fue condenado a cuatro años de prisión por el intento de extorsión al empresario aduanero Gabriel Traficante, con la colaboración de un fiscal federal, Juan Ignacio Bidone, que recibió una pena de tres años y ocho meses de cárcel, y de dos exespías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Rolando Barreiro y Claudio Álvarez, sentenciados a dos años en suspenso.
 
Marcelo D'Alessio, el falso abogado, está acusado de realizar maniobras mediáticas, espionaje y armado de causas junto a fiscales, periodistas y espías de la AFI de Mauricio Macri. En su último descargo, comprometió a Patricia Bullrich y a Carlos Stornelli, pero no le alcanzó: recibió cuatro años de cárcel por el intento de extorsión al empresario Gabriel Traficante.
 
Los hechos analizados por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ocurrieron entre noviembre y diciembre de 2016, en pleno gobierno de Macri. Son una primera pequeña muestra de un entramado y una operatoria que mostró sus enormes alcances en otra investigación judicial que aún no llegó a juicio oral, pero que comenzó a esclarecer el juez Alejo Ramos Padilla cuando estuvo a cargo del Juzgado Federal de Dolores y describió una organización paraestatal macrista donde confluían maniobras de espionaje, extorsivas y de armado de causas.
 
Cuando le tocó decir sus últimas palabras antes del veredicto, D'Alessio no hizo más que ratificar sus vínculos con el macrismo al quejarse de que lo dejaron solo. "Más me dolió la canallada de quienes salieron corriendo en estado de pánico a usar los medios diciendo que era un loquito o fabulador y hasta llegaron a sostener que dialogaba sobre narcotráfico o la homologación de tal o cual calibre de proyectiles sónicos con un nietito", dijo.
 
Esto fue en alusión a la explicación que dio la exministra de Seguridad Bullrich cuando salieron a la luz sus llamadas con él y, para justificarlas, sostuvo que era un celular que le había dado a su nieto para jugar. "Loquito y fabulador" fue la forma de describirlo que usó el fiscal Stornelli para despegarse de él.
 
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Nacionales - 24-08-2021 / 10:08
FALSO ABOGADO ACUSADO DE MANIOBRAS MEDIÁTICAS, ESPIONAJE Y ARMADO DE CAUSAS TRUCHAS CON LA COMPLICIDAD DE FISCALES, PERIODISTAS Y ESPÍAS MACRISTAS

Marcelo D’Alessio: primer macrista condenado

Marcelo D’Alessio: primer macrista condenado
El falso abogado macrista Marcelo D'Alessio fue condenado a cuatro años de prisión por el intento de extorsión al empresario aduanero Gabriel Traficante, con la colaboración de un fiscal federal, Juan Ignacio Bidone, que recibió una pena de tres años y ocho meses de cárcel, y de dos exespías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Rolando Barreiro y Claudio Álvarez, sentenciados a dos años en suspenso.
El falso abogado macrista Marcelo D'Alessio fue condenado a cuatro años de prisión por el intento de extorsión al empresario aduanero Gabriel Traficante, con la colaboración de un fiscal federal, Juan Ignacio Bidone, que recibió una pena de tres años y ocho meses de cárcel, y de dos exespías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Rolando Barreiro y Claudio Álvarez, sentenciados a dos años en suspenso.
 
Marcelo D'Alessio, el falso abogado, está acusado de realizar maniobras mediáticas, espionaje y armado de causas junto a fiscales, periodistas y espías de la AFI de Mauricio Macri. En su último descargo, comprometió a Patricia Bullrich y a Carlos Stornelli, pero no le alcanzó: recibió cuatro años de cárcel por el intento de extorsión al empresario Gabriel Traficante.
 
Los hechos analizados por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ocurrieron entre noviembre y diciembre de 2016, en pleno gobierno de Macri. Son una primera pequeña muestra de un entramado y una operatoria que mostró sus enormes alcances en otra investigación judicial que aún no llegó a juicio oral, pero que comenzó a esclarecer el juez Alejo Ramos Padilla cuando estuvo a cargo del Juzgado Federal de Dolores y describió una organización paraestatal macrista donde confluían maniobras de espionaje, extorsivas y de armado de causas.
 
Cuando le tocó decir sus últimas palabras antes del veredicto, D'Alessio no hizo más que ratificar sus vínculos con el macrismo al quejarse de que lo dejaron solo. "Más me dolió la canallada de quienes salieron corriendo en estado de pánico a usar los medios diciendo que era un loquito o fabulador y hasta llegaron a sostener que dialogaba sobre narcotráfico o la homologación de tal o cual calibre de proyectiles sónicos con un nietito", dijo.
 
Esto fue en alusión a la explicación que dio la exministra de Seguridad Bullrich cuando salieron a la luz sus llamadas con él y, para justificarlas, sostuvo que era un celular que le había dado a su nieto para jugar. "Loquito y fabulador" fue la forma de describirlo que usó el fiscal Stornelli para despegarse de él.
 

 
D'Alessio solía jactarse de sus vínculos con dirigentes políticos, funcionarios/as, miembros del Poder Judicial, fiscales, espías y con periodistas que, en muchos casos, eran reales. Los usaba para incidir en causas judiciales, ofrecer desligar a alguien de alguna investigación y/o que lo traten bien los medios y a veces utilizaba esas relaciones sólo para asustar, generar algún peligro hipotético y pedir dinero a cambio, según se vio en la acusación del caso de Traficante y también en la causa de Dolores, donde el empresario Pedro Etchebest denunció que le pedía dinero para evitar que quedara implicado en el caso de los cuadernos.
 
La denuncia de Traficante en particular está ligada a la causa conocida como la de la "mafia de los contendedores": el empresario no estaba ni estuvo imputado pero D'Alessio intentó sembrarle ese temor. Se conocían del country Saint Thomas y el falso abogado lo convocó a su casa a través de un conocido.
 
Le dijo que sabía que iba a estar complicado en ese expediente (donde lo único que había pasado era que alguien había mencionado su nombre), igual que su familia. Le pidió primero 90 mil dólares para borrar supuestas pruebas y con el correr de los días y las conversaciones llegó a intentar sacarle 600 mil. En el ínterin, el periodista Daniel Santoro publicaba notas que decían, por ejemplo, "investigan si un millonario (Traficante) es jefe de la banda del cuñado de De Vido".
 
Traficante hizo la denuncia en diciembre de 2016, pero la investigación recién se activó cuando comenzó a crecer la causa que estaba a cargo de Ramos Padilla en 2109, donde se llegaron a detectar más de 70 operaciones de todo tipo, por algunas de las cuales terminaron procesados Stornelli, otros agentes de inteligencia y también Santoro, entre otros. D'Alessio lleva dos años y medio detenido. En el caso Traficante, el juez Luis Rodríguez cuestionó el papel del periodista, pero lo sobreseyó.
 
Cuando D'Alessio habló ante el TOF 2 desde una sala del penal de Ezeiza, con un buzo azul eléctrico y anteojos pequeños de marco oscuro, confirmó sus lazos con el poder político macrista, pero lo hizo para quejarse de que lo abandonaron. "De los 50 amigos y 500 conocidos quedaron tan pocos que los puedo contar con la mano, es un duro aprendizaje", se lamentó.
 
Aseguró que capacitó "gratuitamente" "sobre narcotráfico" a "diputados y diputadas, ministros y ministras, a senadores y a personas de la Agencia Federal de Inteligencia y periodistas, entre otros". Dijo que fue el creador "del índice Big Mac de la cocaína que se usa en el área de Drogas de Naciones Unidas" y que sus "presentaciones contenían información que incomodaron a funcionarios que lejos de judicializar el material que desarrollaba optaron por silenciarme tendiéndome una trampa".
 
Algunos de sus vínculos más conocidos eran con Paula Oliveto, también con Elisa Carrió --quien incluso se ocupó de motorizar una causa a modo de contraofensiva de la que tramitaba en Dolores-- y con la ex ministra Bullrich, con quien se registran chats donde se advierte una relación de confianza y D'Alessio le ofrece material.
 
"Seguramente ustedes me conocieron por los medios antes de conocerme, como agente anti K, un operador judicial o un espía de potencias antimperialistas", dijo para alegar que estaba condenado de antemano, "que la condena mediática parece superar el estado de inocencia".
 
"Si existe la grieta, me dejaron bien en el medio", acotó. También dijo que fue "torturado" por los dos jueces que tuvieron a cargo causas en su contra, Ramos Padilla en Dolores y Luis Rodríguez el caso Traficante, porque dispusieron que estuviera "aislado durante las 24 horas (...) lo mejor hubiera sido que me suicidara", se victimizó.
 
El fiscal (suspendido) de Mercedes Juan Ignacio Bidone tuvo un papel relevante en los aportes a la extorsión a Traficante, según mostró el fiscal Diego Luciani a lo largo del juicio. Le proporcionó a D'Alessio datos sobre movimientos migratorios y cruces de llamados telefónicos, a los que podía acceder a través de su fiscalía. El falso abogado los usó para asustar al empresario y pedirle plata.
 
D'Alessio y Bidone se habían conocido en el contexto de la causa del Triple Crimen de General Rodríguez, ligado al tráfico de efedrina. El fiscal dijo que lo creía un agente de la AFI y que intercambiaban información, pero reconoció en el juicio que nunca corroboró de quién se trataba. En la ampliación de su indagatoria había contado también que fue D'Alessio quien le pasó el número de celular de Bullrich en su momento.
 
Argumentó que él quería seguir investigando ese caso, que había pasado a manos de la jueza María Servini y que "hubo una cuota de ego, de seguir investigando cuando desde la formalidad ya no debía hacerlo". De hecho, para ese entonces ya no estaba a cargo del caso. Volvió a decir que fue "imprudente".
 
"Nunca quise intervenir en un delito de extorsión ni obtener dinero de nadie", se defendió Bidone. "¿Dónde está la certeza de que yo sabía lo que hacía D'Alessio", inquirió a los jueces.
 
"Quiero pedirles encarecidamente dos cosas --agregó--: que como hombres de derecho no tomen a la ligera la decisión que están a punto de tomar (...) más allá de ser fiscal soy un hombre de familia y que ha tenido que sufrir el escarnio público y mediático por tres años, jamás pensé encontrarme en una situación como ésta". Señaló que la acusación le parecía "desproporcionada".
 
En la causa que tramita en Dolores, el grupo de Bidone, D'Alessio y los espías aparece, de hecho, involucrado en una operación particular relacionada con al Triple Crimen: "D'Alessio presentó informes de inteligencia que fueron incorporados en un legajo reservado que poseía el fiscal Bidone.
 
Esos informes apuntaron explícitamente a involucrar al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández en la causa del Triple Crimen, así como a probar que ex agentes de la AFI habían intentado encubrir el tráfico de efedrina y otros crímenes vinculados", describió Ramos Padilla. Para realizar "el ciclo de inteligencia ilegal", decía el juez, la organización se valía también de la participación de los mismos espías condenados: Barreiro y Alvarez, "cuyo aporte resultó esencial" en toda la operación contra Traficante.
 
Ellos también hablaron ante el tribunal. Barreiro, le dedicó un párrafo a D'Alessio: "le quiero decir 'quédate tranquilo que todo pasa y todo llega'". En cuanto a él mismo, dijo: "No me puedo arrepentir de algo que no hice". Alvarez sostuvo: "Se habló de narcotráfico, de direcciones, de teléfonos, de juzgados. Yo no tengo nada que ver". Dijo que le entregó listados con información a Bidone porque confiaba en él como fiscal. "A mí me echaron como un perro por todo esto y me sometí a la máquina de la verdad (en la AFI). Nunca pensé que iba a llegar a juicio oral", protestó.
 
El fiscal Luciani había pedido cinco años de prisión para D'Alessio, cuatro años y ocho meses para Bidone, para Barreiro cuatro años y seis meses mientras que para Álvarez pidió tres años y nueve meses de cárcel. La sentencia del TOF 2, que integran los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Gimenez Uriburu y Enrique Mendez Signori, fue unánime. Los espías fueron los más beneficiados, con penas en suspenso.
 
Lo que D'Alessio mencionó sobre lo que consideraba "su trabajo" no es nuevo. Poco antes de su detención había dicho: "Yo investigo, mi trabajo es... a ver, mi pasión es investigar (...) pero sí, no sólo investigo, hay cosas que las trabajo y se las doy a los periodistas y hay cosas que aporto a los juzgados".
 
Pero hubo algo novedoso: la advertencia a quienes estarían en la misma organización o hasta ahora salpicados por ella, sobre  los que por el momento nunca dio precisiones a la Justicia. Esta sentencia podría ser la antesala de la causa que tramita en Dolores que, además de mostrar la misma operatoria multiplicada, aportaría claridad sobre casos donde habría participado D'Alessio con grandes implicancias políticas.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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21-02-2026 / 10:02
Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.
 
El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.
 
En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".
 
Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.
 
El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.
 
La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.
 
Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.
 
En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.
 
Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.
 

20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
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