23:26 | Martes 01 de Julio de 2013 | Entre Ríos
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Nacionales - 22-09-2021 / 11:09
¡SE LE VINO LA NOCHE AL EX MANIPULADOR JUDICIAL PRÓFUGO!
Interpol disparó el alerta roja para capturar al macrista Pepín Rodríguez Simón
El único objetivo de Pepín al irse a Uruguay fue escapar de las autoridades judiciales argentinas, donde lejos de existir persecución, se investigan delitos gravísimos, con el agravante de que se podría estar ante la figura de una asociación ilícita que tendría a la cabeza al ex mandatario Mauricio Macri.
Pepinazo en contra. La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) activó el alerta roja contra el operador judicial macrista Fabián "Pepín" Rodríguez Simón quien está prófugo en Uruguay. El propio ex funcionario macrista reconoció ante el Parlasur el no consiguió el estatus de refugiado en el país vecino. "El informe (del CORE -Comision de Refugiados-) fue digamos que negativo. No fue enfáticamente negativo pero fue un informe negativo", dijo ante sus pares parlamentarios.
Visiblemente nervioso ante la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlasur, el prófugo Rodríguez Simón admitió que se le denegó el estatus de refugiado por lo que se activó el alerta roja e Intepol ya que la justicia argentina lo busca para declarar en una causa que lleva adelante la jueza María Servini.
"A que el informe no me... O sea... no era favorable a que se reconociera la condición de refugiado. El informe es un informe que hace un grupo de asistentes sociales que tienen que ver... o sea, la verdad, no tenía mucho contenido jurídico", trató de restar importancia pero lo cierto es que se espera ese documento del CORE para terminar de definir su condición en Uruguay.
"Pepín" Rodríguez Simón se presentó por videoconferencia en el marco del proceso abierto en el Parlasur para desplazarlo de su cargo, acusado de haber eludido el accionar de la justicia argentina tras haber viajado a Uruguay, donde pidió que se le conceda el estatus de refugiado político, ahora denegado.
Con la suposición de la persecución política, Rodríguez Simón buscó defenderse en el proceso abierto para removerlo del cuerpo, luego de que fuera acusado por sus pares del Parlasur de haberse profugado de la justicia argentina. Tras la presentación de Rodríguez Simón ante esta instancia del Parlasur, esta comisión emitirá dictamen -posiblemente uno por la mayoría y otro por la minoría-, tras lo cual el pedido para removerlo será tratado en fecha a determinar por el pleno del parlamento regional.
En mayo de este año, la jueza María Servini declaró en rebeldía a Rodríguez Simón y ordenó su captura nacional e internacional, además de disponer la inhibición general de sus bienes. El exfuncionario macrista está en Uruguay desde el 8 de diciembre de 2020, país al que viajó mientras se lo investigaba en una causa judicial por presiones al Grupo Indalo.
En ese expediente se investiga "la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción".
El único objetivo de Pepín al irse a Uruguay fue escapar de las autoridades judiciales argentinas, donde lejos de existir persecución, se investigan delitos penales gravísimos, con el agravante de que se podría estar ante la figura de una asociación ilícita que tendría a la cabeza al ex mandatario Mauricio Macri.
La Opinión Popular
Visiblemente nervioso ante la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlasur, el prófugo Rodríguez Simón admitió que se le denegó el estatus de refugiado por lo que se activó el alerta roja e Intepol ya que la justicia argentina lo busca para declarar en una causa que lleva adelante la jueza María Servini.
"A que el informe no me... O sea... no era favorable a que se reconociera la condición de refugiado. El informe es un informe que hace un grupo de asistentes sociales que tienen que ver... o sea, la verdad, no tenía mucho contenido jurídico", trató de restar importancia pero lo cierto es que se espera ese documento del CORE para terminar de definir su condición en Uruguay.
"Pepín" Rodríguez Simón se presentó por videoconferencia en el marco del proceso abierto en el Parlasur para desplazarlo de su cargo, acusado de haber eludido el accionar de la justicia argentina tras haber viajado a Uruguay, donde pidió que se le conceda el estatus de refugiado político, ahora denegado.
Con la suposición de la persecución política, Rodríguez Simón buscó defenderse en el proceso abierto para removerlo del cuerpo, luego de que fuera acusado por sus pares del Parlasur de haberse profugado de la justicia argentina. Tras la presentación de Rodríguez Simón ante esta instancia del Parlasur, esta comisión emitirá dictamen -posiblemente uno por la mayoría y otro por la minoría-, tras lo cual el pedido para removerlo será tratado en fecha a determinar por el pleno del parlamento regional.
En mayo de este año, la jueza María Servini declaró en rebeldía a Rodríguez Simón y ordenó su captura nacional e internacional, además de disponer la inhibición general de sus bienes. El exfuncionario macrista está en Uruguay desde el 8 de diciembre de 2020, país al que viajó mientras se lo investigaba en una causa judicial por presiones al Grupo Indalo.
En ese expediente se investiga "la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción".
El único objetivo de Pepín al irse a Uruguay fue escapar de las autoridades judiciales argentinas, donde lejos de existir persecución, se investigan delitos penales gravísimos, con el agravante de que se podría estar ante la figura de una asociación ilícita que tendría a la cabeza al ex mandatario Mauricio Macri.
La Opinión Popular
ANTE LOS PEDIDOS DE EXPULSIÓN
"Pepín" Rodríguez Simón se defendió en el Parlasur con la teoría de la persecución política
Fabián "Pepín" Rodríguez Simón volvió a recurrir a la teoría de que es un supuesto perseguido político al hacer su descargo en el proceso de expulsión que se le sigue en el Parlamento del Mercosur y pedir que no lo remuevan de su banca. Sin embargo, después de intentar esquivar varias preguntas tuvo que reconocer que lo que tiene en Argentina es una causa penal por delitos comunes --amenazas y extorsiones contra los accionistas del Grupo Indalo-- donde decidió no presentarse a indagatoria y que la Comisión de Refugiados de Uruguay (CORE) dictaminó que debe ser rechazada su solicitud de refugio.
Con frases entrecortadas y por momentos imprecisas, el operador judicial macrista, que ya tiene un alerta rojo de Interpol en su contra, buscó poner énfasis en que la justicia uruguaya todavía no tomó ninguna decisión sobre su suerte y que mientras tanto tiene protección como si fuera un refugiado. Pero no respondió con argumentos a la acusación concreta presentada en su contra por la parlamentaria Cecilia Brito (Frente para la Victoria) y su par Jorge Vanossi (Unidos por una Nueva Alternativa), que le atribuyen "inhabilidad moral" y "falta de decoro" precisamente por eludir a la justicia del país al que representa como parlamentario.
Uno de los momentos más tensos de la extensa audiencia ante la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos, y donde Pepín comenzó a trastabillar, se produjo cuando la representante de Paraguay Edith Benítez le hizo preguntas concretas sobre su pedido de refugio en Uruguay y la causa que tramita en Comodoro Py, a cargo de la jueza María Servini, quién pidió su captura y extradición después de que él anunciara públicamente que no iría a la indagatoria. "Lo que le digo es que todavía no se resolvió nada", señaló Rodríguez Simón sobre su pedido de protección al país vecino. "Desde que pido refugio se me considera refugiado", subrayó, y acotó de manera enrevesada que la CORE había emitido un informe "declarativo" pero "no tiene potestad de resolver".
Luego admitió: "Fue un informe negativo".
--¿A qué se refiere? ¿Qué significa ese informe negativo?--le insistió Benítez.
--Ni la CORE, ni Relaciones Exteriores ni la Justicia me denegaron la condición de refugio. Mantengo la protección como si fuera de refugiado hasta que haya una denegatoria. La juez todavía no se pronunció--, eludió Pepín.
--Le reitero la pregunta. Usted se refirió a un informe negativo, ¿A qué se refirió?--insistió la mujer.
--El informe, que no era vinculante, no era favorable a que se me reconociera la condición de refugiado. Es uno de los elementos que tiene la juez para resolver. No me fue denegada la solicitud. Es un informe que hacen asistentes sociales, no tenía mucho contenido jurídico, pero tengo un deber de confidencialidad. No tengo ningún rechazo a mi petición. No estoy prófugo y puedo circular libremente por todo el Uruguay.
El informe de la CORE, explicaron funcionarios uruguayos a este diario, lo hacen sus miembros que son integrantes del Ministerio de Relaciones Exteriores; de la Dirección de Migración; de la Universidad de la República; del Poder Legislativo; de organizaciones no gubernamentales; del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o su representante (cómo miembro invitado).
La orden de captura internacional emitida por Interpol, describe a Rodríguez Simón como "prófugo buscado para un proceso penal". Si saliera de Uruguay, sería detenido de inmediato. La jueza uruguaya Adriana Chamsarian, en efecto, tiene la palabra final sobre la solicitud de refugio, que condicionará lo que suceda con el pedido de extradición. Por lo general, la palabra de la CORE tiene peso, aunque no sea determinante.
Rodríguez Simón leyó su presentación ante esa Comisión de Refugiados, donde dice que lo persiguen en Argentina por razones políticas, por momentos bramó cuestionamientos al Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y cuando la parlamentaria Benítez quiso indagar sobre la causa judicial, dijo que es "solo una herramienta de persecución", "otra es el pedido de remoción que pretende proscribirme políticamente".
"Me imputan haber amenazado a los operadores del juego de la Ciudad de Buenos Aires y haberlos extorsionado (...) sería que si no pagaban los impuestos se les haría una ejecución fiscal o rescindir las concesiones cosa que no es tan así, porque yo no era func...", se auto interrumpió Pepín.
Porque claro, no era un funcionario con facultades para recaudar. Sus cargos formales eran los de director de YPF, parlamentario del Mercosur y tuvo una llamativa designación como asesor de Lotería de la Ciudad después, cargo que no le otorga grandes potestades pero lo habilitaba a desplegar su especialidad como operador.
Cuando la jueza Servini declaró a Pepín en rebeldía y pidió su captura describió la hipótesis de su investigación, en la que también están imputados el expresidente Mauricio Macri, entre otros ex funcionarios: "Se investiga la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil, presuntamente en beneficio de intereses empresarios afines al gobierno y en perjuicio de los intereses públicos por los que debía velar el organismo recaudador nacional". Servini hizo mucho hincapié en la declaración de uno de los accionistas, Cristóbal López, quien dijo que todo había sido producto de negarse al pedido de Macri "para que las empresas de medios del Grupo Indalo estuviesen a su disposición para encarcelar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner". Como es conocido, tanto López como Fabián de Sousa fueron encarcelados incluso con otra excusa, una supuesta deuda de Oil Combustibles.
"Los delitos que se me imputan son amenaza y extorsión", tuvo que admitir Rodríguez Simón ante las preguntas. Sugirió que a él aplicaría lo que exfuncionarios del kirchnerismo denominan "lawfare".
"Es claro que Pepín no pudo negar su condición de prófugo para la justicia argentina, por lo tanto no es un perseguido político, y tuvo que aceptar que la CORE le negó la condición de asilado. Los argentinos de bien esperamos que se presente en nuestra justicia y se defienda como tiene que ser", dijo el Parlamentario del Frente Para la Victoria Oscar Laborde.
Los integrantes del Bloque Frente de Todos y Argentina Federal en el Parlasur, difundieron un comunicado después de escuchar el descargo, donde dicen que Rodríguez Simón "sin dudas aprovechó el escenario" de su defensa ante las/los parlamentarias/os "para desesperadamente enviar mensajes a las autoridades uruguayas que hoy por hoy deben decidir su condición de asilado y refugiado. Más que enfocarse en el núcleo de la denuncia, la falta de decoro que implica no estar a derecho en su propio país, desplegó una estrategia para convencer a las autoridades del hermano país que es un perseguido político en Argentina".
Calificaron la exposición como "tediosa, incongruente, reiterativa, fundada en titulares de prensa para sostener su tesis de perseguido político" y reveladora de "su único objetivo: escapar de las autoridades judiciales argentinas donde lejos de existir persecución, se investigan delitos gravísimos, con el agravante de que podríamos estar ante la figura de una asociación ilícita que tendría a la cabeza al ex mandatario Macri". Reafirmaron su convicción de que "la separación del pleno de Pepín Rodríguez constituye un acto de institucionalidad necesario y urgente".
Ahora tendrán el desafío de juntar los votos, ya que para expulsar a un parlamentario hace falta una mayoría de dos tercios: 86 votos de 120 integrantes del parlamento. Primero habrá un despacho de comisión y después habrá que ver hacia donde se inclinan los votos. La demora de la justicia uruguaya aumenta más aún la incertidumbre.
Fuente: Página12
"Pepín" Rodríguez Simón se defendió en el Parlasur con la teoría de la persecución política
Fabián "Pepín" Rodríguez Simón volvió a recurrir a la teoría de que es un supuesto perseguido político al hacer su descargo en el proceso de expulsión que se le sigue en el Parlamento del Mercosur y pedir que no lo remuevan de su banca. Sin embargo, después de intentar esquivar varias preguntas tuvo que reconocer que lo que tiene en Argentina es una causa penal por delitos comunes --amenazas y extorsiones contra los accionistas del Grupo Indalo-- donde decidió no presentarse a indagatoria y que la Comisión de Refugiados de Uruguay (CORE) dictaminó que debe ser rechazada su solicitud de refugio.
Con frases entrecortadas y por momentos imprecisas, el operador judicial macrista, que ya tiene un alerta rojo de Interpol en su contra, buscó poner énfasis en que la justicia uruguaya todavía no tomó ninguna decisión sobre su suerte y que mientras tanto tiene protección como si fuera un refugiado. Pero no respondió con argumentos a la acusación concreta presentada en su contra por la parlamentaria Cecilia Brito (Frente para la Victoria) y su par Jorge Vanossi (Unidos por una Nueva Alternativa), que le atribuyen "inhabilidad moral" y "falta de decoro" precisamente por eludir a la justicia del país al que representa como parlamentario.
Uno de los momentos más tensos de la extensa audiencia ante la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos, y donde Pepín comenzó a trastabillar, se produjo cuando la representante de Paraguay Edith Benítez le hizo preguntas concretas sobre su pedido de refugio en Uruguay y la causa que tramita en Comodoro Py, a cargo de la jueza María Servini, quién pidió su captura y extradición después de que él anunciara públicamente que no iría a la indagatoria. "Lo que le digo es que todavía no se resolvió nada", señaló Rodríguez Simón sobre su pedido de protección al país vecino. "Desde que pido refugio se me considera refugiado", subrayó, y acotó de manera enrevesada que la CORE había emitido un informe "declarativo" pero "no tiene potestad de resolver".
Luego admitió: "Fue un informe negativo".
--¿A qué se refiere? ¿Qué significa ese informe negativo?--le insistió Benítez.
--Ni la CORE, ni Relaciones Exteriores ni la Justicia me denegaron la condición de refugio. Mantengo la protección como si fuera de refugiado hasta que haya una denegatoria. La juez todavía no se pronunció--, eludió Pepín.
--Le reitero la pregunta. Usted se refirió a un informe negativo, ¿A qué se refirió?--insistió la mujer.
--El informe, que no era vinculante, no era favorable a que se me reconociera la condición de refugiado. Es uno de los elementos que tiene la juez para resolver. No me fue denegada la solicitud. Es un informe que hacen asistentes sociales, no tenía mucho contenido jurídico, pero tengo un deber de confidencialidad. No tengo ningún rechazo a mi petición. No estoy prófugo y puedo circular libremente por todo el Uruguay.
El informe de la CORE, explicaron funcionarios uruguayos a este diario, lo hacen sus miembros que son integrantes del Ministerio de Relaciones Exteriores; de la Dirección de Migración; de la Universidad de la República; del Poder Legislativo; de organizaciones no gubernamentales; del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o su representante (cómo miembro invitado).
La orden de captura internacional emitida por Interpol, describe a Rodríguez Simón como "prófugo buscado para un proceso penal". Si saliera de Uruguay, sería detenido de inmediato. La jueza uruguaya Adriana Chamsarian, en efecto, tiene la palabra final sobre la solicitud de refugio, que condicionará lo que suceda con el pedido de extradición. Por lo general, la palabra de la CORE tiene peso, aunque no sea determinante.
Rodríguez Simón leyó su presentación ante esa Comisión de Refugiados, donde dice que lo persiguen en Argentina por razones políticas, por momentos bramó cuestionamientos al Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y cuando la parlamentaria Benítez quiso indagar sobre la causa judicial, dijo que es "solo una herramienta de persecución", "otra es el pedido de remoción que pretende proscribirme políticamente".
"Me imputan haber amenazado a los operadores del juego de la Ciudad de Buenos Aires y haberlos extorsionado (...) sería que si no pagaban los impuestos se les haría una ejecución fiscal o rescindir las concesiones cosa que no es tan así, porque yo no era func...", se auto interrumpió Pepín.
Porque claro, no era un funcionario con facultades para recaudar. Sus cargos formales eran los de director de YPF, parlamentario del Mercosur y tuvo una llamativa designación como asesor de Lotería de la Ciudad después, cargo que no le otorga grandes potestades pero lo habilitaba a desplegar su especialidad como operador.
Cuando la jueza Servini declaró a Pepín en rebeldía y pidió su captura describió la hipótesis de su investigación, en la que también están imputados el expresidente Mauricio Macri, entre otros ex funcionarios: "Se investiga la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil, presuntamente en beneficio de intereses empresarios afines al gobierno y en perjuicio de los intereses públicos por los que debía velar el organismo recaudador nacional". Servini hizo mucho hincapié en la declaración de uno de los accionistas, Cristóbal López, quien dijo que todo había sido producto de negarse al pedido de Macri "para que las empresas de medios del Grupo Indalo estuviesen a su disposición para encarcelar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner". Como es conocido, tanto López como Fabián de Sousa fueron encarcelados incluso con otra excusa, una supuesta deuda de Oil Combustibles.
"Los delitos que se me imputan son amenaza y extorsión", tuvo que admitir Rodríguez Simón ante las preguntas. Sugirió que a él aplicaría lo que exfuncionarios del kirchnerismo denominan "lawfare".
"Es claro que Pepín no pudo negar su condición de prófugo para la justicia argentina, por lo tanto no es un perseguido político, y tuvo que aceptar que la CORE le negó la condición de asilado. Los argentinos de bien esperamos que se presente en nuestra justicia y se defienda como tiene que ser", dijo el Parlamentario del Frente Para la Victoria Oscar Laborde.
Los integrantes del Bloque Frente de Todos y Argentina Federal en el Parlasur, difundieron un comunicado después de escuchar el descargo, donde dicen que Rodríguez Simón "sin dudas aprovechó el escenario" de su defensa ante las/los parlamentarias/os "para desesperadamente enviar mensajes a las autoridades uruguayas que hoy por hoy deben decidir su condición de asilado y refugiado. Más que enfocarse en el núcleo de la denuncia, la falta de decoro que implica no estar a derecho en su propio país, desplegó una estrategia para convencer a las autoridades del hermano país que es un perseguido político en Argentina".
Calificaron la exposición como "tediosa, incongruente, reiterativa, fundada en titulares de prensa para sostener su tesis de perseguido político" y reveladora de "su único objetivo: escapar de las autoridades judiciales argentinas donde lejos de existir persecución, se investigan delitos gravísimos, con el agravante de que podríamos estar ante la figura de una asociación ilícita que tendría a la cabeza al ex mandatario Macri". Reafirmaron su convicción de que "la separación del pleno de Pepín Rodríguez constituye un acto de institucionalidad necesario y urgente".
Ahora tendrán el desafío de juntar los votos, ya que para expulsar a un parlamentario hace falta una mayoría de dos tercios: 86 votos de 120 integrantes del parlamento. Primero habrá un despacho de comisión y después habrá que ver hacia donde se inclinan los votos. La demora de la justicia uruguaya aumenta más aún la incertidumbre.
Fuente: Página12
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