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Entre Ríos - 23-02-2021 / 19:02
CORRUPCIÓN POLÍTICA

El pedido de sobreseimiento de la defensa de Sergio Urribarri fue rechazado

El pedido de sobreseimiento de la defensa de Sergio Urribarri fue rechazado
Rechazaron el pedido de sobreseimiento de Sergio Urribarri en la causa que investiga el delito de “Negociaciones incompatibles con la función pública” y “Peculado”.
 
Rechazaron el pedido de sobreseimiento de Sergio Urribarri en la causa que investiga el delito de "Negociaciones incompatibles con la función pública" y "Peculado", en contrataciones que realizó su administración provincial con la empresa de Diego Armando Cardona Herreros. Así lo resolvió este martes el titular del Juzgado de Garantías Nº 4, Mauricio Mayer.
 
Al exgobernador y actual embajador argentino en Israel se lo acusa de haber realizado acciones tendientes a favorecer a su amigo y empresario paraguayo Cardona Herreros, desde los tiempos en que ocupó el Ministerio de Gobierno de la provincia como así también durante los períodos de su gobernación. "Para dictar un sobreseimiento, se requiere un grado de conocimiento de certeza", expresó el magistrado.
 
Mayer argumentó su decisión con fuertes críticas a los delitos de corrupción: "La trascendencia social de estos hechos, tiene que ver con la credibilidad del Estado de Derecho, de sus funcionarios y del funcionamiento de la administración pública. Hace al pacto social, la íntima relación de los ciudadanos las personas que gobiernan". Citó distintas normas y puntualizó en la Ley de Ética Pública (Nº 25.188): "El Estado argentino se ha comprometido a erradicar la corrupción. Hay un mandato legal de investigar estos delitos".
 
 
Explicó a su vez que, para dictar un sobreseimiento, se debe tener certeza respecto de que los hechos no ocurrieron y/o que el acusado no tuvo vinculación. "Esa certeza se adquiere en un debate contradictorio y los jueces serán los que deben analizar el material y disponer en relación a eso", explicó.
 
Además, Mayer rechazó lo expresado por el propio Urribarri este martes y aseguró: "El pedido -y otorgamiento- de licencia para nada desnaturaliza el carácter de funcionario. Era ministro de Gobierno, no dejó de ser ministro por estar de licencia". Es que el exgobernador había dicho que la Fiscalía lo acusaba de cometer uno de los delitos mientras estaba de licencia a la cartera, en tiempos del gobierno de Jorge Busti.
 
Ante los agravios planteados por la defensa de Raúl Barrandeguy y Calendario Pérez respecto a la Investigación Penal Preparatoria (IPP) realizada por Patricia Yedro y Gonzalo Badano, el juez Mayer rechazó los planteos y explicó: "La Fiscalía se expidió por que había ampliado los allanamientos y porque se había excluido a algunos imputados". El magistrado negó que el Ministerio Público Fiscal (MPF) haya ocultado o retaceado evidencia, tal como habían dicho los defensores.
 
Mayer también rechazó el argumento de la defensa respecto a la intervención de los organismos administrativos de control como el Tribunal de Cuentas. El mismo Urribarri destacó que no hubo llamados de atención por parte de estos organismos, pero el magistrado espetó: "Los controles administrativos tienen el carácter de autocontrol, el control externo es el control jurisdiccional". Es decir, ante este planteo que se ha reiterado en varias causas de corrupción, otra vez la Justicia rechazó esa idea respecto a que los organismos de control administrativos justifican que no se investigue jurídicamente un hecho.
 
Respecto a la duración, el magistrado expresó que los tiempos de la IPP son los razonables al sistema acusatorio pero aún así, expresó: "Me pronuncio porque se resuelva lo más pronto posible y que estemos en condición de celebrar la audiencia de remisión a juicio. Entiendo que en tres meses debemos estar en condiciones de celebrar esa audiencia, para el mes de mayo deberíamos estar celebrando esa audiencia. Esto tiene que ver con respetar las garantías constitucionales de una persona imputada y que el proceso vaya en perjuicio del acusado".
 
Fuente: Análisis Digital
 
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El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.
 
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.
 
El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.
 
Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.
 
En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.
 
Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.
 

01-03-2026 / 10:03
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