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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 24-09-2021 / 11:09
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Se incuba un escándalo de proporciones en la UIF a raíz de la causa Cuadernos

Se incuba un escándalo de proporciones en la UIF a raíz de la causa Cuadernos
En la Unidad de Información Financiera (UIF), mientras tanto, se incuba un escándalo de proporciones a raíz de la causa Cuadernos. El albertista Carlos Cruz echó el jueves a un abogado de carrera, Fernando Diez, a quien acusa del “olvido” que permitió el sobreseimiento del CEO de Techint, Paolo Rocca (foto), de su lobista Luis Betnaza, y de Héctor Zabaleta, el confeso encargado de pagar coimas a ex funcionarios K.
En la Unidad de Información Financiera (UIF), mientras tanto, se incuba un escándalo de proporciones a raíz de la causa Cuadernos. El albertista Carlos Cruz echó el jueves a un abogado de carrera, Fernando Diez, a quien acusa del "olvido" que permitió el sobreseimiento del CEO de Techint, Paolo Rocca, de su lobista Luis Betnaza, y de Héctor Zabaleta, el confeso encargado de pagar coimas a ex funcionarios K.
 
El organismo antilavado, como querellante, podría haber apelado la decisión del juez Julián Ercolini, que los exculpó al mismo tiempo que procesaba a los supuestos cobradores del soborno. No lo hizo. Cruz también inició sumarios contra otros dos abogados.
 
Los letrados acusan al "Viejo", como le dicen en la UIF, de haber dado la orden de no apelar ese fallo. Lo denunciaron por hostigamiento y malos tratos y hasta una de las sumariadas, Marcela Vivona, está con licencia psiquiátrica.
 
No hay muchas alternativas: o alguien cobró mucho dinero por liberar a los hombres de Techint de esa espada de Damocles que pendía sobre sus cabezas (y complicaba su continuidad como empresa cotizante en mercados internacionales con exigencias de transparencia mayores que las locales) o la UIF es la Meca de los funcionarios que no funcionan. En ningún caso Cruz sale bien parado.
 

 
Cuando invitó a jubilar a Cristina Fernández de Kirchner y consideró que el suyo era "un ciclo político concluido", hace apenas tres años y desde la mismísima redacción de Clarín, Juan Manzur jamás pensó que se convertiría en el encargado de reconciliar a un gobierno concebido in vitro por ella con una sociedad que lo votó masivamente para deshacerse del anterior pero que le acaba de retirar ese aval.
 
El nuevo-viejo gabinete con el que el Frente de Todos procura dejar atrás el precipicio político al que se asomó la semana pasada está cruzado por esas desconfianzas mutuas. Por eso, incluso aunque los Fernández hayan pactado por teléfono una tregua el viernes pasado a eso de las diez, justo antes de que se conociera el nuevo elenco gubernamental, el relanzamiento todavía tiene pronóstico reservado.
 
Lo que más le va a costar recomponer a Manzur es algo que quizá no sea su prioridad: la autoridad presidencial. En esas horas febriles del jueves y el viernes pasado, cada uno de los ministros que juraron este lunes repitió el mismo ritual: después de hablar con Santiago Cafiero o con Gabriel Katopodis, los encargados del sondeo inicial, y de recibir luego la oferta de boca del propio Presidente, todos le preguntaron a Cristina si estaba de acuerdo.
 
Algunos por teléfono y otros por mensaje de Whatsapp. Salvo Manzur, claro, que se jactaba hasta poco antes del batacazo de 2019 de no haber cruzado palabra con la hoy vicepresidenta desde que ocupaba el sillón de Rivadavia, en 2015.
 
La denuncia que le hizo Elizabeth Gómez Alcorta por haber impedido el aborto legal que solicitó en 2019 una niña tucumana de 11 años violada por su abuelastro puso en alerta y movilización al ala progresista del Frente de Todos.
 
Pero la condición de católico maronita de Manzur no lo convierte automáticamente en un tentáculo del Vaticano. Criado con los mellizos Yedlin, bien insertos en la élite del jardín de la República, el médico también tiene contactos estrechos con la dirigencia judía.
 
Los riega en cenas porteñas con la jerarquía de Jabad Lubavitch y del centro Simón Wiesenthal y en largas tenidas norteamericanas con los popes del Comité Judío Mundial, donde pisa fuerte el desarrollador inmobiliario y terrateniente urbano y rural Eduardo Elsztain, dueño de IRSA y Cresud.
 
La máxima que parece guiar tanto la carrera política del tucumano como su meteórico enriquecimiento en apenas dos décadas es la diversificación. Así como sería equivocado asociarlo solo al Papa en lo moral, su padrino más mentado en el establishment -el laboratorista Hugo Sigman- tampoco es el único.
 
En 2016, para el Bicentenario de la Independencia, fue anfitrión como gobernador de un seleccionado de dueños que incluyó también a Adrián Werthein, Jorge Brito, Eduardo Eurnekian y Gustavo Cinosi, quien hoy reparte sus intereses como franquiciante hotelero con su rol como mano derecha de Luis Almagro en la OEA.
 
El empujón más decisivo a la fortuna de los Manzur, sin embargo, se lo dio la compra en 2014 por parte de su suegro de Nucete, la procesadora de aceitunas más grande del país, justo cuando atravesaba un duro estrés financiero por la prohibición de exportar a Brasil que había dispuesto Guillermo Moreno unos meses antes.
 
En 2016, ya con las exportaciones reabiertas, el grupo Mattar-Manzur sumó la firma San Juan de los Olivos que le cedió el CEO del laboratorio Roemmers y presidente de la cámara de industriales farmacéuticos nacionales, Eduardo Machiavello. Se habían hecho amigos cuando él era ministro de Salud de Cristina.
 
 
Todos contra todos
  
El gabinete que le toca coordinar a Manzur tiene un doble rol: apuntalar la campaña hacia el 14 de noviembre y acelerar el golpe de timón que sacuda a la economía de la tranquilidad mortuoria en la que la hundieron primero la pandemia y después el ajuste fiscal, montados sobre la estanflación de Mauricio Macri.
 
Aunque sobrevivió a la purga y hasta se animó a corregir por radio a su salvadora, a la que proponía enfrentar "a cualquier costo" en esas horas en que parecía asomar el albertismo de la resistencia, Martín Guzmán se vio obligado a reverencias sobreactuadas como la del domingo a la noche, cuando su equipo de prensa publicó un comunicado solamente para aclarar que no intentaría recortar los subsidios a la energía con aumentos de tarifas por encima de la inflación. Horas antes, en un largo reportaje radial con Horacio Verbitsky, Máximo Kirchner había expuesto sus reparos al respecto.
 
En rigor, para que se cumplan las previsiones que hizo Guzmán en su proyecto de Presupuesto 2022, las tarifas de gas de todo el país y las eléctricas de Edenor y Edesur deberían aumentar al menos un 40%. En las provincias, donde ya son más caras, la suba sería apenas inferior. Es lo que criticó Máximo y lo que advirtió en el kirchnerismo Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica que no pudo echar este año el jefe del Palacio de Hacienda.
 
El proyecto de Presupuesto se mojó apenas horas después de presentado, cuando Cristina advirtió por escrito que lo modificaría en el Congreso. Pero la hoja de ruta que propone Guzmán va en línea con lo que exige tácitamente el Fondo Monetario para refinanciar los vencimientos que dejó Macri.
 
Si bien habilita un incremento interanual en términos reales de la obra pública del 19%, la base de comparación es tan baja que todavía no se recuperaría el nivel de 2015 (2,5% del PBI), apenas el promedio de los tres gobiernos kirchneristas.
 
El total para este año, con el empujón de la campaña, apenas va a arañar el 2%. En el primer trimestre, el paroxismo del ajuste que ahora niega el ministro, los montos volcados a esas obras fueron muy inferiores a los primeros trimestres de los primeros tres años del gobierno de Cambiemos (2016, 2017 y 2018).
 
Lo que también falta ver es qué otras condiciones pretende imponer, al margen de lo fiscal, una Kristalina Georgieva debilitada por las denuncias de favoritismo y corrupción en el reporte Doing Business del Banco Mundial, donde trabajaba antes.
 
¿Apuntará a una reforma laboral como la que ya le pidió Christine Lagarde a Macri en su momento y como la que postulan Martín Lousteau u Horacio Rodríguez Larreta? ¿Sabrá que del otro lado cincha el nuevo jefe de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que le dijo a Diego Genoud que para terminar con la indemnización por despido habría que reformar la Constitución? ¿Dirá algo sobre el complemento de los programas sociales que pretende anunciar en breve Juan Zabaleta para cubrir a quienes no cobran AUH, tarjeta Alimentar ni planes Potenciar Trabajo? ¿Avalará que los Potenciar Trabajo se conviertan en subsidios al salario para las empresas que contraten a sus beneficiarios, como también se evalúa? ¿Acaso todo está siendo objeto de negociaciones secretas con Washington que se ocultan al electorado?
 
 
El límite interno
 
El Gobierno tampoco quiere un conflicto con empresarios en lo que resta de la campaña. Con el agropower pampeano, por ejemplo, fijó a Julián Domínguez como interlocutor con una sola misión: fumar la pipa de la paz lo más pronto posible. La semana próxima probablemente ya haya anuncios en ese sentido.
 
Pero para desplegar una política redistributiva duradera y sin correr el riesgo inflacionario que implica financiarla solo con emisión, en el equipo económico saben que hace falta una reforma tributaria que grave mucho más a los sectores de alto poder adquisitivo y a las compañías más grandes, al estilo de la que acaba de anunciar Joe Biden en Estados Unidos.
 
Lo difícil es imaginar a este nuevo elenco gubernamental, con estos vínculos, después de un mazazo como el de las PASO, con el Fondo encima y cruzado por internas tan profundas, avanzar en ese sentido. Si quería hacerlo, tenía el camino más llano con la sociedad de su lado y la pandemia enfrente.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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20-11-2025 / 10:11
Por mayoría, la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado rechazó el pliego de Lorena Villaverde. El dictamen de todas formas no es vinculante, y el 28 de noviembre será cuando la Cámara alta vote si la senadora libertaria vinculada al narco Fred Machado y detenida en Miami por narcotráfico, puede asumir o no la banca.
 
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado aprobó los títulos de 23 senadores electos, pero dejó afuera a Villaverde. Su rechazo fue firmado por 12 senadores de diversos bloques, incluyendo Unión por la Patria y sectores de la oposición. Sin embargo, el dictamen no es vinculante: la última palabra la tendrá la sesión del 28 de noviembre. Para impedir que Villaverde asuma, el peronismo va a necesitar sumar aliados, ya que el resultado se define por mayoría simple.
 
Las acusaciones contra Villaverde no son menores: fue detenida en Estados Unidos en 2002 por presunto tráfico de drogas y mantiene vínculos con Claudio Ciccarelli, relacionado al narco Fred Machado, ambos investigados en causas de fraude inmobiliario y préstamos truchos.
 
En el debate algunos aliados del Gobierno también votaron en contra de la aspirante a senadora vinculada al narco. A pesar de que Luis Juez salió a bancar a Villaverde negando todo, la mayoría de la comisión sostuvo que no tiene idoneidad para ocupar una banca.
 
Lorena Villaverde es una dirigente política de La Libertad Avanza en la provincia de Río Negro, que en 2025 se vio envuelta en un fuerte escándalo por sus vínculos con el narcotráfico y una causa judicial en Estados Unidos. El caso salió a la luz cuando se conoció que José Luis Espert fue denunciado por recibir fondos de Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico, y que Villaverde tenía un estrecho vínculo afectivo y laboral con Claudio Ciccarelli, primo y hombre de confianza de Machado.
 
La situación se agravó con la difusión de documentos judiciales estadounidenses que la involucran en una operación encubierta de drogas en Miami. Aunque el juicio fue suspendido por irregularidades, versiones periodísticas sostienen que Villaverde habría colaborado con la DEA antes de salir de Estados Unidos.
 
Además, investigaciones periodísticas revelaron que Villaverde está mencionada en una causa por estafas piramidales contra Enrique Blaskey Señorans, en la que habría conseguido inversores que luego fueron estafados por millones de pesos. En agosto de 2025, fue embargada por 50 millones de pesos por una estafa en la venta de terrenos en Las Grutas, Río Negro.
 
También se la señala por enviar mensajes amenazantes a periodistas que investigaron su caso. Todo este entramado expuso las conexiones entre el espacio libertario y redes de narcotráfico, y tuvo un fuerte impacto electoral, desplomando la imagen de Villaverde y de La Libertad Avanza en la provincia, en medio del escándalo Espert.
 
En resumen, Lorena Villaverde pasó de liderar las encuestas en Río Negro a estar en el centro de un escándalo por sus vínculos con el narcotráfico, estafas y amenazas, lo que generó una crisis de legitimidad en su espacio político a días de las elecciones. Su suerte se sellará en la próxima sesión del Senado, donde la oposición necesitará de aliados para impedir la asunción de la rionegrina.
 
La Opinión Popular
 

19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

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