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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 26-07-2021 / 10:07
FRENTE A LA PANDEMIA Y LA PESADA HERENCIA ECONÓMICA MACRISTA

Encauzar la puja distributiva para que la reactivación se traduzca en más consumo y una menor pobreza

Encauzar la puja distributiva para que la reactivación se traduzca en más consumo y una menor pobreza
Es cierto que desde el Gobierno existe la política de propiciar los aumentos vía jubilaciones, asignaciones y salarios. Pero habrá que evaluar si se está haciendo todo el esfuerzo necesario para que eso se traduzca en una mejora del poder adquisitivo de los ingresos de las familias que ayuden a paliar esta emergencia.
La crítica situación social como consecuencia de un escenario que tiene elevadísimas cifras de pobreza e indigencia pone de manifiesto que es clave instalar la puja distributiva como eje de discusión y debate, a partir de lo que ha sido la profunda regresividad en esta materia desde 2016 en adelante.
 
Es hora de plantear los desafíos urgentes frente a la pandemia y la pesada herencia económica. La crítica situación social como consecuencia de un escenario que tiene elevadísimas cifras de pobreza e indigencia pone de manifiesto que es clave instalar la puja distributiva como eje de discusión y debate, a partir de lo que ha sido la profunda regresividad en esta materia desde 2016 en adelante.
 
Sería doblemente importante que, en forma urgente, los distintos espacios políticos que participarán de los próximos comicios se manifiesten en sus ideas y propuestas, ya sea para llegar a un rápido consenso o, si esto no es posible, despejar cualquier ambigüedad con la que se especule.
 
Uno de los principales objetivos de la política económica debiera ser que los ingresos de los argentinos crezcan en términos reales, es decir, que le ganen a la inflación. Si hay un imperativo que pudiese establecerse más allá del cuidado esencial que debe aplicarse vinculado a la pandemia y la necesidad de una administración pragmática de las divisas del BCRA, este debería ser la posibilidad de lograr un consenso vinculado a que nuestra economía está impulsada en su mayor parte por el consumo y que sin ese "motor", no es posible incluir a todos los argentinos en el modelo económico.
 
Una idea para que los distintos espacios políticos debatan puede ser la siguiente: la necesidad de que, de aquí en adelante, los incrementos salariales contengan, combinados, porcentajes y sumas fijas, por un plazo determinado no menor a tres años, y en dicho plazo, poner el salario mínimo registrado de cualquier actividad, (incluido el Salario Mínimo, Vital y Móvil) por encima de lo que marque la Canasta que sirve para determinar la línea de pobreza.
 

 
Hay un dato no menor que es necesario comprender. La reactivación en marcha estuvo iniciada de forma heterogénea en distintos sectores de la economía, sobre todo en la construcción y la industria, por lo que, sin una mejora en los ingresos reales de las familias, la maquinaria del consumo no se mueve, y si eso no ocurre, entonces se corre el riesgo de que la reactivación económica y el crecimiento no consoliden una mejora sustancial.
 
La Canasta Básica Total (CBT) de junio medida por el Indec se encareció 3,2% en cuatro semanas: una familia tipo necesitó $66.488 para no ser pobre. La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca la línea de indigencia, trepó 3,6%, por encima del aumento de los precios a nivel general. Por lo tanto, una familia "tipo" requirió $28.414 para no ser considerada indigente. El dato que debiera llamarnos la atención es que la erosión salarial no fue igual para todos: si bien en los últimos 12 meses la inflación trepó 50,2%, el costo de la canasta para que una familia no sea indigente subió 57,6%. Por otro lado, el costo de la canasta para que dicho hogar no sea pobre trepó 51,8% en el mismo período. Súmese a esto que el Indec no incluye un gasto muy importante para muchos hogares como es el del alquiler.
 
Precisamente es lo que está ocurriendo. La reactivación es un impulso que podría tener fecha de vencimiento si las familias argentinas no tienen ingresos suficientes para poder impulsar el consumo. La reapertura de paritarias y la rediscusión salarial son datos alentadores, pero así y todo podría no ser suficiente. Medido por el Indec, en el primer trimestre de este año los asalariados experimentaron una caída de casi 4 puntos en la distribución del ingreso (fue de 49,8% a 46,1%) respecto al primer trimestre del 2020, es decir, en términos interanuales. Al margen de cualquier discusión, esa caída se sumó a los casi 20 puntos porcentuales que se perdieron entre 2016 y 2019, es decir, durante el mandato del expresidente Macri.
 
Hoy, en promedio, los salarios incluso del sector registrado privado (los mejores salarios que paga la economía argentina) se encuentran lejos de poder afrontar el pago de esta canasta de consumos mínimos. Trabajadoras y trabajadores formales que al final del mes son, incluso para las estadísticas, oficialmente "pobres" y cuyo número ha ido en aumento.
 
Lo problemático es la dinámica que tiene lugar. El crecimiento económico que se registra en algunos sectores económicos no se traslada a otros, por lo que las cifras de pobreza parecieran no ser sensibles a esa mejora. El saldo de la economía macrista ha sido de un impacto muy negativo prácticamente en cualquiera de los parámetros que quiera medirse.
 
Pobreza, indigencia, actividad, empleo, saldo exportable, inflación, deuda pueden ser algunos. La pandemia profundizó todo esto de la peor manera, ya que desbarató la posibilidad de que el crecimiento reduzca la desigualdad, la precarización y la informalidad, antes de cualquier posibilidad de rebote. De hecho, es una de las explicaciones del crecimiento muy heterogéneo que se registra y que no logra impactar en los sectores de menores ingresos.
 
Por eso es necesario hacerle un lugar a la discusión y la toma de acción. Las medidas del Gobierno nacional van en este sentido, pero existen grandes desafíos, entre ellos, la negociación de un acuerdo con el FMI.
 
Sin dejar de lado lo irregular de las condiciones en las cuales fue contraída esa deuda, y la querella criminal que ha iniciado el Estado por decisión del presidente de la Nación, probablemente le vaya mejor a la Argentina si el Gobierno puede reunir un consenso con la oposición política de no aceptar cláusulas incumplibles, algo que dio origen a esta situación de endeudamiento con el organismo.
 
Volviendo a la discusión, la reapertura de paritarias es una buena noticia, como lo es también que los ingresos de las familias crezcan en términos nominales y reales. Otro desafío redunda en repensar la estrategia vinculada a la evolución del precio de los alimentos y las tarifas, los rubros de mayor impacto en los sectores más vulnerables de la población. Hay que evaluar y poner la lupa en la concentración que existe en sectores estratégicos, lo que redunda en los costos de toda la cadena de valor e involucra una política de precios que es injusta con aquellos que no pueden afrontarlo como consumidores, ya que se trata de sectores sensibles como los alimentos.
 
Es necesario prestar atención a la evolución de los precios internacionales de los productos de exportación de nuestro país y trabajar para desacoplar esos valores en dólares, de los precios domésticos en pesos, de forma tal que los sectores exportadores tengan el suficiente incentivo para expandir ese negocio que beneficia al país con las divisas necesarias, sin que esto derive en un aumento de la pobreza inmediato a partir del incremento inflacionario vía puja distributiva.
 
Al margen de que una reforma tributaria más abarcativa y con sesgo progresista es indispensable en estas cuestiones, de nuevo, sería interesante que distintos sectores políticos, sindicales, empresarios, dirigenciales de la sociedad planteen la necesidad de que los incrementos salariales contengan, combinados, porcentajes y sumas fijas, por un plazo determinado no menor a tres años, y que en dicho plazo, se logre impulsar el salario mínimo registrado de cualquier actividad, incluido el Salario Mínimo, Vital y Móvil por encima de lo que marque la canasta que sirve para determinar la línea de pobreza.
 
Es cierto que desde el Gobierno existe la política de propiciar los aumentos vía jubilaciones, asignaciones y salarios. Pero habrá que evaluar si se está haciendo todo el esfuerzo necesario para que eso se traduzca en una mejora del poder adquisitivo de los ingresos de las familias que ayuden a paliar esta emergencia.
 
Por Julián Guarino
 
Fuente: ambito.com
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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