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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 24-09-2021 / 11:09
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Se incuba un escándalo de proporciones en la UIF a raíz de la causa Cuadernos

Se incuba un escándalo de proporciones en la UIF a raíz de la causa Cuadernos
En la Unidad de Información Financiera (UIF), mientras tanto, se incuba un escándalo de proporciones a raíz de la causa Cuadernos. El albertista Carlos Cruz echó el jueves a un abogado de carrera, Fernando Diez, a quien acusa del “olvido” que permitió el sobreseimiento del CEO de Techint, Paolo Rocca (foto), de su lobista Luis Betnaza, y de Héctor Zabaleta, el confeso encargado de pagar coimas a ex funcionarios K.
En la Unidad de Información Financiera (UIF), mientras tanto, se incuba un escándalo de proporciones a raíz de la causa Cuadernos. El albertista Carlos Cruz echó el jueves a un abogado de carrera, Fernando Diez, a quien acusa del "olvido" que permitió el sobreseimiento del CEO de Techint, Paolo Rocca, de su lobista Luis Betnaza, y de Héctor Zabaleta, el confeso encargado de pagar coimas a ex funcionarios K.
 
El organismo antilavado, como querellante, podría haber apelado la decisión del juez Julián Ercolini, que los exculpó al mismo tiempo que procesaba a los supuestos cobradores del soborno. No lo hizo. Cruz también inició sumarios contra otros dos abogados.
 
Los letrados acusan al "Viejo", como le dicen en la UIF, de haber dado la orden de no apelar ese fallo. Lo denunciaron por hostigamiento y malos tratos y hasta una de las sumariadas, Marcela Vivona, está con licencia psiquiátrica.
 
No hay muchas alternativas: o alguien cobró mucho dinero por liberar a los hombres de Techint de esa espada de Damocles que pendía sobre sus cabezas (y complicaba su continuidad como empresa cotizante en mercados internacionales con exigencias de transparencia mayores que las locales) o la UIF es la Meca de los funcionarios que no funcionan. En ningún caso Cruz sale bien parado.
 

 
Cuando invitó a jubilar a Cristina Fernández de Kirchner y consideró que el suyo era "un ciclo político concluido", hace apenas tres años y desde la mismísima redacción de Clarín, Juan Manzur jamás pensó que se convertiría en el encargado de reconciliar a un gobierno concebido in vitro por ella con una sociedad que lo votó masivamente para deshacerse del anterior pero que le acaba de retirar ese aval.
 
El nuevo-viejo gabinete con el que el Frente de Todos procura dejar atrás el precipicio político al que se asomó la semana pasada está cruzado por esas desconfianzas mutuas. Por eso, incluso aunque los Fernández hayan pactado por teléfono una tregua el viernes pasado a eso de las diez, justo antes de que se conociera el nuevo elenco gubernamental, el relanzamiento todavía tiene pronóstico reservado.
 
Lo que más le va a costar recomponer a Manzur es algo que quizá no sea su prioridad: la autoridad presidencial. En esas horas febriles del jueves y el viernes pasado, cada uno de los ministros que juraron este lunes repitió el mismo ritual: después de hablar con Santiago Cafiero o con Gabriel Katopodis, los encargados del sondeo inicial, y de recibir luego la oferta de boca del propio Presidente, todos le preguntaron a Cristina si estaba de acuerdo.
 
Algunos por teléfono y otros por mensaje de Whatsapp. Salvo Manzur, claro, que se jactaba hasta poco antes del batacazo de 2019 de no haber cruzado palabra con la hoy vicepresidenta desde que ocupaba el sillón de Rivadavia, en 2015.
 
La denuncia que le hizo Elizabeth Gómez Alcorta por haber impedido el aborto legal que solicitó en 2019 una niña tucumana de 11 años violada por su abuelastro puso en alerta y movilización al ala progresista del Frente de Todos.
 
Pero la condición de católico maronita de Manzur no lo convierte automáticamente en un tentáculo del Vaticano. Criado con los mellizos Yedlin, bien insertos en la élite del jardín de la República, el médico también tiene contactos estrechos con la dirigencia judía.
 
Los riega en cenas porteñas con la jerarquía de Jabad Lubavitch y del centro Simón Wiesenthal y en largas tenidas norteamericanas con los popes del Comité Judío Mundial, donde pisa fuerte el desarrollador inmobiliario y terrateniente urbano y rural Eduardo Elsztain, dueño de IRSA y Cresud.
 
La máxima que parece guiar tanto la carrera política del tucumano como su meteórico enriquecimiento en apenas dos décadas es la diversificación. Así como sería equivocado asociarlo solo al Papa en lo moral, su padrino más mentado en el establishment -el laboratorista Hugo Sigman- tampoco es el único.
 
En 2016, para el Bicentenario de la Independencia, fue anfitrión como gobernador de un seleccionado de dueños que incluyó también a Adrián Werthein, Jorge Brito, Eduardo Eurnekian y Gustavo Cinosi, quien hoy reparte sus intereses como franquiciante hotelero con su rol como mano derecha de Luis Almagro en la OEA.
 
El empujón más decisivo a la fortuna de los Manzur, sin embargo, se lo dio la compra en 2014 por parte de su suegro de Nucete, la procesadora de aceitunas más grande del país, justo cuando atravesaba un duro estrés financiero por la prohibición de exportar a Brasil que había dispuesto Guillermo Moreno unos meses antes.
 
En 2016, ya con las exportaciones reabiertas, el grupo Mattar-Manzur sumó la firma San Juan de los Olivos que le cedió el CEO del laboratorio Roemmers y presidente de la cámara de industriales farmacéuticos nacionales, Eduardo Machiavello. Se habían hecho amigos cuando él era ministro de Salud de Cristina.
 
 
Todos contra todos
  
El gabinete que le toca coordinar a Manzur tiene un doble rol: apuntalar la campaña hacia el 14 de noviembre y acelerar el golpe de timón que sacuda a la economía de la tranquilidad mortuoria en la que la hundieron primero la pandemia y después el ajuste fiscal, montados sobre la estanflación de Mauricio Macri.
 
Aunque sobrevivió a la purga y hasta se animó a corregir por radio a su salvadora, a la que proponía enfrentar "a cualquier costo" en esas horas en que parecía asomar el albertismo de la resistencia, Martín Guzmán se vio obligado a reverencias sobreactuadas como la del domingo a la noche, cuando su equipo de prensa publicó un comunicado solamente para aclarar que no intentaría recortar los subsidios a la energía con aumentos de tarifas por encima de la inflación. Horas antes, en un largo reportaje radial con Horacio Verbitsky, Máximo Kirchner había expuesto sus reparos al respecto.
 
En rigor, para que se cumplan las previsiones que hizo Guzmán en su proyecto de Presupuesto 2022, las tarifas de gas de todo el país y las eléctricas de Edenor y Edesur deberían aumentar al menos un 40%. En las provincias, donde ya son más caras, la suba sería apenas inferior. Es lo que criticó Máximo y lo que advirtió en el kirchnerismo Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica que no pudo echar este año el jefe del Palacio de Hacienda.
 
El proyecto de Presupuesto se mojó apenas horas después de presentado, cuando Cristina advirtió por escrito que lo modificaría en el Congreso. Pero la hoja de ruta que propone Guzmán va en línea con lo que exige tácitamente el Fondo Monetario para refinanciar los vencimientos que dejó Macri.
 
Si bien habilita un incremento interanual en términos reales de la obra pública del 19%, la base de comparación es tan baja que todavía no se recuperaría el nivel de 2015 (2,5% del PBI), apenas el promedio de los tres gobiernos kirchneristas.
 
El total para este año, con el empujón de la campaña, apenas va a arañar el 2%. En el primer trimestre, el paroxismo del ajuste que ahora niega el ministro, los montos volcados a esas obras fueron muy inferiores a los primeros trimestres de los primeros tres años del gobierno de Cambiemos (2016, 2017 y 2018).
 
Lo que también falta ver es qué otras condiciones pretende imponer, al margen de lo fiscal, una Kristalina Georgieva debilitada por las denuncias de favoritismo y corrupción en el reporte Doing Business del Banco Mundial, donde trabajaba antes.
 
¿Apuntará a una reforma laboral como la que ya le pidió Christine Lagarde a Macri en su momento y como la que postulan Martín Lousteau u Horacio Rodríguez Larreta? ¿Sabrá que del otro lado cincha el nuevo jefe de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que le dijo a Diego Genoud que para terminar con la indemnización por despido habría que reformar la Constitución? ¿Dirá algo sobre el complemento de los programas sociales que pretende anunciar en breve Juan Zabaleta para cubrir a quienes no cobran AUH, tarjeta Alimentar ni planes Potenciar Trabajo? ¿Avalará que los Potenciar Trabajo se conviertan en subsidios al salario para las empresas que contraten a sus beneficiarios, como también se evalúa? ¿Acaso todo está siendo objeto de negociaciones secretas con Washington que se ocultan al electorado?
 
 
El límite interno
 
El Gobierno tampoco quiere un conflicto con empresarios en lo que resta de la campaña. Con el agropower pampeano, por ejemplo, fijó a Julián Domínguez como interlocutor con una sola misión: fumar la pipa de la paz lo más pronto posible. La semana próxima probablemente ya haya anuncios en ese sentido.
 
Pero para desplegar una política redistributiva duradera y sin correr el riesgo inflacionario que implica financiarla solo con emisión, en el equipo económico saben que hace falta una reforma tributaria que grave mucho más a los sectores de alto poder adquisitivo y a las compañías más grandes, al estilo de la que acaba de anunciar Joe Biden en Estados Unidos.
 
Lo difícil es imaginar a este nuevo elenco gubernamental, con estos vínculos, después de un mazazo como el de las PASO, con el Fondo encima y cruzado por internas tan profundas, avanzar en ese sentido. Si quería hacerlo, tenía el camino más llano con la sociedad de su lado y la pandemia enfrente.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

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