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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 29-08-2021 / 08:08
PERSPECTIVAS, CÁLCULOS Y DUDAS CUANDO FALTAN DOS SEMANAS

La participación en las PASO, un enigma, la polarización, otro

La participación en las PASO, un enigma, la polarización, otro
Los encuestadores se cuidan al extremo. La pandemia trastocó todo, las dificultades insalvables para hacer sondeos presenciales agrava el cuadro. Los especialistas suelen circunscribirse a describir tendencias, climas de opinión. La sensación térmica promedio, según su narrativa, arroja desinterés. Acaso apatía, confusión ante las PASO, enojo en ciertos sectores.
Dentro de dos semanas se realizarán las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO). Hace seis meses, los grandes medios porteños y dirigentes opositores macristas alertaban que el Gobierno las aboliría sin precisar cómo. No era factible legalmente pero se repetía sin cesar.
 
Cuando se aprobó su postergación en el Congreso (con consenso amplio) nuevas voces advirtieron: el presidente Alberto Fernández las bajaría de un hondazo. Nada de eso ocurrió, la mudanza de fechas encuentra un cuadro sanitario relativamente propicio en septiembre. Pronosticar qué ocurrirá en noviembre sería prematuro.´
 
Los encuestadores se cuidan al extremo. La pandemia trastocó todo, las dificultades insalvables para hacer sondeos presenciales agrava el cuadro. Los especialistas suelen circunscribirse a describir tendencias, climas de opinión. La sensación térmica promedio, según su narrativa, arroja desinterés. Acaso apatía, confusión ante las PASO, enojo en ciertos sectores.
 
Economía, inflación y empleo como preocupaciones principales. El desempleo y los malos salarios castigan más a los menores de 30 años. En ese colectivo, a las mujeres más que a los hombres. En la escala social, a los pobres más que a las clases medias.
 
El resultado de noviembre se evaluará en base a dos variables que se debatirán en el Ágora, en quinchos nativos o de Wall Street, en charlas de café. La cantidad de bancas en el Congreso y la sumatoria de los votos conseguidos en 24 distritos, con boletas distintas.
 
Sería mala nueva que bajara significativamente la participación, resintiendo una virtud perdurable del sistema electoral. De cualquier forma, las 127 bancas de diputados y las 24 de senadores se repartirán entre los votos válidos emitidos.
 
El nivel de polarización entre el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio constituye otro enigma. Las dos coaliciones apuestan a que será muuuuy alto. Ochenta y cinco por ciento, noventa ¿quién da más? Miran al pasado cercano más que a los antecedentes históricos. Las votaciones de medio término, sin ejecutivos en disputa, facilitan el voto expresivo a terceras fuerzas que se hacen ver en Diputados. La Cámara más pluralista, multicolor.
 

 
Corrientes elige hoy autoridades ejecutivas, gobernador e intendentes. También legislativas, provinciales y comunales. Es una de las dos provincias que desfasa su cronograma respecto del resto, consecuencia de intervenciones federales. La provincia tuvo 18 interventores federales en el siglo XX, desde 1983 los hubo durante el menemismo y el gobierno de la Alianza.
 
Es un distrito refractario al peronismo que no la gobierna desde la década del 70. Los radicales lo hacen ininterrumpidamente desde hace 20 años.
 
El gobernador Gustavo Valdés busca la reelección y es favorito frente al candidato peronista Fabián Ríos. Los compañeros justicialistas fincan más expectativas en recuperar numerosas intendencias, comenzando por las más importantes: la capital Corrientes y Goya.
 
En 2017 en elecciones similares el porcentaje de participación llegó al 79 por ciento. En general se presume que la pandemia impactará a la baja esa cifra. Como todas las referencias sobre resultados de esta nota se trata de especulaciones. Los datos certeros surgirán del escrutinio.
 
La campaña tuvo momentos de excesiva intensidad y de tensión. Como es común en muchas provincias, el gobernador  controla férreamente los medios de difusión locales. Los peronistas acusan a sus rivales de presionar a empleados municipales y de valerse con fines proselitistas de las redes creadas para el operativo de vacunación. Como el gobierno porteño, pongalé.
 
Un hecho terrible, de otra magnitud, impactó en la campaña. El diputado provincial peronista Miguel Arias fue baleado durante un acto en la localidad de Tapebicuá. Se trata de una población de 740 habitantes según el Censo 2010, en el acto había solo decenas de personas.
 
Arias debió ser operado de urgencia. Las autoridades provinciales no han avanzado en la investigación, al cierre de esta nota en la tarde del sábado. La posibilidad de un atentado debería convulsionar el tablero político nacional. Sería una degradación del sistema, un retroceso cualitativo, un precedente temible. Se usa el potencial porque este cronista no quiere disfrazarse de detective cuando todavía no hay pruebas. No se halló el arma ni se ha peritado la bala que puso en riesgo la vida de Arias.
 
La respuesta de las autoridades provinciales fue subestimar el hecho. El ministro de Seguridad Juan López Desimoni aseveró que "no hay hechos objetivos para pensar en una vinculación política". Sucedió en cierre de campaña, en una intendencia disputada, no hay detenidos... tal vez se apuró el ministro.
 
Ante la violencia innegable, la principal oposición nacional guardó silencio. La dirigencia de Juntos por el Cambio, tan dinámica para fulminar a "la maestra K", no expidió un comunicado. Sus candidatos no se molestaron en expresar preocupación y solidaridad así fuera por Twitter. Fea la actitud, un repudiable desdén.
 
Hay solo dos pretendientes a la gobernación; la provincia funciona como bipartidista clásica. De igual modo sucederá en noviembre cuando se renueven diputados nacionales y las tres bancas de senadores. Dejan la Cámara Alta dos peronistas y un cambiemita.
 
Valdés confía en recobrar una banca sacando mayoría, los peronistas en repetir su victoria de 2015 con el actual senador Carlos Mauricio "Camau" Espínola como primer candidato. Encuestas para noviembre no hay disponibles, los consultores se precaven ante un escenario inédito.
 
Ojalá que la jornada de hoy sea tranquila, con respeto colectivo, comportamiento ciudadano ejemplar y buen presentismo.
 
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Más sensación térmica que números:
 
En noviembre dejan sus bancas 16 diputados de terceros partidos, lo que no llega al 13 por ciento del total de los recambios. Si ese conjunto virtual y diverso, que repasaremos líneas abajo, consigue sumar (por decir algo) 20 por ciento de los votos válidos, podría incrementar bastante su dotación. Puesto al revés, así acontecería si las dos grandes coaliciones sumadas totalizan el 80 por ciento.
 
Los aspirantes son numerosos. Mencionemos a los más mentados:
 
* Partidos provinciales que gobiernan en Córdoba. Misiones, Río Negro y Neuquén.
Partidos provinciales competitivos aunque no gobiernen, como la Fuerza Republicana bussista en Tucumán. O el Frente Progresista de Santa Fe, que gobernó hasta 2019.
* El Frente de Izquierda Unidad (FIT), expandido en casi todas las provincias.
Fuerzas o candidatos con implantación local a los que se le atribuyen perspectivas de ingresar así fuera un diputado. El del exministro Florencio Randazzo en Buenos Aires. Javier Milei y José Luis Espert.
 
La lista enumera a los renombrados; no es exhaustiva.
 
Sin hacer inventario estricto, sujeto a variaciones cada dos años, en ciertos territorios hay tres, cuatro y a veces cinco fuerzas con potencial para llegar a Diputados. Por lo pronto en las cuatro provincias más grandes: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Ciudad Autónoma (CABA) en las que se renuevan 66 bancas, más de la mitad.
 
Sin ser ludópata ni promover el juego, este cronista apostaría que en todas ellas entrarán diputados de terceros partidos. En Córdoba, seguro. En las demás casi, casi seguro. En CABA y Buenos Aires posiblemente más de tres. Hagan juego.
 
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Con toda la Vox que tengo: 
 
Los terceros en discordia tratan de hacerse ver en una contienda empapada de bipartidismo. El 12 de septiembre algunos se juegan la continuidad: los partidos que deben superar el umbral del 1,5 por ciento del distrito para poder presentarse en las generales.
 
O precandidatos como los ex ministros Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein deben conseguir más del 15 por ciento de los votos cambiemitas en la Ciudad Autónoma para mecharse en la lista que encabeza Vidal. Si no lo consiguen, game over. Ahorremos pálpitos que pueden fallar.
 
Los postulantes de derecha son aupados por los medios hegemónicos. Milei, astuto y estridente, es atractivo para los panelistas. Grita, amenaza con dinamitar el Banco Central, insulta al Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, lo amenaza. "Zurdo de mierda, te puedo aplastar", se (le) permite expresar. Queda insinuado qué destino reservará Milei a otros "zurdos", más zurdos que Larreta... que los hay en cantidades.
 
El periodista Martín Rodríguez atisba un parentesco con la dirigencia española de Vox. Insultan a "la casta política", hacen suyo un latiguillo que supo ser progre o de izquierdas. Quizá, añade Rodríguez,  la intransigencia de Milei induce a los cambiemitas para desplazarse a derecha como el Partido Popular hispano. Parece disolverse la diferencia insinuada entre halcones o palomas, cimentada con los avances de Rodríguez Larreta respecto del expresidente Mauricio Macri hace contadas semanas. 
 
La idea sería no dejar espacio entre los cambiemitas y la pared. La exministra Patricia Bullrich no será candidata pero su discurso prevalece; setenta halcones y ninguna flor.
 
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Revival y tradiciones: 
  
Los acontecimientos de Afganistán promueven revival del 2001. La historia, cree uno, contiene constantes, repeticiones pero no se repite como calco. El talibán regresa, los sucedidos ulteriores al 11 de septiembre de 2001 demarcan un mundo distinto. Se repiten circunstancias, en otro contexto. Se puede intuir una excitación del terrorismo en ciudades del Primero Mundo. Y ya se consuman oleadas de migraciones en situaciones afrentosas para la condición humana.
 
Nuestro país, asocia libremente este cronista, es tierra de acogida. Su mejor tradición reconoce derechos "a todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino". De regreso al eje de esta columna se incluye el de votar en elecciones provinciales, reconocido en 23 provincias. Cada una con sus reglas constitucionales... el federalismo funciona aunque a veces es medio rantifuso. Los migrantes, recogen las crónicas, votan proporcionalmente menos que los nacionales y se interesan más cuando se disputan cargos ejecutivos.
 
La Argentina es un país que reconoce derechos, a menudo universales. Donde lo público y el acceso gratuito rayan alto en la experiencia comparada. El segundo centenario de la Universidad de Buenos Aires, las polémicas sobre educación y salud pública, los comicios con sufragio universal ofrecen botones de muestra sobre la persistencia de esa tradición que se construyó luchando, confrontando con poderes establecidos, con minorías intolerantes o avaras. Sus alcances están en disputa ahora y en noviembre.
 
En dos semanas millones de personas comunes podrán ejercitar su derecho-deber que -como tantos-es una conquista y no un fruto de la naturaleza. Bueno es recordarlo en las vísperas, ahora y siempre.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

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