15:16 | Domingo 08 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 02-09-2021 / 09:09

SE AGRANDAN LAS DIFERENCIAS INTERNAS EN LAS PATRONALES DEL CAMPO SOBRE EL LOCKOUT A LA VENTA DE CARNES

En el campo, algunos piden un cese inmediato y otros plantean que sería un favor al Gobierno antes de las PASO

Las patronales del campo alertan que esta medida pone en riesgo "el sostenimiento del empleo, el futuro desarrollo productivo, y la credibilidad con nuestros clientes del exterior". Las precarización laboral que existe en los campos dan cuenta de que la "sostenibilidad del empleo" no es la preocupación de estas patronales. Históricamente han buscado ahorrarse mano de obra (mediante largas jornadas laborales) y salarios. Detrás de tanta hipocresía, se esconde la verdadera aspiración de las patronales agrarias: un comercio exterior sin restricciones. La venta de carne vacuna en el exterior es más rentable que la venta de carne en un mercado nacional.

Las patronales del campo lloran ante la extensión del cepo a la exportación de carne y ponen el grito en el cielo. El Gobierno busca una estabilización de los precios para permitir su consumo popular. Por eso este martes, prorrogó la limitación de la exportación de carne hasta el 31 de octubre. Rápidamente la macrista Mesa de Enlace de las entidades agropecuarias (Sociedad Rural Argentina, Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas y la Federación Agraria) rechazó la medida y anunció que pondrán a consideración de los productores "diferentes acciones" de protesta, entre ellas, un nuevo cese en la comercialización.

En medio de la fiesta de ganancias multimillonarias por los buenos precios internacionales y del record de exportaciones de granos, los empresarios del agro más ligados a Juntos por el Cambio impulsan un lockout contra la extensión de las limitaciones a las exportaciones de carne hasta que baje el precio local. Otro grupo de productores se opone por el efecto electoral que tendría la medida. El miedo al qué dirán del votante urbano en plena lluvia de agro-dólares. El productor y ex director de la Federación Agraria Argentina (FAA) Pedro Peretti, afirmó que todo tiene que ver "con la cuestión estrictamente político partidaria de las elecciones que están en marcha".

Debe ser difícil tener dos caras, una pública para protestar y una privada en la que hay que hacer todo lo posible para ocultar que a uno le va muy bien. Eso es lo que le pasa al sector agropecuario, que no se cansa de quejarse gobierne quien gobierne, mientras las estadísticas desmienten una y otra vez sus dichos.

El blindaje mediático oculta la realidad, para mostrar solamente lo que conviene en este país en el que pareciera que casi siempre "está todo mal". Es así como se arman convocatorias "patrióticas" en nombre de la "defensa de la república", argumentando que "el campo está en peligro" y hay que salir a cortar las rutas para mostrarle a todo el país y al mundo que "si le va mal al campo le va mal a todos".

Pero, hay una gran contradicción. ¿Cómo se entiende que la gente que sale a protestar sea la misma que tiene tanto resto financiero como para salir a comprar camionetas 4x4 y maquinaria nueva en un alto porcentaje? Alguien debería dar una explicación. El problema es que casi nadie la pide, porque a los grandes intereses políticos y económicos, que cuentan con los grandes medios porteños para defender sus intereses, no les conviene mostrar que al campo le va muy bien. Prefieren todo lo contrario: abrir las cadenas mediáticas y el "nado sincronizado" para sostener que al campo "siempre lo perjudican".

Las conclusiones son "el único culpable es el gobierno nacional" y "queremos una convocatoria urgente a una mesa de diálogo" de las que después se levantan cuando no escuchan lo que quieren. Faltaría que aporten un poco de autocrítica, para dejar de protestar, admitir que les va mejor que al resto del país y sumar alguna que otra solución que contribuya a la equidad social.

La Opinión Popular

SE AGRANDAN LAS DIFERENCIAS INTERNAS SOBRE EL LOCK OUT A LA VENTA DE CARNES

Para el campo, ir al paro es un dilema electoral

Aún ante un malestar generalizado de la ruralidad y la agroindustria por la extensión hasta octubre del cupo para exportaciones de carne por parte del Gobierno, el campo atraviesa con padecimiento el dilema de hacer un paro antes de las PASO. Las diferencias sobre los tiempos y conveniencia de un lock out a las ventas se agrandaron como nunca en plena campaña. Todo en un escenario de ganancias millonarias por precios y un mes de agosto que fue el récord de exportaciones del siglo.

Es una simplificación, pero de utilidad para mirar la foto: un grupo nutrido, mayoría de productores, quiere ir al cese de comercialización a como dé lugar y desde el próximo lunes; otros, más pensantes entre los que se incluyen frigoríficos, industriales y hasta la Mesa de Enlace, entienden que hay que meditar mejor lo pasos para evitar quedar jugando contra el Gobierno Nacional una semana antes de las primarias, siendo además el campo un sector que mayormente está asociado a Cambiemos.

La mayor persistencia en la idea de parar sigue en los auto convocados, más vinculados a Cambiemos. Pero esta vez con reparos. En los chats del agro Gurú Agro y Gurú Ganadero hubo expresiones de agitación, pero también de cuidado. "Estoy de acuerdo, a estos tipos hay que enfrentarlos!", disparó un productor pampeano.

Otro pidió "menos palabras, más acción. Más cuando nos enteramos que es Máximo K el que tiene cerradas las exportaciones". Este último chat refiere a un mensaje enviado por error a un grupo general de productores por parte de Jorge Solmi, secretario de Agricultura, en el que presuntamente le pedía a Sergio Massa, jefe de su espacio, una intervención del diputado en un tema al que es ajeno.

Pero en esos mismos grupos de Whatsapp del agro, hay ultras que percibieron que el escenario es diferente al de antaño. "Si vamos a un paro ahora, le hacemos el juego al Gobierno", sentenció un chacarero. Lo secundaron otros que apuntaron que ir a un lock en medio de la lluvia de dólares del agro, con precios internacionales récord, "confirmaría lo que el votante urbano independiente cree de nosotros". Además de la ruptura en dos que opera en el campo, este último punto es otra diferencia fundamental en el poder de fuego del agro hoy y antaño.

El lunes por la mañana, en la sede de la Sociedad Rural de Santa Fe, la Mesa de Enlace se reunió de urgencia para tomar posición sobre la Resolución 7 del Gobierno, que amplió al 31 de octubre el cupo de 50 por ciento a la exportación cárnica. No deliberaron en calma. Afuera, presionaban 70 productores que querían ir al paro.

Salieron del mitin prometiendo un cese casi por obligación, pero la interna cuenta otra historia. "Hay que respetar el proceso electoral. Puede ser una medida, pero no la única, sino la última", sorprendió ante la consulta de Página I12 uno de los referentes de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace.

Eso mismo repitió, on the récord, Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, blanqueando la inconveniencia de colar un paro en plena elección. Este miércoles hubo un encuentro del Consejo de Coninagro en el que se evaluaron alternativas de paro para después de las PASO pero "de carácter progresivo". Entienden en la entidad "no podemos hacer un paro a minutos de que el Gobierno toma una medida". El resto de las entidades procederían igual, en una especie de concientización pública del conflicto, para evitar ruido político.

Es que, además, ir a un paro en este contexto tiene un costo económico que ya vio en el paro anterior. Y en momentos críticos de menos ventas de carne, lo menos conveniente es dejar de vender. En este punto, recrudece la guerra entre productores y la agroindustria: los dueños de ganado aseguran que la industria aprovecha la medida del Gobierno para comprar vacas más baratas y hacer negocio.

Asimismo, en el chat de Whatsapp ganadero circula un video de la productora de nuez pecan y referente de Cambiemos, Techi Cavoti, quien le marca la cancha al Consejo Agroindustrial (CAA) -el campo negociador- por supuestamente evitar hablar con el Gobierno del conflicto por la carne.

Más allá de las especulaciones, la industria también reaccionó, a su manera, ante la medida del Gobierno. "La prórroga establecida sigue el camino inverso y agravará los efectos depresivos sobre la actividad que, por el momento, se han visto amortiguados por operaciones pendientes y la formación de stocks. A corto plazo, las empresas frigoríficas deberán adoptar medidas más severas para ajustar el nivel de actividad a la decisión de recortar el nivel de embarques a la mitad del promedio exportado en la segunda mitad de 2020, que se suma a la prohibición de exportar algunos cortes; una imposición que altera significativamente la operatoria y la ecuación de los negocios en las plantas exportadoras", expresó el consorcio cárnico ABC en un comunicado.

Por su parte, el Consejo Agroindustrial aseveró en un escrito dirigido al Presidente Alberto Fernández que "ha sido nuestra vocación generar espacios de diálogo y trabajo con distintas áreas del Gobierno Nacional tratando de alcanzar acuerdos que fomenten el consumo interno sin impactar negativamente en la producción y atención del mercado externo. Estamos convencidos que es el camino para generar un crecimiento futuro del sector. Lamentablemente vemos que no ha sido suficiente y se han extendido las restricciones, medida que prolonga el impacto negativo en la cadena poniendo en riesgo el sostenimiento del empleo, el futuro desarrollo productivo, y la credibilidad con nuestros clientes del exterior".

Por Leandro Renou

Fuente: Página12

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular