23:56 | Martes 18 de Noviembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 03-04-2021 / 09:04

JUNTO CON LA PANDEMIA CRECE EL ESCÁNDALO DE LA RELACIÓN DE JUECES Y FISCALES CON EL MACRISMO

Ante la suba de contagios, el Gobierno apuesta a la vacunación y la oposición apuesta a la difamación

En medio de la fuerte suba de los casos de coronavirus, el gobierno apuesta a medidas sectoriales y a la vacunación, mientras la oposición puso en marcha su aceitada maquinaria de difamación. Pero junto con la pandemia crece el escándalo de la relación de jueces y fiscales con el macrismo, que se acerca al Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema.

La segunda ola de la pandemia ya igualó los picos de contagio de la primera oleada y, como era de esperar en el comienzo de un año electoral, están los que tratan de sacar rédito del sufrimiento de la sociedad. La patética carta abierta del ala dura del macrismo al Presidente ha sido la evidencia más clara. Presionado por este sector, Horacio Rodríguez Larreta aceptó reunirse con Alberto Fernández pero sin la presencia de Axel Kicillof. Junto con la epidemia crece el escándalo por la relación promiscua de Mauricio Macri con periodistas y funcionarios judiciales involucrados en el lawfare. Inevitablemente estas irregularidades tendrán que ser investigadas por el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema.

El macrismo ha puesto en funcionamiento su aceitada maquinaria de difamación. "La gente dice que detrás de este pico de contagios estaría el gobierno", dijo el periodista ultra macrista Nelson Castro. "No te imaginás la cantidad de gente que escribió para decir eso", insistió el galeno haciendo gala de terrorismo sanitario. Lo que se espera de un médico en una pandemia es que contribuya a la solución y no a difundir versiones falsas y alarmistas. "Lo que pasa --continuó-- es que la gente espera cualquier cosa de un gobierno tan desprestigiado". No se entiende cómo el gobierno estaría detrás de algo cuyo costo deberá pagar.

Hay una sincronía entre esta afirmación y la carta abierta de los ultra macristas encabezados por Patricia Bullrich, haciendo responsable de todo al gobierno. Cuando informaron sobre esta carta, algunos medios titularon: "El macrismo le recordó a Alberto que la cuarentena disparó la pobreza". La palabra "recordó" implica que el editor coincide con el macrismo y da como un hecho lo que se afirma. Pero lo que hizo aumentar la pobreza, primero fue el macrismo y después la pandemia, no la cuarentena.

No hace falta hacer ninguna cuenta. Simplemente basta con mirar lo que pasa en Brasil, donde Jair Bolsonaro aplicó las recetas que aconsejan los ultramacristas: "Tasas de mortalidad por coronavirus, por cien mil habitantes, en los últimos siete días, ordenadas de mayor a menor, para Argentina y sus países limítrofes: Brasil 10,3/ Paraguay 4,8 / Uruguay 4,4/ Chile 4,2/ Argentina 1,9/ Bolivia 1,3". Fuente: The Washington Post. (02-04-2021).

Brasil vive la peor tragedia sanitaria de su historia con más de 300 mil muertos, aunque las cifras extraoficiales hablan de más de 400 mil. En este momento el índice de desocupación es del 13 por ciento y están paralizadas las fábricas automotrices por un acuerdo entre las empresas y los sindicatos, a contrapelo de la decisión del presidente Bolsonaro de mantener todo en funcionamiento a pesar de la alta cantidad de víctimas que causa la epidemia.

La contraposición no es una Argentina en la mejor de las situaciones. También es un país golpeado con más de 50 mil muertos por la pandemia y la crisis que provocó. Es cierto que la cuarentena bajó los índices de mortandad, pero la economía fue afectada igual que en los países que no la aplicaron. El gobierno está ahora en una encrucijada muy difícil. Según el Indec, la pobreza alcanzó al 42 por ciento de los argentinos, o sea que con la pandemia aumentó más de seis puntos del nivel en que la dejó el gobierno de Mauricio Macri.

El principal objetivo de la cuarentena estricta, cuando no se contaba con vacunas ni otra herramienta de defensa más que el aislamiento, sirvió para ganar tiempo y preparar un sistema de salud que había sido abandonado durante los cuatro años de macrismo.

Ahora cuenta con un sistema fortalecido, aunque extenuado por la etapa anterior. Y tiene una nueva herramienta con las vacunas, que en ese momento no existían. La opción que eligió ha sido no interrumpir la actividad, tomando medidas sectoriales y progresivas, al mismo tiempo que hace una apuesta muy fuerte a las vacunas.

Sin medidas de aislamiento más drásticas, lo que queda es una carrera al todo o nada entre el crecimiento de los contagios y los tiempos de la campaña de vacunación.

Inglaterra tuvo un comienzo desastroso con la epidemia. Ahora, con una intensa campaña de vacunación, que cubrió rápidamente al 40 por ciento de la población, logró reducir en forma relevante el índice de mortalidad. Pero Chile, con un 20 por ciento de la población vacunada, mantiene un alto índice de mortalidad.

En poco tiempo, el gobierno deberá afrontar esos escenarios mientras que la campaña de vacunación ha tenido altibajos y, si bien alcanzó para inmunizar a los trabajadores de la salud y mayores de 80 años, todavía está vacunando a los mayores de 70. CABA ni siquiera empezó con esa franja etaria. La expectativa del gobierno es llegar a julio o agosto con la mitad de la población vacunada. Si se cumple esa meta, la vacuna podría haber limitado drásticamente la circulación del virus y los contagios.

Son decisiones difíciles que involucran a todos los ciudadanos. Y en el contexto de estas disyuntivas de las que depende la vida y la salud de millones de personas, aparecen los que tratan de sacar rédito político. Como sucedió en Formosa, cuando los ultramacristas trataron de montarse sobre el descontento de los comerciantes por la decisión del gobernador Gildo Insfrán de volver a Fase 1 en las localidades fronterizas con Paraguay, donde la epidemia está descontrolada.

La estupidez de que el gobierno estaría detrás del aumento de los contagios forma parte de la actitud de algunos comunicadores que acompañan las intervenciones del ultramacrismo. No se entiende cómo el gobierno estaría detrás de algo cuyo costo deberá pagar. El retraso de las PASO le conviene más a la oposición, que tiene problemas en su interna. Y además no se trata de un gobierno tan desprestigiado si las encuestas le dan una ventaja sobre la oposición.

La oposición tiene sus propios problemas en una interna donde Macri tiene más del 60 por ciento de imagen negativa. Es el político de peor imagen pero disputa la interna contra el sector encabezado por el jefe de gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta. Y crece también el escándalo de la famosa mesa judicial que en algún momento tiene que llegar a la Magistratura, e incluso a la Corte.

Las comprobadas y constantes visitas de jueces y fiscales al entonces presidente Macri ponen en duda la imparcialidad de sus fallos, lo que tendría que hacer caer todo el andamiaje judicial de persecución a los opositores del gobierno anterior. Algo similar a lo que pasó en Brasil con las causas contra Lula, cuando se comprobó la parcialidad del juez Sergio Moro.

La declaración del fiscal Gabriel De Vedia sobre la persecución mafiosa a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó es un ejemplo de cómo actuaba la mesa judicial. Cuando el fiscal intercedió ante Fabián Rodríguez Simón, el operador judicial de Macri, recibió como respuesta una amenaza contra las hijas de la procuradora si ésta no renunciaba.

Como si fuera pieza de la opereta, a las pocas horas, un periodista de Clarín difundió el teléfono de una de las hijas, que empezó a recibir decenas de amenazas. Y tras cartón el juez Julián Ercolini procesó a la procuradora en una causa inventada. Ahora Rodríguez Simón manda saludos desde Punta del Este.

Por Luis Bruschtein

Fuente: Página12

18-11-2025 / 10:11

Las pruebas de la participación de Milei en la estafa $LIBRA ya está en las manos de la justicia

De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.

Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.

La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.

Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.

Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.

En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.

La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.

Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.

En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

17-11-2025 / 10:11

El plan de la derecha cipaya para convertir Argentina en la colonia yanqui de Trump

16-11-2025 / 09:11

Coimeros: Macri, Milei, Spagnuolo y la trama detrás de los sobre precios increíbles y el 3% para la hermana Karina

El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.

Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.

Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.

En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".

La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.

Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.

A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.

El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.

15-11-2025 / 10:11

La falacia de los precios y la pobreza: la inflación sigue subiendo, pero el Indec no refleja la realidad

Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.

Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.

Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.

La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.

La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.

La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.

En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.

La Opinión Popular

15-11-2025 / 09:11

Miserable sumisión del gobierno del cipayo Javier Milei a Donald Trump

En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza.

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".

Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.

Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.

En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.

No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.

Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.

La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.

La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía.