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Nacionales - 06-03-2021 / 09:03
MILAGROSO: PATRICIA BULLRICH SALIÓ A REPUDIAR LA REPRESIÓN

Represión en Formosa y demagogia macrista

Represión en Formosa y demagogia macrista
La represión de este viernes volvió a mostrar el carácter políticamente regresivo que tiene el gobierno de Formosa. Al mismo tiempo desnudó la demagogia política de la oposición de Juntos por el Cambio, que fogoneó la protesta provincial al tiempo que la utilizó para hacer política a escala nacional. Para la oposición derechista, solo se trata de debilitar al Gobierno. Es repudiable la represión en Formosa y es ridícula la derecha repudiando la represión en Formosa.
La policía de Formosa reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos una manifestación contra el gobierno de Gildo Insfrán por su decisión de volver a la Fase 1 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) decidida el jueves por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 luego de detectar un rebrote de 43 contagios, la mayoría en la capital.
 
El lamentable operativo incluyó detenciones y provocó heridas en varios manifestantes. La represión -que fue bastante dura- alcanzó repercusión nacional y fue repudiado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la Secretaría de Derechos Humanos, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y organizaciones de derechos humanos.
 
Los grandes medios opositores porteños se encargaron de transmitir los hechos al mismo tiempo que denunciaban todo lo actuado por Insfrán en los meses de la cuarentena. La demagogia y la utilización política no se hicieron esperar. Desde la cúpula de Juntos por el Cambio, en un acto de cinismo desvergonzando, Patricia Bullrich repudió la represión. No fue la única figura de este espacio en hacerlo, las condenas llovieron. Las mismas que están ausentes cuando se reprime en provincias gobernadas por ese espacio político, como en Jujuy.
 
La represión de este viernes mostró el carácter políticamente regresivo que tiene el gobierno de Formosa. Al mismo tiempo desnudó la demagogia política de la oposición de Juntos por el Cambio, que fogoneó la protesta provincial al tiempo que la utilizó para hacer política a escala nacional. Para la oposición derechista, solo se trata de debilitar al Gobierno. Es repudiable la represión en Formosa y es ridícula la derecha repudiando la represión en Formosa.
 
La represión siempre está mal venga de donde venga, pero ver dirigentes macristas indignados por el accionar de la policía de Formosa, y cuando fueron gobierno, repartían palos a diestra y siniestra a los jubilados, mientras miraban complacidos, es de una hipocresía  garrafal.
 

 
El rechazo a la medida se tradujo en protestas que comenzaron en la noche del jueves y continuaron ayer a la mañana, cuando sectores macristas opositores a Insfrán convocaron a manifestarse desde las redes sociales y cientos de formoseños salieron a las calles. Alrededor de las 11 hubo un intento de ingresar por la fuerza a la Casa de Gobierno, al que la policía respondió con balas de goma y gases. Con el correr de las horas el nivel de violencia creció y derivó en detenciones, corridas y heridas de balas de goma.
 
El ministro de Gobierno formoseño, Jorge Abel González, señaló que la policía "no tiene carta blanca", que tenía la orden de "mantener la valla para evitar el contacto" con los manifestantes y que la represión comenzó cuando "los agredieron con cascotes y ladrillos". Por ello "se dio intervención a la Justicia y al procurador, para hacer cesar esa acción". González consideró a las protestas como "una movida política electoral".
 
Ante ese escenario, y pese al intento de justificación del accionar policial por parte de las autoridades locales, la Secretaría de Derechos Humanos condenó "violencia ejercida" y señaló que "el uso político que algunos sectores hacen de estos hechos y la violencia de algunos manifestantes no justifica el uso desproporcionado de la fuerza policial".
 
La Opinión Popular
 
 
 
FORMOSA
 
Milagroso: Patricia Bullrich salió a repudiar la represión
 
La ex ministra de Seguridad de Macri, que utilizó a las fuerzas policiales en reiteradas ocasiones ante los manifestantes, criticó a la gestión actual por lo ocurrido en Formosa.
 
La ex ministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri y actual líder de "Juntos por el Cambio", Patricia Bullrich, se expresó en redes sociales tras conocerse las protestas y represión en la provincia de Formosa. Comerciantes y vecinos de la capital se quejaron por el retroceso ante el crecimiento de casos por coronavirus y salieron a la calle durante la noche. Como respuesta, la Policía salió a la calle y castigó a los manifestantes con balas de gomas y gases lacrimógenos.
 
Tras esto, a través de Twitter, la presidenta del PRO mostró su enojo por lo ocurrido con las fuerzas de seguridad y le envió un mensaje directo al máximo mandatario de la Nación, Alberto Fernández. "Presidente: reprimen y tiran con balas de goma a los formoseños, que le exigen a Gildo Insfrán poder trabajar. Espero que la justicia actúe. ¿Hasta cuándo va a permitir estos atropellos?", expresó con algo de indignación.
 
Cabe destacar que durante su gobierno, Bullrich utilizó a las fuerzas de seguridad en muchísimas ocasiones para atentar contra la vida y libertad de personas que se manifestaban en las calles. Una de las más recordadas, por supuesto, ocurrió durante la Reforma Previsional sobre el sistema de jubilaciones y pensiones que impulsó el mismo macrismo. El rechazo fue total: paro nacional de la CGT, cacerolazos masivos en distintos puntos del país, el recordado "verdurazo" y la dura represión en el Congreso contra jubilados y periodistas.
 
Recordemos que los hechos violentos ocurrieron luego de que el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 decidiera que toda la provincia regrese a la Fase 1 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por el rebrote que se dio en las últimas semanas.
 
Se detectaron 23 casos y 17 son de la ciudad capital. Por lo pronto, quedaron suspendidas todas las actividades flexibilizadas hasta el momento mientras que el transporte interjurisdiccional también debió detenerse.
 
 
Bullrich al poder: las cifras que asustan
  
Al finalizar la gestión de Mauricio Macri, se conocieron los datos del Informe Anual de la Situación Represiva 2019 presentado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Con Bullrich como ministra de Seguridad, se dio el triste récord de que el Gobierno fue el más represor de la historia democrática en el país. Como si esto fuera poco, el aparato represivo del Estado asesinó a una persona cada 19 horas.
 
En aquel momento, la política de la actual líder del PRO y el aval oficial, frente a la prensa y la sociedad, al gatillo fácil junto a la "doctrina Chocobar" terminó siendo la que cosechó más muertes a manos de la represión estatal durante los últimos 36 años de democracia. En total fueron más de 1.800 personas asesinadas por la policía en 1.435 días del Gobierno. Desde el retorno de la democracia, en 1983, el número ascendió a 7.093 casos.
 
Además, el informe remarca que la mayoría de las muertes en la gestión de Cambiemos se dieron en cárceles, patrulleros y comisarías; luego por el gatillo fácil; por situaciones de intrafuerza o intrafamiliar y en otros delitos o movilizaciones. En la última categoría aparecen nombres tan recordados como los de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Ismael Ramírez y Rodolfo Orellana, asesinados en las provincias de Chubut, Río Negro, Chaco y Buenos Aires.
 
Fuente: El Destape
 

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15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
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12-11-2025 / 11:11
Gobierno libertario solo para la casta de los más ricos. Los "héroes" del Presidente. Marcos Galperín, ferviente defensor de que el Estado no intervenga en la economía, recibe millonarias exenciones impositivas. En un contexto de ajuste fiscal y debates por la reforma tributaria, el Formulario 10-Q presentado por Mercado Libre ante la SEC de Estados Unidos expone una vez más los jugosos beneficios fiscales que el gobierno de Javier Milei le otorga al "unicornio" fundado por Galperín, el hombre más rico de la nación con un patrimonio de 8.300 millones de dólares, según Forbes.
 
La empresa, valorada en más de 106 mil millones de "verdes", reportó ingresos netos de 7.400 millones en el tercer trimestre, un 39 por ciento más que el año anterior, y ganancias de 421 millones de dólares. Sin embargo, detrás de estos números relucientes se esconde un "secreto a voces": exenciones impositivas que superan los 350 millones de dólares en los últimos cinco años.
 
Bajo el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, Mercado Libre accedió en los primeros nueve meses de 2025 a beneficios por 50 millones en Ganancias y 17 millones de dólares en aportes previsionales, un 52 por ciento más que en 2024. "Es un subsidio injusto a una multinacional que no lo necesita", critica el Observatorio del Trabajo Informático (OTI), vinculado a la Asociación Gremial de Computación.
 
A Galperín le perdonaron en 2021: US$ 59 millones, en 2022: US$ 81 millones, en 2023: US$ 109 millones, en 2024: US$ 57 millones, en 2025: US$ 67 millones. Total: US$ 373 millones de impuestos le perdonaron a Galperin en cinco años. Pero los sectores populares tienen que pagar el IVA de los fideos sin chistar.
 
Sectores gremiales y la industria financiera coinciden: con su tamaño colosal, Javier Milei abusa del esquema al encuadrar áreas menores bajo un solo CUIT, mientras evade contribuciones que podrían destinarse a pymes o servicios públicos en crisis. Galperín, exiliado fiscal en Uruguay, predica la libre competencia, pero no duda en alzar la voz contra rivales como Temu y Shein, las plataformas chinas que inundan el mercado con productos baratos.
 
En el Foro Abeceb, Juan Martín de la Serna, presidente de la filial argentina de Mercado Libre, exigió "reglas claras" para importaciones, advirtiendo que amenazan el 90 por ciento de ventas de pymes en la plataforma y el empleo local. "Abrir indiscriminadamente da trabajo a chinos, no a argentinos", sentenció.
 
Ironía pura: el defensor del no intervenciónismo estatal ahora pide regulaciones que protejan su imperio. El cruce en X con Miguel Ángel Pichetto lo desnuda todo. El diputado peronista instó a gravar a estas "economías de plataformas" para cuidar la industria nacional.

Galperín replicó con arrogancia: "No estoy preocupado, competimos exitosamente". Pichetto no se quedó atrás: "Mejor empezá a preocuparte, porque te van a pasar por arriba y ya impactan en empleos de distribución".

Mientras, el Gobierno de Milei discute bajar cargas patronales, pero calla sobre estos privilegios elitistas de los más ricos empresarios. Esta disparidad fiscal alimenta el descontento: ¿por qué el gobierno de Milei regala millones a un magnate mientras mientras los salarios deprimidos de jubilados y trabajadores pagan la crisis?

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