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Entre Ríos - 31-03-2021 / 12:03
LA RECIENTE RENOVACIÓN, JUDICIALIZADA

Alejandro Carbó fue a la Justicia para impugnar a las nuevas autoridades de la UCR

Alejandro Carbó fue a la Justicia para impugnar a las nuevas autoridades de la UCR
Alejandro Carbó, abogado de Paraná, impugnó a una decena de dirigentes que integran la lista única con la que se renovó el Comité Provincial de la UCR. Los denuncia por no estar al día con los aportes al partido. El Tribunal Electoral partidario rechazó su planteo y apeló a la Justicia Federal.
 
Alejandro Carbó era el que, en esta instancia interna, se postulaba como presidente del Comité Provincial por Futuro Entrerriano. Sin embargo, diferencias en su propio grupo hicieron que su lista no se presentara y su sector terminara quedando fuera del acuerdo de unidad. Hubo dos dirigentes de ese espacio, Gracia Jaroslavsky y Elvio Salcedo, que sin embargo se integraron a la lista única en acuerdos personales.
 
Carbó, que fue por muchos años apoderado de la UCR de Entre Ríos, se molestó en particular porque su lista (la que finalmente no presentó) se había armado verificando el requisito de la carta orgánica que impide ser candidato en una interna a quienes adeuden aportes al partido. Y, según sus datos, eso fue justamente lo que no hizo la lista de unidad.
 
El partido radical de Entre Ríos se financia con el aporte del 10% del sueldo que cobran los dirigentes que ocupan cargos políticos, electivos y no electivos. El tema de los aportes se había metido en la interna la semana misma del cierre de listas.
 
 
Los impugnados
  
Dentro de los plazos previstos, y una vez presentada la lista única, Carbó impugnó ante el Tribunal Electoral de la UCR a una decena de dirigentes que, según sus averiguaciones, no figuraban en los balances del partido de 2019 como aportantes.
 
En la lista aparecen primeras líneas de Construir, como la candidata a Vicepresidente Flavia Pamberger (funcionaria política del Municipio de General Ramírez); el Primer Delegado al Comité Nacional, Bruno Sarubi (por segundo período intendente de La Paz); el Secretario de Prensa y Medios, Uriel Brupbacher (diputado provincial y exintendente de Viale), el Vocal Noveno, Román Troncoso (exintendente de Maciá); el Vocal Tercero, Julián Maneiro (diputado provincial, ex funcionario de la Municipalidad de Crespo); el candidato a Tesorero Rubén Dal Molin (senador provincial, exfuncionario político del Municipio de Chajarí).
 
También dos dirigentes enrolados en Alternativa Radical: El Vocal Séptimo, Alfredo Blochinger (exintendente de Bovril), y la Vocal suplente cuarta, Sara Foletto (diputada provincial, ex Presidente Municipal de Alcaraz).
 
La lista de impugnados por Carbó se completa con un dirigente de la corriente Illia, el Delegado al Comité Nacional Suplente, Gustavo Curvale (como funcionario de Cámara de Diputados).
 
Fuera del Comité Provincial, también incluyó al candidato a presidente del Comité Paraná Campaña, Carlos Alberto Lencina (Presidente Municipal de Hernandarias), otro dirigente de Construir.
 
El escrito de Carbó carga las tintas sobre la Tesorera del partido, Gabriela Lena, por "no haber cumplido sus obligaciones" de requerir "en tiempo y forma el pago a los morosos". La diputada Lena es de la Illia, pero no adeuda aportes.
 
En clave interna, las impugnaciones golpean más que nada a Construir, el nuevo grupo de los intendentes de la UCR que fue el socio más importante de la corriente Illia para cerrar el acuerdo de lista única.
 
 
En manos de la Justicia Federal
 
El Tribunal Electoral de la UCR rechazó el planteo de Carbó. Aseguró que los miembros de la lista única que encabeza Jorge Monge no poseen deudas con el partido "al momento de ser aprobadas sus candidaturas".
 
Carbó recurrió entonces a la Justicia Federal con competencia electoral para pedir la suspensión de la proclamación de la lista única hasta tanto se aporten pruebas de que todos sus miembros estaban al día con los aportes, pero no "al momento de ser aprobadas sus candidaturas", sino en la fecha 27 de octubre de 2020.
 
Ese era el plazo previsto en el cronograma de las elecciones que iban a realizarse en noviembre del año pasado y que se aplazaron por la pandemia para el 18 de abril. La fecha para ponerse al día con los aportes al partido no se modificó en la nueva convocatoria a elecciones. Hay quienes ven en ese detalle burocrático la mano de la corriente Illia, que hacia fin de año se veía venir la formación de Construir, el nuevo grupo integrado centralmente por intendentes, habitualmente los más morosos en materia de aportes.
 
Algunos intendentes y concejales no aportan. Pero otros, por razones políticas, hacen aportes a las sedes locales de sus partidos, cuando por ley debería hacerlo a una cuenta única del partido, que centraliza el Comité Provincial. Se aseguran de ese modo que el dinero llegue a su ciudad y no dependa de que el partido provincial lo "coparticipe" a las sedes departamentales y de ciudad. Esos aportes no existen para los balances de la UCR provincial.
 
Por Pablo Bizai
 
Fuente: Página Política
 
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El gobernador Rogelio Frigerio, el títere entrerriano de Javier Milei, reunido con el ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de las rondas que realiza el Ejecutivo Nacional para lograr, mediante extorsión, los votos necesarios para aprobar el polémico proyecto, le dio su apoyo a la reforma laboral esclavista, que no crea empleo y es inconstitucional. Frigerio lo hizo con la falsa excusa de que estaría "orientada a promover el empleo formal". Es el verso patronal de que esta reforma va a generar empleo y blanquear trabajadores, de lo que no hay ni un antecedente. Porqué seguir quitando derechos laborales empeora las condiciones de vida del conjunto, deteriora la economía, destruye el consuno, genera desempleos y sólo engrosa los bolsillos empresarios.
 
Frente a esta iniciativa libertaria que promueve bajar el costo salarial para beneficiar a las grandes empresas, precarizando, flexibilizando y esclavizando a las y los trabajadores, el Partido Justicialista de Entre Ríos rechazó enfáticamente el proyecto de reforma laboral anarco capitalista de Milei, llamó a los legisladores nacionales entrerrianos a que voten en contra y cuestionó el acompañamiento obsecuente y acrítico del gobernador Frigerio, manifestado ante la prensa en la conferencia junto al ministro Santilli.

El proyecto de Milei, con la complicidad de Frigerio, se impulsa en medio de la caída del consumo, cierre de empresas, reducción y despido de personal, turnos de trabajo más cortos, endeudamiento récord de familias, mora en pagos de pymes, obra pública nacional extinta, salarios y jubilaciones por el piso, una inflación todavía alta para una actividad económica muy retraída, quita de subsidios al transporte, el gas y la electricidad y aumento de combustibles... 
Y la baja de contribuciones patronales, el fondo para bancar los despidos privados y los recortes impositivos previstos desfinancian a las provincias.


"El proyecto de reforma laboral de Javier Milei es otra iniciativa destinada a beneficiar exclusivamente a los más ricos del país, quitarles derechos a los trabajadores, generar más pobreza e indigencia y hacer crecer los índices de desempleo en el pueblo argentino", destacó el PJ de Entre Ríos. "Del repaso del proyecto de Ley se advierte que prácticamente todas las reformas son lisa y llanamente quita o retroceso en materia de derechos laborales, beneficios a los empleadores -en particular a las grandes empresas- y derogaciones de legislaciones que fueron conquistas de largas luchas obreras en nuestro país. No es una reforma laboral, es un nuevo proyecto de flexibilización de los derechos de los trabajadores".

"Como peronistas es imposible acompañar este atropello al legado histórico de Juan Perón y el Peronismo, que hicieron efectivos estos derechos que hoy son atacados por el gobierno ultraderechista y neoliberal de Milei", agregaron desde el PJ entrerriano.
 
"La legislación sobre el banco de horas solo condicionará a los trabajadores para que extiendan su jornada laboral resignando su tiempo personal y familiar de vida. La indemnización por despido convertida en un Fondo de Cese Laboral facilitará echar trabajadores, haciendo los despidos más baratos para las empresas más poderosas. La extensión del periodo de prueba para las trabajadoras de casas particulares, sumada a la eliminación de las multas por falta de registración, dará luz verde al trabajo en negro en el empleo doméstico", enumeraron desde el PJ de Entre Ríos en su documento.
 
Luego, añadieron: "La regulación del empleo de las plataformas tecnológicas, -como Pedidos Ya, Rappi o Uber por dar ejemplos-, permitiendo que las empresas que controlan las plataformas no estén obligadas a proveer a los trabajadores de elementos de seguridad, ni a pagar seguros de accidentes de trabajo, es un abuso de poder injustificable".
 
"A estos puntos se deben sumar el fin de la ultra actividad de los Convenios Colectivos de Trabajo, la imposición de límites a asambleas y tutelas gremiales limitando el derecho a huelga, la nueva forma de cálculo de las indemnizaciones con la finalidad de achicar, aún más, el monto de la indemnización, etc. No hay nada bueno para los trabajadores. Todo el proyecto es contrario al Art. 14 bis de la Constitución Nacional y confiamos que muchas de las reformas, en caso de ser aprobadas, serán cuestionadas en la Justicia".
 

 

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