07:18 | Lunes 09 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 27-08-2021 / 09:08

PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

¿Cómo planificar 2022 sin saber lo que depara noviembre?

Este lunes, el Banco Central incorporó a sus reservas los DEG que emitió el FMI para repartir entre todos sus socios para paliar los estragos de la pandemia. Son U$S 4.355 millones de dólares que alcanzarían para cinco rondas de IFE ($10.000 para 9 millones de personas), para triplicar el presupuesto de las universidades nacionales, para construir 172 mil viviendas sociales o 145 hospitales de alta complejidad, pero que se irán por la canaleta de los propios pagos al FMI, que suman U$S 4.160 millones entre capital, intereses y recargos.

La bullrichización de María Eugenia Vidal ya se había percibido en los reportajes que organizó esta semana su comando de campaña, siempre en atmósferas controladas, pero ayer la virulencia de su discurso sorprendió incluso al núcleo duro del establishment. El presidente de la Cámara de Comercio, Natalio Grinman, se sintió obligado a intervenir cuando vio que la exgobernadora acusaba al Frente de Todos de haber impulsado expropiaciones de empresas, tomas de tierras y otros ataques a la propiedad privada, ni más ni menos que ante ejecutivos yanquis convocados por el Consejo de las Américas.

El fantasma del comunismo, una vez más, volvía a ser invocado por la candidata de una fuerza cuyo nuevo jefe, Horacio Rodríguez Larreta, acababa de pedir "terminar con la grieta" en el mismo escenario virtual.

No es que hayan estallado diferencias entre los dos dirigentes que decidieron arrebatarle a Mauricio Macri el monopolio del uso legítimo de la lapicera en el último cierre de listas opositor. El giro discursivo de Vidal, igual que la decisión de sumar al propio Macri a recorridas de campaña tanto porteñas como bonaerenses, responde a la fuga de votos hacia Ricardo López Murphy y Javier Milei en la Ciudad y hacia José Luis Espert en la Provincia que detectaron las últimas encuestas que recibió Larreta.

Son movimientos simétricos a los de Alberto Fernández cuando se autoproclama "revolucionario" o a los de Cristina elogiando a L-Gante a la pesca del voto joven. Espasmos en la niebla de unas elecciones donde priman la apatía y el desencanto con la política tradicional, dos fenómenos que suelen empujar al electorado hacia el voto bronca y las alternativas más extremas, como anticipó Salta hace apenas un par de semanas.

Entre los casi 900 ejecutivos conectados cuando habló Vidal había colombianos, panameños, brasileños, norteamericanos, europeos y asiáticos. Sus caras de espanto mientras mentaba las expropiaciones convencieron a Grinman de plantear su disidencia. "Nosotros confiamos en Argentina", terció. "Parecía que estaba hablando en un local del PRO", le comentó por Whatsapp un colega de otra cámara patronal.

Es un cálculo que empiezan a hacer los más optimistas entre los empresarios top del país, como el contratista Hugo Dragonetti, dueño de Panedile, quien en mayo presagiaba un rebote a tasas chinas para risa de la mayoría de sus interlocutores. "Es parecido a lo que sucedió en 2003 y 2004, sin el turismo y todo lo que lo rodea", compara ahora. Y dobla la apuesta: "Creo que vamos a cerrar este año creciendo entre 8,5 y 9,5% y a lo mejor queda un remanente para apuntalar 2022".

Hay socios de la Unión Industrial que comparten ese optimismo, quizá exagerado, como lo hacían 20 años atrás tras la licuación salarial de Eduardo Duhalde y antes de las tasas chinas del lustro siguiente. Por eso explotó otra disputa interna en la central fabril, esta vez por la celebración del Día de la Industria la semana próxima.

El martes, ante su Comité Ejecutivo, el presidente Daniel Funes de Rioja anunció que el festejo será en la planta de Cerámica Alberdi en José C. Paz. La idea original era hacerlo en la planta entrerriana de Baggio, pero una causa abierta por vaciamiento y desvío de fondos en esa fábrica de jugos y un sumario abierto en el Banco Central convencieron a Funes de que convocar ahí a ministros no sería fácil.

La pelea sigue abierta. El dueño de Cerámica Alberdi es Martín Rappallini, actual jefe de la Unión Industrial Bonaerense (UIPBA), investigado a su vez por la jueza María Servini como potencial partícipe de la asociación ilícita entre exfuncionarios y empresarios para desguazar al Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián de Sousa, y quedarse con sus activos a precio vil.

Fue uno de los referentes que apoyaron a Funes para que llegara a la presidencia de la UIA, junto a los grupos Techint y Arcor, y también para que vetara al massista José de Mendiguren de su conducción. Por las dudas, el industrialismo kirchnerista bonaerense ya armó su propio acto: va a ser el mismo 2 de septiembre en la fábrica de enlatados de Marolio, de Víctor Fera, sin Rappalini ni Funes pero con Axel Kicillof y el ministro ministeriable Augusto Costa.

La relación está tan rota que ayer la UIA fue reemplazada por la CGERA en el primer Congreso de la Producción y el Trabajo, un evento que organizó el Ministerio de Desarrollo Productivo en clave de campaña con empresarios y sindicalistas.

El martes la UIA debatió si sus popes debían asistir al evento pese al ninguneo de la institución. Aunque directivos como Luis Betnaza propusieron boicotearlo, dos pesos pesados del sector fueron de la partida: el jefe de Toyota y de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), Daniel Herrero, y el coordinador del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y presidente de la Bolsa de Cereales, José Martins. Este último se dio incluso el gusto de reclamarle a Martín Guzmán, sentado a su lado, el proyecto de ley de promoción de las exportaciones agroindustriales que garantiza estabilidad fiscal al sector. Ventajas de no patear la mesa.

Cuestión de Fondo

Las dos grandes diferencias con aquel fenomenal rebote de veinte años atrás, para desgracia de los optimistas entre industriales y contratistas, son la inflación y la magnitud de la deuda con el Fondo Monetario. Este lunes, de hecho, el Banco Central incorporó a sus reservas los DEG que emitió el organismo para repartir entre todos sus socios para paliar los estragos de la pandemia.

Son U$S 4.355 millones de dólares que alcanzarían para cinco rondas de IFE ($10.000 para 9 millones de personas), para triplicar el presupuesto de las universidades nacionales, para construir 172 mil viviendas sociales o 145 hospitales de alta complejidad, pero que se irán por la canaleta de los propios pagos al FMI, que suman U$S 4.160 millones entre capital, intereses y recargos.

El Tesoro va a cerrar el año con DEGs por US$ 700 millones, mayormente tenencias que ya acumula, que según calculó ayer la consultora Equilibra le alcanzarían para pagar casi todo el vencimiento de capital de enero (unos U$S 730 millones) pero sin que quede resto para los intereses por US$ 370 millones que vencen en febrero.

Ni hablar de los US$ 3.590 millones que vencen en marzo. Es el límite de la procristinación a la que se entregó el oficialismo para no debatir un acuerdo con el Fondo en plena campaña. Es el fatídico 2022, el año que Nicolás Dujovne y Guido Sandleris creyeron que nunca llegaría, al menos a juzgar por los vencimientos que aceptaron asignarle en 2018, cuando firmaron el segundo pacto con Christine Lagarde.

Tal como se anticipó en esta columna el viernes pasado, el borrador del acuerdo está listo y tuvo sus últimos retoques dos meses atrás, cuando Sergio Massa volvió de Washington. Incluye cuatro años de gracia y déficit cero para 2025, pero con 10 años de plazo en total. El dato, que reprodujeron después otros matutinos y portales, reavivó esta semana la discusión interna en el Frente de Todos.

Sus colegas del gabinete económico acusaron por lo bajo a Guzmán de haber vendido humo para que bonos y acciones repuntaran algo antes de las PASO, mientras desde el kirchnerismo se ponían en guardia ante lo que perciben como una injerencia estadounidense en el Frente a través del socio renovador.

Lo que evitó que la interna económica del oficialismo volviera a exponerse a cielo abierto fue algo insólito: la decisión de Macri de introducir el tema de la deuda en la campaña, aun cuando el colapso de su plan apadrinado por el FMI fue la principal razón de su derrota en primera vuelta. Todas las tribus del Frente cerraran filas de inmediato.

Al Council of the Américas, ayer, la senadora Anabel Fernández Sagasti lo sorprendió con un tono moderado respecto del Fondo. Pero evitó definiciones. "Ojalá que lleguemos a buen puerto", dijo apenas.

Lo último que llegó al escritorio de Cristina es una propuesta para superar los 10 años de límite máximo con una cláusula: que recién empiece a contar el plazo desde el momento que la economía argentina recupere el nivel que tenía en 2018, cuando Donald Trump y Lagarde apostaron lo que apostaron por la reelección de Macri.

Seguridad jurídica

En una prueba palpable de hasta qué punto la oposición no terminó de procesar aquella derrota de 2019, no solo reapareció Macri para hablar de la deuda sino también Guillermo Dietrich para defender por televisión la segunda decisión más gravosa de la gestión que integró como ministro de Transporte: la prórroga hasta 2030 de las concesiones de Panamericana y Acceso Oeste, a favor de los antiguos socios del expresidente y en detrimento de los usuarios de las autopistas, que si se aplicara la letra del acuerdo deberían estar pagando $550 en el peaje de Márquez.

La causa por esa prórroga sin licitación se aceleró hace un mes, cuando el Ministerio de Obras Públicas advirtió a las dos concesionarias que había encontrado infinidad de irregularidades en su trámite. Dietrich duerme tranquilo gracias a la falta de mérito que dictó a su favor María Eugenia Capuchetti, subrogante en el juzgado que antes dirigía el jubilado Rodolfo Canicoba Corral.

La situación presiona a Capuchetti, una jueza "del sistema", como dicen en Comodoro Py, alineada con Ariel Lijo en las cinchadas opacas por el poder que se disputan en la trastienda del edificio de Retiro pero identificada con el macrismo por la fecha de su nombramiento y su pasado en la gestión porteña. Incluso con sus respaldos, es más riesgoso dilatar una causa en la que pocos se interesan que hacerlo con un expediente que agitan en el prime time televisivo sus propios investigados.

Ahora se sumó otro factor: a pedido de la Unidad de Información Financiera y Vialidad, la jueza ordenó abrir una causa conexa por lavado de activos que recayó (avatares del azar de Py) en su propio juzgado.

Las miradas empiezan a posarse sobre Natal Inversiones, la empresa local que compró a Sideco Americana, la principal firma de Sociedades Macri (SocMa) su participación en Ausol el viernes 26 de mayo de 2017, por 551 millones de pesos de entonces. Las principales preguntas son dos: de dónde salió esa plata y por qué Natal decidió invertirla en un negocio que se terminaba al año siguiente.

Hasta ahora, las únicas explicaciones plausibles para lo segundo son dos: que tenía inside information sobre la prórroga o que el propio Macri estaba de los dos lados del mostrador. En ambos casos habría delito. La segunda alternativa también explicaría el origen de los fondos.

La falta de mérito para Dietrich fue apelada por la UIF y por Vialidad, las dos querellas del caso, pero los que deben decidir son los jueces de la sala 2 de la Cámara Federal, Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia. Con sus antecedentes, nadie cree que puedan complicarlo.

Del lado de los concesionarios beneficiados por Dietrich, Canicoba en su momento pidió indagar a Alfredo Barberis Martin, el ejecutivo que firmó la renegociación. Pero no fue indagado ni procesado. No se llegó siquiera a delimitar el hecho que le imputan, calificarlo como delito ni establecer su grado de autoría.

¿Beneficiará a los ejecutivos involucrados la "doctrina Betnaza" inaugurada por el juez Julián Ercolini en el caso Cuadernos? ¿Habrá sentado ya jurisprudencia la idea de que el coimeado es culpable pero el coimero no, como en el caso del lobista de Techint? ¿Contribuirá una arbitrariedad así con el clima de inversiones que reclaman los dueños del capital para efectuar los desembolsos que necesita el país para recuperar el empleo y evitar un espiral inflacionario? ¿O asustará tanto como una amenaza de expropiación en un país donde la acumulación originaria, siempre por despojo, no parece haber terminado?

Por Alejandro Bercovich

Fuente: BAE Negocios

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular