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Nacionales - 11-09-2021 / 11:09
QUÉ ESPERAN EL GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS Y QUÉ EXPECTATIVAS GUARDAN PARA NOVIEMBRE

Primarias de doble filo ponen en tensión a las fuerzas políticas que no saben cómo reaccionarán los votantes

Primarias de doble filo ponen en tensión a las fuerzas políticas que no saben cómo reaccionarán los votantes
Las competencias internas que implican las primarias también tienen doble filo. Por lo general, las alianzas y los partidos tratan de evitarlas porque una interna salvaje puede dejar heridos que se alejan en la votación definitiva. Hay acusaciones que no tienen retorno, sobre todo cuando se conectan con acusaciones que provienen de las fuerzas con las que competirán en la elección definitiva.
Esta vez las encuestadoras apenas arriesgaron cifras en una elección en la que es difícil adelantar resultados por las características particulares que le confiere la pandemia y porque son elecciones primarias, en las que algunas fuerzas tienen competencias internas y otras no, todos factores que influyen en la calidad y el grado de participación.
 
El evento de la pandemia puso un signo de interrogación al desarrollo de estas elecciones primarias. Son dudas que se abren con respecto a la afluencia a las urnas así como en la forma que impactará en la opción del voto.
 
Prácticamente no hubo encuestas que puedan tomarse como punto de referencia. La pandemia intervino como un factor imponderable que abarca todos los aspectos de la vida de las personas involucrando desde la vida personal hasta la vida de todo el planeta. Es difícil incluso especular sobre a quién puede favorecer la inasistencia. Por convicción democrática o por interés partidario todas las fuerzas han insistido en convocar a las urnas.
 
Por un lado, son elecciones que no deciden la relación de fuerzas en el Congreso. Esta ecuación se decidirá en noviembre, lo cual resta vigor a la convocatoria de este domingo. A este elemento disuasorio hay que sumarle que, si bien ha bajado considerablemente la cantidad de contagios y hay distritos donde hace varios días que no se produce ninguno, el miedo a la pandemia vinculado a actividades de concurrencia masiva también puede actuar como desmotivador.
 
Fue muy acertado, a pesar de las protestas iniciales de la oposición, retrasar la fecha de las elecciones, porque de lo contrario hubieran coincidido con un pico de la pandemia. Para evitar el temor a las aglomeraciones, el Gobierno anunció también que habrá más mesas de votación en cada sede y se incorporaron casi cuatro mil sedes más.
 
En algunos casos, cambiaron lugares cerrados por clubes o zonas al aire libre. En función de estos cambios se aconsejó que, antes de concurrir, se confirme el lugar de voto porque a muchos los habrán cambiado.
 
El otro factor que introduce la pandemia es el malhumor por el proceso traumático que implicó el mayor desastre sanitario de la humanidad de las últimas décadas. A pesar del desempeño notable del Gobierno en la lucha contra la enfermedad -tarde o temprano será reconocido incluso por sus detractores- toda la sociedad resultó afectada ya sea en la salud, en el trabajo o en la educación.
 
En el voto habrá una valoración de lo actuado con relación a la pandemia, no solamente del Gobierno sino incluso de las convocatorias de la oposición contra la cuarentena, la quema de barbijos y las críticas a las vacunas. Es una incógnita si pesará más lo sufrido o el reconocimiento por lo que se evitó con mucho esfuerzo.
 

 
Las competencias internas que implican las primarias también tienen doble filo. Por lo general, las alianzas y los partidos tratan de evitarlas porque una interna salvaje puede dejar heridos que se alejan en la votación definitiva. Hay acusaciones que no tienen retorno, sobre todo cuando se conectan con acusaciones que provienen de las fuerzas con las que competirán en la elección definitiva.
 
La interna de Juntos por el Cambio en la CABA con la lista de Ricardo López Murphy estuvo encuadrada en reglas de juego desde el principio. Incluso llegaron a un acuerdo para transgredir la integración proporcional por género y que el ex ministro de Fernando de la Rúa desplazara a su compañera de lista Sandra Pitta.
 
Pero cuando comenzó la interna de Juntos por el Cambio en provincia de Buenos Aires, las primeras declaraciones del competidor de Diego Santilli, Facundo Manes, hicieron temer una interna descontrolada. Rápidamente se establecieron reglas de juego para bajar el tono.
 
En esos dos distritos, el Frente de Todos no afrontó esa problemática porque logró consensuar las listas principales y solamente en algunas intendencias bonaerenses hay competencia interna, como en Lanús, donde participan tres listas, una de ellas integrada por el veterano fundador de la CTA, Víctor de Gennaro.
 
De todas maneras, el Frente de Todos es más vulnerable a los efectos de una interna que Juntos por el Cambio, porque tiene mucho menos respaldo mediático y sus disputas son amplificadas y magnificadas por la mayoría de los medios. Un problema que no tiene el macrismo.
 
Paradójicamente, en este caso, los medios hegemónicos consiguieron un efecto contrario al que buscaban. En su afán de respaldar a rajatabla al ex presidente Mauricio Macri, pusieron en evidencia la forma contundente como fue relegado. Hubo un claro desfasaje entre la línea editorial de esos medios y el proceso de desgaste de la figura de Macri que quedó muy claro en la interna de Juntos por el Cambio, donde perdió en forma indiscutible.
 
Así como la confrontación conlleva ese riesgo, al mismo tiempo siempre es más convocante en una elección primaria porque pone algo en juego, cosa que no ocurre cuando no hay competencia, que es el caso del Frente de Todos. De hecho la campaña de Juntos por el Cambio, con mesas en la calle y cartelera en vía pública fue más intensa que la del Frente de Todos, casi como si se tratara de la elección legislativa de noviembre.
 
Aunque estas elecciones se plantearon como una forma de democratizar la elección de los candidatos de cada partido, también fueron tomadas por la sociedad como una especie de primera vuelta, algo así como la encuesta más segura de lo que pasará en la elección decisiva.
 
En ese marco, para Juntos por el Cambio es importante cambiar la fotografía de la derrota contundente en las presidenciales de 2019 y achicar la ventaja que logró el Frente de Todos, o ganarle. A nivel nacional, la diferencia fue de ocho puntos y en la provincia de Buenos Aires de 16 puntos. La alianza conservadora necesita dejar atrás ese cuadro desfavorable para mejorar sus resultados en noviembre.
 
El Frente de Todos hizo una elección muy buena en 2019 pero no logró mayoría en Diputados por lo que ha frenado muchas de sus iniciativas. En noviembre tratará que el Congreso refleje el triunfo que logró en las presidenciales. El factor decisivo de su estrategia para esa elección fue la unidad del peronismo, la que mantuvo en estas internas en las que se lograron listas de consenso.
 
La fuerza principal de Juntos por el Cambio está en su respaldo mediático y tiene esta oportunidad antes de noviembre para cambiar el escenario de derrota total de 2019. En el Frente de Todos su fuerza principal reside en su numerosa militancia territorial y le hubiera convenido pasar directamente a las elecciones de noviembre para mantener el efecto de su amplio triunfo sobre Macri.
 
Juntos por el Cambio puso todo el despliegue en esta campaña donde se juega también su competencia con el grupo de Javier Milei, el desplazamiento de Macri y la consolidación de la jefatura de Horacio Rodríguez Larreta. Da la impresión de que el Frente de Todos, en cambio, reguló su empuje para poner toda la energía en las elecciones de noviembre.
 
Quedan puntos impredecibles aunque no decisivos, como el desempeño de las fuerzas que van por fuera de la polarización, como las propuestas del trotskismo y del ex ministro Florencio Randazzo, más los ultraneoliberales de Milei que sí pueden restarle puntos por derecha al macrismo. De todos modos el resultado general solamente podrá ser tomado como una aproximación a las elecciones de noviembre donde los números pueden cambiar.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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