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Nacionales - 05-04-2021 / 18:04
MANIPULACION DE LA JUSTICIA PARA PERSEGUIR OPOSITORES

En la residencia de Olivos, Macri cocinaba el lawfare con jueces, fiscales y periodistas

En la residencia de Olivos, Macri cocinaba el lawfare con jueces, fiscales y periodistas
La alianza Cambiemos avanzó con un esquema de cooptación del Estado por parte del poder económico real y con una maquinaria de persecución judicial y mediática (la base del lawfare) que tributó al mismo poder económico. Todo cocinado desde la Residencia de Olivos, tal como puede apreciarse en el listado de visitas a la residencia presidencial por el que pasaron jueces (Mariano Borinsky y Gustavo Hornos), el fiscal Raúl Pleé, periodistas (del Grupo Clarín, La Nación y América) y empresarios claves vinculados al mismo clan Macri.
La alianza Cambiemos avanzó con un esquema de cooptación del Estado por parte del poder económico real y con una maquinaria de persecución judicial y mediática (la base del lawfare) que tributó al mismo poder económico. Todo cocinado desde la Residencia de Olivos, tal como puede apreciarse en el listado de visitas a la residencia presidencial por el que pasaron jueces (Mariano Borinsky y Gustavo Hornos), el fiscal Raúl Pleé, periodistas (del Grupo Clarín, La Nación y América) y empresarios claves vinculados al mismo clan Macri.
 
Uno de los nombres más resonantes entre los detectados en los registros es el de Paolo Rocca, CEO de Techint, que visitó a Macri el 3 de abril de 2019 y la reunión se prolongó por más de una hora. Menos de una quincena después, el 15, Rocca se libraba de un procesamiento en la causa que mediáticamente se conoce como "Cuadernos", aunque en realidad se basa en fotocopias. Los jueces firmantes fueron Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, cuyos cargos en la Cámara Federal porteña se debían a un traslado desde sus tribunales de origen decidido por Macri.
 
Pero hay apellidos mucho más cercanos que el de Rocca en los registros de Olivos. El ex Presidente no sólo tenía como "amigo del alma" a Nicky Caputo. Marcelo Mindlin y Alejandro Mcfarlane también formaban parte de esa cofradía con la que compartía cenas, juegos de paddle y reuniones de negocios.
 
Las visitas fueron sistemáticas y estuvieron en sincronía con una serie de negocios seguidos de cerca por Macri: la supuesta venta de Iecsa -con Ángelo Calcaterra también como visitante asiduo de Olivos- a Mindlin y la pretensión de Mcfarlane de ingresar al negocio de hidrocarburos vía Petrobras, en el momento en que Dilma Rousseff sufría los embates del lawfare en su país.
 

 
¿Quién es testaferro de quién?
 
Mindlin es el dueño de Pampa Energía, uno de los grupos económicos que más ganaron durante el macrismo: conglomerado energético integrado verticalmente, con pies en la generación, transporte y distribución de electricidad (a través de Edenor), además de los negocios en hidrocarburos.
 
Entre 2016 y 2019, la política tarifaria de dolarización de los contratos, sumada a las sucesivas devaluaciones, le generaron al Grupo una ganancia neta de 1.086 millones de dólares. Esa rentabilidad contribuyó a una fuga de capitales a nombre de Pampa Energía por 903 millones.
 
El 3 de febrero de 2017 a las 16.30 Calcaterra y Mindlin ingresaron a la Residencia de Olivos. La audiencia era con Macri. El primo se retiró a las 18 y el amigo diez minutos antes. Los tres estaban interesados en un tema: el traspaso de la constructora Iecsa a manos del empresario energético. ¿Macri hacía de garante de esa operación, intermediario o estaba en presencia de sus testaferros?
 
Días después de ese encuentro tripartito, el diario La Nación informaba de las intenciones del empresario energético por quedarse con la constructora. Mindlin volvió a la Residencia el 29 de marzo.
 
Iecsa aparece vinculada al caso de corrupción de Odebrecht por el soterramiento del Sarmiento. Para el fiscal Franco Picardi, toda la operación fue una simulación. En 2018 dictaminó que Calcaterra y Mindlin serían socios en una compañía offshore establecida en el estado norteamericano de Delaware, que es accionista de Sacde, la renombrada Iecsa. No hubo traspaso de dueños.
 
 
Con vértice en Brasil
 
La guardia de ingreso a Olivos registró entre 2016 y 2019 al menos siete visitas del empresario Alejandro Macfarlane, amigo personal del inquilino de entonces. Tal y como ocurre con Mindlin, su nombre aparece asociado a las sospechas de utilización de testaferros por parte del ex Presidente.
 
En conversaciones con el periodista Santiago O'Donnell, Mariano Macri señaló ante el grabador a "Peto" -el apodo de Mcfarlane- como uno de los prestanombres de su hermano en una maniobra destinada a evitar objeciones por conflicto de intereses en la explotación de energías alternativas.
 
La carrera de Macfarlane en los primeros planos del entrecruzamiento de política y negocios comenzó a fines de la década del '90 como yerno del secretario de Inteligencia, Hugo Anzorreguy. Las buenas relaciones de su suegro con la monarquía española se tradujeron en su acceso a un escaño en el esquema de la privatizada YPF-Repsol.
 
A mediados de 2005 el fondo Dolphin, cuyo liderazgo se adjudicaba a Mindlin, anunció la compra de la mayoría del paquete accionario de Edenor, para entonces la más importante de las tres distribuidoras eléctricas tras la privatización de Segba. Macfarlane fue designado presidente del directorio, que también integraban Rogelio Pagano y el propio Mindlin. Más tarde fue propietario de Edelap, la distribuidora eléctrica de La Plata.
 
En octubre de 2016 ocurrió la segunda visita a Macri según los registros. En la tarde del 20 de marzo de 2017, durante su tercer encuentro, el entonces Presidente y "Peto" pudieron leer la nota del diario El Cronista que informaba de una supuesta oferta realizada por Macfarlane a Marcelo Mindlin "para comprarle la red de estaciones de servicio que controla su holding, Pampa Energía, tras haber adquirido los activos de Petrobras Argentina".
 
El triángulo parecía cerrarse casi perfectamente. El 13 de mayo de 2016, Pampa había acordado con Petrobras Brasil adquirir sus activos en la Argentina. En noviembre de ese año, la Anses, vía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se desprendía de las acciones de la petrolera brasileña en favor de Mindlin por 156 millones de dólares. Y en enero del año siguiente, el FGS autorizaba una emisión de obligaciones negociables a favor de Pampa Energía por 15 millones de dólares.
 
El fiscal Jorge Di Lello motorizó una imputación contra Luis Caputo, por entonces ministro de Finanzas, por considerar que la operación conllevaba un alto riesgo crediticio para el Estado. Y en marzo aparecía Mcfarlane en busca de quedarse con los activos de Petrobras. Todo cocinado en Olivos.
 
Por Sebastián Premici y Diego Kenis
 
Extractado de El Cohete a la Luna
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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