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Nacionales - 15-09-2021 / 10:09
TRAS LA DERROTA EN LAS PASO, EL PRESIDENTE ANUNCIARÁ MEDIDAS ECONÓMICAS

Objetivo del Gobierno: recuperar el poder adquisitivo

Objetivo del Gobierno: recuperar el poder adquisitivo
“Yo te votaría, pero estoy enojada porque no llego a fin de mes”. “Sin plata en el bolsillo es difícil ganar elecciones”. Son algunas de las frases que resumen el análisis que se llevó a cabo en la coalición del Gobierno sobre el resultado electoral. Por esta razón, rápidamente se trabaja para delinear un paquete de medidas para mejorar el ingreso de la gente. La idea es adelantar el aumento del salario mínimo, mejorar el haber jubilatorio y otorgar una ayuda a los sectores con menores recursos, entre otras.
"Yo te votaría, pero estoy enojada porque no llego a fin de mes". "Sin plata en el bolsillo es difícil ganar elecciones". Son algunas de las frases que resumen el análisis que se llevó a cabo en la coalición del Gobierno sobre el resultado electoral. Por esta razón, rápidamente se trabaja para delinear un paquete de medidas para mejorar el ingreso de la gente. La idea es adelantar el aumento del salario mínimo, mejorar el haber jubilatorio y otorgar una ayuda a los sectores con menores recursos, entre otras.
 
Este lunes el ministro de la Producción, Matías Kulfas, anticipó que "esperamos esta semana tener la posibilidad de generar más medidas que profundicen el sentido de reactivación". "Fue una elección mala en términos del apoyo que necesitamos para reconfirmar un rumbo. Nosotros somos un frente que sabe adónde ir en materia de producción, industria, creación de empleo", dijo la candidata Victoria Tolosa Paz.
 
Para luego precisar que "pero las herramientas que disponemos deben ser revisadas. Porque hay una población que nos dijo en las urnas "¡así no!, con el salario deprimido, ¡no!; con la inflación que tenemos, ¡no! y tenemos corregir esas herramientas", explicó Tolosa Paz.
 
Existe coincidencia en el Frente de Todos en cuanto a que la situación económica fue determinante del mal resultado electoral del domingo pasado. "El problema no son las personas (en referencia al ministro de Economía, Martín Guzmán) sino las medidas económicas", deslizan en las filas K.
 
En respuesta, el Gobierno se encuentra trabajando en un batería de medidas para recomponer el poder adquisitivo de la población que comenzarían a ser anunciadas el próximo jueves. Un sector del Gobierno valoró en su momento la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que se otorgó el año pasado. Fueron $10.000 mensuales que se destinaron a 9 millones de personas. Una ayuda de estas características sería necesaria en la actualidad.
 
Más aún, cabe recordar que sectores vinculados a la vicepresidenta Cristina Fernández cuestionaron duramente lo que consideraron la "prematura" interrupción de este beneficio dispuesta por el ministro Guzmán. A pesar de estas críticas, el Gobierno nacional se mantuvo firme en no restituir el IFE.
 
Sin embargo, el resultado electoral mostró la necesidad de mejorar los ingresos de las familias. Por esta razón no se descarta que se implemente una medida similar. Actualizando por inflación la cifra del IFE, el monto a otorgar ahora sería del orden de los $15.000, aunque abarcaría a un universo menor a los 9 millones de beneficiarios a los que llegó la ayuda en 2020.
 
Los jubilados y pensionados es otro sector al que se intentará recomponer los ingresos tras la pérdida de poder adquisitivo que vienen sufriendo, particularmente los que perciben por encima del haber mínimo. En este sentido, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se resiste a un aumento generalizado de jubilaciones para evitar un gasto permanente en las cuentas públicas, y que preferiría en cambio un bono por única vez.
 
La Opinión Popular

 
TRAS LA DERROTA EN LAS PASO, EL PRESIDENTE ANUNCIARÁ MEDIDAS ECONÓMICAS
 
Un paquete para los que no vieron recuperación
  
En medio de una dura interna por el rumbo económico, habrá incremento al Salario, créditos, suba a pasivos y se discute un bono fijo para trabajadores registrados.
 
Por Leandro Renou
 
Tras el diagnóstico inicial de la dura derrota en las PASO, el Gobierno le apuntará todos los cañones a acercarles la recuperación salarial y de condiciones generales a los sectores medios, medios bajos, bajos y asalariados.
 
Todo en un contexto que también es complejo desde la faz política interna en la alianza gobernante: hay fuertes cruces entre el ala cercana al presidente Alberto Fernández y la línea de la vicepresidenta, Cristina Fernández, por lo tardío de las medidas que anunciará el primer mandatario este jueves. En paralelo, hay dardos directos y críticas a ministros actuales del Gabinete como el de Economía, Martín Guzmán, y Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dos cuadros del riñón albertista que trabajaron en los anuncios.
 
Según confiaron a Página I12 fuentes oficiales, los anuncios de Fernández abordarán el frente de la seguridad social, las jubilaciones, créditos a tasa subsidiada y modificaciones del Salario Mínimo, Vital y Móvil. En paralelo, también se empezó a charlar con el sector privado la posibilidad de un bono para asalariados privados.
 
En la Casa Rosada lo describen como el paquete de medidas para aquellos sectores que no fueron aún alcanzados por una recuperación que muestra cifras macro y de actividad positivas. Tal como adelantó este diario, la idea oficial es adelantar los plazos de decisiones, algunas de las cualea ya estaban tomadas pre PASO. Este jueves, con escenario a definir, Fernández dará a conocer créditos a tasa cero para empleados registrados, algo similar a lo que se hizo hace un mes para los trabajadores monotributistas. Esta decisión es la más relevante en cuanto a apuesta, porque abarca un espectro grande de trabajadores en momentos en los que los plazos y tasas de créditos corren al ritmo de una inflación alta.
 
Pero no será lo único para los empleados formales: también se charla con el empresariado un bono único para sector privado. Es la más demorada de las medidas, dado que el Gobierno quiere evitar chispazos con sectores que aún se están recuperando y, además, si no sale negociado, puede condicionar las próximas discusiones paritarias. También se precisará el alcance del próximo aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil. La mesa de discusión del aumento será el 30 de septiembre, pero en el Gobierno ya hablan de un alza de 10 puntos, cuya primera cuota se aplicaría desde octubre. De esta manera, el mínimo llegaría a computar un 45 por ciento anual.
 
Por otra parte, se anunciará un aumento a las jubilaciones y no se descarta que haya un refuerzo a asignaciones como la AUH. Las medidas están guardadas para que el primer mandatario las dé a conocer, pero también en ese paquete hay alguna posibilidad de un regreso de una asistencia estilo Ingreso Federal de Emergencia (IFE), pero con mayor segmentación. El IFE nació en plena pandemia, cuando el Gobierno destinó 10 mil pesos por trabajador independiente que debió ver suspendida su actividad por el aislamiento.
 
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó en declaraciones a la AM 750 que el Gobierno nacional está trabajando en "generar medidas para acelerar la recuperación de los ingresos" y para que la "reactivación que está en curso le llegue a todos los sectores". "Nuestra mirada es trabajar intensamente, acelerar el proceso de reactivación, mejorar ingresos en los próximos meses", dijo.
 
 
Interna en carne viva
 
Mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, sigue trabajando contrareloj con los números del Presupuesto 2022, que deberá ser adecuado a la realidad del gasto de las nuevas medidas que el Gobierno expone para salirle al toro del mal resultado electoral, las chispas en la interna del Gobierno post derrota continúan en cruces a nivel Ejecutivo.
 
Hay dos posiciones bien marcadas, que son las que ponen en tensión la idea general de la gestión y las responsabilidades. En el entorno del Presidente y sus ministros más cercanos, aseveran que el traspie en la PASO fue una responsabilidad de toda la alianza. La teoría la avalan los números, dado que ninguna de las tres patas obtuvo triunfos en distritos que, directa o indirectamente conducen. Pero cerca de la vicepresidenta Cristina Fernández la lectura es diferente.
 
Según supo este diario, observan que "no hay un diagnóstico común sobre cómo resolver los problemas". Para CFK, la discusión no puede pasar por pensar que el Gobierno, en realidad, no tiene problemas más que la falta de repregunta en los medios. La vice achaca falta de velocidad en cumplir con el mandato de los votantes de Todos. Un planteo que viene haciendo desde diciembre del 2020, cuando marcó la cancha con la problematica de los precios y alertó por "los funcionarios que no funcionan".
 
"No queremos un ajuste fiscal por las dudas", aclararon a este diario dirigentes de diálogo con la mandataria, en un tiro por elevación -sobre todo- al cuidado celoso de la caja de Guzmán y a la necesidad de abrir la billetera para políticas expansivas. Además, concluyen que en la toma de decisiones económicas no hay ningún cuadro que responda políticamente a la vice. Por el lado del Presidente, hay respaldo a los propios en un escenario que es historia abierta sobre el futuro de la línea económica y los altos mandos económicos.
 
Fuente: Página12
 

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24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
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23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

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