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                  06:53  |  Jueves 18 de Diciembre de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 24-09-2021 / 11:09
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Se incuba un escándalo de proporciones en la UIF a raíz de la causa Cuadernos

Se incuba un escándalo de proporciones en la UIF a raíz de la causa Cuadernos
En la Unidad de Información Financiera (UIF), mientras tanto, se incuba un escándalo de proporciones a raíz de la causa Cuadernos. El albertista Carlos Cruz echó el jueves a un abogado de carrera, Fernando Diez, a quien acusa del “olvido” que permitió el sobreseimiento del CEO de Techint, Paolo Rocca (foto), de su lobista Luis Betnaza, y de Héctor Zabaleta, el confeso encargado de pagar coimas a ex funcionarios K.
En la Unidad de Información Financiera (UIF), mientras tanto, se incuba un escándalo de proporciones a raíz de la causa Cuadernos. El albertista Carlos Cruz echó el jueves a un abogado de carrera, Fernando Diez, a quien acusa del "olvido" que permitió el sobreseimiento del CEO de Techint, Paolo Rocca, de su lobista Luis Betnaza, y de Héctor Zabaleta, el confeso encargado de pagar coimas a ex funcionarios K.
 
El organismo antilavado, como querellante, podría haber apelado la decisión del juez Julián Ercolini, que los exculpó al mismo tiempo que procesaba a los supuestos cobradores del soborno. No lo hizo. Cruz también inició sumarios contra otros dos abogados.
 
Los letrados acusan al "Viejo", como le dicen en la UIF, de haber dado la orden de no apelar ese fallo. Lo denunciaron por hostigamiento y malos tratos y hasta una de las sumariadas, Marcela Vivona, está con licencia psiquiátrica.
 
No hay muchas alternativas: o alguien cobró mucho dinero por liberar a los hombres de Techint de esa espada de Damocles que pendía sobre sus cabezas (y complicaba su continuidad como empresa cotizante en mercados internacionales con exigencias de transparencia mayores que las locales) o la UIF es la Meca de los funcionarios que no funcionan. En ningún caso Cruz sale bien parado.
 

 
Cuando invitó a jubilar a Cristina Fernández de Kirchner y consideró que el suyo era "un ciclo político concluido", hace apenas tres años y desde la mismísima redacción de Clarín, Juan Manzur jamás pensó que se convertiría en el encargado de reconciliar a un gobierno concebido in vitro por ella con una sociedad que lo votó masivamente para deshacerse del anterior pero que le acaba de retirar ese aval.
 
El nuevo-viejo gabinete con el que el Frente de Todos procura dejar atrás el precipicio político al que se asomó la semana pasada está cruzado por esas desconfianzas mutuas. Por eso, incluso aunque los Fernández hayan pactado por teléfono una tregua el viernes pasado a eso de las diez, justo antes de que se conociera el nuevo elenco gubernamental, el relanzamiento todavía tiene pronóstico reservado.
 
Lo que más le va a costar recomponer a Manzur es algo que quizá no sea su prioridad: la autoridad presidencial. En esas horas febriles del jueves y el viernes pasado, cada uno de los ministros que juraron este lunes repitió el mismo ritual: después de hablar con Santiago Cafiero o con Gabriel Katopodis, los encargados del sondeo inicial, y de recibir luego la oferta de boca del propio Presidente, todos le preguntaron a Cristina si estaba de acuerdo.
 
Algunos por teléfono y otros por mensaje de Whatsapp. Salvo Manzur, claro, que se jactaba hasta poco antes del batacazo de 2019 de no haber cruzado palabra con la hoy vicepresidenta desde que ocupaba el sillón de Rivadavia, en 2015.
 
La denuncia que le hizo Elizabeth Gómez Alcorta por haber impedido el aborto legal que solicitó en 2019 una niña tucumana de 11 años violada por su abuelastro puso en alerta y movilización al ala progresista del Frente de Todos.
 
Pero la condición de católico maronita de Manzur no lo convierte automáticamente en un tentáculo del Vaticano. Criado con los mellizos Yedlin, bien insertos en la élite del jardín de la República, el médico también tiene contactos estrechos con la dirigencia judía.
 
Los riega en cenas porteñas con la jerarquía de Jabad Lubavitch y del centro Simón Wiesenthal y en largas tenidas norteamericanas con los popes del Comité Judío Mundial, donde pisa fuerte el desarrollador inmobiliario y terrateniente urbano y rural Eduardo Elsztain, dueño de IRSA y Cresud.
 
La máxima que parece guiar tanto la carrera política del tucumano como su meteórico enriquecimiento en apenas dos décadas es la diversificación. Así como sería equivocado asociarlo solo al Papa en lo moral, su padrino más mentado en el establishment -el laboratorista Hugo Sigman- tampoco es el único.
 
En 2016, para el Bicentenario de la Independencia, fue anfitrión como gobernador de un seleccionado de dueños que incluyó también a Adrián Werthein, Jorge Brito, Eduardo Eurnekian y Gustavo Cinosi, quien hoy reparte sus intereses como franquiciante hotelero con su rol como mano derecha de Luis Almagro en la OEA.
 
El empujón más decisivo a la fortuna de los Manzur, sin embargo, se lo dio la compra en 2014 por parte de su suegro de Nucete, la procesadora de aceitunas más grande del país, justo cuando atravesaba un duro estrés financiero por la prohibición de exportar a Brasil que había dispuesto Guillermo Moreno unos meses antes.
 
En 2016, ya con las exportaciones reabiertas, el grupo Mattar-Manzur sumó la firma San Juan de los Olivos que le cedió el CEO del laboratorio Roemmers y presidente de la cámara de industriales farmacéuticos nacionales, Eduardo Machiavello. Se habían hecho amigos cuando él era ministro de Salud de Cristina.
 
 
Todos contra todos
  
El gabinete que le toca coordinar a Manzur tiene un doble rol: apuntalar la campaña hacia el 14 de noviembre y acelerar el golpe de timón que sacuda a la economía de la tranquilidad mortuoria en la que la hundieron primero la pandemia y después el ajuste fiscal, montados sobre la estanflación de Mauricio Macri.
 
Aunque sobrevivió a la purga y hasta se animó a corregir por radio a su salvadora, a la que proponía enfrentar "a cualquier costo" en esas horas en que parecía asomar el albertismo de la resistencia, Martín Guzmán se vio obligado a reverencias sobreactuadas como la del domingo a la noche, cuando su equipo de prensa publicó un comunicado solamente para aclarar que no intentaría recortar los subsidios a la energía con aumentos de tarifas por encima de la inflación. Horas antes, en un largo reportaje radial con Horacio Verbitsky, Máximo Kirchner había expuesto sus reparos al respecto.
 
En rigor, para que se cumplan las previsiones que hizo Guzmán en su proyecto de Presupuesto 2022, las tarifas de gas de todo el país y las eléctricas de Edenor y Edesur deberían aumentar al menos un 40%. En las provincias, donde ya son más caras, la suba sería apenas inferior. Es lo que criticó Máximo y lo que advirtió en el kirchnerismo Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica que no pudo echar este año el jefe del Palacio de Hacienda.
 
El proyecto de Presupuesto se mojó apenas horas después de presentado, cuando Cristina advirtió por escrito que lo modificaría en el Congreso. Pero la hoja de ruta que propone Guzmán va en línea con lo que exige tácitamente el Fondo Monetario para refinanciar los vencimientos que dejó Macri.
 
Si bien habilita un incremento interanual en términos reales de la obra pública del 19%, la base de comparación es tan baja que todavía no se recuperaría el nivel de 2015 (2,5% del PBI), apenas el promedio de los tres gobiernos kirchneristas.
 
El total para este año, con el empujón de la campaña, apenas va a arañar el 2%. En el primer trimestre, el paroxismo del ajuste que ahora niega el ministro, los montos volcados a esas obras fueron muy inferiores a los primeros trimestres de los primeros tres años del gobierno de Cambiemos (2016, 2017 y 2018).
 
Lo que también falta ver es qué otras condiciones pretende imponer, al margen de lo fiscal, una Kristalina Georgieva debilitada por las denuncias de favoritismo y corrupción en el reporte Doing Business del Banco Mundial, donde trabajaba antes.
 
¿Apuntará a una reforma laboral como la que ya le pidió Christine Lagarde a Macri en su momento y como la que postulan Martín Lousteau u Horacio Rodríguez Larreta? ¿Sabrá que del otro lado cincha el nuevo jefe de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que le dijo a Diego Genoud que para terminar con la indemnización por despido habría que reformar la Constitución? ¿Dirá algo sobre el complemento de los programas sociales que pretende anunciar en breve Juan Zabaleta para cubrir a quienes no cobran AUH, tarjeta Alimentar ni planes Potenciar Trabajo? ¿Avalará que los Potenciar Trabajo se conviertan en subsidios al salario para las empresas que contraten a sus beneficiarios, como también se evalúa? ¿Acaso todo está siendo objeto de negociaciones secretas con Washington que se ocultan al electorado?
 
 
El límite interno
 
El Gobierno tampoco quiere un conflicto con empresarios en lo que resta de la campaña. Con el agropower pampeano, por ejemplo, fijó a Julián Domínguez como interlocutor con una sola misión: fumar la pipa de la paz lo más pronto posible. La semana próxima probablemente ya haya anuncios en ese sentido.
 
Pero para desplegar una política redistributiva duradera y sin correr el riesgo inflacionario que implica financiarla solo con emisión, en el equipo económico saben que hace falta una reforma tributaria que grave mucho más a los sectores de alto poder adquisitivo y a las compañías más grandes, al estilo de la que acaba de anunciar Joe Biden en Estados Unidos.
 
Lo difícil es imaginar a este nuevo elenco gubernamental, con estos vínculos, después de un mazazo como el de las PASO, con el Fondo encima y cruzado por internas tan profundas, avanzar en ese sentido. Si quería hacerlo, tenía el camino más llano con la sociedad de su lado y la pandemia enfrente.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

12-12-2025 / 10:12
El gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei mandó al Senado un proyecto de contrarreforma para eliminar derechos laborales, sindicales y de huelga que atrasa un siglo. Contra la Constitución desconoce hasta la jornada de 8 horas y el derecho a huelga. Redactado por los abogados de las grandes empresas, de Paolo Rocca, Galperin y Eurnekian, en cada rubro empeora la posición de los trabajadores. Perjudica también a monotributistas e informales y se propone financiar los despidos con la plata de los jubilados.
 
El gobierno libertario demoró la presentación de la contrareforma laboral, que no registra precedentes desde la dictadura genocida de 1976, para estirar los tiempos de negociación y definir cuán a fondo iría en su ofensiva contra los trabajadores y el sindicalismo. El proyecto que ingresó al Senado retoma lo peor de todas las versiones anteriores y lo condensa en 71 páginas y 191 artículos.
 
Enmascarada en una supuesta "modernización", la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga. Lejos de mejorar la vida de los trabajadores, crear empleo o incorporar a los informales al mercado formal, la reforma sólo busca abaratar costos para que el empleador pueda despedir y amplía la desprotección sobre el sector más débil.
 
Los especialistas coinciden en que "invierte la presunción de laborabilidad" perjudicando a monotributistas y trabajadores "independientes". El texto final del proyecto confirma la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del gran capital, debilita su capacidad de organización y faculta al empleador para modificar condiciones laborales según sus necesidades.
 
La reforma laboral, firmada por Milei, fue elevada al Congreso de manera errónea por parte de Gobierno. Legisladores opositores y abogados laboralistas cuestionaron el ingreso por el Senado, ya que la reforma laboral contiene un capítulo tributario que modifica impuestos centrales. Al respecto, la Constitución fija que toda ley de carácter impositivo debe originarse en Diputados.
 
La reforma laboral que impulsa Milei atrasa porque reinstala un modelo previo al propio nacimiento del derecho laboral. La abogada Natalia Salvo advierte que es "una novedad de museo que nos devuelve a un tiempo sin normas". El proyecto permite jornadas de hasta 12 horas, un retroceso a antes de la Ley 11.544, conquistada después de las huelgas y masacres de la Patagonia y la Semana Trágica.

También elimina ítems remunerativos para achicar aguinaldo y vacaciones, ahora fraccionadas como en etapas de precariedad anteriores a cualquier estándar moderno. Al mismo tiempo, remarca que la iniciativa desconoce los avances globales sobre las plataformas: mientras en Europa los tribunales y países como España o Portugal ya reconocen a esos trabajadores como dependientes, aquí se los deja en un limbo jurídico. Modernizar sería ampliar la protección, no recortarla. Con un 43 por ciento de informalidad, el proyecto empuja al país hacia un pasado sin resguardo, donde la relación laboral quedaba librada a la voluntad de la patronal.

Un Gobierno que miente en todo, presenta el argumento principal en la supuesta "creación de trabajo formal". Silogismo falaz, acaba de ser refutado por un hombre del gran capital, el abogado Julián de Diego. Dijo que "sin crecimiento, no habrá generación de empleo". Ese crecimiento se presenta, como promesa lejana, relato de un provenir etéreo, medido en décadas. Equiparada a Irlanda, Alemania, y otras naciones. Por ahora, lo que hay es recesión, inflación en alza y deuda. Cada vez más deuda.

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