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Nacionales - 26-03-2021 / 10:03
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Lecciones a distancia para el superministro estudioso Martín Guzmán

Lecciones a distancia para el superministro estudioso Martín Guzmán
Que el Fondo Monetario haya vuelto a blasfemar contra la ortodoxia económica en el comunicado con el cual despidió a Martín Guzmán tras su visita a Washington es todo un triunfo teórico para el discípulo de Joe Stiglitz.
Que el Fondo Monetario haya vuelto a blasfemar contra la ortodoxia económica en el comunicado con el cual despidió a Martín Guzmán tras su visita a Washington es todo un triunfo teórico para el discípulo de Joe Stiglitz.
 
Que el texto admita que la inflación es "un fenómeno multicausal" y que reducirla requiere "esfuerzos de coordinación para ayudar a anclar las expectativas" avala incluso las multas que impuso la Secretaría de Comercio a grandes empresas que especulan con sus stocks, tal como lo había hecho la semana pasada otro paper donde el FMI advirtió que la pandemia podría incrementar el "poder de mercado" de ciertas compañías para remarcar.
 
Pero las lecciones de la semana para el más estudioso del gabinete no fueron teóricas sino prácticas. Las impartió a la distancia Cristina Fernández y no solo en el discurso donde fulminó a quienes en ese mismo momento se sentaban a negociar con el jefe del Palacio de Hacienda.
 
El establishment procura dilucidar si el discurso de la vicepresidenta en Las Flores fue una jugada preparada o una amonestación. Si el Gobierno juega al policía bueno-policía malo o si la accionista mayoritaria de la coalición decidió finalmente ocupar el directorio.
 
Para entenderlo conviene prestar más atención a una pulseada a punto de definirse: cuánto aumentarán desde abril las tarifas de luz y gas, una contracara del ajuste fiscal que propuso Guzmán en el Presupuesto 2021 que interesa especialmente al Fondo Monetario porque los subsidios para contenerlas ya insumen un 1,7% del PBI.
 

 
La discusión tuvo un punto de inflexión un mes atrás, el 19 de febrero, cuando Axel Kicillof volvió al que fuera su despacho como ministro durante el último gobierno de Cristina, esta vez para una visita secreta y fugaz. Guzmán lo recibió junto al secretario de Energía, el neuquino Darío Martínez.
 
Fueron también los dos "Fedes", Basualdo y Bernal, delegados directos de la vicepresidenta que controlan respectivamente el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Regulador del Gas (Enargas), empoderados por decreto pocos días antes de Navidad para llevar adelante la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de ambos servicios.
 
El gobernador fue al grano. "Si aumentamos así las tarifas de Edenor y Edesur me prenden fuego la provincia", soltó. Guzmán todavía insistía en no pagar un solo peso más que el año pasado en subsidios, lo cual exigía incrementar las facturas a la par de la inflación proyectada en el Presupuesto, alrededor de un 30%.
 
El tiempo perdido entre el reemplazo del rocambolesco Sergio Lanziani y el traslado del área energética de la cartera de Matías Kulfas a la de Guzmán ya obligaba a descartar la propuesta de Martínez de segmentar los aumentos según el poder adquisitivo del usuario.
 
En esa reunión, según confirmaron dos de los presentes a BAE Negocios, el jefe del Palacio de Hacienda admitió que las del Presupuesto eran "metas teóricas" y que la partida de subsidios podía ampliarse porque la planilla de ingresos y gastos redactada en septiembre proyectaba una caída mayor que la finalmente registrada en 2020 y también un rebote menor este año.
 
Como el 1,7% de un PBI mayor es más plata que el mismo porcentaje de un PBI menor, había margen para doblar sin romper. El problema es que después, Guzmán volvió a la carga internamente con la necesidad de recortar esa partida y lo hizo a caballo de las exigencias del FMI para refinanciar la deuda.
 
Ahí llegó la orden de Cristina, casi un guiño leninista aunque nunca haya elegido Moscú para vacacionar: todo el poder a los Fedes. Ayer Basualdo terminó de descartar la segmentación en una entrevista con Radio Con Vos y habló de aumentos tarifarios "que no afecten la recuperación económica ni el poder adquisitivo de los trabajadores".
 
Puntualmente mencionó incrementos de "un 7%, un 9% o un 15%". Y por si quedaban dudas, aclaró: "Nuestra hoja de ruta es, además del Presupuesto, nuestra plataforma electoral, donde planteamos la necesidad de modificar la política tarifaria de Macri".
 
 
Hacete amigo del juez
  
La definición tiene como antecedente otra reunión, tampoco difundida hasta ahora, que encabezó en Olivos el propio Fernández. Fue a fines de enero y estaban también Guzmán, Martínez, los dos Fedes y Soledad Manin, la interventora formal del ENRE. El ministro de Economía todavía proponía subas por encima de la inflación para apurar el recorte de subsidios. Terció el Presidente.
 
-¡Pero Martín, así perdemos las elecciones! ¡Macri perdió por los tarifazos!
 
-Macri perdió por la devaluación -se animó a replicar en voz baja.
 
-¡No! ¡Perdió por los tarifazos!
 
Según el flujo de fondos que presentó Edenor para las audiencias públicas de distribución eléctrica convocadas para lunes y martes próximos, el aumento debería ser de un 28% promedio para los residenciales y del 31% para el promedio de todos los clientes. Más del doble de lo que dijo ayer el subsecretario.
 
Es algo decisivo para la venta de la distribuidora a José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, que ya aprobó el grupo Pampa de Marcelo Mindlin pero que ahora empieza a inquietar al antiguo pupilo de George Soros. ¿Y si los compradores no tienen la plata que ofrecieron?
 
Mindlin fue a ver a Alberto Fernández antes de cerrar ese deal, al que todavía le faltan las efectividades conducentes. Aprovechó para manifestarle su desagrado ante la reglamentación del Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas que impulsó Máximo Kirchner en el Congreso, pero también para aclararle que no haría juicio para evitar pagarlo.
 
Hasta esta semana, de hecho, solo había seis recursos de amparo presentados ante la Justicia por los casi 13.000 alcanzados por el tributo. Estudios como Lisicki & Litvin, que incluso organizaron tours por countries y barrios cerrados para compartir con sus habitantes estrategias para eludir su pago, recomendaron esperar al vencimiento de la semana que viene para litigar.
 
Por eso sorprendió tanto en el propio círculo rojo la cautelar que obtuvo Alejandro Scannapieco, un alto ejecutivo de Globant que durante muchos años fue su gerente financiero y antes trabajó para JP Morgan, Microsoft y el estudio Ernst&Young. La jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre ordenó que la AFIP no le cobre el impuesto al empresario durante 3 meses. Al día siguiente eximió a otro de los demandantes, después que un juez de Bell Ville rechazara un tercer amparo de un corredor de campos.
 
Dos curiosidades. Una: la jueza Gilardi Madariaga de Negre, del fuero contencioso administrativo, es la misma a la que ayer la jueza federal María Servini le ordenó que reserve las identidades de decenas de espías de la AFI que expuso sin querer al publicar el contenido de una demanda de tres exempleados que reclamaban una indemnización al Estado. Un blooper similar al del año pasado en Lomas de Zamora.
 
La otra: los que más festejaron la repercusión que tuvo el amparo de Scannapieco fueron las competidoras locales de Globant. Su timing no pudo ser peor: se supo justo el mismo día que se reglamentó la Ley de Economía del Conocimiento, que renueva para las firmas del sector las jugosas rebajas de aportes patronales (del 60 al 70%) que ya tenían desde hace más de una década por la Ley de Software.
 
 
Salvavidas de plomo
  
En Economía celebran como un gol que Kristalina Georgieva haya comunicado justo en la semana de la visita de Guzmán la emisión extraordinaria de Derechos Especiales de Giro (DEG) que repartirá entre sus socios para paliar los efectos de la pandemia. Serían 3.052,6 millones de DEGs, equivalentes a U$S 4.354 millones.
 
"Es un salvavidas", dicen cerca de Guzmán. Pero el monto no alcanza ni para los vencimientos de este año con el propio FMI y con el Club de París. Ante el Fondo vencen U$S 3.735 millones entre septiembre y diciembre. Con el Club, en mayo, U$S 1.900 millones más intereses. Los que deciden si refinanciar o no ambas deudas son los mismos: los gobiernos del G-7.
 
Pese al comunicado del Fondo que llevó alivio ayer a la City sobre el final de la rueda bursátil, su vocero Gerry Rice advirtió que el Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, en inglés) prevé que "los desembolsos se repaguen en un período de 4 y medio a 10 años" y que "esas condiciones se aplican en forma uniforme, no solo para la Argentina".
 
También descartó cualquier rebaja de intereses. El comunicado, además, no hizo énfasis en las facilidades de pago que podría otorgar el organismo sino en el "programa macroeconómico sustentable" que debe encarar la Argentina.
 
En Olivos piden cautela y aseguran que todavía puede haber un acuerdo después de las elecciones de octubre, sobre la hora, que evite malgastar esos DEGs en cancelar deuda vieja. Se aferran de un dato: que el Banco Mundial haya decidido ampliar en U$S 2.000 millones su asistencia al país este año. Como son instituciones hermanas, juran que si estuviera todo roto con el FMI, el Banco no avanzaría en nuevos préstamos.
 
"Al lado de los 45 billion que le debemos al Fondo todo parece poco, pero creéme que esos 2 billion, con la preocupación que hay por los países más pobres, son muy positivos", dijo a este diario un miembro de la delegación que pasó esta semana en el DC. También descartó que haya habido una doble intención en la oración final del comunicado del Banco, que llama a no malgastar en "subsidios energéticos regresivos".
 
"Es la posición standard, tradicional y general del Banco sobre los subsidios a la energía, lo dicen siempre y a todos", agregó la fuente. Pero las inquinas en Buenos Aires persisten. ¿Y si lo coló Georgieva? ¿Y si lo mechó a pedido de algún argentino?
 
Habrá que esperar las próximas lecciones prácticas. Por lo pronto, si lo sabía, la vicepresidenta omitió un dato en su discurso de Las Flores que podría haberlo hecho retumbar aún más. Lo cuenta Noemí Brenta en su imprescindible "Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI" (Eudeba). No solo Estados Unidos, su accionista principal, sabía de antemano del golpe de 1976.
 
En un memorandum que remitió a Washington el 11 de marzo de 1976 la misión que había fletado el Fondo a la Argentina, sus enviados recomendaron frenar todo desembolso para el gobierno de Isabel Perón. "Los militares están permitiendo que la situación se continúe deteriorando. Sin embargo, hay rumores diarios de que actuarán pronto", advirtieron. Dicho y hecho. La plata apareció a principios de abril, pero para la Junta Militar.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

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