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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 27-08-2021 / 09:08
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

¿Cómo planificar 2022 sin saber lo que depara noviembre?

¿Cómo planificar 2022 sin saber lo que depara noviembre?
Este lunes, el Banco Central incorporó a sus reservas los DEG que emitió el FMI para repartir entre todos sus socios para paliar los estragos de la pandemia. Son U$S 4.355 millones de dólares que alcanzarían para cinco rondas de IFE ($10.000 para 9 millones de personas), para triplicar el presupuesto de las universidades nacionales, para construir 172 mil viviendas sociales o 145 hospitales de alta complejidad, pero que se irán por la canaleta de los propios pagos al FMI, que suman U$S 4.160 millones entre capital, intereses y recargos.
La bullrichización de María Eugenia Vidal ya se había percibido en los reportajes que organizó esta semana su comando de campaña, siempre en atmósferas controladas, pero ayer la virulencia de su discurso sorprendió incluso al núcleo duro del establishment. El presidente de la Cámara de Comercio, Natalio Grinman, se sintió obligado a intervenir cuando vio que la exgobernadora acusaba al Frente de Todos de haber impulsado expropiaciones de empresas, tomas de tierras y otros ataques a la propiedad privada, ni más ni menos que ante ejecutivos yanquis convocados por el Consejo de las Américas.
 
El fantasma del comunismo, una vez más, volvía a ser invocado por la candidata de una fuerza cuyo nuevo jefe, Horacio Rodríguez Larreta, acababa de pedir "terminar con la grieta" en el mismo escenario virtual.   
 
No es que hayan estallado diferencias entre los dos dirigentes que decidieron arrebatarle a Mauricio Macri el monopolio del uso legítimo de la lapicera en el último cierre de listas opositor. El giro discursivo de Vidal, igual que la decisión de sumar al propio Macri a recorridas de campaña tanto porteñas como bonaerenses, responde a la fuga de votos hacia Ricardo López Murphy y Javier Milei en la Ciudad y hacia José Luis Espert en la Provincia que detectaron las últimas encuestas que recibió Larreta.
 
Son movimientos simétricos a los de Alberto Fernández cuando se autoproclama "revolucionario" o a los de Cristina elogiando a L-Gante a la pesca del voto joven. Espasmos en la niebla de unas elecciones donde priman la apatía y el desencanto con la política tradicional, dos fenómenos que suelen empujar al electorado hacia el voto bronca y las alternativas más extremas, como anticipó Salta hace apenas un par de semanas. 
 
Entre los casi 900 ejecutivos conectados cuando habló Vidal había colombianos, panameños, brasileños, norteamericanos, europeos y asiáticos. Sus caras de espanto mientras mentaba las expropiaciones convencieron a Grinman de plantear su disidencia. "Nosotros confiamos en Argentina", terció. "Parecía que estaba hablando en un local del PRO", le comentó por Whatsapp un colega de otra cámara patronal.
 
Es un cálculo que empiezan a hacer los más optimistas entre los empresarios top del país, como el contratista Hugo Dragonetti, dueño de Panedile, quien en mayo presagiaba un rebote a tasas chinas para risa de la mayoría de sus interlocutores. "Es parecido a lo que sucedió en 2003 y 2004, sin el turismo y todo lo que lo rodea", compara ahora. Y dobla la apuesta: "Creo que vamos a cerrar este año creciendo entre 8,5 y 9,5% y a lo mejor queda un remanente para apuntalar 2022".
 

 
Hay socios de la Unión Industrial que comparten ese optimismo, quizá exagerado, como lo hacían 20 años atrás tras la licuación salarial de Eduardo Duhalde y antes de las tasas chinas del lustro siguiente. Por eso explotó otra disputa interna en la central fabril, esta vez por la celebración del Día de la Industria la semana próxima.
 
El martes, ante su Comité Ejecutivo, el presidente Daniel Funes de Rioja anunció que el festejo será en la planta de Cerámica Alberdi en José C. Paz. La idea original era hacerlo en la planta entrerriana de Baggio, pero una causa abierta por vaciamiento y desvío de fondos en esa fábrica de jugos y un sumario abierto en el Banco Central convencieron a Funes de que convocar ahí a ministros no sería fácil.
 
La pelea sigue abierta. El dueño de Cerámica Alberdi es Martín Rappallini, actual jefe de la Unión Industrial Bonaerense (UIPBA), investigado a su vez por la jueza María Servini como potencial partícipe de la asociación ilícita entre exfuncionarios y empresarios para desguazar al Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián de Sousa, y quedarse con sus activos a precio vil.
 
Fue uno de los referentes que apoyaron a Funes para que llegara a la presidencia de la UIA, junto a los grupos Techint y Arcor, y también para que vetara al massista José de Mendiguren de su conducción. Por las dudas, el industrialismo kirchnerista bonaerense ya armó su propio acto: va a ser el mismo 2 de septiembre en la fábrica de enlatados de Marolio, de Víctor Fera, sin Rappalini ni Funes pero con Axel Kicillof y el ministro ministeriable Augusto Costa.
 
La relación está tan rota que ayer la UIA fue reemplazada por la CGERA en el primer Congreso de la Producción y el Trabajo, un evento que organizó el Ministerio de Desarrollo Productivo en clave de campaña con empresarios y sindicalistas.
 
El martes la UIA debatió si sus popes debían asistir al evento pese al ninguneo de la institución. Aunque directivos como Luis Betnaza propusieron boicotearlo, dos pesos pesados del sector fueron de la partida: el jefe de Toyota y de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), Daniel Herrero, y el coordinador del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y presidente de la Bolsa de Cereales, José Martins. Este último se dio incluso el gusto de reclamarle a Martín Guzmán, sentado a su lado, el proyecto de ley de promoción de las exportaciones agroindustriales que garantiza estabilidad fiscal al sector. Ventajas de no patear la mesa.
 
 
Cuestión de Fondo
  
Las dos grandes diferencias con aquel fenomenal rebote de veinte años atrás, para desgracia de los optimistas entre industriales y contratistas, son la inflación y la magnitud de la deuda con el Fondo Monetario. Este lunes, de hecho, el Banco Central incorporó a sus reservas los DEG que emitió el organismo para repartir entre todos sus socios para paliar los estragos de la pandemia.
 
Son U$S 4.355 millones de dólares que alcanzarían para cinco rondas de IFE ($10.000 para 9 millones de personas), para triplicar el presupuesto de las universidades nacionales, para construir 172 mil viviendas sociales o 145 hospitales de alta complejidad, pero que se irán por la canaleta de los propios pagos al FMI, que suman U$S 4.160 millones entre capital, intereses y recargos.
 
El Tesoro va a cerrar el año con DEGs por US$ 700 millones, mayormente tenencias que ya acumula, que según calculó ayer la consultora Equilibra le alcanzarían para pagar casi todo el vencimiento de capital de enero (unos U$S 730 millones) pero sin que quede resto para los intereses por US$ 370 millones que vencen en febrero.
 
Ni hablar de los US$ 3.590 millones que vencen en marzo. Es el límite de la procristinación a la que se entregó el oficialismo para no debatir un acuerdo con el Fondo en plena campaña. Es el fatídico 2022, el año que Nicolás Dujovne y Guido Sandleris creyeron que nunca llegaría, al menos a juzgar por los vencimientos que aceptaron asignarle en 2018, cuando firmaron el segundo pacto con Christine Lagarde.
 
Tal como se anticipó en esta columna el viernes pasado, el borrador del acuerdo está listo y tuvo sus últimos retoques dos meses atrás, cuando Sergio Massa volvió de Washington. Incluye cuatro años de gracia y déficit cero para 2025, pero con 10 años de plazo en total. El dato, que reprodujeron después otros matutinos y portales, reavivó esta semana la discusión interna en el Frente de Todos.
 
Sus colegas del gabinete económico acusaron por lo bajo a Guzmán de haber vendido humo para que bonos y acciones repuntaran algo antes de las PASO, mientras desde el kirchnerismo se ponían en guardia ante lo que perciben como una injerencia estadounidense en el Frente a través del socio renovador.
 
Lo que evitó que la interna económica del oficialismo volviera a exponerse a cielo abierto fue algo insólito: la decisión de Macri de introducir el tema de la deuda en la campaña, aun cuando el colapso de su plan apadrinado por el FMI fue la principal razón de su derrota en primera vuelta. Todas las tribus del Frente cerraran filas de inmediato.
 
Al Council of the Américas, ayer, la senadora Anabel Fernández Sagasti lo sorprendió con un tono moderado respecto del Fondo. Pero evitó definiciones. "Ojalá que lleguemos a buen puerto", dijo apenas.
 
Lo último que llegó al escritorio de Cristina es una propuesta para superar los 10 años de límite máximo con una cláusula: que recién empiece a contar el plazo desde el momento que la economía argentina recupere el nivel que tenía en 2018, cuando Donald Trump y Lagarde apostaron lo que apostaron por la reelección de Macri.
 
 
Seguridad jurídica
 
En una prueba palpable de hasta qué punto la oposición no terminó de procesar aquella derrota de 2019, no solo reapareció Macri para hablar de la deuda sino también Guillermo Dietrich para defender por televisión la segunda decisión más gravosa de la gestión que integró como ministro de Transporte: la prórroga hasta 2030 de las concesiones de Panamericana y Acceso Oeste, a favor de los antiguos socios del expresidente y en detrimento de los usuarios de las autopistas, que si se aplicara la letra del acuerdo deberían estar pagando $550 en el peaje de Márquez.
 
La causa por esa prórroga sin licitación se aceleró hace un mes, cuando el Ministerio de Obras Públicas advirtió a las dos concesionarias que había encontrado infinidad de irregularidades en su trámite. Dietrich duerme tranquilo gracias a la falta de mérito que dictó a su favor María Eugenia Capuchetti, subrogante en el juzgado que antes dirigía el jubilado Rodolfo Canicoba Corral.
 
La situación presiona a Capuchetti, una jueza "del sistema", como dicen en Comodoro Py, alineada con Ariel Lijo en las cinchadas opacas por el poder que se disputan en la trastienda del edificio de Retiro pero identificada con el macrismo por la fecha de su nombramiento y su pasado en la gestión porteña. Incluso con sus respaldos, es más riesgoso dilatar una causa en la que pocos se interesan que hacerlo con un expediente que agitan en el prime time televisivo sus propios investigados.
 
Ahora se sumó otro factor: a pedido de la Unidad de Información Financiera y Vialidad, la jueza ordenó abrir una causa conexa por lavado de activos que recayó (avatares del azar de Py) en su propio juzgado.
 
Las miradas empiezan a posarse sobre Natal Inversiones, la empresa local que compró a Sideco Americana, la principal firma de Sociedades Macri (SocMa) su participación en Ausol el viernes 26 de mayo de 2017, por 551 millones de pesos de entonces. Las principales preguntas son dos: de dónde salió esa plata y por qué Natal decidió invertirla en un negocio que se terminaba al año siguiente.
 
Hasta ahora, las únicas explicaciones plausibles para lo segundo son dos: que tenía inside information sobre la prórroga o que el propio Macri estaba de los dos lados del mostrador. En ambos casos habría delito. La segunda alternativa también explicaría el origen de los fondos.
 
La falta de mérito para Dietrich fue apelada por la UIF y por Vialidad, las dos querellas del caso, pero los que deben decidir son los jueces de la sala 2 de la Cámara Federal, Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia. Con sus antecedentes, nadie cree que puedan complicarlo.
 
Del lado de los concesionarios beneficiados por Dietrich, Canicoba en su momento pidió indagar a Alfredo Barberis Martin, el ejecutivo que firmó la renegociación. Pero no fue indagado ni procesado. No se llegó siquiera a delimitar el hecho que le imputan, calificarlo como delito ni establecer su grado de autoría.
 
¿Beneficiará a los ejecutivos involucrados la "doctrina Betnaza" inaugurada por el juez Julián Ercolini en el caso Cuadernos? ¿Habrá sentado ya jurisprudencia la idea de que el coimeado es culpable pero el coimero no, como en el caso del lobista de Techint? ¿Contribuirá una arbitrariedad así con el clima de inversiones que reclaman los dueños del capital para efectuar los desembolsos que necesita el país para recuperar el empleo y evitar un espiral inflacionario? ¿O asustará tanto como una amenaza de expropiación en un país donde la acumulación originaria, siempre por despojo, no parece haber terminado?
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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15-01-2026 / 10:01
Desde que Javier "el Loco" Milei llegó a la Casa Rosada, cada 24 horas desaparecieron 30 empresas y se perdieron 400 empleos formales. Semejante carnicería productiva, 21.046 empresas y 272.607 puestos de trabajo menos en dos años, es resultado directo de las políticas oficiales, anarco capitalistas, que cerraron la Secretaría Pyme en el Ministerio de Economía y desfinanciaron todos los organismos destinados a impulsar la producción.
 
La destrucción del entramado productivo avanza a un ritmo sostenido en la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei y no aparece como un efecto colateral inesperado, sino como una consecuencia directa del rumbo elegido. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 desaparecieron 21.046 empleadores con trabajadores registrados, lo que equivale a un promedio de 30 empresas menos por día.
 
En paralelo, se perdieron 272.607 puestos de trabajo formales en unidades productivas, una caída del 2,77 por ciento que implica la eliminación de casi 400 empleos registrados diarios desde el inicio de la gestión libertaria, según los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo procesados por el Centro de Economía Política Argentina.
 
Lejos de tratarse de una anomalía transitoria, el retroceso del empleo y de los empleadores se inscribe en una definición política explícita del Gobierno nacional. Desde el inicio de la administración neoliberal de Milei, la política industrial fue descartada como herramienta de desarrollo.
 
"La mejor política industrial consiste simplemente en tener buenas políticas fiscales y monetarias", repiten los libertontos una consigna que se tradujo en el desmantelamiento de áreas específicas del Estado orientadas a sostener la producción, el entramado Pyme y el empleo formal.
 
En esa línea se inscribe el cierre de la Secretaría Pyme dentro del Ministerio de Economía, la eliminación de programas públicos de crédito productivo y el vaciamiento de instrumentos que históricamente apuntaban a sostener a las pequeñas y medianas empresas frente a los ciclos recesivos.
 
La contracción del Estado como actor de coordinación productiva dejó a miles de firmas expuestas a un contexto macroeconómico adverso, sin amortiguadores ni políticas contracíclicas que atenúen el impacto del ajuste.
 
Los números muestran que el deterioro no distingue rubros ni regiones. La cantidad total de empleadores cayó de 512.357 en noviembre de 2023 a 492.223 en octubre de 2025. El sector más afectado fue transporte y almacenamiento, con 5.042 empleadores menos, seguido por comercio, servicios inmobiliarios, servicios profesionales e industria manufacturera.
 
También la construcción y las actividades agropecuarias registraron caídas significativas, reflejando el efecto combinado de la paralización de la obra pública, la caída del consumo interno y el encarecimiento del financiamiento.
 
Mientras las empresas se cierran y crece la desocupación, Milei se va de joda a Jesús María y a Davos como si el país anduviera bárbaro. Este industricidio aberrante solo se puede hacer con una sociedad completamente desmovilizada, una CGT que parece un club de viejas jugando a la canasta y una juventud idiotizada por internet con toda esa mierda rentada de youtubers e influencers. Esto es tierra fértil para la canalla fascista criolla.
 
La Opinión Popular 
 

14-01-2026 / 10:01
En la segunda semana de enero, los conflictos por despidos se propagan en la papelera Lustramax de Tortuguitas y la textil TN Platex de Tucumán y hasta en el gigante Mercado Libre. En ese cuadro, que contradice por completo la euforia del gobierno de Javier "el Loco" Milei, el INDEC dio a conocer el dato de inflación más alto de los últimos ocho meses, una señal de que ni siquiera el activo principal que vende el gobierno está funcionando bien.
 
El último IPC del año fue del 2,8% y los precios terminaron 2025 con un alza acumulada de 31,5%. Las Canastas Básicas aumentaron por encima: una familia tipo necesita más de $1,3 millones al mes para no ser pobre. La inflación subió por séptimo mes consecutivo y las Canastas Básicas aumentaron por encima de la variación de precios según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicado este martes. El estudio indica que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 2,8% en diciembre y cerró 2025 con un incremento acumulado anual de 31,5%. Por su parte, las líneas de pobreza e indigencia saltaron un 4,1% cada una.
 
La inflación se disparó un 2,8% el último mes del año pasado motorizada principalmente por las subas en Transporte (4%), tarifas (3,4%), Comunicación (3,3%), Restaurantes y hoteles (3,2%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,1%). Se trata de la marca más elevada desde abril de 2025 y el séptimo mes consecutivo sin caídas tras mayo (1,5%), junio (1,6%), julio (1,9%), agosto (1,9%), septiembre (2,1%), octubre (2,3%) y noviembre (2,5%).
 
En tanto, las Canastas Básicas Alimentaria y Total crecieron un 4,1% cada una - más de un punto por encima de la inflación mensual. Las CBA y CBT marcaron así sus subas más altas en los últimos meses: la línea de indigencia no registraba un incremento así desde marzo de 2025 (5,9%), mientras que la línea de pobreza tuvo su marca más alta del último año en diciembre. Trasladado a precios, la CBA se asentó en $190.780 y la CBT cerró a $423.532 en términos individuales mensuales. Por otra parte, un hogar de cuatro integrantes necesitó $589.510 al mes para no ser indigente y $1.308.713 para no ser pobre.
 
Por otra parte, la temporada turística no remonta. Pese a la profusa publicidad que desde las usinas oficiales lanzaron en los primeros días del año, la verdad, vista desde los propios lugares de vacaciones de los argentinos y comparando con la ocupación de cuando "estábamos mal", es que las vacaciones de millones de argentinos se achicaron a unos pocos días o nada.
 
Así lo revela la simple mirada a las playas de la costa atlántica o una recorrida por la disponibilidad de hospedajes. Enero, un mes donde era imposible conseguir un lugar y cuando se lograba, la exigencia era que se debía contratar por lo menos una semana, ha dado paso hoy a conseguir alojamiento en casi cualquier punto del país, y con una predisposición hotelera o de casas de alquiler a aceptar uno, dos o tres días, sin mayores exigencias.
 
Es que, como dicen los vendedores ambulantes de playa o de sierra, o los comerciantes céntricos, o las inmobiliarias, hay poca gente en comparación con otros años, con el agravante que vienen pocos días, preferentemente fines de semana, y con un presupuesto ajustado, "gasolero", como se dice.
 
Si se tiene en cuenta que diciembre es el mes donde millones de argentinos que aún gozan de un empleo en blanco cobran el medio aguinaldo y que al ser el mes de las fiestas se tiende culturalmente a consumir más alimentos y a comprar obsequios, la cifra de una caída tal da cuenta del desastre económico que el ajuste provoca en la parte media de la pirámide social y económica. No hablemos ya de la parte baja. Pero la Argentina es hoy un país donde al parecer, como en el dicho, hay una supuesta mayoría que le gusta que le mientan.
 
La Opinión Popular
 

13-01-2026 / 10:01
El Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) publicó un informe que refleja el ajuste del gobierno de Javier Milei sobre los jubilados. "Las jubilaciones tienen un techo, no recuperaron lo perdido al inicio del gobierno y están atadas a la inflación (desde el DNU 274/2024), por lo tanto, con la actual ley tampoco lo recuperarán", señaló el escrito.
 
El centro de estudios calculó que la jubilación media es hoy 23% menor a la de diciembre de 2023, cuando inició la gestión libertaria. Como resultado, cada jubilado acumula, en promedio, una pérdida de 4,8 millones de pesos desde que asumió Milei.
 
Esto significó un brutal ajuste. Desde MATE alertaron que el Estado "ahorró" 100,8 billones de pesos desde que gobierna Milei, siendo los recortes en jubilaciones junto con obra pública y programa sociales, los tres segmentos más golpeados.
 
"El ajuste sobre los jubilados sigue siendo uno de los principales componentes del ahorro fiscal con 16,5 billones de pesos", detallaron. De esta manera, los adultos mayores se transformaron en "el sector social más castigado por el gobierno".
 
En paralelo, días atrás, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que el haber mínimo jubilatorio sería 27% superior si la gestión libertaria no hubiera modificado la fórmula en 2024.
 
En este sentido, en diciembre de 2025, la jubilación mínima sin bono se ubicó en $340.886 pesos. De haber continuado el esquema anterior, ese haber habría alcanzado los $434.279 pesos, un 27,4% más.
 
La Opinión Popular
 
13-01-2026 / 08:01
Cinismo libertario al palo. Después de desfinanciar el Plan de Manejo de Fuego en un 80% y rebajar los sueldos del área hasta un 30%, Javier "el Loco" Milei buscó capitalizar el trabajo de los que están controlando los incendios en el sur. Publicó una imagen suya con fuego y brigadistas, creada con IA, y los llamó "héroes". Le respondieron denunciando el destrato que reciben, la pérdida salarial y la precarización creciente.

Luego que su gobierno desfinanciara el Plan de Manejo del Fuego y negara las consecuencias del cambio climático, ni él ni sus funcionarios pisaron la zona de los incendios que llevan arrasadas 21 mil hectáreas en la Patagonia. Pero el presidente Milei se mostró en la red X en una foto trucha con las llamas de fondo y saludando a un brigadista. ¿Nos gobierna un idiota?

En medio de una ola de críticas en las redes sociales, el gobierno libertario esperó a la lluvia que este domingo cayó en la zona de Epuyén y El Hoyo, la más afectada por el desastre de los incendios, para salir a chapear sobre el despliegue de recursos nacionales que supuestamente ayudó a extinguir 22 de los 32 focos.
 
"Quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego", escribió un muy formal Milei en X. Pero en Instagram compartió imágenes hechas con IA que lo muestran como un héroe en la zona de los incendios.
 
Pero la realidad es que Milei no viajó a la zona de incendios y ni siquiera llamó por teléfono al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, según contó en declaraciones televisivas. Pero además el gobierno nacional viene recortando sistemáticamente los fondos para combate de los incendios.
 
Organizaciones ambientalistas denunciaron que el Presupuesto 2026 establece un recorte del 78,5% en términos reales de las partidas para Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Además, los ambientalistas denunciaron que en 2025 el gobierno dejó sin ejecutar el 25% de los recursos asignado al SNMF y en 2024 apenas había ejecutado el 22%.
 
En ese sentido, este fin de semana los brigadistas de Parques Nacionales denunciaron las condiciones en las que trabajan. "Nuestra situación viene precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo. Nosotros estamos pidiendo lo esencial: un salario digno, una planta permanente, estabilidad y una jubilación acorde. Necesitamos las respuestas de manera urgente", afirman.
 
El brigadista Hernán Mondino explicó que en la Patagonia están cobrando alrededor de 860 mil pesos de sueldo, mientras que en otras zonas del país perciben unos 600 mil pesos. "Empezamos a las 7 de la mañana y, si hay cierta estabilidad en el incendio, trabajamos hasta las 8 de la noche. Si pasa como el otro día, que el fuego estaba descontrolado, estás hasta las 12 o 1 de la mañana. Y no se pagan horas extras, no te devuelven el día", contó en radio Led.
 
Ariel Dattoli, brigadista de Parques Nacionales, apuntó que la pérdida salarial oscila entre un 25 y un 30 por ciento desde 2023: "Nos llaman héroes porque ahora les sirve, pero durante dos años nos castigaron salarialmente y nos tuvieron con contratos trimestrales, con el miedo de no saber si el periodo siguente ibamos o no a tener trabajo".
 
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12-01-2026 / 10:01
Una denuncia penal presentada en el ámbito de la Justicia Federal volvió a poner en el centro de la escena al presidente Javier "el Loco" Milei, esta vez por presuntas responsabilidades internacionales vinculadas al Estatuto de Roma y a la Corte Penal Internacional. El planteo fue registrado bajo el expediente CFP 58/2026 y lleva la firma de Aldo Sergio Parodi, quien acusa a Milei de ser cómplice y encubridor de un crimen de agresión cometido contra el Estado soberano de Venezuela.
 
Según el escrito, la denuncia se basa en la Ley 25.390, mediante la cual la Argentina aprobó el Estatuto de Roma en 1998, aceptando la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Parodi sostiene que el 3 de enero de 2026, en horas de la madrugada, se habría producido un "brutal y terrorista crimen de agresión" atribuido al presidente yanqui Donald Trump, con un saldo de víctimas fatales aún indeterminado.
 
En ese contexto, afirma que el presidente Milei omitió denunciar el hecho ante los organismos internacionales correspondientes, lo que, a su entender, configura un grave encubrimiento. El denunciante argumenta que, al ser la Argentina un Estado parte del Estatuto de Roma, el Poder Ejecutivo no solo puede sino que debe denunciar ante la Corte Penal Internacional cualquier crimen de lesa humanidad, especialmente aquellos tipificados como crimen de agresión en el artículo 8 bis del tratado.
 
En su presentación, Parodi afirma que la supuesta inacción del presidente Milei no sería un hecho menor, sino una violación directa a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino. En el escrito se remarca que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y de jurisdicción universal, conforme a lo establecido también por la Ley 26.200.
 
Bajo esa premisa, Parodi solicita que se investigue penalmente al presidente Milei para que explique por qué motivo no promovió una denuncia internacional y por qué, según su interpretación, habría avalado públicamente el accionar atribuido a Trump. La denuncia va más allá del ámbito local y pide que la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional investigue el comportamiento de los jefes de Estado miembros del Estatuto de Roma que, siempre según el planteo, habrían aceptado o tolerado el hecho denunciado.
 
Parodi sostiene que, hasta el momento, la única acción penal internacional concreta estaría radicada ante la Justicia Federal argentina, situación que califica como "preocupante" por el impacto que estos hechos tendrían sobre la paz mundial. En otro tramo del escrito, el denunciante solicita expresamente que sea citado el ex fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, para que, desde su experiencia en derechos humanos, ilustre al fiscal interviniente sobre la responsabilidad del Estado argentino frente a este tipo de situaciones.
 
También afirma que las expresiones públicas de Milei ante organismos internacionales, lejos de condenar el crimen, lo habrían avalado, lo que encuadra, a su criterio, en el delito de apología del crimen previsto en el Código Penal argentino. La presentación concluye con un pedido formal para que se investigue a Milei por una presunta violación a la Ley 25.390 y por apología de un crimen de agresión en perjuicio de un Estado soberano miembro del Estatuto de Roma.
 
El expediente quedó en manos del fiscal federal interviniente, quien deberá evaluar la viabilidad jurídica de la denuncia y los pasos a seguir. Por el momento, no se conocieron respuestas oficiales de Milei ni pronunciamientos de la Justicia sobre el fondo de la acusación, en torno a la política exterior argentina y a las obligaciones internacionales del Estado.
 
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