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Nacionales - 24-03-2021 / 09:03
DESAFÍOS PARA LOS JUICIOS DE LESA HUMANIDAD

A 45 años del golpe militar de 1976: Falta juzgar la pata civil y el área de inteligencia de la dictadura

A 45 años del golpe militar de 1976: Falta juzgar la pata civil y el área de inteligencia de la dictadura
De la soledad de los años de plomo a los juicios ejemplo en todo el mundo, los organismos de derechos humanos ya lograron 1025 condenas. Casi 3500 represores fueron investigados en 626 causas abiertas, 21 de ellas en curso y 73 esperando fecha. Los reclamos a la Corte por las demoras en el proceso y la dificultad de juzgar a los responsables civiles.
El proceso de juzgamiento de los crímenes de la última dictadura ya produjo 1025 condenados, pero todavía falta conocer la verdad sobre todos  los detenidos-desaparecidos y los niños apropiados, así como acelerar los procesos y avanzar en el análisis tanto de la responsabilidad civil en las violaciones de derechos humanos como de las estructuras de inteligencia que sostuvieron al terrorismo de Estado.
 
La búsqueda de verdad y justicia ha guiado los pasos de los familiares y de los organismos de derechos humanos en los últimos 45 años. El proceso de juzgamiento, que ya cuenta con 1025 condenados, es ejemplo en el mundo, pero aun así los desafíos por hallar la verdad de lo sucedido con cada uno de los detenidos-desaparecidos y con los niños apropiados permanecen junto con deudas específicas, como el juzgamiento de los civiles y el análisis de las estructuras de inteligencia, que planificaron y se nutrieron de los secuestros de miles para mantener en funcionamiento a la maquinaria de exterminio.
 
Desde que se reabrieron los procesos por delitos de lesa humanidad, casi 3500 personas han estado bajo investigación. Menos de una tercera parte de ellas --1025-- han sido condenadas, según las estadísticas que difundió la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad. Hay en la actualidad 21 juicios en curso y otras 73 causas que esperan a que un tribunal oral fije fecha para el comienzo de las audiencias. Los números pueden parecer fríos, pero detrás de ellos hay personas que hace 40 o 45 años esperan justicia o una instancia para saber qué pasó con los suyos.
 
En total son 626 las causas abiertas por delitos de lesa humanidad. La mayoría de ellas --278-- aún se están instruyendo, lo que muestra a las claras que, a 45 años del golpe, es mucho lo que falta por saber o por sancionar. Y 254 ya cuentan con sentencia. Son decenas aún las causas que no están firmes, ya sea por demoras en la Corte Suprema o en la Cámara de Casación Federal.
 

 
Desafíos que persisten
  
"El proceso de justicia se reabrió hace casi 20 años con la primera declaración de inconstitucionalidad de las leyes y, desde entonces, hay algunos problemas que aparecen estables", explica Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional de Derechos Humanos. La Secretaría de Derechos Humanos --que dirige Horacio Pietragalla-- ha estado trabajando en un plan estratégico para el avance de los juicios en el que advirtió tres grandes desafíos, que se mantienen más allá de la pandemia, que ha hecho todo un poco más difícil.
 
"El primer desafío es que todas las agencias estatales se articulen para alcanzar mayor celeridad y para asegurar que sea una verdadera política de Estado", expone Pochak. "El segundo reto está vinculado con acelerar el proceso en todas sus etapas y el tercero, con profundizar las investigaciones en aquellos sectores de las fuerzas en los que no se ha indagado --por ejemplo, las estructuras de inteligencia-- y en el esclarecimiento del rol de los sectores civiles que se beneficiaron o participaron de crímenes de lesa humanidad. Entre estos están tanto los sectores económicos, eclesiásticos, judiciales y mediáticos. También con avanzar con la sanción de los crímenes que se cometieron antes del golpe".
 
El diagnóstico coincide con el que hace la fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad. "Se debe enfocar el proceso de juzgamiento poniendo todos los recursos en los casos de las víctimas que no lograron aun avanzar hacia una sentencia", señala la fiscal a Página/12. "Hay que centrarse en dar una respuesta integral sobre lo que fue el plan sistemático", sostiene Ramos. Como parte de esa respuesta, entiende que hay que analizar la responsabilidad de ciertos sectores de la sociedad civil y escrudiñar la estructura de inteligencia para comprender la lógica que implementó el terrorismo de Estado y para saber cuál fue el destino de las víctimas.
 
La tarea es grande. Y los tiempos corren. "Corre la impunidad biológica para los genocidas, que fallecen libres de culpa y cargo, pero también los sobrevivientes fallecemos. Pasó recientemente con Víctor Basterra, Mario Villani y Jorge Watts, sólo por nombrar a algunos que fallecieron sin haber visto concretada la totalidad de la justicia que persiguieron", dice, con pesar, Osvaldo Barros, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y referente de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD).
 
 
¿Dónde están?
  
El abogado querellante Pablo Llonto afirma que se debe avanzar para dar respuesta a los dos grandes interrogantes que tienen las familias hace más de cuatro décadas: qué pasó con los suyos, dónde están sus restos y encontrar a los niños y a las niñas apropiadas durante los años del terrorismo de Estado.
 
Abuelas de Plaza de Mayo ya ha encontrado a 130 nietes, pero la tarea que queda por delante es ciclópea. "Abuelas está trabajando en una estrategia conjuntamente con la Unidad de Apropiación de la Procuración General --que dirige el fiscal Pablo Parenti-- para impulsar las causas de búsqueda de nietos y que aún en pandemia los análisis puedan llegar al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)", cuenta Emanuel Lovelli, coordinador del equipo jurídico del organismo.
 
En simultáneo están los juicios en los que se juzgan casos de apropiación de niños o el funcionamiento de maternidades clandestinas, como sucede con la megacausa de Campo de Mayo o el juicio de los pozos de Banfield, Quilmes y la brigada de investigaciones de Lanús --más conocida como "El Infierno", en el que se juzga lo sucedido con 18 mujeres que estaban embarazadas al momento del secuestro o que dieron a luz en cautiverio--.
 
 
Las demoras
  
En la jurisdicción de La Plata, donde se lleva adelante el juicio de las Brigadas o de los Pozos, la principal dificultad está ligada a la integración del tribunal oral para llevar adelante los debates y son muchas las causas con sentencia que esperan ser revisadas en la Cámara Federal de Casación. Un ejemplo emblemático es la sentencia por el centro clandestino conocido como La Cacha, que fue dictada en 2014 y aun espera ser confirmada por el máximo tribunal penal del país.
 
Las demoras en la Corte Suprema ya fueron señaladas el año pasado por los organismos de derechos humanos cuando Carlos Rosenkrantz se acordó de reactivar la comisión interpoderes, que desde entonces se ha estado reuniendo mensualmente pero sin hacer públicos los informes de las reuniones. Según el análisis de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, las causas tardan un promedio de cinco años y dos meses desde que se requiere su elevación a juicio hasta que la Corte las deja firme.
 
Sin embargo, hay casos que muestran con claridad que ese promedio se supera con creces. El máximo tribunal aún no dejó firmes las condenas a dos de los represores, Raúl Harsich y César Fragni, que participaron en 1976 del secuestro del adolescente Floreal Avellaneda, sometido a feroces torturas y asesinado. El juicio se hizo en 2009 y después de una revisión de la pena en 2012, el expediente hace años espera en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.
 
La Corte también debe revisar una decisión de la Sala III de la Cámara de Casación que sostuvo que los delitos sexuales no eran delitos de lesa humanidad.
 
 
La pata civil
  
"¿Con qué no se pudo avanzar?", se pregunta la abogada querellante Guadalupe Godoy. "Con las causas de responsabilidad empresarial", contesta. "Ha sido muy difícil la ampliación de responsabilidades. El Poder Judicial se quedó muy cómodo en las estructuras que ya se habían juzgado antes", sostiene.
 
La dificultad para avanzar sobre esos sectores es advertida también por el vicepresidente de la Cámara Federal de Casación, el juez Alejandro Slokar. "Debe dimensionarse que se trató también --sino centralmente-- de un golpe cívico en tanto la complicidad empresarial no aparece suficientemente investigada ni sancionada", dice Slokar a este diario. "Basta pensar que en los juicios de Nuremberg el mayor siderúrgico alemán, Friedrich Flick, fue condenado a prisión como criminal de guerra --entre otros delitos-- por el empleo y muerte de prisioneros. En nuestro país, el capítulo de los delitos económicos y patrimoniales aún sigue sin escribirse".
 
La primera condena a un empresario, Marcos Levín, fue dejada sin efecto por Casación Federal en 2017. Ese caso está aun a estudio de la Corte Suprema, que también demora hace más de cinco años la resolución sobre la situación del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Tadeo Blaquier.
 
"Entendemos que la Corte tiene que dar vuelta esa falta de mérito que dictó Casación a favor de Blaquier, pero vemos cómo el tribunal se resiste", dice Carlos Pisoni, referente de HIJOS Capital. "El conflicto con la Corte está dado desde que firmaron el fallo del 2x1 y pedimos el juicio político de los tres integrantes que fallaron en ese sentido. Necesitamos que avance con las causas de lesa, pero tampoco tomó nuestro pedido de crear una secretaría de lesa para agilizar los expedientes", apunta.
 
Hay otros casos emblemáticos de responsabilidad empresarial, como la sentencia a los ejecutivos de la Ford, que están para ser revisados en Casación, y también hay actualmente en trámite un juicio --que tiene en el banquillo al extitular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Juan Etchebarne-- que muestra la contracara de cómo sectores del empresariado fueron víctimas de la dictadura.
 
También otras causas como el del Ingenio La Fronterita, que esperan en la Cámara Federal de Tucumán para dictar un procesamiento siguiendo las indicaciones que le dio la Cámara de Casación a finales de 2020. "Estamos a la espera de esa definición. La principal cuestión en la jurisdicción es avanzar con los juicios porque es una carrera contrarreloj y, al margen de la situación de los imputados, la tarea es seguir buscando a los niños apropiados y los restos de los desaparecidos", comenta el fiscal Pablo Camuña, coordinador de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en Tucumán.
 
La investigación de la responsabilidad empresarial no se agota en los tribunales. "Se debe poner en marcha la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras", reclama Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La creación de la Bicameral fue aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero su implementación quedó trabada durante el macrismo.
 
 
Investigar la inteligencia
 
Reformar los servicios de inteligencia es parte de una de las agendas más ambiciosas de la democracia, pero investigar la estructura que diseñó y se nutrió de los secuestros durante la dictadura también sigue siendo una deuda del presente con respecto a los procesos de lesa humanidad.
 
"Hay un gran tema pendiente que tiene que ver con la investigación de la estructura de inteligencia del Ejército centralmente, que actuó en todo el país asegurando que se siguiera secuestrando", sostiene el abogado querellante Pablo Llonto.
 
La Jefatura II del Ejército, máximo órgano de inteligencia y superior del temible Batallón de Inteligencia 601, aún sigue siendo un misterio para los tribunales. El juez federal Daniel Rafecas investigó la Jefatura II y procesó a su máximo responsable entre 1976 y 1977, Carlos Alberto Martínez, en 2012, pero murió antes de llegar al juicio. "Hay que avanzar con las responsabilidades hacia abajo", reclama Llonto.
 
La inteligencia fue básicamente el motor de la represión: la que disponía los blancos y la que se nutría de los interrogatorios bajo tortura para que la maquinaria de muerte siguiera funcionando. Por este rol central, entiende Llonto, se podría imputar a sus responsables lo sucedido con los detenidos-desaparecidos que 45 años después no se sabe por qué centro clandestino pasaron.
 
En las causas se ha condenado a integrantes de la estructura de inteligencia, pero aun falta un análisis completo de la estructura del Ejército, que tuvo responsabilidad primaria en la represión. "El juicio de la Contraofensiva intenta reparar esta falta, pero sólo analiza lo sucedido entre 1979 y 1980. Tal vez sirva como disparador para otras investigaciones", sostiene Llonto. Las víctimas esperan que el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 dicte sentencia entre mayo y junio.
 
"Sigue faltando, además, una apertura de los archivos de inteligencia, lo que permitiría avanzar en la investigación y sanción de los responsables", apunta Litvachky. La interventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, comenzó con el proceso de desclasificación, que desde el CELS y Abuelas destacaron como una forma de romper con el secretismo.
 
 
Una demanda que no cesa
  
"Se debe sostener el proceso de Memoria, Verdad y Justicia tal como lo venimos impulsando hace décadas, pero este 45° aniversario debe servir para llamar la atención sobre los procesos de derechización que se ponen en juego socialmente y que erosionan el capital simbólico de los derechos humanos. Tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en la construcción de lazos sociales, de empatía y solidaridad porque de eso se trata cuando hablamos de derechos humanos", sostiene Paula Litvachky, del CELS.
 
Para el extitular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad y referente de Justicia Legítima Jorge Auat, la demanda de justicia camina junto con el ejercicio de memoria para asegurar el verdadero Nunca Más. "Hay que continuar la demanda de justicia más allá de las coyunturas. El Poder Judicial tiene que dar respuestas siempre porque no se puede pasar de página", insiste.
 
"Los desafíos han sido siempre la reparación a las víctimas y a sus familiares y aportar una dimensión más amplia de los procesos, en el sentido de visibilizar cuál era la disputa política profunda, el objetivo del genocidio, su instrumentación y sus métodos", remarca el fiscal Miguel Palazzani, titular de las Unidades de Derechos Humanos de Bahía Blanca y de Neuquén. "Estos juicios, que en apariencia miran al pasado, en realidad están mirando al futuro".
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página12
 

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28-03-2024 / 08:03
Una nueva, polémica, cruel e insensible decisión del gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei que perfecciona el desgobierno. Las marchas y contramarchas con la nueva movilidad jubilatoria por DNU, eludiendo al Congreso, sumadas al desbarajuste causado por los despidos indiscriminados en la Anses, terminaron impactando de lleno en los jubilados: se anunció oficialmente que la liquidación de abril se pagará en dos cuotas y ni siquiera se comunicaron las fechas en que se efectivizarán. La libertad avanza en el saqueo: jubilaciones licuadas y en dos cuotas.

Siempre contra los más débiles y en medio de despidos en Anses, por primera vez las jubilaciones se pagarán desdobladas. La primera parte corresponderá al mismo monto de la jubilación de marzo y el segundo tramo a la diferencia por el bono y el aumento por inflación. Milei y Luis "Toto" Caputo siguen golpeando a los adultos mayores bajo el pretexto de demoras en los cálculos para aplicar los ajustes por inflación y el bono de $70.000.

El mismo día que se conoció el dato de pobreza, confirmando que casi 20 millones de personas están alcanzadas; y mientras avanzan con despidos masivos en Anses y otras dependencias estatales, el gobierno aplica un nuevo golpe a los jubilados. En el primer tramo se pagará el mismo monto que se cobró en marzo y la fecha es la correspondiente al calendario. Mientras en segundo tramo se liquidará la diferencia correspondiente al aumento y el bono de $70.000 y aún no hay fecha determinada de pago. 
Se le fue la mano.


Este ataque se suma a la estafa de la nueva movilidad por DNU anunciada este lunes. En la misma se establece que las jubilaciones y pensiones aumentarán en abril un 27,35 %, que es la suma de un 12,5 % de "compensación" por lo "perdido" en enero, cuando en realidad la inflación fue de 20,6 % que el gobierno se negó a dar completo. Y se adiciona un "adelanto de la movilidad" del 13,2 % por la inflación de febrero, "correspondiente al mes de junio de 2024".

A su vez, en mayo se otorgará un aumento "a cuenta" de la movilidad de junio, también basado en la inflación de dos meses previos, es decir la de marzo. Y en junio se aplicará la diferencia por la movilidad actual, es decir, descontando los aumentos a cuenta. El ajuste por IPC entrará en vigencia desde el mes de julio. Otro robo, dando una dádiva que apenas supera la cuarta parte del daño causado. 

Además del robo del empalme el DNU 274/2024 de Milei busca consolidar haberes de miseria y licuar el impacto del bono anunciado. El gobierno de LLA viene utilizando los ingresos de los jubilados y jubiladas como el principal medio para llevar adelante su recorte del presupuesto nacional, y lograr el superávit fiscal para cumplir con el FMI. El plan motosierra y licuadora no se detiene, hay que enfrentarlos.

Milei tiene una alta dosis de insensibilidad y no entiende lo que le pasa a un jubilado que cobra 200 lucas. Se ha caracterizado desde que asumió por estar muy lejos de combatir a "la casta", todas las medidas van en contra de los sectores más débiles de la sociedad. Con las jubilaciones por el piso, la Argentina firmó una carta de intención para adquirir 24 aviones obsoletos F-16 a Dinamarca. Cerca de US$ 340 millones irían a la compra de aviones en desuso en un gesto cipayo hacia EE.UU. en su disputa con China. El relato de "no hay plata" se resquebraja tras las necesidades de Milei y Caputo por hacer los deberes con EE.UU. en busca de financiamiento del FMI para su delirante aventura dolarizadora.

La Opinión Popular

 

27-03-2024 / 10:03
El ministro de Defensa, Luis Petri, cerró un acuerdo con su par  de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, por la compra de 24 aeronaves F-16 para la Fuerza Aérea. Poulsen firmó y posó para la foto con Petri en el Edificio Libertador, pero detrás de cámara estaban también presentes el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley.
 
Con la firma del acuerdo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei reafirma su alineamiento cipayo total con Estados Unidos, al concluir una reequipamiento que había quedado abierto desde la gestión de Alberto Fernández y que tenía como alternativa la compra de aviones de última generación  J-17 a China.
 
El ministro Petri no dejó dudas sobre el movimiento geopolítico al compartir en sus redes primero la comunicación oficial del Ministerio y luego una nota de Infobae con el título: "Con el apoyo de Estados Unidos, Argentina firmó una carta de intención con Dinamarca para comprar 24 aviones de combate F16".
 
El acuerdo se cerrará cuando Petri viaje a Copenhague a mediados de abril, donde se sellará el contrato para la adquisición de los 24 aviones F16, que el país aliado de la OTAN ya tiene en desuso para sus operaciones militares. Las naves fueron fabricadas por la empresa norteamericana Lockheed Martin y llegarían a la Argentina recién en diciembre, debido a que Dinamarca las entregará sin equipamiento ni armamento.
 
El reequipamiento de las naves quedará a cargo de Estados Unidos por un contrato de 40 millones de dólares, que será una donación de la administración Biden, según informaron desde Casa Rosada. Los aviones valen 300 millones y el armamento y la parte electrónica otros 300 millones, aunque Estados Unidos regala más o menos un 15 por ciento.
 
El acuerdo terminó de sellarse con la reciente visita del actual director de la CIA, William Burns, quien aterrizó en Buenos Aires la semana pasada para visitar la Casa Rosada y reunirse con el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori; y el propio jefe de Gabinete. "Tenemos un problema a corto plazo, Rusia; pero un problema mayor, a largo plazo, China", dijo Burns en la reunión de la semana pasada.
 
Antes de ese reciente encuentro, el presidente Milei recibió al secretario de Estado Antony Blinken en la Casa Rosada y poco después logró un breve encuentro con el candidato republicano y ex presidente Donald Trump.
 
La alineación sistémica de la Casa Rosada con Estados Unidos queda marcada con este acuerdo que cierra las puertas a la propuesta hecha por China para la adquisición de 34 aviones de guerra F17, mucho más modernos y más baratos. De esta manera, las Fuerzas Aéreas adquirirán los aviones F-16 dinamarqueses que están camino al desuso, al punto de que Bélgica se negó a venderle los F-16 a su aliado, Ucrania, porque no los consideró aptos.
 
La Opinión Popular
 

26-03-2024 / 08:03
En medio de confusiones, que obligaron a sacar un decreto correctivo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei y Luis "Toto" Caputo estableció la nueva fórmula de movilidad de las jubilaciones por decreto sin pasar por el Congreso. Se actualizarán por la inflación de dos meses atrás, pero en el empalme quedará fijada la pérdida que provocó la mega devaluación de Milei, entre 25 y 30%, y seguirá congelada en ese piso histórico hacia el futuro. Con la jubilación mínima reducida a la mitad debido a la inflación (en febrero, comparada con el mismo mes del 2023 sin contar el bono), el Gobierno busca impedir cualquier tipo de recomposición limitando los aumentos solamente al índice de la inflación. Además la nueva fórmula de actualización no se aplicará a los bonos, dejando abierta la posibilidad de licuar aún más los magros ingresos de los jubilados.
 
Desde que asumió como presidente, Milei, viene utilizando los ingresos de los jubilados y jubiladas como el principal medio para llevar adelante su recorte del presupuesto nacional y reducir el déficit fiscal, pero ahora busca dejar asentado que los jubilados serán los garantes de su plan de ajuste. Este lunes el gobierno publicó un nuevo DNU cambiando la fórmula previsional para atar a los haberes a la inflación. El problema es que, en la actualidad, la jubilación mínima (que cobran la mayoría de los jubilados) no llega a cubrir ni el 30 % de la canasta básica de los adultos mayores y sin ningún mecanismo de recomposición no habría forma de revertirlo.
 
La modificación de la fórmula previsional era parte de la Ley Ómnibus, pero habiendo sido rechazada en el Congreso, desde el oficialismo decidieron realizarla por un nuevo DNU. La "urgencia" del gobierno se debe a que habiendo pasado el pico inflacionario de diciembre y enero, la fórmula vigente generaría aumentos mayores de los que están dispuestos a otorgar. Caputo, desde el Ministerio de Economía, viene aprovechando el método de actualización trimestral actual para licuar las jubilaciones y ahora pretende mantener el robo realizado con el cambio de la fórmula.
 
En medio de la polémica que se generó por el nuevo DNU, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó al Gobierno de Milei, y a la medida. Según dijo el dirigente peronista, "es impresionante, la decisión de Milei es que el ajuste no recaiga en la casta sino en los jubilados" y agregó: "Es un atraco a los jubilados... Es consolidar una baja que ya se produjo, y ahora ir ajustándola en base a los precios cuando ya el guadañazo se lo dieron al bolsillo de ellos".
 
La propuesta es que las jubilaciones aumenten mensualmente por el IPC de dos meses atrás. Si bien a priori parecería superadora, el empalme provocará una profundización de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados de, por lo menos, 25 por ciento. La verdadera trampa se encuentra en el empalme es decir en los meses de transición entre una fórmula a otra. Desde abril, el gobierno decidió comenzar a dar aumentos por IPC "a cuenta" del resultado de la próxima fórmula de movilidad vigente en junio.
 
Con la nueva fórmula jubilatoria, Milei sumó resistencias en la oposición dialoguista. Varios legisladores de ese sector se expresaron contra la nueva fórmula de movilidad, que se suponía que discutirían en el Congreso. El Ejecutivo suma contratiempos en la negociación por la nueva ley Bases que el ministro Guillermo Francos buscará recomponer en un encuentro con mandatarios del Norte Grande.
 
La Opinión Popular
 

25-03-2024 / 07:03
Con una movilización histórica, organismos de DDHH reivindicaron la cifra de 30.000 desaparecidos. La marcha del 24M, que congregó a una multitud en la Plaza de Mayo y en las principales ciudades del país, al cumplirse 48 años del último golpe cívico militar genocida, se convirtió en la tercera gran manifestación callejera contra el gobierno neoliberal anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei. El Presidente fue principal blanco de críticas de los organismos de Derechos Humanos, el peronismo, movimientos sociales y la CGT.
 
Como en la huelga general del 24 de enero, y la movilización del 8M, numerosas columnas de organizaciones y miles de personas auto convocadas se volcaron a las calles para repudiar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y reafirmar la consigna del Nunca Más. También ratificaron la cifra de 30 mil personas desaparecidas, número que el gobierno libertario puso en duda. En el documento final de la marcha, que leyó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, los organismos de derechos humanos reclamaron una ley contra el negacionismo de los crímenes de la dictadura.
 
Junto a esas consignas vinculadas a derechos humanos, la marcha estuvo atravesada por consignas contra las políticas del gobierno libertario y su siniestro plan de ajuste neoliberal. El 24M fue el tercer gran hito callejero contra el gobierno de ultraderecha. "Milei, basura, vos sos la dictadura", "El que no salta votó a Milei", "No se vende, la patria no se vende" y "Fueron 30 mil de verdad", concurrieron los canticos y las consignas que más se repitieron en la Plaza, donde además se colgaron banderas contra Victoria Villarruel, por su cercanía con los represores condenados por lesa humanidad.
 
El peronismo mostró un gran despliegue de movilización. Por Diagonal Sur, los gremios de la CGT y el Movimiento Evita coparon varias cuadras junto a la UTEP y apenas pudieron ingresar a la Plaza. Por Diagonal Norte, y después de caminar 13 kilómetros desde la ex ESMA, La Cámpora llegó pasado el mediodía en una columna encabezada por Máximo Kirchner. En tanto, el gobernador Axel Kicillof llegó junto a su gabinete y los intendentes del conurbano.
 
Fue una gran convocatoria que los medios hegemónicos tratarán de ignorar, y que respondió a la provocación del gobierno, que unió a la CGT, al peronismo, los movimientos sociales, agrupaciones estudiantiles y al movimiento de derechos humanos. La idea de derechos humanos encaja con la idea de justicia social, de país solidario, de trabajo y retribuciones justas, de protección a los niños, a los enfermos y a los ancianos, de hazañas científicas y culturales.
 
No encaja con la justificación de la dictadura, con el intento de que los jubilados crean que ganan poco por culpa de los de la moratoria y que los trabajadores se enfurezcan con los desocupados porque reciben un aporte sin trabajar. No encaja con el país donde los únicos que ganan son los ricos, como procuran las políticas de Milei. Los ricos son "héroes" para Milei y los beneficiarios de sus políticas.
 
Los cientos de miles que desbordaron la Plaza de Mayo, las diagonales y la Avenida de Mayo están enlazados, hermanados, con los miles que se movilizaron en otras ciudades del país, y con los miles y miles que desde sus casas confluyen en la angustia de la pobreza, la amenaza del desempleo y el hambre o la destrucción de comercios y empresas. Hay vías comunicantes por las que fluye una energía que alimenta resistencias, rebeldías y esperanzas.
 
La Opinión Popular


24-03-2024 / 08:03
Ya en marzo de 1977, al cumplirse un año de la última dictadura militar, estaba claro que el verdadero objetivo de los perpetradores, instigadores y sponsors del golpe de Estado era económico. Por trillado que resulte es esclarecedor volver a la Carta Abierta de Rodolfo Walsh, que por entonces indicaba que "en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada".
 
Las cifras que exhibía Walsh resuenan hoy con una actualidad preocupante: "En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar", escribió en la carta que fue su testamento público. Los paralelismos con el proceso de concentración de riqueza que comenzó con la llegada al poder de Javier Milei son llamativos.
 
Sin embargo, lo más gravoso de la última dictadura no fue ese ajuste en sí sino el hecho de que dejó sentadas las condiciones para que eso nunca pudiera revertirse. De hecho, en ningún momento de los cuarenta años de democracia ininterrumpida el país estuvo ni siquiera cerca de recuperar las condiciones económicas y sociales que existían en la Argentina hasta marzo del 76. Hubo algo, en la matriz productiva pero también en el conjunto de ideales y valores de la sociedad, que se rompió y nunca pudo repararse.
 
El golpe del 24 de marzo irrumpió en un país en el que, dos décadas después de haber intentado suprimir al peronismo de la vida pública e incluso habiendo atravesado, unos meses antes, la experiencia hiperinflacionaria del Rodrigazo, todavía la pobreza alcanzaba a apenas al 4,4 por ciento de sus habitantes. En octubre de 1983, al recuperarse la democracia, esa cifra se había multiplicado por ocho: el 37,4 por ciento de los argentinos era pobre. Ocho veces más. Esa debacle jamás se pudo revertir.
 
Dicho de otra forma: al comenzar la dictadura, apenas cuatro de cada cien argentinos no alcanzaba a satisfacer sus necesidades básicas, pero cuando terminó, casi cuatro de cada diez habían caído por debajo de esa vara, y la profundidad del cambio fue tal que el país nunca pudo desandar ese camino. El riesgo más acuciante en estos días es que el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel complete esa tarea y eleve la pobreza estructural al punto en el que seis, siete u ocho de cada diez argentinos sea pobre para siempre.
 
Entre 1945 y 1976 existía una sociedad en el que la enorme mayoría era parte de una gran clase media: albañiles, docentes, policías, médicos, torneros, porteros, artistas, carpinteros, periodistas, abogados y científicos, empleados o cuentapropistas, comerciantes y profesionales, todos se ubicaban en algún lugar de un amplio arco que iba desde las humildes barriadas obreras suburbanas hasta los barrios céntricos en las ciudades. Con diversas realidades que coexistían, la Argentina era un país de clase media.
 
Después de la dictadura se convirtió en un país con clase media. Pero la pobreza estructural que en el 83 alcanzaba a 4 de cada 10 argentinos nunca pudo desarmarse. Tuvo momentos en los que cedió. Al final de los doce años de gobierno kirchnerista había retrocedido hasta ubicarse en torno al 25 por ciento. Y otros donde creció, en episodios de crisis, hasta llegar al 60 por ciento. Pero un cuarto, o un tercio o más de la población quedaron condenados a apenas subsistir, sin ninguna perspectiva de movilidad social ascendente.
 

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