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Entre Ríos - 06-03-2021 / 12:03
NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES

Pusieron fecha al megajuicio contra Sergio Urribarri, por tres causas de corrupción

Pusieron fecha al megajuicio contra Sergio Urribarri, por tres causas de corrupción
“Será la oportunidad de demostrar nuestra inocencia”, Urribarri se refirió así al juicio que debe enfrentar junto a otros ex funcionarios de su gobierno.
 
El exgobernador y actual embajador en Israel, Sergio Daniel Urribarri, será juzgado durante un largo proceso, que acumula tres grandes causas de corrupción de su gobierno, entre septiembre y noviembre de 2021.
 
Esa megajuicio ocurre luego de la suspensión, en 2020, de tres procesos distintos que debía enfrentar Urribarri y que, por distintos planteos, fueron aplazados y unificados en una única causa: el Sueño Entrerriano, la Causa de la Vaca y una denuncia por distribución amañada de publicidad oficial.
 
A esa instancia se llegará, en pleno año electoral, luego de un largo camino que incluyó la recusación de varios magistrados y la pretensión del Ministerio Público Fiscal de incluir un cuarto juez, finalmente rechazada.
 
 
El Tribunal que conforman los camaristas José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón fijó las audiencias de juicio oral a Urribarri para los días 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28 y 30 de septiembre; 1, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, y 29 de octubre; y 15 y 16 de noviembre, a las 9, en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
 
 
Tres en uno
  
La última causa que iba a ir a juicio en octubre de 2020, el pago amañado de una publicidad, quedó subsumida en un megajuicio que abarca tres investigaciones penales contra el exgobernador.
 
El 6 de septiembre de 2019, el juez de Garantías Ricardo Bonazzola decidió elevar a juicio la megacausa del Sueño Entrerriano, en la que están imputados por los supuestos delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública el exgobernador Sergio Urribarri, los ex ministros de Cultura, Pedro Báez, y de Turismo, Hugo Marsó, y el cuñado del exprimer mandatario, Juan Pablo Aguilera.
 
La causa del Sueño Entrerriano incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge "Corcho" Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el "Sueño Entrerriano
 
Las audiencias del juicio se habían fijado para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de agosto y 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 22, 23, 29 y 30 de septiembre de 20202, a las 9, en el Salón de Audiencias N°1 en los Tribunales de Paraná. Pero ese debate no se realizó.
 
En abril de 20202, la Justicia suspendió el primero de los tres juicios que iba a sentar en el banquillo a Urribarri. Se trata la denominada "Causa de la vaca", con fecha de inicio de las audiencias previstas para 27 de abril del año pasado y que se extenderían por un mes: hasta el 27 de mayo.
 
Aquella vez, la suspensión se fundamentó en la situación de emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
 
El juicio debió comenzar el 20 de noviembre último, pero diez días antes se suspendió a pedido de un grupo de abogados defensores por cuanto las audiencias se iban a superponer con las audiencias de las causas Narcomunicipio y Narcoavioneta que se sustancia en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná.
 
La resolución, firmada por los jueces Rafael Cotorruelo, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo, dispuso la suspensión en base a la petición hecha por los abogados defensores de los imputados, quienes argumentaron que la denominada "causa de la vaca", que investiga el pago de retornos en la distribución de contrataciones publicitarias en vía pública, supone una recarga de trabajo porque su realización coincide con el juicio por la causa narco que sustancia el Tribunal Oral Federal (TOF), en la que están imputados, entre otros, Daniel "Tavi" Celis y el intendente de Paraná, Sergio Varisco, de la que participan los mismos defensores.
 
Fue el segundo aplazamiento. En realidad, el juicio tenía fecha de inicio para el 29 de julio de 2020, pero la petición de dos abogados defensores, Marcos Rodríguez Allende y Emilio Fouces, que argumentaron problemas de salud, derivó en la primera suspensión.
 
Restaba, sin embargo, un tercer juicio que ya tenía fecha para Urribarri.
 
En febrero último se conoció la resolución judicial que fijó fecha a un nuevo juicio, el tercero, que iba a enfrentar este año el exgobernador y designado embajador en Israel Sergio Urribarri: los días 26, 28, 28 y 30 de octubre de 2020 fueron las fechas que se fijaron para los debates en la causa en la que está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública en la que también están involucrados el exministro de Cultura y Comunicación y exlegislador provincial Pedro Ángel Báez, y el empresario pizzero Germán Buffa.
 
La resolución de los jueces Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo se dio en el marco de la causa en la que Urribarri y Báez están procesados por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, por el otorgamiento de una pauta de $118 mil a la empresa Global Means SA, del empresario pizzero Germán Buffa. El empresario también está procesado y se le endilga el mismo delito, pero en grado de partícipe necesario.
 
En la causa se investigaron hechos sucedidos en 2011, cuando Urribarri era gobernador y Báez director de Información Pública. En 2013 el diputado nacional radical Jorge D' Agostino (mandato cumplido) denunció la situación. El caso se tramitó bajo el viejo Código Procesal Penal de la provincia, y por ello la instrucción estuvo a cargo de un juez de Transición.
 
Buffa está sindicado por el Ministerio Público Fiscal de ser «testaferro» de Báez. "Claramente esta empresa pertenece a Báez", llegó a decir en una audiencia la fiscal Matilde Federik en relación a Global Means.
 
Pero ese tercer juicio no se hará. Las tres causas quedaron agrupadas en un único megajuicio. Ahora, el entuerto que se debe sortear es cómo queda integrado el tribunal que encabezará los debates.
 
Ante la recusación de dos de los tres magistrados hubo un pronunciamiento de primera instancia.
 
El viernes 2 de octubre de 2020 un Tribunal rechazó los planteos para apartar a los dos jueces. En consecuencia, el Tribunal único integrado en las causas acumuladas para llevar adelante el juicio oral y público queda integrado por José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Garzón.
 
Pero esa no es opinión definitiva ya que el defensor Velázquez anticipó que irá con un recurso ante la Cámara de Casación Penal para insistir con su planteo recusatorio hacia los dos magistrados cuestionados. No será la última instancia: de conseguir un revés, adelantó, irá ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Luego, el camino que seguirá de contar con una acogida favorable serán, sucesivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
Fuente: Entre Ríos Ahora
 
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La reforma en el sistema de desayunos y meriendas escolares impulsada por la gestión de Rogelio Frigerio sumó un contundente rechazo desde la propia memoria institucional de la provincia. La exsenadora nacional y expresidenta del Consejo General de Educación (CGE), Graciela Bar, destrozó el nuevo esquema al tildarlo de «preocupante» y asegurar tajantemente que «no es una buena medida». Bar denunció que el gobierno pretende homogeneizar la alimentación de la infancia entrerriana imponiendo una dieta empobrecida y rígida a base de «galletitas y bizcochuelos», eliminando la diversidad de insumos frescos como frutas, yogures y dulces que requiere la salud en la etapa de crecimiento.
 
La exfuncionaria enfatizó que el Ejecutivo provincial utilizó fallas aisladas en un reducido grupo de escuelas como pretexto para imponer una sanción colectiva e inconsulta. Remarcó con dureza que «no por eso podemos tomar una medida tan general perjudicando no solo el tipo de alimentación que se otorgaba en las escuelas, sino también al comercio local», al tiempo que cuestionó la falta de sensibilidad oficial por haber avanzado a espaldas de la comunidad educativa y sin convocar ni consultar al Colegio de Nutricionistas.
 
Asimismo, la extitular del CGE alertó sobre el impacto socioeconómico que significa desmantelar el circuito de compras de cercanía que sostenía a pequeños almaceneros, verduleros y proveedores locales en cada pueblo. En un contexto atravesado por una severa crisis donde «la cantidad de negocios que se han cerrado es grande» en ciudades como Paraná o Victoria, privar al comercio de barrio del abastecimiento escolar representa una doble embestida del gobierno: la degradación del plato de comida de los estudiantes y la asfixia económica directa al tejido productivo provincial.
 

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