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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 09-09-2021 / 08:09
EL MACRISMO EN CAMPAÑA PARA ELIMINAR LAS INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS

Larreta pretende que los empresarios puedan despedir cuando y como quieran

Larreta pretende que los empresarios puedan despedir cuando y como quieran
¡SIEMPRE CONTRA LOS TRABAJADORES! Con la excusa de “facilitar la creación de puestos de trabajo”, desmentida cada vez que se aplicó la precarización laboral, Horacio Rodríguez Larreta propuso eliminar las indemnizaciones por despido. Planea reemplazarlas por una especie de “seguro” como el que funciona en la construcción. Recogió apoyos empresarios y repudios gremiales y políticos.
Hace tiempo que quedó en claro que el PRO es el partido defensor de los ricos, de los oligarcas del campo, de los grandes empresarios y financistas. Propician la flexibilización laboral extrema para poder bajar salarios y garantizar que los empresarios puedan despedir cuando y como quieran. Nada más evidente de ello fue la posición de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal en el programa Intratables. Uno de los temas que se abordó fue la propuesta del jefe de Gobierno porteño, quien anunció que pretende eliminar la indemnización por despido a los trabajadores. "Vos tenés que tener que tener en cuenta que los trabajadores actuales... millones y millones de personas hoy no consiguen un trabajo porque nadie toma un empleado en la Argentina con sistemas como este", afirmó.
 
La derecha macrista dejó de sentir vergüenza de ser lo que es. Lo que antes se ocultaba discursivamente porque era "piantavotos" hoy se expone sin vergüenza.  Pero no es un sincericidio irreflexivo sino de la ostentación naturalizada de una serie de ideas, prejuicios y miedos que esa misma derecha -a través de los grandes medios porteños- fue inoculando en mucha gente durante tiempo. Esto ciclo funciona así: con su política de privatizaciones, desindustrialización y especulación financiera, el modelo económico neoliberal excluye desde el vamos a un sector importante de la sociedad. Pero para seguir su proceso excluyente necesita generar chivos expiatorios que desvíen la mirada del verdadero origen de esa exclusión.
 
A la clase media en problemas le dice que la culpa de sus males la tiene ese otro sector ya marginado anteriormente, al volverse dependiente de la ayuda de planes del Estado. Y a los que se quedaron fuera del sistema (cuentapropistas, empleados en negro, emprendedores pobres) les explica que la culpa la tienen los que todavía están adentro: trabajadores registrados, sindicalizados, que oprimen al sector empresarial que le impide hacerlos entrar a ellos.
 
El plan del neoliberalismo macrista consiste en generar en cada sector social la idea de que hay un "otro" privilegiado. Por eso cada recorte o limitación de derechos sugerido para castigar a estos "privilegiados" es presentado como un supuesto plan "al servicio de la gente". El modelo neoliberal instaurado en 1976 por la dictadura genocida y continuado a través de Menem, De la Rúa y Macri provocó que haya cada vez menos trabajadores en blanco. Una vez reducidos a una minoría, estos trabajadores registrados se convierten -para el discurso neoliberal- en "privilegiados" que obstruyen la inclusión de los marginados en el mercado laboral. Los marginados que ellos mismos generaron.
 
A modo de respuesta, el diputado nacional Máximo Kirchner arremetió contra el jefe de gobierno porteño durante el acto de cierre de campaña del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. En ese marco, ejemplificó lo sucedido durante el ciclo K: "En los primeros años de gobierno de Néstor, miraba mucho los números de la desocupación. Hoy escuchaba a Larreta que tiene una muy buena idea, siempre la misma, suspender o eliminar las indemnizaciones por despido. El 25 de mayo de 2003, argentina tenía más de 25% de desempleo, el 9 de diciembre de 2015 era de 6%, sin eliminar indemnizaciones". Y le envió un mensaje muy claro: "No les mientan más a la gente, que se haga cargo si las quiere eliminar, pero que no diga que va a generar trabajo, que no disfrace sus ideas".
 
La Opinión Popular


 
EN CAMPAÑA CON LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL
 
PASO 2021: Horacio Rodríguez Larreta y la idea fija de eliminar las indemnizaciones por despidos
 
A días de las elecciones primarias, el jefe del gobierno porteño se pronunció a favor de quitar las indemnizaciones laborales y reemplazarlas por un sistema de seguros. El PRO ya presentó un proyecto con ese objetivo en Diputados. El Presidente, funcionarios y candidatos del Frente de Todos rechazaron la iniciativa de Larreta.
 
 
La promesa de futuro, pero las mismas recetas del pasado. En la recta final hacia las PASO, Juntos por el Cambio decidió reinstalar el discurso de la flexibilización laboral como uno de los ejes de campaña. A los espadachines de la reforma laboral, como Ricardo López Murphy y Martín Tetaz, se sumó el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien declaró que el país debe encaminarse a eliminar las indemnizaciones por despido. "Claramente hay que ir de la indemnización a un seguro, como sucede en la construcción", sostuvo en una entrevista junto a María Eugenia Vidal.
 
Con las encuestas en mano, el larretismo hace lo imposible para contener los votos que Javier Milei le está drenando. Los discursos, sin embargo, tienen su correlato en el Congreso, en donde ya hay un proyecto de ley presentado por un grupo de diputados del PRO que propone la creación de un Seguro de Garantía de Indemnización.
 
En el Frente de Todos salieron a criticar estas posturas con dureza. "Dicen que tienen que parar las indemnizaciones porque, para ellos, trabajar es un costo", cuestionó el presidente Alberto Fernández en el cierre de campaña bonaerense. "No le mientan más a la gente. Si quiere eliminar las indemnizaciones porque las considera un costo que las elimine, pero que no diga que va a generar más trabajo", se sumó el jefe del bloque del FdT en Diputados, Máximo Kirchner.
 
 
Adiós indemnizaciones, hola seguro
  
Sentado a sus anchas en el piso de Intratables, Larreta respondió primero a la pregunta de si él mantendría la política de doble indemnización (establecida en el marco de la emergencia sanitaria): "Yo creo que gradualmente tenemos que ir yendo al sistema tradicional. Vos tenés que tener en cuenta que millones de personas hoy no consiguen trabajo porque nadie toma un empleado en la Argentina con sistemas como este", comenzó de manera tentativa.
 
Luego, remató: "No digo que haya que sacarlo de un día para otro todo junto, pero tenés que ir a un sistema como el de la construcción en la Argentina: mucho más parecido a un seguro que a tener que pagar la indemnización. Incluso para el trabajador termina siendo mejor, es un buen sistema. No te estoy diciendo de traer el sistema de Suecia o Dinamarca, sino de acá. Ya está probado. Claramente tenés que ir de la indemnización a un seguro".
 
La apuesta de Larreta a un discurso que pone en entredicho los derechos laborales no es aleatoria, sino que se inscribe en una estrategia de campaña que busca endurecer el discurso para competirle a las peroratas ultraliberales del precandidato Milei. Las encuestas que maneja el PRO le dan que supera los dos dígitos y, a tres días de las PASO, la brutalidad del jefe de gobierno porteño apunta a conquistar a los votantes que migraron a la tribu libertaria.
 
Este reversionamiento de la metáfora del "comer y descomer" macrista no es exclusivo de Larreta, sino que en los últimos días varios precandidatos se pronunciaron en el mismo sentido. "Tiene que existir libertad para contratar y despedir empleados con un seguro de desempleo razonable", declaró Tetaz, segundo en la lista que encabeza Vidal, el martes.
 
Otro que hizo declaraciones similares es Ricardo López Murphy, principal competidor de Vidal en la interna porteña: "Necesitamos nuevos contratos laborales que tiendan a no generar litigiosidad", manifestó ayer en Futurock. Hace semanas que en el larretismo miran con preocupación el crecimiento de López Murphy en las encuestas, quien se está acercando al 15 por ciento necesario para ser incorporado en la lista que competirá en noviembre. Patricia Bullrich, en cambio, alienta su candidatura. "López Murphy aporta votos a Juntos que de otra manera se irían a Milei", explicó un funcionario cercano a ella.
 
 
El proyecto
  
La propuesta de acabar con el actual sistema de indemnizaciones por despido no se agota, sin embargo, en los discursos. Hace tres semanas, el diputado Héctor Stefani (PRO) presentó un proyecto que propone la creación de un Seguro de Garantía de Indemnizaciones (SGI) por el cual un trabajador despedido dejaría de cobrar la indemnización completa y, a cambio, se le pagaría ese seguro de manera mensual acorde la cantidad de años de aportes. ¿El origen de este seguro? La misma nómina salarial del trabajador. "El SGI estará constituido en base a los conceptos patronales incluidos en la nómina salarial y los aportes vigentes por parte de cada trabajador sin poder para ello añadir ni incrementar conceptos ni puntos a los ya vigentes", reza el proyecto que ya giró a las comisiones de Trabajo y de Presupuesto pero que, tal como indicaron desde el FdT, "no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado".
 
 
Trabajo no es costo
  
"Para ellos trabajar es un costo, por eso quieren parar las indemnizaciones. Para nosotros es capital, un proyecto común de una empresa, el Estado. El trabajo no es costo, es un aporte para el crecimiento, entiéndanlo de una vez. Necesitamos que los derechos sean reconocidos", exclamó Alberto Fernández en el acto del FdT en Mar del Plata. Al igual que el Presidente, fueron varios les referentes del FdT que salieron a cuestionar las palabras de Larreta.
 
"En 2003 la Argentina tenía más del 25 por ciento de desocupación. El 9 de diciembre de 2015, cuando Cristina dejó dejó la Presidencia, era de 6 puntos. Sin eliminar indemnizaciones, la Argentina bajó 19 puntos la desocupación. No le mientan más a la gente", expuso Máximo Kirchner, en el mismo acto de cierre.
 
"Son los dueños de la picadora de empleo. Solo protegen a los empresarios que quieren volver a la especulación financiera, porque el empresario Pyme no está pensando en despedir trabajadores sino en cómo producir. Ese seguro es una gran mentira porque lo que en realidad están haciendo es un programa de capitalización individual, como una pequeña AFJP que cada trabajador va a cargar sobre su espalda", dijo a PáginaI12 el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky. "Que Larreta diga que quiere eliminar la indemnización por despido muestra a las claras los dos proyectos de país que se ponen en juego en estas elecciones", sostuvo la diputada y precandidata porteña Gisela Marziotta.
 
 
Moroni: "Un discurso simplista"
  
"Nosotros no estamos de acuerdo con lo que se dijo. El período de mayor crecimiento de la Argentina fue el 2003-2011 con estas normas laborales. ¿Por qué? Porque el modelo de protección de contratación de trabajo en Argentina no es solo un problema económico, sino que forma parte de nuestra estructura social. Nosotros protegemos nuestros contratos de trabajo porque sobre ellos tenemos vinculada la seguridad social, la salud. No es solo una cuestión de ingresos. Ese es el modelo argentino, que tiene una historia y que ha demostrado ser eficaz", sostuvo en diálogo con Página/12 el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, sobre las declaraciones de Rodríguez Larreta.
 
"Creo que es un discurso simplista para un sector del empresariado que cree que los problemas de la Argentina son las leyes laborales", declaró y aseguró que "no entendía" cómo "las clases medias trabajadoras" podían pensar que "esta propuesta los favorece". "Nosotros no tenemos en nuestra agenda una reforma laboral que afecte los derechos de los trabajadores. Creemos que hay que actualizar los convenios colectivos, pero la reforma que quita las indemnizaciones por despido no forma parte de nuestra agenda. No funciona", finalizó.
 
Por María Cafferata

Por Fernando D'Addario

 
Fuente: Página12
 

 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.
 
La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.
 
El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).
 
Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
 
Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?
 
Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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