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Nacionales - 25-09-2021 / 10:09
DEGRADACIÓN DE LA POLÍTICA

Insultos de Luis Juez y acusaciones de Elisa Carrió como eje de la acción opositora

Insultos de Luis Juez y acusaciones de Elisa Carrió como eje de la acción opositora
La fórmula macrista de Durán Barba se basa en la difamación por distintas maneras. Para eso contó con la complicidad de los servicios de inteligencia, las corporaciones mediáticas y un sector del Poder Judicial consustanciados con los intereses económicos que representa el macrismo. En la imagen: La relación del prófugo Pepín Rodríguez Simón con Ellisa Carrió es reconocida en todo el mundo político.
Las gravísimas acusaciones que profirió Elisa Carrió cuando asumió Aníbal Fernández y los insultos contra Axel Kicillof por parte de Luis Juez --ganador de la interna macrista en Córdoba-- forman parte de un modo de hacer política que Javier Milei llevó a su máxima expresión.
 
La práctica de esconder el contenido con el insulto y la vociferación o la denuncia se sustenta en la infantilización de la sociedad y una regresión de la política a emociones primarias. La captura del discurso político por consultoras que priorizan el resultado por encima de la ética y los principios produjo este fenómeno que se instaló con Jaime Durán Barba como consultor de Mauricio Macri.
 
La fórmula de Durán Barba, que se jactaba de haber llevado al suicidio al adversario de su cliente, se basa casi exclusivamente en la difamación por distintas maneras, ya sea desde campañas mediáticas, hasta causas judiciales que duran una eternidad y mucho después se caen porque no se sostienen con pruebas.
 
La irrupción abrumadora de esta metodología que rompió reglas de juego y convivencia básicas tomó por sorpresa a la política argentina. Pero su eficiencia depende en gran medida de la fuerza del impacto. Para eso contó con la complicidad de los servicios de inteligencia y sus ligazones con las corporaciones mediáticas y un sector del Poder Judicial consustanciados con los intereses económicos que representa el macrismo.
 
De esa geometría de mecanismos, comunicadores, espías y funcionarios judiciales surgió un esquema judicial para la persecución política que en todo el mundo se conoce como lawfare. El operador local de ese esquema, Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín, reconoció de alguna manera su responsabilidad en esa práctica delictiva al escapar de la justicia y resistir su extradición desde Uruguay.
 
La Comisión de Refugiados de Uruguay ya determinó que no es un refugiado sino un simple prófugo de la Justicia argentina, lo que llevará a una decisión de los tribunales uruguayos en el mismo sentido. Pepín tiene un pedido de Interpol para su captura y está en proceso de expulsión del Parlasur, al que integraba como representante del macrismo.
 

 
Pepín, el estratega de esta mafia, era parte del entorno de Elisa Carrió, que eligió el momento de la asunción del ministro de Seguridad para retomar, --tras cinco años de no probar nada--, las acusaciones de mafioso y demás barbaridades que enchastran la moral del que las formula por puro ensañamiento político.
 
Como estratega de esa mafia, Pepín orquestó la designación de dos miembros de la Corte Suprema por decreto. Aunque debió hacerlo después por la vía institucional, el prófugo fue el arquitecto de la actual conformación del máximo tribunal, y los dos jueces que promovió, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, acaban de convertirse en presidente y vice de la Corte.
 
En la elección participaron ellos dos, que se autovotaron, y otro juez, Juan Carlos Maqueda, porque los otros dos integrantes no pudieron asistir. O sea que entre tres personas eligieron a quienes pueden anular un decreto presidencial, como hicieron con los recaudos sanitarios que había decretado Alberto Fernández durante la pandemia, o declarar inconstitucional la ley de medios que había aprobado el Congreso.
 
Entre tres personas se distribuyeron un poder superior al del Congreso y al del Presidente, que son elegidos por el voto de millones de argentinos. Como señaló el juez Eugenio Zaffaroni en este diario, ese mecanismo institucional es opuesto a un diseño democrático.
 
Carrió acusó a Aníbal Fernández "de conocer a todas las mafias", pero quien las conoce es ella que, incluso llegó al extremo de recibir en su hogar a uno de los mafiosos relacionados con el triple crimen para que incrimine a Fernández. Cuando lo llevaron a declarar ante un juez, el hombre se desdijo de todo lo que había sugerido. Pero la relación de Pepín con Carrió y con Macri es reconocida en todo el mundo político.
 
Lo que más llama la atención de la denuncia de Carrió ya no es su contenido, terrible, sino la poca reacción que genera. Si le creyeran tendría que haber tal escándalo que provocaría la renuncia del ministro. Es evidente que no le creen ni sus propios seguidores. Aunque saben que son mentiras, sus simpatizantes celebran y naturalizan estas denuncias falsas contra un adversario, lo cual es una degradación de la política.
 
Como suele suceder en comunicación, los mecanismos de impacto suelen perder fuerza rápidamente. Los políticos que mantienen este recurso, como ahora lo utiliza Javier Milei, son los que menos tienen para proponer o los que más tienen para ocultar.
 
Un ejemplo fue Graciela Ocaña que fue renunciada por inepta como ministra de Salud del kirchnerismo y se pasó a la oposición. Nadie recuerda su paso por ese ministerio que siempre ha sido estratégico para el peronismo. Para hacer campaña desde la oposición, eligió al área donde había sido desairada por sus exaliados y presentó una denuncia por corrupción en el Plan Qunita, quizás el más sensible y solidario porque cuidaba a recién nacidos y sus madres.
 
Fue una denuncia sin sustento, pero fue aceptada por Claudio Bonadio, el juez encargado de la persecución al kirchnerismo. Finalmente se demostró que la denuncia no tenía sustento y ni siquiera se le tendría que haber dado curso.
 
El otro ejemplo es el de Luis Juez, que esta semana calificó de "pelotudo marca cañón" al gobernador bonaerense Axel Kicillof por supuesto mal manejo de la pandemia, cuando ha sido uno de los que mejor desempeño tuvo porque debió enfrentar a la peste en el distrito más difícil.
 
Pero Juez es un político histriónico que ha ganado su lugar haciendo chistes. Y cuando estuvo en la gestión, como embajador en Ecuador, tuvo que ser destituido por sus correligionarios del macrismo porque había insultado públicamente a los ecuatorianos.
 
Es regla que la violencia que implican estos insultos o las denuncias falsas proviene de dirigentes ineptos en la gestión. No pueden mostrar nada que hayan logrado.
 
Entre las reverberancias del resultado electoral, los cambios en gabinetes nacional y provinciales, los insultos de Juez y las denuncias de Carrió, el país empezó a vislumbrar la salida de una etapa nefasta marcada por la pandemia planetaria que derrumbó las economías y provocó miles de muertos.
 
El gobierno hizo numerosos anuncios en el plano social y económico para asistir a los sectores más golpeados y para reactivar a la economía. La pandemia no afectó solamente el ámbito de la salud, sino todos los ámbitos de la vida, lo económico, pero también lo cultural, lo social, la seguridad, el esparcimiento, la educación y demás.
 
De todos los programas anunciados, hay uno que merece destacarse: El gobierno habilitó cinco mil millones de pesos para el fondo "Volvé a la escuela", que será administrado por el Ministerio de Educación. Se trata ir a buscar casa por casa, alumno por alumno para que vuelva a clase cerca de un millón de estudiantes secundarios y 700 mil de primaria que abandonaron o vieron afectados sus estudios por la pandemia en todo el país.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
La Opinión Popular
 

16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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