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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 27-03-2021 / 10:03
EN LA CUMBRE POR LOS 30 AÑOS DEL MERCOSUR, EL PRESIDENTE RESPONDIÓ ANTE LA CHICANA DE SU PAR DE URUGUAY

Lacalle Pou se quiso hacer el picante pero Alberto le bajó los humos y le paró el carro

Lacalle Pou se quiso hacer el picante pero Alberto le bajó los humos y le paró el carro
Alberto defendió al Mercosur del embate de Brasil y Uruguay. Mientras Brasil y Uruguay piden un bloque menos proteccionista, con un arancel externo no tan alto y más abierto a acordar con otros mercados, Argentina despliega en el país una política más enfocada a restringir importaciones para reforzar la industria local.
El presidente Alberto Fernández encabezó una tensa reunión del Mercosur en la que se cruzó con algunos de sus pares, especialmente con el uruguayo Luis Lacalle Pou, por sus pedidos junto al brasileño Jair Bolsonaro y el paraguayo Miguel Abdo Benítez de "flexibilizar" el bloque regional para el comercio internacional.
 
En su discurso, Lacalle Pou dijo: "Tenemos que avanzar en las negociaciones con otros bloques. Nosotros no estamos conformes. Creemos que es bueno iniciar diálogo y sentarse a la mesa, pero la suma de situaciones en las cuales no capitalizan estos acuerdos generan frustraciones".
 
Y agregó: "Casi todos los presidentes que hablaron antes que yo hablaron de pragmatismo, me quiero subir a ese concepto, librado de ideologías. Obviamente que el Mercosur pesa, obviamente que su producción pesa en el concierto internacional, lo que no debe y no puede ser es que sea un lastre".
 
En el cierre de la cumbre, Alberto Fernández cruzó durísimo a Lacalle Pou. "Si nos hemos convertido en una carga, lo lamento. La verdad es que no queremos ser una carga para nadie. Una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco y lo más fácil es bajarse del barco si la carga pesa mucho", disparó.
 
El mandatario pidió terminar con "esas ideas que ayudan tan poco" a la unidad. "No queremos ser un lastre para nadie. Si somos un lastre, tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie", respondió. Tal fue la tensión que hubo en el encuentro, que Bolsonaro se retiró del Zoom grupal antes de que terminara la reunión.
 

 
Antes, Alberto Fernández había dicho: "El Mercosur no es un bloque cerrado al comercio exterior sino una plataforma". Insistió en ese marco con la necesidad de revisar arancel externo común. En ese mismo sentido, Alberto destacó el crecimiento del comercio en el Mercosur "tanto en volumen, como en calidad y valor agregado", y remarcó que "no es un bloque cerrado de comercio exterior sino una plataforma para que nuestros países se proyecten al resto del mundo".
 
"La inserción del Mercosur en el mundo global debe darse en favor de nuestros sectores productivos y no en su contra", concluyó.
 
La Opinión Popular
 
 
Mercosur no es sólo la patente de un vehículo
 
La celebración de los 30 años del Mercosur dejó el sabor amargo de un choque que compromete seriamente un proyecto que apelaba a la esperanza de construir una organización regional para potenciar a sus miembros en la disputa en un mundo donde los débiles no prosperan. Un proyecto que convidaba a unir en las diferencias y que desde el puntapié inicial de Raúl Alfonsín y José Sarney en 1985, avanzó a los tumbos, pero se fue quedando a mitad de camino.
 
En el tramo inicial, desde aquel 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción, las críticas de sectores de la izquierda eran que era un acuerdo a la medida de las multinacionales afincadas fundamentalmente en Brasil y Argentina. Carlos Menem y su reciente plan de Convertibilidad, Fernando Collor de Mello del otro lado de la frontera, eran las caras más visibles de ese acontecimiento, cuando la caída del bloque socialista era un hecho y el neoliberalismo aparecía como la única opción en vigencia.
 
Con la llegada al poder de Lula da Silva, Néstor Kirchner, Tabaré Vázquez, se consolidó un bloque decidido a una integración política más profunda y a otra mirada sobre el desarrollo de los países sudamericanos. De ese eje nació, junto con Hugo Chávez, el No al ALCa de 2005 en Mar del Plata y un impulso para reunir a América del Sur en intereses comunes, cosa de hablar más fuerte y más alto en las grandes ligas.
 
La incorporación de Venezuela, en 2012 y pese al rechazo del Senado paraguayo, buscaba ser desde lo económico una buena alianza entre el poderío industrial argentino-brasileño con la energía que podría proveer la nación caribeña.
 
El golpe contra Fernando Lugo fue como un cross a la mandíbula, en la ciudad donde se gestó ese esbozo de unidad regional, mientras se demoraba el ingreso de Bolivia y Chile.
 
La llegada de Mauricio Macri, el derrocamiento de Dilma Rousseff y el cambio de paradigma en Brasilia y Buenos Aires, más la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca con sus planes de desarticular todos los organismos supranacionales -comenzando por los que integraba Estados Unidos- fue acicate para, por ejemplo, el Brexit en Europa. Cómo no lo iba a ser para una integración latinoamericana siempre dificultosa por los intereses de las oligarquías locales tan ligados a los de los centros financieros internacionales.
 
Las ideas de libre mercado y baja de aranceles externos, siempre latentes en las elites empresarias, tuvieron más aire desde el 2016. Venezuela fue mala palabra y terminó expulsada del Mercosur, y Paraguay y Uruguay, los socios menores del club, tuvieron más eco con Jair Bolsonaro y el gobierno macrista en su interés por dejar el barco.
 
Había caldo de cultivo. Porque ese ímpetu inicial del Mercosur y su reconversión de los primeros años del siglo XXI fueron perdiendo fuerza a medida que se profundizaron las crisis particulares en cada uno de sus integrantes por la hecatombe internacional del 2008.
 
No fueron estos últimos cinco años. No fue con el fallido anuncio de un acuerdo Mercosur-UE. Venía desde las iniciativas internas para proteger la competitividad regional de las industrias argentina y brasileña en los albores del 2010, que terminaron perjudicando a la economía de los socios menores. Ya en tiempos de José Mujica hubo planteos en Uruguay para negociar acuerdos de libre comercio por fuera del Mercosur. Para saltar de ese corset que el actual mandatario, Luis Lacalle Pou, trajo de vuelta a la mesa de discusiones.
 
Las palabras del presidente oriental fueron duras. Más ásperas fueron las frases con que Alberto Fernández clausuró el encuentro virtual por el trigésimo aniversario de la alicaída organización regional. "No queremos ser una carga para nadie. Si somos un lastre, tomen otro barco, pero lastre no somos de nadie".
 
Como desde aquel primer encuentro entre Alfonsín y Sarney, el gran dilema del Mercosur es el de cómo defender los propios intereses ante el resto del mundo. Y como entonces, la cuestión de fondo pasa por los aranceles comunes externos. Para Fernández, "la inserción del Mercosur en el mundo global debe darse en favor de nuestros sectores productivos y no en su contra". Pero no todos ven el momento del mismo modo.
 
Una verdadera integración es una alianza en la que todos ganen. No todos parecen estar satisfechos con el Mercosur que supimos construir en tres décadas. Tal vez no sea solo una cuestión ideológica lo que está en danza. Tal vez no es solo la patente de un automóvil lo que nos identifique, o el Estatuto de Ciudadanía que debe implementarse. Tal vez, la mudanza de magnates argentinos a la otra orilla no sea solo un acto de rebeldía fiscal. Tal vez es la certificación de que lo que falta construir es más complejo que un enfrentamiento por zoom entre mandatarios circunstanciales.
 
Por Alberto López Girondo
 
Fuente: Tiempo Argentino
 

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21-02-2026 / 10:02
Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.
 
El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.
 
En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".
 
Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.
 
El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.
 
La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.
 
Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.
 
En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.
 
Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.
 

20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
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17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
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17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
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