lo que subyace es que tampoco aquí se conoce la titularidad real de los activos bajo investigación. En octubre de 2020, Amarante había ordenado examinar las titularidades del patrimonio para saber si había correspondencia con quienes lo blanquearon. Hubo expresas sospechas en la justicia de la manipulación de las titularidades.
 
 
Y hay más
  
La causa judicial se originó a partir de la denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y hubo información aportada por la fiscalía de Hamburgo al Ministerio Público Fiscal de Argentina por operaciones sospechosas relativas a BF Corporation. La investigación disparó pedidos de información a Panamá, Suiza, Islas Vírgenes Británicas y también a Liechtenstein.
 
Quiñel Trust no es lo único que ha llamado la atención a los investigadores. Gianfranco Macri incluyó en el blanqueo a la firma Wanama Capital Inc. En el formulario habría consignado que contaba con el consentimiento de Franco. Otra sospecha más de que podría haber intentado blanquear una sociedad que pertenecía a su padre, impedido por su relación con el entonces presidente Mauricio Macri. Todos estos datos eran, hasta hoy, desconocidos.
 
Por Gabriel Morini
 
Fuente: Ámbito Financiero
 

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21-02-2026 / 10:02
Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.
 
El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.
 
En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".
 
Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.
 
El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.
 
La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.
 
Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.
 
En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.
 
Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.
 

20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
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17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
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