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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 26-07-2021 / 10:07
FRENTE A LA PANDEMIA Y LA PESADA HERENCIA ECONÓMICA MACRISTA

Encauzar la puja distributiva para que la reactivación se traduzca en más consumo y una menor pobreza

Encauzar la puja distributiva para que la reactivación se traduzca en más consumo y una menor pobreza
Es cierto que desde el Gobierno existe la política de propiciar los aumentos vía jubilaciones, asignaciones y salarios. Pero habrá que evaluar si se está haciendo todo el esfuerzo necesario para que eso se traduzca en una mejora del poder adquisitivo de los ingresos de las familias que ayuden a paliar esta emergencia.
La crítica situación social como consecuencia de un escenario que tiene elevadísimas cifras de pobreza e indigencia pone de manifiesto que es clave instalar la puja distributiva como eje de discusión y debate, a partir de lo que ha sido la profunda regresividad en esta materia desde 2016 en adelante.
 
Es hora de plantear los desafíos urgentes frente a la pandemia y la pesada herencia económica. La crítica situación social como consecuencia de un escenario que tiene elevadísimas cifras de pobreza e indigencia pone de manifiesto que es clave instalar la puja distributiva como eje de discusión y debate, a partir de lo que ha sido la profunda regresividad en esta materia desde 2016 en adelante.
 
Sería doblemente importante que, en forma urgente, los distintos espacios políticos que participarán de los próximos comicios se manifiesten en sus ideas y propuestas, ya sea para llegar a un rápido consenso o, si esto no es posible, despejar cualquier ambigüedad con la que se especule.
 
Uno de los principales objetivos de la política económica debiera ser que los ingresos de los argentinos crezcan en términos reales, es decir, que le ganen a la inflación. Si hay un imperativo que pudiese establecerse más allá del cuidado esencial que debe aplicarse vinculado a la pandemia y la necesidad de una administración pragmática de las divisas del BCRA, este debería ser la posibilidad de lograr un consenso vinculado a que nuestra economía está impulsada en su mayor parte por el consumo y que sin ese "motor", no es posible incluir a todos los argentinos en el modelo económico.
 
Una idea para que los distintos espacios políticos debatan puede ser la siguiente: la necesidad de que, de aquí en adelante, los incrementos salariales contengan, combinados, porcentajes y sumas fijas, por un plazo determinado no menor a tres años, y en dicho plazo, poner el salario mínimo registrado de cualquier actividad, (incluido el Salario Mínimo, Vital y Móvil) por encima de lo que marque la Canasta que sirve para determinar la línea de pobreza.
 

 
Hay un dato no menor que es necesario comprender. La reactivación en marcha estuvo iniciada de forma heterogénea en distintos sectores de la economía, sobre todo en la construcción y la industria, por lo que, sin una mejora en los ingresos reales de las familias, la maquinaria del consumo no se mueve, y si eso no ocurre, entonces se corre el riesgo de que la reactivación económica y el crecimiento no consoliden una mejora sustancial.
 
La Canasta Básica Total (CBT) de junio medida por el Indec se encareció 3,2% en cuatro semanas: una familia tipo necesitó $66.488 para no ser pobre. La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca la línea de indigencia, trepó 3,6%, por encima del aumento de los precios a nivel general. Por lo tanto, una familia "tipo" requirió $28.414 para no ser considerada indigente. El dato que debiera llamarnos la atención es que la erosión salarial no fue igual para todos: si bien en los últimos 12 meses la inflación trepó 50,2%, el costo de la canasta para que una familia no sea indigente subió 57,6%. Por otro lado, el costo de la canasta para que dicho hogar no sea pobre trepó 51,8% en el mismo período. Súmese a esto que el Indec no incluye un gasto muy importante para muchos hogares como es el del alquiler.
 
Precisamente es lo que está ocurriendo. La reactivación es un impulso que podría tener fecha de vencimiento si las familias argentinas no tienen ingresos suficientes para poder impulsar el consumo. La reapertura de paritarias y la rediscusión salarial son datos alentadores, pero así y todo podría no ser suficiente. Medido por el Indec, en el primer trimestre de este año los asalariados experimentaron una caída de casi 4 puntos en la distribución del ingreso (fue de 49,8% a 46,1%) respecto al primer trimestre del 2020, es decir, en términos interanuales. Al margen de cualquier discusión, esa caída se sumó a los casi 20 puntos porcentuales que se perdieron entre 2016 y 2019, es decir, durante el mandato del expresidente Macri.
 
Hoy, en promedio, los salarios incluso del sector registrado privado (los mejores salarios que paga la economía argentina) se encuentran lejos de poder afrontar el pago de esta canasta de consumos mínimos. Trabajadoras y trabajadores formales que al final del mes son, incluso para las estadísticas, oficialmente "pobres" y cuyo número ha ido en aumento.
 
Lo problemático es la dinámica que tiene lugar. El crecimiento económico que se registra en algunos sectores económicos no se traslada a otros, por lo que las cifras de pobreza parecieran no ser sensibles a esa mejora. El saldo de la economía macrista ha sido de un impacto muy negativo prácticamente en cualquiera de los parámetros que quiera medirse.
 
Pobreza, indigencia, actividad, empleo, saldo exportable, inflación, deuda pueden ser algunos. La pandemia profundizó todo esto de la peor manera, ya que desbarató la posibilidad de que el crecimiento reduzca la desigualdad, la precarización y la informalidad, antes de cualquier posibilidad de rebote. De hecho, es una de las explicaciones del crecimiento muy heterogéneo que se registra y que no logra impactar en los sectores de menores ingresos.
 
Por eso es necesario hacerle un lugar a la discusión y la toma de acción. Las medidas del Gobierno nacional van en este sentido, pero existen grandes desafíos, entre ellos, la negociación de un acuerdo con el FMI.
 
Sin dejar de lado lo irregular de las condiciones en las cuales fue contraída esa deuda, y la querella criminal que ha iniciado el Estado por decisión del presidente de la Nación, probablemente le vaya mejor a la Argentina si el Gobierno puede reunir un consenso con la oposición política de no aceptar cláusulas incumplibles, algo que dio origen a esta situación de endeudamiento con el organismo.
 
Volviendo a la discusión, la reapertura de paritarias es una buena noticia, como lo es también que los ingresos de las familias crezcan en términos nominales y reales. Otro desafío redunda en repensar la estrategia vinculada a la evolución del precio de los alimentos y las tarifas, los rubros de mayor impacto en los sectores más vulnerables de la población. Hay que evaluar y poner la lupa en la concentración que existe en sectores estratégicos, lo que redunda en los costos de toda la cadena de valor e involucra una política de precios que es injusta con aquellos que no pueden afrontarlo como consumidores, ya que se trata de sectores sensibles como los alimentos.
 
Es necesario prestar atención a la evolución de los precios internacionales de los productos de exportación de nuestro país y trabajar para desacoplar esos valores en dólares, de los precios domésticos en pesos, de forma tal que los sectores exportadores tengan el suficiente incentivo para expandir ese negocio que beneficia al país con las divisas necesarias, sin que esto derive en un aumento de la pobreza inmediato a partir del incremento inflacionario vía puja distributiva.
 
Al margen de que una reforma tributaria más abarcativa y con sesgo progresista es indispensable en estas cuestiones, de nuevo, sería interesante que distintos sectores políticos, sindicales, empresarios, dirigenciales de la sociedad planteen la necesidad de que los incrementos salariales contengan, combinados, porcentajes y sumas fijas, por un plazo determinado no menor a tres años, y que en dicho plazo, se logre impulsar el salario mínimo registrado de cualquier actividad, incluido el Salario Mínimo, Vital y Móvil por encima de lo que marque la canasta que sirve para determinar la línea de pobreza.
 
Es cierto que desde el Gobierno existe la política de propiciar los aumentos vía jubilaciones, asignaciones y salarios. Pero habrá que evaluar si se está haciendo todo el esfuerzo necesario para que eso se traduzca en una mejora del poder adquisitivo de los ingresos de las familias que ayuden a paliar esta emergencia.
 
Por Julián Guarino
 
Fuente: ambito.com
 

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11-02-2026 / 11:02
La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.
 
Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.
 
Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.
 
Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.
 
Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.
 
Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.
 
La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.
 
Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".
 

10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

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