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Entre Ríos - 22-09-2021 / 12:09
PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD FORESTAL

Gustavo Bordet ratifica la estrategia para el desarrollo forestal

Gustavo Bordet ratifica la estrategia para el desarrollo forestal
Gustavo Bordet firmó esta semana el decreto 2668 por el cual la provincia ratifica el acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la nación para la implementación del Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal.
 
El gobernador Gustavo Bordet firmó esta semana el decreto 2668 por el cual la provincia ratifica el acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la nación para la implementación del Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal. Este instrumento establece acciones conjuntas con el objetivo de llevar adelante el programa enunciado con la asignación de recursos provenientes del Contrato de Préstamo del BID N° 2853 para realizar obras y/o adquisiciones de bienes y/o servicios necesarios para el desarrollo de la actividad.
 
El primero de ellos se trata del Mejoramiento de la Gestión a través de la Información Forestal y la Certificación Forestal y el otro refiere al Desarrollo y Transferencia de Tecnología cuyo objetivo es contribuir al manejo sustentable y a la competitividad de las plantaciones forestales, aumentando la calidad de los productos, tanto en la producción primaria como en la primera transformación, diversificando la base productiva y mejorando el acceso a las cadenas productivas y los mercados para las MiPyMEs.
 
 
En el acuerdo, que consta de 17 cláusulas, quedan pactadas las Definiciones, Objetivos, Atribuciones, Responsabilidades, Financiamiento y Obligaciones y se describen las inversiones previstas por fuente de financiamiento.
 
Las inversiones se concretarán luego de un análisis pormenorizado de las necesidades, realizado en las últimas mesas nacionales entre el sector público y privado, en las que Entre Ríos participa activamente y cuyo objetivo es favorecer el desarrollo foresto industrial entrerriano.
 
Un punto importante en que la cláusula sexta del acuerdo establece las responsabilidades de la provincia de Entre Ríos, en lo relativo a la ejecución del acuerdo a través de la Unidad Ejecutora Provincial que será constituida por la Secretaría de Agricultura y Ganadería provincial.
 
En cuanto al financiamiento del programa, el gobierno nacional aportará fondos equivalentes a pesos de dos millones veinte mil dólares estadounidenses(U$S 2.020.000), para la construcción de un Centro Foresto Industrial en la localidad de Federación , y en contraparte Ia provincia de Entre Ríos aportará para la inversiones previstas el equivalente en pesos a seiscientos cuarenta mil dólares estadounidenses (U$S 640.000)
 
Los fondos aportados por Nación tienen como destino la construcción de un Centro de afilado, secado y capacitación para el sector. Eso va a proporcionar que alrededor de 60 aserraderos que tenían que contratar ese servicio de afilado y secado de su madera van a poder contar con estas instalaciones propias y de uso colectivo. El mismo será administrado por la Municipalidad de Federación, los industriales forestales y el control y supervisión de la provincia.
 
Como contraparte, la provincia aporta el equivalente en pesos a 650 mil dólares en tres componentes.
 
El primero es la puesta en valor del vivero provincial de Villa Paranacito por 100 mil dólares, que va a producir álamos y salicáceas, variedades para las cortinas forestales alrededor de escuelas rurales y va a producir árboles de nativas para las prácticas de reforestado cuando se sacan árboles en el mejoramiento de caminos rurales.
 
El segundo es para el Centro regional de Geomática (Ceregeo) a través de una transferencia de 77 mil dólares que realizará el inventario forestal de los bosques cultivados. Eso es similar a un censo que brindará la dimensión de la cantidad de hectáreas forestadas, de qué variedad y de qué diámetro y edad son los árboles.
 
El tercer componente es una transferencia al INTA para la investigación de nuevas variedades forestales a través de la adquisición de vehículos, un aserradero móvil y distintos equipos para el estudio de las nuevas variedades.
 
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24-05-2026 / 09:05
Un análisis técnico de Guillermo Michel desnuda la verdadera naturaleza del proyecto de Frigerio: una transferencia forzosa de ingresos desde el bolsillo de los trabajadores hacia las arcas de un Estado que abdica de su responsabilidad social. Michel advierte que no estamos ante una búsqueda de eficiencia, sino ante un "ajuste por goteo" que utiliza la duplicación del período de cálculo y la eliminación de la movilidad sectorial para licuar los haberes. Según el experto legislador, la reforma rompe el principio de sustitutividad, condenando a los futuros jubilados a percibir una tasa de reemplazo que no refleja su trayectoria laboral, mientras se legaliza el perjuicio previsional derivado del empleo no registrado.
 
Para Michel, el costo de este "equilibrio" fiscal es una regresión patrimonial sin precedentes que ensancha la brecha entre activos y pasivos. El análisis subraya que la delegación de facultades al Ejecutivo y la creación de aportes "solidarios" sobre jubilados no son medidas de emergencia, sino el andamiaje de un estatuto permanente de excepción. En términos de Michel, la gestión de Frigerio opta por el camino más corto y doloroso: castigar la biografía laboral del trabajador entrerriano -especialmente de las mujeres y regímenes especiales- para cumplir con metas de austeridad que ignoran la protección constitucional del salario diferido.
 
En forma lapidaria, Guillermo Michel concluyó: "Frigerio está construyendo el expediente político para ser recordado como el peor gobernador de Entre Ríos desde la vuelta de la democracia. Y con esta ley ratifica que también lo será para los trabajadores".
 

24-05-2026 / 09:05
Bajo el rótulo tecnocrático de "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional", el gobierno de Rogelio Frigerio ha enviado a la Legislatura un proyecto de ley que, tras el análisis minucioso de su articulado, se revela como un programa de ajuste estructural sin precedentes. No estamos ante una reforma técnica de sostenibilidad; estamos ante un desmantelamiento sistemático de la Ley N° 8732 y un retroceso histórico que vulnera el principio de no regresividad amparado por nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos.
 
El proyecto de Rogelio Frigerio es un asalto ataque a la seguridad social de los entrerrianos. Bajo el paraguas de la "sustentabilidad", el Ejecutivo pretende legalizar un ajuste estructural que confisca el salario de los trabajadores activos y licúa el haber de los jubilados, enmarcando los cambios en la Caja de Jubilaciones más al servicio del déficit cero que de los derechos sociales de los pasivos de la provincia. Se trata de una embestida que descarga el peso de una crisis que los trabajadores no generaron sobre sus propias espaldas, mediante un sistema de castigo que licúa ingresos y destruye la movilidad.
 
Esta ofensiva gubernamental no solo desmantela el 82% móvil y el enganche sectorial, sino que consagra una autocracia financiera donde los derechos constitucionales quedan supeditados a decretos del Ejecutivo. Al elevar la edad jubilatoria hasta umbrales biológicamente altísimos y ensañarse particularmente con las mujeres y los sectores más vulnerables, la gestión provincial firma una iniciativa que generará abierta polémica. Es, en esencia, un programa de ajuste que abdica del rol protector del Estado para arrojarse a una lógica de mercado contable que se no contempló los derechos constitucionales de los entrerrianos.
 
De la redacción de La Opinión Popular

18-05-2026 / 20:05
El reciente desplome en los indicadores de imagen de Rogelio Frigerio es, fundamentalmente, la traducción en números del costo de su disciplinamiento político ante la Casa Rosada. La gestión entrerriana ha pasado de ser un proyecto con llegó con sello propio a convertirse en el laboratorio del ajuste de Javier Milei, y los ciudadanos han comenzado a pasar la factura.
 
El informe publicado por Sociedad Política revela una erosión acelerada del capital político que Frigerio supo construir. Lo que antes era un activo —su perfil moderado y técnico— hoy se diluye ante la percepción de una gestión paralizada por su adhesión al gobierno nacional. Hoy, el diferencial de imagen en las encuestas es deficitario. La desaprobación ya supera a la aprobación, rompiendo el "piso de cristal" que el gobernador mantuvo desde que llegó a la gobernación. "Por primera vez, la imagen de Frigerio tiene saldo negativo. El relevamiento marca un punto de inflexión en la consideración pública del mandatario entrerriano".
 
La encuesta ramarca una caída en los sectores medios. El segmento que fue la base de su victoria en 2023 es el que más rápido le ha soltado la mano, agobiado por el aumento de precios, tarifas y la licuación de los salarios de estatales provinciales.
 
La caída de Frigerio es la consecuencia natural de un gobernador que ha decidido —por convicción o por asfixia financiera— ser un alumno aplicado del ajuste libertario. Al alinearse de forma casi incondicional con los proyectos legislativos de la Nación y aceptar sin mayores resistencias el recorte de transferencias, Frigerio está mimetizando su suerte con la de Milei.
 
De la redacción de La Opinión Popular 

17-05-2026 / 20:05
El gobierno de Rogelio Frigerio ha vuelto a cruzar una línea polémica en materia de preservación ambiental y ética pública. En una reciente entrevista que desató el rechazo de organizaciones socioambientales y de la ciudadanía entrerriana, el Ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, blindó la polémica habilitación de la temporada de caza menor en la provincia recurriendo a un argumento tan insólito como jurídicamente insostenible: “La Constitución lo permite, no lo podemos prohibir”.
 
El discurso de Bernaudo tiene un error técnico, pero también un polémico juicio ético y jurídico. Es un error dado que se pretende disfrazar de "derecho constitucional" lo que en realidad es una concesión a empresas que trabajan en buena parte con extranjeros.
 
Al invocar una supuesta protección legal para la matanza de fauna, el funcionario parece confundir la normativa entrerriana con la Segunda Enmienda estadounidense, importando una retórica libertaria que Milei utilizó en su campaña presidencial, la que prioriza el negocio extractivo por sobre el deber constitucional de preservar la biodiversidad y los derechos de los seres sintientes. 
 
Es cuestionable que se intente justificar el "turismo de caza" bajo la exagerada promesa de generación de empleo que, en la práctica, suele estar matizado por la precarización laboral en enclaves cerrados para extranjeros. Mientras el Estado admite su incapacidad de control mediante fiscalizaciones aleatorias, Entre Ríos queda expuesta como un territorio donde la vida silvestre se remata al mejor postor, ignorando el avance global hacia la protección animal y consolidando un modelo económico que deja ganancias en pocas manos. Es un tema que merece una profunda discusión. 
 
De la redacción de La Opinión Popular 

17-05-2026 / 14:05
En una reciente entrevista en el Programa Cuestión de Fondo, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, dejó definiciones que sacudieron el tablero interno del Partido Justicialista de Entre Ríos. Con una mezcla de pragmatismo y firmeza discursiva, el dirigente no esquivó el bulto ante la polémica por las sanciones disciplinarias y apuntó directamente contra quienes, según su visión, utilizan al partido como una plataforma de "agresión permanente".

Al ser consultado sobre las sanciones que el Tribunal de Disciplina ha comenzado a aplicar, Fuertes fue tajante: "Sí, estoy de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo". Para el villaguayense, la libertad de participación no es un cheque en blanco para el ataque sistemático hacia la conducción o los pares. "En la vida hay límites. Si lo que hay es una permanente agresión a los dirigentes del peronismo, están las normativas de sanción", disparó Fuertes.
 
Uno de los puntos más álgidos de su alocución fue la mención al sector de Héctor María Maya. Fuertes denunció lo que considera una estrategia de "división" orquestada desde afuera. Acusó a este sector de no cumplir con la Carta Orgánica y, acto seguido, utilizar sellos de partidos vinculados al oficialismo provincial para competir contra el peronismo. La metáfora del zapallo: "Le dieron el sello como si le dieran un zapallo... tomá, usalo para dividir al peronismo", graficó con ironía. En un dardo al Socialismo, el intendente del PJ uestionó que una fuerza de la coalición gobernante actual "alquilara" su personería para intervenir en la interna peronista sin un proceso orgánico claro.

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