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Nacionales - 08-03-2021 / 07:03
EL PLENARIO EXTRAORDINARIO SE REALIZARÁ A LAS 11.30 Y BUSCA DAR RESPUESTA A LOS RECLAMOS FEMINISTAS

El Consejo de la Magistratura se reúne para la revisión de causas y el registro de juzgados sin mirada de género

El Consejo de la Magistratura se reúne para la revisión de causas y el registro de juzgados sin mirada de género
En un plenario especial por el Día de la Mujer, y en medio de las protestas por la inacción judicial frente a los femicidios, el Consejo de la Magistratura tratará hoy dos iniciativas para prevenirlos: la creación de un registro de jueces denunciados por su mal desempeño en casos de violencia de género y auditorías para analizar el rol jugado por los diferentes juzgados.
El Consejo de la Magistratura de la Nación tratará hoy en un plenario extraordinario por el Día Internacional de la Mujer, dos propuestas que apuntan a dar señales a la sociedad de un compromiso en la prevención de los femicidios, en momentos en que crece la indignación social frente a la inacción de la justicia para prevenirlos.
 
Se votará la creación de un Registro Público de magistrados y magistradas denunciados por mal desempeño en la actuación de casos de violencia de género, y la realización de una auditoría en los juzgados --nacionales y federales-- para monitorear las respuestas que se brindaron a las denuncias que involucran hechos de violencia de género y si jueces y funcionarixs que tratan esos casos han hecho la capacitación prevista en la Ley Micaela y otros cursos relativos a la incorporación de la perspectiva de género en sus labores.
 
El tratamiento de las dos iniciativas se da tres semanas después de manifestaciones frente a los tribunales en todo el país contra "la justicia patriarcal" luego del femicidio anunciado de la adolescente Ursula Bahillo, y en el marco de un nuevo Paro Internacional Feminista, convocado este 8M con un llamado de una amplia articulación de organizaciones de mujeres y disidencias, sindicales -todas las centrales obreras--, políticas y sociales, a concentrar a las 17 frente al Congreso, para reclamar "contra las violencias machistas" y por "una reforma judicial feminista", "paridad en la Justicia", y "aplicación efectiva de la Ley Micaela en el Poder Judicial", entre otras demandas.
 

 
El plenario extraordinario está convocado para las 11.30 y se podrá seguir por el canal de youtube del Consejo de la Magistratura. La creación del Registro Público de denuncias contra jueces y juezas llega con dictamen con apoyo unánime de las comisiones de Reglamento, que encabeza la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley, y de Disciplina y Acusación, presidida por el juez Ricardo Recondo.
 
"Teníamos algunas resistencias pero le dio mucha fuerza para que pudiéramos avanzar con este proyecto el reclamo que surgió a partir del femicidio de Ursula Bahillo", contó la diputada. El dictamen se votó el último miércoles. Una de las principales convocatorias del jueves 17 de febrero, tres días después del asesinato de la adolescente a manos de su ex novio Matías Bautista Martínez, un ex policía con carpeta psiquiátrica y denuncias anteriores de parte de otras ex parejas, fue frente al Palacio de Tribunales.
 
"Queremos que los poderes judiciales de las provincias también tengan un registro similar", señaló Siley. El dictamen incluye además un artículo por el cual se autoriza al presidente del cuerpo, Diego Molea, a suscribir convenios con los consejos de la Magistratura de cada jurisdicción provincial y los órganos correspondientes con potestad disciplinaria para avanzar en ese sentido.
 
"Todavía queda mucho para hacer en la Justicia porque hay resabios de machismo, porque hay resabios de Justicia patriarcal. Tenemos una tarea enorme por delante en la cuestión de género. Van a encontrar en mí un trabajador permanente para continuar en este camino que venimos recorriendo aunque sin dudas queda mucha tarea por hacer", dijo Molea.
 
El presidente del Consejo de la Magistratura es el impulsor de la resolución que propone realizar una amplia auditoria para ver qué respuestas han recibido en los tribunales de la justicia nacional las denuncias que involucran situaciones de violencia de género.
 
Junto con la creación del "Registro Público de denuncias presentadas contra magistrados y magistradas por situaciones vinculadas a violencia de género" en el área del Plenario del Consejo de la Magistratura, se votará cómo anexo un protocolo que establece cómo se cargarán los datos.
 
El proyecto de resolución dice que el mismo plenario deberá definir "en un plazo de 30 días corridos desde su creación" la forma en que se hará operativa la publicidad del Registro.
 
En el Registro se incluirán los nombres de las y los magistrados denunciados por:
 
* Vulneración y/o afectación de derechos por actos discriminatorios. Por ejemplo, cuando una víctima es sometida a preguntas sexistas o se la investiga a ella en lugar de al agresor.
 
* Inobservancia manifiesta de la normativa nacional e internacional en materia de género en el dictado de actos procesales.
 
* Obstaculización mediante retardo o impedimento en el acceso a la justicia.
 
"Es una de las medidas más concretas que se promueve desde el Consejo de la Magistratura con respecto a la perspectiva de género en la Justicia", consideró Siley. "Es un avance en transparencia y en publicidad de los actos que involucran a funcionarios públicos. El anonimato atenta contra la condición de rendición de cuentas a la sociedad", agregó en diálogo con este diario.
 
La creación del Registro responde a uno de los compromisos asumidos por el Estado argentino en un acuerdo de solución amistosa firmado con una sobreviviente de un intento de femicidio, Olga del Rosario Díaz, en el marco de una denuncia presentada por la Defensoría General de la Nación ante el Comité que monitorea la aplicación de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés). El acta acuerdo se firmó el 23 de octubre de 2019 y en agosto se aprobó mediante el decreto del Poder Ejecutivo de la Nación N° 679/2020.
 
Tal como contó oportunamente Página/12, Olga fue atacada por su ex pareja el 24 de marzo de 2017, y aunque había hecho una denuncia poco antes por violencia de género, --al igual que Ursula Bahillo, en el partido bonaerense de Rojas, y Guadalupe Curual, la joven asesinada en Villa La Angostura--, al momento de la agresión que casi le cuesta la vida no contaba con ninguna medida de protección. La mujer se salvó de milagro. Estuvo 45 días en terapia intensiva y tuvo varios meses de rehabilitación.
 
 
Auditoría sobre las causas de violencia de género
  
La propuesta de Molea, que se votará hoy, apunta a que en el plan de auditoría que implemente el Consejo de la Magistratura se recabe información desde 2018 hasta la actualidad sobre las causas vinculadas a la violencia de género. Además, se quiere saber si magistradxs y funcionarixs que tratan estos casos han realizado la capacitación prevista en la Ley Micaela y cursos relativos a la incorporación de la perspectiva de género en sus tareas. Molea propone que se respondan múltiples preguntas sobre el tratamiento que recibieron las denunciantes y qué medidas se implementaron desde la justicia.
 
Entre otra información, propone que se conozca la cantidad de expedientes que se abrieron en los últimos tres años, cuántos están en curso, el estado procesal, el fuero en el que tramitan, los juzgados intervinientes, los delitos investigados, por dónde ingresaron (Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, comisarías, juzgados de turno); si se brinda información a las víctimas sobre sus derechos y los servicios asistenciales disponibles; si se realiza una certificación de la existencia de causas penales que involucren al mismo imputado o a la misma víctima; si esa certificación incluye los expedientes que hubieran concluido; si se requieren medidas urgentes, en qué tiempo se dictaron; cómo se cursan las notificaciones al agresor; si se controla su cumplimiento y de qué modo.
 
En relación al testimonio de la víctima: ¿Qué recaudos se adoptan? ¿En qué lugar físico se toman las audiencias? ¿Cuántas veces han declarado las víctimas en los expedientes?, entre otras preguntas.
 
 
El techo de cristal
  
En 2019, el Consejo de la Magistratura aprobó una serie de reformas en los concursos para promover la incorporación de mujeres como juezas y camaristas y la perspectiva de género en la Justicia. Sin embargo, la exigencia de que quienes se presenten a concursos tengan capacitación de ese tipo recién entrará en vigencia en octubre de 2022 porque el mismo cuerpo aprobó una cláusula transitoria que postergó por 36 meses la entrada de ese requisito.
 
Una investigación que se presenta este lunes, sobre los concursos para ocupar cargos en la Defensoría General de la Nación, revela que ocho de cada diez ternas enviadas incluyeron mujeres, pero éstas solo fueron designadas el 33 por ciento de las veces. Las mujeres fueron nombradas en más oportunidades en el fuero ordinario (42%), especialmente en las defensorías de menores e incapaces.
 
Por el contrario, tienen más dificultades para acceder a puestos federales (30% de mujeres designadas) o de la DGN (27% de designaciones). El estudio fue realizado por la Comisión de Temáticas de Género de la DGN, que encabeza Raquel Asencio.
 
Queda en evidencia que las reformas en los reglamentos de los concursos no han logrado romper con el techo de cristal que enfrentan las mujeres en la Justicia ni con el piso pegajoso (se quedan con los cargos de menor jerarquía).
 
El Mapa de Género de la Justicia Argentina muestra que todavía son minoría en los cargos máximos. Mientras que ellas son mayoría en el funcionariado, tienen la mitad de probabilidades de ser nombradas magistradas con respecto a sus pares varones, de acuerdo a los datos que publicó este fin de semana la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
 
El documento releva la distribución entre varones y mujeres de la totalidad de los cargos del sistema de justicia de nuestro país en 2020 y su evolución durante los últimos 10 años. Se anunció que para las próximas ediciones se incorporará como categoría a medir las disidencias sexo-genéricas.
 
Al igual que en todos los años anteriores, se observa que si bien en 2020 el sistema de justicia estuvo conformado mayoritariamente por mujeres (56 por ciento), su participación disminuye en las posiciones superiores: las mujeres ocupan solo el 31 por ciento de los cargos máximos y el 44 por ciento de quienes accedieron a un puesto de magistratura, procurador/a, fiscal o defensor/a.
 
Esta última proporción aumentó apenas 5 puntos porcentuales en los últimos 10 años: pasó de 39 por ciento en 2011 a 44 por ciento en 2020, sin alcanzar aún la paridad de género. Por el contrario, para 2020 las mujeres fueron mayoría en el funcionariado y en el personal administrativo (61 % y 60 %, respectivamente).
 
Estos porcentajes dan cuenta de que el "techo de cristal" aparece para las mujeres cuando concursan para acceder a la magistratura, y más aún, para acceder al nivel máximo de autoridad. Aunque no es un requisito ser funcionario/a del Poder Judicial para acceder a los últimos rangos, a modo de ejercicio, se observa que, dentro del Poder Judicial, los funcionarios varones tuvieron el doble de probabilidades de ser magistrados/as, procuradores/as, fiscales o defensores/as, y 3,5 veces más de ser autoridades máximas, que sus pares mujeres en el sistema de justicia argentino en 2020, señala el relevamiento.
 
La tendencia descripta es más pronunciada aún en la Justicia Nacional y Federal, donde la proporción de mujeres camaristas en 2020 alcanzaba solo un 25 por ciento, lo que significa que, por cada mujer camarista, hubo tres varones con ese cargo. A su vez, el porcentaje de magistradas fue de 30 por ciento, la misma proporción desde hace 10 años.
 
Al analizar la distribución de las mujeres por fuero y materia, se observa que la segregación no es solo vertical, sino también horizontal: los varones tienden a concentrarse en los fueros penal, penal económico y en la Cámara Nacional Electoral, es decir, las materias con mayor poder político y vinculadas con lo público, mientras que las mujeres tienen mayor presencia a nivel de la magistratura en las temáticas más vinculadas con el cuidado (seguridad social, trabajo y derecho civil).
 
En los Poderes Judiciales provinciales, se repiten el esquema: en total, las mujeres representan el 58 por ciento, en la base de la pirámide el 64 por ciento, en los cargos de magistratura 44 por ciento y en los de máxima autoridad, 34 por ciento. En una década, la participación de mujeres a nivel de la magistratura, pasó de 39 % en 2011 a 44 % en 2020.
 
¿Qué pasa en los consejos de la Magistratura provinciales y de la Nación? En 2020 tuvieron 206 consejeros y consejeras, de los cuales 73 (35 %) fueron mujeres y 133 (65 %) varones.
 
Por Mariana Carbajal
 
Fuente: Página12
 

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14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
La Opinión Popular
 

12-11-2025 / 11:11
Gobierno libertario solo para la casta de los más ricos. Los "héroes" del Presidente. Marcos Galperín, ferviente defensor de que el Estado no intervenga en la economía, recibe millonarias exenciones impositivas. En un contexto de ajuste fiscal y debates por la reforma tributaria, el Formulario 10-Q presentado por Mercado Libre ante la SEC de Estados Unidos expone una vez más los jugosos beneficios fiscales que el gobierno de Javier Milei le otorga al "unicornio" fundado por Galperín, el hombre más rico de la nación con un patrimonio de 8.300 millones de dólares, según Forbes.
 
La empresa, valorada en más de 106 mil millones de "verdes", reportó ingresos netos de 7.400 millones en el tercer trimestre, un 39 por ciento más que el año anterior, y ganancias de 421 millones de dólares. Sin embargo, detrás de estos números relucientes se esconde un "secreto a voces": exenciones impositivas que superan los 350 millones de dólares en los últimos cinco años.
 
Bajo el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, Mercado Libre accedió en los primeros nueve meses de 2025 a beneficios por 50 millones en Ganancias y 17 millones de dólares en aportes previsionales, un 52 por ciento más que en 2024. "Es un subsidio injusto a una multinacional que no lo necesita", critica el Observatorio del Trabajo Informático (OTI), vinculado a la Asociación Gremial de Computación.
 
A Galperín le perdonaron en 2021: US$ 59 millones, en 2022: US$ 81 millones, en 2023: US$ 109 millones, en 2024: US$ 57 millones, en 2025: US$ 67 millones. Total: US$ 373 millones de impuestos le perdonaron a Galperin en cinco años. Pero los sectores populares tienen que pagar el IVA de los fideos sin chistar.
 
Sectores gremiales y la industria financiera coinciden: con su tamaño colosal, Javier Milei abusa del esquema al encuadrar áreas menores bajo un solo CUIT, mientras evade contribuciones que podrían destinarse a pymes o servicios públicos en crisis. Galperín, exiliado fiscal en Uruguay, predica la libre competencia, pero no duda en alzar la voz contra rivales como Temu y Shein, las plataformas chinas que inundan el mercado con productos baratos.
 
En el Foro Abeceb, Juan Martín de la Serna, presidente de la filial argentina de Mercado Libre, exigió "reglas claras" para importaciones, advirtiendo que amenazan el 90 por ciento de ventas de pymes en la plataforma y el empleo local. "Abrir indiscriminadamente da trabajo a chinos, no a argentinos", sentenció.
 
Ironía pura: el defensor del no intervenciónismo estatal ahora pide regulaciones que protejan su imperio. El cruce en X con Miguel Ángel Pichetto lo desnuda todo. El diputado peronista instó a gravar a estas "economías de plataformas" para cuidar la industria nacional.

Galperín replicó con arrogancia: "No estoy preocupado, competimos exitosamente". Pichetto no se quedó atrás: "Mejor empezá a preocuparte, porque te van a pasar por arriba y ya impactan en empleos de distribución".

Mientras, el Gobierno de Milei discute bajar cargas patronales, pero calla sobre estos privilegios elitistas de los más ricos empresarios. Esta disparidad fiscal alimenta el descontento: ¿por qué el gobierno de Milei regala millones a un magnate mientras mientras los salarios deprimidos de jubilados y trabajadores pagan la crisis?

La Opinión Popular


12-11-2025 / 10:11
Las últimas declaraciones del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, acerca de la intervención del gobierno de Donald Trump en favor de Javier Milei para apuntalar el rendimiento electoral de los libertarios abren un nuevo abanico de sospechas y dudas acerca de las condiciones financieras de la operación y los favores prometidos a la potencia del Norte. Es más, fue Bessent quien habló de un swap activado, lo cual implica una operación de deuda de la que nadie en el gobierno argentino aporta un dato.
 
En medio del estruendoso silencio oficial, el secretario Bessent hizo público que Argentina activó el swap para devolverle inmediatamente a Estados Unidos su intervención para rescatar a Milei antes de las elecciones. Toto Caputo igual sigue sin decir palabra sobre los intereses que pagará el país por esa nueva deuda. Bessent confirmó que se activó el swap. Es decir, que Estados Unidos se garantizó una ganancia financiera contra el aumento de la deuda argentina. Ganancias de los yanquis y silencio del gobierno libertario.
 
En medio de la total falta de transparencia en torno a la operación, fuentes del mercado hablan de unos 2 mil millones de dólares por el rescate de octubre, a lo que se sumarían casi 800 millones que se pagaron al FMI en concepto de cancelación de vencimientos de deuda, lo cual acercaría la cifra a la banda de los 2700-3000 millones de dólares.
 
Cuestionado por la prensa norteamericana por el despilfarro de recursos que para muchos votantes de ese país supuso la ayuda a la Argentina, Bessent confirmó que Estados Unidos "hizo dinero" con la operación, es decir que "entró y salió" del mercado cambiario local y sugirió que, de no haber favorecido a Milei, el otro camino era derribar lanchas de narcotraficantes.
 
La operación Trump-Milei deja mucha tela para cortar. Por un lado, expuso como nunca la fragilidad de la economía argentina bajo la conducción libertaria y deja establecida una suerte de amenaza, bastante explícita, acerca de que, si se llegara a dar un cambio de signo político, el apoyo se esfuma y, por lo tanto, se desataría una crisis cambiaria fulminante.
 
En segundo lugar, hay un fuerte componente de opacidad respecto de en qué consiste la operación. ¿Cuáles fueron las condiciones financieras acordadas? ¿y cuáles las no financieras, asociadas a por ejemplo la reducción de la presencia de China en el país, algo que Bessent dijo con todas las letras?
 
El diputado de Unión por la Patria, Carlos Castagneto, lo aclaró: "1) Bessent trajo dólares. 2) Los cambió por pesos con una ¿tasa privilegiada del Gobierno? 3) Esos pesos los volvió a cambiar a dólares (después de las elecciones) que el país había pedido prestados (el swap). Resultado: Bessent no prestó plata, sólo hizo un cambio que nos dejó con más deuda en dólares", y le pidió al ministro Caputo que explique públicamente la operación.
 

11-11-2025 / 10:11
Los salarios, muy lejos de su nivel pre Javier Milei. Consultoras de diferente perfil político y hasta la UBA reflejan que los ingresos siguen por debajo del 2023. El salario mínimo, además, está peor que en 2001. Aunque el Gobierno de LLA no lo oculta, el ancla inflacionaria del programa económico siguen siendo las mismas medidas del ajuste inicial: dólar intervenido y artificialmente barato, e ingresos a la baja o estancados.
 
El problema, ya muy visible, empezó a ser reflejado por consultoras de diferente tendencia política, que advierten que los sueldos siguen por debajo de noviembre del 2023. Inclusive, la Universidad de Buenos Aires (UBA) mostró que el Salario Mínimo tiene menor poder de compra que el del año 2001, la peor crisis de la historia.
 
Esta situación, que mantiene un Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin grandes movimientos, es el mismo factor que garantiza el camino de una recesión sostenida y, además, expone niveles de consumo masivo históricamente bajos. El costo de tener los precios a raya es un panorama de familias que no llegan a fin de mes, aún con una inflación que es hasta 4 veces menor a la que había en noviembre del 2023. Todo este contexto lo reflejan firmas muy disímiles, lo que enriquece las herramientas para el análisis del problema.
 
Empiria, la consultora de Hernán Lacunza (ex ministro de Economía del PRO), precisó que el Ingreso Disponible -en base 100- estaba muy por encima del 100, más cerca del 105, en noviembre del 2023. Y hoy está por debajo del 99. En esa consultora, además, hicieron un trabajo en el que muestran cómo el aumento de los servicios y tarifas golpearon seriamente a las familias.
 
En esa misma línea, Vectorial, la consultora de Haroldo Montagú, ex viceministro de Economía de Martín Guzmán, precisó que "la quietud relativa en los ingresos de los trabajadores no solo termina siendo un ancla a los precios sino también a las cantidades. Así, los salarios registrados aún se encuentran, en promedio, un 4,7 por ciento por debajo de noviembre de 2023". La firma asegura que "esta caída sería del 10,8 por ciento si se deflacta por la inflación actualizada por la ENGHO más reciente".
 
¿Qué pasó con los sueldos estatales? "Los trabajadores públicos son quienes se llevan la peor parte del retraso salarial, con un 13,2 por ciento de pérdida y con un ascenso excesivamente lento. Tampoco se observa una mejora para el caso de los trabajadores registrados privados, que recién en agosto vuelven a tener niveles similares a los de noviembre de 2023, mientras que lo que va del 2025 se encuentran orbitando en un 1 por ciento por debajo de estos valores".
 
En esa línea, la consultora Equilibra, que comanda Martín Rapetti, publicó que, en los primeros dos años del gobierno de Milei, el poder de compra de los salarios formales se contrajo un 19 por ciento en relación al promedio enero a septiembre del 2023. La firma ejemplificó la crisis salarial con un número demoledor: si se mira en términos acumulados, los empleados y jubilados perdieron el equivalente a 2,1 meses de ingresos reales en los primeros 20 meses del gobierno libertario.
 
Todo el contexto antes mencionado es lo que los comerciantes apuntan como el principal causante de la crisis de consumo. Los grandes supermercadistas aducen que los salarios planchados son un golpe letal para las ventas, sobre todo porque se montan en un esquema de costos fijos de las familias que crecieron mucho en los últimos dos años. En paralelo, en el caso de los jubilados, la afectación es aún mayor dado que la pérdida de ingresos no contempla cuál es el margen de consumo que perdieron por el aumento del precio de los medicamentos. 
 

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