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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 01-08-2021 / 09:08
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

La oposición macrista no sabe cómo hacer para frenar el fuego cruzado

La oposición macrista no sabe cómo hacer para frenar el fuego cruzado
Los problemas que cascotean el rancho oficialista son apenas una brisa comparados con la tormenta que azota las tiendas de la oposición, donde el cierre de listas fue el disparo de largada para un todos contra todos que amenaza con transformar la interna en una masacre.
Los problemas que cascotean el rancho oficialista son apenas una brisa comparados con la tormenta que azota las tiendas de la oposición, donde el cierre de listas fue el disparo de largada para un todos contra todos que amenaza con transformar la interna en una masacre.
 
La propia Patricia Bullrich, que suele dar pelea con el cuchillo en los dientes, propuso un código de conducta para evitar los golpes por abajo del cinturón. El documento, consensuado entre los tres partidos, propone, entre otros, los siguientes compromisos:
 
-      No mentir.
-      Ser leales con los adversarios en la interna.
-      No utilizar las redes sociales para agraviar.
-      No hacer acuerdos con otros partidos políticos.
-      Permanecer en el bloque de Juntos por el Cambio hasta finalizar el mandato.
 
Hay un punto más, que no llegó a escribirse por decoro, pero que fue el disparador de este pacto: no hablar de dinero. Es que el diálogo entre las cúpulas a partir de que Facundo Manes, en una de sus primeras entrevistas como candidato, echó un manto de sospechas sobre el financiamiento electoral de Diego Santilli: "Espero que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña", dijo. Hubo chat sumario de la UCR, el PRO y la CC, de la que partió un mensaje claro al candidato: "Si rompés los juguetes no puede jugar nadie".
 
Habrá que ver cuánto dura el compromiso de Fair Play, que en la tarde del sábado, antes de tomar estado público, ya tambaleaba. Mientras las cúpulas terminaban de discutir la letra chica del decálogo, Elisa Carrió anunciaba en sus redes sociales que demandará a Manes por daño moral por haber relatado que la exdiputada le ofreció la candidatura a vicepresidente en 2015, algo que ella niega. Habrá un zoom de urgencia de la mesa política, el lunes por la mañana, para definir qué hacer al respecto.
 

 
En sólo cuatro provincias del país (una gobernada por un radical, Jujuy, las otras tres, Formosa, Chaco y San Juan, por el Frente de Todos) no habrá internas el próximo 12 de septiembre para definir las candidaturas de ninguna de las dos grandes coaliciones nacionales, el peronismo y el antiperonismo. En los restantes veinte distritos las primarias cumplirán el cometido para el que fueron diseñadas: la consolidación de un sistema político que se articule alrededor de esos polos.
 
Muestra de aquello es que a pesar de que la tensión al interior de cada una de las dos alianzas es notoria, y en cada una cohabitan, por conveniencia, varios proyectos de poder, personales y/o colectivos, que no siempre resultan compatibles, nadie, ningún dirigente con votos, ha sacado los pies del plato. Es plata o mierda, pero siempre adentro de la caja. No hay lugar para proyectos solistas ni para practicar el salto con garrocha. De la línea para acá, el oficialismo; de la línea para allá la oposición. All in the game, yo'.
 
Eso no significa que sea fácil. Los cierres de listas siempre dejan heridos. Es tarea de la política ordenar ese descontento rápidamente, para que no haga mella en la campaña ni, cuando se trata del oficialismo, en la gestión. Fue lo que sucedió, por ejemplo, en el Frente de Todos en Hurlingham. El intendente Juan Zabaleta, muy cercano a Alberto Fernández, tiene una larga historia de asperezas con La Cámpora. La organización mantiene una actividad intensa en ese municipio y nunca disimuló sus planes para gobernarlo.
 
La negociación para armar las listas locales no llegó a buen puerto. La Cámpora controla el concejo deliberante y está en condiciones de escoger un reemplazo si el jefe municipal deja su cargo para cumplir una función en el gabinete nacional.
 
Para evitarlo, Zabaleta amenazó a dar una interna como candidato a primer concejal. Finalmente, la política ordenó el cuadro: el camporista Damian Selci gobernará el distrito, en estas elecciones habrá lista de unidad y al intendente le pagaron con justicia: asumirá al frente del ministerio de Desarrollo Social.
 
Por el contrario, en Santa Fe otra interna se resolvió mal por una sucesión de errores no forzados y terminó transformando un cierre de listas limpio para el oficialismo en un dolor de cabeza que todavía no se pasa con impacto directo en el gobierno de Fernández.
 
En esta ocasión, las dinámicas locales y nacionales, en lugar de confluir, entraron en colisión, dejando un escenario complicado. La intervención del Presidente, pública, desde Lima y fuera de timing, lejos de ordenar hizo que el eco de ese conflicto reverberase en todo el país.
 
Depende a quién se le pregunte, el conflicto comenzó porque el gobernador santafesino Omar Perotti no aceptó que el ministro de Defensa Agustín Rossi ocupara ningún lugar en la boleta. Tiene que ver con la sucesión en una provincia que no permite dos mandatos consecutivos.
 
O porque Rossi desoyó las sugerencias de los Fernández de bajar su candidatura en pos de la unidad en una provincia que el peronismo no pudo gobernar durante doce años y corre el riesgo de volver a perder en 2023.
 
Rossi sospecha que Perotti prepara un quiebre con el Frente de Todos. Señala la evidente coincidencia entre su lema, Hacemos Santa Fe, con el que utiliza Juan Schiaretti, Hacemos Córdoba. Ambos están asociados al consultor Guillermo Seita, que en 2015 alcanzó el récord de asesorar simultáneamente a Mauricio Macri, Daniel Scioli y Sergio Massa.
 
Una curiosidad: los primeros carteles de Diego Santilli en territorio bonaerense, que se pegaron en junio, a cuenta de Diego Kravetz, también decían Hacemos la Provincia.
 
En la Casa Rosada molestó la decisión del ministro de mantener su candidatura a pesar de que tanto Cristina Fernández de Kirchner, primero, como Alberto Fernández, unos días más tarde, habían acordado sus términos con Perotti.
 
No debería sorprender: en las elecciones de 2009 y 2011 Rossi se presentó en contra de la opinión de CFK, que entonces pensaba, como ahora, que al rosarino le alcanza para la interna pero su techo le juega en contra en las generales. Por eso, desde Buenos Aires decidieron sellar el acuerdo con el gobernador.
 
Independientemente de las tácticas y estrategias electorales, la decisión de Fernández de castigar a Rossi por su intransigencia adelantando su salida del ministerio se manejó de forma desprolija y terminó subiéndole el voltaje a una crisis que pudo haberse consumido a sí misma sin pasar a mayores.
 
Para peor, al establecer, sin previo aviso ni consulta con sus socios políticos, "una regla ética" que exige que los candidatos con rol ejecutivo dejen sus cargos antes de comenzar la campaña, el Presidente se compró un problema que no existía.
 
Antes del cierre de listas, el criterio comunicado en el gabinete había sido otro, la veda a candidaturas testimoniales. Es decir: el funcionario debía estar dispuesto a dejar su lugar para asumir, en diciembre, el rol para el que se postuló.
 
Ese había sido el trato, por ejemplo, con Daniel Arroyo, que tenía previsto permanecer hasta diciembre en Desarrollo Social. Nadie había hablado de renuncias inmediatas, efectivas al momento de comenzar la campaña. No es lo mismo, en especial para el que no tiene su banca asegurada.
 
Introducir la dimensión ética al problema agregó otro foco de conflicto. Si el Presidente hubiera justificado la norma con un criterio político, no arrastraba consigo al resto de la coalición. Los criterios políticos pueden variar de lugar en lugar, de elección en elección, hasta contemplan excepciones.
 
Las normas éticas se presumen universales. ¿Omar Perotti y Juan Manzur, gobernadores precavidos que se postularon como suplentes al Senado, son poco éticos? ¿Daniel Gollán lo es pero su compañera de gabinete Teresa García no? Raro.
 
Por sorpresa, Fernández puso en camisa de once a varas a decenas de funcionarios municipales, nacionales y provinciales de todas las líneas, que anotaron su nombre en la boleta sin prever esta circunstancia. En su propio gabinete hay dirigentes que ya avisaron que no van a tomarse licencia, como el secretario de Interior, José Lepere.
 
Hubo en el Frente de Todos, incluso, quien llegó a preguntarse por estas horas si la cláusula aplicaría al propio Presidente en caso de que decida en dos años hacer campaña para su reelección.
 
La precipitación de los acontecimientos, además, metió ruido en el rediseño del gabinete que planeaba el Presidente para relanzar su gobierno de cara a la segunda mitad del mandato.
 
El cronograma original apuntaba a renovar el staff de ministros en diciembre, en coincidencia con el recambio en el Congreso, y no solamente implicaba el reemplazo de aquellos que saltaban al legislativo sino también un cambio en el esquema, en busca de un formato más ágil y compacto, seguramente con una menor cantidad de carteras.
 
Por estas horas, en Olivos, mientras cursa el aislamiento después de volver de Perú, Fernández evalúa si es conveniente anticipar también esa jugada o si por ahora sólo debe cubrir las vacantes y postergar, hasta después de las elecciones, la cirugía mayor.
 
Entre los que esperan la decisión está un empoderado Martín Guzmán, que ahora con la bendición de CFK aspira a encabezar un ministerio más robusto y con las capacidades menos loteadas. A partir del martes pueden esperarse definiciones, pero aún no hay nada concreto.
 
Horacio Rodríguez Larreta, en tanto, contempla con el paso de los días cómo aquello que imaginaba como un sendero de pétalos de rosa a la candidatura presidencial de 2023 se volvió un desfiladero tortuoso.
 
Si bien es cierto que logró imponer los nombres que quería al frente de las boletas en CABA y provincia de Buenos Aires, del resto de las listas le quedó poco y nada a causa del reparto que tuvo que hacer para contener a la mayor parte de la oposición dentro de su proyecto político personal.
 
Aún así, en territorio bonaerense deberá enfrentar una primaria competitiva contra Manes, que sumó el respaldo de Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Joaquín de la Torre y cuenta con una pequeña ayuda de Mauricio y Jorge Macri.
 
Los primos esperan un tropiezo del alcalde porteño y su delegado para mejorar sus acciones de cara al 23. Son varios los intendentes amarillos que, azuzados por los Macri, preparan un operativo para repartir las dos boletas antes de las PASO. Los radicales, además, tienen mejor capacidad para fiscalizar la interna.
 
Está claro que una derrota de Santilli en esa instancia, o una desventaja abultada en la general, recaerían exclusivamente en la cuenta de Rodríguez Larreta. No parece descabellado pensar se juega, en los próximos meses, su futuro político.
 
Trazando círculos en el cielo ya se pueden observar los buitres que esperan el paso en falso. Si la propia María Eugenia Vidal, su socia de mayor confianza y antigüedad, se volvió a anotar esta semana en esa lista, qué puede esperar del resto.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.
 
La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.
 
El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).
 
Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
 
Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?
 
Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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