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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 07-03-2021 / 08:03
CÓMO FUNCIONA EL MÁS ELITISTA DE LOS PODERES EN COMODORO PY

Cuestionamientos al aristocrático Poder Judicial

Cuestionamientos al aristocrático Poder Judicial
Todo esto dicho, el más aristocrático de los poderes atraviesa su peor etapa desde 1983. Los discursos de Alberto y de Cristina, formulados desde sitiales distintos, emitieron un alerta. Y las propuestas en danza son un reparo correcto e insuficiente para una herida que sangra demasiado.
El presidente Alberto Fernández cuestionó en el Congreso al Poder Judicial y propuso leyes para adecentarlo. Varias se están discutiendo, alguna es mandato constitucional desde 1853, otras recogen tradiciones añejas. La derecha autóctona se indignó, el elenco estable de juristas de los medios dominantes clamó al cielo, como de costumbre.
 
La vicepresidenta Cristina Fernández protagonizó por Zoom un clásico de la política: la acusada que desnuda a sus fiscales o jueces, que disecciona sus maniobras y a quiénes sirven. Los medios audiovisuales, condenados a divulgarla, acumularon un rating inusual para el horario.
 
La elusión de impuestos, la perpetuación antiética en los cargos, el maltrato a personas comunes que acuden a juzgados ordinarios son menú de todos los días. Llamar "Justicia" al Poder Judicial es un error de lenguaje, extendido.
 
Las rémoras de los Tribunales se expanden en otros fueros, "ordinarios" en jerga. Damnifican a gente común, litigantes de a pie. Las causas son eternas lo que ínsitamente favorece a la parte más poderosa.
 
Así es, de modo clavado, en los pleitos laborales, suele suceder en otros. Miles padecen destratos, plazos vaticanos, están impedidos de entender qué expresan las sentencias que les llegan tarde... Escritas en dialecto abstruso, para no ser comprendidas.
 
La lucha del movimiento feminista arroja claridad sobre el modus operandi judicial respecto de la violencia de género, con pico en los femicidios. La crónica diaria revela desprecios por las víctimas, pereza frente a sus demandas. Hasta pijotean la entrega de tobilleras. Están a su alcance, prevendrían in extremis hechos de violencia. "La Justicia" remolonea, en irrevocable declive.
 
Ciertas cuestiones se reiteran, como la persecución y la cárcel para dirigentes opositores al macrismo y al establishment. Cristina desenmascaró a sus juzgadores y a otros como ellos, sin apartarse del temario porque la agenda en debate es la insolidaridad cotidiana, los abusos de poder, el machismo, el sesgo de clase.
 
Los Poderes Judiciales son conservadores, por lo general. "Tiran" a derecha. Sus cuadros se anquilosan como élite. La mayor rémora del Poder Judicial argentino es ideológica. Los jueces naturalizan privilegios como la exención impositiva auto otorgada. Se hacen nombrar como "Su Señoría". Reparten puestos entre la parentela, practican la endogamia.
 
Todo esto dicho, el más aristocrático de los poderes atraviesa su peor etapa desde 1983. Los discursos de Alberto y de Cristina, formulados desde sitiales distintos, emitieron un alerta. Y las propuestas en danza son un reparo correcto e insuficiente para una herida que sangra demasiado.
 

 
LOS CUESTIONAMIENTOS AL PODER JUDICIAL
 
Y le siguen diciendo "Justicia"...
 
El presidente Alberto Fernández cuestionó en el Congreso al Poder Judicial (PJ, en adelante) y propuso leyes para adecentarlo. Varias se están discutiendo, alguna es mandato constitucional desde 1853, otras recogen tradiciones añejas. La derecha autóctona se indignó, el elenco estable de juristas de los medios dominantes clamó al cielo, como de costumbre.
 
La vicepresidenta Cristina Fernández protagonizó por Zoom un clásico de la política: la acusada que desnuda a sus fiscales o jueces, que disecciona sus maniobras y a quiénes sirven. Los medios audiovisuales, condenados a divulgarla, acumularon un rating inusual para el horario.
 
Spoiler: esta columna analiza el PJ más allá del Lawfare. Usará poco esa expresión, en parte porque prefiere recorrer hechos y argumentos. En parte porque las carencias y los vicios del PJ trascienden a los juzgados federales. La elusión de impuestos, la perpetuación antiética en los cargos, el maltrato a personas comunes que acuden a juzgados ordinarios son menú de todos los días. Llamar "Justicia" al PJ es un error de lenguaje, extendido. Este cronista lo rebate, sin éxito, desde hace décadas. Reincide en la intención, sin ilusiones.
 
Repasemos historias, personajes, retrocedamos casi cinco años.
 
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Un día lluvioso y peronista:
 
A diferencia de lo sucedido esta semana, el 13 de abril de 2016 Comodoro Py sí quería que Cristina visitara el antro. El juez federal Claudio Bonadio la citó en la causa de dólar futuro, La entonces ex presidenta "estuvo a derecho", como siempre. Había resuelto no ser candidata a diputada en 2015: no tener fueros.
 
Transcurría un atípico día peronista: diluviaba en Buenos Aires, la muchedumbre se congregó igual. Formadores de opinión afirmaban que "la gente quiere ver presa a Cristina". Decenas de miles de homínidos "no gente" bancaron a CFK. A la salida del juzgado, ella les habló.
 
Empezó exhortando: "tranquilos". Y dejó claro por qué no se asiló en la comodidad de los fueros. "Me pueden citar 20 veces más, me pueden meter presa, pero no callar. Voy a estar siempre con ustedes. No vean este hecho como el ataque a una persona". Se quedó corta con el número de citaciones, acertó en el resto.
 
La multitud algo expresó, emitió un mensaje: "si la tocan a Cristina/ qué quilombo se va a armar". El gobierno de Mauricio Macri y sus aliados judiciales no se atrevieron a detenerla entre ese día y las elecciones de 2017.
 
Amagaron hacerlo cuando llegó a la Cámara Alta pero la frenaron, entre otros, los senadores justicialistas. Durante un lapso, los estrategas macristas confiaban en que Cristina en libertad era el freno para el regreso del peronismo en la Casa Rosada. Erraron el vizcachazo, ahora se sabe.
 
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De la servilleta al Parnaso:
 
Bonadio nació en una servilleta célebre y falleció en olor de santidad para la Biblia de la derecha. A partir de 2016 frecuentó al juez de la Corte Ricardo Lorenzetti. Cofrades y aliados, pusieron en práctica la llamada "doctrina (Martín) Irurzun". Este camarista federal la inscribió en infaustas resoluciones: prisión preventiva para dirigentes opositores, sin condena, a veces sin proceso. Fuego a discreción contra la presunción de inocencia.
 
Irurzun puso el gancho, la idea la parió Lorenzetti tal como probó la colega Irina Hauser en uno de sus libros sobre la Corte Suprema. Venía el manejo perverso de la ley del Arrepentido: "o acusás a un kirchnerista o te mando en cana. Y hacelo pronto porque las sortijas se acaban".
 
Nac and pop and menemista de origen, Bonadio empezó a festejar los días de la Independencia. La estadounidense. Se hizo asiduo de los respectivos ágapes en la Embajada. Lo ovacionaban, reseñan relatos contemporáneos. Hay que ser iluso o mentiroso para imaginar que reconocían sus méritos jurídicos. Aplaudían su alineamiento político.
 
Los sorteos de nuevas causas favorecían a Bonadio, arrollando a la ley de posibilidades. Adrián Paenza probó que era imposible semejante racha de suerte, comparable a la que tenía el Patriarca de Gabriel García Márquez en la lotería de su imaginario país.
 
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Breviario anti ético:
 
La conversión de Lorenzetti le resultó insuficiente a Macri. Carlos Rosenkrantz desembarcó en la Corte con ayuda de senadores peronistas en tránsito. Una de sus tres primeras movidas fue redactar una Acordada en la que la Corte ratificaba cien tipos de obstáculos para entorpecer el acceso público a las declaraciones juradas de sus vocales.
 
Sólo Horacio Rosatti, otro recién llegado, visibilizó la suya. Ambos intentaron entrar por la ventana merced a un decreto, una ilegalidad que se retractó.
 
Contra el sentido común extendido: no toda mala ley es inconstitucional, no toda conducta reprobable es delito. Tal confusión es jactancia de autoritarios. Los jueces eluden impuestos invocando un fallo espantoso. En una de esas es lícito...
 
La jueza Elena Highton de Nolasco gambeteó su salida de la Corte por haber llegado a los 75 años amañando un amparo ante un juez solícito. Lo roscó con quien era ministro de Justicia, Germán Garavano. Se hizo lugar a la demanda en primera instancia, una farsa.
 
El Estado debía apelar, Garavano (Macri, pues) no interpuso el recurso. Highton sigue atornillada a su sillón, ajando una valiosa trayectoria judicial y un desempeño anterior digno en la Corte. El ejemplo, espantoso, recorre el borde de lo legal. De ahí para abajo, cualquier imitación es posible.
 
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Persecuciones políticas y destratos a gente común:
 
La persecución a dirigentes opositores carece de precedentes desde la recuperación democrática en 1983. El gobernador jujeño Gerardo Morales despuntó el vicio con Milagro Sala, arrestada sin condenas ni proceso.
 
El correligionario Ernesto Sanz confesó la irregularidad, la santificó como imprescindible. El radicalismo volvió a sus viejos, malos, tiempos... pre alfonsinistas. Como furgón de cola del PRO o como locomotora, en este aspecto.
 
Los reflectores enfocan a los juzgados federales que sustancian expedientes resonantes. Las rémoras de los Tribunales se expanden en otros fueros, "ordinarios" en jerga. Damnifican a gente común, litigantes de a pie. Las causas son eternas lo que ínsitamente favorece a la parte más poderosa.
 
Así es, de modo clavado, en los pleitos laborales, suele suceder en otros. Engolada y distante, la judicatura mira poco a sus administrados. Miles padecen destratos, plazos vaticanos, están impedidos de entender qué expresan las sentencias que les llegan tarde... Escritas en dialecto abstruso, para no ser comprendidas.
 
La lucha del movimiento feminista arroja claridad sobre el modus operandi judicial respecto de la violencia de género, con pico en los femicidios. La crónica diaria revela desprecios por las víctimas, pereza frente a sus demandas.
 
Una nota reciente de Mariana Carbajal publicada en PáginaI12 desnuda que hasta pijotean la entrega de tobilleras. Están a su alcance, prevendrían in extremis hechos de violencia. "La Justicia" remolonea, en irrevocable declive.
 
Cristina desenmascaró a sus juzgadores y a otros como ellos, sin apartarse del temario porque la agenda en debate es la insolidaridad cotidiana, los abusos de poder, el machismo, el sesgo de clase.
 
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Del precámbrico al 2021:
 
Las propuestas legislativas que enumeró el Presidente respetan la institucionalidad. Opinables, como todo, algunas recogen precedentes venerables. El Tribunal Federal de Garantías para aliviar a la Corte de miles de reclamos por arbitrariedad reformaría la ley 48.
 
El número deschava la edad: data del siglo XIX, el precámbrico en términos históricos. El añorado maestro de juristas Julio Maier propugnaba una modificación semejante. La movida será consultada con los gobernadores porque atañe a los poderes judiciales de provincias. Apego al federalismo, cero urgencias, nula bulimia de poder.
 
El control cruzado de poderes es clave en la Constitución. Abreva en las clásicas enseñanzas del barón de Montesquieu; la división de poderes, caramba. La versión vernácula derechosa exalta el contrapoder judicial, desdeñando al Legislativo y a los Ejecutivos, cuyos mandatos emanan del voto popular, funcionan por períodos determinados y solo pueden revalidarse o renovarse en el cuarto oscuro.
 
El juicio por jurados es un modo de participación ciudadana, frecuente en países del primer mundo. Se aplica en varias provincias, oxigena un poco el aire elitista. El pueblo puede equivocarse pero es el soberano en democracia. La deuda con el mandato constitucional es, largamente, sesquicentenaria.
 
Los Poderes Judiciales son conservadores, por lo general. "Tiran" a derecha. Se concentran más en hechos pasados que en el futuro. Sus cuadros se anquilosan como élite. Dichas características se expanden en el planeta.
 
Pero en Estados Unidos, por ejemplo, algunos funcionarios o magistrados son electivos. En otras comarcas los jueces no duran "full life". La mayor rémora del PJ argentino es ideológica. Los jueces naturalizan privilegios como la exención impositiva auto otorgada.
 
Se hacen nombrar como "Su Señoría". Reparten puestos entre la parentela, practican la endogamia. Airear esas reglas no escritas insumiría años, si comenzara a procurarse. El intento, sin embargo o por eso, vale la pena.
 
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Sobre corbatas y antagonismos:
 
El firmante de esta columna se recibió de abogado hace cosa de medio siglo. Ejerció la profesión durante más de 27 años, en tribunales comunes. Solo entró a los federales o departió con miembros de la Corte siendo periodista. Fatigó diariamente los juzgados laborales, civiles, comerciales, de la Ciudad Autónoma y de Buenos Aires. Luego, se fue volcando a su actual laburo.
 
Cuando asistía a su última audiencia como letrado (corría el año 1998) un juez se negó a tomarla: el infrascripto (de casi 50 pirulos, bodas de plata como profesional) no llevaba corbata. Al hacerlo, Su Señoría dilató los trámites de un juicio laboral infinito, damnificando al laburante-actor. Por entonces, publiqué una contratapa en este diario, se tituló "Será justicia, con corbata".
 
Inspirado por el formalismo extremo, recorrí ciertas cuestiones que se reiteran ahora. Otras son novedades como la persecución y la cárcel para dirigentes opositores al macrismo y al establishment.
 
Como abogado retirado y como periodista uno sabe que el Poder Judicial, como otros espacios estatales, es un territorio heterogéneo y en disputa. Abundan protagonistas dignos que laburan el doble. Con el tiempo noté que en casi cualquier juzgado o repartición pública odiosos e ineficientes hay alguien o álguienes que reman contra la corriente. Compensan algo, parcialmente.
 
Las generalizaciones saben ser injustas. Enfardar a todos los miembros del PJ sería una de ellas. Sobran ejemplos diferenciados, deben saludarse y rehuir las generalizaciones o los repudios absolutos.
 
Todo esto dicho, el más aristocrático de los poderes atraviesa su peor etapa desde 1983. Los discursos de Alberto y de Cristina, formulados desde sitiales distintos, emitieron un alerta. Y las propuestas en danza son un reparo correcto e insuficiente para una herida que sangra demasiado.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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