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Nacionales - 07-03-2021 / 08:03
CÓMO FUNCIONA EL MÁS ELITISTA DE LOS PODERES EN COMODORO PY

Cuestionamientos al aristocrático Poder Judicial

Cuestionamientos al aristocrático Poder Judicial
Todo esto dicho, el más aristocrático de los poderes atraviesa su peor etapa desde 1983. Los discursos de Alberto y de Cristina, formulados desde sitiales distintos, emitieron un alerta. Y las propuestas en danza son un reparo correcto e insuficiente para una herida que sangra demasiado.
El presidente Alberto Fernández cuestionó en el Congreso al Poder Judicial y propuso leyes para adecentarlo. Varias se están discutiendo, alguna es mandato constitucional desde 1853, otras recogen tradiciones añejas. La derecha autóctona se indignó, el elenco estable de juristas de los medios dominantes clamó al cielo, como de costumbre.
 
La vicepresidenta Cristina Fernández protagonizó por Zoom un clásico de la política: la acusada que desnuda a sus fiscales o jueces, que disecciona sus maniobras y a quiénes sirven. Los medios audiovisuales, condenados a divulgarla, acumularon un rating inusual para el horario.
 
La elusión de impuestos, la perpetuación antiética en los cargos, el maltrato a personas comunes que acuden a juzgados ordinarios son menú de todos los días. Llamar "Justicia" al Poder Judicial es un error de lenguaje, extendido.
 
Las rémoras de los Tribunales se expanden en otros fueros, "ordinarios" en jerga. Damnifican a gente común, litigantes de a pie. Las causas son eternas lo que ínsitamente favorece a la parte más poderosa.
 
Así es, de modo clavado, en los pleitos laborales, suele suceder en otros. Miles padecen destratos, plazos vaticanos, están impedidos de entender qué expresan las sentencias que les llegan tarde... Escritas en dialecto abstruso, para no ser comprendidas.
 
La lucha del movimiento feminista arroja claridad sobre el modus operandi judicial respecto de la violencia de género, con pico en los femicidios. La crónica diaria revela desprecios por las víctimas, pereza frente a sus demandas. Hasta pijotean la entrega de tobilleras. Están a su alcance, prevendrían in extremis hechos de violencia. "La Justicia" remolonea, en irrevocable declive.
 
Ciertas cuestiones se reiteran, como la persecución y la cárcel para dirigentes opositores al macrismo y al establishment. Cristina desenmascaró a sus juzgadores y a otros como ellos, sin apartarse del temario porque la agenda en debate es la insolidaridad cotidiana, los abusos de poder, el machismo, el sesgo de clase.
 
Los Poderes Judiciales son conservadores, por lo general. "Tiran" a derecha. Sus cuadros se anquilosan como élite. La mayor rémora del Poder Judicial argentino es ideológica. Los jueces naturalizan privilegios como la exención impositiva auto otorgada. Se hacen nombrar como "Su Señoría". Reparten puestos entre la parentela, practican la endogamia.
 
Todo esto dicho, el más aristocrático de los poderes atraviesa su peor etapa desde 1983. Los discursos de Alberto y de Cristina, formulados desde sitiales distintos, emitieron un alerta. Y las propuestas en danza son un reparo correcto e insuficiente para una herida que sangra demasiado.
 

 
LOS CUESTIONAMIENTOS AL PODER JUDICIAL
 
Y le siguen diciendo "Justicia"...
 
El presidente Alberto Fernández cuestionó en el Congreso al Poder Judicial (PJ, en adelante) y propuso leyes para adecentarlo. Varias se están discutiendo, alguna es mandato constitucional desde 1853, otras recogen tradiciones añejas. La derecha autóctona se indignó, el elenco estable de juristas de los medios dominantes clamó al cielo, como de costumbre.
 
La vicepresidenta Cristina Fernández protagonizó por Zoom un clásico de la política: la acusada que desnuda a sus fiscales o jueces, que disecciona sus maniobras y a quiénes sirven. Los medios audiovisuales, condenados a divulgarla, acumularon un rating inusual para el horario.
 
Spoiler: esta columna analiza el PJ más allá del Lawfare. Usará poco esa expresión, en parte porque prefiere recorrer hechos y argumentos. En parte porque las carencias y los vicios del PJ trascienden a los juzgados federales. La elusión de impuestos, la perpetuación antiética en los cargos, el maltrato a personas comunes que acuden a juzgados ordinarios son menú de todos los días. Llamar "Justicia" al PJ es un error de lenguaje, extendido. Este cronista lo rebate, sin éxito, desde hace décadas. Reincide en la intención, sin ilusiones.
 
Repasemos historias, personajes, retrocedamos casi cinco años.
 
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Un día lluvioso y peronista:
 
A diferencia de lo sucedido esta semana, el 13 de abril de 2016 Comodoro Py sí quería que Cristina visitara el antro. El juez federal Claudio Bonadio la citó en la causa de dólar futuro, La entonces ex presidenta "estuvo a derecho", como siempre. Había resuelto no ser candidata a diputada en 2015: no tener fueros.
 
Transcurría un atípico día peronista: diluviaba en Buenos Aires, la muchedumbre se congregó igual. Formadores de opinión afirmaban que "la gente quiere ver presa a Cristina". Decenas de miles de homínidos "no gente" bancaron a CFK. A la salida del juzgado, ella les habló.
 
Empezó exhortando: "tranquilos". Y dejó claro por qué no se asiló en la comodidad de los fueros. "Me pueden citar 20 veces más, me pueden meter presa, pero no callar. Voy a estar siempre con ustedes. No vean este hecho como el ataque a una persona". Se quedó corta con el número de citaciones, acertó en el resto.
 
La multitud algo expresó, emitió un mensaje: "si la tocan a Cristina/ qué quilombo se va a armar". El gobierno de Mauricio Macri y sus aliados judiciales no se atrevieron a detenerla entre ese día y las elecciones de 2017.
 
Amagaron hacerlo cuando llegó a la Cámara Alta pero la frenaron, entre otros, los senadores justicialistas. Durante un lapso, los estrategas macristas confiaban en que Cristina en libertad era el freno para el regreso del peronismo en la Casa Rosada. Erraron el vizcachazo, ahora se sabe.
 
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De la servilleta al Parnaso:
 
Bonadio nació en una servilleta célebre y falleció en olor de santidad para la Biblia de la derecha. A partir de 2016 frecuentó al juez de la Corte Ricardo Lorenzetti. Cofrades y aliados, pusieron en práctica la llamada "doctrina (Martín) Irurzun". Este camarista federal la inscribió en infaustas resoluciones: prisión preventiva para dirigentes opositores, sin condena, a veces sin proceso. Fuego a discreción contra la presunción de inocencia.
 
Irurzun puso el gancho, la idea la parió Lorenzetti tal como probó la colega Irina Hauser en uno de sus libros sobre la Corte Suprema. Venía el manejo perverso de la ley del Arrepentido: "o acusás a un kirchnerista o te mando en cana. Y hacelo pronto porque las sortijas se acaban".
 
Nac and pop and menemista de origen, Bonadio empezó a festejar los días de la Independencia. La estadounidense. Se hizo asiduo de los respectivos ágapes en la Embajada. Lo ovacionaban, reseñan relatos contemporáneos. Hay que ser iluso o mentiroso para imaginar que reconocían sus méritos jurídicos. Aplaudían su alineamiento político.
 
Los sorteos de nuevas causas favorecían a Bonadio, arrollando a la ley de posibilidades. Adrián Paenza probó que era imposible semejante racha de suerte, comparable a la que tenía el Patriarca de Gabriel García Márquez en la lotería de su imaginario país.
 
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Breviario anti ético:
 
La conversión de Lorenzetti le resultó insuficiente a Macri. Carlos Rosenkrantz desembarcó en la Corte con ayuda de senadores peronistas en tránsito. Una de sus tres primeras movidas fue redactar una Acordada en la que la Corte ratificaba cien tipos de obstáculos para entorpecer el acceso público a las declaraciones juradas de sus vocales.
 
Sólo Horacio Rosatti, otro recién llegado, visibilizó la suya. Ambos intentaron entrar por la ventana merced a un decreto, una ilegalidad que se retractó.
 
Contra el sentido común extendido: no toda mala ley es inconstitucional, no toda conducta reprobable es delito. Tal confusión es jactancia de autoritarios. Los jueces eluden impuestos invocando un fallo espantoso. En una de esas es lícito...
 
La jueza Elena Highton de Nolasco gambeteó su salida de la Corte por haber llegado a los 75 años amañando un amparo ante un juez solícito. Lo roscó con quien era ministro de Justicia, Germán Garavano. Se hizo lugar a la demanda en primera instancia, una farsa.
 
El Estado debía apelar, Garavano (Macri, pues) no interpuso el recurso. Highton sigue atornillada a su sillón, ajando una valiosa trayectoria judicial y un desempeño anterior digno en la Corte. El ejemplo, espantoso, recorre el borde de lo legal. De ahí para abajo, cualquier imitación es posible.
 
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Persecuciones políticas y destratos a gente común:
 
La persecución a dirigentes opositores carece de precedentes desde la recuperación democrática en 1983. El gobernador jujeño Gerardo Morales despuntó el vicio con Milagro Sala, arrestada sin condenas ni proceso.
 
El correligionario Ernesto Sanz confesó la irregularidad, la santificó como imprescindible. El radicalismo volvió a sus viejos, malos, tiempos... pre alfonsinistas. Como furgón de cola del PRO o como locomotora, en este aspecto.
 
Los reflectores enfocan a los juzgados federales que sustancian expedientes resonantes. Las rémoras de los Tribunales se expanden en otros fueros, "ordinarios" en jerga. Damnifican a gente común, litigantes de a pie. Las causas son eternas lo que ínsitamente favorece a la parte más poderosa.
 
Así es, de modo clavado, en los pleitos laborales, suele suceder en otros. Engolada y distante, la judicatura mira poco a sus administrados. Miles padecen destratos, plazos vaticanos, están impedidos de entender qué expresan las sentencias que les llegan tarde... Escritas en dialecto abstruso, para no ser comprendidas.
 
La lucha del movimiento feminista arroja claridad sobre el modus operandi judicial respecto de la violencia de género, con pico en los femicidios. La crónica diaria revela desprecios por las víctimas, pereza frente a sus demandas.
 
Una nota reciente de Mariana Carbajal publicada en PáginaI12 desnuda que hasta pijotean la entrega de tobilleras. Están a su alcance, prevendrían in extremis hechos de violencia. "La Justicia" remolonea, en irrevocable declive.
 
Cristina desenmascaró a sus juzgadores y a otros como ellos, sin apartarse del temario porque la agenda en debate es la insolidaridad cotidiana, los abusos de poder, el machismo, el sesgo de clase.
 
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Del precámbrico al 2021:
 
Las propuestas legislativas que enumeró el Presidente respetan la institucionalidad. Opinables, como todo, algunas recogen precedentes venerables. El Tribunal Federal de Garantías para aliviar a la Corte de miles de reclamos por arbitrariedad reformaría la ley 48.
 
El número deschava la edad: data del siglo XIX, el precámbrico en términos históricos. El añorado maestro de juristas Julio Maier propugnaba una modificación semejante. La movida será consultada con los gobernadores porque atañe a los poderes judiciales de provincias. Apego al federalismo, cero urgencias, nula bulimia de poder.
 
El control cruzado de poderes es clave en la Constitución. Abreva en las clásicas enseñanzas del barón de Montesquieu; la división de poderes, caramba. La versión vernácula derechosa exalta el contrapoder judicial, desdeñando al Legislativo y a los Ejecutivos, cuyos mandatos emanan del voto popular, funcionan por períodos determinados y solo pueden revalidarse o renovarse en el cuarto oscuro.
 
El juicio por jurados es un modo de participación ciudadana, frecuente en países del primer mundo. Se aplica en varias provincias, oxigena un poco el aire elitista. El pueblo puede equivocarse pero es el soberano en democracia. La deuda con el mandato constitucional es, largamente, sesquicentenaria.
 
Los Poderes Judiciales son conservadores, por lo general. "Tiran" a derecha. Se concentran más en hechos pasados que en el futuro. Sus cuadros se anquilosan como élite. Dichas características se expanden en el planeta.
 
Pero en Estados Unidos, por ejemplo, algunos funcionarios o magistrados son electivos. En otras comarcas los jueces no duran "full life". La mayor rémora del PJ argentino es ideológica. Los jueces naturalizan privilegios como la exención impositiva auto otorgada.
 
Se hacen nombrar como "Su Señoría". Reparten puestos entre la parentela, practican la endogamia. Airear esas reglas no escritas insumiría años, si comenzara a procurarse. El intento, sin embargo o por eso, vale la pena.
 
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Sobre corbatas y antagonismos:
 
El firmante de esta columna se recibió de abogado hace cosa de medio siglo. Ejerció la profesión durante más de 27 años, en tribunales comunes. Solo entró a los federales o departió con miembros de la Corte siendo periodista. Fatigó diariamente los juzgados laborales, civiles, comerciales, de la Ciudad Autónoma y de Buenos Aires. Luego, se fue volcando a su actual laburo.
 
Cuando asistía a su última audiencia como letrado (corría el año 1998) un juez se negó a tomarla: el infrascripto (de casi 50 pirulos, bodas de plata como profesional) no llevaba corbata. Al hacerlo, Su Señoría dilató los trámites de un juicio laboral infinito, damnificando al laburante-actor. Por entonces, publiqué una contratapa en este diario, se tituló "Será justicia, con corbata".
 
Inspirado por el formalismo extremo, recorrí ciertas cuestiones que se reiteran ahora. Otras son novedades como la persecución y la cárcel para dirigentes opositores al macrismo y al establishment.
 
Como abogado retirado y como periodista uno sabe que el Poder Judicial, como otros espacios estatales, es un territorio heterogéneo y en disputa. Abundan protagonistas dignos que laburan el doble. Con el tiempo noté que en casi cualquier juzgado o repartición pública odiosos e ineficientes hay alguien o álguienes que reman contra la corriente. Compensan algo, parcialmente.
 
Las generalizaciones saben ser injustas. Enfardar a todos los miembros del PJ sería una de ellas. Sobran ejemplos diferenciados, deben saludarse y rehuir las generalizaciones o los repudios absolutos.
 
Todo esto dicho, el más aristocrático de los poderes atraviesa su peor etapa desde 1983. Los discursos de Alberto y de Cristina, formulados desde sitiales distintos, emitieron un alerta. Y las propuestas en danza son un reparo correcto e insuficiente para una herida que sangra demasiado.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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11-02-2026 / 11:02
La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.
 
Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.
 
Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.
 
Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.
 
Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.
 
Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.
 
La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.
 
Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".
 

10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

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