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Nacionales - 23-02-2021 / 11:02
SE TRATA DE UNA PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA

Denuncian a Rodríguez Larreta por privatizar la vacunación en centros de salud de prepagas

Denuncian a Rodríguez Larreta por privatizar la vacunación en centros de salud de prepagas
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habría decidido que la salud de los ciudadanos esté privada a quien es “socio” de las instituciones privadas con quien sus funcionarios habrían firmado los repudiados convenios. Los flyers de prepagas convocan a vacunarse solo a sus socios, excluyendo al resto de la población y limitando la cantidad de vacunas disponibles en el sistema público de Salud.
La abogada Natalia Salvo presentó una denuncia penal contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, por presunta comisión de delitos de acción pública relacionados con el plan de vacunación desarrollado en establecimientos sanitarios privados.
 
"En la Ciudad de Buenos Aires se está privatizando la vacunación contra el coronavirus", dijo Salvo. "Las prepagas y obras sociales ofrecen a sus afiliados la vacuna, por lo cual se altera el orden de prioridad establecido por el Ministerio de Salud. Se trata de una estafa a los ciudadanos porteños", agregó.
 
En la denuncia presentada en la Justicia Federal, Salvo afirma que Rodríguez Larreta habría firmado un convenio con instituciones privadas encargadas de ejecutar el plan de vacunación de la Ciudad Autónoma otorgando privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de los porteños.
 
"Distintas prepagas y obras sociales están ofreciendo la vacunación a sus afiliados y bien sabemos que las vacunas son un recurso de utilidad público adquirido por el Estado. Por imperio de una ley nacional debe registrarse conforme el orden de prioridad que estableció la Nación a través de una resolución del ministerio de Salud", explicó Salvo.
 
Además, la abogada realizó un pedido de informe para que el gobierno porteño notifique la cantidad de vacunas que recibió y el listado de las personas que fueron vacunadas.
 
La Opinión Popular
 

 
Denuncian a Larreta y Quirós por privatizar la vacunación a través de prepagas
 
La presentación apunta a que el jefe de Gobierno firmó convenios con establecimientos privados para privilegiar a sus socios por sobre los grupos prioritarios.
 
Por Néstor Espósito
 
El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Salud, Fernán Quirós, fueron denunciados penalmente por la presunta privatización del sistema de vacunación contra el Covid-19, salteando las propias prioridades fijadas por los gobiernos nacional y de la Ciudad.
 
La denuncia apunta a "las acciones llevadas a cabo en el marco del plan de vacunación desarrollado en establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por cuanto la cesión de vacunas en favor de aquéllos, sin verificar su destino, tuvo por finalidad garantizar la vacunación de personas que no se encuentran comprendidas en los grupos prioritarios".
 
"El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habría decidido que la salud de los ciudadanos esté privada a quien es "socio" de las instituciones privadas con quien sus funcionarios habrían firmado los repudiados convenios", sostiene la denuncia, presentada por la abogada Natalia Salvo, conocida porque representa al empresario agropecuario Pedro Etchebest, denunciante original en la Causa D'Alessio.
 
La denunciante subrayó que las decisiones de las autoridades porteñas violaron el Plan Estratégico para la Vacunación contra el coronavirus.
 
Quirós, "por indicación del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, habría firmado un convenio con instituciones privadas encargadas de ejecutar el plan de vacunación de la Ciudad Autónoma otorgando privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de la población".
 
"Es decir -añade el texto-, el GCBA, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, estaría privatizando la campaña de vacunación que se lleva adelante frente a la pandemia que aqueja a toda la población, beneficiando a grupos privados en detrimento de la población en general".
 
La causa, que quedó radicada ante el juzgado federal número cuatro, a cargo de Ariel Lijo, apunta a estableces si, como dice la denuncia, "esta práctica para facilitar vacunaciones de privilegio y la ausencia de información y/o documentación que permita determinar la trazabilidad de las vacunas, en el marco de la mayor pandemia que recuerde nuestra Ciudad, resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal", es decir el incumplimiento de los deberes de funcionario público y el abuso de autoridad.
 
"La falta absoluta de compromiso para garantizar el orden prioritario para la aplicación de vacunas contra el coronavirus y la pretendida eximición de responsabilidad respecto de los funcionarios públicos que suscribieron los convenios, reviste un accionar de inusitada gravedad institucional porque no solo se está incumpliendo con los deberes de funcionario público, sino que se está impidiendo que personas consideradas de mayor riesgo y que necesitan vacunarse, no pudieran hacerlo, aumentando sus posibilidades de contraer la enfermedad y fallecer", alerta la presentación.
  
Fuente: Tiempo Argentino
 

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24-03-2026 / 13:03
24-03-2026 / 13:03
24-03-2026 / 12:03
Mientras la mayor parte de los argentinos dormían, en la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976, me desperté sobresaltado por los golpes en la puerta de mi casa. El "Chueco", un viejo compañero de militancia, me vino a comunicar que las Fuerzas Armadas habían derrocado al gobierno constitucional del peronismo.
 
Me vestí apresuradamente, me cambié el peinado, me afeite los bigotes y salí inmediatamente a alertar a otros compañeros. La primera casa a la que llegué, la de Rodolfo "Rody" Vittar, no existía más. Horas antes un comando paramilitar había llegado para detenerlo, y como no lo encontró, instaló explosivos y voló la vivienda hasta los cimientos.
 
La represión en Córdoba fue muy dura, igual que en muchos otros lugares del país. Este proceso desembocó en una sangrienta y larga noche de males, que dejó como saldo miles desaparecidos, una guerra perdida a manos de Gran Bretaña y un país económicamente quebrado, entre otras cosas.
 
Por eso, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, en este nuevo aniversario del golpe militar genocida, quiero recordar y rendir un recóndito homenaje a tres queridos compañeros y amigos, asesinados ese siniestro 24 de marzo.

Ellos son: Víctor Lorenzo, Concejal en Córdoba Capital por la Juventud Revolucionaria Peronista, quien fuera ejecutado, el día del golpe, de un tiro en la cabeza en la cárcel local; don Luis Carnevale, Senador Nacional por la misma provincia, secuestrado y desaparecido ese mismo día; y el mayor Bernardo Alberte, ex Delegado Personal de Juan Perón, quien fuera arrojado a través de la ventana de su departamento, en un sexto piso, por una patrulla militar, la madrugada del siniestro Golpe de Estado.

Hay muertes, que por ser las primeras, son todo un símbolo. Los militares asesinos los eligieron primero porque eran peronistas. Y no se lo perdonaron. Pero, a pesar de las cárceles y los fusilamientos, de los compañeros muertos y los desaparecidos, nunca fuimos vencidos. Continuamos invariablemente las luchas que emprendieron Eva y Juan Perón.

Compañeros Víctor Lorenzo, Luis Carnevale y Bernardo Alberte, Presentes. Hasta la victoria, siempre.

Por Blas García para La Opinión Popular 

24-03-2026 / 12:03
El 24 de marzo de 1976 una sublevación cívico-militar derrocó a la presidenta constitucional, María Estela Martínez, instalando una dictadura de tipo permanente autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional", gobernada por una Junta Militar integrada por tres jerarcas militares, uno por cada fuerza. La junta designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla.
 
El gobierno militar suprimió los derechos civiles de los ciudadanos y las libertades públicas, anuló las garantías constitucionales, suspendió la actividad política, vedó los derechos de los trabajadores, intervino los sindicatos y la CGT, prohibió las huelgas, disolvió el Congreso y los partidos políticos, y destituyó la Corte Suprema de Justicia.

 
La dictadura impuso el terrorismo de Estado como método sistemático, un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada y desaparición forzada de personas, en el que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron, en un verdadero genocidio, decenas de miles de desaparecidos.

 
Pero la dictadura no se instaló sólo para torturar y matar gente, sino para posibilitar una transferencia masiva de riquezas hacia los núcleos más concentrados de la economía, quienes se apropiaron además de buena parte de los negocios públicos. Durante el proceso militar, por ejemplo, el grupo Macri pasó de tener 7 a 47 empresas, mostrando que el golpe no fue solo accionar de fuerzas represivas. Y los empresarios que mandaban en 1976, siguen mandando.

 
Para imponer un régimen alejado de los intereses nacionales y populares, el golpe militar fue ejecutado en contra del Pueblo y del peronismo en su conjunto, institucional, política e individualmente. Pensado en función del molde agro exportador de fines del siglo XIX que, dados los cambios internacionales, derivó en el programa pro financiero y desindustrializador, el modelo neoliberal. Hoy Javier Milei y Victoria Villaruel expresan muchos de esos ideales de Videla y Martínez de Hoz, pero también de los grandes empresarios, eternos dueños del país.

 
El Terrorismo de Estado produjo miles de desaparecidos. Hubo 30.000 luchadores sociales barridos por la represión, de todos los sectores políticos populares y revolucionarios. La inmensa mayoría de las víctimas fueron jóvenes, la inmensa mayoría fueron cuadros y militantes de la clase trabajadora, la inmensa mayoría fueron peronistas.


El Proceso puso fin al "Estado de Bienestar" fundado por Juan Perón y al Proyecto Nacional y Popular concebido por el justicialismo desde la década del 40, dejando en lamentable estado la convivencia democrática, la economía, la sociedad y las instituciones, abriendo profundas grietas que recién después de más de cuatro décadas empiezan a ser curadas.


A 50 años de aquel infausto 24 de marzo, en el contexto de un gobierno anarco capitalista que niega, justifica o exalta los crímenes cometidos por las fuerzas represivas, convocamos a mantener viva la memoria del Pueblo en apoyo a la continuidad de la búsqueda de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos y en defensa de los Derechos Constitucionales, los Derechos Humanos y las Libertades individuales de ayer, de hoy y de siempre.


Carlos Morales para La Opinión Popular 

23-03-2026 / 10:03
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