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Nacionales - 07-03-2021 / 09:03
CUANDO EL OFICIALISMO SEÑALA, LA OPOSICIÓN MIRA EL DEDO

Para el macrismo, Formosa sería la nueva Venezuela

Para el macrismo, Formosa sería la nueva Venezuela
Los mismos que denuncian una “dictadura” en Formosa reconocieron el gobierno de facto de Jeanine Añez en Bolivia, que llegó al poder con tanques en la calle, dirigentes políticos secuestrados y funcionarios linchados por patotas parapoliciales. La caracterización no es inocente: en el imaginario de derecha, la palabra Venezuela da carta blanca para la intervención extranjera o el golpe de Estado. El siguiente paso es transferir esa cualidad de Insfrán a Alberto Fernández. Ya está sucediendo.
Ningún análisis sobre la situación de Formosa puede pasar por alto un dato: la provincia siguió una estrategia exitosa de supresión del Covid que le permite mostrar cifras comparables a las de Nueva Zelanda o Corea del Sur, con una cantidad de recursos infinitamente menor. En esos países se realizaron cuarentenas muy extensas y estrictas, hubo un control férreo de las fronteras y se reaccionó rápidamente ante la aparición de pocos infectados para contener nuevos brotes.
 
Son casos excepcionales y que la misma oposición que condena al gobernador Gildo Insfrán usa como ejemplo para esmerilar la respuesta a la pandemia del gobierno nacional. Es válido discutir hasta qué punto se puede aceptar el sacrificio de ciertos derechos en pos de un objetivo sanitario, pero no hacerse los boludos.
 
No resulta excepcional, por el contrario, que un sector de la sociedad se rebele ante las medidas de restricción impuestas desde el Estado. Sucedió en todos los países del mundo y en muchos, desde Rusia hasta Italia, desde Chile hasta Gran Bretaña, las protestas se dispersaron con una respuesta policial desmedida.
 
Ninguna estrategia de lucha contra el coronavirus justifica la violencia institucional. La falta de proporción en la represión a las manifestaciones formoseñas del viernes pasado debe ser condenada sin peros. De ahí a sostener, como sostiene la oposición, que en Formosa no rige el estado de Derecho, que debe haber una intervención federal o se tiene que reclamar la presencia de veedores extranjeros existe una distancia enorme y una doble vara flagrante.
 
Durante los 14 años de gobierno ininterrumpido del PRO en la ciudad de Buenos Aires los casos de violencia institucional no solamente no fueron condenados por el oficialismo porteño sino que fueron reivindicados. En los cuatro de mandato de Mauricio Macri al frente del gobierno nacional, también.
 
Los mismos que denuncian una "dictadura" en Formosa reconocieron el gobierno de facto de Jeanine Añez en Bolivia, que llegó al poder con tanques en la calle, dirigentes políticos secuestrados y funcionarios linchados por patotas parapoliciales. La caracterización no es inocente: en el imaginario de derecha, la palabra Venezuela da carta blanca para la intervención extranjera o el golpe de Estado. El siguiente paso es transferir esa cualidad de Insfrán a Alberto Fernández. Ya está sucediendo.
 
La reaparición del "espantapájaros venezolano" en el discurso opositor puede ser una buena noticia para el gobierno, porque señala el agotamiento de la agenda que Juntos por el Cambio promovió estos meses. Con el programa de vacunación ya en marcha y aumentando su ritmo en todo el país, la impostura antivacunas no sólo pierde efectividad: resulta contraproducente a medida que las dosis van llegando a cada hogar.
 
Realidad efectiva, a prueba de operaciones mediáticas, aunque el costo que ya se cobraron es altísimo. Un antiguo proverbio atribuido a Confucio sostiene que cuando un hombre sabio señala a la luna, un hombre estúpido se queda mirando el dedo. 
 

 
La cepa amazónica amenaza la incipiente recuperación
 
La ciudad de Manaos, capital del estado brasileño de Amazonas, fue el epicentro del coronavirus en Brasil. En abril del año pasado comenzó un brote que nunca pudo ser contenido y llegó a infectar al 70 por ciento de la población. Durante todo el año pasado, en esa ciudad de dos millones de habitantes, fallecieron 3400 personas por la pandemia.
 
A pesar de que los expertos anunciaron la inmunidad de rebaño de su población, una nueva cepa volvió a encender la mecha a finales del año pasado. En enero, el sistema sanitario volvió a colapsar. En lo que va de 2021 ya se registraron más de 4500 muertes por Covid en Manaos, un 30 por ciento más que en todo 2020. Los expertos aseguran que si no se toman medidas urgentes, lo peor todavía no quedó atrás.
 
Una característica de las cepas más contagiosas (los estudios más optimistas estiman que la variante amazónica, llamada P1, es un 40 por ciento más transmisible, otros hablan de 100% o más) es que tarde o temprano colonizan y terminan prevaleciendo sobre otras. En Manaos, los casos de P1 pasaron de menos del 1 por ciento en noviembre al 85 por ciento en febrero. Sin medidas de control ni restricciones por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, la nueva variante se expandió como pólvora por todo el país. Hoy, hay 17 capitales estaduales con el sistema sanitario completamente colapsado y el resto se encamina al mismo desenlace. Los gobiernos locales que intentan imponer cuarentenas y toques de queda encuentran una fuerte resistencia social.
 
La variante P1 ya fue detectada en la Argentina, de acuerdo a los estudios que realiza el Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica, por ahora solamente en casos de personas que viajaron a Brasil o de contacto estrecho. La transmisión comunitaria, si todavía no está ocurriendo, es cuestión de tiempo. La situación de Brasil sirve como una advertencia de lo que puede suceder en el país en pocos meses, o incluso semanas. No existen soluciones mágicas: solamente acelerar la estrategia de vacunación, evitar el ingreso de más casos por la frontera (que podrían acelerar la aparición de un nuevo brote) y eventualmente volver a restringir actividades de alto riesgo que no resulten esenciales. Cabe preguntarse si el gobierno nacional tiene la capacidad y la voluntad de hacerlo.
 
 
Contemplación dactilar
 
Esta semana conocimos el fallecimiento de una médica del Hospital Fernández que se infectó esperando su turno. Se había anotado tarde influenciada por la campaña contra la Sputnik; no le alcanzó la autorización de Anmat y quiso esperar la publicación en The Lancet.
 
El gobierno nacional tomó nota de ese agotamiento y decidió dar por comenzado el año electoral poniendo la pelota cerca del arco rival. Eso explica la decisión del presidente Alberto Fernández de promover una querella penal sobre la firma de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de JxC.
 
La mayoría de los expertos en la materia aseguran que es difícil que la causa termine en condenas a los funcionarios involucrados en esas negociaciones, pero la movida puede servir para poner en el candelero el desmanejo económico de la administración Macri durante todo el año electoral. Otras denuncias similares que hicieron en las últimas horas los ministros de Educación, Nicolás Trotta, y Obra Pública, Gabriel Katopodis, responden a la misma lógica de campaña.
 
Un antiguo proverbio atribuido a Confucio sostiene que cuando un hombre sabio señala a la luna, un hombre estúpido se queda mirando el dedo. El Frente de Todos no termina de encontrar las herramientas para resolver sus problemas más urgentes pero sus diagnósticos resultan difíciles de rebatir: el poder adquisitivo, el equilibrio externo, la concentración de la riqueza, el lawfare y, por supuesto, la pandemia son los temas clave para el futuro inmediato del país.
 
Juntos por el Cambio, en tanto, se agota en discusiones con hombres de paja, denuncias a entelequias y una doble vara difícil de sostener en el tiempo. La sabiduría del oficialismo puede y debe ser cuestionada. A esta altura del partido, resulta indiscutible que la oposición está sumida en un profundo ejercicio de contemplación dactilar.
 
 
Cuatro alfiles contra el Poder Judicial
  
La situación del Poder Judicial es un claro ejemplo de este fenómeno. Es la institución con peor imagen entre la sociedad argentina, según la enorme mayoría de los sondeos que entienden en la materia; sus fallos suelen llegar tarde y mal, los privilegios de casta que se otorgan a sí mismos los separan de los ciudadanos que dependen de sus decisiones, no están sometidos a ningún mecanismo de control más que los bizantinos engranajes del Consejo de la Magistratura, y en el caso de los ministros de la Corte Suprema, de un juicio político virtualmente imposible en estos tiempo de altísima polarización. Sin embargo, cada vez que el gobierno acerca una iniciativa (buena, mala, regular) al respecto, se encuentra con la negativa cerrada de la oposición a discutir siquiera la posibilidad de un cambio.
 
A juzgar por los acontecimientos, Alberto Fernández decidió modificar la estrategia que, en su primer año de gobierno, no le había dado resultado. Su discurso ante la asamblea legislativa, el alegato de Cristina Fernández de Kirchner el miércoles ante la cámara de Casación Penal, y en particular el a esta altura casi seguro reemplazo de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, dan cuenta de eso. No puede sorprender a nadie: el Presidente hizo campaña apuntando contra este sistema, cuyos mecanismos siguen intactos. Losardo era la línea directa con el establishment judicial. Ese diálogo no dio resultados. Su figura no es la indicada para llevar adelante una estrategia como la que se delineó esta semana. Eso, más que su condición de funcionaria que no funciona, selló su suerte.
 
El desafío tendrá en adelante cuatro patas. La primera, en el Poder Ejecutivo, a cargo de quien reemplace a la ministra, será ordenar las piezas de la política para construir una correlación de fuerzas favorable que permita dar la batalla. La segunda, instrumentada por el ANSES, apunta  a acelerar la jubilación de más de 200 jueces y fiscales que ya están en condiciones de hacerlo. La tercera, en el Congreso, quedará en manos de Sergio Massa, a quien el Presidente le confió la tarea de negociar los términos y modificaciones que sean necesarios para aprobar los proyectos que envíe. La cuarta es la más difícil: destrabar la designación de un nuevo titular del Ministerio Público Fiscal, pieza clave en la estrategia oficialista. A esta altura del partido, el nombre de esa figura parece lo de menos.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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