21:12 | Viernes 02 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 30-08-2021 / 10:08

EN UN CLIMA DE VIOLENCIA POLÍTICA

El radical Valdés consigue un triunfo holgado en Corrientes y la UCR busca nacionalizarlo

En un clima marcado por distintos episodios de violencia política, entre los que se destacó el disparo que recibió el diputado provincial del Frente de Todos, Miguel Arias, el jueves pasado durante un acto de campaña; amenazas con armas blancas y el atropello de un candidato a intendente del FdT, el actual gobernador radical de Corrientes, Gustavo Valdés, de la alianza ECO+Vamos Corrientes logró su reelección con el 76,76% de los votos. En segundo lugar quedó el candidato peronista, Fabián Ríos, del Frente Corrientes de Todos, que consiguió el 23,24 de los votos.

En un clima marcado por distintos episodios de violencia política, entre los que se destacó el disparo que recibió el diputado provincial del Frente de Todos, Miguel Arias, el jueves pasado durante un acto de campaña; amenazas con armas blancas y el atropello de un candidato a intendente del FdT, el actual gobernador radical de Corrientes, Gustavo Valdés, de la alianza ECO+Vamos Corrientes logró su reelección con el 76,76% de los votos. En segundo lugar quedó el candidato peronista, Fabián Ríos, del Frente Corrientes de Todos, que consiguió el 23,24 de los votos.

Corrientes es una provincia hundida en la pobreza y un distrito refractario al peronismo que no la gobierna desde la década del 70. Los radicales lo hacen ininterrumpidamente desde hace 20 años. La campaña tuvo momentos de excesiva intensidad y de tensión. El gobernador controla férreamente los medios de difusión locales. Los peronistas acusaron a sus rivales de presionar a empleados municipales y de valerse con fines proselitistas de las redes creadas para el operativo de vacunación.

El holgado triunfo de Gustavo Valdés se convirtió en la esperanza del radicalismo de estar viviendo un anticipo de las elecciones de noviembre. La plana mayor del radicalismo viajó a Corrientes temprano, ya con información que se venía un triunfo contundente en la provincia, acaso el de diferencia más abultada desde la recuperación democrática. El triunfo de Valdés se descontaba, pero en ningún análisis previo se barajaba una diferencia tan abultada, lo que abona la hipótesis que acaso se coló en la elección cierto voto contra el gobierno nacional.

Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, José Cano, Facundo Manes, Rodolfo Rubinstein y Luis Naidenoff, son algunos de los que se empujaban para posar junto al triunfador. Es que el triunfo de Valdés no sólo entusiasma a los radicales para las generales de noviembre, sino que los hace entusiasmar con un reverdecer del radicalismo, que empezó a soñarse luego que con Manes encontraran un candidato competitivo en la inmensa Buenos Aires, un distrito en el que hace décadas que no lograban hacer pie.

El jujeño Morales aprovechó para pasar su aviso contra Rodríguez Larreta, con quien ya eligió polarizar, en la diputada por la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio. "Esto muestra un radicalismo fuerte y de gestión en provincias donde hay que demostrar capacidad para gobernar. Somos un partido nacional. Con territorio. Reafirma el concepto qué hay un país y vida más allá de la Capital", afirmó el gobernador desde Corrientes.

La campaña por la gobernación de Corrientes -que hace años está descalzada del cronograma nacional-, transcurrió lejos de la atención mediática nacional, hasta la semana pasada cuando en la localidad de Tapebicuá, el diputado provincial Miguel Arias recibió un balazo. Ninguno de los dirigentes nacionales macristas, ni los halcones ni las palomas, se pronunciaron respecto al intento de homicidio de Arias. Los grandes diarios porteños le dedicaron un lugar secundario en sus portadas. La vida de un peronista vale poco para la derecha. No es algo nuevo.

La Opinión Popular

LAS FELICITACIONES DE MAURICIO MACRI Y HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA

Elecciones en Corrientes: Gustavo Valdés fue reelecto con el 76.76% de los votos

En comicios atravesados por la violencia política por el atentado contra el diputado provincial del Frente de Todos, Miguel Arias, el actual gobernador volvió a imponerse. En segundo lugar quedó el candidato peronista, Fabián Ríos, del Frente Corrientes de Todos, que obtuvo un 23,24% de los votos. Participó cerca del 65 por ciento del padrón.

Además de gobernador y vice, en Corrientes se votó por intendentes y concejales de 57 municipios y se eligieron cinco senadores y 15 diputados para la legislatura provincial. Hubo más de 864 mil personas habilitadas para votar y participó emitiendo el sufragio el 65 por ciento del padrón.

El compañero de fórmula de Valdés y ahora flamante vicegobernador es el senador nacional del Partido Popular, Pedro Braillard Poccard, quien también había sido gobernador de la provincia. El compañero de Ríos fue el senador provincial del PJ Martín Barrionuevo. En la capital correntina fue reelecto el actual intendente de ECO+Vamos Corrientes, Eduardo Tassano, que se impuso sobre Gustavo Canteros, candidato del FdT.

Cerca de las 19 horas el oficialismo provincial publicó en las redes sociales del espacio político ECo+Vamos Corrientes una imagen de Valdés con la leyenda "Ganamos". Pasadas las 21, cuando se conocieron los primeros números, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta publicó en sus twitter una felicitación al gobernador al que le dijo: "felicitaciones por una gran elección. Estoy seguro de que los correntinos volvieron a elegirte porque saben de tu visión de futuro y tu compromiso con todos ellos. Me alegra que podamos seguir trabajando juntos por nuestro país". Media hora más tarde se sumó al saludo el expresidente, Mauricio Macri, quien escribió: "querido Gustavo, felicitaciones por el justo reconocimiento a tu trabajo y el de todo el equipo. Corrientes demostró hoy un profundo compromiso con la democracia".

Para los festejos viajaron a la provincia el titular del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, y el precandidato a diputado por la UCR en Provincia de Buenos Aires, Facundo Manes. También se hicieron presentes el expresidente de la UCR, Ernesto Sanz, el exsecretario de Salud y precandidato a diputado por CABA, Adolfo Rubinstein y el senador de Formosa Luis Naidenoff, entre otros. Rubinstein dijo en el bunker a La letra P que "ha sido un triunfo arrasador que sigue empoderando al radicalismo de una manera brutal. Aquí está toda la dirigencia radical del país y es para nosotros un gran momento".

Corrientes se convirtió en la primera provincia en elegir cargos ejecutivos este año y fue la última en tener elecciones antes de las PASO del 12 de septiembre. El otro distrito que tendrá elecciones en 2021 es Santiago del Estero, pero los comicios serán en noviembre, junto con las elecciones generales. Si bien fueron dos las alianzas que compitieron, hubo 56 boletas en el cuarto oscuro, ya que el sistema electoral de dicha provincia permite la participación de cada partido por alianza.

Una elección signada por la violencia

El escenario electoral se dio en un contexto de violencia política. El jueves pasado por la noche, mientras se llevaba a cabo un acto del Frente de Todos en la localidad de Tapebicuá, el diputado provincial Arias recibió un disparo en el abdomen por parte de alguien que estaba entre los menos de 70 asistentes. Aún no se esclareció el hecho, ni se encontró al responsable, pero las autoridades provinciales decidieron de todos modos seguir adelante con los comicios.

Este domingo, luego de emitir su voto, el gobernador Valdés había dicho que lo que le sucedió al diputado Arias fue "un hecho aislado" y que "vivimos en un clima de normalidad política". Pero eso no fue así. El mismo domingo de las elecciones el Frente de Todos correntino denunció que se produjeron nuevos actos de violencia, esta vez en la localidad de Mburucuyá.

Según señalaron voceros del espacio, el candidato a intendente del Frente Amplio, Gustavo Aromí, fue atropellado por el intendente Pablo Guastavino, de la alianza Adelante Mburucuyá, que cuenta con apoyo de ECO + Vamos Corrientes.

Más tarde, un concejal del espacio de Aromi fue perseguido con un cuchillo por militantes cercanos a Guastavino. "Este mediodía el Intendente Guastavino de Mburucuyá (UCR-ECO), candidato por Gustavo Valdés nuevamente, atropelló a su contrincante Gustavo Aromí (PJ) con una camioneta", denunció Marlen Gauna, funcionaria del Ministerio del Interior y precandidata a diputada nacional por el FdT en Corrientes.

La ministra de Seguridad de Nación, Sabina Fréderic, había viajado a la provincia al igual que el ministro de Desarrollo Social y actual interventor del PJ de Corrientes, Juan Zabaleta, habían viajado a la provincia y el sábado por la noche estuvieron junto a Arias y su familia brindándole apoyo. Pero el domingo de la elección ya estaban de regreso en Capital Federal antes de los comicios.

Fuente: Página12

02-01-2026 / 10:01

SIDE: la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos, gremialistas y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".