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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 22-09-2021 / 11:09

¡SE LE VINO LA NOCHE AL EX MANIPULADOR JUDICIAL PRÓFUGO!

Interpol disparó el alerta roja para capturar al macrista Pepín Rodríguez Simón

El único objetivo de Pepín al irse a Uruguay fue escapar de las autoridades judiciales argentinas, donde lejos de existir persecución, se investigan delitos gravísimos, con el agravante de que se podría estar ante la figura de una asociación ilícita que tendría a la cabeza al ex mandatario Mauricio Macri.

Pepinazo en contra. La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) activó el alerta roja contra el operador judicial macrista Fabián "Pepín" Rodríguez Simón quien está prófugo en Uruguay. El propio ex funcionario macrista reconoció ante el Parlasur el no consiguió el estatus de refugiado en el país vecino. "El informe (del CORE -Comision de Refugiados-) fue digamos que negativo. No fue enfáticamente negativo pero fue un informe negativo", dijo ante sus pares parlamentarios.

Visiblemente nervioso ante la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlasur, el prófugo Rodríguez Simón admitió que se le denegó el estatus de refugiado por lo que se activó el alerta roja e Intepol ya que la justicia argentina lo busca para declarar en una causa que lleva adelante la jueza María Servini.

"A que el informe no me... O sea... no era favorable a que se reconociera la condición de refugiado. El informe es un informe que hace un grupo de asistentes sociales que tienen que ver... o sea, la verdad, no tenía mucho contenido jurídico", trató de restar importancia pero lo cierto es que se espera ese documento del CORE para terminar de definir su condición en Uruguay.

"Pepín" Rodríguez Simón se presentó por videoconferencia en el marco del proceso abierto en el Parlasur para desplazarlo de su cargo, acusado de haber eludido el accionar de la justicia argentina tras haber viajado a Uruguay, donde pidió que se le conceda el estatus de refugiado político, ahora denegado.

Con la suposición de la persecución política, Rodríguez Simón buscó defenderse en el proceso abierto para removerlo del cuerpo, luego de que fuera acusado por sus pares del Parlasur de haberse profugado de la justicia argentina. Tras la presentación de Rodríguez Simón ante esta instancia del Parlasur, esta comisión emitirá dictamen -posiblemente uno por la mayoría y otro por la minoría-, tras lo cual el pedido para removerlo será tratado en fecha a determinar por el pleno del parlamento regional.

En mayo de este año, la jueza María Servini declaró en rebeldía a Rodríguez Simón y ordenó su captura nacional e internacional, además de disponer la inhibición general de sus bienes. El exfuncionario macrista está en Uruguay desde el 8 de diciembre de 2020, país al que viajó mientras se lo investigaba en una causa judicial por presiones al Grupo Indalo.

En ese expediente se investiga "la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción".

El único objetivo de Pepín al irse a Uruguay fue escapar de las autoridades judiciales argentinas, donde lejos de existir persecución, se investigan delitos penales gravísimos, con el agravante de que se podría estar ante la figura de una asociación ilícita que tendría a la cabeza al ex mandatario Mauricio Macri.

La Opinión Popular

ANTE LOS PEDIDOS DE EXPULSIÓN

"Pepín" Rodríguez Simón se defendió en el Parlasur con la teoría de la persecución política

Fabián "Pepín" Rodríguez Simón volvió a recurrir a la teoría de que es un supuesto perseguido político al hacer su descargo en el proceso de expulsión que se le sigue en el Parlamento del Mercosur y pedir que no lo remuevan de su banca. Sin embargo, después de intentar esquivar varias preguntas tuvo que reconocer que lo que tiene en Argentina es una causa penal por delitos comunes --amenazas y extorsiones contra los accionistas del Grupo Indalo-- donde decidió no presentarse a indagatoria y que la Comisión de Refugiados de Uruguay (CORE) dictaminó que debe ser rechazada su solicitud de refugio.

Con frases entrecortadas y por momentos imprecisas, el operador judicial macrista, que ya tiene un alerta rojo de Interpol en su contra, buscó poner énfasis en que la justicia uruguaya todavía no tomó ninguna decisión sobre su suerte y que mientras tanto tiene protección como si fuera un refugiado. Pero no respondió con argumentos a la acusación concreta presentada en su contra por la parlamentaria Cecilia Brito (Frente para la Victoria) y su par Jorge Vanossi (Unidos por una Nueva Alternativa), que le atribuyen "inhabilidad moral" y "falta de decoro" precisamente por eludir a la justicia del país al que representa como parlamentario.

Uno de los momentos más tensos de la extensa audiencia ante la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos, y donde Pepín comenzó a trastabillar, se produjo cuando la representante de Paraguay Edith Benítez le hizo preguntas concretas sobre su pedido de refugio en Uruguay y la causa que tramita en Comodoro Py, a cargo de la jueza María Servini, quién pidió su captura y extradición después de que él anunciara públicamente que no iría a la indagatoria. "Lo que le digo es que todavía no se resolvió nada", señaló Rodríguez Simón sobre su pedido de protección al país vecino. "Desde que pido refugio se me considera refugiado", subrayó, y acotó de manera enrevesada que la CORE había emitido un informe "declarativo" pero "no tiene potestad de resolver".

Luego admitió: "Fue un informe negativo".

--¿A qué se refiere? ¿Qué significa ese informe negativo?--le insistió Benítez.

--Ni la CORE, ni Relaciones Exteriores ni la Justicia me denegaron la condición de refugio. Mantengo la protección como si fuera de refugiado hasta que haya una denegatoria. La juez todavía no se pronunció--, eludió Pepín.

--Le reitero la pregunta. Usted se refirió a un informe negativo, ¿A qué se refirió?--insistió la mujer.

--El informe, que no era vinculante, no era favorable a que se me reconociera la condición de refugiado. Es uno de los elementos que tiene la juez para resolver. No me fue denegada la solicitud. Es un informe que hacen asistentes sociales, no tenía mucho contenido jurídico, pero tengo un deber de confidencialidad. No tengo ningún rechazo a mi petición. No estoy prófugo y puedo circular libremente por todo el Uruguay.

El informe de la CORE, explicaron funcionarios uruguayos a este diario, lo hacen sus miembros que son integrantes del Ministerio de Relaciones Exteriores; de la Dirección de Migración; de la Universidad de la República; del Poder Legislativo; de organizaciones no gubernamentales; del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o su representante (cómo miembro invitado).

La orden de captura internacional emitida por Interpol, describe a Rodríguez Simón como "prófugo buscado para un proceso penal". Si saliera de Uruguay, sería detenido de inmediato. La jueza uruguaya Adriana Chamsarian, en efecto, tiene la palabra final sobre la solicitud de refugio, que condicionará lo que suceda con el pedido de extradición. Por lo general, la palabra de la CORE tiene peso, aunque no sea determinante.

Rodríguez Simón leyó su presentación ante esa Comisión de Refugiados, donde dice que lo persiguen en Argentina por razones políticas, por momentos bramó cuestionamientos al Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y cuando la parlamentaria Benítez quiso indagar sobre la causa judicial, dijo que es "solo una herramienta de persecución", "otra es el pedido de remoción que pretende proscribirme políticamente".

"Me imputan haber amenazado a los operadores del juego de la Ciudad de Buenos Aires y haberlos extorsionado (...) sería que si no pagaban los impuestos se les haría una ejecución fiscal o rescindir las concesiones cosa que no es tan así, porque yo no era func...", se auto interrumpió Pepín.

Porque claro, no era un funcionario con facultades para recaudar. Sus cargos formales eran los de director de YPF, parlamentario del Mercosur y tuvo una llamativa designación como asesor de Lotería de la Ciudad después, cargo que no le otorga grandes potestades pero lo habilitaba a desplegar su especialidad como operador.

Cuando la jueza Servini declaró a Pepín en rebeldía y pidió su captura describió la hipótesis de su investigación, en la que también están imputados el expresidente Mauricio Macri, entre otros ex funcionarios: "Se investiga la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil, presuntamente en beneficio de intereses empresarios afines al gobierno y en perjuicio de los intereses públicos por los que debía velar el organismo recaudador nacional". Servini hizo mucho hincapié en la declaración de uno de los accionistas, Cristóbal López, quien dijo que todo había sido producto de negarse al pedido de Macri "para que las empresas de medios del Grupo Indalo estuviesen a su disposición para encarcelar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner". Como es conocido, tanto López como Fabián de Sousa fueron encarcelados incluso con otra excusa, una supuesta deuda de Oil Combustibles.

"Los delitos que se me imputan son amenaza y extorsión", tuvo que admitir Rodríguez Simón ante las preguntas. Sugirió que a él aplicaría lo que exfuncionarios del kirchnerismo denominan "lawfare".

"Es claro que Pepín no pudo negar su condición de prófugo para la justicia argentina, por lo tanto no es un perseguido político, y tuvo que aceptar que la CORE le negó la condición de asilado. Los argentinos de bien esperamos que se presente en nuestra justicia y se defienda como tiene que ser", dijo el Parlamentario del Frente Para la Victoria Oscar Laborde.

Los integrantes del Bloque Frente de Todos y Argentina Federal en el Parlasur, difundieron un comunicado después de escuchar el descargo, donde dicen que Rodríguez Simón "sin dudas aprovechó el escenario" de su defensa ante las/los parlamentarias/os "para desesperadamente enviar mensajes a las autoridades uruguayas que hoy por hoy deben decidir su condición de asilado y refugiado. Más que enfocarse en el núcleo de la denuncia, la falta de decoro que implica no estar a derecho en su propio país, desplegó una estrategia para convencer a las autoridades del hermano país que es un perseguido político en Argentina".

Calificaron la exposición como "tediosa, incongruente, reiterativa, fundada en titulares de prensa para sostener su tesis de perseguido político" y reveladora de "su único objetivo: escapar de las autoridades judiciales argentinas donde lejos de existir persecución, se investigan delitos gravísimos, con el agravante de que podríamos estar ante la figura de una asociación ilícita que tendría a la cabeza al ex mandatario Macri". Reafirmaron su convicción de que "la separación del pleno de Pepín Rodríguez constituye un acto de institucionalidad necesario y urgente".

Ahora tendrán el desafío de juntar los votos, ya que para expulsar a un parlamentario hace falta una mayoría de dos tercios: 86 votos de 120 integrantes del parlamento. Primero habrá un despacho de comisión y después habrá que ver hacia donde se inclinan los votos. La demora de la justicia uruguaya aumenta más aún la incertidumbre.

Fuente: Página12

12-02-2026 / 10:02

No es reforma, es esclavitud y represión: crónica del gas, las balas y la subasta de derechos

El aire pica, arde, lastima la garganta. No se puede respirar. Lágrimas y ojos rojos. Corridas. Un rato antes de las cuatro de la tarde, la calma tensa de la Plaza del Congreso estalló en pedazos. A mansalva, el pelotón de gendarmes dispara sus escopetas desde la avenida Entre Ríos mientras los camiones hidrantes escupen agua para despejar lo que la política no pudo convencer. Llueven las bombas lacrimógenas sobre una plaza que, apenas una hora antes, era un hervidero de trabajadores protestando contra una reforma laboral que se dice moderna pero es esclavista y decimonónica: un viaje sin escalas al siglo XIX.

Otra vez el panic show mileísta: un despliegue de detenciones y balas de goma para vaciar la calle mientras adentro, en el palacio legislativo de mármol, se ejecuta el remate de la dignidad de los laburantes. La jornada había comenzado con un blanco nuclear. No era el sol de la justicia, sino el resplandor de una subasta que no admite ofertas en pesos, solo se liquida con el lomo del que labura. Obreros, docentes, judiciales, bancarios, jubilados...

A las dos de la tarde, las columnas de los gremios empezaron a ganar la calle, y para las tres, la Plaza ya era un mar de banderas y espanto bajo un sol tremendo. Los gendarmes, alineados con una simetría maníaca, exhiben botas con un brillo obsceno, casi un espejo donde podés peinarte antes de que te partan el alma. Estaban agazapados tras las vallas, custodiando un Congreso enjaulado como pajarera de lujo.

En el corralito antes del Palacio, el ingenio popular intentó ganarle al cinismo: un cartel gritaba "Saluden a las horas extras que se van", mientras otro advertía: "Con el banco de horas despedite de tu familia". Hay carteles más directos que se agitan sobre las cabezas: "Quitar derechos laborales viola la Constitución Nacional".

Bajo un celeste furioso, los paraguas de los ferroviarios servían para taparse del sol mientras una señora repartía estampitas de la Virgen de Luján "para que nos salve". Luis, operario metalúrgico de Quilmes, buscaba un resto de sombra bajo un ombú: "Si te pueden pagar el sueldo con fideos o fraccionarte las vacaciones, lo único que liberan es la mano del patrón para apretarnos más fuerte". Gabriel Espósito, delegado de ATE en Atucha, miraba las vallas con preocupación: "Estamos peleando para tirar atrás esta reforma que nos regresa cien años en el tiempo. Es un capítulo más de un proyecto que quiere ver a los sectores populares de rodillas".

Mientras en la calle se ponía el cuerpo, en los pasillos del Senado se pulía el desguace. El clan Caputo y los Menem cerraron el canje de Ganancias por la Reforma Laboral. La perversión es quirúrgica: se derogan estatutos y se liquida la indemnización plena. Pablo Luna, jubilado de YPF, no lo podía creer: "Se están pasando el 14 bis por las pelotas. ¡Qué futuro les espera a los chicos!".

Antes de que el gas lo cubriera todo, un solo grito unificaba las columnas: "¡Paro, paro, paro... paro general!". Era el reclamo de la calle que el Parlamento se negaba a escuchar. Pasadas las cuatro, el escenario mutó en pesadilla. Un grupo de encapuchados protagonizó incidentes contra el vallado, la excusa perfecta para que la represión se volviera cacería. El avance de la Gendarmería y de los cosacos de la Ciudad convirtió la Plaza en un territorio ocupado. El "modelo Milei" consiguió su victoria de papel entre nubes de tóxicos.

En el asfalto caliente, donde todavía flota el ácido del gas pimienta, el aire se volvió irrespirable. Adentro del Congreso brinda la casta mileísta; afuera, el pueblo mastica el polvo de una traición. La patria no se vende, se defiende, y esta tarde la defensa se escribió con el cuero aguantando el fuego del amo. Pero no seremos su esclavo: sean eternos los derechos que supimos conseguir.

La Opinión Popular

11-02-2026 / 11:02

Rebelión policial en Santa Fe por salarios de miseria, corrupción y malos tratos

La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.

Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.

Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.

Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.

Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.

Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.

La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.

Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".

10-02-2026 / 11:02

Contra la Reforma laboral esclavista de Milei, los trabajadores marchan al Congreso para exigir por sus derechos

El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.

La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.

La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.

El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.

"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".

Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.

La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.

La Opinión Popular

09-02-2026 / 09:02

¿Quién la votó?: Karina quiere el control total del gobierno y tensiona con Javier Milei

Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.

Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.

Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.

"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.

Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.

La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.

Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.

De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.

La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.

"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.

Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."