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Entre Ríos - 23-02-2021 / 19:02
CORRUPCIÓN POLÍTICA

El pedido de sobreseimiento de la defensa de Sergio Urribarri fue rechazado

El pedido de sobreseimiento de la defensa de Sergio Urribarri fue rechazado
Rechazaron el pedido de sobreseimiento de Sergio Urribarri en la causa que investiga el delito de “Negociaciones incompatibles con la función pública” y “Peculado”.
 
Rechazaron el pedido de sobreseimiento de Sergio Urribarri en la causa que investiga el delito de "Negociaciones incompatibles con la función pública" y "Peculado", en contrataciones que realizó su administración provincial con la empresa de Diego Armando Cardona Herreros. Así lo resolvió este martes el titular del Juzgado de Garantías Nº 4, Mauricio Mayer.
 
Al exgobernador y actual embajador argentino en Israel se lo acusa de haber realizado acciones tendientes a favorecer a su amigo y empresario paraguayo Cardona Herreros, desde los tiempos en que ocupó el Ministerio de Gobierno de la provincia como así también durante los períodos de su gobernación. "Para dictar un sobreseimiento, se requiere un grado de conocimiento de certeza", expresó el magistrado.
 
Mayer argumentó su decisión con fuertes críticas a los delitos de corrupción: "La trascendencia social de estos hechos, tiene que ver con la credibilidad del Estado de Derecho, de sus funcionarios y del funcionamiento de la administración pública. Hace al pacto social, la íntima relación de los ciudadanos las personas que gobiernan". Citó distintas normas y puntualizó en la Ley de Ética Pública (Nº 25.188): "El Estado argentino se ha comprometido a erradicar la corrupción. Hay un mandato legal de investigar estos delitos".
 
 
Explicó a su vez que, para dictar un sobreseimiento, se debe tener certeza respecto de que los hechos no ocurrieron y/o que el acusado no tuvo vinculación. "Esa certeza se adquiere en un debate contradictorio y los jueces serán los que deben analizar el material y disponer en relación a eso", explicó.
 
Además, Mayer rechazó lo expresado por el propio Urribarri este martes y aseguró: "El pedido -y otorgamiento- de licencia para nada desnaturaliza el carácter de funcionario. Era ministro de Gobierno, no dejó de ser ministro por estar de licencia". Es que el exgobernador había dicho que la Fiscalía lo acusaba de cometer uno de los delitos mientras estaba de licencia a la cartera, en tiempos del gobierno de Jorge Busti.
 
Ante los agravios planteados por la defensa de Raúl Barrandeguy y Calendario Pérez respecto a la Investigación Penal Preparatoria (IPP) realizada por Patricia Yedro y Gonzalo Badano, el juez Mayer rechazó los planteos y explicó: "La Fiscalía se expidió por que había ampliado los allanamientos y porque se había excluido a algunos imputados". El magistrado negó que el Ministerio Público Fiscal (MPF) haya ocultado o retaceado evidencia, tal como habían dicho los defensores.
 
Mayer también rechazó el argumento de la defensa respecto a la intervención de los organismos administrativos de control como el Tribunal de Cuentas. El mismo Urribarri destacó que no hubo llamados de atención por parte de estos organismos, pero el magistrado espetó: "Los controles administrativos tienen el carácter de autocontrol, el control externo es el control jurisdiccional". Es decir, ante este planteo que se ha reiterado en varias causas de corrupción, otra vez la Justicia rechazó esa idea respecto a que los organismos de control administrativos justifican que no se investigue jurídicamente un hecho.
 
Respecto a la duración, el magistrado expresó que los tiempos de la IPP son los razonables al sistema acusatorio pero aún así, expresó: "Me pronuncio porque se resuelva lo más pronto posible y que estemos en condición de celebrar la audiencia de remisión a juicio. Entiendo que en tres meses debemos estar en condiciones de celebrar esa audiencia, para el mes de mayo deberíamos estar celebrando esa audiencia. Esto tiene que ver con respetar las garantías constitucionales de una persona imputada y que el proceso vaya en perjuicio del acusado".
 
Fuente: Análisis Digital
 
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De nuevo, quedó expuesto con números el saqueo del gobierno centralista de Javier Milei al interior federal, con el que monta su "déficit cero". En 2024 del total de los ingresos tributarios nacionales, el 70,3% fue para Nación y el 29,7% para las 24 provincias. En paralelo, las jurisdicciones afrontaron el 55,7% de los gastos, mientras que el gobierno de Milei tan solo el 44,3%. Es un gran esfuerzo que deteriora las finanzas provinciales, y a pesar de contar con menos recursos, no pueden desertar de sus responsabilidades en: salud, educación y seguridad; aunque no pueden hacerse cargo de toda la desidia de Milei, al que Frigerio no reclama.
 
En el desglose, esta diferencia se ve mejor reflejada en la inversión en infraestructura: del 57% que invertían las provincias frente al 43% de Nación en 2023, se pasó a un esquema de 82% - 18% en el segundo trimestre del 2025. Además de la inversión de capital, el conjunto de las provincias aumentó su participación en muchas funciones esenciales del Estado. Por ejemplo, en Vivienda y urbanismo, la participación provincial se incrementó 30 puntos en comparación con el promedio de la última década. A su vez, se dio la caída relativa de los impuestos coparticipables (-10%) vs. los no coparticipables (2,7%) hace que la Nación concentre una porción mayor de los recursos.
 
Como es sabido, Milei es un presidente sin gobernadores. Llegó al poder sin el acompañamiento de estructuras provinciales y apenas si logró algunos pactos locales para las elecciones del 26 de octubre, cuando La Libertad Avanza se presentó por primera vez como un partido nacional y enfrentó a los jefes provinciales en 19 de los 24 distritos. La sorpresiva victoria legislativa de octubre no le alcanzó a Milei para dominar el Congreso. En ese contexto sobrevuela un precedente: Guillermo Francos se fue de la Jefatura de Gabinete sin conseguir un solo acuerdo estructural con las provincias.
 
Milei tendrá un tercio en la Cámara de Diputados, lo necesario para blindar eventuales vetos y protegerse de un juicio político. Pero no pudo quedar al filo de la mayoría automática en ambos recintos para soñar con una agenda legislativa propia. Los números del próximo Congreso, hasta este fin de semana, están por debajo de lo que esperaba Milei la noche del 26 de octubre. LLA tiene por ahora 91 miembros en la cámara baja y 21 en el Senado. Son necesarios 129 y 37 voluntades, respectivamente, para abrir los recintos.
 
Frigerio y los mandatarios provinciales repiten un menú estable de demandas. Financiamiento para obras e infraestructura, con la expectativa de que Nación habilite avales para que las provincias puedan tomar deuda. El gesto inicial fue para Mendoza: US$75 millones del BID para obras de agua potable. El resto está en la bandeja del Ministerio de Economía. También reclaman que se regularice la deuda previsional con las cajas no transferidas: alrededor de $5 billones que la ANSES les debe a 13 distritos. Y piden discutir la distribución del impuesto a los combustibles y de los ATN.
 
Después de tres semanas de rosca, el gobierno libertario no pudo armar sus soñados interbloques, quedó tan lejos del quórum propio en ambas cámaras y cada negociación legislativa tendrá a muchos actores interactuando en simultáneo. Justo lo que Milei buscaba evitar. En este escenario, cada vez que quiera una ley, el Presidente deberá discutir párrafo por párrafo con aliados y, sobre todo, con los gobernadores, que, sin un frente oficialista amplio, tendrán más armas para hacerse valer en forma individual.
 
Como los ex-Juntos por el Cambio no se fundieron en el oficialismo, los gobernadores de todos los colores políticos, la mayoría derrotados en las elecciones de octubre, serán los árbitros del Congreso. Los próximos tiempos serán complejos para Milei en el Parlamento. Logrará sancionar algunas leyes, con el "método Edgardo Kueider", pero en otros temas -tal vez, en la mayoría- las negociaciones quedarán trabadas en discusiones por la distribución de los fondos. Frigerio es uno de los gobernadores más subordinados a Milei, sin embargo, su colaboracionismo en el Congreso no sirvió para que Nación envíe los dineros que necesita. Ahora, su amigo Diego Santilli negocia apoyos al Presupuesto 2026 y a las reformas mileistas, con más promesas que plata. 
 

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