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Nacionales - 01-09-2021 / 09:09
MÁS TRAIDORES A LA PATRIA NO SE CONSIGUEN

PRO Piñera: El macrismo apoya a Chile que quiere usurpar soberanía Argentina

PRO Piñera: El macrismo apoya a Chile que quiere usurpar soberanía Argentina
El PRO quebró una política de Estado y llamó a la Cancillería a debatir en pie de igualdad un decreto firmado por el neoliberal Sebastián Piñera, muy amigo del neoliberal Mauricio Macri, que avanza sobre los derechos de la Argentina sobre la plataforma continental, ya reconocidos por la ONU. “Reniegan de nuestros derechos dejando de lado los intereses de la Patria”, les respondió el canciller Felipe Solá.
El PRO emitió un comunicado sobre el diferendo con Chile en el que llama al diálogo a las cancillerías de los dos países en pie de igualdad. De esta manera, busca eludir una toma de posición sobre el avance unilateral de Chile sobre la Argentina, como otra forma berreta de oponerse al gobierno de Alberto Fernández.
 
El canciller Felipe Solá salió a cuestionarlos e indicó que pusieron "en un plano de igualdad el reconocimiento de la ONU de los derechos argentinos sobre el mar austral con una decisión unilateral expresada en un decreto presidencial de Chile", firmado por el saliente presidente de ese país --y amigo de Mauricio Macri-- Sebastián Piñera por las plataformas continentales.
 
La horrorosa posición del PRO sobre este tema se suma a una serie de exabruptos sobre la soberanía de Malvinas que en los últimos meses tuvieron la candidata Sabrina Ajmechet y la presidenta del PRO, la polémica Patricia Bullrich. Pero además, este documento borra lo realizado en su momento por el gobierno de Macri y la entonces canciller Susana Malcorra, cuando la ONU respaldó la postura argentina que ahora el PRO desconoce.

Reniegan de los derechos nacionales y hablan como si fueran mediadores entre la Argentina y Chile. Es un oportunismo político sin límites. De hecho, Bullrich es una de las dos personas que firma el comunicado, junto al secretario de Relaciones Internacionales Fulvio Pompeo. Ambos se encuentran imputados por el contrabando de municiones a Bolivia durante el golpe de Estado contra Evo Morales.

Que la disputa territorial se debe solucionar con dialogo y en forma pacífica ya lo dice la Cancillería Argentina, no hace falta ningún consejo macrista al respecto, la diferencia es hacerlo desde los derechos adquiridos y con dignidad, y otra muy distinta hacerlo dando identidad a una bravuconada del amigo neoliberal de Macri. Esta última actitud tiene un solo nombre: cipayos.

Después, en las marchas piruchas destituyentes, se envuelven ellos y sus 4x4 con el cotillón de banderas argentinas. Hay un axioma del PRO: Todo lo que hacen las derechas latinoamericanas y el miserable imperialismo está bien y hay que apoyarlo, aunque se trate de un golpe de Estado o vaya contra la soberanía argentina. Más traidores a la Patria no se consiguen.

La Opinión Popular


 
EL PRO NO APOYA LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA ARGENTINA
  
Plataforma continental: El macrismo se expresó a favor del gobierno de Chile
 
El texto del comunicado sorprende porque intenta hacer un llamado al diálogo, pero sobre la base de que Chile tiene motivos para reclamar en pie de igualdad con un decreto a la posición argentina, que tiene avales de organismos de la ONU.
 
Dice el texto: "Habiéndose verificado diferencias en el trazado de las respectivas plataformas continentales de Argentina y Chile, proponemos que ambas Cancillerías, en los ámbitos existentes de cooperación e integración bilateral y regional, se reúnan e inicien un diálogo que permita zanjar las diferencias hoy existentes, comunicando en forma conjunta lo que resulte acordado a la COLC establecida en el marco de CONMEVAR así como a otras autoridades pertinentes de la ONU, mostrando la capacidad de entendimiento entre las dos naciones".
 
E insiste: "En los últimos 30 años, Argentina y Chile han logrado resolver pacíficamente más de 25 diferendos fronterizos a lo largo de 5.000 kilómetros, que habían producido graves tensiones durante más de un siglo. Con ese mismo espíritu, no podemos retrotaernos a los tiempos de la desconfianza recíproca".
 
Curiosamente el comunicado omite el trabajo de tres gobiernos argentinos, empezando por el de Cristina Fernández de Kirchner en 2009 cuando se hicieron las presentaciones sobre las áreas que disputa Piñera, pero siguiendo con el propio gobierno de Macri. De hecho, el aval a la posición argentina sobre esos territorios por parte de la Comisión del Límite Exterior --un organismo creado por la Convención de la ONU sobre el Derecho al Mar-- llegó durante el gobierno de Macri, en 2017.
 
En ese momento, la canciller Susana Malcorra festejó la resolución y pidió incorporarla con una ley a la normativa nacional, cosa que se hizo en 2020 durante el gobierno actual, de Alberto Fernández. Una verdadera "política de Estado" que atravesó tres administraciones distintas.
 
Todo esto no fue tenido en cuenta por el PRO, que buscó alguna forma de oponerse, mientras Piñera dijo que cuenta con el apoyo de la oposición chilena: "El tema fue conversado con los expresidentes Ricardo Lagos, Eduardo Frei y Michelle Bachelet", afirmó.
 
Más tarde, Juntos por el Cambio emitió un segundo comunicado, en el que dicen: "En lo que refiere a la distinta interpretación del Gobierno de Chile sobre el trazado del borde exterior de la Plataforma Continental entre ambos países, Juntos por el Cambio entiende que debe existir una abierta predisposición a resolver las diferencias en los ámbitos correspondientes de ambos Gobiernos y de sus equipos técnicos competentes, a saber la "Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental" y la "Unidad Plataforma Continental de la Cancillería de la República de Chile", a fin de identificar los caminos más adecuados para llegar a un entendimiento por la vía del consenso y la cooperación, priorizando un mecanismo de consulta previa antes de de toda manifestación unilateral".
 
 
Sin palabras
  
En respuesta, el canciller Solá advirtió que "el PRO ha puesto en un plano de igualdad el reconocimiento de la ONU de los derechos argentinos sobre el mar austral con una decisión unilateral expresada en un decreto presidencial de Chile. Reniegan de nuestros derechos dejando de lado los intereses de la Patria. Sin palabras".
 
El Gobierno argentino denunció que Sebastián Piñera intenta apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos. La Cancillería había señalado a través de un comunicado que "se tomó conocimiento de una medida del Gobierno de Chile, relativa a espacios marítimos", la cual "pretende proyectar la plataforma continental al Este del meridiano 67º 16´ 0, lo cual claramente no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984".
 
Piñera busca azuzar el conflicto y despertar una veta nacionalista siempre latente en Chile, tras años de conflictos sociales y tras ser derrotado en el referendum para cambiar la constitución que dejó Pinochet: "Lo que Chile está haciendo es ejercer su derecho y declarar su plataforma continental", afirmó, pese a que el decreto llegó de forma intempestiva para reclamar la plataforma continental marítima al sur de Tierra del Fuego y el sector de Hielos Continentales a la altura del Monte Fitz Roy, que aún está pendiente de demarcación limítrofe (y cuya negociación iba a seguir en octubre entre ambos gobiernos).
 
Si el conflicto limítrofe puede unificar a distintos sectores políticos de Chile, está claro que eso en la Argentina no ocurrirá y el comunicado del PRO lo pone sobre en evidencia. Se suma, no obstante, a meses de exabruptos de sus dirigentes en cuestiones de soberanía.
 
 
Soberanos
  
El primero tuvo como protagonista a una de las firmantes del comunicado: Patricia Bullrich. Cuando estaba en una de sus defensas cerradas de la farmacéutica estadounidense Pfizer, dijo: "No pidió los hielos continentales, ni las Islas Malvinas... bueno, las Islas Malvinas se las podríamos haber dado". Luego de las críticas que recibió, la presidenta del PRO salió a aclarar que acompaña el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.
 
Más difícil se le hizo esto a la candidata Sabrina Ajmechet, que en diversos tweets viejos cuestionó el reclamo argentino: "La creencia en que las Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental", escribió en 2012, justo un 2 de abril. "Las Malvinas no existen. Las Falkland Islands son de los kelpers", insistió. También dijo que le gustaría vivir en un país que tuviera soberanía sobre las islas y que por eso pensaba en mudarse a Londrés "permantly".
 
Esto le valió el repudio de los veteranos de Malvinas y fue conminada a retractarse en plena campaña. "Pido disculpas porque hay gente que respeto que se ofendió de buena fe", escribió, sin cambiar su posición. Y María Eugenia Vidal aseguró que nadie en su lista pone en dudas la soberanía de las Islas Malvinas.
 
Con el diferendo con Chile, no obstante, no es un exabrupto sino una posición del partido --firmada por su presidenta y por un hombre muy cercano a Macri, que -hay que recordar-- es amigo de Piñera desde antes que fueran presidentes. Los dos multimillonarios han compartido innumerables encuentros, políticos y sociales. En su primera presidencia, Piñera lo recibió a Macri como jefe de Gobierno: Macri bajó de su avión privado, se subieron al helicóptero privado de Piñera y viajaron a su isla, también privada.
 
En vísperas del ballotage para su segunda presidencia, Macri hizo campaña por su amigo (irrumpiendo en las elecciones de otro país).  Al final del mandato, el gobierno de Macri no se perdió la oportunidad para justificar la represión en Chile. "Piñera está en guerra", dijo en ese momento la ministra de Seguridad. ¿Quién era? Patricia Bullrich, la misma que firma el comunicado del PRO.
 
Por Werner Pertot
 
Fuente: Página12
 

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19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
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