07:04 | Jueves 19 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 01-09-2021 / 09:09

MÁS TRAIDORES A LA PATRIA NO SE CONSIGUEN

PRO Piñera: El macrismo apoya a Chile que quiere usurpar soberanía Argentina

El PRO quebró una política de Estado y llamó a la Cancillería a debatir en pie de igualdad un decreto firmado por el neoliberal Sebastián Piñera, muy amigo del neoliberal Mauricio Macri, que avanza sobre los derechos de la Argentina sobre la plataforma continental, ya reconocidos por la ONU. “Reniegan de nuestros derechos dejando de lado los intereses de la Patria”, les respondió el canciller Felipe Solá.

El PRO emitió un comunicado sobre el diferendo con Chile en el que llama al diálogo a las cancillerías de los dos países en pie de igualdad. De esta manera, busca eludir una toma de posición sobre el avance unilateral de Chile sobre la Argentina, como otra forma berreta de oponerse al gobierno de Alberto Fernández.

El canciller Felipe Solá salió a cuestionarlos e indicó que pusieron "en un plano de igualdad el reconocimiento de la ONU de los derechos argentinos sobre el mar austral con una decisión unilateral expresada en un decreto presidencial de Chile", firmado por el saliente presidente de ese país --y amigo de Mauricio Macri-- Sebastián Piñera por las plataformas continentales.

La horrorosa posición del PRO sobre este tema se suma a una serie de exabruptos sobre la soberanía de Malvinas que en los últimos meses tuvieron la candidata Sabrina Ajmechet y la presidenta del PRO, la polémica Patricia Bullrich. Pero además, este documento borra lo realizado en su momento por el gobierno de Macri y la entonces canciller Susana Malcorra, cuando la ONU respaldó la postura argentina que ahora el PRO desconoce.

Reniegan de los derechos nacionales y hablan como si fueran mediadores entre la Argentina y Chile. Es un oportunismo político sin límites. De hecho, Bullrich es una de las dos personas que firma el comunicado, junto al secretario de Relaciones Internacionales Fulvio Pompeo. Ambos se encuentran imputados por el contrabando de municiones a Bolivia durante el golpe de Estado contra Evo Morales.

Que la disputa territorial se debe solucionar con dialogo y en forma pacífica ya lo dice la Cancillería Argentina, no hace falta ningún consejo macrista al respecto, la diferencia es hacerlo desde los derechos adquiridos y con dignidad, y otra muy distinta hacerlo dando identidad a una bravuconada del amigo neoliberal de Macri. Esta última actitud tiene un solo nombre: cipayos.

Después, en las marchas piruchas destituyentes, se envuelven ellos y sus 4x4 con el cotillón de banderas argentinas. Hay un axioma del PRO: Todo lo que hacen las derechas latinoamericanas y el miserable imperialismo está bien y hay que apoyarlo, aunque se trate de un golpe de Estado o vaya contra la soberanía argentina. Más traidores a la Patria no se consiguen.

La Opinión Popular

EL PRO NO APOYA LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA ARGENTINA

Plataforma continental: El macrismo se expresó a favor del gobierno de Chile

El texto del comunicado sorprende porque intenta hacer un llamado al diálogo, pero sobre la base de que Chile tiene motivos para reclamar en pie de igualdad con un decreto a la posición argentina, que tiene avales de organismos de la ONU.

Dice el texto: "Habiéndose verificado diferencias en el trazado de las respectivas plataformas continentales de Argentina y Chile, proponemos que ambas Cancillerías, en los ámbitos existentes de cooperación e integración bilateral y regional, se reúnan e inicien un diálogo que permita zanjar las diferencias hoy existentes, comunicando en forma conjunta lo que resulte acordado a la COLC establecida en el marco de CONMEVAR así como a otras autoridades pertinentes de la ONU, mostrando la capacidad de entendimiento entre las dos naciones".

E insiste: "En los últimos 30 años, Argentina y Chile han logrado resolver pacíficamente más de 25 diferendos fronterizos a lo largo de 5.000 kilómetros, que habían producido graves tensiones durante más de un siglo. Con ese mismo espíritu, no podemos retrotaernos a los tiempos de la desconfianza recíproca".

Curiosamente el comunicado omite el trabajo de tres gobiernos argentinos, empezando por el de Cristina Fernández de Kirchner en 2009 cuando se hicieron las presentaciones sobre las áreas que disputa Piñera, pero siguiendo con el propio gobierno de Macri. De hecho, el aval a la posición argentina sobre esos territorios por parte de la Comisión del Límite Exterior --un organismo creado por la Convención de la ONU sobre el Derecho al Mar-- llegó durante el gobierno de Macri, en 2017.

En ese momento, la canciller Susana Malcorra festejó la resolución y pidió incorporarla con una ley a la normativa nacional, cosa que se hizo en 2020 durante el gobierno actual, de Alberto Fernández. Una verdadera "política de Estado" que atravesó tres administraciones distintas.

Todo esto no fue tenido en cuenta por el PRO, que buscó alguna forma de oponerse, mientras Piñera dijo que cuenta con el apoyo de la oposición chilena: "El tema fue conversado con los expresidentes Ricardo Lagos, Eduardo Frei y Michelle Bachelet", afirmó.

Más tarde, Juntos por el Cambio emitió un segundo comunicado, en el que dicen: "En lo que refiere a la distinta interpretación del Gobierno de Chile sobre el trazado del borde exterior de la Plataforma Continental entre ambos países, Juntos por el Cambio entiende que debe existir una abierta predisposición a resolver las diferencias en los ámbitos correspondientes de ambos Gobiernos y de sus equipos técnicos competentes, a saber la "Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental" y la "Unidad Plataforma Continental de la Cancillería de la República de Chile", a fin de identificar los caminos más adecuados para llegar a un entendimiento por la vía del consenso y la cooperación, priorizando un mecanismo de consulta previa antes de de toda manifestación unilateral".

Sin palabras

En respuesta, el canciller Solá advirtió que "el PRO ha puesto en un plano de igualdad el reconocimiento de la ONU de los derechos argentinos sobre el mar austral con una decisión unilateral expresada en un decreto presidencial de Chile. Reniegan de nuestros derechos dejando de lado los intereses de la Patria. Sin palabras".

El Gobierno argentino denunció que Sebastián Piñera intenta apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos. La Cancillería había señalado a través de un comunicado que "se tomó conocimiento de una medida del Gobierno de Chile, relativa a espacios marítimos", la cual "pretende proyectar la plataforma continental al Este del meridiano 67º 16´ 0, lo cual claramente no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984".

Piñera busca azuzar el conflicto y despertar una veta nacionalista siempre latente en Chile, tras años de conflictos sociales y tras ser derrotado en el referendum para cambiar la constitución que dejó Pinochet: "Lo que Chile está haciendo es ejercer su derecho y declarar su plataforma continental", afirmó, pese a que el decreto llegó de forma intempestiva para reclamar la plataforma continental marítima al sur de Tierra del Fuego y el sector de Hielos Continentales a la altura del Monte Fitz Roy, que aún está pendiente de demarcación limítrofe (y cuya negociación iba a seguir en octubre entre ambos gobiernos).

Si el conflicto limítrofe puede unificar a distintos sectores políticos de Chile, está claro que eso en la Argentina no ocurrirá y el comunicado del PRO lo pone sobre en evidencia. Se suma, no obstante, a meses de exabruptos de sus dirigentes en cuestiones de soberanía.

Soberanos

El primero tuvo como protagonista a una de las firmantes del comunicado: Patricia Bullrich. Cuando estaba en una de sus defensas cerradas de la farmacéutica estadounidense Pfizer, dijo: "No pidió los hielos continentales, ni las Islas Malvinas... bueno, las Islas Malvinas se las podríamos haber dado". Luego de las críticas que recibió, la presidenta del PRO salió a aclarar que acompaña el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.

Más difícil se le hizo esto a la candidata Sabrina Ajmechet, que en diversos tweets viejos cuestionó el reclamo argentino: "La creencia en que las Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental", escribió en 2012, justo un 2 de abril. "Las Malvinas no existen. Las Falkland Islands son de los kelpers", insistió. También dijo que le gustaría vivir en un país que tuviera soberanía sobre las islas y que por eso pensaba en mudarse a Londrés "permantly".

Esto le valió el repudio de los veteranos de Malvinas y fue conminada a retractarse en plena campaña. "Pido disculpas porque hay gente que respeto que se ofendió de buena fe", escribió, sin cambiar su posición. Y María Eugenia Vidal aseguró que nadie en su lista pone en dudas la soberanía de las Islas Malvinas.

Con el diferendo con Chile, no obstante, no es un exabrupto sino una posición del partido --firmada por su presidenta y por un hombre muy cercano a Macri, que -hay que recordar-- es amigo de Piñera desde antes que fueran presidentes. Los dos multimillonarios han compartido innumerables encuentros, políticos y sociales. En su primera presidencia, Piñera lo recibió a Macri como jefe de Gobierno: Macri bajó de su avión privado, se subieron al helicóptero privado de Piñera y viajaron a su isla, también privada.

En vísperas del ballotage para su segunda presidencia, Macri hizo campaña por su amigo (irrumpiendo en las elecciones de otro país). Al final del mandato, el gobierno de Macri no se perdió la oportunidad para justificar la represión en Chile. "Piñera está en guerra", dijo en ese momento la ministra de Seguridad. ¿Quién era? Patricia Bullrich, la misma que firma el comunicado del PRO.

Por Werner Pertot

Fuente: Página12

18-02-2026 / 10:02

Industricidio de Milei: FATE cierra su histórica fábrica y despide a 920 trabajadores

Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.

Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.

En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.

"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.

La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.

Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.

En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".

"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.

La Opinión Popular

17-02-2026 / 10:02

Manipulador: Caputo te dice cuándo reír o llorar y se quejó porque los empresarios no aplauden sus medidas

El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.

El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.

El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.

Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.

Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.

Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.

Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.

Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.

La Opinión Popular

17-02-2026 / 08:02

Para la casta si hay plata: Cancillería le pagará $114 millones a la esposa de Sturzenegger por dar cursos de inglés

El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.

La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.

El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.

Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.

El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.

La Opinión Popular

16-02-2026 / 09:02

¿Anti casta?: Milei se metió sus denuncias retóricas contra “las ratas de los senadores” en el culo

Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.

Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.

Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.

Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.

Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.

Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.

Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.

Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.

Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.

Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.

15-02-2026 / 09:02

El cipayo Milei pretende que Argentina sea una colonia de los yanquis

Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial.

El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.

Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.

Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.

¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.

El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.

La Opinión Popular