03:18 | Lunes 09 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

Por

“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 01-09-2021 / 09:09

MÁS TRAIDORES A LA PATRIA NO SE CONSIGUEN

PRO Piñera: El macrismo apoya a Chile que quiere usurpar soberanía Argentina

El PRO quebró una política de Estado y llamó a la Cancillería a debatir en pie de igualdad un decreto firmado por el neoliberal Sebastián Piñera, muy amigo del neoliberal Mauricio Macri, que avanza sobre los derechos de la Argentina sobre la plataforma continental, ya reconocidos por la ONU. “Reniegan de nuestros derechos dejando de lado los intereses de la Patria”, les respondió el canciller Felipe Solá.

El PRO emitió un comunicado sobre el diferendo con Chile en el que llama al diálogo a las cancillerías de los dos países en pie de igualdad. De esta manera, busca eludir una toma de posición sobre el avance unilateral de Chile sobre la Argentina, como otra forma berreta de oponerse al gobierno de Alberto Fernández.

El canciller Felipe Solá salió a cuestionarlos e indicó que pusieron "en un plano de igualdad el reconocimiento de la ONU de los derechos argentinos sobre el mar austral con una decisión unilateral expresada en un decreto presidencial de Chile", firmado por el saliente presidente de ese país --y amigo de Mauricio Macri-- Sebastián Piñera por las plataformas continentales.

La horrorosa posición del PRO sobre este tema se suma a una serie de exabruptos sobre la soberanía de Malvinas que en los últimos meses tuvieron la candidata Sabrina Ajmechet y la presidenta del PRO, la polémica Patricia Bullrich. Pero además, este documento borra lo realizado en su momento por el gobierno de Macri y la entonces canciller Susana Malcorra, cuando la ONU respaldó la postura argentina que ahora el PRO desconoce.

Reniegan de los derechos nacionales y hablan como si fueran mediadores entre la Argentina y Chile. Es un oportunismo político sin límites. De hecho, Bullrich es una de las dos personas que firma el comunicado, junto al secretario de Relaciones Internacionales Fulvio Pompeo. Ambos se encuentran imputados por el contrabando de municiones a Bolivia durante el golpe de Estado contra Evo Morales.

Que la disputa territorial se debe solucionar con dialogo y en forma pacífica ya lo dice la Cancillería Argentina, no hace falta ningún consejo macrista al respecto, la diferencia es hacerlo desde los derechos adquiridos y con dignidad, y otra muy distinta hacerlo dando identidad a una bravuconada del amigo neoliberal de Macri. Esta última actitud tiene un solo nombre: cipayos.

Después, en las marchas piruchas destituyentes, se envuelven ellos y sus 4x4 con el cotillón de banderas argentinas. Hay un axioma del PRO: Todo lo que hacen las derechas latinoamericanas y el miserable imperialismo está bien y hay que apoyarlo, aunque se trate de un golpe de Estado o vaya contra la soberanía argentina. Más traidores a la Patria no se consiguen.

La Opinión Popular

EL PRO NO APOYA LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA ARGENTINA

Plataforma continental: El macrismo se expresó a favor del gobierno de Chile

El texto del comunicado sorprende porque intenta hacer un llamado al diálogo, pero sobre la base de que Chile tiene motivos para reclamar en pie de igualdad con un decreto a la posición argentina, que tiene avales de organismos de la ONU.

Dice el texto: "Habiéndose verificado diferencias en el trazado de las respectivas plataformas continentales de Argentina y Chile, proponemos que ambas Cancillerías, en los ámbitos existentes de cooperación e integración bilateral y regional, se reúnan e inicien un diálogo que permita zanjar las diferencias hoy existentes, comunicando en forma conjunta lo que resulte acordado a la COLC establecida en el marco de CONMEVAR así como a otras autoridades pertinentes de la ONU, mostrando la capacidad de entendimiento entre las dos naciones".

E insiste: "En los últimos 30 años, Argentina y Chile han logrado resolver pacíficamente más de 25 diferendos fronterizos a lo largo de 5.000 kilómetros, que habían producido graves tensiones durante más de un siglo. Con ese mismo espíritu, no podemos retrotaernos a los tiempos de la desconfianza recíproca".

Curiosamente el comunicado omite el trabajo de tres gobiernos argentinos, empezando por el de Cristina Fernández de Kirchner en 2009 cuando se hicieron las presentaciones sobre las áreas que disputa Piñera, pero siguiendo con el propio gobierno de Macri. De hecho, el aval a la posición argentina sobre esos territorios por parte de la Comisión del Límite Exterior --un organismo creado por la Convención de la ONU sobre el Derecho al Mar-- llegó durante el gobierno de Macri, en 2017.

En ese momento, la canciller Susana Malcorra festejó la resolución y pidió incorporarla con una ley a la normativa nacional, cosa que se hizo en 2020 durante el gobierno actual, de Alberto Fernández. Una verdadera "política de Estado" que atravesó tres administraciones distintas.

Todo esto no fue tenido en cuenta por el PRO, que buscó alguna forma de oponerse, mientras Piñera dijo que cuenta con el apoyo de la oposición chilena: "El tema fue conversado con los expresidentes Ricardo Lagos, Eduardo Frei y Michelle Bachelet", afirmó.

Más tarde, Juntos por el Cambio emitió un segundo comunicado, en el que dicen: "En lo que refiere a la distinta interpretación del Gobierno de Chile sobre el trazado del borde exterior de la Plataforma Continental entre ambos países, Juntos por el Cambio entiende que debe existir una abierta predisposición a resolver las diferencias en los ámbitos correspondientes de ambos Gobiernos y de sus equipos técnicos competentes, a saber la "Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental" y la "Unidad Plataforma Continental de la Cancillería de la República de Chile", a fin de identificar los caminos más adecuados para llegar a un entendimiento por la vía del consenso y la cooperación, priorizando un mecanismo de consulta previa antes de de toda manifestación unilateral".

Sin palabras

En respuesta, el canciller Solá advirtió que "el PRO ha puesto en un plano de igualdad el reconocimiento de la ONU de los derechos argentinos sobre el mar austral con una decisión unilateral expresada en un decreto presidencial de Chile. Reniegan de nuestros derechos dejando de lado los intereses de la Patria. Sin palabras".

El Gobierno argentino denunció que Sebastián Piñera intenta apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos. La Cancillería había señalado a través de un comunicado que "se tomó conocimiento de una medida del Gobierno de Chile, relativa a espacios marítimos", la cual "pretende proyectar la plataforma continental al Este del meridiano 67º 16´ 0, lo cual claramente no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984".

Piñera busca azuzar el conflicto y despertar una veta nacionalista siempre latente en Chile, tras años de conflictos sociales y tras ser derrotado en el referendum para cambiar la constitución que dejó Pinochet: "Lo que Chile está haciendo es ejercer su derecho y declarar su plataforma continental", afirmó, pese a que el decreto llegó de forma intempestiva para reclamar la plataforma continental marítima al sur de Tierra del Fuego y el sector de Hielos Continentales a la altura del Monte Fitz Roy, que aún está pendiente de demarcación limítrofe (y cuya negociación iba a seguir en octubre entre ambos gobiernos).

Si el conflicto limítrofe puede unificar a distintos sectores políticos de Chile, está claro que eso en la Argentina no ocurrirá y el comunicado del PRO lo pone sobre en evidencia. Se suma, no obstante, a meses de exabruptos de sus dirigentes en cuestiones de soberanía.

Soberanos

El primero tuvo como protagonista a una de las firmantes del comunicado: Patricia Bullrich. Cuando estaba en una de sus defensas cerradas de la farmacéutica estadounidense Pfizer, dijo: "No pidió los hielos continentales, ni las Islas Malvinas... bueno, las Islas Malvinas se las podríamos haber dado". Luego de las críticas que recibió, la presidenta del PRO salió a aclarar que acompaña el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.

Más difícil se le hizo esto a la candidata Sabrina Ajmechet, que en diversos tweets viejos cuestionó el reclamo argentino: "La creencia en que las Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental", escribió en 2012, justo un 2 de abril. "Las Malvinas no existen. Las Falkland Islands son de los kelpers", insistió. También dijo que le gustaría vivir en un país que tuviera soberanía sobre las islas y que por eso pensaba en mudarse a Londrés "permantly".

Esto le valió el repudio de los veteranos de Malvinas y fue conminada a retractarse en plena campaña. "Pido disculpas porque hay gente que respeto que se ofendió de buena fe", escribió, sin cambiar su posición. Y María Eugenia Vidal aseguró que nadie en su lista pone en dudas la soberanía de las Islas Malvinas.

Con el diferendo con Chile, no obstante, no es un exabrupto sino una posición del partido --firmada por su presidenta y por un hombre muy cercano a Macri, que -hay que recordar-- es amigo de Piñera desde antes que fueran presidentes. Los dos multimillonarios han compartido innumerables encuentros, políticos y sociales. En su primera presidencia, Piñera lo recibió a Macri como jefe de Gobierno: Macri bajó de su avión privado, se subieron al helicóptero privado de Piñera y viajaron a su isla, también privada.

En vísperas del ballotage para su segunda presidencia, Macri hizo campaña por su amigo (irrumpiendo en las elecciones de otro país). Al final del mandato, el gobierno de Macri no se perdió la oportunidad para justificar la represión en Chile. "Piñera está en guerra", dijo en ese momento la ministra de Seguridad. ¿Quién era? Patricia Bullrich, la misma que firma el comunicado del PRO.

Por Werner Pertot

Fuente: Página12

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular