03:37 | Lunes 22 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 24-03-2021 / 09:03

DESAFÍOS PARA LOS JUICIOS DE LESA HUMANIDAD

A 45 años del golpe militar de 1976: Falta juzgar la pata civil y el área de inteligencia de la dictadura

De la soledad de los años de plomo a los juicios ejemplo en todo el mundo, los organismos de derechos humanos ya lograron 1025 condenas. Casi 3500 represores fueron investigados en 626 causas abiertas, 21 de ellas en curso y 73 esperando fecha. Los reclamos a la Corte por las demoras en el proceso y la dificultad de juzgar a los responsables civiles.

El proceso de juzgamiento de los crímenes de la última dictadura ya produjo 1025 condenados, pero todavía falta conocer la verdad sobre todos los detenidos-desaparecidos y los niños apropiados, así como acelerar los procesos y avanzar en el análisis tanto de la responsabilidad civil en las violaciones de derechos humanos como de las estructuras de inteligencia que sostuvieron al terrorismo de Estado.

La búsqueda de verdad y justicia ha guiado los pasos de los familiares y de los organismos de derechos humanos en los últimos 45 años. El proceso de juzgamiento, que ya cuenta con 1025 condenados, es ejemplo en el mundo, pero aun así los desafíos por hallar la verdad de lo sucedido con cada uno de los detenidos-desaparecidos y con los niños apropiados permanecen junto con deudas específicas, como el juzgamiento de los civiles y el análisis de las estructuras de inteligencia, que planificaron y se nutrieron de los secuestros de miles para mantener en funcionamiento a la maquinaria de exterminio.

Desde que se reabrieron los procesos por delitos de lesa humanidad, casi 3500 personas han estado bajo investigación. Menos de una tercera parte de ellas --1025-- han sido condenadas, según las estadísticas que difundió la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad. Hay en la actualidad 21 juicios en curso y otras 73 causas que esperan a que un tribunal oral fije fecha para el comienzo de las audiencias. Los números pueden parecer fríos, pero detrás de ellos hay personas que hace 40 o 45 años esperan justicia o una instancia para saber qué pasó con los suyos.

En total son 626 las causas abiertas por delitos de lesa humanidad. La mayoría de ellas --278-- aún se están instruyendo, lo que muestra a las claras que, a 45 años del golpe, es mucho lo que falta por saber o por sancionar. Y 254 ya cuentan con sentencia. Son decenas aún las causas que no están firmes, ya sea por demoras en la Corte Suprema o en la Cámara de Casación Federal.

Desafíos que persisten

"El proceso de justicia se reabrió hace casi 20 años con la primera declaración de inconstitucionalidad de las leyes y, desde entonces, hay algunos problemas que aparecen estables", explica Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional de Derechos Humanos. La Secretaría de Derechos Humanos --que dirige Horacio Pietragalla-- ha estado trabajando en un plan estratégico para el avance de los juicios en el que advirtió tres grandes desafíos, que se mantienen más allá de la pandemia, que ha hecho todo un poco más difícil.

"El primer desafío es que todas las agencias estatales se articulen para alcanzar mayor celeridad y para asegurar que sea una verdadera política de Estado", expone Pochak. "El segundo reto está vinculado con acelerar el proceso en todas sus etapas y el tercero, con profundizar las investigaciones en aquellos sectores de las fuerzas en los que no se ha indagado --por ejemplo, las estructuras de inteligencia-- y en el esclarecimiento del rol de los sectores civiles que se beneficiaron o participaron de crímenes de lesa humanidad. Entre estos están tanto los sectores económicos, eclesiásticos, judiciales y mediáticos. También con avanzar con la sanción de los crímenes que se cometieron antes del golpe".

El diagnóstico coincide con el que hace la fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad. "Se debe enfocar el proceso de juzgamiento poniendo todos los recursos en los casos de las víctimas que no lograron aun avanzar hacia una sentencia", señala la fiscal a Página/12. "Hay que centrarse en dar una respuesta integral sobre lo que fue el plan sistemático", sostiene Ramos. Como parte de esa respuesta, entiende que hay que analizar la responsabilidad de ciertos sectores de la sociedad civil y escrudiñar la estructura de inteligencia para comprender la lógica que implementó el terrorismo de Estado y para saber cuál fue el destino de las víctimas.

La tarea es grande. Y los tiempos corren. "Corre la impunidad biológica para los genocidas, que fallecen libres de culpa y cargo, pero también los sobrevivientes fallecemos. Pasó recientemente con Víctor Basterra, Mario Villani y Jorge Watts, sólo por nombrar a algunos que fallecieron sin haber visto concretada la totalidad de la justicia que persiguieron", dice, con pesar, Osvaldo Barros, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y referente de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD).

¿Dónde están?

El abogado querellante Pablo Llonto afirma que se debe avanzar para dar respuesta a los dos grandes interrogantes que tienen las familias hace más de cuatro décadas: qué pasó con los suyos, dónde están sus restos y encontrar a los niños y a las niñas apropiadas durante los años del terrorismo de Estado.

Abuelas de Plaza de Mayo ya ha encontrado a 130 nietes, pero la tarea que queda por delante es ciclópea. "Abuelas está trabajando en una estrategia conjuntamente con la Unidad de Apropiación de la Procuración General --que dirige el fiscal Pablo Parenti-- para impulsar las causas de búsqueda de nietos y que aún en pandemia los análisis puedan llegar al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)", cuenta Emanuel Lovelli, coordinador del equipo jurídico del organismo.

En simultáneo están los juicios en los que se juzgan casos de apropiación de niños o el funcionamiento de maternidades clandestinas, como sucede con la megacausa de Campo de Mayo o el juicio de los pozos de Banfield, Quilmes y la brigada de investigaciones de Lanús --más conocida como "El Infierno", en el que se juzga lo sucedido con 18 mujeres que estaban embarazadas al momento del secuestro o que dieron a luz en cautiverio--.

Las demoras

En la jurisdicción de La Plata, donde se lleva adelante el juicio de las Brigadas o de los Pozos, la principal dificultad está ligada a la integración del tribunal oral para llevar adelante los debates y son muchas las causas con sentencia que esperan ser revisadas en la Cámara Federal de Casación. Un ejemplo emblemático es la sentencia por el centro clandestino conocido como La Cacha, que fue dictada en 2014 y aun espera ser confirmada por el máximo tribunal penal del país.

Las demoras en la Corte Suprema ya fueron señaladas el año pasado por los organismos de derechos humanos cuando Carlos Rosenkrantz se acordó de reactivar la comisión interpoderes, que desde entonces se ha estado reuniendo mensualmente pero sin hacer públicos los informes de las reuniones. Según el análisis de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, las causas tardan un promedio de cinco años y dos meses desde que se requiere su elevación a juicio hasta que la Corte las deja firme.

Sin embargo, hay casos que muestran con claridad que ese promedio se supera con creces. El máximo tribunal aún no dejó firmes las condenas a dos de los represores, Raúl Harsich y César Fragni, que participaron en 1976 del secuestro del adolescente Floreal Avellaneda, sometido a feroces torturas y asesinado. El juicio se hizo en 2009 y después de una revisión de la pena en 2012, el expediente hace años espera en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.

La Corte también debe revisar una decisión de la Sala III de la Cámara de Casación que sostuvo que los delitos sexuales no eran delitos de lesa humanidad.

La pata civil

"¿Con qué no se pudo avanzar?", se pregunta la abogada querellante Guadalupe Godoy. "Con las causas de responsabilidad empresarial", contesta. "Ha sido muy difícil la ampliación de responsabilidades. El Poder Judicial se quedó muy cómodo en las estructuras que ya se habían juzgado antes", sostiene.

La dificultad para avanzar sobre esos sectores es advertida también por el vicepresidente de la Cámara Federal de Casación, el juez Alejandro Slokar. "Debe dimensionarse que se trató también --sino centralmente-- de un golpe cívico en tanto la complicidad empresarial no aparece suficientemente investigada ni sancionada", dice Slokar a este diario. "Basta pensar que en los juicios de Nuremberg el mayor siderúrgico alemán, Friedrich Flick, fue condenado a prisión como criminal de guerra --entre otros delitos-- por el empleo y muerte de prisioneros. En nuestro país, el capítulo de los delitos económicos y patrimoniales aún sigue sin escribirse".

La primera condena a un empresario, Marcos Levín, fue dejada sin efecto por Casación Federal en 2017. Ese caso está aun a estudio de la Corte Suprema, que también demora hace más de cinco años la resolución sobre la situación del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Tadeo Blaquier.

"Entendemos que la Corte tiene que dar vuelta esa falta de mérito que dictó Casación a favor de Blaquier, pero vemos cómo el tribunal se resiste", dice Carlos Pisoni, referente de HIJOS Capital. "El conflicto con la Corte está dado desde que firmaron el fallo del 2x1 y pedimos el juicio político de los tres integrantes que fallaron en ese sentido. Necesitamos que avance con las causas de lesa, pero tampoco tomó nuestro pedido de crear una secretaría de lesa para agilizar los expedientes", apunta.

Hay otros casos emblemáticos de responsabilidad empresarial, como la sentencia a los ejecutivos de la Ford, que están para ser revisados en Casación, y también hay actualmente en trámite un juicio --que tiene en el banquillo al extitular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Juan Etchebarne-- que muestra la contracara de cómo sectores del empresariado fueron víctimas de la dictadura.

También otras causas como el del Ingenio La Fronterita, que esperan en la Cámara Federal de Tucumán para dictar un procesamiento siguiendo las indicaciones que le dio la Cámara de Casación a finales de 2020. "Estamos a la espera de esa definición. La principal cuestión en la jurisdicción es avanzar con los juicios porque es una carrera contrarreloj y, al margen de la situación de los imputados, la tarea es seguir buscando a los niños apropiados y los restos de los desaparecidos", comenta el fiscal Pablo Camuña, coordinador de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en Tucumán.

La investigación de la responsabilidad empresarial no se agota en los tribunales. "Se debe poner en marcha la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras", reclama Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La creación de la Bicameral fue aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero su implementación quedó trabada durante el macrismo.

Investigar la inteligencia

Reformar los servicios de inteligencia es parte de una de las agendas más ambiciosas de la democracia, pero investigar la estructura que diseñó y se nutrió de los secuestros durante la dictadura también sigue siendo una deuda del presente con respecto a los procesos de lesa humanidad.

"Hay un gran tema pendiente que tiene que ver con la investigación de la estructura de inteligencia del Ejército centralmente, que actuó en todo el país asegurando que se siguiera secuestrando", sostiene el abogado querellante Pablo Llonto.

La Jefatura II del Ejército, máximo órgano de inteligencia y superior del temible Batallón de Inteligencia 601, aún sigue siendo un misterio para los tribunales. El juez federal Daniel Rafecas investigó la Jefatura II y procesó a su máximo responsable entre 1976 y 1977, Carlos Alberto Martínez, en 2012, pero murió antes de llegar al juicio. "Hay que avanzar con las responsabilidades hacia abajo", reclama Llonto.

La inteligencia fue básicamente el motor de la represión: la que disponía los blancos y la que se nutría de los interrogatorios bajo tortura para que la maquinaria de muerte siguiera funcionando. Por este rol central, entiende Llonto, se podría imputar a sus responsables lo sucedido con los detenidos-desaparecidos que 45 años después no se sabe por qué centro clandestino pasaron.

En las causas se ha condenado a integrantes de la estructura de inteligencia, pero aun falta un análisis completo de la estructura del Ejército, que tuvo responsabilidad primaria en la represión. "El juicio de la Contraofensiva intenta reparar esta falta, pero sólo analiza lo sucedido entre 1979 y 1980. Tal vez sirva como disparador para otras investigaciones", sostiene Llonto. Las víctimas esperan que el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 dicte sentencia entre mayo y junio.

"Sigue faltando, además, una apertura de los archivos de inteligencia, lo que permitiría avanzar en la investigación y sanción de los responsables", apunta Litvachky. La interventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, comenzó con el proceso de desclasificación, que desde el CELS y Abuelas destacaron como una forma de romper con el secretismo.

Una demanda que no cesa

"Se debe sostener el proceso de Memoria, Verdad y Justicia tal como lo venimos impulsando hace décadas, pero este 45° aniversario debe servir para llamar la atención sobre los procesos de derechización que se ponen en juego socialmente y que erosionan el capital simbólico de los derechos humanos. Tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en la construcción de lazos sociales, de empatía y solidaridad porque de eso se trata cuando hablamos de derechos humanos", sostiene Paula Litvachky, del CELS.

Para el extitular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad y referente de Justicia Legítima Jorge Auat, la demanda de justicia camina junto con el ejercicio de memoria para asegurar el verdadero Nunca Más. "Hay que continuar la demanda de justicia más allá de las coyunturas. El Poder Judicial tiene que dar respuestas siempre porque no se puede pasar de página", insiste.

"Los desafíos han sido siempre la reparación a las víctimas y a sus familiares y aportar una dimensión más amplia de los procesos, en el sentido de visibilizar cuál era la disputa política profunda, el objetivo del genocidio, su instrumentación y sus métodos", remarca el fiscal Miguel Palazzani, titular de las Unidades de Derechos Humanos de Bahía Blanca y de Neuquén. "Estos juicios, que en apariencia miran al pasado, en realidad están mirando al futuro".

Por Luciana Bertoia

Fuente: Página12

21-12-2025 / 09:12

Volantazo de los gobernadores: El final de la primavera anarco capitalista del Loco Milei

Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.

Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.

Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.

La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.

El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.

La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.

La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.

Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.

Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.

20-12-2025 / 10:12

Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas Milei dilapidó el resultado de las urnas

Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.

El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.

Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.

La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.

Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.

El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.

Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.

Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.

Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.

19-12-2025 / 10:12

Se puede derrotar al Loco Milei: Cagados en las patas, patearon la Reforma Laboral para febrero

La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional. El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.

"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.

Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.

Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.

Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.

El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.

Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.

La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.

La Opinión Popular

18-12-2025 / 08:12

Tremendo golpe al Loco Milei: la oposición salvó las universidades y la emergencia en discapacidad

Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.

El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.

Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.

Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.

Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.

Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".

La Opinión Popular

17-12-2025 / 09:12

El Loco Milei quiere derogar las leyes de discapacidad y financiamiento universitario

A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.

En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.

Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.

De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.

Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.

Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.

Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.

Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.