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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 24-09-2021 / 11:09
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Se incuba un escándalo de proporciones en la UIF a raíz de la causa Cuadernos

Se incuba un escándalo de proporciones en la UIF a raíz de la causa Cuadernos
En la Unidad de Información Financiera (UIF), mientras tanto, se incuba un escándalo de proporciones a raíz de la causa Cuadernos. El albertista Carlos Cruz echó el jueves a un abogado de carrera, Fernando Diez, a quien acusa del “olvido” que permitió el sobreseimiento del CEO de Techint, Paolo Rocca (foto), de su lobista Luis Betnaza, y de Héctor Zabaleta, el confeso encargado de pagar coimas a ex funcionarios K.
En la Unidad de Información Financiera (UIF), mientras tanto, se incuba un escándalo de proporciones a raíz de la causa Cuadernos. El albertista Carlos Cruz echó el jueves a un abogado de carrera, Fernando Diez, a quien acusa del "olvido" que permitió el sobreseimiento del CEO de Techint, Paolo Rocca, de su lobista Luis Betnaza, y de Héctor Zabaleta, el confeso encargado de pagar coimas a ex funcionarios K.
 
El organismo antilavado, como querellante, podría haber apelado la decisión del juez Julián Ercolini, que los exculpó al mismo tiempo que procesaba a los supuestos cobradores del soborno. No lo hizo. Cruz también inició sumarios contra otros dos abogados.
 
Los letrados acusan al "Viejo", como le dicen en la UIF, de haber dado la orden de no apelar ese fallo. Lo denunciaron por hostigamiento y malos tratos y hasta una de las sumariadas, Marcela Vivona, está con licencia psiquiátrica.
 
No hay muchas alternativas: o alguien cobró mucho dinero por liberar a los hombres de Techint de esa espada de Damocles que pendía sobre sus cabezas (y complicaba su continuidad como empresa cotizante en mercados internacionales con exigencias de transparencia mayores que las locales) o la UIF es la Meca de los funcionarios que no funcionan. En ningún caso Cruz sale bien parado.
 

 
Cuando invitó a jubilar a Cristina Fernández de Kirchner y consideró que el suyo era "un ciclo político concluido", hace apenas tres años y desde la mismísima redacción de Clarín, Juan Manzur jamás pensó que se convertiría en el encargado de reconciliar a un gobierno concebido in vitro por ella con una sociedad que lo votó masivamente para deshacerse del anterior pero que le acaba de retirar ese aval.
 
El nuevo-viejo gabinete con el que el Frente de Todos procura dejar atrás el precipicio político al que se asomó la semana pasada está cruzado por esas desconfianzas mutuas. Por eso, incluso aunque los Fernández hayan pactado por teléfono una tregua el viernes pasado a eso de las diez, justo antes de que se conociera el nuevo elenco gubernamental, el relanzamiento todavía tiene pronóstico reservado.
 
Lo que más le va a costar recomponer a Manzur es algo que quizá no sea su prioridad: la autoridad presidencial. En esas horas febriles del jueves y el viernes pasado, cada uno de los ministros que juraron este lunes repitió el mismo ritual: después de hablar con Santiago Cafiero o con Gabriel Katopodis, los encargados del sondeo inicial, y de recibir luego la oferta de boca del propio Presidente, todos le preguntaron a Cristina si estaba de acuerdo.
 
Algunos por teléfono y otros por mensaje de Whatsapp. Salvo Manzur, claro, que se jactaba hasta poco antes del batacazo de 2019 de no haber cruzado palabra con la hoy vicepresidenta desde que ocupaba el sillón de Rivadavia, en 2015.
 
La denuncia que le hizo Elizabeth Gómez Alcorta por haber impedido el aborto legal que solicitó en 2019 una niña tucumana de 11 años violada por su abuelastro puso en alerta y movilización al ala progresista del Frente de Todos.
 
Pero la condición de católico maronita de Manzur no lo convierte automáticamente en un tentáculo del Vaticano. Criado con los mellizos Yedlin, bien insertos en la élite del jardín de la República, el médico también tiene contactos estrechos con la dirigencia judía.
 
Los riega en cenas porteñas con la jerarquía de Jabad Lubavitch y del centro Simón Wiesenthal y en largas tenidas norteamericanas con los popes del Comité Judío Mundial, donde pisa fuerte el desarrollador inmobiliario y terrateniente urbano y rural Eduardo Elsztain, dueño de IRSA y Cresud.
 
La máxima que parece guiar tanto la carrera política del tucumano como su meteórico enriquecimiento en apenas dos décadas es la diversificación. Así como sería equivocado asociarlo solo al Papa en lo moral, su padrino más mentado en el establishment -el laboratorista Hugo Sigman- tampoco es el único.
 
En 2016, para el Bicentenario de la Independencia, fue anfitrión como gobernador de un seleccionado de dueños que incluyó también a Adrián Werthein, Jorge Brito, Eduardo Eurnekian y Gustavo Cinosi, quien hoy reparte sus intereses como franquiciante hotelero con su rol como mano derecha de Luis Almagro en la OEA.
 
El empujón más decisivo a la fortuna de los Manzur, sin embargo, se lo dio la compra en 2014 por parte de su suegro de Nucete, la procesadora de aceitunas más grande del país, justo cuando atravesaba un duro estrés financiero por la prohibición de exportar a Brasil que había dispuesto Guillermo Moreno unos meses antes.
 
En 2016, ya con las exportaciones reabiertas, el grupo Mattar-Manzur sumó la firma San Juan de los Olivos que le cedió el CEO del laboratorio Roemmers y presidente de la cámara de industriales farmacéuticos nacionales, Eduardo Machiavello. Se habían hecho amigos cuando él era ministro de Salud de Cristina.
 
 
Todos contra todos
  
El gabinete que le toca coordinar a Manzur tiene un doble rol: apuntalar la campaña hacia el 14 de noviembre y acelerar el golpe de timón que sacuda a la economía de la tranquilidad mortuoria en la que la hundieron primero la pandemia y después el ajuste fiscal, montados sobre la estanflación de Mauricio Macri.
 
Aunque sobrevivió a la purga y hasta se animó a corregir por radio a su salvadora, a la que proponía enfrentar "a cualquier costo" en esas horas en que parecía asomar el albertismo de la resistencia, Martín Guzmán se vio obligado a reverencias sobreactuadas como la del domingo a la noche, cuando su equipo de prensa publicó un comunicado solamente para aclarar que no intentaría recortar los subsidios a la energía con aumentos de tarifas por encima de la inflación. Horas antes, en un largo reportaje radial con Horacio Verbitsky, Máximo Kirchner había expuesto sus reparos al respecto.
 
En rigor, para que se cumplan las previsiones que hizo Guzmán en su proyecto de Presupuesto 2022, las tarifas de gas de todo el país y las eléctricas de Edenor y Edesur deberían aumentar al menos un 40%. En las provincias, donde ya son más caras, la suba sería apenas inferior. Es lo que criticó Máximo y lo que advirtió en el kirchnerismo Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica que no pudo echar este año el jefe del Palacio de Hacienda.
 
El proyecto de Presupuesto se mojó apenas horas después de presentado, cuando Cristina advirtió por escrito que lo modificaría en el Congreso. Pero la hoja de ruta que propone Guzmán va en línea con lo que exige tácitamente el Fondo Monetario para refinanciar los vencimientos que dejó Macri.
 
Si bien habilita un incremento interanual en términos reales de la obra pública del 19%, la base de comparación es tan baja que todavía no se recuperaría el nivel de 2015 (2,5% del PBI), apenas el promedio de los tres gobiernos kirchneristas.
 
El total para este año, con el empujón de la campaña, apenas va a arañar el 2%. En el primer trimestre, el paroxismo del ajuste que ahora niega el ministro, los montos volcados a esas obras fueron muy inferiores a los primeros trimestres de los primeros tres años del gobierno de Cambiemos (2016, 2017 y 2018).
 
Lo que también falta ver es qué otras condiciones pretende imponer, al margen de lo fiscal, una Kristalina Georgieva debilitada por las denuncias de favoritismo y corrupción en el reporte Doing Business del Banco Mundial, donde trabajaba antes.
 
¿Apuntará a una reforma laboral como la que ya le pidió Christine Lagarde a Macri en su momento y como la que postulan Martín Lousteau u Horacio Rodríguez Larreta? ¿Sabrá que del otro lado cincha el nuevo jefe de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que le dijo a Diego Genoud que para terminar con la indemnización por despido habría que reformar la Constitución? ¿Dirá algo sobre el complemento de los programas sociales que pretende anunciar en breve Juan Zabaleta para cubrir a quienes no cobran AUH, tarjeta Alimentar ni planes Potenciar Trabajo? ¿Avalará que los Potenciar Trabajo se conviertan en subsidios al salario para las empresas que contraten a sus beneficiarios, como también se evalúa? ¿Acaso todo está siendo objeto de negociaciones secretas con Washington que se ocultan al electorado?
 
 
El límite interno
 
El Gobierno tampoco quiere un conflicto con empresarios en lo que resta de la campaña. Con el agropower pampeano, por ejemplo, fijó a Julián Domínguez como interlocutor con una sola misión: fumar la pipa de la paz lo más pronto posible. La semana próxima probablemente ya haya anuncios en ese sentido.
 
Pero para desplegar una política redistributiva duradera y sin correr el riesgo inflacionario que implica financiarla solo con emisión, en el equipo económico saben que hace falta una reforma tributaria que grave mucho más a los sectores de alto poder adquisitivo y a las compañías más grandes, al estilo de la que acaba de anunciar Joe Biden en Estados Unidos.
 
Lo difícil es imaginar a este nuevo elenco gubernamental, con estos vínculos, después de un mazazo como el de las PASO, con el Fondo encima y cruzado por internas tan profundas, avanzar en ese sentido. Si quería hacerlo, tenía el camino más llano con la sociedad de su lado y la pandemia enfrente.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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06-01-2026 / 12:01
Efecto motosierra. Denuncian que el Ejecutivo despidió a los especialistas que coordinan el plan a nivel nacional. Unos 7.000 bebés nacen con malformaciones cardíacas cada año. El cruel gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei vació el Programa de Cardiopatías Congénitas y miles de niños luchan por sus vidas. En 2023, el desquiciado Milei había votado en contra de la ley.
 
Un repentino recorte en el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) encendió las alarmas en el sector de salud en toda la Argentina. Sin aviso previo, el Gobierno de Milei instrumentó un fuerte ajuste sobre el plan, que cada año asiste a unos 7.000 bebés que nacen con malformaciones en el corazón, y despidió al equipo de especialistas que coordina el proyecto en el país. Médicos advierten por la "situación crítica" en el área.
 
En los últimos días, el Gobierno libertario ordenó el desmantelamiento del PNCC a través de una medida imprevista como parte de los recortes en la órbita del Ministerio de Salud. El Programa fue creado en 2008 y ayudó a reducir drásticamente la mortalidad por causas de cardiopatías congénitas, según informó la Federación Argentina de Cardiología (FAC) luego de que se diera a conocer la resolución.
 
En concreto, Milei autorizó la desvinculación de los profesionales especializados que conducen el plan a nivel nacional. En un comunicado publicado por la Asociación Argentina de Salud Pública, médicos y personal de salud denunciaron que "se procedió al despido de integrantes fundamentales para el sostén de las actividades" del área, lo que "desencadenó la dimisión del resto del equipo coordinador".
 
Dada esa situación, el PNCC quedó diezmado y ahora crece la preocupación por el futuro del Programa que ayuda a tratar tanto a niños como a adultos en todo el país. Cabe destacar que, en 2023, cuando todavía era diputado, Milei votó en contra de la Ley de Cardiopatías Congénitas ya que "implicaba más presencia del Estado" y "más gastos", y, principalmente, el proyecto "interfería en la vida de los individuos". Una ridiculez.
 
Organizaciones científicas, asociaciones médicas y organizaciones de familias se encuentran promoviendo acciones de divulgación y plan de lucha para revertir esta inhumana decisión del miserable Gobierno de Milei que una vez más afecta a los más débiles.
 
La Opinión Popular
 

05-01-2026 / 11:01
El Congreso de Estados Unidos planteó reparos al swap de 20 mil millones de dólares que la administración de Donald Trump le otorgó al gobierno argentino. Los congresistas estadounidenses advirtieron que la gestión de Javier Milei aún no puede garantizar la sostenibilidad de sus reformas, el pago de la deuda a tiempo ni la relevancia como socio comercial.
 
Estos planteos fueron plasmados por el Servicio de Investigación del Congreso (CRS) estadounidense en un informe. El mismo se centró en la asistencia financiera del gobierno de Estados Unidos a Argentina, y expone que el principal obstáculo para la política económica argentina es la limitada disponibilidad de divisas.
 
En este sentido, el documento destacó que el swap se implementó en un contexto de presión sobre el valor del peso y creciente oposición en el Congreso argentino. Además, advirtió que dicho instrumento financiero es la principal fuente de divisas de Argentina, ya que el país "no cuenta con un superávit comercial sólido".
 
Dicho esto, el análisis alertó que "con el peso cerca del techo de la banda y pagos de deuda en aumento para los próximos tres años, el Gobierno podría enfrentar nuevos obstáculos para profundizar las reformas".
 
Asimismo, proyectó que "si el Gobierno queda sin fondos suficientes para los pagos de deuda y para sostener la política cambiaria, podría enfrentar decisiones difíciles, como un décimo default o permitir una mayor flexibilidad en el valor del peso".
 
En ese escenario, señaló que "el gobierno podría buscar apoyo adicional de Estados Unidos, el FMI (Fondo Monetario Internacional) u otros organismos", al remarcar que "las perspectivas de obtener ese apoyo no son claras, dadas las dudas sobre la disposición del FMI para ampliar la asistencia, considerando su alta exposición a Argentina en comparación con otros países miembros".
 
Al mismo tiempo, el informe sostuvo que "también existen dudas sobre la importancia de Argentina como socio comercial para Estados Unidos, ya que sus crisis previas no han tenido efectos de contagio significativos para la economía estadounidense ni global".
 
El CRS repasó la "larga historia de turbulencia económica" argentina y lo calificó como un país con una alta dependencia del FMI e historial de defaults. Asimismo, si bien destacó las reformas implementadas por la gestión de Milei, señaló que se vienen dando resultados ambiguos.
 
El escrito también exhibe las críticas de algunos congresistas estadounidenses sobre el swap. Los mismos señalan que desfavorece a los exportadores estadounidenses que compiten con Argentina, que utiliza dinero de los contribuyentes para financiar a un país con un historial de incumplimiento de pagos, y que podría ejercer una influencia indebida en las elecciones democráticas extranjeras o beneficiar a inversores privados.
 
El CRS concluye que el futuro de la estabilidad económica y el pago de la deuda argentina sigue envuelto en un manto de "duda", y aún está por verse hasta qué punto el Congreso estadounidense apoyará las medidas de asistencia económica de Trump.
 
La Opinión Popular
 

04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

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