Macri, prohibido por la ley. El hermano de Mauricio, fraguó los requisitos contenidos en la ley de blanqueo de capitales sancionada por el Congreso en 2016 para declarar como propio un "trust" (equivalente a un fideicomiso) radicado en una guarida fiscal que en realidad pertenecía a la madre, quien estaba impedida por la ley de acceder a esa amnistía fiscal.
 
Según la investigación, Alicia Blanco Villegas era la principal beneficiaria de los fondos y las rentas de "Quiñel Trust", un fideicomiso creado a fines de 2000 de acuerdo a las leyes del Principado de Liechtenstein, considerado un paraíso fiscal de solo 160 kilómetros cuadrados ubicado entre Austria y Suiza.
 
El dato surge de documentación obrante en Liechtenstein y la propia viuda de Franco Macri lo terminó reconociendo al explicar que en 2020, cuando Gianfranco mudó su domicilio fiscal a Uruguay para evitar ser alcanzado por la AFIP cuando Mauricio dejó la presidencia, ella poseía la administración y los activos del "trust".
 
El problema central que explica la maniobra se encuentra en el Artículo 83 de la Ley que contenía la Reparación Histórica para jubilados. Quedaban expresamente excluidos de los beneficios los 'cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados' de los funcionarios. Esos son los motivos que llevaron a la familia a declarar ese fideicomiso como propiedad del hermano Gianfranco.
 
Según los investigadores de la causa que tramita en el fuero penal económico, el monto blanqueado rondaría los 25 millones de dólares, que representan casi un 60 por ciento del volumen total que Gianfranco declaró como propio en sus presentaciones para acogerse al blanqueo.
 
¿El clan Macri es una familia dedicada al delito? ¿Los 25 millones de dólares, que la madre de Mauricio tenía en negro, son producto de la evasión y el lavado? ¿Votaron la Reparación Jubilatoria solo para blanquear la plata negra de los Macri? ¿Por qué no dicen nada de esto los grandes medios porteños?
 
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Nacionales - 29-09-2021 / 11:09
UNA MANIOBRA PROHIBIDA POR LA LEY PERO PROTEGIDA POR EL BLINDAJE MEDIÁTICO PORTEÑO

Gianfranco y el blanqueo trucho de la familia Macri

Gianfranco y el blanqueo trucho de la familia Macri
La Justicia investiga al hermano del expresidente por el blanqueo de cuentas en el exterior cuya beneficiaria sería Alicia Blanco Villegas, madre de Mauricio, que se encontraba impedida de acceder a ese beneficio. En las imágenes: Alicia Blanco Villegas, Gianfranco y Mauricio Macri, acusados de evasión fiscal.
Gianfranco Macri 'blanqueó' un fideicomiso de la madre de Macri, prohibido por la ley. El hermano de Mauricio, fraguó los requisitos contenidos en la ley de blanqueo de capitales sancionada por el Congreso en 2016 para declarar como propio un "trust" (equivalente a un fideicomiso) radicado en una guarida fiscal que en realidad pertenecía a la madre, quien estaba impedida por la ley de acceder a esa amnistía fiscal.
 
Según la investigación, Alicia Blanco Villegas era la principal beneficiaria de los fondos y las rentas de "Quiñel Trust", un fideicomiso creado a fines de 2000 de acuerdo a las leyes del Principado de Liechtenstein, considerado un paraíso fiscal de solo 160 kilómetros cuadrados ubicado entre Austria y Suiza.
 
El dato surge de documentación obrante en Liechtenstein y la propia viuda de Franco Macri lo terminó reconociendo al explicar que en 2020, cuando Gianfranco mudó su domicilio fiscal a Uruguay para evitar ser alcanzado por la AFIP cuando Mauricio dejó la presidencia, ella poseía la administración y los activos del "trust".
 
El problema central que explica la maniobra se encuentra en el Artículo 83 de la Ley que contenía la Reparación Histórica para jubilados. Quedaban expresamente excluidos de los beneficios los 'cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados' de los funcionarios. Esos son los motivos que llevaron a la familia a declarar ese fideicomiso como propiedad del hermano Gianfranco.
 
Según los investigadores de la causa que tramita en el fuero penal económico, el monto blanqueado rondaría los 25 millones de dólares, que representan casi un 60 por ciento del volumen total que Gianfranco declaró como propio en sus presentaciones para acogerse al blanqueo.
 
¿El clan Macri es una familia dedicada al delito? ¿Los 25 millones de dólares, que la madre de Mauricio tenía en negro, son producto de la evasión y el lavado? ¿Votaron la Reparación Jubilatoria solo para blanquear la plata negra de los Macri? ¿Por qué no dicen nada de esto los grandes medios porteños?
 
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Quiñel Trust es el nombre del fideicomiso que fue creado el 29 de noviembre de 2000, de acuerdo a las leyes del Principado de Liechtenstein, un paraíso fiscal de solo 160 kilómetros cuadrados, ubicado entre Austria y Suiza. Quiñel posee el 100% de las acciones de Reata Pacific Ltd, BVI, que a su vez era titular de dos cuentas bancarias. Los derechos del fiduciante estaban administrados por el Credit Suisse Trust AG, en nombre de Alicia Beatriz Blanco Villegas, con quien figura un contrato firmado. La primera esposa de Franco Macri es la madre de Mauricio, Gianfranco y Mariano, y según su estatuto, la principal beneficiaria de los fondos y las rentas del mismo.
 
 
Artilugio
 
Pero no fue ella quien lo declaró sino uno de los denominados «segundos beneficiarios», que de acuerdo al reglamento, solo podría actuar en nombre de su madre en caso de fallecimiento o incapacidad. Nada de eso ocurrió, sino que se utilizó un artilugio para que, a través de una persona interpuesta, esos activos no declarados pudieran ingresar al patrimonio de los involucrados, sin levantar sospechas.
 
De acuerdo a la documentación, Blanco Villegas era la única e ilimitada beneficiaria del Trust, y en caso de su muerte, un 70% correspondía a sus hijos y el 30% restante a sus nietos.
 
Pero el dato saliente es que la propia Blanco Villegas lo terminó reconociendo, al explicar que cuando su hijo Gianfranco mudó su domicilio fiscal a Uruguay -para evitar ser alcanzado por la AFIP cuando su hermano dejó la presidencia- ella poseía la administración y control de los activos del Trust, los que fueron incorporados a su declaración de Ganancias y de Bienes Personales. Pero su incorporación, fue recién en 2020, tres años después de que Gianfranco los ingresara al blanqueo de la Ley 27.260 como propios.
 
La mujer, adujo que simplemente se trató de un «cambio» de contribuyente. Las autoridades solicitaron a Gianfranco que explique por qué incluyó esas cuentas en la exteriorización que hizo, amparado por la norma. Todavía no respondió.
 
 
Impedida
  
La ley que contenía la Reparación Histórica para jubilados excluía expresamente de los beneficios a «los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados» de los funcionarios. Blanco Villegas es la madre del entonces Presidente que impulsó el blanqueo.
 
Pero Gianfranco nunca pudo haber perfeccionado esa exteriorización de Quiñel Trust porque la propia ley especificaba que solo se podía declarar ante la AFIP las tenencias de moneda y bienes que figuraran como pertenecientes a las sociedades, fideicomisos en el exterior «cuya titularidad o beneficio les correspondiera al 31 de diciembre de 2015, inclusive». La operatoria tampoco encontraba justificación en el decreto con el que Macri trató de atemperar el ingreso de familiares al blanqueo.
 
Así planteado, la justicia investiga ahora si con estos hallazgos, Gianfranco Macri habría blanqueado cuentas en el exterior de un fideicomiso del cual Blanco Villegas era titular beneficiaria, que por ser la madre de Mauricio Macri se encontraba impedida de acceder al régimen de exteriorización.
 
Cuando Gianfranco abandonó la residencia fiscal argentina, los activos volvieron a ser declarados en el patrimonio de la madre del expresidente. Un escándalo que puede dar un giro a un expediente que venía aletargado desde que el nombre Macri irrumpió en Panamá Papers y parte de las pruebas de dinero no declarado y la creación de un entramado offshore con el cual el clan operaban sus negocios fue intentado cargar a la cuenta de un ya convaleciente Franco Macri.
 
 
Causas
  
Esta información se incorporó a un desprendimiento de la causa de Panamá Papers, a cargo del juez Diego Amarante. El descubrimiento de esta maniobra pone en crisis un intento de sobreseimiento prematuro que había sido intentado por el fiscal subrogante Germán Bincaz, que sostenía la extinción de la acción penal porque la AFIP había validado, a través de las formalidades de rigor, el ingreso el 23 de diciembre de 2016 de Gianfranco Macri al sinceramiento fiscal en los términos de la Ley 27.260.
 
Por esto, había dictaminado por el sobreseimiento de los imputados, sobre los que pesaba la sospecha de no ser los titulares de las empresas que habían sido «blanqueadas». La sociedad bajo sospecha ante infracciones a la Ley Penal Tributaria era BF Corporation SA, con activos en el Banco Safra de Suiza.
 
Tanto Gianfranco como su hermano Mariano estaban investigados por evasión fiscal a partir de la radicación de empresas off shore en extrañas jurisdicciones con sistemas de intercambio de información restrictivos. Por todos los medios, el hermano del expresidente había intentado clausurar la pesquisa.
 
En hechos que eran conocidos, no solo BF estaba en la mira, sino EQT SA, radicada en Uruguay. Para el fiscal Bincaz no está corroborado que ambas compañías operaran para Socma bajo el control de Franco Macri, quien a 2012 había cedido el paquete accionario de la controlante y la cuenta bancaria sospechosa abierta en Alemania a fines de ese año con transferencias al banco suizo en 2015.
 
Lo que subyace es que tampoco aquí se conoce la titularidad real de los activos bajo investigación. En octubre de 2020, Amarante había ordenado examinar las titularidades del patrimonio para saber si había correspondencia con quienes lo blanquearon. Hubo expresas sospechas en la justicia de la manipulación de las titularidades.
 
 
Y hay más
  
La causa judicial se originó a partir de la denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y hubo información aportada por la fiscalía de Hamburgo al Ministerio Público Fiscal de Argentina por operaciones sospechosas relativas a BF Corporation. La investigación disparó pedidos de información a Panamá, Suiza, Islas Vírgenes Británicas y también a Liechtenstein.
 
Quiñel Trust no es lo único que ha llamado la atención a los investigadores. Gianfranco Macri incluyó en el blanqueo a la firma Wanama Capital Inc. En el formulario habría consignado que contaba con el consentimiento de Franco. Otra sospecha más de que podría haber intentado blanquear una sociedad que pertenecía a su padre, impedido por su relación con el entonces presidente Mauricio Macri. Todos estos datos eran, hasta hoy, desconocidos.
 
Por Gabriel Morini
 
Fuente: Ámbito Financiero
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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