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Nacionales - 05-08-2021 / 10:08
LO DICTAMINÓ LA COMISIÓN DE REFUGIADOS DE URUGUAY

Rechazaron el pedido de refugio político del operador macrista Pepín Rodríguez Simón

Rechazaron el pedido de refugio político del operador macrista Pepín Rodríguez Simón
Muy malas noticias para Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, pero no sólo para él sino también para Juntos por el Cambio y el PRO en pleno proceso electoral de cara a las PASO: es que al prófugo en Uruguay y ex operador judicial de Mauricio Macri le rechazaron el pedido para ser considerado refugiado y ahora quedó a tiro para que la justicia de ese país acepte la solicitud de extradición de María Servini y el legislador del Parlasur quede preso en Argentina.
Muy malas noticias para Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, pero no sólo para él sino también para Juntos por el Cambio y el PRO en pleno proceso electoral de cara a las PASO: es que al prófugo en Uruguay y ex operador judicial de Mauricio Macri le rechazaron el pedido para ser considerado refugiado y ahora quedó a tiro para que la justicia de ese país acepte la solicitud de extradición de María Servini y el legislador del Parlasur quede preso en Argentina.
 
La Comisión de Refugiados (CORE) de Uruguay dictaminó que se debe rechazar el pedido de asilo como refugiado político de "Pepín". El manipulador judicial de Macri había pedido al país vecino que le de amparo porque se considera un "perseguido político". En rigor, no quiere rendir cuentas en la causa penal donde está acusado de extorsión y amenazas a los accionistas del Grupo Indalo, por lo que la jueza Servini ordenó su captura internacional y lo declaró en rebeldía.
 
Rodríguez Simón era prácticamente "el otro yo" de Macri, a tal punto que éste le dio un poder amplísimo judicial y de administración. La situación de ambos es cada vez más comprometida en causas judiciales. "Pepín" apostó a conseguir ayuda en Uruguay para eludir sus frentes judiciales en la Argentina. La evaluación de la CORE se hizo esperar pero fue enviada finalmente a la jueza la semana pasada (antes de que se venciera el plazo de 90 días establecido), quien mantiene el expediente bajo secreto de sumario.
 
La evaluación de la CORE no es vinculante para la jueza uruguaya Adriana Chamsarian, pero tiene fuerte peso. Esa comisión tiene representantes variados/as: del Ministerio de Relaciones Exteriores; de la Dirección de Migración; de la Universidad de la República, del Poder Legislativo; de organizaciones no gubernamentales; del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o su representante (cómo miembro invitado).
 
Lo primero que debe hacer la magistrada es evaluar el dictamen enviado y decidir si lo refrenda. Tendrá que expedirse sobre la orden de detención que había firmado la jueza Servini y que llevó a que Interpol emitiera un alerta roja. Es decir, se abre la posibilidad de que se concrete la detención de Rodríguez Simón si el juzgado lo evalúa necesario. Por último, tendrá que resolver si lo extradita para que sea juzgado en Argentina.
 
Rodríguez Simón tiene pendiente prestar declaración indagatoria ante la jueza Servini por las presiones a Fabián De Sousa y Cristóbal López, que además ejercía en nombre del gobierno de Macri. Ambos empresarios llegaron a estar presos dos años durante el gobierno de Cambiemos. También está comprometido en la causa sobre la "mesa judicial macrista" donde la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, relató que amenazó con meterlas presas a ella y a sus hijas.
 
La Opinión Popular
 

 
ESCÁNDALO INTERNACIONAL
  
"Pepín" Rodríguez Simón: Uruguay le negó la condición de refugiado y es inminente su extradición
 
La Comisión de Refugiados (CORE) del país vecino evaluó que el prófugo ex operador judicial de Macri no cumple los requisitos para recibir asilo. Así, todo indica que la justicia uruguaya resolverá aceptar el pedido de extradición de María Servini que lo dejaría preso en Argentina.
 
En concreto, el ex funcionario que hoy además se conoció que tenía un documento formal para manejarle negocios a Macri, recibió un duro revés en Uruguay porque la Comisión de Refugiados (CORE) de ese país rechazó darle asilo.
 
El CORE es un organismo de siete miembros, presidido por la Cancillería e integrado por un funcionario de Migraciones, un representante de una universidad, un legislador, dos ONG y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
 
Tenía 90 días desde que se suspendiera la extradición de Rodríguez Simón para expedirse y hoy, con ese plazo cumplido, lo hizo en contra del ex funcionario.
 
Ahora, el próximo paso es que el CORE le remita su dictamen a la justicia uruguaya para que ésta resuelva sobre el pedido de extradición de María Servini para que "Pepín" regrese a la Argentina para ser detenido en el marco de una causa. Sin embargo, el operador judicial puede apelar la resolución y que el expediente puede llegar incluso hasta la Corte uruguaya.
 
Cuando quede firme la definición de la CORE, la jueza Adriana Chamsarián, quien suspendiera la extradición, podrá retomar el proceso, extraditar a Simón y que Servini lo detenga en la Argentina. Antes, tiene pendiente la posibilidad de apelación.
 
El problema de "Pepín" es por una causa iniciada por Fabián de Sousa contra Macri, el todavía prófugo y otros ex funcionarios en la que están acusados de formar una "asociación ilícita" para perseguir y desapoderar al empresario de sus compañías y encarcelarlo. La fiscalía y la jueza tienen amplia probatoria al respecto.
 
Como ya explicó hace meses Política Argentina acá, la definición central era la de la CORE. Es que la justicia suele seguir lo que determine este organismo, por lo que el destino de "Pepín" está más que complicado.
 
En el pedido de extradición, Servini fue contundente acerca de los delitos que le imputa a Simón: "Los hechos que aquí se investigaban eran de grave trascendencia institucional, puesto que se denunciaron diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos que involucraban a diversos organismos de la estructura del Gobierno e incluso al entonces Presidente de la Nación, en desmedro de un grupo empresario y los titulares de esas empresas".
 
"En ese marco, se habría logrado establecer que Fabián Jorge Rodríguez Simón, diciéndose representante del entonces Presidente, Ing. Mauricio Macri, habría participado de diversas reuniones con el querellante Cristóbal Manuel López, y sus socios (Federico de Achával y Ricardo Benedicto), en las que les manifestaba las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno, y que en caso de que no fueran acatadas les traería consecuencias negativas tanto para sus empresas como para ellos", agregó.
 
Lo peor es por qué se profugó a Uruguay el operador judicial de Macri: la magistrada lo había citado a indagatoria para interrogarlo luego de que se conocieran una serie de entrecruzamientos de sus llamados telefónicos durante tres años y medio y eso provocó que decidiera no presentarse y escapara.
 
Ante ese escenario, en mayo, Servini ordenó la captura de Rodríguez Simón. En la misma resolución pidió un congelamiento de sus cuentas bancarias y una inhibición de sus bienes.
 
Si bien Simón es diputado del Parlasur, en 2016 la Corte Suprema resolvió que los legisladores de ese organismo no tienen fueros. Fue luego de una campaña que promovió Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio. Por eso, "Pepín" está en condiciones de ser detenido y no puede acusar a otros de quitarle la protección parlamentaria. Por eso se profugó a Uruguay.
 
En los cruces telefónicos que analizó Servini y complicaron a Rodríguez Simón, aparecen 10.738 llamadas durante tres años y medio -entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de agosto del 2019- con un grupo de "interlocutores comunes y frecuentes". Además de distintos funcionarios del Gobierno Nacional, figuraban 59 comunicaciones con el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, a quien él propuso para llegar al máximo tribunal y con el que mantenía una amistad previa -el juez fue al casamiento de la hija de "Pepín".
 
Fuente: Política Argentina
 

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20-11-2025 / 10:11
Por mayoría, la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado rechazó el pliego de Lorena Villaverde. El dictamen de todas formas no es vinculante, y el 28 de noviembre será cuando la Cámara alta vote si la senadora libertaria vinculada al narco Fred Machado y detenida en Miami por narcotráfico, puede asumir o no la banca.
 
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado aprobó los títulos de 23 senadores electos, pero dejó afuera a Villaverde. Su rechazo fue firmado por 12 senadores de diversos bloques, incluyendo Unión por la Patria y sectores de la oposición. Sin embargo, el dictamen no es vinculante: la última palabra la tendrá la sesión del 28 de noviembre. Para impedir que Villaverde asuma, el peronismo va a necesitar sumar aliados, ya que el resultado se define por mayoría simple.
 
Las acusaciones contra Villaverde no son menores: fue detenida en Estados Unidos en 2002 por presunto tráfico de drogas y mantiene vínculos con Claudio Ciccarelli, relacionado al narco Fred Machado, ambos investigados en causas de fraude inmobiliario y préstamos truchos.
 
En el debate algunos aliados del Gobierno también votaron en contra de la aspirante a senadora vinculada al narco. A pesar de que Luis Juez salió a bancar a Villaverde negando todo, la mayoría de la comisión sostuvo que no tiene idoneidad para ocupar una banca.
 
Lorena Villaverde es una dirigente política de La Libertad Avanza en la provincia de Río Negro, que en 2025 se vio envuelta en un fuerte escándalo por sus vínculos con el narcotráfico y una causa judicial en Estados Unidos. El caso salió a la luz cuando se conoció que José Luis Espert fue denunciado por recibir fondos de Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico, y que Villaverde tenía un estrecho vínculo afectivo y laboral con Claudio Ciccarelli, primo y hombre de confianza de Machado.
 
La situación se agravó con la difusión de documentos judiciales estadounidenses que la involucran en una operación encubierta de drogas en Miami. Aunque el juicio fue suspendido por irregularidades, versiones periodísticas sostienen que Villaverde habría colaborado con la DEA antes de salir de Estados Unidos.
 
Además, investigaciones periodísticas revelaron que Villaverde está mencionada en una causa por estafas piramidales contra Enrique Blaskey Señorans, en la que habría conseguido inversores que luego fueron estafados por millones de pesos. En agosto de 2025, fue embargada por 50 millones de pesos por una estafa en la venta de terrenos en Las Grutas, Río Negro.
 
También se la señala por enviar mensajes amenazantes a periodistas que investigaron su caso. Todo este entramado expuso las conexiones entre el espacio libertario y redes de narcotráfico, y tuvo un fuerte impacto electoral, desplomando la imagen de Villaverde y de La Libertad Avanza en la provincia, en medio del escándalo Espert.
 
En resumen, Lorena Villaverde pasó de liderar las encuestas en Río Negro a estar en el centro de un escándalo por sus vínculos con el narcotráfico, estafas y amenazas, lo que generó una crisis de legitimidad en su espacio político a días de las elecciones. Su suerte se sellará en la próxima sesión del Senado, donde la oposición necesitará de aliados para impedir la asunción de la rionegrina.
 
La Opinión Popular
 

19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

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