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Nacionales - 03-04-2021 / 09:04
JUNTO CON LA PANDEMIA CRECE EL ESCÁNDALO DE LA RELACIÓN DE JUECES Y FISCALES CON EL MACRISMO

Ante la suba de contagios, el Gobierno apuesta a la vacunación y la oposición apuesta a la difamación

Ante la suba de contagios, el Gobierno apuesta a la vacunación y la oposición apuesta a la difamación
En medio de la fuerte suba de los casos de coronavirus, el gobierno apuesta a medidas sectoriales y a la vacunación, mientras la oposición puso en marcha su aceitada maquinaria de difamación. Pero junto con la pandemia crece el escándalo de la relación de jueces y fiscales con el macrismo, que se acerca al Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema.
La segunda ola de la pandemia ya igualó los picos de contagio de la primera oleada y, como era de esperar en el comienzo de un año electoral, están los que tratan de sacar rédito del sufrimiento de la sociedad. La patética carta abierta del ala dura del macrismo al Presidente ha sido la evidencia más clara. Presionado por este sector, Horacio Rodríguez Larreta aceptó reunirse con Alberto Fernández pero sin la presencia de Axel Kicillof. Junto con la epidemia crece el escándalo por la relación promiscua de Mauricio Macri con periodistas y funcionarios judiciales involucrados en el lawfare. Inevitablemente estas irregularidades tendrán que ser investigadas por el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema.
 
El macrismo ha puesto en funcionamiento su aceitada maquinaria de difamación. "La gente dice que detrás de este pico de contagios estaría el gobierno", dijo el periodista ultra macrista Nelson Castro. "No te imaginás la cantidad de gente que escribió para decir eso", insistió el galeno haciendo gala de terrorismo sanitario. Lo que se espera de un médico en una pandemia es que contribuya a la solución y no a difundir versiones falsas y alarmistas. "Lo que pasa --continuó-- es que la gente espera cualquier cosa de un gobierno tan desprestigiado". No se entiende cómo el gobierno estaría detrás de algo cuyo costo deberá pagar.
 
Hay una sincronía entre esta afirmación y la carta abierta de los ultra macristas encabezados por Patricia Bullrich, haciendo responsable de todo al gobierno. Cuando informaron sobre esta carta, algunos medios titularon: "El macrismo le recordó a Alberto que la cuarentena disparó la pobreza". La palabra "recordó" implica que el editor coincide con el macrismo y da como un hecho lo que se afirma. Pero lo que hizo aumentar la pobreza, primero fue el macrismo y después la pandemia, no la cuarentena.
 

 
No hace falta hacer ninguna cuenta. Simplemente basta con mirar lo que pasa en Brasil, donde Jair Bolsonaro aplicó las recetas que aconsejan los ultramacristas: "Tasas de mortalidad por coronavirus, por cien mil habitantes, en los últimos siete días, ordenadas de mayor a menor, para Argentina y sus países limítrofes: Brasil 10,3/ Paraguay 4,8 / Uruguay 4,4/ Chile 4,2/ Argentina 1,9/ Bolivia 1,3". Fuente: The Washington Post. (02-04-2021).
 
Brasil vive la peor tragedia sanitaria de su historia con más de 300 mil muertos, aunque las cifras extraoficiales hablan de más de 400 mil. En este momento el índice de desocupación es del 13 por ciento y están paralizadas las fábricas automotrices por un acuerdo entre las empresas y los sindicatos, a contrapelo de la decisión del presidente Bolsonaro de mantener todo en funcionamiento a pesar de la alta cantidad de víctimas que causa la epidemia.
 
La contraposición no es una Argentina en la mejor de las situaciones. También es un país golpeado con más de 50 mil muertos por la pandemia y la crisis que provocó. Es cierto que la cuarentena bajó los índices de mortandad, pero la economía fue afectada igual que en los países que no la aplicaron. El gobierno está ahora en una encrucijada muy difícil. Según el Indec, la pobreza alcanzó al 42 por ciento de los argentinos, o sea que con la pandemia aumentó más de seis puntos del nivel en que la dejó el gobierno de Mauricio Macri.
 
El principal objetivo de la cuarentena estricta, cuando no se contaba con vacunas ni otra herramienta de defensa más que el aislamiento, sirvió para ganar tiempo y preparar un sistema de salud que había sido abandonado durante los cuatro años de macrismo.
 
Ahora cuenta con un sistema fortalecido, aunque extenuado por la etapa anterior. Y tiene una nueva herramienta con las vacunas, que en ese momento no existían. La opción que eligió ha sido no interrumpir la actividad, tomando medidas sectoriales y progresivas, al mismo tiempo que hace una apuesta muy fuerte a las vacunas.
 
Sin medidas de aislamiento más drásticas, lo que queda es una carrera al todo o nada entre el crecimiento de los contagios y los tiempos de la campaña de vacunación.
 
Inglaterra tuvo un comienzo desastroso con la epidemia. Ahora, con una intensa campaña de vacunación, que cubrió rápidamente al 40 por ciento de la población, logró reducir en forma relevante el índice de mortalidad. Pero Chile, con un 20 por ciento de la población vacunada, mantiene un alto índice de mortalidad.
 
En poco tiempo, el gobierno deberá afrontar esos escenarios mientras que la campaña de vacunación ha tenido altibajos y, si bien alcanzó para inmunizar a los trabajadores de la salud y mayores de 80 años, todavía está vacunando a los mayores de 70. CABA ni siquiera empezó con esa franja etaria. La expectativa del gobierno es llegar a julio o agosto con la mitad de la población vacunada. Si se cumple esa meta, la vacuna podría haber limitado drásticamente la circulación del virus y los contagios.
 
Son decisiones difíciles que involucran a todos los ciudadanos. Y en el contexto de estas disyuntivas de las que depende la vida y la salud de millones de personas, aparecen los que tratan de sacar rédito político. Como sucedió en Formosa, cuando los ultramacristas trataron de montarse sobre el descontento de los comerciantes por la decisión del gobernador Gildo Insfrán de volver a Fase 1 en las localidades fronterizas con Paraguay, donde la epidemia está descontrolada.
 
La estupidez de que el gobierno estaría detrás del aumento de los contagios forma parte de la actitud de algunos comunicadores que acompañan las intervenciones del ultramacrismo. No se entiende cómo el gobierno estaría detrás de algo cuyo costo deberá pagar. El retraso de las PASO le conviene más a la oposición, que tiene problemas en su interna. Y además no se trata de un gobierno tan desprestigiado si las encuestas le dan una ventaja sobre la oposición.
 
La oposición tiene sus propios problemas en una interna donde Macri tiene más del 60 por ciento de imagen negativa. Es el político de peor imagen pero disputa la interna contra el sector encabezado por el jefe de gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta. Y crece también el escándalo de la famosa mesa judicial que en algún momento tiene que llegar a la Magistratura, e incluso a la Corte.
 
Las comprobadas y constantes visitas de jueces y fiscales al entonces presidente Macri ponen en duda la imparcialidad de sus fallos, lo que tendría que hacer caer todo el andamiaje judicial de persecución a los opositores del gobierno anterior. Algo similar a lo que pasó en Brasil con las causas contra Lula, cuando se comprobó la parcialidad del juez Sergio Moro.
 
La declaración del fiscal Gabriel De Vedia sobre la persecución mafiosa a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó es un ejemplo de cómo actuaba la mesa judicial. Cuando el fiscal intercedió ante Fabián Rodríguez Simón, el operador judicial de Macri, recibió como respuesta una amenaza contra las hijas de la procuradora si ésta no renunciaba.
 
Como si fuera pieza de la opereta, a las pocas horas, un periodista de Clarín difundió el teléfono de una de las hijas, que empezó a recibir decenas de amenazas. Y tras cartón el juez Julián Ercolini procesó a la procuradora en una causa inventada. Ahora Rodríguez Simón manda saludos desde Punta del Este.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
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12-11-2025 / 11:11
Gobierno libertario solo para la casta de los más ricos. Los "héroes" del Presidente. Marcos Galperín, ferviente defensor de que el Estado no intervenga en la economía, recibe millonarias exenciones impositivas. En un contexto de ajuste fiscal y debates por la reforma tributaria, el Formulario 10-Q presentado por Mercado Libre ante la SEC de Estados Unidos expone una vez más los jugosos beneficios fiscales que el gobierno de Javier Milei le otorga al "unicornio" fundado por Galperín, el hombre más rico de la nación con un patrimonio de 8.300 millones de dólares, según Forbes.
 
La empresa, valorada en más de 106 mil millones de "verdes", reportó ingresos netos de 7.400 millones en el tercer trimestre, un 39 por ciento más que el año anterior, y ganancias de 421 millones de dólares. Sin embargo, detrás de estos números relucientes se esconde un "secreto a voces": exenciones impositivas que superan los 350 millones de dólares en los últimos cinco años.
 
Bajo el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, Mercado Libre accedió en los primeros nueve meses de 2025 a beneficios por 50 millones en Ganancias y 17 millones de dólares en aportes previsionales, un 52 por ciento más que en 2024. "Es un subsidio injusto a una multinacional que no lo necesita", critica el Observatorio del Trabajo Informático (OTI), vinculado a la Asociación Gremial de Computación.
 
A Galperín le perdonaron en 2021: US$ 59 millones, en 2022: US$ 81 millones, en 2023: US$ 109 millones, en 2024: US$ 57 millones, en 2025: US$ 67 millones. Total: US$ 373 millones de impuestos le perdonaron a Galperin en cinco años. Pero los sectores populares tienen que pagar el IVA de los fideos sin chistar.
 
Sectores gremiales y la industria financiera coinciden: con su tamaño colosal, Javier Milei abusa del esquema al encuadrar áreas menores bajo un solo CUIT, mientras evade contribuciones que podrían destinarse a pymes o servicios públicos en crisis. Galperín, exiliado fiscal en Uruguay, predica la libre competencia, pero no duda en alzar la voz contra rivales como Temu y Shein, las plataformas chinas que inundan el mercado con productos baratos.
 
En el Foro Abeceb, Juan Martín de la Serna, presidente de la filial argentina de Mercado Libre, exigió "reglas claras" para importaciones, advirtiendo que amenazan el 90 por ciento de ventas de pymes en la plataforma y el empleo local. "Abrir indiscriminadamente da trabajo a chinos, no a argentinos", sentenció.
 
Ironía pura: el defensor del no intervenciónismo estatal ahora pide regulaciones que protejan su imperio. El cruce en X con Miguel Ángel Pichetto lo desnuda todo. El diputado peronista instó a gravar a estas "economías de plataformas" para cuidar la industria nacional.

Galperín replicó con arrogancia: "No estoy preocupado, competimos exitosamente". Pichetto no se quedó atrás: "Mejor empezá a preocuparte, porque te van a pasar por arriba y ya impactan en empleos de distribución".

Mientras, el Gobierno de Milei discute bajar cargas patronales, pero calla sobre estos privilegios elitistas de los más ricos empresarios. Esta disparidad fiscal alimenta el descontento: ¿por qué el gobierno de Milei regala millones a un magnate mientras mientras los salarios deprimidos de jubilados y trabajadores pagan la crisis?

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