13:35 | Miercoles 04 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 08-03-2021 / 07:03

EL PLENARIO EXTRAORDINARIO SE REALIZARÁ A LAS 11.30 Y BUSCA DAR RESPUESTA A LOS RECLAMOS FEMINISTAS

El Consejo de la Magistratura se reúne para la revisión de causas y el registro de juzgados sin mirada de género

En un plenario especial por el Día de la Mujer, y en medio de las protestas por la inacción judicial frente a los femicidios, el Consejo de la Magistratura tratará hoy dos iniciativas para prevenirlos: la creación de un registro de jueces denunciados por su mal desempeño en casos de violencia de género y auditorías para analizar el rol jugado por los diferentes juzgados.

El Consejo de la Magistratura de la Nación tratará hoy en un plenario extraordinario por el Día Internacional de la Mujer, dos propuestas que apuntan a dar señales a la sociedad de un compromiso en la prevención de los femicidios, en momentos en que crece la indignación social frente a la inacción de la justicia para prevenirlos.

Se votará la creación de un Registro Público de magistrados y magistradas denunciados por mal desempeño en la actuación de casos de violencia de género, y la realización de una auditoría en los juzgados --nacionales y federales-- para monitorear las respuestas que se brindaron a las denuncias que involucran hechos de violencia de género y si jueces y funcionarixs que tratan esos casos han hecho la capacitación prevista en la Ley Micaela y otros cursos relativos a la incorporación de la perspectiva de género en sus labores.

El tratamiento de las dos iniciativas se da tres semanas después de manifestaciones frente a los tribunales en todo el país contra "la justicia patriarcal" luego del femicidio anunciado de la adolescente Ursula Bahillo, y en el marco de un nuevo Paro Internacional Feminista, convocado este 8M con un llamado de una amplia articulación de organizaciones de mujeres y disidencias, sindicales -todas las centrales obreras--, políticas y sociales, a concentrar a las 17 frente al Congreso, para reclamar "contra las violencias machistas" y por "una reforma judicial feminista", "paridad en la Justicia", y "aplicación efectiva de la Ley Micaela en el Poder Judicial", entre otras demandas.

El plenario extraordinario está convocado para las 11.30 y se podrá seguir por el canal de youtube del Consejo de la Magistratura. La creación del Registro Público de denuncias contra jueces y juezas llega con dictamen con apoyo unánime de las comisiones de Reglamento, que encabeza la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley, y de Disciplina y Acusación, presidida por el juez Ricardo Recondo.

"Teníamos algunas resistencias pero le dio mucha fuerza para que pudiéramos avanzar con este proyecto el reclamo que surgió a partir del femicidio de Ursula Bahillo", contó la diputada. El dictamen se votó el último miércoles. Una de las principales convocatorias del jueves 17 de febrero, tres días después del asesinato de la adolescente a manos de su ex novio Matías Bautista Martínez, un ex policía con carpeta psiquiátrica y denuncias anteriores de parte de otras ex parejas, fue frente al Palacio de Tribunales.

"Queremos que los poderes judiciales de las provincias también tengan un registro similar", señaló Siley. El dictamen incluye además un artículo por el cual se autoriza al presidente del cuerpo, Diego Molea, a suscribir convenios con los consejos de la Magistratura de cada jurisdicción provincial y los órganos correspondientes con potestad disciplinaria para avanzar en ese sentido.

"Todavía queda mucho para hacer en la Justicia porque hay resabios de machismo, porque hay resabios de Justicia patriarcal. Tenemos una tarea enorme por delante en la cuestión de género. Van a encontrar en mí un trabajador permanente para continuar en este camino que venimos recorriendo aunque sin dudas queda mucha tarea por hacer", dijo Molea.

El presidente del Consejo de la Magistratura es el impulsor de la resolución que propone realizar una amplia auditoria para ver qué respuestas han recibido en los tribunales de la justicia nacional las denuncias que involucran situaciones de violencia de género.

Junto con la creación del "Registro Público de denuncias presentadas contra magistrados y magistradas por situaciones vinculadas a violencia de género" en el área del Plenario del Consejo de la Magistratura, se votará cómo anexo un protocolo que establece cómo se cargarán los datos.

El proyecto de resolución dice que el mismo plenario deberá definir "en un plazo de 30 días corridos desde su creación" la forma en que se hará operativa la publicidad del Registro.

En el Registro se incluirán los nombres de las y los magistrados denunciados por:

* Vulneración y/o afectación de derechos por actos discriminatorios. Por ejemplo, cuando una víctima es sometida a preguntas sexistas o se la investiga a ella en lugar de al agresor.

* Inobservancia manifiesta de la normativa nacional e internacional en materia de género en el dictado de actos procesales.

* Obstaculización mediante retardo o impedimento en el acceso a la justicia.

"Es una de las medidas más concretas que se promueve desde el Consejo de la Magistratura con respecto a la perspectiva de género en la Justicia", consideró Siley. "Es un avance en transparencia y en publicidad de los actos que involucran a funcionarios públicos. El anonimato atenta contra la condición de rendición de cuentas a la sociedad", agregó en diálogo con este diario.

La creación del Registro responde a uno de los compromisos asumidos por el Estado argentino en un acuerdo de solución amistosa firmado con una sobreviviente de un intento de femicidio, Olga del Rosario Díaz, en el marco de una denuncia presentada por la Defensoría General de la Nación ante el Comité que monitorea la aplicación de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés). El acta acuerdo se firmó el 23 de octubre de 2019 y en agosto se aprobó mediante el decreto del Poder Ejecutivo de la Nación N° 679/2020.

Tal como contó oportunamente Página/12, Olga fue atacada por su ex pareja el 24 de marzo de 2017, y aunque había hecho una denuncia poco antes por violencia de género, --al igual que Ursula Bahillo, en el partido bonaerense de Rojas, y Guadalupe Curual, la joven asesinada en Villa La Angostura--, al momento de la agresión que casi le cuesta la vida no contaba con ninguna medida de protección. La mujer se salvó de milagro. Estuvo 45 días en terapia intensiva y tuvo varios meses de rehabilitación.

Auditoría sobre las causas de violencia de género

La propuesta de Molea, que se votará hoy, apunta a que en el plan de auditoría que implemente el Consejo de la Magistratura se recabe información desde 2018 hasta la actualidad sobre las causas vinculadas a la violencia de género. Además, se quiere saber si magistradxs y funcionarixs que tratan estos casos han realizado la capacitación prevista en la Ley Micaela y cursos relativos a la incorporación de la perspectiva de género en sus tareas. Molea propone que se respondan múltiples preguntas sobre el tratamiento que recibieron las denunciantes y qué medidas se implementaron desde la justicia.

Entre otra información, propone que se conozca la cantidad de expedientes que se abrieron en los últimos tres años, cuántos están en curso, el estado procesal, el fuero en el que tramitan, los juzgados intervinientes, los delitos investigados, por dónde ingresaron (Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, comisarías, juzgados de turno); si se brinda información a las víctimas sobre sus derechos y los servicios asistenciales disponibles; si se realiza una certificación de la existencia de causas penales que involucren al mismo imputado o a la misma víctima; si esa certificación incluye los expedientes que hubieran concluido; si se requieren medidas urgentes, en qué tiempo se dictaron; cómo se cursan las notificaciones al agresor; si se controla su cumplimiento y de qué modo.

En relación al testimonio de la víctima: ¿Qué recaudos se adoptan? ¿En qué lugar físico se toman las audiencias? ¿Cuántas veces han declarado las víctimas en los expedientes?, entre otras preguntas.

El techo de cristal

En 2019, el Consejo de la Magistratura aprobó una serie de reformas en los concursos para promover la incorporación de mujeres como juezas y camaristas y la perspectiva de género en la Justicia. Sin embargo, la exigencia de que quienes se presenten a concursos tengan capacitación de ese tipo recién entrará en vigencia en octubre de 2022 porque el mismo cuerpo aprobó una cláusula transitoria que postergó por 36 meses la entrada de ese requisito.

Una investigación que se presenta este lunes, sobre los concursos para ocupar cargos en la Defensoría General de la Nación, revela que ocho de cada diez ternas enviadas incluyeron mujeres, pero éstas solo fueron designadas el 33 por ciento de las veces. Las mujeres fueron nombradas en más oportunidades en el fuero ordinario (42%), especialmente en las defensorías de menores e incapaces.

Por el contrario, tienen más dificultades para acceder a puestos federales (30% de mujeres designadas) o de la DGN (27% de designaciones). El estudio fue realizado por la Comisión de Temáticas de Género de la DGN, que encabeza Raquel Asencio.

Queda en evidencia que las reformas en los reglamentos de los concursos no han logrado romper con el techo de cristal que enfrentan las mujeres en la Justicia ni con el piso pegajoso (se quedan con los cargos de menor jerarquía).

El Mapa de Género de la Justicia Argentina muestra que todavía son minoría en los cargos máximos. Mientras que ellas son mayoría en el funcionariado, tienen la mitad de probabilidades de ser nombradas magistradas con respecto a sus pares varones, de acuerdo a los datos que publicó este fin de semana la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El documento releva la distribución entre varones y mujeres de la totalidad de los cargos del sistema de justicia de nuestro país en 2020 y su evolución durante los últimos 10 años. Se anunció que para las próximas ediciones se incorporará como categoría a medir las disidencias sexo-genéricas.

Al igual que en todos los años anteriores, se observa que si bien en 2020 el sistema de justicia estuvo conformado mayoritariamente por mujeres (56 por ciento), su participación disminuye en las posiciones superiores: las mujeres ocupan solo el 31 por ciento de los cargos máximos y el 44 por ciento de quienes accedieron a un puesto de magistratura, procurador/a, fiscal o defensor/a.

Esta última proporción aumentó apenas 5 puntos porcentuales en los últimos 10 años: pasó de 39 por ciento en 2011 a 44 por ciento en 2020, sin alcanzar aún la paridad de género. Por el contrario, para 2020 las mujeres fueron mayoría en el funcionariado y en el personal administrativo (61 % y 60 %, respectivamente).

Estos porcentajes dan cuenta de que el "techo de cristal" aparece para las mujeres cuando concursan para acceder a la magistratura, y más aún, para acceder al nivel máximo de autoridad. Aunque no es un requisito ser funcionario/a del Poder Judicial para acceder a los últimos rangos, a modo de ejercicio, se observa que, dentro del Poder Judicial, los funcionarios varones tuvieron el doble de probabilidades de ser magistrados/as, procuradores/as, fiscales o defensores/as, y 3,5 veces más de ser autoridades máximas, que sus pares mujeres en el sistema de justicia argentino en 2020, señala el relevamiento.

La tendencia descripta es más pronunciada aún en la Justicia Nacional y Federal, donde la proporción de mujeres camaristas en 2020 alcanzaba solo un 25 por ciento, lo que significa que, por cada mujer camarista, hubo tres varones con ese cargo. A su vez, el porcentaje de magistradas fue de 30 por ciento, la misma proporción desde hace 10 años.

Al analizar la distribución de las mujeres por fuero y materia, se observa que la segregación no es solo vertical, sino también horizontal: los varones tienden a concentrarse en los fueros penal, penal económico y en la Cámara Nacional Electoral, es decir, las materias con mayor poder político y vinculadas con lo público, mientras que las mujeres tienen mayor presencia a nivel de la magistratura en las temáticas más vinculadas con el cuidado (seguridad social, trabajo y derecho civil).

En los Poderes Judiciales provinciales, se repiten el esquema: en total, las mujeres representan el 58 por ciento, en la base de la pirámide el 64 por ciento, en los cargos de magistratura 44 por ciento y en los de máxima autoridad, 34 por ciento. En una década, la participación de mujeres a nivel de la magistratura, pasó de 39 % en 2011 a 44 % en 2020.

¿Qué pasa en los consejos de la Magistratura provinciales y de la Nación? En 2020 tuvieron 206 consejeros y consejeras, de los cuales 73 (35 %) fueron mujeres y 133 (65 %) varones.

Por Mariana Carbajal

Fuente: Página12

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular

03-02-2026 / 11:02

Lavagna renunció porque el nuevo índice de inflación le dio 3,4 por ciento y le pidieron que no lo difunda

Tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del Indec, porque Javier Milei se niega a medir bien la inflación, Luis "Toto" Caputo decidió postergar la publicación de la nueva canasta de medición de precios, que daría una inflación mucho mayor. "Con el Presidente siempre pensamos que había que cambiarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado", afirmó. O sea, nunca. El Gobierno libertario oculta así el fracaso económico mientras los trabajadores del organismo alertan por intervención.

La decisión de Milei y Caputo de suspender sin límites la actualización del IPC solo una semana antes de su puesta en marcha fue demasiado hasta para Lavagna, que había aceptado retrasarla hasta ahora, además de hacer magia con los índices de la inflación y la pobreza. Presentó la renuncia al Indec y fue reemplazado por su segundo, incondicional de Caputo.

No hay eufemismos ni figuras simuladas que tapen lo que realmente pasó, a sólo 8 días de que se conozca un IPC que debería estar actualizado, tal como lo había prometido el Gobierno: Lavagna confió internamente que salió del ente estadístico, precisamente, porque Milei y el ministro de Economía, Caputo, se negaban a implementar la nueva medición de inflación por la que él venía peleando hacía más de dos años. Horas más tarde, Caputo se vio obligado a salir a confirmar los dichos de Lavagna.

Los dichos de Caputo son escandalosos y abren dudas peligrosas respecto a los números, porque los técnicos del INDEC ya tenían medidos precios con el nuevo IPC y se había anunciado la aplicación de ese índice para el próximo martes 10, cuando se sepa la inflación de enero. Esa medición daba arriba del 3 por ciento, pero a Lavagna le pedían que esté en torno al 2 por ciento. Además, es polémico porque Caputo no le pone fecha a la nueva medición. Es decir, Milei y Caputo se niegan, sin fecha cierta, a medir la inflación con la Encuesta de Hogares del 2018, para seguir haciéndolo con la del 2004.

Una medición que no refleja el costo de vida de las familias. Lo que el Gobierno hace evitando actualizarlos, es que no se vean reflejados en enero los aumentos de tarifas, en un escenario donde además los alimentos vienen subiendo. En pocas palabras, Milei está midiendo la inflación con los mismos parámetros de gastos familiares que había 22 años atrás.

Lo que eran sospechas terminaron siendo confirmadas por el propio gobierno. El viernes pasado el Banco Central difundió el Informe de Política Monetaria donde se admite abiertamente que si se hubiese utilizado el nuevo IPC la inflación hubiese sido más alta en los últimos dos años por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec. El propio Banco Central confirmó la manipulación del índice de inflación.

Mientras la población siente que los salarios se pulverizan y el pluriempleo crece, los datos oficiales truchos muestran un aumento inflacionario "moderado", utilizado por el Gobierno anarco capitalista también para planchar paritarias y jubilaciones. Esta brecha entre la realidad social y las estadísticas alimenta la desconfianza generalizada, incluso entre especialistas.

La Opinión Popular

02-02-2026 / 11:02

Politica Comic Show: Javier “el Loco” Milei y el insulto como política de Estado

El secuestro de Nicolás Maduro se transmitió en tiempo real por televisión y redes sociales, en una estudiada coreografía que hacía parecer toda la escena como parte de la última mega producción de Hollywood. A eso se sumó luego una campaña virtual de Donald Trump en la que se presentaba al mandatario como una especie de dueño del continente entero, incluyendo -sobre todo- a Groenlandia. El spin-off local de Trump no se queda atrás. Javier Milei, otra figura nacida en un set de TV, mezcla su presidencia con recitales masivos, romances fogosos y una cultura memética permanente en redes sociales. En todo el planeta es el momento de la política comic show, un juego que, a la vez, es mucho más que eso.

Milei construyó su llegada al poder desde los paneles de televisión. Allí mezcló gritos violentos, peleas salvajes y un aporte original: la capacidad de discutir autores económicos en prime time desde una matriz libertaria extrema. Su figura se nutrió además de otros condimentos: obras de teatro durante los veranos, noviazgos mediáticos -en 2018 salió con Daniela Mori, exintegrante de la banda de cumbia Las Primas-, revelaciones perturbadoras sobre su sexualidad tántrica, covers de temas de rock y clásicos, apariciones disfrazado como superhéroe y, por supuesto, su marca registrada: su extraña cabellera.

Mientras por un lado agita la violencia con invitaciones permanentes a "odiar más" y compara a sus rivales con monos o cucarachas, por el otro ofrece circo: el recital en el Movistar Arena, su show en el festival de Jesús María, una aparición en un canal de streaming oficialista junto a su perro clonado, un beso fogoso con su entonces pareja en un teatro costero, cuadros en la Quinta de Olivos donde se compara con Wolverine y con un león, una bizarra cuenta en inglés presentada mediante un cómic donde aparece volando sobre Buenos Aires como superhéroe.

A esta lista se suma su escasa preocupación por la higiene y el recambio de vestuario -con el mameluco de YPF como emblema, incluso en Davos- y su llanto desconsolado en el Muro de los Lamentos, una postal inédita para un presidente argentino. Con matices, todos estos episodios -los extravagantes y los violentos- comparten algo en común: arrastran la atención popular, dominan redes sociales y colonizan la agenda mediática y política, mientras corren los límites de lo decible en la sociedad argentina. "La primera estrategia de esta derecha es polarizar a la sociedad", explica el historiador Steven Forti en Extrema derecha 2.0. "No se trata de excentricidades, sino de una estrategia bien pensada."

Ese manual fue adoptado por la administración libertaria desde su llegada al poder. Cuando no fue el cierre del INADI o de Télam, fue un ataque a la comunidad homosexual, al periodismo o a alguna artista musical. Y cuando no había escándalo político, lo había estético: cuatro camperas en pleno verano, intentos de ocultar la papada o defensas públicas de películas de Guillermo Francella. De una u otra forma, siempre provocaba bronca, perplejidad o fascinación, emociones ideales que premian lo ruidoso.

Lo explica Giuliano da Empoli en Los ingenieros del caos, libro de cabecera del asesor presidencial Santiago Caputo: "El megáfono de Trump era la indignación de los medios." Con Trump y Milei ocurre lo mismo: se los puede amar o detestar, pero no ignorar. Richard Nixon lo llamaba "la teoría del loco". Fingir irracionalidad para volverse imprevisible y, por eso mismo, temible. Trump lo dijo sin rodeos: "Xi Jinping sabe que estoy totalmente loco."

La pregunta es inevitable: ¿estamos ante líderes desbordados o ante personajes cuidadosamente construidos? "La banalidad de la locura", la llama el politólogo Brian Klaas: una saturación de exabruptos que termina anestesiando a la sociedad.

La Opinión Popular

01-02-2026 / 10:02

La política del engaño: Pinocho Milei gobierna en base de exageraciones y datos falsos

Desde su llegada a la Casa Rosada, Javier "Pinocho" Milei construyó un relato épico de gestión que, al ser contrastado con datos verificables, empieza a mostrar fisuras cada vez más profundas. Promesas infladas, cifras manipuladas, logros magnificados y afirmaciones directamente falsas forman parte de un patrón comunicacional que ya no puede explicarse como simples errores.

Se trata, cada vez más claramente, de una estrategia política basada en la distorsión sistemática de la realidad. Organizaciones especializadas en verificación de datos, como Chequeado, desmintieron en reiteradas oportunidades afirmaciones centrales del discurso presidencial. Uno de los ejemplos más notorios fue la declaración en la que Milei aseguró haber sacado a diez millones de argentinos de la pobreza.

El número, ampliamente difundido por el oficialismo, resultó ser metodológicamente incorrecto, engañoso y sin respaldo estadístico sólido. Si bien algunos indicadores mostraron leves mejoras, la magnitud del cambio real está muy lejos del relato triunfalista que el prescindente intenta instalar. Algo similar ocurrió con su afirmación de haber eliminado los piquetes en todo el país. Lejos de desaparecer, los cortes de calles continuaron registrándose, aunque con menor visibilidad y mayor intervención de las fuerzas de seguridad.

La reducción de protestas no equivale a su erradicación, pero Milei optó por presentar una victoria absoluta que los datos desmienten. La manipulación también alcanza el terreno histórico. En reiteradas ocasiones, el mandatario afirmó que la Argentina fue uno de los 3 países más ricos del mundo, una afirmación que no resiste el menor análisis serio de los registros económicos internacionales.

Esta construcción mítica, repetida hasta el cansancio, busca reforzar la narrativa del "paraíso perdido" arruinado por la política tradicional, aun cuando carece de sustento empírico. El uso irresponsable de información falsa no se limita a discursos oficiales. En redes sociales, Milei llegó a difundir encuestas inexistentes, atribuidas falsamente a la Fundación FOPEA, con el objetivo de desacreditar al periodismo.

La propia organización salió a desmentir públicamente la información, dejando al descubierto una práctica preocupante: la utilización deliberada de datos falsos para atacar a la prensa crítica. Este comportamiento no es aislado. Forma parte de una lógica de comunicación basada en la confrontación permanente, la exageración de logros, la victimización y la construcción de enemigos internos.

La distorsión de cifras y hechos se convierte así en una herramienta política para sostener un relato épico que muchas veces choca contra la realidad cotidiana de millones de argentinos. Mientras la inflación continúa afectando el poder adquisitivo, la recesión golpea al consumo y el ajuste impacta con fuerza en jubilados, trabajadores y sectores medios, el discurso presidencial insiste en mostrar una Argentina idealizada que pocos logran reconocer en su vida diaria.

En este contexto, la manipulación informativa no solo erosiona la credibilidad del Gobierno, sino que también debilita el debate democrático y el derecho ciudadano a estar informado con veracidad. Gobernar a base de datos falsos puede rendir frutos comunicacionales de corto plazo, pero tiene costos profundos. Cuando la mentira se convierte en política de Estado, la confianza pública se deteriora, la institucionalidad se debilita y el vínculo entre gobernantes y sociedad se vuelve cada vez más frágil. En definitiva, más que errores ocasionales, las distorsiones discursivas de Milei parecen responder a una estrategia clara: imponer un relato antes que explicar la realidad. Una apuesta peligrosa que, tarde o temprano, termina chocando contra los hechos.

La Opinión Popular

31-01-2026 / 09:01

La política del grotesco de Milei sin propuesta alguna para el conjunto del pueblo

Décadas de globalización con la lógica del mercado se desplomaron sobre los argentinos con Javier Milei gritando el Rock del Gato mientras cinco provincias se incendiaban fuera de control y la mayoría de los gobernadores se sometían a ser extorsionados para aprobar la reforma laboral.

Décadas de erosión de la democracia y el medio ambiente cayeron sobre los argentinos con el florecimiento del libertarismo autoritario, que es como decir silencio atronador o fuego helado. Las dos cosas no van juntas. El resultado es libertad para pocos y autoritarismo para los demás.

Rocca, Magnetto y Galperín fueron algunos de los creadores del Golem esquizofrénico. Lo construyeron para que los proteja, financiaron sus campañas, le dieron letra con leyes para proteger sus intereses y publicaron loas en los medios que controlan. Pero en este momento parte de sus intereses entraron en colisión con el rumbo aperturista total del gobierno y sus alianzas.

Las elecciones de medio término en una sociedad que perdió el sentido, fragmentada, extenuada por la inflación y la pandemia, le dieron un impulso que se multiplicó con el respaldo de la Casa Blanca.

Ese paralelismo crispado de un imperio en decadencia encontró un aliado incondicional en la subordinación total de Milei. No hay término medio en las Casas Blanca y Rosada. Una decisión absoluta de dominio se complementó con una decisión absoluta de sumisión.

Con la apertura que impulsaron los grandes empresarios, y que implementó este Gobierno, entró una avalancha de productos chinos. El capital concentrado creyó que tenía espalda para sobrevivir al exterminio de sus competidores de la pequeña y mediana industria y comercio y que podría deglutir esos espacios que quedaban libres.

Pero el ímpetu del comercio chino, ultra tecnológico, con cadenas de suministro ultra coordinadas y eficientes, se llevó puestos hasta los tubos de Techint y metió en problemas a la gran aplicación comercial de Marcos Galperín, el hombre más rico del país.

Galperín reside en Uruguay para no pagar impuestos en Argentina, donde creció su empresa, Mercado Libre. Impulsó con entusiasmo el discurso libertario contra los subsidios estatales y contra la regulación de los mercados.

Desde la pandemia, el campeón antisubsidios recibió subsidios por 370 millones de dólares. Y ahora, el también campeón de la apertura de las importaciones, le exigió al gobierno que regule a Temu, la aplicación de comercio china que le arrebató una porción de la torta.

Paolo Rocca, que colocó a su ex empleado Horacio Marín como CEO de YPF, recurrió a la Justicia por la licitación de tubos para un gasoducto que perdió ante una firma india que fabrica tubos con acero chino. Galperín hizo lo mismo con Temu. Y Magnetto afronta problemas parecidos con la compra de Telefónica por el Grupo Clarín.

Son contradicciones fuertes en el capital hegemónico, que el gobierno sobrelleva con enormes ofrendas, como la reforma laboral. El triunfalismo que invadió a la Casa Rosada por el resultado electoral se enfocó en su primera cosecha. La ley de trabajo propuesta incluyó un artículo sobre el impuesto a las ganancias que saca coparticipación a las provincias.

El Gobierno mandó a Diego Santilli a discutir con los gobernadores, pero le advirtió que no hará ninguna concesión. Y Santilli les prometió que los premios llegarían después de la aprobación en el Congreso.