04:05 | Martes 28 de Abril de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Entre Ríos - 23-02-2021 / 19:02

CORRUPCIÓN POLÍTICA

El pedido de sobreseimiento de la defensa de Sergio Urribarri fue rechazado

Rechazaron el pedido de sobreseimiento de Sergio Urribarri en la causa que investiga el delito de “Negociaciones incompatibles con la función pública” y “Peculado”.

Rechazaron el pedido de sobreseimiento de Sergio Urribarri en la causa que investiga el delito de "Negociaciones incompatibles con la función pública" y "Peculado", en contrataciones que realizó su administración provincial con la empresa de Diego Armando Cardona Herreros. Así lo resolvió este martes el titular del Juzgado de Garantías Nº 4, Mauricio Mayer.

Al exgobernador y actual embajador argentino en Israel se lo acusa de haber realizado acciones tendientes a favorecer a su amigo y empresario paraguayo Cardona Herreros, desde los tiempos en que ocupó el Ministerio de Gobierno de la provincia como así también durante los períodos de su gobernación. "Para dictar un sobreseimiento, se requiere un grado de conocimiento de certeza", expresó el magistrado.

Mayer argumentó su decisión con fuertes críticas a los delitos de corrupción: "La trascendencia social de estos hechos, tiene que ver con la credibilidad del Estado de Derecho, de sus funcionarios y del funcionamiento de la administración pública. Hace al pacto social, la íntima relación de los ciudadanos las personas que gobiernan". Citó distintas normas y puntualizó en la Ley de Ética Pública (Nº 25.188): "El Estado argentino se ha comprometido a erradicar la corrupción. Hay un mandato legal de investigar estos delitos".

Explicó a su vez que, para dictar un sobreseimiento, se debe tener certeza respecto de que los hechos no ocurrieron y/o que el acusado no tuvo vinculación. "Esa certeza se adquiere en un debate contradictorio y los jueces serán los que deben analizar el material y disponer en relación a eso", explicó.

Además, Mayer rechazó lo expresado por el propio Urribarri este martes y aseguró: "El pedido -y otorgamiento- de licencia para nada desnaturaliza el carácter de funcionario. Era ministro de Gobierno, no dejó de ser ministro por estar de licencia". Es que el exgobernador había dicho que la Fiscalía lo acusaba de cometer uno de los delitos mientras estaba de licencia a la cartera, en tiempos del gobierno de Jorge Busti.

Ante los agravios planteados por la defensa de Raúl Barrandeguy y Calendario Pérez respecto a la Investigación Penal Preparatoria (IPP) realizada por Patricia Yedro y Gonzalo Badano, el juez Mayer rechazó los planteos y explicó: "La Fiscalía se expidió por que había ampliado los allanamientos y porque se había excluido a algunos imputados". El magistrado negó que el Ministerio Público Fiscal (MPF) haya ocultado o retaceado evidencia, tal como habían dicho los defensores.

Mayer también rechazó el argumento de la defensa respecto a la intervención de los organismos administrativos de control como el Tribunal de Cuentas. El mismo Urribarri destacó que no hubo llamados de atención por parte de estos organismos, pero el magistrado espetó: "Los controles administrativos tienen el carácter de autocontrol, el control externo es el control jurisdiccional". Es decir, ante este planteo que se ha reiterado en varias causas de corrupción, otra vez la Justicia rechazó esa idea respecto a que los organismos de control administrativos justifican que no se investigue jurídicamente un hecho.

Respecto a la duración, el magistrado expresó que los tiempos de la IPP son los razonables al sistema acusatorio pero aún así, expresó: "Me pronuncio porque se resuelva lo más pronto posible y que estemos en condición de celebrar la audiencia de remisión a juicio. Entiendo que en tres meses debemos estar en condiciones de celebrar esa audiencia, para el mes de mayo deberíamos estar celebrando esa audiencia. Esto tiene que ver con respetar las garantías constitucionales de una persona imputada y que el proceso vaya en perjuicio del acusado".

Fuente: Análisis Digital

26-04-2026 / 10:04

La crisis económica empuja a trabajadores estatales entrerrianos a la quiebra personal

El colapso económico que pregonan Milei y Frigerio ha dejado de ser una estadística para convertirse en una tragedia humanitaria que empuja a los trabajadores estatales de Entre Ríos al abismo de la quiebra judicial. Mientras el gobierno nacional asfixia las provincias con un ajuste salvaje, la administración de Rogelio Frigerio ha decidido abandonar a su suerte a los empleados públicos, condenándolos a sueldos de miseria que ni siquiera cubren la canasta básica. Este escenario es el resultado directo de una política de "motosierra" que utiliza el hambre de las familias entrerrianas como variable de ajuste fiscal. El resultado judicial es mas quiebras de trabajadores.

La proliferación de resoluciones judiciales que declaran la quiebra de agentes estatales es la prueba obscena de un modelo que quebró el contrato social. Con salarios pulverizados por la inflación y una inacción total por parte del gobierno provincial para recomponer el poder adquisitivo, los trabajadores se ven atrapados en una espiral de sobreendeudamiento simplemente para sobrevivir. Frigerio, alineado al plan economíco de Milei, observa con indiferencia cómo quienes sostienen el funcionamiento de la provincia caen en el despojo patrimonial, demostrando que para este modelo, la dignidad del trabajador es un gasto prescindible en el altar del déficit cero.

Lo más alarmante es que, lejos de haber tocado fondo, el panorama bajo el modelo de Milei y la anuencia de Frigerio amenaza con profundizarse hacia niveles de exclusión nunca vistos. La combinación de una inflación que no da tregua a los artículos de primera necesidad y una política salarial que utiliza el congelamiento como ancla fiscal, proyecta un efecto dominó de ruina económica sobre el resto de la planta estatal. Sin un cambio de rumbo que priorice la subsistencia de quienes garantizan la salud, la educación y la seguridad en Entre Ríos, la provincia se encamina a una parálisis sistémica donde el trabajador, despojado de su presente y su futuro, termina siendo la principal víctima de un experimento ideológico que desprecia la vida humana y los derechos de los entrerrianos.

De la Opinión Popular

26-04-2026 / 09:04

El Tribunal de Disciplina del PJ expulsó a Rossi y Reggiardo y suspendió a otros referentes

El Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista de Entre Ríos, emitió una serie de resoluciones vinculada a las denuncias por inconducta partidaria de varios dirigentes en los últimos comicios electorales. En ese marco, resolvió recomendar la expulsión de los afiliados Domingo Daniel Rossi (actual intendente de Santa Elena) y Carlos Guillermo Reggiardo (asesor de Rossi), al considerar acreditadas conductas de “deslealtad manifiesta” y graves violaciones a la Carta Orgánica partidaria.

También se adoptaron otras medidas para el caso de Ana Carolina Gaillard, Luna Valentina González, Héctor María Maya, Gustavo Raúl Guzmán, María Rosa Vergara, Graciela Beatriz Trinidad y Claudia Daniela Quiróz y Verónica Paola Rubattino, el Tribunal de Disciplina del PJ analizó la denuncia por “inconducta partidaria, la comisión de actos de deslealtad manifiesta, conductas incompatibles con los deberes de lealtad partidaria y quebrantamiento de la unidad orgánica, vulnerando con ello, en forma directa, los deberes establecidos en el artículo 10° y concordantes de la Carta Orgánica partidaria”.

23-04-2026 / 14:04

Gran marcha contra la Reforma Previsional de Frigerio: Los jubilados no son una variable de ajuste

¡Basta de ajuste sobre las espaldas de nuestros viejos! El gobierno de Rogelio Frigerio ha decidido avanzar con una reforma previsional que no es más que una declaración de guerra contra los trabajadores activos y jubilados de Entre Ríos. Bajo el paraguas de un supuesto "déficit" que ellos mismos alimentan, el Ejecutivo provincial pretende rifar la Caja de Jubilaciones y Pensiones, el patrimonio histórico de quienes sostuvieron la provincia durante décadas.

La ofensiva de Rogelio Frigerio contra la Caja de Jubilaciones no es un hecho aislado, sino la ejecución provincial del manual de ajuste que Javier Milei digita desde la Rosada. Bajo el disfraz de una "emergencia" fabricada, el oficialismo entrerriano pretende que los trabajadores y jubilados paguen con sus derechos el bache financiero que la política no está dispuesta a resignar, rompiendo el pacto histórico de protección social que caracteriza a nuestra provincia.

Mientras la economía real se desploma y el hambre golpea las puertas de los barrios, el Gobierno elige profundizar la angustia de quienes dedicaron su vida al servicio público. Esta reforma no busca la eficiencia, sino el despojo: es la entrega del 82% móvil y la precarización del futuro de miles de familias en nombre de una "armonización" que solo beneficia a las planillas de Excel y castiga a los de carne y hueso.

De la redacción de La Opinión Popular

17-04-2026 / 16:04

Gustavo Bordet: "El circo mediático y el escarnio público no son justicia"

El exgobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet cargó con dureza contra el fiscal José Arias (Concordia) tras el allanamiento a su vivienda en Concordia. Denunció una maniobra de persecución política orientada a dañar su imagen y cuestionó la falta de sustento jurídico de la medida.

El clima político en Entre Ríos se recalienta. Luego del operativo policial dispuesto en su domicilio particular, Gustavo Bordet salió al cruce de lo que considera una "puesta en escena" judicial con fines puramente electorales y de desprestigio personal. En sintonía con el comunicado del Partido Justicialista, el dirigente entrerriano apuntó a la figura del fiscal interviniente como el brazo ejecutor de una maniobra de "animosidad manifiesta".

De la redacción de La Opinión Popular

17-04-2026 / 16:04

El PJ de Entre Ríos denunció "ensañamiento" y "uso mediático" del allanamiento a Gustavo Bordet

A través de un duro comunicado, el Partido Justicialista de Entre Ríos cuestionó la actuación del fiscal Arias de Concordia y advirtió sobre la difusión intencional de medidas judiciales sin imputaciones previas.

Del mismo modo expresó su "profunda preocupación" por la espectacularidad de los operativos contra el exgobernador y actual diputado nacional. Apuntaron contra la falta de prudencia de la fiscalía de Concordia, señalando que el dirigente siempre estuvo a derecho y que el procedimiento busca "afectar la alta consideración pública" de su figura en un contexto de clara intencionalidad política.