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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
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Nacionales - 24-03-2021 / 09:03
DESAFÍOS PARA LOS JUICIOS DE LESA HUMANIDAD

A 45 años del golpe militar de 1976: Falta juzgar la pata civil y el área de inteligencia de la dictadura

A 45 años del golpe militar de 1976: Falta juzgar la pata civil y el área de inteligencia de la dictadura
De la soledad de los años de plomo a los juicios ejemplo en todo el mundo, los organismos de derechos humanos ya lograron 1025 condenas. Casi 3500 represores fueron investigados en 626 causas abiertas, 21 de ellas en curso y 73 esperando fecha. Los reclamos a la Corte por las demoras en el proceso y la dificultad de juzgar a los responsables civiles.
El proceso de juzgamiento de los crímenes de la última dictadura ya produjo 1025 condenados, pero todavía falta conocer la verdad sobre todos  los detenidos-desaparecidos y los niños apropiados, así como acelerar los procesos y avanzar en el análisis tanto de la responsabilidad civil en las violaciones de derechos humanos como de las estructuras de inteligencia que sostuvieron al terrorismo de Estado.
 
La búsqueda de verdad y justicia ha guiado los pasos de los familiares y de los organismos de derechos humanos en los últimos 45 años. El proceso de juzgamiento, que ya cuenta con 1025 condenados, es ejemplo en el mundo, pero aun así los desafíos por hallar la verdad de lo sucedido con cada uno de los detenidos-desaparecidos y con los niños apropiados permanecen junto con deudas específicas, como el juzgamiento de los civiles y el análisis de las estructuras de inteligencia, que planificaron y se nutrieron de los secuestros de miles para mantener en funcionamiento a la maquinaria de exterminio.
 
Desde que se reabrieron los procesos por delitos de lesa humanidad, casi 3500 personas han estado bajo investigación. Menos de una tercera parte de ellas --1025-- han sido condenadas, según las estadísticas que difundió la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad. Hay en la actualidad 21 juicios en curso y otras 73 causas que esperan a que un tribunal oral fije fecha para el comienzo de las audiencias. Los números pueden parecer fríos, pero detrás de ellos hay personas que hace 40 o 45 años esperan justicia o una instancia para saber qué pasó con los suyos.
 
En total son 626 las causas abiertas por delitos de lesa humanidad. La mayoría de ellas --278-- aún se están instruyendo, lo que muestra a las claras que, a 45 años del golpe, es mucho lo que falta por saber o por sancionar. Y 254 ya cuentan con sentencia. Son decenas aún las causas que no están firmes, ya sea por demoras en la Corte Suprema o en la Cámara de Casación Federal.
 

 
Desafíos que persisten
  
"El proceso de justicia se reabrió hace casi 20 años con la primera declaración de inconstitucionalidad de las leyes y, desde entonces, hay algunos problemas que aparecen estables", explica Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional de Derechos Humanos. La Secretaría de Derechos Humanos --que dirige Horacio Pietragalla-- ha estado trabajando en un plan estratégico para el avance de los juicios en el que advirtió tres grandes desafíos, que se mantienen más allá de la pandemia, que ha hecho todo un poco más difícil.
 
"El primer desafío es que todas las agencias estatales se articulen para alcanzar mayor celeridad y para asegurar que sea una verdadera política de Estado", expone Pochak. "El segundo reto está vinculado con acelerar el proceso en todas sus etapas y el tercero, con profundizar las investigaciones en aquellos sectores de las fuerzas en los que no se ha indagado --por ejemplo, las estructuras de inteligencia-- y en el esclarecimiento del rol de los sectores civiles que se beneficiaron o participaron de crímenes de lesa humanidad. Entre estos están tanto los sectores económicos, eclesiásticos, judiciales y mediáticos. También con avanzar con la sanción de los crímenes que se cometieron antes del golpe".
 
El diagnóstico coincide con el que hace la fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad. "Se debe enfocar el proceso de juzgamiento poniendo todos los recursos en los casos de las víctimas que no lograron aun avanzar hacia una sentencia", señala la fiscal a Página/12. "Hay que centrarse en dar una respuesta integral sobre lo que fue el plan sistemático", sostiene Ramos. Como parte de esa respuesta, entiende que hay que analizar la responsabilidad de ciertos sectores de la sociedad civil y escrudiñar la estructura de inteligencia para comprender la lógica que implementó el terrorismo de Estado y para saber cuál fue el destino de las víctimas.
 
La tarea es grande. Y los tiempos corren. "Corre la impunidad biológica para los genocidas, que fallecen libres de culpa y cargo, pero también los sobrevivientes fallecemos. Pasó recientemente con Víctor Basterra, Mario Villani y Jorge Watts, sólo por nombrar a algunos que fallecieron sin haber visto concretada la totalidad de la justicia que persiguieron", dice, con pesar, Osvaldo Barros, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y referente de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD).
 
 
¿Dónde están?
  
El abogado querellante Pablo Llonto afirma que se debe avanzar para dar respuesta a los dos grandes interrogantes que tienen las familias hace más de cuatro décadas: qué pasó con los suyos, dónde están sus restos y encontrar a los niños y a las niñas apropiadas durante los años del terrorismo de Estado.
 
Abuelas de Plaza de Mayo ya ha encontrado a 130 nietes, pero la tarea que queda por delante es ciclópea. "Abuelas está trabajando en una estrategia conjuntamente con la Unidad de Apropiación de la Procuración General --que dirige el fiscal Pablo Parenti-- para impulsar las causas de búsqueda de nietos y que aún en pandemia los análisis puedan llegar al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)", cuenta Emanuel Lovelli, coordinador del equipo jurídico del organismo.
 
En simultáneo están los juicios en los que se juzgan casos de apropiación de niños o el funcionamiento de maternidades clandestinas, como sucede con la megacausa de Campo de Mayo o el juicio de los pozos de Banfield, Quilmes y la brigada de investigaciones de Lanús --más conocida como "El Infierno", en el que se juzga lo sucedido con 18 mujeres que estaban embarazadas al momento del secuestro o que dieron a luz en cautiverio--.
 
 
Las demoras
  
En la jurisdicción de La Plata, donde se lleva adelante el juicio de las Brigadas o de los Pozos, la principal dificultad está ligada a la integración del tribunal oral para llevar adelante los debates y son muchas las causas con sentencia que esperan ser revisadas en la Cámara Federal de Casación. Un ejemplo emblemático es la sentencia por el centro clandestino conocido como La Cacha, que fue dictada en 2014 y aun espera ser confirmada por el máximo tribunal penal del país.
 
Las demoras en la Corte Suprema ya fueron señaladas el año pasado por los organismos de derechos humanos cuando Carlos Rosenkrantz se acordó de reactivar la comisión interpoderes, que desde entonces se ha estado reuniendo mensualmente pero sin hacer públicos los informes de las reuniones. Según el análisis de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, las causas tardan un promedio de cinco años y dos meses desde que se requiere su elevación a juicio hasta que la Corte las deja firme.
 
Sin embargo, hay casos que muestran con claridad que ese promedio se supera con creces. El máximo tribunal aún no dejó firmes las condenas a dos de los represores, Raúl Harsich y César Fragni, que participaron en 1976 del secuestro del adolescente Floreal Avellaneda, sometido a feroces torturas y asesinado. El juicio se hizo en 2009 y después de una revisión de la pena en 2012, el expediente hace años espera en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.
 
La Corte también debe revisar una decisión de la Sala III de la Cámara de Casación que sostuvo que los delitos sexuales no eran delitos de lesa humanidad.
 
 
La pata civil
  
"¿Con qué no se pudo avanzar?", se pregunta la abogada querellante Guadalupe Godoy. "Con las causas de responsabilidad empresarial", contesta. "Ha sido muy difícil la ampliación de responsabilidades. El Poder Judicial se quedó muy cómodo en las estructuras que ya se habían juzgado antes", sostiene.
 
La dificultad para avanzar sobre esos sectores es advertida también por el vicepresidente de la Cámara Federal de Casación, el juez Alejandro Slokar. "Debe dimensionarse que se trató también --sino centralmente-- de un golpe cívico en tanto la complicidad empresarial no aparece suficientemente investigada ni sancionada", dice Slokar a este diario. "Basta pensar que en los juicios de Nuremberg el mayor siderúrgico alemán, Friedrich Flick, fue condenado a prisión como criminal de guerra --entre otros delitos-- por el empleo y muerte de prisioneros. En nuestro país, el capítulo de los delitos económicos y patrimoniales aún sigue sin escribirse".
 
La primera condena a un empresario, Marcos Levín, fue dejada sin efecto por Casación Federal en 2017. Ese caso está aun a estudio de la Corte Suprema, que también demora hace más de cinco años la resolución sobre la situación del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Tadeo Blaquier.
 
"Entendemos que la Corte tiene que dar vuelta esa falta de mérito que dictó Casación a favor de Blaquier, pero vemos cómo el tribunal se resiste", dice Carlos Pisoni, referente de HIJOS Capital. "El conflicto con la Corte está dado desde que firmaron el fallo del 2x1 y pedimos el juicio político de los tres integrantes que fallaron en ese sentido. Necesitamos que avance con las causas de lesa, pero tampoco tomó nuestro pedido de crear una secretaría de lesa para agilizar los expedientes", apunta.
 
Hay otros casos emblemáticos de responsabilidad empresarial, como la sentencia a los ejecutivos de la Ford, que están para ser revisados en Casación, y también hay actualmente en trámite un juicio --que tiene en el banquillo al extitular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Juan Etchebarne-- que muestra la contracara de cómo sectores del empresariado fueron víctimas de la dictadura.
 
También otras causas como el del Ingenio La Fronterita, que esperan en la Cámara Federal de Tucumán para dictar un procesamiento siguiendo las indicaciones que le dio la Cámara de Casación a finales de 2020. "Estamos a la espera de esa definición. La principal cuestión en la jurisdicción es avanzar con los juicios porque es una carrera contrarreloj y, al margen de la situación de los imputados, la tarea es seguir buscando a los niños apropiados y los restos de los desaparecidos", comenta el fiscal Pablo Camuña, coordinador de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en Tucumán.
 
La investigación de la responsabilidad empresarial no se agota en los tribunales. "Se debe poner en marcha la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras", reclama Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La creación de la Bicameral fue aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero su implementación quedó trabada durante el macrismo.
 
 
Investigar la inteligencia
 
Reformar los servicios de inteligencia es parte de una de las agendas más ambiciosas de la democracia, pero investigar la estructura que diseñó y se nutrió de los secuestros durante la dictadura también sigue siendo una deuda del presente con respecto a los procesos de lesa humanidad.
 
"Hay un gran tema pendiente que tiene que ver con la investigación de la estructura de inteligencia del Ejército centralmente, que actuó en todo el país asegurando que se siguiera secuestrando", sostiene el abogado querellante Pablo Llonto.
 
La Jefatura II del Ejército, máximo órgano de inteligencia y superior del temible Batallón de Inteligencia 601, aún sigue siendo un misterio para los tribunales. El juez federal Daniel Rafecas investigó la Jefatura II y procesó a su máximo responsable entre 1976 y 1977, Carlos Alberto Martínez, en 2012, pero murió antes de llegar al juicio. "Hay que avanzar con las responsabilidades hacia abajo", reclama Llonto.
 
La inteligencia fue básicamente el motor de la represión: la que disponía los blancos y la que se nutría de los interrogatorios bajo tortura para que la maquinaria de muerte siguiera funcionando. Por este rol central, entiende Llonto, se podría imputar a sus responsables lo sucedido con los detenidos-desaparecidos que 45 años después no se sabe por qué centro clandestino pasaron.
 
En las causas se ha condenado a integrantes de la estructura de inteligencia, pero aun falta un análisis completo de la estructura del Ejército, que tuvo responsabilidad primaria en la represión. "El juicio de la Contraofensiva intenta reparar esta falta, pero sólo analiza lo sucedido entre 1979 y 1980. Tal vez sirva como disparador para otras investigaciones", sostiene Llonto. Las víctimas esperan que el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 dicte sentencia entre mayo y junio.
 
"Sigue faltando, además, una apertura de los archivos de inteligencia, lo que permitiría avanzar en la investigación y sanción de los responsables", apunta Litvachky. La interventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, comenzó con el proceso de desclasificación, que desde el CELS y Abuelas destacaron como una forma de romper con el secretismo.
 
 
Una demanda que no cesa
  
"Se debe sostener el proceso de Memoria, Verdad y Justicia tal como lo venimos impulsando hace décadas, pero este 45° aniversario debe servir para llamar la atención sobre los procesos de derechización que se ponen en juego socialmente y que erosionan el capital simbólico de los derechos humanos. Tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en la construcción de lazos sociales, de empatía y solidaridad porque de eso se trata cuando hablamos de derechos humanos", sostiene Paula Litvachky, del CELS.
 
Para el extitular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad y referente de Justicia Legítima Jorge Auat, la demanda de justicia camina junto con el ejercicio de memoria para asegurar el verdadero Nunca Más. "Hay que continuar la demanda de justicia más allá de las coyunturas. El Poder Judicial tiene que dar respuestas siempre porque no se puede pasar de página", insiste.
 
"Los desafíos han sido siempre la reparación a las víctimas y a sus familiares y aportar una dimensión más amplia de los procesos, en el sentido de visibilizar cuál era la disputa política profunda, el objetivo del genocidio, su instrumentación y sus métodos", remarca el fiscal Miguel Palazzani, titular de las Unidades de Derechos Humanos de Bahía Blanca y de Neuquén. "Estos juicios, que en apariencia miran al pasado, en realidad están mirando al futuro".
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página12
 

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14-07-2025 / 08:07
El presidente Javier "el Loco" Milei está preso de que un proyecto sin sustentos y eso quedó más que claro durante la semana que pasó. El entusiasmo mileísta, de a poco, abre paso a la resignación. Ahora resta saber si ese vacío de entusiasmo podrá ser llenado por un nuevo Nosotros.
 
No tiene mayor sentido detenerse en los aspectos técnicos, o de cálculos transeros, acerca de lo sucedido en el Congreso. Sí lo tiene comprender que la presunta aplanadora de las Fuerzas del Cielo comenzó a encontrar algunos límites.
 
Podrá acontecer que algunos favores presidenciales, a algunas provincias y aliados solícitos, alleguen votos para sostener vetos. Podrá ocurrir que nunca faltará un Kueider por acá, un símil por allá, dispuestos al qué pretende usted de mí. Podrán ofertar todas las Banelco de época que se quieran.
 
Pero ya no habría retorno, nodal, de que al Gobierno empezaron a entrarle las balas (propias). A uno no le gusta esa figura, y sobre todo cuando las guerrillas digitales del neofascismo convocan a la violencia. Se acepta por razones de imagen expresiva.
 
Es impactante la sucesión de errores y horrores ejecutivos que cometieron los adolescentes de Casa Rosada, tal vez porque se acumularon en una misma semana.
 
Puede admitirse, cómo no, que el capital de Javier Milei es permanecer como un intransigente disruptivo a toda costa. Pero de ahí a carecer de todo rasgo de inteligencia política, siquiera para tener fusibles que lo amparen, hay mucha distancia.
 
Podría mantener al personaje y dejar que por abajo negocien lo que fuere, a fines de salvar las papas en instancias determinadas. Por ejemplo, para haber evitado una derrota parlamentaria que se transformó -él transformó- en crisis de alcances inciertos.
 
Hubiera bastado con que no se sometiera al papelón de refugiarse en la niebla, para justificar su ausencia en Tucumán. Juntaba dos, tres, cuatro gobernadores, con algún caramelito de liberar fondos básicos, y prácticamente listo.
 
Pero Milei no sabe. No quiere. No entiende nada, porque siente que le sobra con que todo es cuestión de ganar en las redes, de que su hermana se cargue a quien viniere y de que un coro de bufones corporativos lo aplauda sin percibir que da vergüenza ajena.
 
Sin embargo, eso podría llevar a la conclusión de que el Presidente está preso de sí mismo. No. Eso es una mirada psicologista, que antes de válida es insuficiente. Está preso de que lo que encarna no tiene ni pies ni cabeza como proyecto sustentable. Y como incumbe a la Argentina, con su cultura bimonetaria, le saltó la ficha desde las perspectivas con el dólar.
 
El domingo pasado, bajo la pregunta de si se puede sostener el modelo cambiario, Hernán Letcher describe el panorama de los próximos meses con precisión quirúrgica. Comienza por la canchereada de Caputo Toto ("Si creés que está barato, agarrá los pesos y comprá dólares, campeón"). Fue apenas unos días antes de que el mismo Toto, con imagen desvencijada, apareciera de urgencia en uno de los programas de la televisión oficial.
 

13-07-2025 / 11:07
El presidente Javier "el Loco" Milei avanza contra el Congreso nacional y la democracia misma, opera para vaciar las instituciones y amenaza con cerrar el Legislativo si no logra imponer su voluntad; lejos de moderarse, su estrategia es profundizar la confrontación y tensar el sistema hasta forzar una ruptura o afianzarse en el poder absoluto.
 
Nadie podrá decir que no estaba prevenido. Milei avisó en campaña que las convicciones democráticas no eran parte de su repertorio. Una burda lectura del teorema de la imposibilidad de Arrow era la excusa en la que se refugiaba para no decir, con todas las letras, que su anarcocapitalismo ideal requiere de otras formas de gobierno, menos sensibles a las necesidades de las mayorías.
 
Para el presidente, el Poder Legislativo es un objetivo estratégico desde el primer día. Pero no a partir de la búsqueda de construcción de consensos para consolidar sus decisiones ejecutivas sino como un obstáculo a su poder que debía ser corrido o anulado. Esa escalada recrudeció este jueves, luego de sufrir una histórica paliza en el Senado, pero no es nueva, ni es casual, ni está fuera de libreto.
 
El 10 de diciembre de 2023 Milei asumió su cargo de espaldas al Congreso, rompiendo la tradición centenaria de inaugurar el mandato con una asamblea legislativa. Todavía era el presidente que venía a prender fuego el Banco Central y terminar con la casta. Hoy la imagen es muy distinta: el Central mantiene el dólar planchado y la casta finge demencia y se enriquece en medio de la destrucción.
 
Días más tarde anunciaba el DNU 70/23, con el que se adjudicó facultades legislativas en un espectro muy amplio, usurpando, de facto, el rol del Congreso. La ley de Bases, en tanto, con cientos de artículos, se trató en despachos exprés de sólo cuatro comisiones y, en el recinto, se votó por bloques para evitar que se cayeran los aspectos más escandalosos de la letra chica.
 
Durante el tratamiento de esa ley, que duró varios meses, Milei trató de ratas y de corruptos a los diputados y senadores mientras era el oficialismo el que cambiaba el sentido de algunos votos clave a partir de mecanismos nunca aclarados. Uno de ellos, el senador Eduardo Kueider, está detenido en Paraguay desde el año pasado. Lo encontraron tratando de cruzar la frontera con 200 mil dólares.
 
Cuando los aprietes y la corrupción no alcanzaban para frenar iniciativas contrarias a los intereses del gobierno, el presidente recurrió al veto. Para sostenerlo necesita un tercio de los votos en una de los dos cámaras. En el Senado siempre estuvo lejos. En la cámara baja pudo reunir 87 "héroes", con aliados radicales, del PRO y de algunas provincias, que le permitieron imponerse. Lo celebraron con un gran asado.
 
Esa pólvora está mojada. En la Casa Rosada admiten que no pueden garantizar el tercio que blinda las decisiones de Milei. Por eso recurren a otro recurso: bloquear el funcionamiento del Congreso, incluso mediante la violencia. Clausuran las comisiones para evitar dictámenes en proyectos que no quieren tratar e intentan levantar las sesiones por escándalo (esto es literal) para ahorrarse derrotas. Era una táctica con patas cortas. 
 

12-07-2025 / 09:07
Desde el "no fui por la neblina" de Javier "el Loco" Milei, hasta el hurto de fusibles del tablero del Senado, más tuiteros rentados, empleados por el gobierno, pidiendo que "saquen los tanques a la calle" y que "dinamiten el Congreso", todo fue mugriento y tosco. Fantino y JP Morgan empezaron la escalada que aisló al gobierno en sus limitaciones y vilezas destinadas a ahogar a las provincias, saquear a los jubilados y abandonar a enfermos, discapacitados y a víctimas de la tragedia de Bahía Blanca.
 
El desquiciado Milei decidió no concurrir al acto central por el 9 de Julio en Tucumán cuando se enteró que no irían los gobernadores. Pero como no podía confesarlo, dijo que no iba por la neblina. Hizo un día espectacular y para que se notara más, la vicepresidenta se tomó un avión y llegó con pleno sol.
 
Victoria Villarruel puso en evidencia a Milei -quien la considera una "traidora"- y puso en un aprieto al ubicuo gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, interesado en reclamar lo que incumplió el gobierno nacional, pero poco dispuesto a intervenir en la interna entre el presidente y su vice.
 
Lejos quedó la imagen de la doble fila de gobernadores serviciales que recibió a Milei en la Casa Histórica de Tucumán el año pasado. Le votaron poderes especiales, una inconstitucional ley bases y el RIGI que entrega riquezas. A cambio recibieron promesas de financiamientos e inversiones que nunca llegaron.
 
La rebelión de los gobernadores un año después de aquel acto de sumisión demostró la explosión de la crisis en sus provincias con descalabros en las economías regionales, en las rutas, la educación o la seguridad. Pero también fue un indicio de que las expectativas de la sociedad en el gobierno se redujeron con respecto al 2024.
 
Tras ganar las elecciones, las expectativas de la sociedad en el gobierno de Milei crecieron más que los votos con los que había ganado. Los gobernadores miden esos climas y por eso se sumaron al circo del año pasado. Ahora le dijeron que sin ellos no puede ganar porque esas ilusiones están a la baja.
 
Pero, horror, los gobernadores radicales y del PRO iban a coincidir con sus colegas del kirchnerismo, que resistieron desde el primer día el saqueo a los jubilados y la crueldad de desfinanciar el sistema de atención a la discapacidad o abandonar a las víctimas de tragedias como la de Bahía Blanca.
 
El acuerdo era dar quórum para iniciar la sesión. Los senadores kirchneristas informaron que además de la devolución de los ATN y de lo que les corresponde del impuesto a las naftas, iban a plantear el aumento a los jubilados, la declaración de emergencia en discapacidad y el rechazo del veto presidencial a la asistencia de las víctimas en Bahía Blanca. La noche previa, los gobernadores radicales y los del PRO dijeron que solamente aprobarían la devolución de los fondos a las provincias.
 
Como los puntos que le interesaban a estos gobernadores quedaron al final de la agenda porque serían tratados sobre tablas, sin pasar por comisión, los senadores que les respondían se quedaron hasta el final y algunos de ellos, incluso, votaron junto al kirchnerismo los temas sobre Bahía Blanca, jubilaciones y discapacidad. Este gobierno jugó al borde del precipicio desde que asumió. Zafó al principio con una devaluación que demolió salarios, después con un blanqueo exitoso y luego con la ayuda esclavizante del FMI. 
 

11-07-2025 / 09:07
Por paliza, Javier "el Loco" Milei sufrió una seguidilla de derrotas en el Congreso. Pese a las amenazas y las operaciones sucias, el Senado convirtió en ley por unanimidad el aumento a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad y por amplia mayoría la moratoria previsional. Además, rechazó el veto al Fondo para Bahía Blanca, defendió las acciones de YPF y votó los proyectos impulsados por los gobernadores. Los oficialistas abandonaron la sesión y el Presidente, acorralado, ya adelantó que vetará las leyes sancionadas, en una nueva muestra de su autoritarismo y de su fanatismo con el ajuste fiscal a costa del hambre de los jubilados y la motosierra contra los sectores más vulnerables.
 
Enemistado con casi todos los espacios (en las últimas semanas se sumaron los gobernadores), Milei sufrió una derrota tras otra y su gobierno vivió una jornada negra en el Senado. El aumento para los jubilados y la emergencia en discapacidad se aprobaron por unanimidad. La moratoria, con amplia mayoría. Los mandatarios provinciales lograron darle media sanción a la modificación en el reparto de los ATN y en la coparticipación el Impuesto a los Combustibles.
 
La primera de las leyes aprobadas (contaba ya con media sanción en Diputados) fue el aumento de las jubilaciones y del bono para quienes cobran un haber mínimo, que está congelado en $70 mil desde marzo del 2024. De esta manera, la jubilación mínima pasa de $309 mil a $331 mil, y el bono escala a $110 mil. El aval del dictamen contó con 42 votos a favor, 17 en contra y tres abstenciones, mientras que para su aprobación final sumó 52 votos a favor y 4 abstenciones.
 
De acuerdo con el Gobierno, este proyecto rompe el equilibrio fiscal. Sin embargo, según la Oficina del Presupuesto del Congreso, el impacto durante este año será de 0,37% del PBI y en 2026 del 0,71%, número inferior al 0,41% que representó la baja de Bienes Personales a los más ricos. Además, la nueva norma prevé cubrir el impacto fiscal mediante la eliminación de exenciones impositivas, la reasignación de partidas de la SIDE, y utilización de recursos provenientes de registros automotores.
 
La segunda de las leyes que aprobó el Senado es el retorno de la moratoria previsional, con 39 votos afirmativos, 14 negativos y una abstención. De esta forma, se restablece el mecanismo, que venció en marzo de este año, que permite el acceso a una jubilación para quienes no alcanzaron los 30 años de aportes. En tercer lugar, el Senado convirtió en ley por unanimidad la declaración de emergencia para la discapacidad. La propuesta establece la emergencia para el sector hasta diciembre del 2027, que garantiza partidas presupuestarias para incrementar el pago a los prestadores de servicios y saldar la deuda para enfermeros, acompañantes y transportistas. En simultáneo a su tratamiento, diferentes agrupaciones movilizaron al Congreso para presionar su aprobación.
 
Por otra parte, el Senado rechazó por unanimidad el veto de Milei a una ley que creaba un fondo de $200 millones para la restauración de Bahía Blanca tras la trágica inundación de marzo. Ahora dependerá de la Cámara de Diputados, que en su momento dio media sanción a la ley con 153 votos a favor y la única oposición de LLA. Otra de las derrotas del Gobierno fue la media sanción a los proyectos presentados por los 24 gobernadores, que plantean un nuevo reparto a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles.
 
La Opinión Popular
 

10-07-2025 / 09:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei quema puentes que va a necesitar tarde o temprano, o quizás hoy mismo. El faltazo masivo de los gobernadores al acto del 9 de julio debía ser leído por la Casa Rosada como una advertencia que los alentaría a sentarse a negociar un mejor reparto de recursos. Eso esperaban 18 de los 24 gobernadores; de los restantes hay dos que ya perdieron esa expectativa y cuatro que nunca la abrigaron.
 
Milei no quiso o no supo leer el mensaje. Los acusó, a "todos", de buscar la destrucción del Gobierno. Con una fallida operación de relaciones públicas intentó instalar la idea de que las turbulencias financieras que habrá en las próximas semanas no son a causa de la falta de dólares sino de que el Congreso Nacional apruebe leyes que asignan recursos a jubilados, discapacitados y las provincias.
 
Esa voltereta mediática no hizo más que consolidar el bloque opositor que se prepara para darle esta tarde una dura derrota al gobierno libertario en el Senado. Los gobernadores pasaron de ser los mejores aliados de Milei a sus nuevos enemigos. Como aliados le permitieron obtener la Ley de Bases y sostener el DNU 70/23. Como enemigos puede convertir lo que quede de su mandato en un pantano.
 
Oficialismo y oposición descuentan que este jueves por la tarde van a estar los votos para convertir en ley el aumento a los jubilados y la suba del bono, además de la emergencia en discapacidad. Adicionalmente, buscarán darle media sanción a los dos proyectos impulsados por los 24 gobernadores para que el gobierno nacional reparta entre las provincias fondos que retiene de manera irregular.
 
Pero es otro proyecto el que enciende todas las alarmas. Los senadores de la oposición intentarán alcanzar los dos tercios de los votos para insistir con la ley que declaraba la emergencia en Bahía Blanca por las inundaciones, y que el presidente vetó. Si lo consiguen, los diputados podrán hacer lo propio la semana que viene, dejando al desnudo la vulnerabilidad del gobierno, que perdió el poder de veto.
 
Esa revelación caería en el momento más inoportuno. En la recta final antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y las nacionales puede quedarse sin herramientas para evitar una serie de derrotas políticas de alto calibre. Por eso se profundiza el ataque al Congreso y se redoblarán los esfuerzos para boicotear su funcionamiento. La oposición deberá evitar las trampas.
 
Para completar un panorama adverso, a Milei también le están dando la espalda los grandes grupos financieros, que son los principales beneficiarios de su gestión. Sólo entre ayer y hoy se pagaron más de 4000 millones de dólares (que equivalen al 80% del presupuesto anual en Salud) en intereses de deuda. La principal prioridad del plan económico del gobierno es pagarle a los acreedores.
 

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