03:58 | Jueves 11 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 24-03-2021 / 09:03

DESAFÍOS PARA LOS JUICIOS DE LESA HUMANIDAD

A 45 años del golpe militar de 1976: Falta juzgar la pata civil y el área de inteligencia de la dictadura

De la soledad de los años de plomo a los juicios ejemplo en todo el mundo, los organismos de derechos humanos ya lograron 1025 condenas. Casi 3500 represores fueron investigados en 626 causas abiertas, 21 de ellas en curso y 73 esperando fecha. Los reclamos a la Corte por las demoras en el proceso y la dificultad de juzgar a los responsables civiles.

El proceso de juzgamiento de los crímenes de la última dictadura ya produjo 1025 condenados, pero todavía falta conocer la verdad sobre todos los detenidos-desaparecidos y los niños apropiados, así como acelerar los procesos y avanzar en el análisis tanto de la responsabilidad civil en las violaciones de derechos humanos como de las estructuras de inteligencia que sostuvieron al terrorismo de Estado.

La búsqueda de verdad y justicia ha guiado los pasos de los familiares y de los organismos de derechos humanos en los últimos 45 años. El proceso de juzgamiento, que ya cuenta con 1025 condenados, es ejemplo en el mundo, pero aun así los desafíos por hallar la verdad de lo sucedido con cada uno de los detenidos-desaparecidos y con los niños apropiados permanecen junto con deudas específicas, como el juzgamiento de los civiles y el análisis de las estructuras de inteligencia, que planificaron y se nutrieron de los secuestros de miles para mantener en funcionamiento a la maquinaria de exterminio.

Desde que se reabrieron los procesos por delitos de lesa humanidad, casi 3500 personas han estado bajo investigación. Menos de una tercera parte de ellas --1025-- han sido condenadas, según las estadísticas que difundió la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad. Hay en la actualidad 21 juicios en curso y otras 73 causas que esperan a que un tribunal oral fije fecha para el comienzo de las audiencias. Los números pueden parecer fríos, pero detrás de ellos hay personas que hace 40 o 45 años esperan justicia o una instancia para saber qué pasó con los suyos.

En total son 626 las causas abiertas por delitos de lesa humanidad. La mayoría de ellas --278-- aún se están instruyendo, lo que muestra a las claras que, a 45 años del golpe, es mucho lo que falta por saber o por sancionar. Y 254 ya cuentan con sentencia. Son decenas aún las causas que no están firmes, ya sea por demoras en la Corte Suprema o en la Cámara de Casación Federal.

Desafíos que persisten

"El proceso de justicia se reabrió hace casi 20 años con la primera declaración de inconstitucionalidad de las leyes y, desde entonces, hay algunos problemas que aparecen estables", explica Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional de Derechos Humanos. La Secretaría de Derechos Humanos --que dirige Horacio Pietragalla-- ha estado trabajando en un plan estratégico para el avance de los juicios en el que advirtió tres grandes desafíos, que se mantienen más allá de la pandemia, que ha hecho todo un poco más difícil.

"El primer desafío es que todas las agencias estatales se articulen para alcanzar mayor celeridad y para asegurar que sea una verdadera política de Estado", expone Pochak. "El segundo reto está vinculado con acelerar el proceso en todas sus etapas y el tercero, con profundizar las investigaciones en aquellos sectores de las fuerzas en los que no se ha indagado --por ejemplo, las estructuras de inteligencia-- y en el esclarecimiento del rol de los sectores civiles que se beneficiaron o participaron de crímenes de lesa humanidad. Entre estos están tanto los sectores económicos, eclesiásticos, judiciales y mediáticos. También con avanzar con la sanción de los crímenes que se cometieron antes del golpe".

El diagnóstico coincide con el que hace la fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad. "Se debe enfocar el proceso de juzgamiento poniendo todos los recursos en los casos de las víctimas que no lograron aun avanzar hacia una sentencia", señala la fiscal a Página/12. "Hay que centrarse en dar una respuesta integral sobre lo que fue el plan sistemático", sostiene Ramos. Como parte de esa respuesta, entiende que hay que analizar la responsabilidad de ciertos sectores de la sociedad civil y escrudiñar la estructura de inteligencia para comprender la lógica que implementó el terrorismo de Estado y para saber cuál fue el destino de las víctimas.

La tarea es grande. Y los tiempos corren. "Corre la impunidad biológica para los genocidas, que fallecen libres de culpa y cargo, pero también los sobrevivientes fallecemos. Pasó recientemente con Víctor Basterra, Mario Villani y Jorge Watts, sólo por nombrar a algunos que fallecieron sin haber visto concretada la totalidad de la justicia que persiguieron", dice, con pesar, Osvaldo Barros, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y referente de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD).

¿Dónde están?

El abogado querellante Pablo Llonto afirma que se debe avanzar para dar respuesta a los dos grandes interrogantes que tienen las familias hace más de cuatro décadas: qué pasó con los suyos, dónde están sus restos y encontrar a los niños y a las niñas apropiadas durante los años del terrorismo de Estado.

Abuelas de Plaza de Mayo ya ha encontrado a 130 nietes, pero la tarea que queda por delante es ciclópea. "Abuelas está trabajando en una estrategia conjuntamente con la Unidad de Apropiación de la Procuración General --que dirige el fiscal Pablo Parenti-- para impulsar las causas de búsqueda de nietos y que aún en pandemia los análisis puedan llegar al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)", cuenta Emanuel Lovelli, coordinador del equipo jurídico del organismo.

En simultáneo están los juicios en los que se juzgan casos de apropiación de niños o el funcionamiento de maternidades clandestinas, como sucede con la megacausa de Campo de Mayo o el juicio de los pozos de Banfield, Quilmes y la brigada de investigaciones de Lanús --más conocida como "El Infierno", en el que se juzga lo sucedido con 18 mujeres que estaban embarazadas al momento del secuestro o que dieron a luz en cautiverio--.

Las demoras

En la jurisdicción de La Plata, donde se lleva adelante el juicio de las Brigadas o de los Pozos, la principal dificultad está ligada a la integración del tribunal oral para llevar adelante los debates y son muchas las causas con sentencia que esperan ser revisadas en la Cámara Federal de Casación. Un ejemplo emblemático es la sentencia por el centro clandestino conocido como La Cacha, que fue dictada en 2014 y aun espera ser confirmada por el máximo tribunal penal del país.

Las demoras en la Corte Suprema ya fueron señaladas el año pasado por los organismos de derechos humanos cuando Carlos Rosenkrantz se acordó de reactivar la comisión interpoderes, que desde entonces se ha estado reuniendo mensualmente pero sin hacer públicos los informes de las reuniones. Según el análisis de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, las causas tardan un promedio de cinco años y dos meses desde que se requiere su elevación a juicio hasta que la Corte las deja firme.

Sin embargo, hay casos que muestran con claridad que ese promedio se supera con creces. El máximo tribunal aún no dejó firmes las condenas a dos de los represores, Raúl Harsich y César Fragni, que participaron en 1976 del secuestro del adolescente Floreal Avellaneda, sometido a feroces torturas y asesinado. El juicio se hizo en 2009 y después de una revisión de la pena en 2012, el expediente hace años espera en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.

La Corte también debe revisar una decisión de la Sala III de la Cámara de Casación que sostuvo que los delitos sexuales no eran delitos de lesa humanidad.

La pata civil

"¿Con qué no se pudo avanzar?", se pregunta la abogada querellante Guadalupe Godoy. "Con las causas de responsabilidad empresarial", contesta. "Ha sido muy difícil la ampliación de responsabilidades. El Poder Judicial se quedó muy cómodo en las estructuras que ya se habían juzgado antes", sostiene.

La dificultad para avanzar sobre esos sectores es advertida también por el vicepresidente de la Cámara Federal de Casación, el juez Alejandro Slokar. "Debe dimensionarse que se trató también --sino centralmente-- de un golpe cívico en tanto la complicidad empresarial no aparece suficientemente investigada ni sancionada", dice Slokar a este diario. "Basta pensar que en los juicios de Nuremberg el mayor siderúrgico alemán, Friedrich Flick, fue condenado a prisión como criminal de guerra --entre otros delitos-- por el empleo y muerte de prisioneros. En nuestro país, el capítulo de los delitos económicos y patrimoniales aún sigue sin escribirse".

La primera condena a un empresario, Marcos Levín, fue dejada sin efecto por Casación Federal en 2017. Ese caso está aun a estudio de la Corte Suprema, que también demora hace más de cinco años la resolución sobre la situación del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Tadeo Blaquier.

"Entendemos que la Corte tiene que dar vuelta esa falta de mérito que dictó Casación a favor de Blaquier, pero vemos cómo el tribunal se resiste", dice Carlos Pisoni, referente de HIJOS Capital. "El conflicto con la Corte está dado desde que firmaron el fallo del 2x1 y pedimos el juicio político de los tres integrantes que fallaron en ese sentido. Necesitamos que avance con las causas de lesa, pero tampoco tomó nuestro pedido de crear una secretaría de lesa para agilizar los expedientes", apunta.

Hay otros casos emblemáticos de responsabilidad empresarial, como la sentencia a los ejecutivos de la Ford, que están para ser revisados en Casación, y también hay actualmente en trámite un juicio --que tiene en el banquillo al extitular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Juan Etchebarne-- que muestra la contracara de cómo sectores del empresariado fueron víctimas de la dictadura.

También otras causas como el del Ingenio La Fronterita, que esperan en la Cámara Federal de Tucumán para dictar un procesamiento siguiendo las indicaciones que le dio la Cámara de Casación a finales de 2020. "Estamos a la espera de esa definición. La principal cuestión en la jurisdicción es avanzar con los juicios porque es una carrera contrarreloj y, al margen de la situación de los imputados, la tarea es seguir buscando a los niños apropiados y los restos de los desaparecidos", comenta el fiscal Pablo Camuña, coordinador de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en Tucumán.

La investigación de la responsabilidad empresarial no se agota en los tribunales. "Se debe poner en marcha la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras", reclama Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La creación de la Bicameral fue aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero su implementación quedó trabada durante el macrismo.

Investigar la inteligencia

Reformar los servicios de inteligencia es parte de una de las agendas más ambiciosas de la democracia, pero investigar la estructura que diseñó y se nutrió de los secuestros durante la dictadura también sigue siendo una deuda del presente con respecto a los procesos de lesa humanidad.

"Hay un gran tema pendiente que tiene que ver con la investigación de la estructura de inteligencia del Ejército centralmente, que actuó en todo el país asegurando que se siguiera secuestrando", sostiene el abogado querellante Pablo Llonto.

La Jefatura II del Ejército, máximo órgano de inteligencia y superior del temible Batallón de Inteligencia 601, aún sigue siendo un misterio para los tribunales. El juez federal Daniel Rafecas investigó la Jefatura II y procesó a su máximo responsable entre 1976 y 1977, Carlos Alberto Martínez, en 2012, pero murió antes de llegar al juicio. "Hay que avanzar con las responsabilidades hacia abajo", reclama Llonto.

La inteligencia fue básicamente el motor de la represión: la que disponía los blancos y la que se nutría de los interrogatorios bajo tortura para que la maquinaria de muerte siguiera funcionando. Por este rol central, entiende Llonto, se podría imputar a sus responsables lo sucedido con los detenidos-desaparecidos que 45 años después no se sabe por qué centro clandestino pasaron.

En las causas se ha condenado a integrantes de la estructura de inteligencia, pero aun falta un análisis completo de la estructura del Ejército, que tuvo responsabilidad primaria en la represión. "El juicio de la Contraofensiva intenta reparar esta falta, pero sólo analiza lo sucedido entre 1979 y 1980. Tal vez sirva como disparador para otras investigaciones", sostiene Llonto. Las víctimas esperan que el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 dicte sentencia entre mayo y junio.

"Sigue faltando, además, una apertura de los archivos de inteligencia, lo que permitiría avanzar en la investigación y sanción de los responsables", apunta Litvachky. La interventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, comenzó con el proceso de desclasificación, que desde el CELS y Abuelas destacaron como una forma de romper con el secretismo.

Una demanda que no cesa

"Se debe sostener el proceso de Memoria, Verdad y Justicia tal como lo venimos impulsando hace décadas, pero este 45° aniversario debe servir para llamar la atención sobre los procesos de derechización que se ponen en juego socialmente y que erosionan el capital simbólico de los derechos humanos. Tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en la construcción de lazos sociales, de empatía y solidaridad porque de eso se trata cuando hablamos de derechos humanos", sostiene Paula Litvachky, del CELS.

Para el extitular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad y referente de Justicia Legítima Jorge Auat, la demanda de justicia camina junto con el ejercicio de memoria para asegurar el verdadero Nunca Más. "Hay que continuar la demanda de justicia más allá de las coyunturas. El Poder Judicial tiene que dar respuestas siempre porque no se puede pasar de página", insiste.

"Los desafíos han sido siempre la reparación a las víctimas y a sus familiares y aportar una dimensión más amplia de los procesos, en el sentido de visibilizar cuál era la disputa política profunda, el objetivo del genocidio, su instrumentación y sus métodos", remarca el fiscal Miguel Palazzani, titular de las Unidades de Derechos Humanos de Bahía Blanca y de Neuquén. "Estos juicios, que en apariencia miran al pasado, en realidad están mirando al futuro".

Por Luciana Bertoia

Fuente: Página12

10-12-2025 / 09:12

EEUU le vende a Polonia por 1 dólar los tanques que Milei y Petri le compraron a 100 millones de dólares

La denuncia por la compra de chatarra militar suma un nuevo capítulo. A la venta por un euro de los F-16 a Rumania, se añade el inminente acuerdo entre Polonia y Estados Unidos para la comprar de 250 vehículos blindados Stryker por sólo el valor simbólico de un dólar.

Los Stryker forman parte del catálogo militar yanqui que fueron utilizados en Afganistán e Irak y están diseñados para el transporte ágil de tropas y equipamiento. Según versiones oficiales, la elección del modelo responde a una planificación que prioriza la movilidad, la protección y la capacidad de respuesta ante diversas situaciones operativas.

Se trata de unidades adaptadas a distintos escenarios y misiones, con posibilidad de implementación progresiva conforme a los requerimientos logísticos y de capacitación establecidos por el Ejército Argentino.

Ya en julio que había opciones mejores que estaban siendo barajadas como el Guaraní de Brasil, que son vehículos muy similares a los que se usan en Argentina con el aditamento que los componentes mecánicos son argentinos como el motor y transmisión de IVECO.

Según publicó el medio ecuatoriano El Universal en base a un informe de Interesting Engineering, con esta oferta se pretende que los Strykers, que actualmente están desplegados en Europa, no vuelvan a territorio estadounidense, sino que sean entregados directamente a Polonia como parte del proceso de disminución de presencia militar norteamericana en la región.

Un análisis de Breaking Defense detalla que los Strykers llegarían en condiciones deterioradas, lo que implicaría reparaciones costosas, modernización y la creación de un nuevo sistema de soporte y entrenamiento, especialmente complejo para una plataforma que Argentina nunca operó.

Por otra parte, sostiene el informe, también hay dudas sobre el impacto industrial que traería la llegada de estos blindados, ya que puede desplazar la demanda de vehículos de fabricación nacional, como el Rosomak. En efecto, como ocurre con los F-16, se confirma que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están deshaciéndose de la buena parte de su material militar por considerarlo vetusto y desactualizado.

Por eso, en el Ejército argentino preferían El Guaraní brasileño dado no se impone límite de cantidad, son nuevos, se transfiere tecnología de fabricación de partes y es interoperable con Brasil.

"Los EEUU limitan la cantidad, nos entregan un lote de usados que Chile descartó oportunamente. No son anfibios y puede ser que venga una flota final heterogénea, con menor ciclo de vida útil y mayor costo de mantenimiento. Es relevante que no sean anfibios. No van a poder varear nuestros ríos", detalló un militar activo en ese momento.

De los 27 vehículos que el gobierno le compró a Estados Unidos el valor total fue de 100 millones de dólares. La propuesta de Brasil por los Guaraní era de 161 vehículos (156 + 5 de entrenamiento) por 400 millones de dólares, quedando cada unidad en valor de 2,5 millones de dólares cada uno contra los 3,7 de los Stryker. Es decir, si se hubiesen comprado la misma cantidad a Brasil, hubiera gastado 67 millones, 32 millones menos que lo que gastó ahora. ¿Aliados? Las pelotas...

09-12-2025 / 08:12

Rumania pagó un euro en la compra de los F-16 y expone el negociado millonario de Milei con los aviones chatarra

La compra de los 24 aviones F-16 daneses, que entregarán 6 por año, expone el negociado millonario de Javier Milei con los aviones chatarra que no cambian la correlación estratégica ante un eventual conflicto en el Atlántico Sur. Los F-16 son antiguos e inútiles para nuestra principal hipótesis de conflicto. El avión elegido carece de misiles modernos de largo alcance, capacidades SEAD/DEAD, apoyo AWACS y autonomía suficiente para operar a grandes distancias. Y la infraestructura de mantenimiento de la Fuerza Aérea está por debajo de los estándares necesarios. La OTAN jamás lo permitiría.

Estados Unidos y el Reino Unido -ambos miembros de la OTAN- mantienen restricciones tecnológicas que limitan cualquier avance argentino en términos de disuasión real. Seguimos igual de indefensos que antes, a pesar de la celebración marketinera del Gobierno libertario. Las críticas a la compra de los aviones F-16 por parte de Argentina son variadas y provienen de diferentes sectores, abarcando aspectos económicos, militares y geopolíticos. Un resumen de los principales puntos de crítica:

Alto Costo de Operación: la hora de vuelo de un F-16 es muy cara (rondan entre los $10.000 y $20.000 dólares). En un contexto de ajuste fiscal, esto generaría dudas sobre si el país tendrá los fondos necesarios para mantener los aviones operativos y entrenar adecuadamente a los pilotos.

Prioridades de Gasto: Hay críticas sobre destinar una suma importante del presupuesto de defensa (alrededor de $650 millones de dólares para el paquete completo contra un euro que pagó Rumania) a aviones, en lugar de utilizar esos recursos en áreas con mayores necesidades sociales o productivas. Esos dólares que nos prestan no son para un Procrear, son para comprar aviones obsoletos y equipos en mal estado.

Inversión en Infraestructura: Además del costo de compra y operación, se requiere una inversión adicional significativa para actualizar y readecuar las bases aéreas, pistas, talleres y sistemas logísticos para poder soportar la operación de estas aeronaves.

Aviones Usados y Desfase Tecnológico: Aunque modernizados, los aviones son de segunda mano (Europa los está reemplazando por F-35 de quinta generación) y tienen 40 años de antigüedad. Esto no representa la "última tecnología" y Argentina queda rezagada frente a los avances en aviación de combate, cuando los drones y los sistemas no tripulados están redefiniendo el combate aéreo.

Insuficiente para la Extensión Territorial: Argentina es el octavo país más extenso del mundo. Una flota de 24 aviones no es suficiente para cubrir eficazmente todo el territorio nacional y su espacio aéreo.

Limitaciones Logísticas y Técnicas: el F-16 tiene un sistema de reabastecimiento en vuelo por pértiga rígida, lo cual es un problema, ya que la Fuerza Aérea Argentina utiliza un sistema de cesta y manguera, lo que obligaría a readecuar la flota de tanqueros o a depender exclusivamente del sistema rígido.

La compra de armamento estadounidense fomenta un claro alineamiento cipayo con Estados Unidos y la OTAN. Esto limita la soberanía en política exterior y que todo el control logístico, mantenimiento y la provisión de repuestos queden sujetos al visto bueno de los EEUU (y a las restricciones impuestas por el Reino Unido), como ha ocurrido históricamente con otras ventas militares. La elección del F-16 priorizó el alineamiento internacional por sobre otras opciones, como los aviones chinos JF-17 (más modernos y que incluían armamento), los cuales fueron objetados por Gran Bretaña.

La Opinión Popular

08-12-2025 / 08:12

Cientificidio del loco Milei y su gabinete de brutos e ignorantes

Al anular las convocatorias a proyectos de investigación que ya estaban adjudicadas (de 2022) y cerrar definitivamente las siguientes, la Agencia I+D+i, el organismo encargado del financiamiento científico, terminó de cerrar el círculo de destrucción del conocimiento levantado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. El año que viene, Argentina será el único país de América latina que no invierte un peso en ciencia.

Cuando una situación atroz se presenta en reiteradas ocasiones, cada vez tiende a generar un menor impacto. Desde que Milei asumió la Presidencia de la Nación en diciembre de 2023, la comunidad científica advirtió -más de una vez- la desidia a la que se enfrentaba el sector. Organizaron marchas, manifestaciones, feria de investigadores y alzaron la voz en cada oportunidad en la que el Poder Ejecutivo daba otro paso en pos de desmantelar la ciencia del país.

Ahora, la Agencia I+D+i, que depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, anuló las convocatorias a proyectos de investigación PICT 2022 - que ya estaban adjudicados- y cerró definitivamente la convocatoria 2023. Es decir, el próximo año, Argentina será el único país de América Latina que no invierte en ciencia, según explicaron desde la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt).

"El jueves 4 de diciembre de 2025 quedará tristemente en la historia como una fecha clave para el desmantelamiento del sistema científico de la Argentina", anunciaron desde la organización que agrupa a más de 400 directivos de organismos científicos-tecnológicos con el objetivo de articular medidas para frenar lo que ellos denominan como un "cientificidio". El próximo miércoles, la comunidad científica se concentrará en el Polo Científico de Palermo para rechazar y denunciar los nuevos recortes.

La Agencia I+D+i, desde que se creó en 1996, financió las actividades del sistema con convocatorias para que los investigadores reciban fondos para llevar adelante sus investigaciones. Anteriormente dependía del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Desde 2023, el Ministerio desapareció y la agencia pasó a depender de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, bajo la órbita de Darío Genua.

El cambio de gestión trajo consigo el desmantelamiento de la Agencia I+D+i, según cuentan desde Raicyt. La principal herramienta del organismo era la financiación de los Proyectos de Investigación Científico/Tecnológicos (PICTs). Cada año se convocaban a los PICTs y se financiaban aproximadamente 1500 proyectos. Desde la asunción del gobierno de Milei esta línea de financiamiento desapareció.

Para los PICTs, las diferentes entidades científicas debían presentar sus proyectos -que abarcaban todas las áreas del conocimiento-, para luego ser evaluados por la Agencia I+D+i que, en caso de aprobarlos, los ejecutaría aproximadamente dos años después. En 2024, aquellos proyectos aprobados por el Directorio de la agencia en el 2022 no se ejecutaron, cuando ya había cerca de 800 adjudicados.

La convocatoria del 2023 -a ejecutarse en 2025- fue prorrogada en 7 ocasiones y ahora, con el anuncio del 4 de diciembre, definitivamente desapareció del mapa. En 2024 y 2025 no hubo nuevas convocatorias.

07-12-2025 / 09:12

Milei bajo la tiranía de compulsiones y apuestas arriesgadas, pero que no tiene una red que lo sostenga cuando algo salga mal

La profecía de Javier "el Loco" Milei vuelve a atormentarlo: no hay plata. Esa frase que en el comienzo de su mandato el presidente utilizaba como un mantra para justificar su motosierra ahora se convirtió en el principal obstáculo para alcanzar su único objetivo económico concreto, que es recuperar el acceso genuino a los mercados de crédito voluntario internacional de los que estamos vedados por insolvencia desde la primera gestión del actual ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

Ante la imposibilidad de cumplir esa meta, el gobierno argentino ensayó una pantomima guionada, que sólo elude el papelón gracias a los bolsillos generosos y la mirada permisiva de grandes capitales nacionales jugados all-in en el experimento de Milei a partir de los resultados de las elecciones de medio término. El resultado es una farsa montada sobre otra farsa, un engaño consentido para un público diminuto, que lejos de mostrar fortaleza, echa luz sobre su fragilidad.

Caputo es un tahúr habilidoso, pero el suyo no deja de ser un oficio que se ejerce siempre al borde de perderlo todo. Quedar expuesto con una mentira es apenas un accidente cotidiano del que uno debe reponerse rápido y seguir adelante. Pero cada vez se paga un costo de credibilidad y el prontuario del ministro ya tiene muchas páginas. Los 20 mil millones de dólares que preparaban los bancos se convirtieron en seis o siete. Esos seis o siete no aparecieron.

Es por eso que el gobierno, ante la cercanía de un vencimiento de 4000 millones de dólares en enero que no tiene cómo pagar, tuvo que salir a recaudar un "bono patriótico" entre empresarios amigos que se vieron beneficiados y tienen promesas de más negocios en la Argentina que proyecta Milei, directamente interesados también en la aprobación de un nuevo blanqueo y de las reformas laborales, tributarias, previsionales y penales en carpeta para los próximos meses.

Para eso les armaron una pasarela que una vez más les garantiza a jugadores muy específicos a través de herramientas direccionadas pret a porter un negocio redondo con fondos públicos. Tal como advirtió el economista de CEPA Hernán Letcher, "el gobierno publicó una resolución que permite a las aseguradoras endeudarse a una tasa baja en dólares para usar esos fondos en la licitación primaria del miércoles y así mostrar una demanda inflada por el nuevo título".

Sin embargo, los acreedores externos no compran esas mentiras autoindulgentes. Por eso fracasó el primer crawling peg, por eso fracasó el esquema de bandas y por eso va en firme camino al fracaso el nuevo crawling peg disfrazado de esquema de bandas que funciona (es una manera de decir) desde las elecciones de octubre. Por eso, no importa con qué le tiren, el riesgo país no baja. Nadie va a volver a prestar hasta no ver la plata. No es que no quieran creerle, es que no le creen.

Las voces que advierten sobre la fragilidad intrínseca que trae consigo la falta de dólares se multiplican y a esta altura ya conforman un coro, en el que se lleva el rol solista la vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, que esta semana reclamó "un camino más ambicioso en la acumulación de reservas", sobresaliendo entre otras melodías similares, de bancos internacionales como JP Morgan y Barclays, consultoras locales y hasta "próceres" liberales como Domingo Cavallo.

Caputo ya avisó: no va a acumular reservas. Eso va en contra de su único credo que es la fuga de divisas. Todo dólar que entra tiene que salir. Una gestión bulímica que es incapaz de retener riqueza y necesita atracones de miles de millones de dólares varias veces por año para no colapsar. Puro flujo, nada de stock. Es un país que funciona bajo la tiranía de compulsiones y apuestas arriesgadas pero no tiene una red que lo sostenga cuando algo salga mal.

06-12-2025 / 08:12

El apoyo de Trump a políticos con relaciones narcos y la complicidad del cipayo Milei

El Departamento de Estado de los Estados Unidos cambió el nombre al Instituto para la Paz y ahora se llama Instituto Donald Trump para la Paz. La Casa Blanca habilitó un portal con una lista negra de periodistas críticos del gobierno. Y dos días antes de las elecciones en Honduras, Trump respaldó al candidato del conservador Partido Nacional e indultó a Juan Orlando Hernández, expresidente por ese partido, condenado en Estados Unidos por narcotraficante, mientras acusó de narcotraficante al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y amenazó con invadir ese país. En bochornosa complicidad con Trump, en La Haya, el representante del cipayo Javier Milei, Diego Sadosfchi exigió "medidas urgentes" de la Corte Penal Internacional contra el mandatario venezolano.

Estados Unidos no reconoce a esa Corte pero necesitaba muestras de respaldo internacional a su acción amenazadora contra Venezuela y el gobierno argentino se prestó rastreramente a ofrecerle coartadas. Fue una forma de devolver favores por las intervenciones de Trump y su gobierno en las elecciones locales de medio término.

Otra forma de intervencionismo en países en América Latina fue el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por introducir durante décadas toneladas de cocaína en Estados Unidos. Con Honduras, Trump hizo algo parecido que con Argentina y amenazó con el apocalipsis si no ganaba el candidato del partido del narco Hernández.

La sombra del narcotráfico oscurece a Estados Unidos. Un artículo de The Washington Post, del año 2015, describió las relaciones familiares de Marco Rubio, actual titular del Departamento de Estado y virtual canciller norteamericano, con el mundo narco. Durante su adolescencia en Miami, Rubio convivió en el domicilio de su hermana mayor, Bárbara, casada con Orlando Cicilia, un capo de la droga cuando Miami era la capital de la cocaína.

El vocero de Rubio quiso desmentir al diario, al decir que de esa información no se podía inferir la complicidad de Rubio con los narcos. Por ese lado, Rubio ya no tiene problemas. El multimillonario Jeff Bezos, dueño de Amazon, compró el histórico diario y advirtió que sólo escribirían aquellos que coincidan con su pensamiento.

Cicilia era para todo el mundo en Miami un empresario super exitoso, multimillonario y ostentoso, lo cual no constituía la excepción en esa parte del mundo. Fue apresado en los años 80. "Al momento de caer en manos de la justicia Orlando Cicilia (también de origen cubano), Marco Rubio tenía apenas 16 años. Pero su ambiente familiar ya era bastante turbio", señala el tabloide británico Daily Mail.

Orlando Cicilia fue condenado a más de 35 años de cárcel. Pero cumplió poco más de 12 años. Salió en libertad plena justo cuando Marco Rubio asumió como representante en el Congreso de los Estados Unidos en el año 2000. Cicilia salió de la cárcel apenas cuatro días después de que Rubio asumió. El antiguo jefe de Orlando, Mario Tabraue, sobre quien pesaba una pena de 100 años de cárcel por sus delitos, salió de prisión en el año 2003, con solo 15 años de pena cumplida.

La participación de Orlando Hernández fue descripta y comprobada con lujo de detalles. Nadie puso en duda su culpabilidad. La excusa que dio Trump fue que "fuentes amigas y creíbles" le habían informado que Hernández había sufrido un trato injusto. Pero no habló de inocencia porque no existe forma de exculpar al expresidente hondureño. El seguidismo de Milei, el "perrito faldero" del gobierno yanqui, es cómplice de los narcos.