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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 06-09-2021 / 10:09
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

En la previa a las urnas, Macri anticipa una oposición a la venezolana

En la previa a las urnas, Macri anticipa una oposición a la venezolana
"O cambien o se van a ir". La amenaza de Mauricio Macri ante una eventual derrota del oficialismo en las elecciones de medio término, ratificada con el silencio por el resto de la plana mayor de Juntos por el Cambio, volvió a impactar en la línea de flotación del consenso democrático y plantea nuevos desafíos para la sociedad argentina, que después de un lustro miserable necesita estabilidad, tranquilidad y una mejora sustantiva de su calidad de vida, nada de lo cual llegaría de la mano de la interrupción institucional que planteó el jefe de la oposición en una entrevista radial el viernes por la mañana.
"O cambien o se van a ir". La amenaza de Mauricio Macri ante una eventual derrota del oficialismo en las elecciones de medio término, ratificada con el silencio por el resto de la plana mayor de Juntos por el Cambio, volvió a impactar en la línea de flotación del consenso democrático y plantea nuevos desafíos para la sociedad argentina, que después de un lustro miserable necesita estabilidad, tranquilidad y una mejora sustantiva de su calidad de vida, nada de lo cual llegaría de la mano de la interrupción institucional que planteó el jefe de la oposición en una entrevista radial el viernes por la mañana.
 
Su guardia pretoriana salió a defenderlo de la única forma posible ante semejante burrada, aduciendo que había sido malinterpretado. La frase completa, sin embargo, no parece dejar mucho margen para la exégesis: "Si nos encontramos que una mayoría de los argentinos decimos basta, eso va a generar una recuperación de la esperanza. Va a haber como un respirar, un aire nuevo el lunes diciendo bueno, cambien o se van a ir, ¿no? En el tiempo se van a tener que ir porque han perdido el apoyo, es lo que ha pasado en la Argentina, se ha perdido la confianza".
 
Menos lugar a la duda deja un repaso somero por los antecedentes de Macri en lo que respecta a su compromiso con la democracia:
 
-      Como presidente, fue el primero en el planeta en reconocer el gobierno de Michel Temer, que asumió la presidencia de Brasil después de un golpe institucional a Dilma Rousseff. Durante su presidencia se interpretaron los actos culmines el Lava Jato, capítulo local del lawfare, que culminó con la proscripción de Lula y la llegada de Bolsonaro al poder.
 
-      También estuvo a la vanguardia a la hora de dar su respaldo al gobierno de facto de Jeaninne Añez en Bolivia. La evidencia que sale a la luz semana tras semana indica que, además, fue partícipe necesario de ese golpe de Estado. El envío ilegal de armamento y municiones ya está profusamente probado por testimonios y documentos.
 
-      Esta semana, Franco Mizrahi reveló un documento reservado que da cuenta de una reunión secreta entre funcionarios de su gobierno y diplomáticos yanquis en la embajada de Estados Unidos en La Paz, seis meses antes del golpe, donde se planificaron las falsas denuncias de fraude que sirvieron como disparador para la sublevación.
 
-      El domingo pasado, publicó en sus redes sociales un documento del embajador del presidente imaginario de Venezuela, Juan Guaido, ante la OEA, donde vuelve a negar el golpe de Estado boliviano y reclama por la libertad de Áñez. Macri también hizo manifestaciones en el mismo sentido en una entrevista televisiva reciente.
 
-      En julio de 2020, en su primera aparición pública después de dejar la presidencia, dialogando con el hijo poco agraciado de Mario Vargas Llosa, pidió "seguir manteniendo la presión hasta que en el ejército venezolano surja una decisión de terminar" con el gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, un golpe de Estado.
 
-      En la misma entrevista, advirtió que el gobierno de Alberto Fernández usó la pandemia como excusa para "avanzar sobre las libertades, afectar la libertad de expresión, el funcionamiento de la justicia y la propiedad privada", por lo que configura "un autoritarismo soft" que "puede devenir en una dictadura como la de Venezuela".
 

 
Si existe algún macrista de cualquier ala, postmacrista, larretista, vidalista, radical nosiglista, radical de los otros, amigo de Manes, lilito, liberal, republicano, consevador democrático, peronista "racional" (de la rama de Miguel Pichetto o de la rama de Joaquín De La Torre), monzoísta o cualquier otro espécimen del campo opositor que no esté de acuerdo con alguno o todos estos conceptos, todavía no ha decidido hacer públicas sus diferencias. Esta conducta antidemocrática de Macri tampoco parece alarmar demasiado a otros candidatos de la derecha, ni al coherente Florencio Randazzo, ni a su madre.
 
 
El lejano Este
 
La plana mayor de Juntos por el Cambio tampoco se ha manifestado todavía respecto al balazo que recibió el diputado correntino Miguel Arias mientras participaba de un acto de campaña en Tapebicuá, hace diez días. Arias recibió el alta médica este viernes por la tarde y ya se encuentra en su casa, que es lo más importante. En paralelo, están pasando algunas cosas raras en la investigación de los hechos, a cargo del fiscal Facundo Sotelo, que decidió apoyarse en la policía local y dejar de lado a los especialistas de delitos complejos de la Policía Federal que envió a la provincia la ministra Sabina Frederic.
 
Ya el fin de semana pasado, a menos de 48 horas del crimen, Sotelo hizo declaraciones a medios locales manifestando que "los datos preliminares del orificio de entrada llevan a presumir que el disparo fue efectuado a corta distancia, por ende fue proveniente del público presente del predio". Sin embargo el peritaje balístico todavía no está completo porque no fue posible extraer la bala que está alojada junto a una vértebra de Arias y los análisis preliminares con los que cuenta la PFA indican que el disparo se realizó desde una distancia de entre siete y veinticinco metros.
 
En un primer momento, el fiscal apuntó sus sospechas contra Bruno Medina, un militante de la Juventud Peronista que participó del acto. El miércoles 1, la concejal Celeste Ascúa, del Frente de Todos, denunció que la policía provincial y Soteldo apretaron a testigos que estuvieron ese día para que incriminaran a esa persona. Finalmente, gracias a las imágenes que registró un drone, entregadas al Poder Judicial por los organizadores del acto, se pudo comprobar que Medina aparece en otro lugar. Además, ninguno de los asistentes  al acto, unos setenta en total, declaró haber escuchado una detonación ni haber visto nada extraño.
 
No obstante lo cual, el viernes 3 por la tarde Sotelo pidió una serie de medidas que apuntan al entorno de Martín Ascúa, el intendente de la localidad vecina de Paso de los Libres, único bastión peronista en una provincia colonizada por el radicalismo desde la intervención de Oscar Aguad a fines del siglo pasado. Cuando Arias recibió el tiro, Ascúa estaba arriba del escenario, a pocos metros. Lucas Coronado, uno de sus colaboradores más cercanos, fue allanado; le encontraron una solitaria bala del 22, él dice que plantada. La querella no conoce ningún elemento que apunte contra él y teme que quieran plantar "un perejil".

 
Los medios locales, alineados con el gobernador Gustavo Valdés y su jefe político Ricardo Colombi, dieron esa misma noche una serie de fake news sobre la detención de Coronado y allanamientos en el domicilio particular de Ascúa. Además, se secuestraron los celulares de treinta asistentes al acto. Desde el peronismo correntino denuncian que sus teléfonos están pinchados y advierten que el fiscal quiere meter preso, aunque sea por pocos días, a Coronado u otro militante para instalar la hipótesis de violencia en la interna y desviar la investigación de los verdaderos responsables del intento de homicidio.
 
Hasta ahora, Sotelo descartó todas las hipótesis que apuntan en otro sentido. Una mujer declaró haber visto, a la hora del crimen, a un vecino que vive detrás de unas vías, a unos cincuenta metros de donde estaba Arias, con una carabina. A pesar de que lo identificó con nombre y apellido, el fiscal no pidió medidas para investigarlo. Otra línea de investigación descartada por el fiscal apuntaba hacia dos hermanos, de apellido Cano, exagentes de la Prefectura, vinculados a la familia Méndez Ribeiro, una estirpe de radicales que gobierno Tapebicuá desde hace diecisiete años.
 
Algunos testigos vieron un Volkswagen Gol, como el que usan los hermanos Cano, escapando del lugar del acto después de que se produjera el disparo. Además, esa misma noche los dos dieron de baja simultáneamente sus teléfonos celulares. El martes 31 la Policía Federal pidió un allanamiento siguiendo esa pista. Durante 24 horas, ni Sotelo ni su superior, la fiscal Noelia Lena, respondieron las llamadas ni los mensajes de texto. Cuando se volvieron a comunicar, la policía local ya había realizado el procedimiento, con resultado negativo, motivo por el cual el fiscal decidió dejar de investigar.
 
 
Un punto de partida


Es curiosa la coincidencia de toda la plana mayor de Juntos por el Cambio a la hora de hacer la vista de gorda ante la violencia política y los golpes de Estado, especialmente porque es prácticamente en lo único en lo que parecen estar de acuerdo. Las internas proliferan, sin excepción, en todos los distritos, trazando un mandala de alianzas y traiciones cruzadas entre las múltiples tribus, cada cual con su cacique, que conforman esa galaxia de PyMEs políticas, escritorios giratorios y proyectos unipersonales de poder. No los une el amor sino la ambición, el antiperonismo y la falta de escrúpulos.
 
Los principales referentes opositores de Juntos por el Cambio, paradójicamente, pasarán separados el cierre de campaña antes de las PASO y también el domingo a la noche, cuando se cuenten los votos. Horacio Rodríguez Larreta contaba con aunar a toda la oposición en la ciudad de Buenos Aires, donde juega de local. Los radicales Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, Martín Lousteau y Facundo Manes, que se autoperciben presidenciables, creen que asistir sería validar el liderazgo del alcalde porteño, por lo que preparan un festejo por su cuenta, esperando proyectar a un correligionario al 2023.
 
La amenaza destituyente que Macri propone en caso de que la oposición obtenga un triunfo en las elecciones hace una maniobra de pinzas con otra operación en marcha, por si pierden: denunciar fraude. Es la estrategia que probó sin suerte Donald Trump y ahora ensaya Jair Bolsonaro, pedir offside antes de que empiece el partido. Una vez más fue el expresidente el que echó a rodar la bola, en una entrevista a fines de junio: ¿Quién es el nuevo juez electoral en la provincia de Buenos Aires? ¿Es un juez ecuánime o es un juez militante? Es Ramos Padilla, que es un juez militante", dijo.
 
El plan de Macri es ese. Si el peronismo pierde, iniciará el operativo de desgaste para forzar al gobierno a adoptar el plan económico de la derecha o en su defecto correrlo del poder. Si gana y se acerca al quórum propio en ambas cámaras, intentará bloquear el funcionamiento del Congreso desconociendo su legitimidad. Es el camino que tomó la oposición venezolana. Haría bien la dirigencia de derecha argentina en tomar nota de que esa receta sólo los llevó a dos décadas de fracasos y que ahora, finalmente, están retomando el diálogo para normalizar la vida democrática en ese país. 
 
En el Frente de Todos existe un sector que considera prioritario, después de las elecciones, establecer algún tipo de acuerdo con dirigentes opositores dispuestos a tomar distancia de esas posiciones que no solamente erosionan la convivencia democrática sino que, al antagonizar automáticamente con cualquier propuesta del oficialismo, lesionan el trabajo parlamentario y bloquean el avance de leyes en temas clave. Hubo contactos preliminares pero nadie se animará a dar un paso hasta conocer el resultado de los comicios y leer el nuevo mapa que quede plasmado a partir de noviembre.
 
A una semana de ir a las urnas, las encuestas, que suelen converger a medida que se acercan los comicios, hoy muestran escenarios muy dispares, con una sola constante: el alto nivel de desinterés y desencanto social, que se traduce en baja intención de votar y una posible suba del voto en blanco e impugnado. Eso, al menos, se ratificó en las tres elecciones que hubo este año en el país, en Misiones, Salta y Corrientes, siempre con asistencia alrededor del 65% y niveles de voto no positivo de dos cifras. La incertidumbre cunde en ambas campañas, que esperan lo mejor pero se preparan para lo peor.
 
El oficialismo buscará mostrarse unido para contrastar con los tironeos opositores. Cerrarán esta campaña atípica en Mar del Plata y La Plata, dos ciudades que gobierna el PRO pero estuvieron cerca de quedar en manos peronistas en 2019. Intuyen que ahí hay votos frescos que se pueden sumar a la cuenta. Estarán el presidente, la vicepresidenta, los dirigentes de primera línea y todos los candidatos. Los cañones están todos puestos en la provincia de Buenos Aires, donde, según consideran los estrategas del Frente de Todos, se juegan la diferencia que permita un triunfo a nivel nacional.
 
La apuesta del gobierno es que las PASO marquen un punto de partida. Hay quienes son optimistas y otros pesimistas respecto al resultado del domingo que viene, pero todos están convencidos de que en noviembre la gente irá a votar en una situación económica sensiblemente mejor y que por eso la performance del oficialismo será mejor que en las primarias, algo que no sucede desde 2011. Si se cumplen esos pronósticos, la primera parte de la maliciosa profecía de Macri no se habrá cumplido. Eso no significa, por supuesto, que los peligros para la democracia argentina vayan a esfumarse al día siguiente.
 

Por Nicolas Lantos
 
Fuente: El Destape
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31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

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