09:41 | Sabado 03 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 01-04-2021 / 09:04

ARGENTINA TIENE MAS DE 19 MILLONES DE POBRES Y CASI 5 MILLONES DE INDIGENTES

Macri generó más pobres en 2019 que la pandemia en 2020

A pesar del estremecedor daño que generó la pandemia en 2020 a los más desprotegidos de la sociedad, el balance contra 2019 marca que Mauricio Macri provocó un mayor aumento de la pobreza en un contexto de normalidad.

Las últimas cifras que brindó el Indec reflejaron el duro impacto de la pandemia del coronavirus sobre los sectores más vulnerables. Sin embargo, un dato relevante que se desprende del informe oficial es que sin pandemia, la gestión de Mauricio Macri generó casi un millón de pobres más en 2019, en un contexto de anormalidad nunca antes visto para la actividad económica y el aparato productivo.

De acuerdo al organismo estadístico, el 42% de la población es pobre. Se trata de 19 millones de argentinos que estuvieron por debajo de la línea de pobreza durante el segundo semestre de 2020. En comparación al primer semestre, cuando inició la pandemia, el indicador creció sólo 1,1 puntos gracias al impacto positivo de las medidas de asistencia social que promovió el Gobierno (AUH, IFE, Alimentar, ATP y otros programas) en los peores meses de la crisis sanitaria.

Ahora bien, la comparativa entre el primer semestre de 2018 y el de 2019 es incluso peor. Durante ese lapso de tiempo, el derrumbe del modelo económico neoliberal provocó que 3.761.305 personas se sumen a los que no pueden acumular ingresos superiores a la canasta básica total (CBT). Esto quiere decir que, sin pandemia, el macrismo produjo cerca de 800.000 más pobres que durante el periodo abarcado por el aislamiento social, preventivo y obligatorio. La cifra se traduce en 1,6 puntos porcentuales más.

Cabe recordar que el salto más grande se produjo en paralelo a la pérdida del rumbo económico por parte de Cambiemos. Argentina entró en una grave crisis en 2018, cuando el macrismo se autogeneró la primera de sus tres crisis cambiarias, con lo cual se disparó la inflación, además de elevar el desempleo a dos dígitos en ese transcurso. Una política económica letal, que se profundizó en los dos últimos años de macrismo.

Ahora, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 31,6%, en donde residen el 42% de las personas. En el primer semestre, tras el comienzo de la pandemia, el 40,9% de los individuos no podían satisfacer sus necesidades básicas, por lo que el guarismo se incrementó 1,1 puntos. En el segundo semestre de 2019, el macrismo le entregó a Alberto Fernández un país con 35,5% de pobres que fueron generados sin una crisis mundial, sino por políticas económicas neoliberales propias.

El Indec reveló también que en el segundo semestre de 2020 el 7,8% de los hogares se encuentran por debajo de la línea de indigencia, donde reside el 10,5% de las personas. La cantidad de indigentes se mantuvo respecto al cierre del primer semestre, pero se incrementó 2,5 puntos porcentuales de forma interanual.

Para el universo de los 31 aglomerados urbanos que mide la Encuesta Permanente de Hogares, la pobreza afecta a 12 millones personas y, dentro de ese conjunto, y en ese universo se incluyen a tres millones personas indigentes. Extrapolada esta cifra a la totalidad de habitantes del país da que 18,9 millones de personas son consideradas pobres.

Al observar la comparación interanual, se puede notar que la pobreza aumentó 6,5 puntos porcentuales. Entre el segundo semestre de 2019 y el mismo periodo de 2020, el colapso de la pandemia generó que alrededor de 2.900.000 personas ingresen bajo el rango de pobreza.

La Opinión Popular

EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 LLEGÓ AL 42%. LA INDIGENCIA, EN 10,5%

Aumentó la pobreza con el impacto de la pandemia

La pobreza se ubicó en el 42 por ciento de la población argentina en el segundo semestre del 2020, lo cual implica una fuerte suba con respecto al 35,5 por ciento del mismo período del 2019, informó este miércoles el Indec.

Dentro del universo de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que abarca a los 31 aglomerados urbanos del país, la cantidad de personas en situación de pobreza pasó en el curso del último año de casi 10 a 12 millones. Desde el segundo semestre de 2016, cuando el Indec cambió la metodología de cálculo de la pobreza, el indicador pasó de 30,3 por ciento al 42 por ciento.

En cuanto a la indigencia, la foto en el segundo semestre del 2020 muestra un 10,5 por ciento, por encima del 8 por ciento del mismo período de 2019. En las urbes que mide la EPH hay 3 millones de personas indigentes. El dramático cuadro social muestra el impacto negativo de la pandemia sobre los ingresos y empleo junto a la dinámica de la inflación en alimentos.

En perspectiva

El informe oficial publicado ayer correspondiente al segundo semestre del año pasado muestra que casi uno de cada tres hogares está en situación de pobreza. Se trata del 31,6 por ciento de las familias, que supone el 42 por ciento de las personas. En consecuencia, sólo el 58 por ciento de las personas no son pobres. Dentro del conjunto que está por debajo de la línea de pobreza, el 7,8 por ciento de los hogares, que implica el 10,5 por ciento de las personas, es indigente.

Para poner estos datos en perspectiva, vale utilizar la serie de datos desarrollada por los investigadores Guido Zack, Daniel Schteingart y Federico Favata, quienes encontraron que bajo la metodología actual, la pobreza hubiera sido del 57 por ciento en 2003. Para encontrar un valor como el actual (42 por ciento) hay que remontarse a mediados de 2006.

En relación a los datos del segundo semestre del 2019, la cantidad de hogares/personas en situación de pobreza aumentó en un 18,3 por ciento. En el caso de la cantidad de hogares/personas indigentes, el incremento interanual fue del 31,3 por ciento.

Entre octubre 2001 y mayo de 2002, en la mayor crisis socio-económica de la historia argentina, la cantidad de hogares/personas en situación de pobreza subió un 38 por ciento, mientras que la indigencia saltó un 82 por ciento.

Más lejos

En el segundo semestre de 2020, el ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de 29.567 pesos, mientras que la canasta básica, que se utiliza para definir la línea de pobreza, alcanzó los 50.854 pesos. La distancia entre el ingreso y la canasta también subió, es decir que no sólo hay mayor cantidad de pobres sino que los pobres están más lejos de revertir su situación.

Entre los niños (de 0 a 14 años) la pobreza asciende al 57,7 por ciento, de modo que en el país hay más personas de esa edad que son pobres que los que no lo son. Un año atrás, ese número estaba en el 52,3 por ciento. También subió fuerte la pobreza en la franja de 15 a 29 años, desde 42,5 por ciento a 49,2 por ciento. Entre los 30 y 64 años, el avance fue de 30,5 a 37,2 por ciento. En este contexto, un dato no tan malo es la relativa estabilidad de la pobreza en la franja de 65 años y más, dado que pasó del 11,3 al 11,9 por ciento.

El desagregado regional muestra que en el Conurbano bonaerense la pobreza llegó al 51 por ciento de las personas y la indigencia, al 15,2 por ciento. Un año atrás, la pobreza en ese distrito era del 40,5 por ciento y la indigencia, del 11,3 por ciento. En el segundo semestre de 2018, la pobreza en el Conurbano era del 35,9 por ciento. También superó el promedio de pobreza el Gran Mendoza (44 por ciento), Gran Resistencia (53,6), Gran Tucumán-Tafí Viejo (43,5) y Concordia (49,5).

Pierden la carrera

La suba de la pobreza se explica por ingresos que son superados por la evolución de los precios de los alimentos y de los servicios básicos. Por el lado de los ingresos, el Indec calculó que en diciembre pasado frente al mismo mes de 2019 el avance del salario fue del 33 por ciento. Pero además, según el Ministerio de Trabajo el empleo registrado perdió 222 mil puestos a lo largo del año. Es de suponer que el impacto entre los no registrados haya sido mucho mayor.

En el mismo período, el capítulo de alimentos y bebidas del IPC-Indec subió un 42,1 por ciento, con especial subas en carnes y derivados, frutas, verduras y legumbres. Por ello, la canasta alimentaria, que define la línea de indigencia, avanzó en 2020 un 45,5 por ciento. Gracias al congelamiento de los servicios públicos, la suba de la canasta básica fue algo más moderada, del 39,1 por ciento.

El 2020 arrojó entonces una retracción del empleo en conjunto con un fuerte deterioro del poder adquisitivo de las personas que mantuvieron su puesto. Esto se dio en un contexto de pandemia pero también de fuertes controles de precios y congelamiento en muchos rubros, algo que este año no va a continuar en esa magnitud. Los datos también muestran que las medidas oficiales para contener el impacto de la pandemia, si bien permitieron que la situación no empeorara todavía más, es a las claras insuficiente para contener la retracción del ya muy deteriorado tejido social.

Por Javier Lewkowicz

Fuente: Página12

La pobreza alcanzó al 42% de las personas y al 31,6% de los hogares en el 2° semestre de 2020.

02-01-2026 / 10:01

SIDE: la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos, gremialistas y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".