fue condenado a cuatro años de prisión por el intento de extorsión al empresario aduanero Gabriel Traficante, con la colaboración de un fiscal federal, Juan Ignacio Bidone, que recibió una pena de tres años y ocho meses de cárcel, y de dos exespías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Rolando Barreiro y Claudio Álvarez, sentenciados a dos años en suspenso.
 
Marcelo D'Alessio, el falso abogado, está acusado de realizar maniobras mediáticas, espionaje y armado de causas junto a fiscales, periodistas y espías de la AFI de Mauricio Macri. En su último descargo, comprometió a Patricia Bullrich y a Carlos Stornelli, pero no le alcanzó: recibió cuatro años de cárcel por el intento de extorsión al empresario Gabriel Traficante.
 
Los hechos analizados por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ocurrieron entre noviembre y diciembre de 2016, en pleno gobierno de Macri. Son una primera pequeña muestra de un entramado y una operatoria que mostró sus enormes alcances en otra investigación judicial que aún no llegó a juicio oral, pero que comenzó a esclarecer el juez Alejo Ramos Padilla cuando estuvo a cargo del Juzgado Federal de Dolores y describió una organización paraestatal macrista donde confluían maniobras de espionaje, extorsivas y de armado de causas.
 
Cuando le tocó decir sus últimas palabras antes del veredicto, D'Alessio no hizo más que ratificar sus vínculos con el macrismo al quejarse de que lo dejaron solo. "Más me dolió la canallada de quienes salieron corriendo en estado de pánico a usar los medios diciendo que era un loquito o fabulador y hasta llegaron a sostener que dialogaba sobre narcotráfico o la homologación de tal o cual calibre de proyectiles sónicos con un nietito", dijo.
 
Esto fue en alusión a la explicación que dio la exministra de Seguridad Bullrich cuando salieron a la luz sus llamadas con él y, para justificarlas, sostuvo que era un celular que le había dado a su nieto para jugar. "Loquito y fabulador" fue la forma de describirlo que usó el fiscal Stornelli para despegarse de él.
 
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Nacionales - 24-08-2021 / 10:08
FALSO ABOGADO ACUSADO DE MANIOBRAS MEDIÁTICAS, ESPIONAJE Y ARMADO DE CAUSAS TRUCHAS CON LA COMPLICIDAD DE FISCALES, PERIODISTAS Y ESPÍAS MACRISTAS

Marcelo D’Alessio: primer macrista condenado

Marcelo D’Alessio: primer macrista condenado
El falso abogado macrista Marcelo D'Alessio fue condenado a cuatro años de prisión por el intento de extorsión al empresario aduanero Gabriel Traficante, con la colaboración de un fiscal federal, Juan Ignacio Bidone, que recibió una pena de tres años y ocho meses de cárcel, y de dos exespías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Rolando Barreiro y Claudio Álvarez, sentenciados a dos años en suspenso.
El falso abogado macrista Marcelo D'Alessio fue condenado a cuatro años de prisión por el intento de extorsión al empresario aduanero Gabriel Traficante, con la colaboración de un fiscal federal, Juan Ignacio Bidone, que recibió una pena de tres años y ocho meses de cárcel, y de dos exespías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Rolando Barreiro y Claudio Álvarez, sentenciados a dos años en suspenso.
 
Marcelo D'Alessio, el falso abogado, está acusado de realizar maniobras mediáticas, espionaje y armado de causas junto a fiscales, periodistas y espías de la AFI de Mauricio Macri. En su último descargo, comprometió a Patricia Bullrich y a Carlos Stornelli, pero no le alcanzó: recibió cuatro años de cárcel por el intento de extorsión al empresario Gabriel Traficante.
 
Los hechos analizados por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ocurrieron entre noviembre y diciembre de 2016, en pleno gobierno de Macri. Son una primera pequeña muestra de un entramado y una operatoria que mostró sus enormes alcances en otra investigación judicial que aún no llegó a juicio oral, pero que comenzó a esclarecer el juez Alejo Ramos Padilla cuando estuvo a cargo del Juzgado Federal de Dolores y describió una organización paraestatal macrista donde confluían maniobras de espionaje, extorsivas y de armado de causas.
 
Cuando le tocó decir sus últimas palabras antes del veredicto, D'Alessio no hizo más que ratificar sus vínculos con el macrismo al quejarse de que lo dejaron solo. "Más me dolió la canallada de quienes salieron corriendo en estado de pánico a usar los medios diciendo que era un loquito o fabulador y hasta llegaron a sostener que dialogaba sobre narcotráfico o la homologación de tal o cual calibre de proyectiles sónicos con un nietito", dijo.
 
Esto fue en alusión a la explicación que dio la exministra de Seguridad Bullrich cuando salieron a la luz sus llamadas con él y, para justificarlas, sostuvo que era un celular que le había dado a su nieto para jugar. "Loquito y fabulador" fue la forma de describirlo que usó el fiscal Stornelli para despegarse de él.
 

 
D'Alessio solía jactarse de sus vínculos con dirigentes políticos, funcionarios/as, miembros del Poder Judicial, fiscales, espías y con periodistas que, en muchos casos, eran reales. Los usaba para incidir en causas judiciales, ofrecer desligar a alguien de alguna investigación y/o que lo traten bien los medios y a veces utilizaba esas relaciones sólo para asustar, generar algún peligro hipotético y pedir dinero a cambio, según se vio en la acusación del caso de Traficante y también en la causa de Dolores, donde el empresario Pedro Etchebest denunció que le pedía dinero para evitar que quedara implicado en el caso de los cuadernos.
 
La denuncia de Traficante en particular está ligada a la causa conocida como la de la "mafia de los contendedores": el empresario no estaba ni estuvo imputado pero D'Alessio intentó sembrarle ese temor. Se conocían del country Saint Thomas y el falso abogado lo convocó a su casa a través de un conocido.
 
Le dijo que sabía que iba a estar complicado en ese expediente (donde lo único que había pasado era que alguien había mencionado su nombre), igual que su familia. Le pidió primero 90 mil dólares para borrar supuestas pruebas y con el correr de los días y las conversaciones llegó a intentar sacarle 600 mil. En el ínterin, el periodista Daniel Santoro publicaba notas que decían, por ejemplo, "investigan si un millonario (Traficante) es jefe de la banda del cuñado de De Vido".
 
Traficante hizo la denuncia en diciembre de 2016, pero la investigación recién se activó cuando comenzó a crecer la causa que estaba a cargo de Ramos Padilla en 2109, donde se llegaron a detectar más de 70 operaciones de todo tipo, por algunas de las cuales terminaron procesados Stornelli, otros agentes de inteligencia y también Santoro, entre otros. D'Alessio lleva dos años y medio detenido. En el caso Traficante, el juez Luis Rodríguez cuestionó el papel del periodista, pero lo sobreseyó.
 
Cuando D'Alessio habló ante el TOF 2 desde una sala del penal de Ezeiza, con un buzo azul eléctrico y anteojos pequeños de marco oscuro, confirmó sus lazos con el poder político macrista, pero lo hizo para quejarse de que lo abandonaron. "De los 50 amigos y 500 conocidos quedaron tan pocos que los puedo contar con la mano, es un duro aprendizaje", se lamentó.
 
Aseguró que capacitó "gratuitamente" "sobre narcotráfico" a "diputados y diputadas, ministros y ministras, a senadores y a personas de la Agencia Federal de Inteligencia y periodistas, entre otros". Dijo que fue el creador "del índice Big Mac de la cocaína que se usa en el área de Drogas de Naciones Unidas" y que sus "presentaciones contenían información que incomodaron a funcionarios que lejos de judicializar el material que desarrollaba optaron por silenciarme tendiéndome una trampa".
 
Algunos de sus vínculos más conocidos eran con Paula Oliveto, también con Elisa Carrió --quien incluso se ocupó de motorizar una causa a modo de contraofensiva de la que tramitaba en Dolores-- y con la ex ministra Bullrich, con quien se registran chats donde se advierte una relación de confianza y D'Alessio le ofrece material.
 
"Seguramente ustedes me conocieron por los medios antes de conocerme, como agente anti K, un operador judicial o un espía de potencias antimperialistas", dijo para alegar que estaba condenado de antemano, "que la condena mediática parece superar el estado de inocencia".
 
"Si existe la grieta, me dejaron bien en el medio", acotó. También dijo que fue "torturado" por los dos jueces que tuvieron a cargo causas en su contra, Ramos Padilla en Dolores y Luis Rodríguez el caso Traficante, porque dispusieron que estuviera "aislado durante las 24 horas (...) lo mejor hubiera sido que me suicidara", se victimizó.
 
El fiscal (suspendido) de Mercedes Juan Ignacio Bidone tuvo un papel relevante en los aportes a la extorsión a Traficante, según mostró el fiscal Diego Luciani a lo largo del juicio. Le proporcionó a D'Alessio datos sobre movimientos migratorios y cruces de llamados telefónicos, a los que podía acceder a través de su fiscalía. El falso abogado los usó para asustar al empresario y pedirle plata.
 
D'Alessio y Bidone se habían conocido en el contexto de la causa del Triple Crimen de General Rodríguez, ligado al tráfico de efedrina. El fiscal dijo que lo creía un agente de la AFI y que intercambiaban información, pero reconoció en el juicio que nunca corroboró de quién se trataba. En la ampliación de su indagatoria había contado también que fue D'Alessio quien le pasó el número de celular de Bullrich en su momento.
 
Argumentó que él quería seguir investigando ese caso, que había pasado a manos de la jueza María Servini y que "hubo una cuota de ego, de seguir investigando cuando desde la formalidad ya no debía hacerlo". De hecho, para ese entonces ya no estaba a cargo del caso. Volvió a decir que fue "imprudente".
 
"Nunca quise intervenir en un delito de extorsión ni obtener dinero de nadie", se defendió Bidone. "¿Dónde está la certeza de que yo sabía lo que hacía D'Alessio", inquirió a los jueces.
 
"Quiero pedirles encarecidamente dos cosas --agregó--: que como hombres de derecho no tomen a la ligera la decisión que están a punto de tomar (...) más allá de ser fiscal soy un hombre de familia y que ha tenido que sufrir el escarnio público y mediático por tres años, jamás pensé encontrarme en una situación como ésta". Señaló que la acusación le parecía "desproporcionada".
 
En la causa que tramita en Dolores, el grupo de Bidone, D'Alessio y los espías aparece, de hecho, involucrado en una operación particular relacionada con al Triple Crimen: "D'Alessio presentó informes de inteligencia que fueron incorporados en un legajo reservado que poseía el fiscal Bidone.
 
Esos informes apuntaron explícitamente a involucrar al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández en la causa del Triple Crimen, así como a probar que ex agentes de la AFI habían intentado encubrir el tráfico de efedrina y otros crímenes vinculados", describió Ramos Padilla. Para realizar "el ciclo de inteligencia ilegal", decía el juez, la organización se valía también de la participación de los mismos espías condenados: Barreiro y Alvarez, "cuyo aporte resultó esencial" en toda la operación contra Traficante.
 
Ellos también hablaron ante el tribunal. Barreiro, le dedicó un párrafo a D'Alessio: "le quiero decir 'quédate tranquilo que todo pasa y todo llega'". En cuanto a él mismo, dijo: "No me puedo arrepentir de algo que no hice". Alvarez sostuvo: "Se habló de narcotráfico, de direcciones, de teléfonos, de juzgados. Yo no tengo nada que ver". Dijo que le entregó listados con información a Bidone porque confiaba en él como fiscal. "A mí me echaron como un perro por todo esto y me sometí a la máquina de la verdad (en la AFI). Nunca pensé que iba a llegar a juicio oral", protestó.
 
El fiscal Luciani había pedido cinco años de prisión para D'Alessio, cuatro años y ocho meses para Bidone, para Barreiro cuatro años y seis meses mientras que para Álvarez pidió tres años y nueve meses de cárcel. La sentencia del TOF 2, que integran los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Gimenez Uriburu y Enrique Mendez Signori, fue unánime. Los espías fueron los más beneficiados, con penas en suspenso.
 
Lo que D'Alessio mencionó sobre lo que consideraba "su trabajo" no es nuevo. Poco antes de su detención había dicho: "Yo investigo, mi trabajo es... a ver, mi pasión es investigar (...) pero sí, no sólo investigo, hay cosas que las trabajo y se las doy a los periodistas y hay cosas que aporto a los juzgados".
 
Pero hubo algo novedoso: la advertencia a quienes estarían en la misma organización o hasta ahora salpicados por ella, sobre  los que por el momento nunca dio precisiones a la Justicia. Esta sentencia podría ser la antesala de la causa que tramita en Dolores que, además de mostrar la misma operatoria multiplicada, aportaría claridad sobre casos donde habría participado D'Alessio con grandes implicancias políticas.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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