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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
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Nacionales - 03-09-2021 / 11:09
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Presupuestar no cuesta nada: inflación del 34% y Kristalina ecologista

Presupuestar no cuesta nada: inflación del 34% y Kristalina ecologista
El proyecto, que circuló también por Whatsapp entre otros miembros del equipo económico, estima que 2021 va a cerrar con una inflación (punta a punta) del 42,4%, muy superior al 29% que había proyectado Guzmán en septiembre del año pasado pero muy inferior al 51,8% interanual que marcó el INDEC el mes pasado.
En secreto, el martes, Sergio Massa recibió de manos de Martín Guzmán el primer borrador del Presupuesto 2022, una hoja de ruta decisiva que el Frente de Todos prefiere discutir en público recién después de las PASO.
 
Fue en una cena cordial, por momentos incluso divertida, donde el jefe de la Cámara de Diputados no parecía el mismo que en las mesas chicas del poder da por terminados los días de Guzmán al frente del Ministerio de Economía inmediatamente después de las elecciones de noviembre.
 
El rompehielos fue Sergio Chodos, amigo de ambos y lubricante social de un ministro laureado como académico en La Plata y en Columbia pero virgen hasta hace dos años en las aguas traicioneras de la política.
 
El representante argentino ante el Fondo Monetario, eslabón perdido entre el peronismo pícaro de Victoria Tolosa Paz y los lobos de Wall Street, no solo se encargó de elegir el vino. También repasó sus últimos contactos con el staff del FMI, que supervisó puntillosamente la redacción del proyecto de Presupuesto pese a que aún no hay firmado acuerdo alguno.
 
El proyecto, que circuló también por Whatsapp entre otros miembros del equipo económico, estima que 2021 va a cerrar con una inflación (punta a punta) del 42,4%, muy superior al 29% que había proyectado Guzmán en septiembre del año pasado pero muy inferior al 51,8% interanual que marcó el INDEC el mes pasado.
 
Para que esa meta se cumpla, el costo de vida no solo tiene que dejar de crecer por encima del 3% mensual como lo hizo en los últimos nueve meses, un maleficio que el propio ministro ya anticipó que consiguió quebrar en agosto. Debería mantenerse por debajo del 2,5% mensual durante los restantes cuatro meses del año. Es precisamente lo que le exigieron Massa y Máximo Kirchner a Guzmán: que para las elecciones de noviembre, la inflación afloje como sea. 
 

 
La coordinación de la que adolece al Frente de Todos en lo político apareció, a los ponchazos, en lo macroeconómico: Miguel Pesce acumuló reservas suficientes para mantener planchado el dólar oficial gracias a la disparada de la soja, Federico Basualdo ancló las tarifas después de torcerle el brazo a Guzmán y Axel Kicillof reabrió las compuertas del gasto tras el súbito ajuste fiscal que impuso Economía entre octubre y abril. Ante la magnitud de la crisis, el 14 de noviembre luce efímero como horizonte. Pero es el que tiene hoy la política económica.
 
Para 2022, el proyecto plantea como objetivo una inflación del 34% y un dólar oficial promedio de 135 pesos. Es decir, descarta una devaluación postelectoral y se propone mantener tipo de cambio real en el nivel que tendrá a fin de año.
 
Para eso es indispensable refinanciar los vencimientos con el FMI heredados de la gestión de Mauricio Macri: el primero es un pago de intereses por U$S 370 millones en febrero y el segundo uno de capital por U$S 3.590 millones de marzo. En total, solo en 2022 y solo con el Fondo, vence la friolera de U$S 18.000 millones más punitorios.
 
 
La letra chica
  
Si fuera por él, Alberto Fernández ya habría firmado el acuerdo que le propuso Massa al volver de su gira por Estados Unidos a fines de junio, tal como se publicó en esta columna el 19 de agosto. Pero se cuadró cuando Cristina Kirchner le pidió un intento más para obtener un plazo mayor a los 10 años donde se planta Kristalina Georgieva.
 
"Yo quiero acordar con el Fondo, pero tampoco quiero que en tres años estemos en la misma situación que ahora. Lo de la sobretasa se va a arreglar. El plazo parece más difícil pero estamos buscando alternativas", le contó el Presidente anteayer en Casa Rosada al CEO de la semillera Syngenta, Antonio Aracre.
 
Una de esas alternativas es la que proponen economistas que orbitan en torno a Máximo y a Cristina Kirchner: que el plazo de 10 años del Acuerdo de Facilidades Extendidas empiece a correr recién cuando se recupere el nivel de actividad económica de junio de 2018, cuando Christine Lagarde aterrizó como bombera del incendio de Luis Caputo y Federico Sturzenegger y terminó por avivar las llamas.
 
La otra, también hasta ahora inexplorada, procura sintonizar con el Green New Deal de los demócratas estadounidenses y la esbozó al pasar el propio Fernández en el reportaje que concedió a Radio 10 el viernes pasado: "Cuando hablamos de la necesidad de avanzar hacia energías renovables, yo planteé que a países endeudados como la Argentina, en vez de darles dinero, les den tiempo. Y cuando ganás tiempo, es dinero que dejás de pagar y que podés invertir en cambiar la matriz energética".
 
Es una reedición del "canje de deuda por acción climática" que el Presidente ya había propuesto en abril a Biden y a su asesor especial sobre clima, John Kerry, y que no parecía haber movido el mercurio del termómetro. Una apuesta arriesgada a un súbito arranque ecologista de Kristalina Georgieva y sus hombres de negro, pero que Guzmán alentó sorpresivamente en la reunión de anteayer con los ejecutivos de Syngenta.
 
En su propio celular, el ministro mostró un mensaje de Georgieva que decía que estaba "intentando incorporar" esa perspectiva al acuerdo.
 
Para que el Fondo firme, de todos modos, el Gobierno sabe que deberá aceptar su supervisión y un ajuste fiscal en cuotas. Eso exigirá, por ejemplo, que no aumente la cuenta de subsidios a la energía, que subió del 1,1% del PBI en 2019 al 2% del PBI este año según los cálculos del especialista Nicolás Arceo, antiguo referente sectorial de Kicillof.
 
Para eso, según publicó el portal Econojournal, las tarifas de gas y electricidad deberían aumentar un 45% promedio a comienzos del año próximo y las naftas un 15% entre diciembre de 2021 y enero de 2022. Todo un desafío a la pauta inflacionaria del 34% del proyecto de Presupuesto y a la paciencia de una población empobrecida, hastiada por la pandemia y furiosa ante una campaña que habla de todo menos de sus problemas.
 
 
Ombú y bonsái
  
¿Quedará margen después de las elecciones para un despliegue de medidas así de impopulares? La clave está en la palabra "promedio" y la sostenibilidad política, diría Guzmán, la determinará la eficacia oficial a la hora de la sintonía fina, algo que hasta ahora no apareció. El propio Arceo, en una presentación virtual que hizo esta semana ante el Club del Petróleo, dijo que "la estabilización de la macroeconomía local y la segmentación tarifaria resultarán determinantes en la evolución del sector en el corto plazo". Justo lo que llevó a Guzmán a pelearse (y perder) con Basualdo, que esta semana terminó de barrer con todos los funcionarios que no le respondían en la administración estatal del mundo eléctrico.
 
No es un problema exclusivo del área energética. El plan "Te Sumo", que el Gobierno lanzó un mes atrás para promover la inserción laboral de jóvenes de 18 a 24 años en Pymes de todo el país con rebajas de aportes patronales y hasta el pago parcial de sus sueldos, apenas sumó a 200 empresas y a poco más de 15.000 jóvenes hasta la semana pasada. Otra vez, resultados bonsai para anuncios ombú. El Ministerio de Mujeres y Géneros tampoco consiguió poner en marcha el plan Acompañar, un subsidio para víctimas de violencia de género. Por eso, hasta agosto inclusive, no ejecutó ni el 40% de su presupuesto 2021.
 
Quizá eso explique el giro defensivo de la campaña oficialista, que llegó a su paroxismo en el corto proselitista que lanzó el PJ mendocino esta semana. Ahí la senadora Anabel Fernández Sagasti, que va por la reelección, admite con crudeza: "Es cierto. Las cosas no salieron como esperábamos". Y no alude solo a la pandemia. También al "trabajo" y a "los precios", dos responsabilidades que el kirchnerismo asigna a los albertistas Claudio Moroni y Guzmán.
 
Como los intendentes PRO del conurbano bonaerense con Macri, Fernández Sagasti admite en privado que mentar a Alberto en su provincia resta más votos de los que suma. El sábado pasado, en el acto que organizó para que se luciera el ministro de Economía, la senadora esperaba cerca de un millar de militantes. Fue menos de la tercera parte.
 
Era un día de sol, precioso, así que ni siquiera servían las excusas meteorológicas con las que se autoconsolaba Macri por sus tribunas raleadas. La apatía es desoladora y el desdén también se percibe dentro del oficialismo, tanto en la gestión como en la campaña. Solo logra disimularlo la crisis política de la oposición, jaqueada por el ascenso de neoconservadores como Javier Milei y José Luis Espert. ¿Alcanzará?
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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