Macri, prohibido por la ley. El hermano de Mauricio, fraguó los requisitos contenidos en la ley de blanqueo de capitales sancionada por el Congreso en 2016 para declarar como propio un "trust" (equivalente a un fideicomiso) radicado en una guarida fiscal que en realidad pertenecía a la madre, quien estaba impedida por la ley de acceder a esa amnistía fiscal.
 
Según la investigación, Alicia Blanco Villegas era la principal beneficiaria de los fondos y las rentas de "Quiñel Trust", un fideicomiso creado a fines de 2000 de acuerdo a las leyes del Principado de Liechtenstein, considerado un paraíso fiscal de solo 160 kilómetros cuadrados ubicado entre Austria y Suiza.
 
El dato surge de documentación obrante en Liechtenstein y la propia viuda de Franco Macri lo terminó reconociendo al explicar que en 2020, cuando Gianfranco mudó su domicilio fiscal a Uruguay para evitar ser alcanzado por la AFIP cuando Mauricio dejó la presidencia, ella poseía la administración y los activos del "trust".
 
El problema central que explica la maniobra se encuentra en el Artículo 83 de la Ley que contenía la Reparación Histórica para jubilados. Quedaban expresamente excluidos de los beneficios los 'cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados' de los funcionarios. Esos son los motivos que llevaron a la familia a declarar ese fideicomiso como propiedad del hermano Gianfranco.
 
Según los investigadores de la causa que tramita en el fuero penal económico, el monto blanqueado rondaría los 25 millones de dólares, que representan casi un 60 por ciento del volumen total que Gianfranco declaró como propio en sus presentaciones para acogerse al blanqueo.
 
¿El clan Macri es una familia dedicada al delito? ¿Los 25 millones de dólares, que la madre de Mauricio tenía en negro, son producto de la evasión y el lavado? ¿Votaron la Reparación Jubilatoria solo para blanquear la plata negra de los Macri? ¿Por qué no dicen nada de esto los grandes medios porteños?
 
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Nacionales - 29-09-2021 / 11:09
UNA MANIOBRA PROHIBIDA POR LA LEY PERO PROTEGIDA POR EL BLINDAJE MEDIÁTICO PORTEÑO

Gianfranco y el blanqueo trucho de la familia Macri

Gianfranco y el blanqueo trucho de la familia Macri
La Justicia investiga al hermano del expresidente por el blanqueo de cuentas en el exterior cuya beneficiaria sería Alicia Blanco Villegas, madre de Mauricio, que se encontraba impedida de acceder a ese beneficio. En las imágenes: Alicia Blanco Villegas, Gianfranco y Mauricio Macri, acusados de evasión fiscal.
Gianfranco Macri 'blanqueó' un fideicomiso de la madre de Macri, prohibido por la ley. El hermano de Mauricio, fraguó los requisitos contenidos en la ley de blanqueo de capitales sancionada por el Congreso en 2016 para declarar como propio un "trust" (equivalente a un fideicomiso) radicado en una guarida fiscal que en realidad pertenecía a la madre, quien estaba impedida por la ley de acceder a esa amnistía fiscal.
 
Según la investigación, Alicia Blanco Villegas era la principal beneficiaria de los fondos y las rentas de "Quiñel Trust", un fideicomiso creado a fines de 2000 de acuerdo a las leyes del Principado de Liechtenstein, considerado un paraíso fiscal de solo 160 kilómetros cuadrados ubicado entre Austria y Suiza.
 
El dato surge de documentación obrante en Liechtenstein y la propia viuda de Franco Macri lo terminó reconociendo al explicar que en 2020, cuando Gianfranco mudó su domicilio fiscal a Uruguay para evitar ser alcanzado por la AFIP cuando Mauricio dejó la presidencia, ella poseía la administración y los activos del "trust".
 
El problema central que explica la maniobra se encuentra en el Artículo 83 de la Ley que contenía la Reparación Histórica para jubilados. Quedaban expresamente excluidos de los beneficios los 'cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados' de los funcionarios. Esos son los motivos que llevaron a la familia a declarar ese fideicomiso como propiedad del hermano Gianfranco.
 
Según los investigadores de la causa que tramita en el fuero penal económico, el monto blanqueado rondaría los 25 millones de dólares, que representan casi un 60 por ciento del volumen total que Gianfranco declaró como propio en sus presentaciones para acogerse al blanqueo.
 
¿El clan Macri es una familia dedicada al delito? ¿Los 25 millones de dólares, que la madre de Mauricio tenía en negro, son producto de la evasión y el lavado? ¿Votaron la Reparación Jubilatoria solo para blanquear la plata negra de los Macri? ¿Por qué no dicen nada de esto los grandes medios porteños?
 
La Opinión Popular
 

 
Quiñel Trust es el nombre del fideicomiso que fue creado el 29 de noviembre de 2000, de acuerdo a las leyes del Principado de Liechtenstein, un paraíso fiscal de solo 160 kilómetros cuadrados, ubicado entre Austria y Suiza. Quiñel posee el 100% de las acciones de Reata Pacific Ltd, BVI, que a su vez era titular de dos cuentas bancarias. Los derechos del fiduciante estaban administrados por el Credit Suisse Trust AG, en nombre de Alicia Beatriz Blanco Villegas, con quien figura un contrato firmado. La primera esposa de Franco Macri es la madre de Mauricio, Gianfranco y Mariano, y según su estatuto, la principal beneficiaria de los fondos y las rentas del mismo.
 
 
Artilugio
 
Pero no fue ella quien lo declaró sino uno de los denominados «segundos beneficiarios», que de acuerdo al reglamento, solo podría actuar en nombre de su madre en caso de fallecimiento o incapacidad. Nada de eso ocurrió, sino que se utilizó un artilugio para que, a través de una persona interpuesta, esos activos no declarados pudieran ingresar al patrimonio de los involucrados, sin levantar sospechas.
 
De acuerdo a la documentación, Blanco Villegas era la única e ilimitada beneficiaria del Trust, y en caso de su muerte, un 70% correspondía a sus hijos y el 30% restante a sus nietos.
 
Pero el dato saliente es que la propia Blanco Villegas lo terminó reconociendo, al explicar que cuando su hijo Gianfranco mudó su domicilio fiscal a Uruguay -para evitar ser alcanzado por la AFIP cuando su hermano dejó la presidencia- ella poseía la administración y control de los activos del Trust, los que fueron incorporados a su declaración de Ganancias y de Bienes Personales. Pero su incorporación, fue recién en 2020, tres años después de que Gianfranco los ingresara al blanqueo de la Ley 27.260 como propios.
 
La mujer, adujo que simplemente se trató de un «cambio» de contribuyente. Las autoridades solicitaron a Gianfranco que explique por qué incluyó esas cuentas en la exteriorización que hizo, amparado por la norma. Todavía no respondió.
 
 
Impedida
  
La ley que contenía la Reparación Histórica para jubilados excluía expresamente de los beneficios a «los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados» de los funcionarios. Blanco Villegas es la madre del entonces Presidente que impulsó el blanqueo.
 
Pero Gianfranco nunca pudo haber perfeccionado esa exteriorización de Quiñel Trust porque la propia ley especificaba que solo se podía declarar ante la AFIP las tenencias de moneda y bienes que figuraran como pertenecientes a las sociedades, fideicomisos en el exterior «cuya titularidad o beneficio les correspondiera al 31 de diciembre de 2015, inclusive». La operatoria tampoco encontraba justificación en el decreto con el que Macri trató de atemperar el ingreso de familiares al blanqueo.
 
Así planteado, la justicia investiga ahora si con estos hallazgos, Gianfranco Macri habría blanqueado cuentas en el exterior de un fideicomiso del cual Blanco Villegas era titular beneficiaria, que por ser la madre de Mauricio Macri se encontraba impedida de acceder al régimen de exteriorización.
 
Cuando Gianfranco abandonó la residencia fiscal argentina, los activos volvieron a ser declarados en el patrimonio de la madre del expresidente. Un escándalo que puede dar un giro a un expediente que venía aletargado desde que el nombre Macri irrumpió en Panamá Papers y parte de las pruebas de dinero no declarado y la creación de un entramado offshore con el cual el clan operaban sus negocios fue intentado cargar a la cuenta de un ya convaleciente Franco Macri.
 
 
Causas
  
Esta información se incorporó a un desprendimiento de la causa de Panamá Papers, a cargo del juez Diego Amarante. El descubrimiento de esta maniobra pone en crisis un intento de sobreseimiento prematuro que había sido intentado por el fiscal subrogante Germán Bincaz, que sostenía la extinción de la acción penal porque la AFIP había validado, a través de las formalidades de rigor, el ingreso el 23 de diciembre de 2016 de Gianfranco Macri al sinceramiento fiscal en los términos de la Ley 27.260.
 
Por esto, había dictaminado por el sobreseimiento de los imputados, sobre los que pesaba la sospecha de no ser los titulares de las empresas que habían sido «blanqueadas». La sociedad bajo sospecha ante infracciones a la Ley Penal Tributaria era BF Corporation SA, con activos en el Banco Safra de Suiza.
 
Tanto Gianfranco como su hermano Mariano estaban investigados por evasión fiscal a partir de la radicación de empresas off shore en extrañas jurisdicciones con sistemas de intercambio de información restrictivos. Por todos los medios, el hermano del expresidente había intentado clausurar la pesquisa.
 
En hechos que eran conocidos, no solo BF estaba en la mira, sino EQT SA, radicada en Uruguay. Para el fiscal Bincaz no está corroborado que ambas compañías operaran para Socma bajo el control de Franco Macri, quien a 2012 había cedido el paquete accionario de la controlante y la cuenta bancaria sospechosa abierta en Alemania a fines de ese año con transferencias al banco suizo en 2015.
 
Lo que subyace es que tampoco aquí se conoce la titularidad real de los activos bajo investigación. En octubre de 2020, Amarante había ordenado examinar las titularidades del patrimonio para saber si había correspondencia con quienes lo blanquearon. Hubo expresas sospechas en la justicia de la manipulación de las titularidades.
 
 
Y hay más
  
La causa judicial se originó a partir de la denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y hubo información aportada por la fiscalía de Hamburgo al Ministerio Público Fiscal de Argentina por operaciones sospechosas relativas a BF Corporation. La investigación disparó pedidos de información a Panamá, Suiza, Islas Vírgenes Británicas y también a Liechtenstein.
 
Quiñel Trust no es lo único que ha llamado la atención a los investigadores. Gianfranco Macri incluyó en el blanqueo a la firma Wanama Capital Inc. En el formulario habría consignado que contaba con el consentimiento de Franco. Otra sospecha más de que podría haber intentado blanquear una sociedad que pertenecía a su padre, impedido por su relación con el entonces presidente Mauricio Macri. Todos estos datos eran, hasta hoy, desconocidos.
 
Por Gabriel Morini
 
Fuente: Ámbito Financiero
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
La Opinión Popular
 

16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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