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Nacionales - 08-03-2021 / 07:03
EL PLENARIO EXTRAORDINARIO SE REALIZARÁ A LAS 11.30 Y BUSCA DAR RESPUESTA A LOS RECLAMOS FEMINISTAS

El Consejo de la Magistratura se reúne para la revisión de causas y el registro de juzgados sin mirada de género

El Consejo de la Magistratura se reúne para la revisión de causas y el registro de juzgados sin mirada de género
En un plenario especial por el Día de la Mujer, y en medio de las protestas por la inacción judicial frente a los femicidios, el Consejo de la Magistratura tratará hoy dos iniciativas para prevenirlos: la creación de un registro de jueces denunciados por su mal desempeño en casos de violencia de género y auditorías para analizar el rol jugado por los diferentes juzgados.
El Consejo de la Magistratura de la Nación tratará hoy en un plenario extraordinario por el Día Internacional de la Mujer, dos propuestas que apuntan a dar señales a la sociedad de un compromiso en la prevención de los femicidios, en momentos en que crece la indignación social frente a la inacción de la justicia para prevenirlos.
 
Se votará la creación de un Registro Público de magistrados y magistradas denunciados por mal desempeño en la actuación de casos de violencia de género, y la realización de una auditoría en los juzgados --nacionales y federales-- para monitorear las respuestas que se brindaron a las denuncias que involucran hechos de violencia de género y si jueces y funcionarixs que tratan esos casos han hecho la capacitación prevista en la Ley Micaela y otros cursos relativos a la incorporación de la perspectiva de género en sus labores.
 
El tratamiento de las dos iniciativas se da tres semanas después de manifestaciones frente a los tribunales en todo el país contra "la justicia patriarcal" luego del femicidio anunciado de la adolescente Ursula Bahillo, y en el marco de un nuevo Paro Internacional Feminista, convocado este 8M con un llamado de una amplia articulación de organizaciones de mujeres y disidencias, sindicales -todas las centrales obreras--, políticas y sociales, a concentrar a las 17 frente al Congreso, para reclamar "contra las violencias machistas" y por "una reforma judicial feminista", "paridad en la Justicia", y "aplicación efectiva de la Ley Micaela en el Poder Judicial", entre otras demandas.
 

 
El plenario extraordinario está convocado para las 11.30 y se podrá seguir por el canal de youtube del Consejo de la Magistratura. La creación del Registro Público de denuncias contra jueces y juezas llega con dictamen con apoyo unánime de las comisiones de Reglamento, que encabeza la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley, y de Disciplina y Acusación, presidida por el juez Ricardo Recondo.
 
"Teníamos algunas resistencias pero le dio mucha fuerza para que pudiéramos avanzar con este proyecto el reclamo que surgió a partir del femicidio de Ursula Bahillo", contó la diputada. El dictamen se votó el último miércoles. Una de las principales convocatorias del jueves 17 de febrero, tres días después del asesinato de la adolescente a manos de su ex novio Matías Bautista Martínez, un ex policía con carpeta psiquiátrica y denuncias anteriores de parte de otras ex parejas, fue frente al Palacio de Tribunales.
 
"Queremos que los poderes judiciales de las provincias también tengan un registro similar", señaló Siley. El dictamen incluye además un artículo por el cual se autoriza al presidente del cuerpo, Diego Molea, a suscribir convenios con los consejos de la Magistratura de cada jurisdicción provincial y los órganos correspondientes con potestad disciplinaria para avanzar en ese sentido.
 
"Todavía queda mucho para hacer en la Justicia porque hay resabios de machismo, porque hay resabios de Justicia patriarcal. Tenemos una tarea enorme por delante en la cuestión de género. Van a encontrar en mí un trabajador permanente para continuar en este camino que venimos recorriendo aunque sin dudas queda mucha tarea por hacer", dijo Molea.
 
El presidente del Consejo de la Magistratura es el impulsor de la resolución que propone realizar una amplia auditoria para ver qué respuestas han recibido en los tribunales de la justicia nacional las denuncias que involucran situaciones de violencia de género.
 
Junto con la creación del "Registro Público de denuncias presentadas contra magistrados y magistradas por situaciones vinculadas a violencia de género" en el área del Plenario del Consejo de la Magistratura, se votará cómo anexo un protocolo que establece cómo se cargarán los datos.
 
El proyecto de resolución dice que el mismo plenario deberá definir "en un plazo de 30 días corridos desde su creación" la forma en que se hará operativa la publicidad del Registro.
 
En el Registro se incluirán los nombres de las y los magistrados denunciados por:
 
* Vulneración y/o afectación de derechos por actos discriminatorios. Por ejemplo, cuando una víctima es sometida a preguntas sexistas o se la investiga a ella en lugar de al agresor.
 
* Inobservancia manifiesta de la normativa nacional e internacional en materia de género en el dictado de actos procesales.
 
* Obstaculización mediante retardo o impedimento en el acceso a la justicia.
 
"Es una de las medidas más concretas que se promueve desde el Consejo de la Magistratura con respecto a la perspectiva de género en la Justicia", consideró Siley. "Es un avance en transparencia y en publicidad de los actos que involucran a funcionarios públicos. El anonimato atenta contra la condición de rendición de cuentas a la sociedad", agregó en diálogo con este diario.
 
La creación del Registro responde a uno de los compromisos asumidos por el Estado argentino en un acuerdo de solución amistosa firmado con una sobreviviente de un intento de femicidio, Olga del Rosario Díaz, en el marco de una denuncia presentada por la Defensoría General de la Nación ante el Comité que monitorea la aplicación de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés). El acta acuerdo se firmó el 23 de octubre de 2019 y en agosto se aprobó mediante el decreto del Poder Ejecutivo de la Nación N° 679/2020.
 
Tal como contó oportunamente Página/12, Olga fue atacada por su ex pareja el 24 de marzo de 2017, y aunque había hecho una denuncia poco antes por violencia de género, --al igual que Ursula Bahillo, en el partido bonaerense de Rojas, y Guadalupe Curual, la joven asesinada en Villa La Angostura--, al momento de la agresión que casi le cuesta la vida no contaba con ninguna medida de protección. La mujer se salvó de milagro. Estuvo 45 días en terapia intensiva y tuvo varios meses de rehabilitación.
 
 
Auditoría sobre las causas de violencia de género
  
La propuesta de Molea, que se votará hoy, apunta a que en el plan de auditoría que implemente el Consejo de la Magistratura se recabe información desde 2018 hasta la actualidad sobre las causas vinculadas a la violencia de género. Además, se quiere saber si magistradxs y funcionarixs que tratan estos casos han realizado la capacitación prevista en la Ley Micaela y cursos relativos a la incorporación de la perspectiva de género en sus tareas. Molea propone que se respondan múltiples preguntas sobre el tratamiento que recibieron las denunciantes y qué medidas se implementaron desde la justicia.
 
Entre otra información, propone que se conozca la cantidad de expedientes que se abrieron en los últimos tres años, cuántos están en curso, el estado procesal, el fuero en el que tramitan, los juzgados intervinientes, los delitos investigados, por dónde ingresaron (Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, comisarías, juzgados de turno); si se brinda información a las víctimas sobre sus derechos y los servicios asistenciales disponibles; si se realiza una certificación de la existencia de causas penales que involucren al mismo imputado o a la misma víctima; si esa certificación incluye los expedientes que hubieran concluido; si se requieren medidas urgentes, en qué tiempo se dictaron; cómo se cursan las notificaciones al agresor; si se controla su cumplimiento y de qué modo.
 
En relación al testimonio de la víctima: ¿Qué recaudos se adoptan? ¿En qué lugar físico se toman las audiencias? ¿Cuántas veces han declarado las víctimas en los expedientes?, entre otras preguntas.
 
 
El techo de cristal
  
En 2019, el Consejo de la Magistratura aprobó una serie de reformas en los concursos para promover la incorporación de mujeres como juezas y camaristas y la perspectiva de género en la Justicia. Sin embargo, la exigencia de que quienes se presenten a concursos tengan capacitación de ese tipo recién entrará en vigencia en octubre de 2022 porque el mismo cuerpo aprobó una cláusula transitoria que postergó por 36 meses la entrada de ese requisito.
 
Una investigación que se presenta este lunes, sobre los concursos para ocupar cargos en la Defensoría General de la Nación, revela que ocho de cada diez ternas enviadas incluyeron mujeres, pero éstas solo fueron designadas el 33 por ciento de las veces. Las mujeres fueron nombradas en más oportunidades en el fuero ordinario (42%), especialmente en las defensorías de menores e incapaces.
 
Por el contrario, tienen más dificultades para acceder a puestos federales (30% de mujeres designadas) o de la DGN (27% de designaciones). El estudio fue realizado por la Comisión de Temáticas de Género de la DGN, que encabeza Raquel Asencio.
 
Queda en evidencia que las reformas en los reglamentos de los concursos no han logrado romper con el techo de cristal que enfrentan las mujeres en la Justicia ni con el piso pegajoso (se quedan con los cargos de menor jerarquía).
 
El Mapa de Género de la Justicia Argentina muestra que todavía son minoría en los cargos máximos. Mientras que ellas son mayoría en el funcionariado, tienen la mitad de probabilidades de ser nombradas magistradas con respecto a sus pares varones, de acuerdo a los datos que publicó este fin de semana la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
 
El documento releva la distribución entre varones y mujeres de la totalidad de los cargos del sistema de justicia de nuestro país en 2020 y su evolución durante los últimos 10 años. Se anunció que para las próximas ediciones se incorporará como categoría a medir las disidencias sexo-genéricas.
 
Al igual que en todos los años anteriores, se observa que si bien en 2020 el sistema de justicia estuvo conformado mayoritariamente por mujeres (56 por ciento), su participación disminuye en las posiciones superiores: las mujeres ocupan solo el 31 por ciento de los cargos máximos y el 44 por ciento de quienes accedieron a un puesto de magistratura, procurador/a, fiscal o defensor/a.
 
Esta última proporción aumentó apenas 5 puntos porcentuales en los últimos 10 años: pasó de 39 por ciento en 2011 a 44 por ciento en 2020, sin alcanzar aún la paridad de género. Por el contrario, para 2020 las mujeres fueron mayoría en el funcionariado y en el personal administrativo (61 % y 60 %, respectivamente).
 
Estos porcentajes dan cuenta de que el "techo de cristal" aparece para las mujeres cuando concursan para acceder a la magistratura, y más aún, para acceder al nivel máximo de autoridad. Aunque no es un requisito ser funcionario/a del Poder Judicial para acceder a los últimos rangos, a modo de ejercicio, se observa que, dentro del Poder Judicial, los funcionarios varones tuvieron el doble de probabilidades de ser magistrados/as, procuradores/as, fiscales o defensores/as, y 3,5 veces más de ser autoridades máximas, que sus pares mujeres en el sistema de justicia argentino en 2020, señala el relevamiento.
 
La tendencia descripta es más pronunciada aún en la Justicia Nacional y Federal, donde la proporción de mujeres camaristas en 2020 alcanzaba solo un 25 por ciento, lo que significa que, por cada mujer camarista, hubo tres varones con ese cargo. A su vez, el porcentaje de magistradas fue de 30 por ciento, la misma proporción desde hace 10 años.
 
Al analizar la distribución de las mujeres por fuero y materia, se observa que la segregación no es solo vertical, sino también horizontal: los varones tienden a concentrarse en los fueros penal, penal económico y en la Cámara Nacional Electoral, es decir, las materias con mayor poder político y vinculadas con lo público, mientras que las mujeres tienen mayor presencia a nivel de la magistratura en las temáticas más vinculadas con el cuidado (seguridad social, trabajo y derecho civil).
 
En los Poderes Judiciales provinciales, se repiten el esquema: en total, las mujeres representan el 58 por ciento, en la base de la pirámide el 64 por ciento, en los cargos de magistratura 44 por ciento y en los de máxima autoridad, 34 por ciento. En una década, la participación de mujeres a nivel de la magistratura, pasó de 39 % en 2011 a 44 % en 2020.
 
¿Qué pasa en los consejos de la Magistratura provinciales y de la Nación? En 2020 tuvieron 206 consejeros y consejeras, de los cuales 73 (35 %) fueron mujeres y 133 (65 %) varones.
 
Por Mariana Carbajal
 
Fuente: Página12
 

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21-11-2025 / 10:11
El gobierno de Javier "el Loco" Milei y algunos de sus medios de comunicación amigos transmiten un triunfalismo a prueba de balas para avanzar a fondo en sus planes anarco capitalistas, que no se condice con la realidad, ni con las dudas que existen sobre un modelo neoliberal libertario que tiene muchas líneas de falla. Donald Trump rescató a Milei pero no se sabe quién rescatará a Trump que cae en picada por la economía mientras crece la preocupación por el costo de vida y por el caso Epstein que lastran su popularidad.
 
En el complicado marco de dificultades que tiene Trump, no sorprendió que el préstamo de USD 20.000 millones que estaba estructurando el JP Morgan se cayera. Ahora el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, intenta que ese banco junto al Citigroup y el Bank of America le consigan un préstamo repo de USD 5.000 millones. Se le escapó la tortuga y la debilidad quedó expuesta.
 
La noticia, que golpea abajo de la línea de flotación al equipo económico, fue confirmada por el Wall Street Journal, en base a fuentes directas de los bancos involucrados en la operación. La urgencia de Caputo por cerrar un repo de USD 5.000 millones tiene un destino claro: en enero próximo tiene que pagar vencimientos por USD 4.000 millones y como él mismo reconoció, no tiene los dólares.
 
El Wall Street Journal reveló que Caputo está prometiendo devolver rápido esos USD 5.000 millones, con la idea que pronto empezará a bajar el riesgo país -este jueves subió- y entonces les ofrecería a esos mismos bancos el negocio de emitir deuda soberana y pagarse el repo. "Sin embargo, las entidades quedarían expuestas si las condiciones de mercado se deterioran y el país no logra colocar nuevos títulos ni obtener otras fuentes de financiamiento", advirtió el diario rector de Wall Street.
 
La noticia descolocó tanto al equipo económico que el propio Caputo no pudo ocultar su sorpresa. Cuando el tuitero libertario financiero, El Oráculo de Trenque Lauquen, ¿posteó la nota del WSJ y se preguntó "Qué mierda es esto?", el propio Caputo le respondió: "Excelente pregunta".
 
El préstamo que iba a estructurar el JP Morgan fue anunciado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, como parte del salvataje de la administración Trump a Milei antes de las elecciones, que incluyó el anuncio de un swap del Tesoro con el Banco Central por otros USD 20.000 millones, que tampoco termina de concretarse.
 
Luego que Bessent anunciara el préstamo del JP Morgan, el CEO de ese grupo, Jamie Dimon, empezó a enfriar las expectativas ante el presente griego que le giraba el Tesoro. Con cuidado de no dejar expuesto al secretario del Tesoro, Dimon empezó a darle largas al asunto y a exigir garantías, cada vez en voz más alta, para prestarle semejante montaña de dólares a un incumplidor serial como la Argentina.
 
Inicialmente, Caputo había intentado que el Tesoro respaldara ese préstamo con los DEGs que tiene del FMI, pero la administración de Trump se negó a dar ese paso. En su lugar, intervino directamente en el mercado spot de Buenos Aires vendiendo dólares antes de ls elecciones por más de USD 2.000 millones, para planchar su precio.
 
Una vez que Milei ganó las elecciones, el Tesoro se desprendió de sus pesos, se supone colocados en una letra que le dio Caputo; y se embolsó la diferencia del carry trade. Ante el total oscurantismo de Caputo en torno a esta operación, no se sabe cómo continúa el swap ni que porción de este se puede utilizar, si es que se puede.
 
La Opinión Popular
 

20-11-2025 / 10:11
Por mayoría, la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado rechazó el pliego de Lorena Villaverde. El dictamen de todas formas no es vinculante, y el 28 de noviembre será cuando la Cámara alta vote si la senadora libertaria vinculada al narco Fred Machado y detenida en Miami por narcotráfico, puede asumir o no la banca.
 
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado aprobó los títulos de 23 senadores electos, pero dejó afuera a Villaverde. Su rechazo fue firmado por 12 senadores de diversos bloques, incluyendo Unión por la Patria y sectores de la oposición. Sin embargo, el dictamen no es vinculante: la última palabra la tendrá la sesión del 28 de noviembre. Para impedir que Villaverde asuma, el peronismo va a necesitar sumar aliados, ya que el resultado se define por mayoría simple.
 
Las acusaciones contra Villaverde no son menores: fue detenida en Estados Unidos en 2002 por presunto tráfico de drogas y mantiene vínculos con Claudio Ciccarelli, relacionado al narco Fred Machado, ambos investigados en causas de fraude inmobiliario y préstamos truchos.
 
En el debate algunos aliados del Gobierno también votaron en contra de la aspirante a senadora vinculada al narco. A pesar de que Luis Juez salió a bancar a Villaverde negando todo, la mayoría de la comisión sostuvo que no tiene idoneidad para ocupar una banca.
 
Lorena Villaverde es una dirigente política de La Libertad Avanza en la provincia de Río Negro, que en 2025 se vio envuelta en un fuerte escándalo por sus vínculos con el narcotráfico y una causa judicial en Estados Unidos. El caso salió a la luz cuando se conoció que José Luis Espert fue denunciado por recibir fondos de Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico, y que Villaverde tenía un estrecho vínculo afectivo y laboral con Claudio Ciccarelli, primo y hombre de confianza de Machado.
 
La situación se agravó con la difusión de documentos judiciales estadounidenses que la involucran en una operación encubierta de drogas en Miami. Aunque el juicio fue suspendido por irregularidades, versiones periodísticas sostienen que Villaverde habría colaborado con la DEA antes de salir de Estados Unidos.
 
Además, investigaciones periodísticas revelaron que Villaverde está mencionada en una causa por estafas piramidales contra Enrique Blaskey Señorans, en la que habría conseguido inversores que luego fueron estafados por millones de pesos. En agosto de 2025, fue embargada por 50 millones de pesos por una estafa en la venta de terrenos en Las Grutas, Río Negro.
 
También se la señala por enviar mensajes amenazantes a periodistas que investigaron su caso. Todo este entramado expuso las conexiones entre el espacio libertario y redes de narcotráfico, y tuvo un fuerte impacto electoral, desplomando la imagen de Villaverde y de La Libertad Avanza en la provincia, en medio del escándalo Espert.
 
En resumen, Lorena Villaverde pasó de liderar las encuestas en Río Negro a estar en el centro de un escándalo por sus vínculos con el narcotráfico, estafas y amenazas, lo que generó una crisis de legitimidad en su espacio político a días de las elecciones. Su suerte se sellará en la próxima sesión del Senado, donde la oposición necesitará de aliados para impedir la asunción de la rionegrina.
 
La Opinión Popular
 

19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
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