La Opinión Popular
                  19:43  |  Viernes 19 de Diciembre de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

Por
“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
Recomendar Imprimir
Nacionales - 01-04-2021 / 09:04
ARGENTINA TIENE MAS DE 19 MILLONES DE POBRES Y CASI 5 MILLONES DE INDIGENTES

Macri generó más pobres en 2019 que la pandemia en 2020

Macri generó más pobres en 2019 que la pandemia en 2020
A pesar del estremecedor daño que generó la pandemia en 2020 a los más desprotegidos de la sociedad, el balance contra 2019 marca que Mauricio Macri provocó un mayor aumento de la pobreza en un contexto de normalidad.
Las últimas cifras que brindó el Indec reflejaron el duro impacto de la pandemia del coronavirus sobre los sectores más vulnerables. Sin embargo, un dato relevante que se desprende del informe oficial es que sin pandemia, la gestión de Mauricio Macri generó casi un millón de pobres más en 2019, en un contexto de anormalidad nunca antes visto para la actividad económica y el aparato productivo.

De acuerdo al organismo estadístico, el 42% de la población es pobre. Se trata de 19 millones de argentinos que estuvieron por debajo de la línea de pobreza durante el segundo semestre de 2020. En comparación al primer semestre, cuando inició la pandemia, el indicador creció sólo 1,1 puntos gracias al impacto positivo de las medidas de asistencia social que promovió el Gobierno 
(AUH, IFE, Alimentar, ATP y otros programas) en los peores meses de la crisis sanitaria.


Ahora bien, la comparativa entre el primer semestre de 2018 y el de 2019 es incluso peor. Durante ese lapso de tiempo, el derrumbe del modelo económico neoliberal provocó que 3.761.305 personas se sumen a los que no pueden acumular ingresos superiores a la canasta básica total (CBT). Esto quiere decir que, sin pandemia, el macrismo produjo cerca de 800.000 más pobres que durante el periodo abarcado por el aislamiento social, preventivo y obligatorio. La cifra se traduce en 1,6 puntos porcentuales más.

Cabe recordar que el salto más grande se produjo en paralelo a la pérdida del rumbo económico por parte de Cambiemos. Argentina entró en una grave crisis en 2018, cuando el macrismo se autogeneró la primera de sus tres crisis cambiarias, con lo cual se disparó la inflación, además de elevar el desempleo a dos dígitos en ese transcurso. Una política económica letal, que se profundizó en los dos últimos años de macrismo.



 
Ahora, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 31,6%, en donde residen el 42% de las personas. En el primer semestre, tras el comienzo de la pandemia, el 40,9% de los individuos no podían satisfacer sus necesidades básicas, por lo que el guarismo se incrementó 1,1 puntos. En el segundo semestre de 2019, el macrismo le entregó a Alberto Fernández un país con 35,5% de pobres que fueron generados sin una crisis mundial, sino por políticas económicas neoliberales propias.
 
El Indec reveló también que en el segundo semestre de 2020 el 7,8% de los hogares se encuentran por debajo de la línea de indigencia, donde reside el 10,5% de las personas. La cantidad de indigentes se mantuvo respecto al cierre del primer semestre, pero se incrementó 2,5 puntos porcentuales de forma interanual.
 
Para el universo de los 31 aglomerados urbanos que mide la Encuesta Permanente de Hogares, la pobreza afecta a 12 millones personas y, dentro de ese conjunto, y en ese universo se incluyen a tres millones personas indigentes. Extrapolada esta cifra a la totalidad de habitantes del país da que 18,9 millones de personas son consideradas pobres.
 
Al observar la comparación interanual, se puede notar que la pobreza aumentó 6,5 puntos porcentuales. Entre el segundo semestre de 2019 y el mismo periodo de 2020, el colapso de la pandemia generó que alrededor de 2.900.000 personas ingresen bajo el rango de pobreza.
 
La Opinión Popular
 
 
EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 LLEGÓ AL 42%. LA INDIGENCIA, EN 10,5%
 
Aumentó la pobreza con el impacto de la pandemia
 
La pobreza se ubicó en el 42 por ciento de la población argentina en el segundo semestre del 2020, lo cual implica una fuerte suba con respecto al 35,5 por ciento del mismo período del 2019, informó este miércoles el Indec.
 
Dentro del universo de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que abarca a los 31 aglomerados urbanos del país, la cantidad de personas en situación de pobreza pasó en el curso del último año de casi 10 a 12 millones. Desde el segundo semestre de 2016, cuando el Indec cambió la metodología de cálculo de la pobreza, el indicador pasó de 30,3 por ciento al 42 por ciento.
 
En cuanto a la indigencia, la foto en el segundo semestre del 2020 muestra un 10,5 por ciento, por encima del 8 por ciento del mismo período de 2019. En las urbes que mide la EPH hay 3 millones de personas indigentes. El dramático cuadro social muestra el impacto negativo de la pandemia sobre los ingresos y empleo junto a la dinámica de la inflación en alimentos.
 
 
En perspectiva
  
El informe oficial publicado ayer correspondiente al segundo semestre del año pasado muestra que casi uno de cada tres hogares está en situación de pobreza. Se trata del 31,6 por ciento de las familias, que supone el 42 por ciento de las personas. En consecuencia, sólo el 58 por ciento de las personas no son pobres. Dentro del conjunto que está por debajo de la línea de pobreza, el 7,8 por ciento de los hogares, que implica el 10,5 por ciento de las personas, es indigente.
 
Para poner estos datos en perspectiva, vale utilizar la serie de datos desarrollada por los investigadores Guido Zack, Daniel Schteingart y Federico Favata, quienes encontraron que bajo la metodología actual, la pobreza hubiera sido del 57 por ciento en 2003. Para encontrar un valor como el actual (42 por ciento) hay que remontarse a mediados de 2006.
 
En relación a los datos del segundo semestre del 2019, la cantidad de hogares/personas en situación de pobreza aumentó en un 18,3 por ciento. En el caso de la cantidad de hogares/personas indigentes, el incremento interanual fue del 31,3 por ciento.
 
Entre octubre 2001 y mayo de 2002, en la mayor crisis socio-económica de la historia argentina, la cantidad de hogares/personas en situación de pobreza subió un 38 por ciento, mientras que la indigencia saltó un 82 por ciento.
 
 
Más lejos
  
En el segundo semestre de 2020, el ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de 29.567 pesos, mientras que la canasta básica, que se utiliza para definir la línea de pobreza, alcanzó los 50.854 pesos. La distancia entre el ingreso y la canasta también subió, es decir que no sólo hay mayor cantidad de pobres sino que los pobres están más lejos de revertir su situación.
 
Entre los niños (de 0 a 14 años) la pobreza asciende al 57,7 por ciento, de modo que en el país hay más personas de esa edad que son pobres que los que no lo son. Un año atrás, ese número estaba en el 52,3 por ciento. También subió fuerte la pobreza en la franja de 15 a 29 años, desde 42,5 por ciento a 49,2 por ciento. Entre los 30 y 64 años, el avance fue de 30,5 a 37,2 por ciento. En este contexto, un dato no tan malo es la relativa estabilidad de la pobreza en la franja de 65 años y más, dado que pasó del 11,3 al 11,9 por ciento.
 
El desagregado regional muestra que en el Conurbano bonaerense la pobreza llegó al 51 por ciento de las personas y la indigencia, al 15,2 por ciento. Un año atrás, la pobreza en ese distrito era del 40,5 por ciento y la indigencia, del 11,3 por ciento. En el segundo semestre de 2018, la pobreza en el Conurbano era del 35,9 por ciento. También superó el promedio de pobreza el Gran Mendoza (44 por ciento), Gran Resistencia (53,6), Gran Tucumán-Tafí Viejo (43,5) y Concordia (49,5).
 
 
Pierden la carrera
 
La suba de la pobreza se explica por ingresos que son superados por la evolución de los precios de los alimentos y de los servicios básicos. Por el lado de los ingresos, el Indec calculó que en diciembre pasado frente al mismo mes de 2019 el avance del salario fue del 33 por ciento. Pero además, según el Ministerio de Trabajo el empleo registrado perdió 222 mil puestos a lo largo del año. Es de suponer que el impacto entre los no registrados haya sido mucho mayor.
 
En el mismo período, el capítulo de alimentos y bebidas del IPC-Indec subió un 42,1 por ciento, con especial subas en carnes y derivados, frutas, verduras y legumbres. Por ello, la canasta alimentaria, que define la línea de indigencia, avanzó en 2020 un 45,5 por ciento.  Gracias al congelamiento de los servicios públicos, la suba de la canasta básica fue algo más moderada, del 39,1 por ciento.
 
El 2020 arrojó entonces una retracción del empleo en conjunto con un fuerte deterioro del poder adquisitivo de las personas que mantuvieron su puesto. Esto se dio en un contexto de pandemia pero también de fuertes controles de precios y congelamiento en muchos rubros, algo que este año no va a continuar en esa magnitud. Los datos también muestran que las medidas oficiales para contener el impacto de la pandemia, si bien permitieron que la situación no empeorara todavía más, es a las claras insuficiente para contener la retracción del ya muy deteriorado tejido social.
 
Por Javier Lewkowicz
 
Fuente: Página12
 

Agreganos como amigo a Facebook
Macri generó más pobres en 2019 que la pandemia en 2020
La pobreza alcanzó al 42% de las personas y al 31,6% de los hogares en el 2° semestre de 2020.
19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar