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Entre Ríos - 06-03-2021 / 12:03
NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES

Pusieron fecha al megajuicio contra Sergio Urribarri, por tres causas de corrupción

Pusieron fecha al megajuicio contra Sergio Urribarri, por tres causas de corrupción
“Será la oportunidad de demostrar nuestra inocencia”, Urribarri se refirió así al juicio que debe enfrentar junto a otros ex funcionarios de su gobierno.
 
El exgobernador y actual embajador en Israel, Sergio Daniel Urribarri, será juzgado durante un largo proceso, que acumula tres grandes causas de corrupción de su gobierno, entre septiembre y noviembre de 2021.
 
Esa megajuicio ocurre luego de la suspensión, en 2020, de tres procesos distintos que debía enfrentar Urribarri y que, por distintos planteos, fueron aplazados y unificados en una única causa: el Sueño Entrerriano, la Causa de la Vaca y una denuncia por distribución amañada de publicidad oficial.
 
A esa instancia se llegará, en pleno año electoral, luego de un largo camino que incluyó la recusación de varios magistrados y la pretensión del Ministerio Público Fiscal de incluir un cuarto juez, finalmente rechazada.
 
 
El Tribunal que conforman los camaristas José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón fijó las audiencias de juicio oral a Urribarri para los días 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28 y 30 de septiembre; 1, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, y 29 de octubre; y 15 y 16 de noviembre, a las 9, en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
 
 
Tres en uno
  
La última causa que iba a ir a juicio en octubre de 2020, el pago amañado de una publicidad, quedó subsumida en un megajuicio que abarca tres investigaciones penales contra el exgobernador.
 
El 6 de septiembre de 2019, el juez de Garantías Ricardo Bonazzola decidió elevar a juicio la megacausa del Sueño Entrerriano, en la que están imputados por los supuestos delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública el exgobernador Sergio Urribarri, los ex ministros de Cultura, Pedro Báez, y de Turismo, Hugo Marsó, y el cuñado del exprimer mandatario, Juan Pablo Aguilera.
 
La causa del Sueño Entrerriano incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge "Corcho" Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el "Sueño Entrerriano
 
Las audiencias del juicio se habían fijado para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de agosto y 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 22, 23, 29 y 30 de septiembre de 20202, a las 9, en el Salón de Audiencias N°1 en los Tribunales de Paraná. Pero ese debate no se realizó.
 
En abril de 20202, la Justicia suspendió el primero de los tres juicios que iba a sentar en el banquillo a Urribarri. Se trata la denominada "Causa de la vaca", con fecha de inicio de las audiencias previstas para 27 de abril del año pasado y que se extenderían por un mes: hasta el 27 de mayo.
 
Aquella vez, la suspensión se fundamentó en la situación de emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
 
El juicio debió comenzar el 20 de noviembre último, pero diez días antes se suspendió a pedido de un grupo de abogados defensores por cuanto las audiencias se iban a superponer con las audiencias de las causas Narcomunicipio y Narcoavioneta que se sustancia en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná.
 
La resolución, firmada por los jueces Rafael Cotorruelo, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo, dispuso la suspensión en base a la petición hecha por los abogados defensores de los imputados, quienes argumentaron que la denominada "causa de la vaca", que investiga el pago de retornos en la distribución de contrataciones publicitarias en vía pública, supone una recarga de trabajo porque su realización coincide con el juicio por la causa narco que sustancia el Tribunal Oral Federal (TOF), en la que están imputados, entre otros, Daniel "Tavi" Celis y el intendente de Paraná, Sergio Varisco, de la que participan los mismos defensores.
 
Fue el segundo aplazamiento. En realidad, el juicio tenía fecha de inicio para el 29 de julio de 2020, pero la petición de dos abogados defensores, Marcos Rodríguez Allende y Emilio Fouces, que argumentaron problemas de salud, derivó en la primera suspensión.
 
Restaba, sin embargo, un tercer juicio que ya tenía fecha para Urribarri.
 
En febrero último se conoció la resolución judicial que fijó fecha a un nuevo juicio, el tercero, que iba a enfrentar este año el exgobernador y designado embajador en Israel Sergio Urribarri: los días 26, 28, 28 y 30 de octubre de 2020 fueron las fechas que se fijaron para los debates en la causa en la que está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública en la que también están involucrados el exministro de Cultura y Comunicación y exlegislador provincial Pedro Ángel Báez, y el empresario pizzero Germán Buffa.
 
La resolución de los jueces Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo se dio en el marco de la causa en la que Urribarri y Báez están procesados por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, por el otorgamiento de una pauta de $118 mil a la empresa Global Means SA, del empresario pizzero Germán Buffa. El empresario también está procesado y se le endilga el mismo delito, pero en grado de partícipe necesario.
 
En la causa se investigaron hechos sucedidos en 2011, cuando Urribarri era gobernador y Báez director de Información Pública. En 2013 el diputado nacional radical Jorge D' Agostino (mandato cumplido) denunció la situación. El caso se tramitó bajo el viejo Código Procesal Penal de la provincia, y por ello la instrucción estuvo a cargo de un juez de Transición.
 
Buffa está sindicado por el Ministerio Público Fiscal de ser «testaferro» de Báez. "Claramente esta empresa pertenece a Báez", llegó a decir en una audiencia la fiscal Matilde Federik en relación a Global Means.
 
Pero ese tercer juicio no se hará. Las tres causas quedaron agrupadas en un único megajuicio. Ahora, el entuerto que se debe sortear es cómo queda integrado el tribunal que encabezará los debates.
 
Ante la recusación de dos de los tres magistrados hubo un pronunciamiento de primera instancia.
 
El viernes 2 de octubre de 2020 un Tribunal rechazó los planteos para apartar a los dos jueces. En consecuencia, el Tribunal único integrado en las causas acumuladas para llevar adelante el juicio oral y público queda integrado por José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Garzón.
 
Pero esa no es opinión definitiva ya que el defensor Velázquez anticipó que irá con un recurso ante la Cámara de Casación Penal para insistir con su planteo recusatorio hacia los dos magistrados cuestionados. No será la última instancia: de conseguir un revés, adelantó, irá ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Luego, el camino que seguirá de contar con una acogida favorable serán, sucesivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
Fuente: Entre Ríos Ahora
 
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El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.
 
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.
 
El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.
 
Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.
 
En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.
 
Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.
 

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