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Nacionales - 26-03-2021 / 10:03
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Lecciones a distancia para el superministro estudioso Martín Guzmán

Lecciones a distancia para el superministro estudioso Martín Guzmán
Que el Fondo Monetario haya vuelto a blasfemar contra la ortodoxia económica en el comunicado con el cual despidió a Martín Guzmán tras su visita a Washington es todo un triunfo teórico para el discípulo de Joe Stiglitz.
Que el Fondo Monetario haya vuelto a blasfemar contra la ortodoxia económica en el comunicado con el cual despidió a Martín Guzmán tras su visita a Washington es todo un triunfo teórico para el discípulo de Joe Stiglitz.
 
Que el texto admita que la inflación es "un fenómeno multicausal" y que reducirla requiere "esfuerzos de coordinación para ayudar a anclar las expectativas" avala incluso las multas que impuso la Secretaría de Comercio a grandes empresas que especulan con sus stocks, tal como lo había hecho la semana pasada otro paper donde el FMI advirtió que la pandemia podría incrementar el "poder de mercado" de ciertas compañías para remarcar.
 
Pero las lecciones de la semana para el más estudioso del gabinete no fueron teóricas sino prácticas. Las impartió a la distancia Cristina Fernández y no solo en el discurso donde fulminó a quienes en ese mismo momento se sentaban a negociar con el jefe del Palacio de Hacienda.
 
El establishment procura dilucidar si el discurso de la vicepresidenta en Las Flores fue una jugada preparada o una amonestación. Si el Gobierno juega al policía bueno-policía malo o si la accionista mayoritaria de la coalición decidió finalmente ocupar el directorio.
 
Para entenderlo conviene prestar más atención a una pulseada a punto de definirse: cuánto aumentarán desde abril las tarifas de luz y gas, una contracara del ajuste fiscal que propuso Guzmán en el Presupuesto 2021 que interesa especialmente al Fondo Monetario porque los subsidios para contenerlas ya insumen un 1,7% del PBI.
 

 
La discusión tuvo un punto de inflexión un mes atrás, el 19 de febrero, cuando Axel Kicillof volvió al que fuera su despacho como ministro durante el último gobierno de Cristina, esta vez para una visita secreta y fugaz. Guzmán lo recibió junto al secretario de Energía, el neuquino Darío Martínez.
 
Fueron también los dos "Fedes", Basualdo y Bernal, delegados directos de la vicepresidenta que controlan respectivamente el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Regulador del Gas (Enargas), empoderados por decreto pocos días antes de Navidad para llevar adelante la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de ambos servicios.
 
El gobernador fue al grano. "Si aumentamos así las tarifas de Edenor y Edesur me prenden fuego la provincia", soltó. Guzmán todavía insistía en no pagar un solo peso más que el año pasado en subsidios, lo cual exigía incrementar las facturas a la par de la inflación proyectada en el Presupuesto, alrededor de un 30%.
 
El tiempo perdido entre el reemplazo del rocambolesco Sergio Lanziani y el traslado del área energética de la cartera de Matías Kulfas a la de Guzmán ya obligaba a descartar la propuesta de Martínez de segmentar los aumentos según el poder adquisitivo del usuario.
 
En esa reunión, según confirmaron dos de los presentes a BAE Negocios, el jefe del Palacio de Hacienda admitió que las del Presupuesto eran "metas teóricas" y que la partida de subsidios podía ampliarse porque la planilla de ingresos y gastos redactada en septiembre proyectaba una caída mayor que la finalmente registrada en 2020 y también un rebote menor este año.
 
Como el 1,7% de un PBI mayor es más plata que el mismo porcentaje de un PBI menor, había margen para doblar sin romper. El problema es que después, Guzmán volvió a la carga internamente con la necesidad de recortar esa partida y lo hizo a caballo de las exigencias del FMI para refinanciar la deuda.
 
Ahí llegó la orden de Cristina, casi un guiño leninista aunque nunca haya elegido Moscú para vacacionar: todo el poder a los Fedes. Ayer Basualdo terminó de descartar la segmentación en una entrevista con Radio Con Vos y habló de aumentos tarifarios "que no afecten la recuperación económica ni el poder adquisitivo de los trabajadores".
 
Puntualmente mencionó incrementos de "un 7%, un 9% o un 15%". Y por si quedaban dudas, aclaró: "Nuestra hoja de ruta es, además del Presupuesto, nuestra plataforma electoral, donde planteamos la necesidad de modificar la política tarifaria de Macri".
 
 
Hacete amigo del juez
  
La definición tiene como antecedente otra reunión, tampoco difundida hasta ahora, que encabezó en Olivos el propio Fernández. Fue a fines de enero y estaban también Guzmán, Martínez, los dos Fedes y Soledad Manin, la interventora formal del ENRE. El ministro de Economía todavía proponía subas por encima de la inflación para apurar el recorte de subsidios. Terció el Presidente.
 
-¡Pero Martín, así perdemos las elecciones! ¡Macri perdió por los tarifazos!
 
-Macri perdió por la devaluación -se animó a replicar en voz baja.
 
-¡No! ¡Perdió por los tarifazos!
 
Según el flujo de fondos que presentó Edenor para las audiencias públicas de distribución eléctrica convocadas para lunes y martes próximos, el aumento debería ser de un 28% promedio para los residenciales y del 31% para el promedio de todos los clientes. Más del doble de lo que dijo ayer el subsecretario.
 
Es algo decisivo para la venta de la distribuidora a José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, que ya aprobó el grupo Pampa de Marcelo Mindlin pero que ahora empieza a inquietar al antiguo pupilo de George Soros. ¿Y si los compradores no tienen la plata que ofrecieron?
 
Mindlin fue a ver a Alberto Fernández antes de cerrar ese deal, al que todavía le faltan las efectividades conducentes. Aprovechó para manifestarle su desagrado ante la reglamentación del Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas que impulsó Máximo Kirchner en el Congreso, pero también para aclararle que no haría juicio para evitar pagarlo.
 
Hasta esta semana, de hecho, solo había seis recursos de amparo presentados ante la Justicia por los casi 13.000 alcanzados por el tributo. Estudios como Lisicki & Litvin, que incluso organizaron tours por countries y barrios cerrados para compartir con sus habitantes estrategias para eludir su pago, recomendaron esperar al vencimiento de la semana que viene para litigar.
 
Por eso sorprendió tanto en el propio círculo rojo la cautelar que obtuvo Alejandro Scannapieco, un alto ejecutivo de Globant que durante muchos años fue su gerente financiero y antes trabajó para JP Morgan, Microsoft y el estudio Ernst&Young. La jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre ordenó que la AFIP no le cobre el impuesto al empresario durante 3 meses. Al día siguiente eximió a otro de los demandantes, después que un juez de Bell Ville rechazara un tercer amparo de un corredor de campos.
 
Dos curiosidades. Una: la jueza Gilardi Madariaga de Negre, del fuero contencioso administrativo, es la misma a la que ayer la jueza federal María Servini le ordenó que reserve las identidades de decenas de espías de la AFI que expuso sin querer al publicar el contenido de una demanda de tres exempleados que reclamaban una indemnización al Estado. Un blooper similar al del año pasado en Lomas de Zamora.
 
La otra: los que más festejaron la repercusión que tuvo el amparo de Scannapieco fueron las competidoras locales de Globant. Su timing no pudo ser peor: se supo justo el mismo día que se reglamentó la Ley de Economía del Conocimiento, que renueva para las firmas del sector las jugosas rebajas de aportes patronales (del 60 al 70%) que ya tenían desde hace más de una década por la Ley de Software.
 
 
Salvavidas de plomo
  
En Economía celebran como un gol que Kristalina Georgieva haya comunicado justo en la semana de la visita de Guzmán la emisión extraordinaria de Derechos Especiales de Giro (DEG) que repartirá entre sus socios para paliar los efectos de la pandemia. Serían 3.052,6 millones de DEGs, equivalentes a U$S 4.354 millones.
 
"Es un salvavidas", dicen cerca de Guzmán. Pero el monto no alcanza ni para los vencimientos de este año con el propio FMI y con el Club de París. Ante el Fondo vencen U$S 3.735 millones entre septiembre y diciembre. Con el Club, en mayo, U$S 1.900 millones más intereses. Los que deciden si refinanciar o no ambas deudas son los mismos: los gobiernos del G-7.
 
Pese al comunicado del Fondo que llevó alivio ayer a la City sobre el final de la rueda bursátil, su vocero Gerry Rice advirtió que el Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, en inglés) prevé que "los desembolsos se repaguen en un período de 4 y medio a 10 años" y que "esas condiciones se aplican en forma uniforme, no solo para la Argentina".
 
También descartó cualquier rebaja de intereses. El comunicado, además, no hizo énfasis en las facilidades de pago que podría otorgar el organismo sino en el "programa macroeconómico sustentable" que debe encarar la Argentina.
 
En Olivos piden cautela y aseguran que todavía puede haber un acuerdo después de las elecciones de octubre, sobre la hora, que evite malgastar esos DEGs en cancelar deuda vieja. Se aferran de un dato: que el Banco Mundial haya decidido ampliar en U$S 2.000 millones su asistencia al país este año. Como son instituciones hermanas, juran que si estuviera todo roto con el FMI, el Banco no avanzaría en nuevos préstamos.
 
"Al lado de los 45 billion que le debemos al Fondo todo parece poco, pero creéme que esos 2 billion, con la preocupación que hay por los países más pobres, son muy positivos", dijo a este diario un miembro de la delegación que pasó esta semana en el DC. También descartó que haya habido una doble intención en la oración final del comunicado del Banco, que llama a no malgastar en "subsidios energéticos regresivos".
 
"Es la posición standard, tradicional y general del Banco sobre los subsidios a la energía, lo dicen siempre y a todos", agregó la fuente. Pero las inquinas en Buenos Aires persisten. ¿Y si lo coló Georgieva? ¿Y si lo mechó a pedido de algún argentino?
 
Habrá que esperar las próximas lecciones prácticas. Por lo pronto, si lo sabía, la vicepresidenta omitió un dato en su discurso de Las Flores que podría haberlo hecho retumbar aún más. Lo cuenta Noemí Brenta en su imprescindible "Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI" (Eudeba). No solo Estados Unidos, su accionista principal, sabía de antemano del golpe de 1976.
 
En un memorandum que remitió a Washington el 11 de marzo de 1976 la misión que había fletado el Fondo a la Argentina, sus enviados recomendaron frenar todo desembolso para el gobierno de Isabel Perón. "Los militares están permitiendo que la situación se continúe deteriorando. Sin embargo, hay rumores diarios de que actuarán pronto", advirtieron. Dicho y hecho. La plata apareció a principios de abril, pero para la Junta Militar.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

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