La Opinión Popular
                  16:35  |  Viernes 16 de Abril de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná
"Me acusaron de envenenador serial y ahora me piden que consiga veneno para todos los argentinos". Alberto Fernández
Recomendar Imprimir
Nacionales - 24-03-2021 / 09:03
DESAFÍOS PARA LOS JUICIOS DE LESA HUMANIDAD

A 45 años del golpe militar de 1976: Falta juzgar la pata civil y el área de inteligencia de la dictadura

A 45 años del golpe militar de 1976: Falta juzgar la pata civil y el área de inteligencia de la dictadura
De la soledad de los años de plomo a los juicios ejemplo en todo el mundo, los organismos de derechos humanos ya lograron 1025 condenas. Casi 3500 represores fueron investigados en 626 causas abiertas, 21 de ellas en curso y 73 esperando fecha. Los reclamos a la Corte por las demoras en el proceso y la dificultad de juzgar a los responsables civiles.
El proceso de juzgamiento de los crímenes de la última dictadura ya produjo 1025 condenados, pero todavía falta conocer la verdad sobre todos  los detenidos-desaparecidos y los niños apropiados, así como acelerar los procesos y avanzar en el análisis tanto de la responsabilidad civil en las violaciones de derechos humanos como de las estructuras de inteligencia que sostuvieron al terrorismo de Estado.
 
La búsqueda de verdad y justicia ha guiado los pasos de los familiares y de los organismos de derechos humanos en los últimos 45 años. El proceso de juzgamiento, que ya cuenta con 1025 condenados, es ejemplo en el mundo, pero aun así los desafíos por hallar la verdad de lo sucedido con cada uno de los detenidos-desaparecidos y con los niños apropiados permanecen junto con deudas específicas, como el juzgamiento de los civiles y el análisis de las estructuras de inteligencia, que planificaron y se nutrieron de los secuestros de miles para mantener en funcionamiento a la maquinaria de exterminio.
 
Desde que se reabrieron los procesos por delitos de lesa humanidad, casi 3500 personas han estado bajo investigación. Menos de una tercera parte de ellas --1025-- han sido condenadas, según las estadísticas que difundió la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad. Hay en la actualidad 21 juicios en curso y otras 73 causas que esperan a que un tribunal oral fije fecha para el comienzo de las audiencias. Los números pueden parecer fríos, pero detrás de ellos hay personas que hace 40 o 45 años esperan justicia o una instancia para saber qué pasó con los suyos.
 
En total son 626 las causas abiertas por delitos de lesa humanidad. La mayoría de ellas --278-- aún se están instruyendo, lo que muestra a las claras que, a 45 años del golpe, es mucho lo que falta por saber o por sancionar. Y 254 ya cuentan con sentencia. Son decenas aún las causas que no están firmes, ya sea por demoras en la Corte Suprema o en la Cámara de Casación Federal.
 

 
Desafíos que persisten
  
"El proceso de justicia se reabrió hace casi 20 años con la primera declaración de inconstitucionalidad de las leyes y, desde entonces, hay algunos problemas que aparecen estables", explica Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional de Derechos Humanos. La Secretaría de Derechos Humanos --que dirige Horacio Pietragalla-- ha estado trabajando en un plan estratégico para el avance de los juicios en el que advirtió tres grandes desafíos, que se mantienen más allá de la pandemia, que ha hecho todo un poco más difícil.
 
"El primer desafío es que todas las agencias estatales se articulen para alcanzar mayor celeridad y para asegurar que sea una verdadera política de Estado", expone Pochak. "El segundo reto está vinculado con acelerar el proceso en todas sus etapas y el tercero, con profundizar las investigaciones en aquellos sectores de las fuerzas en los que no se ha indagado --por ejemplo, las estructuras de inteligencia-- y en el esclarecimiento del rol de los sectores civiles que se beneficiaron o participaron de crímenes de lesa humanidad. Entre estos están tanto los sectores económicos, eclesiásticos, judiciales y mediáticos. También con avanzar con la sanción de los crímenes que se cometieron antes del golpe".
 
El diagnóstico coincide con el que hace la fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad. "Se debe enfocar el proceso de juzgamiento poniendo todos los recursos en los casos de las víctimas que no lograron aun avanzar hacia una sentencia", señala la fiscal a Página/12. "Hay que centrarse en dar una respuesta integral sobre lo que fue el plan sistemático", sostiene Ramos. Como parte de esa respuesta, entiende que hay que analizar la responsabilidad de ciertos sectores de la sociedad civil y escrudiñar la estructura de inteligencia para comprender la lógica que implementó el terrorismo de Estado y para saber cuál fue el destino de las víctimas.
 
La tarea es grande. Y los tiempos corren. "Corre la impunidad biológica para los genocidas, que fallecen libres de culpa y cargo, pero también los sobrevivientes fallecemos. Pasó recientemente con Víctor Basterra, Mario Villani y Jorge Watts, sólo por nombrar a algunos que fallecieron sin haber visto concretada la totalidad de la justicia que persiguieron", dice, con pesar, Osvaldo Barros, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y referente de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD).
 
 
¿Dónde están?
  
El abogado querellante Pablo Llonto afirma que se debe avanzar para dar respuesta a los dos grandes interrogantes que tienen las familias hace más de cuatro décadas: qué pasó con los suyos, dónde están sus restos y encontrar a los niños y a las niñas apropiadas durante los años del terrorismo de Estado.
 
Abuelas de Plaza de Mayo ya ha encontrado a 130 nietes, pero la tarea que queda por delante es ciclópea. "Abuelas está trabajando en una estrategia conjuntamente con la Unidad de Apropiación de la Procuración General --que dirige el fiscal Pablo Parenti-- para impulsar las causas de búsqueda de nietos y que aún en pandemia los análisis puedan llegar al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)", cuenta Emanuel Lovelli, coordinador del equipo jurídico del organismo.
 
En simultáneo están los juicios en los que se juzgan casos de apropiación de niños o el funcionamiento de maternidades clandestinas, como sucede con la megacausa de Campo de Mayo o el juicio de los pozos de Banfield, Quilmes y la brigada de investigaciones de Lanús --más conocida como "El Infierno", en el que se juzga lo sucedido con 18 mujeres que estaban embarazadas al momento del secuestro o que dieron a luz en cautiverio--.
 
 
Las demoras
  
En la jurisdicción de La Plata, donde se lleva adelante el juicio de las Brigadas o de los Pozos, la principal dificultad está ligada a la integración del tribunal oral para llevar adelante los debates y son muchas las causas con sentencia que esperan ser revisadas en la Cámara Federal de Casación. Un ejemplo emblemático es la sentencia por el centro clandestino conocido como La Cacha, que fue dictada en 2014 y aun espera ser confirmada por el máximo tribunal penal del país.
 
Las demoras en la Corte Suprema ya fueron señaladas el año pasado por los organismos de derechos humanos cuando Carlos Rosenkrantz se acordó de reactivar la comisión interpoderes, que desde entonces se ha estado reuniendo mensualmente pero sin hacer públicos los informes de las reuniones. Según el análisis de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, las causas tardan un promedio de cinco años y dos meses desde que se requiere su elevación a juicio hasta que la Corte las deja firme.
 
Sin embargo, hay casos que muestran con claridad que ese promedio se supera con creces. El máximo tribunal aún no dejó firmes las condenas a dos de los represores, Raúl Harsich y César Fragni, que participaron en 1976 del secuestro del adolescente Floreal Avellaneda, sometido a feroces torturas y asesinado. El juicio se hizo en 2009 y después de una revisión de la pena en 2012, el expediente hace años espera en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.
 
La Corte también debe revisar una decisión de la Sala III de la Cámara de Casación que sostuvo que los delitos sexuales no eran delitos de lesa humanidad.
 
 
La pata civil
  
"¿Con qué no se pudo avanzar?", se pregunta la abogada querellante Guadalupe Godoy. "Con las causas de responsabilidad empresarial", contesta. "Ha sido muy difícil la ampliación de responsabilidades. El Poder Judicial se quedó muy cómodo en las estructuras que ya se habían juzgado antes", sostiene.
 
La dificultad para avanzar sobre esos sectores es advertida también por el vicepresidente de la Cámara Federal de Casación, el juez Alejandro Slokar. "Debe dimensionarse que se trató también --sino centralmente-- de un golpe cívico en tanto la complicidad empresarial no aparece suficientemente investigada ni sancionada", dice Slokar a este diario. "Basta pensar que en los juicios de Nuremberg el mayor siderúrgico alemán, Friedrich Flick, fue condenado a prisión como criminal de guerra --entre otros delitos-- por el empleo y muerte de prisioneros. En nuestro país, el capítulo de los delitos económicos y patrimoniales aún sigue sin escribirse".
 
La primera condena a un empresario, Marcos Levín, fue dejada sin efecto por Casación Federal en 2017. Ese caso está aun a estudio de la Corte Suprema, que también demora hace más de cinco años la resolución sobre la situación del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Tadeo Blaquier.
 
"Entendemos que la Corte tiene que dar vuelta esa falta de mérito que dictó Casación a favor de Blaquier, pero vemos cómo el tribunal se resiste", dice Carlos Pisoni, referente de HIJOS Capital. "El conflicto con la Corte está dado desde que firmaron el fallo del 2x1 y pedimos el juicio político de los tres integrantes que fallaron en ese sentido. Necesitamos que avance con las causas de lesa, pero tampoco tomó nuestro pedido de crear una secretaría de lesa para agilizar los expedientes", apunta.
 
Hay otros casos emblemáticos de responsabilidad empresarial, como la sentencia a los ejecutivos de la Ford, que están para ser revisados en Casación, y también hay actualmente en trámite un juicio --que tiene en el banquillo al extitular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Juan Etchebarne-- que muestra la contracara de cómo sectores del empresariado fueron víctimas de la dictadura.
 
También otras causas como el del Ingenio La Fronterita, que esperan en la Cámara Federal de Tucumán para dictar un procesamiento siguiendo las indicaciones que le dio la Cámara de Casación a finales de 2020. "Estamos a la espera de esa definición. La principal cuestión en la jurisdicción es avanzar con los juicios porque es una carrera contrarreloj y, al margen de la situación de los imputados, la tarea es seguir buscando a los niños apropiados y los restos de los desaparecidos", comenta el fiscal Pablo Camuña, coordinador de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en Tucumán.
 
La investigación de la responsabilidad empresarial no se agota en los tribunales. "Se debe poner en marcha la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras", reclama Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La creación de la Bicameral fue aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero su implementación quedó trabada durante el macrismo.
 
 
Investigar la inteligencia
 
Reformar los servicios de inteligencia es parte de una de las agendas más ambiciosas de la democracia, pero investigar la estructura que diseñó y se nutrió de los secuestros durante la dictadura también sigue siendo una deuda del presente con respecto a los procesos de lesa humanidad.
 
"Hay un gran tema pendiente que tiene que ver con la investigación de la estructura de inteligencia del Ejército centralmente, que actuó en todo el país asegurando que se siguiera secuestrando", sostiene el abogado querellante Pablo Llonto.
 
La Jefatura II del Ejército, máximo órgano de inteligencia y superior del temible Batallón de Inteligencia 601, aún sigue siendo un misterio para los tribunales. El juez federal Daniel Rafecas investigó la Jefatura II y procesó a su máximo responsable entre 1976 y 1977, Carlos Alberto Martínez, en 2012, pero murió antes de llegar al juicio. "Hay que avanzar con las responsabilidades hacia abajo", reclama Llonto.
 
La inteligencia fue básicamente el motor de la represión: la que disponía los blancos y la que se nutría de los interrogatorios bajo tortura para que la maquinaria de muerte siguiera funcionando. Por este rol central, entiende Llonto, se podría imputar a sus responsables lo sucedido con los detenidos-desaparecidos que 45 años después no se sabe por qué centro clandestino pasaron.
 
En las causas se ha condenado a integrantes de la estructura de inteligencia, pero aun falta un análisis completo de la estructura del Ejército, que tuvo responsabilidad primaria en la represión. "El juicio de la Contraofensiva intenta reparar esta falta, pero sólo analiza lo sucedido entre 1979 y 1980. Tal vez sirva como disparador para otras investigaciones", sostiene Llonto. Las víctimas esperan que el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 dicte sentencia entre mayo y junio.
 
"Sigue faltando, además, una apertura de los archivos de inteligencia, lo que permitiría avanzar en la investigación y sanción de los responsables", apunta Litvachky. La interventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, comenzó con el proceso de desclasificación, que desde el CELS y Abuelas destacaron como una forma de romper con el secretismo.
 
 
Una demanda que no cesa
  
"Se debe sostener el proceso de Memoria, Verdad y Justicia tal como lo venimos impulsando hace décadas, pero este 45° aniversario debe servir para llamar la atención sobre los procesos de derechización que se ponen en juego socialmente y que erosionan el capital simbólico de los derechos humanos. Tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en la construcción de lazos sociales, de empatía y solidaridad porque de eso se trata cuando hablamos de derechos humanos", sostiene Paula Litvachky, del CELS.
 
Para el extitular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad y referente de Justicia Legítima Jorge Auat, la demanda de justicia camina junto con el ejercicio de memoria para asegurar el verdadero Nunca Más. "Hay que continuar la demanda de justicia más allá de las coyunturas. El Poder Judicial tiene que dar respuestas siempre porque no se puede pasar de página", insiste.
 
"Los desafíos han sido siempre la reparación a las víctimas y a sus familiares y aportar una dimensión más amplia de los procesos, en el sentido de visibilizar cuál era la disputa política profunda, el objetivo del genocidio, su instrumentación y sus métodos", remarca el fiscal Miguel Palazzani, titular de las Unidades de Derechos Humanos de Bahía Blanca y de Neuquén. "Estos juicios, que en apariencia miran al pasado, en realidad están mirando al futuro".
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página12
 

Agreganos como amigo a Facebook
16-04-2021 / 10:04
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó ayer que la provincia de Buenos Aires "adhiere a las medidas que dictó el presidente" Alberto Fernández para restringir la circulación y otras actividades para combatir el coronavirus y acusó a la oposición de Juntos por el Cambio de "hacer política y campaña electoral con la pandemia y tirarle nafta a la grieta".
 
Por otra parte, lamentó no poder coordinar acciones con la Ciudad de Buenos Aires porque, dijo, "el virus no reconoce un lado u otro de la General Paz", aunque sostuvo que "no me vengan con el verso del consenso porque parece que el único consenso es hacer lo que ellos quieren".
 
"Cuando buscábamos ese consenso con los jefes de Gabinete de Nación y de la Ciudad, el Jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) firmó un comunicado donde Juntos por el Cambio estaba en contra de las restricciones. Están en campaña electoral y buscan hacerle daño al Gobierno" nacional, aseveró.
 
Kicillof respondió a los cuestionamientos que formuló Rodríguez Larreta al Presidente y consignó que "vimos una oposición furibunda y hoy decidieron entrar en campaña electoral, les pido que la corten".
 
Asimismo, destacó: "A veces pienso sino sería mejor que venga (el expresidente Mauricio) Macri a discutir con nosotros. Pensamos que Larreta era diferente porque tenía responsabilidad de gobernar, pero es lo mismo". Y recordó que ayer, tras el anuncio de las medidas, la referente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, "estaba en la Quinta de Olivos insultando al Presidente a viva voz".
 

16-04-2021 / 09:04
A las diez de la mañana, hoy mismo, se verán las caras hurañas el presidente Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, el Jefe de Gobierno de la CABA, epicentro de la segunda ola de coronavirus. Presionado por el ala más gurka del PRO, Larreta arribará con un recurso ante la justicia contra la suspensión de la presencialidad de las clases, medida que los trabajadores de la educación venían reclamando por el aumento de contagios y la falta de vacunación. Nada indica que la vía judicial zanje el conflicto.
 
A Fernández le preocupan los contagios crecientes, el riesgo cierto de saturación del sistema sanitario. Necesita ganar tiempo, una exigencia que signa su mandato. En marzo-mayo del año pasado ganaba tiempo para fortalecer el sistema de salud, mejorar la infraestructura hospitalaria, conseguir insumos críticos, capacitar a profesionales de provincias, conducir la política sanitaria nacional. Sus adversarios se alineaban, lo alababan.
 
Hoy en día, Alberto quiere mitigar los efectos de la segunda ola que azota al mundo, a la región, a los países limítrofes, a Brasil. Para acotar los contagios y de nuevo para evitar la sobreocupación de camas críticas (o en salas comunes). Y para seguir vacunando, por último en la enunciación pero primero en las prioridades.
 
La peor falacia de Larreta y de Juntos por el Cambio es el sinuoso discurso sobre las vacunas. Fueron veneno, motivaron acciones penales... judicializan todo. El Gobierno nacional ganó la polémica respecto de las vacunas, acertó al concertar compras de la Sputnik V. La oposición vociferaba consignas anacrónicas, macartistas. Se equivocaron, sin autocrítica. Luego Larreta las distribuyó con criterio elitista, privilegiando a las prepagas o a profesionales privados que atienden de forma remota.
 
La mayoría abrumadora de la gente común ansía vacunarse. Lo revelan datos tangibles: la cantidad de inscriptos. Y costumbristas, la alegría ante cada dosis. Esa victoria genera obligación de atender a una demanda popular creciente. Los opositores subestiman lo conseguido, reclaman un calendario preciso. Mienten porque saben, por experiencia propia, que el mercado es escaso y concentrado.
 
Larreta es hábil comunicador. Vuelca conceptos sencillos, repite como mantra, hace ademanes serios. Soslaya su trayectoria y la de su partido el PRO en materia de salud y educación. Presupuestos avaros, favoritismo hacia los sectores privados, desdén y odio a los gremios, avaricia para las escalas salariales. Halaga con la palabra a los profesionales de la salud pero les niega licencias o vacaciones.
 
Todo esto acontece en el peor momento de la peste, con la gente cansada, con las vacunas abriendo una luz en el horizonte. La mirada al interés colectivo, la conducción, recaen sobre el Presidente quien --alelado por como escalan hechos que meten miedo-- decidió extremar las medidas de cuidado. También socorrer económicamente a los damnificados por las restricciones. Otra práctica ajena a Larreta, pródigo en alabanzas verbales y amarrete a la hora de abrir la billetera.
 
La Opinión Popular
 

15-04-2021 / 12:04
La causa conocida como "dólar futuro" se cerró y quedó demostrado, ya sin sombra de duda, que se trató de una persecución política, mediática y judicial contra Cristina, Axel Kicillof y otros funcionarios K. La denuncia original había sido presentada por Federico Pinedo y Mario Negri el 30 de octubre de 2015, cinco días después de la primera vuelta de la elección presidencial -cuando Daniel Scioli se impuso por tres puntos a Mauricio Macri- y tres semanas antes del ballotage del 22 de noviembre, que ganó Macri por dos puntos.
 
La intención perversa de la denuncia fue visible de entrada, no solo por la oportunidad temporal de su presentación sino porque recayó en el juzgado de Claudio Bonadío, el hombre que decidió no actuar como juez sino como verdugo con el beneplácito de toda la estructura judicial que estaba por encima de él y lo apañó en su tarea de hostigamiento a la entonces oposición política. No se puede olvidar que once de los trece procesamientos contra Cristina los dictó este infame magistrado; los otros dos corrieron por cuenta de otro pescado del cardumen macrista: Julián Ercolini.
 
La profunda corrupción que carcome al Poder Judicial se puso de manifiesto en esta causa absolutamente descabellada que acaba de cerrar, en fallo unánime, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal con el sobreseimiento de todos los imputados por inexistencia de delito. El grado garrafal de perversión que encierra este procedimiento está en el hecho de que el expediente inició su curso, y continuó su desarrollo, sin el peritaje imprescindible que determinara si hubo o no perjuicio contra el Estado, es decir, si hubo o no accionar delictivo.
 
Esa evaluación crucial se concluyó nada menos que cinco años después de iniciadas las actuaciones, lapso en el cual los imputados estuvieron embargados y sometidos a un ataque mediático impiadoso por parte de la gran prensa porteña.
 

15-04-2021 / 11:04
En un mensaje al país, el presidente Alberto Fernández explicó que "en el AMBA estamos viviendo la mayor velocidad de aumento de casos desde el inicio de la pandemia. Por lo tanto, es nuestra obligación tomar medidas adicionales y convocar a la población a un cambio, para lograr que avance el plan de vacunación y evitar la saturación del sistema de salud".
 
Aclaró que "el mayor riesgo de transmisión se produce en las actividades sociales y recreativas nocturnas, donde no hay dos metros de distancia, se producen aglomeraciones, se usa escasamente el barbijo y también en espacios cerrados sin ventilación adecuada". Por todo ello, el Gobierno decidió una serie de nuevas medidas que regirán para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), desde las 0 horas del día 16 de abril, como la de circulación nocturna o la suspensión de la presencialidad en las escuelas, por dos semanas.
 
Además, el gobierno dará una ayuda de 15 mil pesos para los sectores más vulnerables. Será para beneficiarios de la AUH, Asignación Universal por Embarazo y monotributistas de las categorías más bajas de los lugares con las nuevas restricciones. El Presidente también anticipó que evaluará alternativas para el caso de alquileres y dio precisiones sobre las nuevas medidas, entre ellas que los shoppings deben cerrar.
 
Acompañando al brasileño Jair Bolsonaro que, con más de 360.000 muertos sobre sus espaldas, apeló a un mensaje irónico para referirse a las nuevas restricciones impuestas en Argentina, hubo algunas inentendible protestas con cacerolas por parte de la oposición contra las medidas para cuidar a la gente en algunos barrios de la Capital y en las zonas más ricas del conurbano.
 
Mientras las terapias intensivas están al borde de la saturación y a diario se rompen récords de contagios y muertes, referentes de la oposición macrista, como Patricia Bullrich y Miguel Ángel Pichetto, se manifestaron contra las medidas anunciadas por el presidente para intentar frenar la segunda ola. A través de las redes sociales y los grandes medios de comunicación porteños, aprovecharon para hacer demagogia en defensa de "la gente que trabaja" frente a las medidas.
 
Sin embargo, ocultan que su verdadera preocupación es la de garantizar que las ganancias de los grandes empresarios no se vean perjudicadas por ningún motivo. Los dichos de los referentes de Juntos por el Cambio no son más que demagogia en un año electoral con el fin de ocultar sus verdaderos intereses: la defensa irrestricta de la ganancia de una minoría empresaria sin importar el nivel de crisis que pueda alcanzar la situación sanitaria y social.
 
Más allá de sus dichos mediáticos, la propuesta de la alianza opositora es que toda la actividad, ya sea esencial o no, siga funcionando a pesar de la situación sanitaria, sin protocolos que se apliquen realmente, sin que los empresarios tengan que hacerse cargo del transporte de sus empleados a sus establecimientos y sin ninguna garantía económica y sanitaria para las grandes mayorías. En pocas palabras, quieren que las ganancias empresarias sigan a pleno mientras los trabajadores se contagian y fallecen. Sigue el consejo de Mauricio Macri: "Que se mueran los que tengan que morirse".
 
La Opinión Popular
 

14-04-2021 / 11:04
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, explicó que el sistema sanitario está "en tensión" por la aceleración de los contagios y llamó a la población a cuidarse. Dijo que para tomar nuevas medidas si hacen falta no se van a regir sólo por el aumento de los contagios y subrayó que aún no se llegó a  verificar si las restricciones que puso Alberto Fernández hicieron bajar la curva. Llamó a que los gobernadores a que se "empoderen" y a la gente a postergar "todo lo postergable".
 
También convocó a todo el arco político opositor a estar "a la altura de la circunstancia". La oposición parece cada vez más extraviada. Las manifestaciones públicas de sus principales referentes asombran por la vacuidad de sus ideas y propuestas. Tal carencia es lo que, quizás, la haya conducido a extremar su rol opositor a manifestaciones inauditas. Apenas el oficialismo se pronuncia sobre un tema, como un acto reflejo carente de racionalidad, la oposición de inmediato apuesta por el contrario.
 
Cuando el Presidente de la Nación anunció los lineamientos generales para los cuidados sanitarios ante la llegada de la segunda ola de la pandemia, la figura más vociferante y de mayor presencia en los medios porteños, Patricia Bullrich, expresó su oposición... antes de que las medidas fueran divulgadas y por lo tanto conocidas.
 
Los prejuicios políticos de Juntos por el Cambio los habían llevado a desacreditar la Sputnik V, la vacuna elaborada por el Instituto Gamaleya de Rusia. El desempeño notable de ese producto y los elogios que cosechó en todo el mundo puso en ridículo la advertencia opositora; y volvió más sospechoso todavía su insistente prédica en favor de la vacuna de Pfizer, aun cuando se sabe que las condiciones que pretendió imponer el laboratorio yanqui frustraron un acuerdo con el Estado argentino. Chile está padeciendo a Pfizer pues ha enviado al país trasandino apenas unas miles de dosis de su vacuna. 
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar