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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
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Nacionales - 24-09-2021 / 11:09
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Se incuba un escándalo de proporciones en la UIF a raíz de la causa Cuadernos

Se incuba un escándalo de proporciones en la UIF a raíz de la causa Cuadernos
En la Unidad de Información Financiera (UIF), mientras tanto, se incuba un escándalo de proporciones a raíz de la causa Cuadernos. El albertista Carlos Cruz echó el jueves a un abogado de carrera, Fernando Diez, a quien acusa del “olvido” que permitió el sobreseimiento del CEO de Techint, Paolo Rocca (foto), de su lobista Luis Betnaza, y de Héctor Zabaleta, el confeso encargado de pagar coimas a ex funcionarios K.
En la Unidad de Información Financiera (UIF), mientras tanto, se incuba un escándalo de proporciones a raíz de la causa Cuadernos. El albertista Carlos Cruz echó el jueves a un abogado de carrera, Fernando Diez, a quien acusa del "olvido" que permitió el sobreseimiento del CEO de Techint, Paolo Rocca, de su lobista Luis Betnaza, y de Héctor Zabaleta, el confeso encargado de pagar coimas a ex funcionarios K.
 
El organismo antilavado, como querellante, podría haber apelado la decisión del juez Julián Ercolini, que los exculpó al mismo tiempo que procesaba a los supuestos cobradores del soborno. No lo hizo. Cruz también inició sumarios contra otros dos abogados.
 
Los letrados acusan al "Viejo", como le dicen en la UIF, de haber dado la orden de no apelar ese fallo. Lo denunciaron por hostigamiento y malos tratos y hasta una de las sumariadas, Marcela Vivona, está con licencia psiquiátrica.
 
No hay muchas alternativas: o alguien cobró mucho dinero por liberar a los hombres de Techint de esa espada de Damocles que pendía sobre sus cabezas (y complicaba su continuidad como empresa cotizante en mercados internacionales con exigencias de transparencia mayores que las locales) o la UIF es la Meca de los funcionarios que no funcionan. En ningún caso Cruz sale bien parado.
 

 
Cuando invitó a jubilar a Cristina Fernández de Kirchner y consideró que el suyo era "un ciclo político concluido", hace apenas tres años y desde la mismísima redacción de Clarín, Juan Manzur jamás pensó que se convertiría en el encargado de reconciliar a un gobierno concebido in vitro por ella con una sociedad que lo votó masivamente para deshacerse del anterior pero que le acaba de retirar ese aval.
 
El nuevo-viejo gabinete con el que el Frente de Todos procura dejar atrás el precipicio político al que se asomó la semana pasada está cruzado por esas desconfianzas mutuas. Por eso, incluso aunque los Fernández hayan pactado por teléfono una tregua el viernes pasado a eso de las diez, justo antes de que se conociera el nuevo elenco gubernamental, el relanzamiento todavía tiene pronóstico reservado.
 
Lo que más le va a costar recomponer a Manzur es algo que quizá no sea su prioridad: la autoridad presidencial. En esas horas febriles del jueves y el viernes pasado, cada uno de los ministros que juraron este lunes repitió el mismo ritual: después de hablar con Santiago Cafiero o con Gabriel Katopodis, los encargados del sondeo inicial, y de recibir luego la oferta de boca del propio Presidente, todos le preguntaron a Cristina si estaba de acuerdo.
 
Algunos por teléfono y otros por mensaje de Whatsapp. Salvo Manzur, claro, que se jactaba hasta poco antes del batacazo de 2019 de no haber cruzado palabra con la hoy vicepresidenta desde que ocupaba el sillón de Rivadavia, en 2015.
 
La denuncia que le hizo Elizabeth Gómez Alcorta por haber impedido el aborto legal que solicitó en 2019 una niña tucumana de 11 años violada por su abuelastro puso en alerta y movilización al ala progresista del Frente de Todos.
 
Pero la condición de católico maronita de Manzur no lo convierte automáticamente en un tentáculo del Vaticano. Criado con los mellizos Yedlin, bien insertos en la élite del jardín de la República, el médico también tiene contactos estrechos con la dirigencia judía.
 
Los riega en cenas porteñas con la jerarquía de Jabad Lubavitch y del centro Simón Wiesenthal y en largas tenidas norteamericanas con los popes del Comité Judío Mundial, donde pisa fuerte el desarrollador inmobiliario y terrateniente urbano y rural Eduardo Elsztain, dueño de IRSA y Cresud.
 
La máxima que parece guiar tanto la carrera política del tucumano como su meteórico enriquecimiento en apenas dos décadas es la diversificación. Así como sería equivocado asociarlo solo al Papa en lo moral, su padrino más mentado en el establishment -el laboratorista Hugo Sigman- tampoco es el único.
 
En 2016, para el Bicentenario de la Independencia, fue anfitrión como gobernador de un seleccionado de dueños que incluyó también a Adrián Werthein, Jorge Brito, Eduardo Eurnekian y Gustavo Cinosi, quien hoy reparte sus intereses como franquiciante hotelero con su rol como mano derecha de Luis Almagro en la OEA.
 
El empujón más decisivo a la fortuna de los Manzur, sin embargo, se lo dio la compra en 2014 por parte de su suegro de Nucete, la procesadora de aceitunas más grande del país, justo cuando atravesaba un duro estrés financiero por la prohibición de exportar a Brasil que había dispuesto Guillermo Moreno unos meses antes.
 
En 2016, ya con las exportaciones reabiertas, el grupo Mattar-Manzur sumó la firma San Juan de los Olivos que le cedió el CEO del laboratorio Roemmers y presidente de la cámara de industriales farmacéuticos nacionales, Eduardo Machiavello. Se habían hecho amigos cuando él era ministro de Salud de Cristina.
 
 
Todos contra todos
  
El gabinete que le toca coordinar a Manzur tiene un doble rol: apuntalar la campaña hacia el 14 de noviembre y acelerar el golpe de timón que sacuda a la economía de la tranquilidad mortuoria en la que la hundieron primero la pandemia y después el ajuste fiscal, montados sobre la estanflación de Mauricio Macri.
 
Aunque sobrevivió a la purga y hasta se animó a corregir por radio a su salvadora, a la que proponía enfrentar "a cualquier costo" en esas horas en que parecía asomar el albertismo de la resistencia, Martín Guzmán se vio obligado a reverencias sobreactuadas como la del domingo a la noche, cuando su equipo de prensa publicó un comunicado solamente para aclarar que no intentaría recortar los subsidios a la energía con aumentos de tarifas por encima de la inflación. Horas antes, en un largo reportaje radial con Horacio Verbitsky, Máximo Kirchner había expuesto sus reparos al respecto.
 
En rigor, para que se cumplan las previsiones que hizo Guzmán en su proyecto de Presupuesto 2022, las tarifas de gas de todo el país y las eléctricas de Edenor y Edesur deberían aumentar al menos un 40%. En las provincias, donde ya son más caras, la suba sería apenas inferior. Es lo que criticó Máximo y lo que advirtió en el kirchnerismo Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica que no pudo echar este año el jefe del Palacio de Hacienda.
 
El proyecto de Presupuesto se mojó apenas horas después de presentado, cuando Cristina advirtió por escrito que lo modificaría en el Congreso. Pero la hoja de ruta que propone Guzmán va en línea con lo que exige tácitamente el Fondo Monetario para refinanciar los vencimientos que dejó Macri.
 
Si bien habilita un incremento interanual en términos reales de la obra pública del 19%, la base de comparación es tan baja que todavía no se recuperaría el nivel de 2015 (2,5% del PBI), apenas el promedio de los tres gobiernos kirchneristas.
 
El total para este año, con el empujón de la campaña, apenas va a arañar el 2%. En el primer trimestre, el paroxismo del ajuste que ahora niega el ministro, los montos volcados a esas obras fueron muy inferiores a los primeros trimestres de los primeros tres años del gobierno de Cambiemos (2016, 2017 y 2018).
 
Lo que también falta ver es qué otras condiciones pretende imponer, al margen de lo fiscal, una Kristalina Georgieva debilitada por las denuncias de favoritismo y corrupción en el reporte Doing Business del Banco Mundial, donde trabajaba antes.
 
¿Apuntará a una reforma laboral como la que ya le pidió Christine Lagarde a Macri en su momento y como la que postulan Martín Lousteau u Horacio Rodríguez Larreta? ¿Sabrá que del otro lado cincha el nuevo jefe de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que le dijo a Diego Genoud que para terminar con la indemnización por despido habría que reformar la Constitución? ¿Dirá algo sobre el complemento de los programas sociales que pretende anunciar en breve Juan Zabaleta para cubrir a quienes no cobran AUH, tarjeta Alimentar ni planes Potenciar Trabajo? ¿Avalará que los Potenciar Trabajo se conviertan en subsidios al salario para las empresas que contraten a sus beneficiarios, como también se evalúa? ¿Acaso todo está siendo objeto de negociaciones secretas con Washington que se ocultan al electorado?
 
 
El límite interno
 
El Gobierno tampoco quiere un conflicto con empresarios en lo que resta de la campaña. Con el agropower pampeano, por ejemplo, fijó a Julián Domínguez como interlocutor con una sola misión: fumar la pipa de la paz lo más pronto posible. La semana próxima probablemente ya haya anuncios en ese sentido.
 
Pero para desplegar una política redistributiva duradera y sin correr el riesgo inflacionario que implica financiarla solo con emisión, en el equipo económico saben que hace falta una reforma tributaria que grave mucho más a los sectores de alto poder adquisitivo y a las compañías más grandes, al estilo de la que acaba de anunciar Joe Biden en Estados Unidos.
 
Lo difícil es imaginar a este nuevo elenco gubernamental, con estos vínculos, después de un mazazo como el de las PASO, con el Fondo encima y cruzado por internas tan profundas, avanzar en ese sentido. Si quería hacerlo, tenía el camino más llano con la sociedad de su lado y la pandemia enfrente.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
La Opinión Popular
 

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