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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 30-07-2021 / 09:07
LA INTERNA CALIENTE PONE EN RIESGO A JUNTOS POR EL CAMBIO

Gerardo Morales responsabilizó a Larreta por los ataques contra Manes

Gerardo Morales responsabilizó a Larreta por los ataques contra Manes
Morales, que salió en defensa de Manes, la “esperanza blanca” de la UCR, aseguró que "la responsabilidad del clima confrontativo dentro de Juntos por el Cambio tiene un solo responsable, es Rodríguez Larreta", a quien sindica como el promotor de la campaña de desprestigio contra el neurocientífico.
En Juntos por el Cambio, apenas acaban de cerrar la alianza electoral y ya empezaron a sacarle filo al puñal. Aunque sí hay algo en lo que coinciden todos en esta coalición derechista, es en sus similares intentos por despegarse lo más posible del gobierno que integraron con Mauricio Macri. La UCR se juega a pelearle los votos al PRO. Esta disputa se concentra entre Facundo Manes y Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires y tira dardos hacia la CABA, donde encabeza la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.
 
Los conflictos internos en la coalición opositora, desatados tras el cierre de listas, siguen escalando. Que no usen los impuestos de los porteños para la campaña, lanzó Manes a Horacio Rodríguez Larreta; "Facundo... solo sembrás desconfianza y dudas en tu propio espacio", respondió el diputado del PRO, Cristian Ritondo; "es un mitómano" remató Lilita Carrió. Y el gobernador jujeño, Gerardo Morales, este jueves dijo que Larreta "se cree el dueño de Juntos por el Cambio" y que "es el responsable de los ataques a Facundo Manes".
 
La interna en Juntos por el Cambio está más que caliente. Ya casi que es volcánica y las peleas dentro la alianza que integran la UCR, el PRO y la Coalición Cívica, crecen con el correr de las horas. Por caso, los radicales Mario Negri y Martín Lousteau se cruzaron duro. Luego, Morales, que salió en defensa de Manes, la "esperanza blanca" de la UCR, aseguró que "la responsabilidad del clima confrontativo dentro de Juntos por el Cambio tiene un solo responsable, es Rodríguez Larreta", a quien sindica como el promotor de la campaña de desprestigio contra el neurocientífico.
 
Morales  lanzó sus quejas contra el jefe de Gobierno porteño. Primero reivindicó la figura de Manes a quien consideró como "la expresión del argentino medio, un tipo que estudia, es profesional, se va del país y después decide volver". Para el gobernador de Jujuy, las críticas a Manes llegan porque se sumó a Juntos por el Cambio desde la UCR. "Si hubiera ingresado desde el PRO no habría problema. Creo que deberían parar con esta campaña contra Facundo", dijo.
 
Morales también acusó a Larreta de creerse "dueño de Juntos por el Cambio" y hasta dijo que "se puso el traje de presidente antes de serlo". Por último afirmó que "creo que Rodríguez Larreta debería revisar su lógica de construcción política porque por este camino vamos a debilitar y a poner en riesgo a Juntos por el Cambio".
 
La pelea entre Negri y Lousteau comenzó cuando el cordobés, aspirante a senador nacional, dijo que "Córdoba hace años que no tiene una voz potente en el Senado". Negri, actual presidente del bloque de Diputados de Cambiemos, había lanzado un slogan de campaña a través de sus redes sociales y medios opositores en el que sostenía: "Me siento con potencia para enfrentar al kirchnerismo en el Senado, donde está la madriguera del poder de Cristina Kirchner".
 
Luego, para subirle el precio a su pelea contra la vicepresidenta se refirió a la falta de representación de Córdoba para hacerle frente a CFK. Eso hizo saltar a Lousteau que le llamó la atención a Negri por desconocer el trabajo de la senadora Laura Rodríguez Machado (PRO) y su par Ernesto Martínez (Frente Cívico). Todos contra todos en Cambiemos.
 
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INTERNA EN CAMBIEMOS
 
Elecciones 2121: todos contra todos en Cambiemos, la UCR dispara contra Carrió
 
"Son cruces propios de una interna", repiten tanto desde el radicalismo como desde el PRO cada vez que se los consulta por las disputas crecientes entre los bandos larretistas y centenarios. Lejos de calmarse el escenario pre PASO, ambos sectores incrementaron un fuego amigo vinculado a la intención de la UCR de ganar más espacios de poder dentro de la alianza y una conciliación que naufragó sin generar listas de consenso. Los impulsores de Facundo Manes en la provincia apuntaron directamente contra Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta por el tono de los dichos de la ex diputada pero aseguraron que el 13 de septiembre volverán a estar todos juntos.
 
Desde la UCR aseguraron a El Destape que defenderán a su candidato bonaerense y cruzaron directamente a Carrió, a quien consideran la autora material de un ataque planificado por Larreta que, según su análisis, dio la orden de la embestida contra Manes. Para el radicalismo, la ex diputada criticó con mucha violencia al neurocientífico y se "cansaron" de soportarlo sin salir a contestar.
 
Sin embargo, todavía intentan cuidar a un Manes, que no se convirtió en el protagonista del diálogo confrontativo y eligieron otros referentes, como el caso del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, para salir a contragolpear. En diálogo con Radio con Vos, denunció que Horacio Rodríguez Larreta es el "único responsable de la campaña para desprestigiar a Facundo Manes".
 
Según el análisis del partido centenario, el jefe de Gobierno la empujó a Carrió en su ataque y fue el promotor. Desde el PRO que maneja la campaña de Diego Santilli en Buenos Aires, en tanto, se defendieron y aclararon que es imposible escribirle un guion a la ex diputada que, de momento, tiene a su equipo concentrado en el armado de la carrera electoral. Así, el radicalismo decidió apuntarle a la dirigenta de la Coalición Cívica y, por elevación, al jefe de Gobierno, algo que alguno interpretó como una jugada desesperada para ganar cámara ante el avance de la carrera larretista con fotos de pelo colorado, recorridas, redes y medios de comunicación.
 
Morales fue más lejos en la disputa y lanzó que "si esto sigue así, cuando se profundiza este camino, lo que hace es llevar a la ruptura, esperemos que esto no se dé". Sin embargo, nadie consideró que algo así pueda llegar a suceder. "Se dobla pero no se rompe", dijo una fuente metida en la campaña. Precandidato a diputado provincial, armadores electorales y referentes de los espacios coincidieron en que el 13 de septiembre, un día después de la interna, estarán todos juntos.
 
Lo cierto es que el panorama no está calmo. Los radicales entendieron que Carrió lleva agua para su propio molino, cuestionaron el título autoimpuesto de "luchadora por la unidad bonaerense", cuestionaron que la alianza PRO-Coalición Cívica no quiere dejar crecer nuevos dirigentes y que la ex diputada decidió salir con tapones de punta para defender su "kiosco" en la Ciudad. Además, apuntaron que Manes metió al decir que la CABA no tenía que gastar fondos públicos para la campaña y que la dirigenta le había propuesto un cargo en 2015 - algo que ella desmintió -. Pero cuestionaron que eso no valida el uso de calificativos como "mitómano" o de persona que no sabe redactar una ley.
 
Pero deberán llevarse bien si no quieren romper la alianza. Según el complejo reglamento que armaron en la provincia para establecer los pisos del sistema D'hondt, Manes podría ir tercero en la lista encabezada por Diego Santilli o viceversa. Establecieron una base del 20% de los votos totales sacados por Juntos.
 
La lista perdedora, en caso de conseguir ese porcentaje y hasta el 30%, metería candidatos en el 3°, 8° , 13°, 18°, 23° , 28°, 33° y suplente 5°. Números que se incrementan en caso de sacar más del 30% (3°, 6°, 9°, 12°, 15° , 18° , 21°, 24°, 27°, 30°, 33° y suplentes 3° , 6° y 9° puesto) o más del 40% (3°, 4°, 7°, 8° , 11°, 12° , 15°, 16°, 19°, 20°, 23°, 24°, 27° , 28°, 31°, 32°, 35° y suplentes 3° , 4°, 7° y 8° lugar).
 
Pese a que el discurso oficial apuntó contra los dichos de Carrió como motor de los ataques radicales, lo cierto es que la UCR adoptó una postura más protagónica de cara a las próximas elecciones. Pese a los esfuerzos del larretismo por conseguir la unidad en distritos clave como la Ciudad, Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe, irán a una interna que enfrentará al PRO con el partido centenario.
 
En Buenos Aires, con un panorama no definido, se enfrentarán la UCR y el PRO a nivel nacional pero también con internas distritales. Por poner ejemplos, si bien Tres de Febrero (comandada por Diego Valenzuela) y Vicente López (bajo el mando de Jorge Macri) consiguieron listas de unidad a concejales, municipios como Lanús (de Néstor Grindetti) o La Plata (de Julio Garro) se enfrentarán a boletas del radicalismo.
 
En Córdoba también se desató una batalla feroz que todavía no mostró una definición de la UCR a nivel nacional. Por un lado, el diputado Mario Negri armó una lista que lo lleva como primer precandidato al Senado acompañado por Soher el Sukaria y Gustavo Santos como cara de la boleta a Diputados seguido por Soledad Carrizo y Ramón Mestre.
 
Según los cálculos del Negrismo, esta propuesta puede meter cinco radicales en el Congreso frente a la de los otros postulantes, apoyada por Martín Lousteau, con más protagonismo PRO. Esa lista está encabezada por Luis Juez, del Frente Cívico, para el Senado y Rodrigo De Loredo, por el lousteauismo, para diputados. En la nómina están los nombres de Laura Rodríguez Machado y Héctor Baldassi (ambos del PRO y los dos precandidatos a diputados nacionales), y Carmen Álvarez Rivero (también del PRO, y precandidata a senadora junto a Juez).
 
En Santa Fe pasó algo similar. El PRO duro llevó a Federico Angelini y Amalia Granata como precandidatos para el Senado acompañados de Luciano Laspina y Jorge Faurie para Diputados, bancada por la plana mayor del partido. Enfrente, tres listas radicales: una encabezada por Rosario Rodrigo "Roy" López Molina y Lucila Lehmann, con el apoyo de Carrió; otra por Carolina Losada y el exintendente de Santa Fe Mario Barletta; y, finalmente, la integrada por el diputado provincial y exministro de Seguridad local, Maximiliano Pullaro y Gabriel Chumpitaz.
 
Por Carla Pelliza
 
Fuente: El Destape
 

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04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

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