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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 19-03-2021 / 12:03

Un mes de protestas para UPCN: “El gobierno fundamenta con palabras difíciles la decisión política de no dialogar”

El plan de lucha se inició el 18 de febrero con la movilización a Casa de Gobierno.

La medida de fuerza de este viernes fue resuelta en febrero por la comisión directiva de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), y ratificada días atrás ante la falta de convocatoria a negociar salarios por parte del Gobierno provincial.

"No hemos tenido respuesta por parte de las autoridades a los planteos que hemos realizado con respecto a la paritaria en general ni tampoco en lo referido a los aspectos sectoriales", explicaron desde el sindicato.

"Hasta ahora el Gobierno no nos ha llamado, por lo que se mantiene vigente la convocatoria al paro de este viernes 19", señaló días atrás a esta Agencia la secretaria Gremial de UPCN, Carina Domínguez.

El plan de lucha se inició el 18 de febrero con la movilización a Casa de Gobierno. Ante aquella protesta el Gobierno mejoró en algunos aspectos el ofrecimiento, pero UPCN lo declaró insuficiente y pidió un mayor esfuerzo para recomponer el salario de los trabajadores estatales.

La decisión "de no dialogar"

En ese momento explicaron desde el gremio: "Se declaró insuficiente la propuesta salarial que el Gobierno provincial ofreció en paritarias y además, no obtuvo respuestas a la mayoría de los 20 puntos que planteó para discutir, sobre todo en temas referidos a problemáticas sectoriales de trabajadores/as salud y personal de educación del escalafón general, entre otros".

En el mismo sentido, Domínguez apuntó: "El gobierno fundamenta con tecnicismos y palabras difíciles la decisión política de no dialogar con nuestro sector. Deben entender que no alcanza el salario, no alcanzan los aplausos para el sector de salud, no alcanza una comisión más para atender los problemas de violencia laboral, no alcanza la participación que tiene el sector de servicios generales en las comunidades educativas, no alcanza el recortado salario de las cocineras, no alcanza una reunión al año en la que lo único con alta resolución son las fotos".

Fuente: El Entre Ríos

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Frigerio, el centralismo porteño y el saqueo inaceptable de fondos que son de las provincias

Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.

El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.

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